Vago tufo a golpismo

Miguel Ángel Granados Chapa Una de las consecuencias temibles de asignar funciones policiacas al Ejército, como han hecho los gobiernos recientes, especialmente el actual, es convertir a los jefes militares en supervisores y aun jueces de la actuación de los civiles, aun de las autoridades elegidas, con la afirmación implícita (o explícita en el caso a que ahora me referiré) de que ellos hacen mejor las cosas. Y, por lo tanto, que convendría a la sociedad que se encargaran de hacerlo de modo permanente. El general de división Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar con sede en Mexicali, dirigió una extensa misiva al procurador de justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez. Es un largo memorial, puntualísimo, sobre la complicidad de autoridades policiacas y ministeriales de la Federación, el estado y los municipios de aquella entidad. La sustancia del documento, publicado el 23 de abril en El mexicano, diario de circulación estatal que pertenece o perteneció a la CTM, estriba en describir como imposible el combate eficaz a la delincuencia mientras las autoridades locales estén minadas por las bandas del narcotráfico o practicantes de otros graves delitos. En eso consiste la relevancia de la carta del general Aponte Polito al procurador. Pero hay un aspecto adjetivo que no puedo dejar de señalar. Se trata de la actitud del autor del documento, la superioridad del punto de mira en que se coloca, la insinuación de que los militares son mejores que los civiles y, en consecuencia deberían sustituirlos. No es exagerado, como se percibirá en las citas que enseguida haré, suponer que la carta despide un vago olor a golpismo. Porque sólo a través de un cuartelazo podría el Ejército ejercer el poder político necesario para realizar bien lo que los civiles hacen mal. No es preciso insistir en que esta reflexión sobre un aspecto adjetivo (no lateral ni secundario) de la denuncia del comandante de la segunda región militar debe ser tenida como una aportación a la lucha de Baja California contra la inseguridad que asuela su territorio. Procuro que no haya en estas líneas, ni por asomo, un intento de cohonestar conductas que deben ser castigadas y evitadas. Comienzo por el autoelogio del general Aponte Polito. Se quiere bien a sí mismo y no vacila en hacerlo saber al destinatario de su carta (y al resto de quienes se han impuesto de su contenido). Se presenta como “un militar que durante toda mi carrera profesional me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas, así como la credibilidad y apoyo de la población civil”. Esas virtudes lo obligan a responder al procurador, quien en una declaración periodística había desdeñado señalamientos del general, y demandó pruebas sobre la corrupción denunciada por el militar: “no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos”. La respuesta al procurador no consiste sólo en aportar nombres y circunstancias en que se manifiesta la corrupción denunciada. Incluye también reproches y aun instrucciones al jefe del ministerio público estatal: su petición de pruebas, le dice, “fue tardía, desconcertante a innecesaria”; “a su dependencia le corresponde investigar y esclarecer” los homicidios, secuestros y robos que ocurren en el estado”, “a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa…”, el Ejército ha obtenido información que debiera ser tomada “en cuenta para combatir la delincuencia”. Ya meses atrás el general Aponte Polito había criticado en los hechos a las autoridades locales. Echó a andar una iniciativa de denuncia ciudadana cuyo lema sugería un obvio contraste con la actitud de los civiles: “Llame, nosotros sí vamos”. La carta está dividida en 12 apartados, identificados por letras, de la A a la L. Al final de cada uno de ellos, la información respectiva suscitó en el militar una reflexión o al menos una exclamación, una suerte de corolario a los datos expuestos. Todos son de carácter crítico, plausibles en la pluma o la boca de un ciudadano, al menos extraños cuando las formula una autoridad militar, que no es superior del procurador ni tiene la función de controlar sus actos. He aquí algunas de esas expresiones (al reproducir la primera, y quizá en algún otro caso, corrijo la confusión del texto, pues las cláusulas se abren y cierran con signos de interrogación cuando que lo apropiado es encerrarlas en signos de admiración, según se desprende claramente de su sentido): “!Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada!” “¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?” “¿Qué interés en proteger a un presunto delincuente?” “¡Qué decepción!” (y no “¿Qué decepción?”, como fue originalmente escrito), “¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?” “¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?” “¿Esto no es corrupción?”, “!Qué desgracia para la sociedad de Baja California!”. Al contrario de los jefes policiacos civiles, los militares no se prestan a arreglos con la delincuencia, asegura el general. Tras señalar un atentado al capitán primero de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la policía municipal de Playas de Rosarito, el general narra que el de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola, ha sido invitado a tener “pláticas de acercamiento” con voceros de la delincuencia, que obviamente el funcionario ha rechazado: “Por lo anteriormente señalado, se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California”. Aponte Polito terminó su carrera en el Colegio Militar como oficial de intendencia. En el Colegio de Defensa Nacional adquirió la maestría en administración militar. Fue jefe de estado mayor de la cuarta zona militar y ha sido comandante de la 38ª zona militar, en Tenosique, Tabasco; la novena, con sede en Culiacán, y la séptima, en Querétaro. La segunda región militar que ahora encabeza incluye, además de Baja California, Baja California Sur y Sonora.