Editorial EL UNIVERSAL
Ser policía o militar en México es bastante peligroso. En 2008 fueron ejecutados cientos de elementos ligados con el combate al crimen organizado. Sólo en los 35 días de este año ya se han acumulado 24 muertes más. La de ayer, del general de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñónez, llama la atención por tratarse de un militar de alto rango —aunque no es el primero—, quien se había retirado apenas hace un año y asesoraba al alcalde de Cancún en materia de seguridad. ¿Quién en su sano juicio acepta liderar un cuerpo policiaco en este país? Las razones para aceptar o rechazar el puesto son igualmente desalentadoras.
Imagine usted un anuncio en la sección de empleos del Aviso Oportuno con la leyenda: “Se solicita jefe policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, preferentemente con experiencia militar o policiaca”. La respuesta dependerá de la zona. Tal vez haya aspirantes en el Distrito Federal o en Colima, pero será difícil en municipios de Durango o Zacatecas. Ya se han dado casos. Basta recordar la historia reciente.
Diciembre de 2007, municipio de Metepec, estado de México: no hubo director de seguridad pública por seis meses, luego de que el anterior titular fuera encarcelado por actos de corrupción. El alcalde Oscar González Yánez reconoció que nadie quería “entrarle” al puesto.
Zirándaro de los Chávez, Guerrero: en mayo del año pasado ocho policías municipales, de 13 en total, y el director de Seguridad Pública local renunciaron a sus cargos luego de varios enfrentamientos con sicarios del narcotráfico. En Chilpancingo, la capital del estado, un comando armado atacó la sede la policía local unos meses antes, lo que provocó que en 30 días desertaran 74 agentes preventivos de un total de 140.
Nuevo Laredo, Tamaulipas: en dos años, de 2002 a 2004, renunciaron cinco directores de Seguridad Pública municipales por temor a los sicarios de la zona.
En 2008 tres mandos de la policía de Chihuahua solicitaron “asilo político” al gobierno de Estados Unidos con el argumento de estar amenazados por los cárteles de la droga.
Poanas, Durango: renuncia la directora de Seguridad Pública, Juana Inés Robles Simental, y 20 subordinados de un total de 40, un día después de que el 5 de junio de 2008 un comando ejecutara a tres agentes estatales mientras dormían. El poblado permaneció más de dos semanas sin efectivos ni mando. En el estado, el mismo año, Alfonso Peña Peña, alcalde de Tepehuanes, se puso a patrullar las calles luego de que le renunciaran los 17 policías locales por amenazas del narcotráfico. No pidió apoyo del estado ni de la Federación porque si lo hacía “mañana me cuelgan”, dijo.
En fin, hay muchas razones para no aceptar dirigir una secretaría de Seguridad Pública municipal o estatal. Lo más factible es que acepten el puesto quienes no sepan de las consecuencias, no estén interesados en enfrentarlas, tengan alguna apuesta política ulterior en la demarcación, reciban dinero extra o sean enviados de los cárteles para mantener las plazas mejor controladas.
Pero no todo está perdido. Aún es posible fortalecer los criterios de reclutamiento, aumentar el salario de los uniformados, vigilar la operación de los mandos medios y establecer mecanismos diarios de rendición de cuentas para evitar que el crimen se apodere de regiones enteras del país.
Ser policía o militar en México es bastante peligroso. En 2008 fueron ejecutados cientos de elementos ligados con el combate al crimen organizado. Sólo en los 35 días de este año ya se han acumulado 24 muertes más. La de ayer, del general de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñónez, llama la atención por tratarse de un militar de alto rango —aunque no es el primero—, quien se había retirado apenas hace un año y asesoraba al alcalde de Cancún en materia de seguridad. ¿Quién en su sano juicio acepta liderar un cuerpo policiaco en este país? Las razones para aceptar o rechazar el puesto son igualmente desalentadoras.
Imagine usted un anuncio en la sección de empleos del Aviso Oportuno con la leyenda: “Se solicita jefe policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, preferentemente con experiencia militar o policiaca”. La respuesta dependerá de la zona. Tal vez haya aspirantes en el Distrito Federal o en Colima, pero será difícil en municipios de Durango o Zacatecas. Ya se han dado casos. Basta recordar la historia reciente.
Diciembre de 2007, municipio de Metepec, estado de México: no hubo director de seguridad pública por seis meses, luego de que el anterior titular fuera encarcelado por actos de corrupción. El alcalde Oscar González Yánez reconoció que nadie quería “entrarle” al puesto.
Zirándaro de los Chávez, Guerrero: en mayo del año pasado ocho policías municipales, de 13 en total, y el director de Seguridad Pública local renunciaron a sus cargos luego de varios enfrentamientos con sicarios del narcotráfico. En Chilpancingo, la capital del estado, un comando armado atacó la sede la policía local unos meses antes, lo que provocó que en 30 días desertaran 74 agentes preventivos de un total de 140.
Nuevo Laredo, Tamaulipas: en dos años, de 2002 a 2004, renunciaron cinco directores de Seguridad Pública municipales por temor a los sicarios de la zona.
En 2008 tres mandos de la policía de Chihuahua solicitaron “asilo político” al gobierno de Estados Unidos con el argumento de estar amenazados por los cárteles de la droga.
Poanas, Durango: renuncia la directora de Seguridad Pública, Juana Inés Robles Simental, y 20 subordinados de un total de 40, un día después de que el 5 de junio de 2008 un comando ejecutara a tres agentes estatales mientras dormían. El poblado permaneció más de dos semanas sin efectivos ni mando. En el estado, el mismo año, Alfonso Peña Peña, alcalde de Tepehuanes, se puso a patrullar las calles luego de que le renunciaran los 17 policías locales por amenazas del narcotráfico. No pidió apoyo del estado ni de la Federación porque si lo hacía “mañana me cuelgan”, dijo.
En fin, hay muchas razones para no aceptar dirigir una secretaría de Seguridad Pública municipal o estatal. Lo más factible es que acepten el puesto quienes no sepan de las consecuencias, no estén interesados en enfrentarlas, tengan alguna apuesta política ulterior en la demarcación, reciban dinero extra o sean enviados de los cárteles para mantener las plazas mejor controladas.
Pero no todo está perdido. Aún es posible fortalecer los criterios de reclutamiento, aumentar el salario de los uniformados, vigilar la operación de los mandos medios y establecer mecanismos diarios de rendición de cuentas para evitar que el crimen se apodere de regiones enteras del país.
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