Había una vez

Denise Dresser
Proceso

“¡Ya! Ni que fuera para tanto. No hicimos nada que tú no quisieras. ¡Ya! Deja de lloriquear y toma un juguete de los que hay en el otro cuarto. Toma el que tú quieras. Mejor toma dos y ven para que sigamos jugando.”
Jean Succar Kuri en Los demonios del Edén.

“Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos”. Así se titula el desplegado que publicaron los cineastas Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Y convocadas por ellos, miles de firmas más denunciando, condenando, exigiendo. Pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia que defienda las garantías individuales de una ciudadana –Lydia Cacho– cuando tantas otras instituciones de gobierno han rehusado hacerlo. Exhortando a 11 ministros que revelen una verdad muy simple que por ello enfrenta las mayores resistencias: México es un país de pederastas y de políticos que los encubren. México es un país donde las redes de pedófilos encuentran autoridades que las amparan. México es un lugar en el cual los ciudadanos tienen que pelear para que su gobierno los reconozca como seres humanos.

Seres humanos como una periodista que despliega día tras día la dignidad de la indignación. Que en lugar de resignarse ante la realidad de la pornografía infantil, decide exponerla en el libro Los demonios del Edén. Una crónica desgarradora de lo que ocurre detrás de las puertas cerradas, en sitios como el condominio Solymar en Cancún, con la complicidad de gobiernos locales y la protección de políticos federales. Niñas violadas y niños acosados. Una chiquilla de cuatro años obligada a tener relaciones sexuales con su hermano mientras Jean Succar Kuri graba aquello que les ha obligado a hacer. Menores de edad vendidos por sus padres y comprados por pederastas. El llanto y el dolor y la culpa y la impotencia que todo esto provoca. Allí, retratado en 206 páginas cuya lectura devela lo que muchos quisieran negar y muchos harían cualquier cosa por ocultar.

Allí, desnudada por Lydia Cacho, la explotación comercial del sexo con la anuencia de la clase política. En su libro, las 16 menciones de Emilio Gamboa Patrón, hoy coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Las 27 menciones de Miguel Ángel Yunes, actual director del ISSSTE. Dos políticos prominentes, conocidos en Cancún por los negocios que han emprendido, los yates que han comprado, los contratos que han otorgado, los pederastas con los cuales han entablado amistad. Jean Succar Kuri se enorgullecía de ella, y una de sus víctimas lo recuerda: “Yo estuve con el Sr. Miguel Ángel Yunes y con el Sr. Emilio Gamboa Patrón en una comida. Johny (Jean Succar) me llevó con él a un restaurante muy elegante en la Avenida Insurgentes, donde fueron llegando varios señores. Me saludaron con mucha amabilidad. Cuando ya iban a hablar de negocios, Johny me mandó a que fuera a pasar un par de horas en un centro comercial. Nunca olvidaré que Yunes me miró muy sonriente y gentilmente me dio un billete, creo que eran cien dólares, me impresionó mucho. Me dijo que me comprara un vestido muy bonito”.

Un pederasta rodeado de amigos influyentes como el llamado Rey de la Mezclilla –Kamel Nacif–, con 23 menciones en el índice onomástico de una obra que lo coloca de espaldas contra la pared. El que le habla a su amigo, el gobernador de Puebla, para que lo ayude. El que compra a las autoridades en Cancún para que lo apoyen. El responsable del rapto de Lydia Cacho y su traslado ilegal desde Quintana Roo hasta Puebla. El que la tilda de loca por no quedarse callada.

El que se refiere a los periodistas como “hijos de la chingada” o “perros”. El que le pide a Emilio Gamboa que evite la aprobación de una ley para “hacer juego” en el Hipódromo, diciéndole: “dale pa’tras, papá”, y el priista le contesta: “pos entonces va pa’trás … esa chingadera no pasa en el Senado”. El que afirma estar cansado de las “asquerosidades” de Lydia Cacho, quien tan sólo ha aireado las del textilero.

Y el que durante tanto tiempo supuso que se saldría con la suya. Porque quienes aplastan a las personas y las postran, piensan que han adquirido el derecho a hacerlo a perpetuidad. Porque el Congreso de Puebla está controlado por Mario Marín y jamás iniciaría un juicio político en su contra. Porque el PRI insiste –hasta la fecha– en apoyar al gobernador acusado, aunque las pruebas recabadas subrayan su culpabilidad. Porque personas como Beatriz Paredes minimizan lo ocurrido y se refieren al comportamiento condenable del góber maloso como un “lamentable error”. Porque después de condenar a Marín en su campaña presidencial, ahora Felipe Calderón ha procurado tomarse una foto con él. Porque los policías y los jueces y los procuradores a lo largo del país rutinariamente violan las garantías individuales de los ciudadanos sin el menor reparo o el menor rubor. Y porque, como afirma el desplegado convocado por Alfonso Cuarón, no es fácil reunir la fuerza necesaria para acusar a los hombres ricos e influyentes. Esos que perciben al país como su feudo particular y lo tratan como tal. Esos demonios sueltos por el edén con sus dos botellas de cognac en la mano.

Los que ahora –como Mario Marín– declaran que no han cometido ningún delito y se encomiendan a Dios. Rehúyen. Niegan. Obstaculizan. Rezan. Pero las pruebas de lo que hicieron persisten. Las huellas dactilares en la escena del crimen subsisten. En cada conversación grabada, en cada investigación realizada, en cada pesquisa que la comisión investigadora de la Suprema Corte se ha empeñado en llevar a cabo. La voz inconfundible del gobernador, vanagloriándose, cuando le cuenta a su amigo Kamel Nacif: “Pues yo ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”. Con el aval de los procuradores de Quintana Roo y Puebla. Con el espaldarazo de la juez que ordenó la captura. Con el aplauso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Conductas compartidas que violan las garantías individuales de Lydia Cacho y de cualquier persona que participa en las grandes luchas del país, armada únicamente con los sables de la verdad.

Verdad que la Suprema Corte, como garante de la Constitución, tiene la obligación de defender. De promover. De garantizar. Como una institución cada vez más presente en la transición democrática, haciendo historia e incidiendo en su devenir. Capaz de vislumbrar el horizonte de una democracia plena y cómo llevar a México hasta allí. Capaz de entender su papel en la nueva era y cómo desempeñarlo para defender los principios de la Carta Magna, pisoteados en este caso y en tantos más. No extralimitándose, como sugieren quienes la quisieran desacreditar, sino dándole vida a algo que ha estado moribundo durante décadas: la noción de que el gobierno existe para representar a los ciudadanos y no para exprimirlos. La idea de que no puede haber seguridad para los derechos personales o políticos de cualquier persona en una comunidad, cuando los derechos de una sola persona son ignorados. El punto de partida de cualquier discusión en el Máximo Tribunal: La Constitución fue creada para proteger las garantías individuales de los ciudadanos, y la Corte existe para asegurarlas.

Lydia Cacho lo entiende. Los firmantes del desplegado contra la impunidad lo reiteran. Le piden a la Corte que actúe porque ninguna otra institución lo ha querido hacer: ni el Poder Judicial ni el Congreso ni el Presidente ni los partidos políticos. Y por ello los ciudadanos se ven obligados a emprender acciones contra distintas instancias gubernamentales que pisotean en lugar de proteger. Se ven obligados a rogarle a la Corte que le otorgue sentido democrático al texto constitucional y desempolve palabras viejas para adecuarlas a tiempos nuevos. Se ven obligados a suplicarle a la Corte que ayude a desmantelar las redes –políticas y pornográficas– que Lydia ha descrito. A sabiendas de que sólo tienen derechos quienes están dispuestos a pelear por ellos. Como hay que pelear hoy en favor de 20 mil niños victimizados y en contra de quienes solapan a sus victimarios. Para poder decir: “Había una vez un pederasta que fue castigado junto con sus muy poderosos amigos”.