Algo está podrido en el futbol

MÉXICO, D.F., 16 de mayo (apro).- Los heridos por cuchillos y armas de fuego en el estadio Morelos, tras la violencia que se inició con la cobarde agresión del jugador argentino Christian Jiménez a un aficionado que con insensatez invadió la cancha, durante la semifinal de Monarcas contra Cruz Azul anoche, es otro síntoma de que algo --quizá todo-- está podrido también en el futbol mexicano.

Además del profesionalismo y la respetabilidad de que gozaba Giménez entre la afición desde que llegó al Pachuca se derrumbó anoche por la agresión contra el irresponsable muchacho que invadió la cancha y que dio lugar a una gresca que escaló a la tribuna y que tiene a dos aficionados en peligro de muerte.

Hay que recordar que ya hubo un muerto vinculado al futbol: En febrero de 2007, murió Ignacio Loyola fue del estadio Jalisco, en condiciones que jamás fueron esclarecidas por las autoridades.

La riña en la cancha del Morelos ratificó, también, el carácter patológico de Jesús Corona, el portero del Cruz Azul que ya había dado muestras no solo de su iracundia, sino de su pobreza moral: Agredió a una persona en un bar, en febrero de 2010, y culpó a su primo, una treta que pronto se desbarató y se le dio de baja en la Selección Mexicana que fue al Mundial de Sudáfrica.

A Corona se le sanciona otra vez, por el cabezazo al preparador físico de Monarcas, Sergio Augusto Martín, con la baja de la Selección Mexicana que disputará la Copa Oro, pero su carrera ya está acabada. Como a él, la directiva del Cruz Azul debe despedir al “Chaco” Giménez para siempre.

Pero así como es remoto que esto ocurra, sobre todo porque la de Cruz Azul es una directiva corrupta –como se ha documentado en Proceso--, tampoco se aprecia posible que la Federación Mexicana de Futbol y las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen para neutralizar o, al menos, evitar la escalada de violencia en los estadios y fuera de ellos al concluir los juegos.

Apenas el sábado 7 de mayo, centenares de enardecidos aficionados de León invadieron la cancha del estadio Nou Camp, tras la derrota del equipo local ante Tijuana, en un episodio de violencia que puso en riesgo sobre todo la integridad de los niños. Las fuerzas de seguridad, de por sí ineptas, la emprendieron también contra la afición en general.

Ya antes, en la liguilla por el ascenso en la segunda división del futbol profesional –eufemísticamente llamada Primera A— se presentaron comportamientos aberrantes en el Bajío: La rivalidad entre el León y el Irapuato --que ya se coronó campeón y esta semana disputará el ascenso ante Tijuana--, implicó la instauración de un Estado de sitio de facto en esta última ciudad.

En efecto, en el juego contra León, la autoridad municipal –con la anuencia de la estatal, panistas ambas--, colocaron puestos de control para evitar que aficionados leoneses pudieran ir al estadio, lo que contraviene la libertad de tránsito consagrada en la Constitución. Y a los que lograron hacerlo, la autoridad no se hizo responsable de su seguridad.

En el estadio de Ciudad Universitaria ocurre algo, también, muy peligroso: La venta indiscriminada de cerveza por parte de miembros de una de las porras al final de los juegos, luego de que dentro se suspende iniciado el segundo tiempo. Esta conducta goza de la protección del delegado perredista de Coyoacán, Raúl Flores, pero también del propio rector, el priista José Narro.

La violencia es cada vez mayor en México: En noviembre del año pasado, por ejemplo, fuera del estadio Azteca cinco personas resultaron heridas, una de ellas con la pérdida de dos dedos de una mano, por el estallido de un petardo. Antes, en enero de 2003, un aficionado de las Chivas perdió un ojo también por el estallido de un petardo que estalló en las tribunas del estadio Jalisco.

Las agresiones contra los jugadores desde la tribuna son, también, constantes y quedan en la impunidad, siempre, lo que alienta a su permanente comisión en todos los estadios.

Los propietarios de los equipos ni las autoridades han sido capaces de establecer mecanismos de vigilancia que disuadan a los aficionados de cometer actos de violencia y sancionar a quienes en ellos incurran. Los primeros prefieren no invertir y los segundos hacen como que vigilan.

Un ejemplo evidencia el absurdo: Al momento en que un jugador cobra un tiro de esquina, los escudos de los policías lo tratan de proteger de los proyectiles, en vez de que esos elementos se coloquen en los pasillos para inhibir el envío de éstos y arrestar a quien lo haga.

De algo puede servir lo ocurrido en el estadio Morelos, la noche del domingo: Deponer la simulación, tan característica de la vida pública de México, y comenzar acciones de prevención de una violencia semejante a la que atormenta el país, o seguirá la putrefacción…

Apuntes

Para ser campeones, los Pumas deben hacer lo que mejor hacen: Jugar con alegría. Y vencerán a Monarcas, el equipo de Felipe Calderón y su hermana Luisa María, la impuesta candidata del PAN a gobernadora…

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La ultraderecha, contra el movimiento de Sicilia

El activista Eduardo Gallo lanza una afirmación contundente: cuando alguna organización civil destaca por sus críticas a las políticas y estrategias federales, el gobierno ofrece recursos, prebendas o cargos públicos, y así acalla a algunos descontentos. No todos se dejan comprar, aclara el expresidente de México Unido Contra la Delincuencia, y agrega que grupos ultraderechistas ya empezaron una ofensiva mediática contra el movimiento que encabeza Javier Sicilia.

MÉXICO, DF., 10 de mayo (Proceso).- La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz.

“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.”

A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas.

No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a delegado y diputado local en la capital del país.

–¿De quién fue la invitación?

–Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió: “¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”.

Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, expresidenta de MUCD y quien ahora encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa organización.

“Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública. Son formas que se siguen por todos lados.”

Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya investigación asumió personalmente por la incompetencia de las autoridades–, afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la delincuencia del 27 de junio 2004.

Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión.

Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”.

Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la comunidad”.

Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004) ofreciéndoles dinero”.

El Yunque otra vez

En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega Sánchez.

Son los mismos organismos bajo el control de la organización ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes.

“Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército, que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega Sánchez.

“La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y asesinatos, se suma a la ‘caravana por la paz’, para marchar tomado de las manos con quienes claman ‘¡Basta de sangre!’ y le reclaman al presidente haber molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia? ¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz, no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac, presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente, no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de eso” (Proceso 1463).

Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de persuasión.

Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya justicia”.

También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar, pero es una debilidad humana a la que muchas personas sucumben”.

Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le interesa.

“Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está certificados a todos, porque está atrasado ese programa.”

Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no confrontarse”.

Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en 2008.

“Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza a tiempo porque no has llegado y te esperan.”

“Ya no habrá donativos…”

Pone como ejemplo una reunión privada convocada por Calderón, en julio del año pasado en Los Pinos, con Causa Común, encabezada por María Elena Morera; México SOS, de Alejandro Martí, y MUCD, que entonces él presidía. Gallo conoció a Calderón cuando era candidato presidencial, para saber su punto de vista sobre su estrategia de combate al crimen organizado.

“Me dio la palabra primero como organización: ‘Le decimos abiertamente que no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo para combatir a la delincuencia y en esta guerra de las drogas, y no estamos de acuerdo porque la estrategia no tiene parámetros que permitan evaluarla’.”

Añadió: “Pero tampoco estamos de acuerdo porque detona la violencia, porque creemos, y se lo dijimos desde aquella ocasión como candidato a la Presidencia, que el ataque a la delincuencia debe ser a través de las estructuras financieras. No lo decimos nosotros, la historia en el mundo de combate a la delincuencia lo ha evidenciado. Ese es el flanco débil”.

Como Martí no asistió, cuenta Gallo, el director de México SOS, Alejandro Camacho, expuso lo que hace esa organización, y luego habló Morera. “Su posición fue: ¿En qué podemos ayudar, presidente, en qué podemos ser útiles para el país?”.

Sólo él asumió una posición crítica a la estrategia de Calderón, quien para eso los convocó. “Desconozco si a ellos se les invitó para lo mismo. Si les llegó así, respeto cómo respondieron”.

Por eso la estrategia de Calderón se mantiene, porque la mayoría de las organizaciones guarda silencio, como ha ocurrido en los Diálogos por la Seguridad Pública convocados por el gobierno. En el más reciente, en enero, sólo cinco de al menos 30 pidieron cambiar la estrategia.

“Todos los demás no tocaron el tema de si están o no de acuerdo o se fueron a otros temas que en consecuencia no permiten al Presidente recibir un mensaje claro y contundente de que en la sociedad civil no estamos de acuerdo con su estrategia.”

Su renuncia a la presidencia de MUCD obedeció, entre otras razones, a esta conducta de aminorar la crítica al gobierno para no poner en riesgo las transferencias de recursos públicos, vía donativos y contratos.

El tema se abordó en febrero, en una reunión del Consejo de la organización, fundada en 1997, en la que se discutió la posición que se debía asumir sobre el debido proceso en casos como el de las tres indígenas acusadas de secuestrar policías federales, el de Jorge Balderas Garza, supuesto agresor del jugador Salvador Cabañas, y el de la francesa Florence Cassez.

Según Gallo, Josefina Ricaño, primera presidenta de MUCD y quien lo sustituyó a su renuncia, rechazó incluir el caso Cassez en el posicionamiento sobre el debido proceso. “Van a decir que estamos defendiendo secuestradores”, dijo, y ante la preguntas de dónde estaban las evidencias sólo atinó a decir que eso decían “los medios”.

Pero lo que irritó a Gallo fue el argumento que dio Pablo Girault Ruiz, secretario del Consejo y actual tesorero de MUCD, para no hablar sobre el asunto de Cassez: “Van a dejar de fluir recursos y contratos del gobierno”.

Eso y la falta de claridad en el manejo de los recursos de la administración previa, encabezada por Ana Franco –quien nunca hizo entrega-recepción a su renuncia por motivos de salud– precipitaron un choque de Gallo con el “grupo de poder” que controla MUCD, del que forman parte, entre otros, Girault Ruiz, director general de Fundación Dondé, y Félix Gavito, presidente de la Fundación Nemi.

Este último está implicado en dudosas transacciones de tres millones de pesos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal para un programa elaborado presuntamente por Nelia Tello Peón, hermana del asesor de Calderón en seguridad nacional.

Harto de la opacidad, Gallo decidió renunciar porque no se cumplió el compromiso de regresar a los principios fundacionales de México Unido Contra la Delincuencia, por los que aceptó presidir la organización. “No estaba dispuesto a cargar responsabilidades que no me competen, porque por algo había opacidad”.

MUCD, dice, va a seguir: “En cultura de la legalidad puede haber muchos contratos, mucho dinero y mucho desarrollo y van a poder ayudar, pero ya no con el proyecto original, porque éste requiere de principios y valores que no tienen”.

–¿Están autoamordazados?

–Así es, pero también están de alguna manera maniatados cuando dicen que es una organización que está en el tema de seguridad y justicia, cuando no es así. Es válido cambiar, pero que la gente sepa que cambiaste. Si no le dices, la gente estará esperando algo que no recibirá nunca. Y en esa parte hay que tener cuidado, porque las personas se pueden sentir engañadas.

La tibieza de Marcelo Ebrard

MÉXICO, D.F., 21 de marzo (apro).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pudo haber tomado una decisión de estadista en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero prefirió el cálculo del politiquero: Ofreció su respaldo a los bloques contrapuestos, sin dárselo explícitamente a alguno de ellos, y al final no quedó bien con uno ni con otro.

El resultado fue el esperado: Jesús Zambrano en la presidencia, con lo que se refrenda la hegemonía de Nueva Izquierda en el PRD, si bien venida a menos, y Dolores Padierna en la secretaría general, identificada con el lopezobradorismo, una fórmula que sólo atizará más el pleito entre los partidarios de pactar con la derecha y los que repudian esa estrategia.

Pero la sesión del Consejo Nacional del PRD celebrado el sábado y el domingo, que decretó un receso hasta el 2 de abril para pactar el reparto de las carteras del secretariado, arroja algo más de fondo: Un partido esquizofrénico y unido sólo por las cuotas para grupos, pero incapaz de ofrecerle algo serio a la nación.

Ebrard tuvo en sus manos la posibilidad de estrujar al PRD y cimentar un liderazgo de largo plazo, a partir de la definición estratégica de optar entre las dos líneas políticas en conflicto. Optó por la tibieza, sinónimo de la mediocridad política.

Mientras Andrés Manuel López Obrador anunciaba en el Auditorio Nacional definiciones programáticas del movimiento que encabeza, al que debe someterse a un riguroso escrutinio sobre su viabilidad, Ebrard maniobraba entre las facciones del PRD para convertirse en un líder decisorio y apenas logró, con el uso del aparato gubernamental, un puñado de prosélitos.

A Ebrard se le presentó el momento de la definición cuando, al margen de las fanfarronadas de los contendientes sobre sus supuestas mayorías, concluyó el cómputo de los votos de los consejeros asistentes: Un total de 154 votos para el bloque Nueva Izquierda (con sus aliados de izquierda Democrática Nacional, del senador Héctor Bautista, y Foro Nuevo Sol, de la exgobernadora Amalia García) y 111 para el bloque encabezado por Dolores Padierna.

El candidato de Ebrard, el diputado federal Armando Ríos Piter, obtuvo 43 votos, que pudo haberlos sumado a los Chuchos de Nueva Izquierda, como había ofrecido, y consolidar la alianza que tiene con ellos, enemigos declarados de López Obrador, hacia el 2012. O, como también caviló, pudo dárselos al grupo impulsor de Padierna para generar un empate a 154 sufragios.

De haberse celebrado esa segunda ronda de votación, con el consecuente empate o con una ligera ventaja para uno u otro bloque con los dos votos nulos y la abstención que se contabilizaron, Ebrard habría sacudido al PRD y convertirse entonces en un factor de decisión.

No quiso: En los hechos ratificó su adhesión a la facción hegemónica en el PRD, los Chuchos, aunque no se confrontó con el otro bloque, lidereado en los hechos por René Bejarano, esposo de Padierna, y constituyó su propia corriente, que recogerá algunas migajas.

La motivación de Ebrard para actuar con tal tibieza es su creencia de que Felipe Calderón cumplirá el pacto de respaldar su candidatura en 2012, aun cuando el Consejo Nacional del PRD aprobó, el sábado, que no habrá alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en la elección presidencial.

Esa prohibición no importa: Hay que recordar que el Congreso Nacional del PRD, en diciembre de 2009, declaró proscritas las alianzas con “los partidos de la oligarquía”, PAN y PRI, y ahí comenzó el amasiato con Calderón y su partido, que iba en caída libre.

A ver quién les cree.

Apuntes

La presencia de Calderón al frente de los representantes de los otros dos poderes, en la explanada del Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés, para rendir homenaje a Benito Juárez en el 205 aniversario de su natalicio, evoca una sentencia del Benemérito de las Américas: “Malditos los que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”…

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La salud de Calderón, a debate

MÉXICO, DF, 7 de febrero (apro).- “¿Los habitantes de una nación tienen derecho a saber si el jefe de Estado es adicto a las drogas o si padece alcoholismo?”, pregunté en twitter, el jueves 3, con el ánimo de abordar con seriedad un asunto de inobjetable interés público: El alcoholismo de Felipe Calderón imputado por cinco legisladores petistas y perredistas.

Después del despido de Carmen Aristegui de su noticiero en MVS Multivisión, por informar de la acción de los legisladores y pedir una posición a la Presidencia de la República sobre si Calderón es alcohólico, el debate se potenció, en vez de suprimirse, como pretendieron personajes tan disímbolos como Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los diputados panistas, y el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Porque presumir y aun asegurar que Calderón es un borracho, como lo hicieron los diputados con la manta que desplegaron en el salón de sesiones, no es una calumnia ni un agravio a las instituciones, como acusa Vázquez Mota, tampoco es un tema de carácter personal, como alega López Obrador, sino un asunto que concierne a todos los mexicanos.

La razón es sencilla: No se acusa a Calderón de criminal, sino de padecer una enfermedad que --como cualquier otra-- debe ser atendida de manera profesional, porque las decisiones que motiva o inhibe repercuten en la vida de millones de personas.

No se trata ni siquiera de Calderón mismo y si el gobernante es alcohólico o drogadicto, sino que puede ser víctima de una lesión muscular y aun sicológica que requiere, para ser controlada o curada, el consumo de una sustancia sicotrópica que genera cambio de percepción de la realidad, ánimo o comportamiento.

Ya el despido de Aristegui de la empresa propiedad de la familia Vargas, cuya coartada de que violó un código de ética secreto es insostenible, ha dado lugar a un insólito fenómeno de opinión pública en defensa de la libertad de expresión, particularmente en las redes sociales --que no se presentó cuando, en enero de 2008, Televisa y Grupo Prisa la echaron de W Radio--, pero también ha enterado a quienes lo ignoraban del real o supuesto alcoholismo de Calderón.

Por ello la chacota no debe imponerse a lo que debe ser un debate serio necesario y urgente: El derecho de los ciudadanos a conocer el estado de salud de sus gobernantes, presentes y futuros, tal como lo tienen en países con una democracia como a la que debemos aspirar.

Ahora debe exigirse aclarar si Calderón padece alcoholismo --que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal--, pero a futuro se deben prevenir que lleguen al poder también drogadictos, sicópatas o con algún padecimiento físico que implique el consumo de medicamentos que les altere la realidad.

Y sin sobredimensionar, minimizar ni rasgarse las vestiduras lo procedente es generar un debate sobre el tema y abordar con seriedad si Calderón padece esa enfermedad.

Vale decir que el señalamiento no es de ahora ni proviene de sus malquerientes, sino de personajes de su propio partido, como su maestro, Carlos Castillo Pereza, quien en octubre de 1997, cuando Calderón era presidente del PAN, le escribió una carta, publicada en Proceso en octubre de 2009, en la que le dice que fue informado de “las aventuras más que frecuentes --etílicas y demás-- de algunos de tus colaboradores”.

Y más adelante le reprochó su informalidad por una borrachera: “(…) Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina ‘muy bien servido’.”

Apuntes

Con el despido de Aristegui de MVS se frustró, también, el primer debate sobre El Yunque con uno de sus integrantes, el abogado José Antonio Ortega Sánchez. La mañana del viernes Carmen me comunicó, a través de su equipo de producción, que el debate se celebraría este miércoles y tendría yo derecho de réplica ante las afirmaciones calumniosas de Ortega… Como aquí se adelantó, el PAN ganó el gobierno de Baja California Sur con el experredista Marcos Covarrubias. Jesús Ortega, presidente del PRD que se desplomó al tercer lugar, filosofó: Así como en el beisbol no existe defensa contra la base por bola, en la política no hay defensa contra la traición. Y vaya que sabe de eso...

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Salinas, falso activista ciudadano

MÉXICO, D.F., 13 de diciembre (apro).- Con un mamotreto de casi mil páginas, volumen análogo a sus otras dos obras propagandísticas editadas en la reciente década, Carlos Salinas irrumpe este fin de año en México para hacerse pasar como activista de la participación ciudadana y encubrir su condición de matraquero de Enrique Peña Nieto y gurú del priismo.

Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, es el título del más reciente libro de Salinas, que en realidad representa un instrumento de su propósito supremo: Reinsertarse de manera abierta en la vida pública de México y diluir su reputación de destructor del país.

Apenas el martes 12 de octubre, cuando su amigo Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), lo invitó a impartir una conferencia en el Palacio de Minería como invitado estelar del 20 aniversario de ese organismo, en cuyo sexenio se creó con todo el control de su gobierno, le pregunté a Salinas si creía que ya no era repudiado por los mexicanos.

Guardó silencio y, con la sonrisa cínica que lo caracteriza, se escabulló hacia el Palacio de Minería donde impartió la conferencia en la que disertó sobre la creación del IFE y pontificó sobre el poder ciudadano, justamente el tema de su nuevo libro.

A las preguntas que se le formularon sobre su gestión como responsable del gobierno de México les sacó la vuelta y ofreció responderlas. “Seré veraz, seré autocrítico, pero sobre todo me gustará conocer la respuesta de ustedes a mi propia respuesta”, ofreció Salinas.

--Yo me quedé esperando la respuesta suya a la autocrítica. No me la dio, espero que algún día me la dé –le reprochó la periodista chilena Mónica González, que moderó la mesa.

--Se la voy a dar hoy en la tarde en que le voy a mandar un libro de mil 400 cuartillas, que es una primera autocrítica a mi responsabilidad como presidente de México. Obsequiado, por cierto.

Pero en ese libro de mil 400 páginas --mil 392 exactas— que es México, un paso difícil a la modernidad, editado en el año 2000, no hay ninguna autocrítica a su catastrófica gestión --que sentó las bases del actual capitalismo de cuates-- y sí una catarata de autoelogios por haber impulsado reformas, pese a la “nomenclatura” de su partido.

En su siguiente libro La década perdida, 1995-2006 neoliberalismo y populismo en México, editado en 2008, tampoco hay asomo de autocrítica a lo largo de las 959 páginas, más de un tercio de las cuales dedica a su nueva obsesión: El neopopulismo.

Las referencias que hace Salinas a personajes son reveladoras: A Felipe Calderón, que ya tenía dos años den el cargo cuando apareció ese libro, no lo menciona ni una sola vez, pero a Andrés Manuel López Obrador lo refiere por su nombre 50 veces.

Ni siquiera a quien identifica como su principal enemigo, Ernesto Zedillo, le dedica tanto espacio, porque sólo hace 17 menciones, poco menos que a Vicente Fox, 22 citas, una más que a su hermano Raúl Salinas, quien goza de una fortuna mal habida con impunidad absoluta, que resultó –como él mismo confesó-- del saqueo al patrimonio de los mexicanos.

Una fortuna que también tendría su origen en el crimen organizado si nos atenemos a lo que llegó a afirmar Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en conversaciones grabadas en las que afirma que Raúl Salinas “entregó el país al narco”.

En fin, ahora Salinas --en su papel de activista ciudadano-- postula que, a doscientos años de la Independencia y cien de la Revolución, la República está en riesgo, según el sitio animalpolitico.com, que difundió fragmentos de su nuevo libro.

La clave para salir de la crisis, según él, es apostar por la acción ciudadana, y pasar de “sólo votar y comprar”, a grupos que se organicen para transformar su realidad y formar una democracia republicana. “Es el momento de los ciudadanos participativos”, dice Salinas de Gortari, quien postula la democracia republicana de los ciudadanos para los ciudadanos.

Neoliberal vergonzante, Salinas condena “los efectos nocivos que sobre el país han tenido el neoliberalismo y el populismo”. Salinas se presenta también como una especie de ideólogo del PRI.

“A partir del 2000, año del triunfo de un candidato presidencial no priista, el PRI perdió también la batalla de las ideas, olvidó la capacidad de su gran movimiento para generar los mitos fundadores”, dice, y propone reactivar el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el esquema clientelar de su gobierno.

“Solidaridad no sólo consiguió acrecentar el capital humano: consolidó la fuerza social que durante varias generaciones se había conformado en diversos ámbitos del país, sobre todo en las comunidades rurales, las clases medias urbanas y las colonias populares.”

Hay algo muy claro con el nuevo libro de Salinas: Le apuesta no sólo a capitalizar la ineptitud suprema de los panistas, socios suyos, por cierto, sino a la desmemoria de los mexicanos para reinsertarse en la vida pública para ejercer, abiertamente, el poder, por ejemplo a través de su pupilo Peña Nieto.

Que los mexicanos opinen…

Apuntes

El colega Horacio Jiménez, de El Universal, le preguntó a Cecilia Romero, la nueva secretaria general del PAN, si El Yunque, la organización ultraderechista de la que ella forma parte, estaba de regreso en ese partido: “No sé, no tengo idea. Regresa… pues no sé en quién”. “¿Existe El Yunque?”, le preguntó Horacio, y la respuesta: “No sé, yo supongo que sí, ahí salen muchas cosas de eso. Pero si se trata de Cecilia Romero, pues yo tengo 28 años aquí, eso de regresar es un decir, por qué íbamos a regresar.” Tiene razón la señora: El Yunque no puede regresar, sencillamente porque nunca se ha ido del PAN. Al contrario, su poder crece y crece…

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Peña Nieto, candidato de la corrupción

MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.

No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.

El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.

Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.

Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.

Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.

Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.

Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.

Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.

Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.

Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.

Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.

El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.

Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.

La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…

Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…

Apuntes

Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…

delgado@proceso.com.mx

El PRD traiciona a los pobres

MÉXICO, D.F., 19 de julio (apro).- Cuando ha cobrado forma íntegra la kakistocracia que encabeza Felipe Calderón, cuyos cambios más recientes en su gabinete ratifican que es el gobierno de los peores, el sector de la izquierda subordinada a las alianzas electorales da otra muestra de su vasallaje: Cobrar IVA a alimentos y medicinas.

Peor aún: Nueva Izquierda, la facción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezada por Jesús Ortega, se presenta como el rostro de Calderón y de Acción Nacional (PAN) para encabezar en la Cámara de Diputados la ofensiva para aprobar el IVA que, además, deja intactos los regímenes especiales que permiten a los magnates del país no pagar impuestos.

Es decir, los perredistas aliados a la derecha más inepta buscan que a los más pobres de México, que son más de la mitad, y lo que queda de la clase media, se les impongan más cargas impositivas, mientras que lubrican los mecanismos de enriquecimiento de la oligarquía que impuso a Calderón y pretende hacer lo mismo con Enrique Peña Nieto.

Parece que no hay lógica en este empeño de Los Chuchos, que con este plan de imponer IVA a alimentos y medicinas atizan el repudio popular en su contra, salvo que pretendan con esta maniobra satisfacer un anhelo de los magnates y verse recompensados con apoyo a la coalición que han hecho con el PAN y no al PRI.

Hay que recordar que poco antes de las elecciones del 4 de julio se filtró a la prensa que el PAN en la Cámara de Diputados proyecta aumentar el IVA generalizado de 16% a 18%, y establecerlo en 15% en alimentos y medicinas.

Según el proyecto de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que elabora los documentos del grupo parlamentario del PAN, estos aumentos elevarían la recaudación por IVA de 485 mil 554 millones (4.02 por ciento del PIB) a más de 697 mil 325 millones de pesos (5.77 por ciento del PIB).

La única novedad en la propuesta de la facción colaboracionista que controla el membrete PRD, y que impulsa en específico José Guadalupe Acosta Naranjo, es que le hace segunda al PAN, con el que tienen un amasiato y cuyos alcances, después de las alianzas y de esta insólita cruzada por el IVA, son insospechados.

Y en esta urdimbre se incluye la candidatura común PAN-PRD de Marcelo Ebrard a la Presidencia de la República, si de plano no crecen Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, los anodinos prospectos de Calderón que, no hay que olvidarlo, hará lo que sea por cerrarle el paso a otros panistas.

Como sea, es positiva la intentona de Los Chuchos para imponer el IVA a alimentos y medicinas, porque les corre el maquillaje que encubre su auténtico talante y evidencia que contra los magnates no son capaces de decir ni una sola palabra.

Este afán recaudatorio no es de suyo reprobable, pero es inaceptable si no se somete al mismo rigor a los grandes empresarios que, según información oficial, suman más de medio millón las personas y empresas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, aunque sólo una minoría, unos 60 corporativos, son los más beneficiados.

Por ejemplo, de acuerdo con información autentificada, en 2009 el sector privado de México adeudó 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, la mitad de los cuales, 232 mil millones de pesos corresponden a esos 60 corporativos.

¿Qué empresas son? Las de los multimillonarios en dólares que aparecen en la revista Forbes. Para empezar, las de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que adeudan más de 38 mil millones de pesos por impuestos diferidos.

Luego, el magnate del cemento, Lorenzo Zambrano, quien también aparece en Forbes: debe 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. Le sigue Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, que debe al fisco mexicano más de 11 mil millones de pesos.

El Grupo Modelo, de María Asunción Aramburuzabala, militante del PAN, debe más de 8 mil millones de pesos; Grupo Bimbo, de un clan también de ese partido, debe casi 2 mil millones de pesos; Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, amigo de Calderón, no ha pagado mil 373 millones de pesos.

Otros deudores son Televisa (2 mil 284 millones), TV Azteca (3 mil 365 millones), Kimberly Clark, de Claudio X. González (mil 879 millones); Realtur, de Olegario Vázquez Raña, dueño del diario Excélsior y hospitales Angeles (mil 303 millones); Grupo Aeroportuario del Sureste, de Fernando Chico Pardo, socio de Slim (2 mil 713 millones).

Y la lista sigue. ¿Los Chuchos y Calderón los obligarán a pagar lo que deben? No se ría…

Apuntes

Podrá haberse reventado la burbuja que aisla de la realidad a Calderón, por las pugnas y amoríos entre ineptos, pero la lógica facciosa no se rompe: Por eso, sin decoro, Maximiliano Cortázar, autor de filtraciones que aceleraron la aparente purga, fue enviado por su jefe al PAN, donde despacha otro de sus incondicionales: César Nava. Cortázar, futuro diputado federal, se retrata a sí mismo: “Para mí no existen imposibles”…

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Elecciones: El perdedor es México

MÉXICO, D.F., 12 de julio (apro).- El mercadeo sobre ganadores y derrotados en la alternancia electoral en la mitad de los 12 estados donde hubo elecciones para gobernador, el domingo 4 de julio, escamotea a los ciudadanos los turbios e ilegales mecanismos vigentes para la conquista del voto popular y en eso la conclusión es inequívoca: Perdió México.

Tal como ocurrió en las elecciones de hace tres años en los mismos estados, donde se celebraron elecciones para alcaldes y diputados, el uso de recursos públicos para favorecer al partido y los candidatos del gobernador fue manifiesto y las prácticas de “mapachería” se impusieron el día de la jornada electoral.

Lo grave es que estas herramientas de defraudación electoral --que se suman a la parcialidad de los organismos electorales, medios de comunicación facciosos y el uso clientelar de los programas públicos, sobre todo en los estados con alta marginación y pobreza-- es casi seguro que quedarán impunes, lo que incita a volverlos a cometer.

Más lamentable es, todavía, que en los estados donde se materializó la alternancia se hayan suscrito pactos de impunidad con los gobiernos salientes como parte del pragmatismo extremo que ha caracterizado a las alianzas triunfadoras y que atenta contra elecciones de calidad.

Todo apunta a que quedarán sin castigo las infracciones y delitos cometidos por autoridades y candidatos priistas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, donde se puso fin a su hegemonía de ocho décadas, sino también en Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, donde panistas en los dos primeros estados y perredistas en el tercero incurrieron a lo largo de las campañas y en la jornada electoral en conductas análogas.

En el reparto del botín (con el PRI-Partido Verde que perdió tres gubernaturas, pero arrebató el mismo número a sus oponentes del PAN-PRD, con Elba Esther Gordillo como ganadora-perdedora con ambos bloques) es previsible que, tras el pataleo de los perdedores para mediatizar los enojos populares, finalmente todo se diluya para quedar igual.

Y es en este contexto de pactos de impunidad que interviene Felipe Calderón, quien de manera facciosa, aun antes de que las autoridades emitan los resultados oficiales, declara quién es el legítimo ganador. Tan es así que dejó como imbéciles a Xóchitl Gálvez, la candidata a gobernadora de Hidalgo, al panista César Nava y el perredista Jesús Ortega.

Por eso hay que insistir una y otra vez, porque el cinismo de ver como normal la adulteración de la voluntad popular --aun con la frase de “prácticas que creíamos superadas”, cuando han sido vigentes siempre-- sólo nos conducirá al precipicio con todo y las decrépitas instituciones: Urge una reactivación de la sociedad civil organizada.

Si bien durante la jornada electoral del domingo 4 se movilizaron organizaciones agrupadas en Alianza Cívica para, dentro de lo posible, inhibir y documentar los mecanismos de defraudación electoral en varios de los 15 estados donde se celebraron elecciones –incluidas Baja California, donde el PAN tuvo la peor derrota en dos décadas de gobierno, y en Coahuila, donde hubo elecciones extraordinarias en dos municipios--, ahora es preciso someter a un riguroso escrutinio el proceso de elección de tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Así como fue exitoso el proyecto de observación electoral de Alianza Cívica, “Juego Limpio, Voto Libre”, es indispensable que los ciudadanos exijan, desde ahora, a la Cámara de Diputados un procedimiento transparente que garantice que los tres próximos consejeros electorales, que serán electos en octubre, sean independientes frente a los intereses partidarios, políticos y económicos.

Como dejarán de ser consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez, los dos primeros identificados como personeros del PRI y el tercero claramente vinculado al PAN y a Felipe Calderón, los priistas dan como un hecho que el reparto en la Cámara de Diputados será igual.

Y hasta con sorna describen que un consejero será para el PRI, otro para el Partido Verde, como si no fueran lo mismo, y el tercero será para la “coalición” PAN-PRD.

La única manera de neutralizar este plan, que es también un mecanismo de defraudación electoral, es que los ciudadanos vigilen que los electos por los grupos parlamentarios tengan un auténtico compromiso democrático y no sean meras correas de transmisión o embajadores de los intereses de los mismos de siempre…

No hay que olvidarlo: La verdadera transformación sólo podrá materializarse de abajo para arriba. Nunca ha sido al revés…



Apuntes



A estas alturas de los disparates de Fernando Gómez Mont --o de los pleitos intestinos que tienen que ver con el oscuro secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- ya no es noticia que deje la Secretaría de Gobernación, sino quién lo sustituye. Y en primer lugar no está, hasta la noche de este lunes 12, el porro expriista Javier Lozano Alarcón, sino Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN y prominente militante de la organización secreta El Yunque... Y mientras siguen las matanzas en el país, como el fin de semana de horror en Juárez, con medio centenar de ejecutados, también se siguen matando periodistas. Ahora correspondió a Marco Aurelio Martínez Tijerina y Guillermo Alcaraz Trejo, de Chihuahua y Nuevo León. Y Calderón, el dictadorcillo, sonríe…



delgado@proceso.com.mx

México ensangrentado

MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- No hay modo de ser optimistas ante la barbarie que padece la nación por la incompetencia, la indolencia y la arrogancia de la camarilla gobernante que encabeza Felipe Calderón, quien sólo es consistente en arrastrar a México al abismo.

Luego de tres años y medio de haber sido impuesto en el cargo, que profundizó la involución de la que ahora se queja César Nava para justificar la nueva catástrofe electoral del partido oficial, Calderón ha sido empeñoso en hacer crecer el desempleo, la pobreza y la criminalidad, incluida la de cuello blanco.

Las carnicerías no dan tregua al asombro: Los muertos ya se computan en racimos y la saña es cada vez más inaudita, en una escalada que exhibe como falaz el argumento oficial --de suyo deleznable-- de que son sólo los criminales los que se matan entre sí por la disputa de territorios.

Pero a la creciente matanza de civiles a manos de criminales y fuerzas del Estado --que se denomina cínicamente “daños colaterales”--, se suma la cobardía ante los abominables asesinatos de Anastasio Hernández Rojas, el viernes 28 de mayo, en San Ysidro, California, y el niño Sergio Adrián Hernández, el lunes 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de criminales de la Patrulla Fronteriza que protege Barak Obama.

La vida de ambos compatriotas sólo le mereció a Calderón un boletín de prensa fechado en Los Pinos, el jueves 10, cuando ya volaba hacia Sudáfrica a hacer el ridículo junto con la selección de futbol de México y la retórica encendida sólo ratificó su carácter asustadizo ante el imperio.

Tras las carnicerías del viernes 11 --el día más sangriento de su infecunda gestión--, justo cuando el equipo mexicano apenas empató con Sudáfrica--, Calderón hizo publicar en diarios capitalinos y del interior de la República un extenso desplegado justificatorio y reiterativo sobre el reguero de sangre en el territorio nacional.

Según Calderón, de no haber iniciado su “guerra” contra el crimen organizado, “los criminales se hubieran apoderado de una gran parte del país, y habrían sometido ya a millones y millones de familias mexicanas a través del secuestro, la extorsión, el cobro de ‘piso’ o incluso el acoso directo a los integrantes de las familias.”

Lo dice para encubrir que esa es una realidad que solían padecer mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero que desde su “guerra” se ha extendido a todo el territorio nacional, aun en estados donde los narcos solían vivir con la protección oficial, como los muy panistas Jalisco y Guanajuato.

En el desplegado, publicado a doble plana, Calderón insiste en la cantaleta de comparar un cambio de estrategia a la “retirada del gobierno” o a “cruzarse de brazos” ante el crimen. Lo único que se le exige es que deje la simulación y ataque las finanzas de los delincuentes.

Pero en los cinco puntos de su estrategia no hay una sola referencia al combate a la capacidad financiera de los criminales, particularmente el lavado de dinero, que en México, según estudios serios, asciende a entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales.

Con el “blanqueo” de dinero las organizaciones criminales tienen liquidez para corromper autoridades --policías, militares, políticos, jueces, periodistas--, contar con poderoso armamento para acobardar al Estado, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital.

De manera que si no se diseña una estrategia clara para neutralizar las vías de lavado de dinero, sobre todo en el sistema financiero formal, ocurre exactamente lo que está pasando en México.

Y tal como lo advierten los especialistas en el mundo, pueden desplegarse tropas militares en todo el territorio nacional, con el aumento de asesinatos y arbitrariedades, y puede aumentarse el número de policías armados y aun aumentarse las penas de cárcel, pero mientras no se ataque la capacidad económica de los criminales, como no se ataca, entonces la barbarie continuará.

Hasta ahora, las tibias medidas en este sentido son también un fracaso: La Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado apoderarse de casas, hoteles, empresas, inversiones y dinero cuyo origen son actividades ilícitas, no ha operado, y las autoridades hacendarias, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), son más bien tímidas.

Según el más reciente reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), de septiembre de 2008 a julio de 2009, sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos mediante procesos judiciales. Un fiasco.

Hasta el senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoce la ineptitud del gobierno de Calderón: “Se ha demostrado, y según lo que nos dicen, son más de 20 mil millones de dólares al año que se lavan en México. Entonces, ¿cómo es posible que una masa de dinero de ese tamaño no sea detectada por el SAT o por las áreas de inteligencia de las policías mexicanas?”

Apuntes

Santiago Creel cimbró a la nación: “Que quede claro. Quiero ser candidato presidencial.” ¿A quién le importa su deseo? Ni a los panistas.

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El repudio toma forma

ÁLVARO DELGADO Ante la frustración de los ciudadanos que no encuentran una oferta electoral creíble, pese a la costosísima infraestructura de los partidos y los órganos electorales, en crecientes segmentos de la sociedad -sobre todo a través del instrumento de moda, las páginas de internet- se extiende una campaña, paralela a la de los partidos, para que el 5 de julio la gente acuda a las urnas y anule su voto. Entre quienes participan en ella hay de todo: jóvenes blogueros, políticos descontentos, analistas y ciudadanos que simplemente están, y así lo dicen, hartos del sistema... De la frustración, el resentimiento y el desprecio que concita el degradado sistema político mexicano emerge, desde vastas zonas del país, un movimiento de ciudadanos que convoca a poner un "hasta aquí" a los políticos, los partidos y la representación popular, como la Cámara de Diputados, a través de una acción insólita: ir a las urnas sólo para anular el voto. Se trata de un fenómeno espontáneo que empezó a tomar forma organizada en Puebla, en marzo pasado, y que se ha extendido con rapidez a varios estados de la República, sobre todo a través de páginas de internet y blogs y que se propone, en las elecciones del 5 de julio, lo que parece una paradoja estéril: reformar el sistema político mexicano repudiándolo. "Anulando el voto estamos diciendo que este sistema no funciona y que queremos cambiarlo, y tenemos la esperanza de que el mensaje sea de tal manera fuerte e inevitable que fuerce a los políticos a entrar en una reflexión para reformarlo", explica Gabriel Hinojosa Rivero, dirigente del movimiento Gobierno de Segunda Generación (G2G), pionero de esta singular protesta, que ya le generó amagos de castigo en Puebla. "Rechazo a los partidos y sus candidatos, pero no a la democracia", aclara el movimiento "Tache a todos" que encabeza Hinojosa, quien con ese nombre lanzó una página de internet que expone las razones para anular el voto, instruye cómo hacerlo e inclusive convoca a un concurso de cartel y video con premios de hasta 21 mil pesos. Primo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, y primer alcalde del Partido Acción Nacional de Puebla capital, militancia a la que renunció en 2004, y aspirante a ese mismo cargo en 2007 con el apoyo del Partido del Trabajo, Hinojosa afirma que es preciso que haya candidaturas ciudadanas, reelección de legisladores, reducción de diputados y creación de partidos municipales. En este movimiento, aclara, nada tiene que ver Calderón: "Le tengo aprecio y respeto como pariente y como presidente también, pero queda claro que yo no estoy en su proyecto y que tengo una trayectoria muy clara desde antes". -¿Han hablado sobre esto? -Sí, desde luego. Desde antes de todo esto él dijo: "Tengo gran aprecio por tu capital político en Puebla. Me da mucha pena que no lo insertes en mi partido, pero respeto profundamente que sigas tus propias convicciones". Él lo lamenta, pero lo respeta. Y yo lo aprecio y lo respeto a él. Con diversos nombres, pero con el mismo objetivo de repudio a los políticos mediante la abolición del voto en la casilla, estrategia que contrarresta al mismo tiempo la abstención -dicen sus promotores-, proliferan iniciativas en la Ciudad de México y en varios estados del país, cuyos diagnósticos, agenda de discusión y aun la creatividad para persuadir a los potenciales "anulistas", difieren. En Jalisco, por ejemplo, el lema del movimiento que inclusive ya irrumpió en las calles de Guadalajara el viernes 22 de mayo, es categórico y ha concitado controversias: "Para políticos nulos, votos nulos". Carlos Páez Agraz, quien junto con Gladis Martínez, Margarita Sierra, Etienne von Bertrab, Bernardo Jaén, Jaime Meade y Juan Carlos Soto comenzó el movimiento en esa entidad, no tiene duda: "La enfermedad de México es su régimen. Tenemos que cambiarlo de manera no violenta y la primera etapa es: Así no". Con base en el artículo 39 constitucional, que establece que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el grupo promotor de Jalisco comenzó a reunirse en abril para revisar datos sobre armonía, prosperidad y sustentabilidad, que "demuestran que caemos en picada". Expone: "Conviven una crisis económica que parece devastadora, la descomposición política, los crecientes niveles de violencia, y estamos entre los tres países más corruptos y violentos del mundo. El tejido social está desgarrado, 84% de mexicanos desconfiamos mucho de otros mexicanos. Estos problemas de primer plano ya no pueden ocultar uno peor, que es el deterioro del territorio". En entrevista por correo electrónico, Páez Agraz, ingeniero civil de 41 años de edad y consultor de organizaciones sociales, afirma que el primer paso para transformar el sistema político es el grito de "hasta aquí" que representa anular el voto en la casilla. "Existen muchas propuestas de modificaciones a las leyes tremendamente inteligentes y bien planteadas: juicios orales, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, el agua como derecho humano, ordenamiento territorial, control social de lo público, etcétera. Muchos ciudadanos y organizaciones están preparados para construir una agenda y empezar a deliberar. La pregunta es si debemos meterle más parches a nuestro contrato social o si tenemos que diseñar uno nuevo." El movimiento "políticos nulos, votos nulos" ha establecido una red de comunicación con activistas de Puebla; Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; y el Distrito Federal, con los que se trabaja vía electrónica, sin conocerse personalmente, cada cual con sus peculiaridades. "Ver a México como un todo es muy complejo en este momento. Cada estado de la República tiene sus particularidades, cacicazgos, pero también tiene ciudadanos interesados. Lo que está claro es que, sin distinguir colores, los políticos no tienen nada que presumir ni nada que prometer que sea creíble", subraya el activista. Y pone el ejemplo de su propio estado: "Jalisco ha hilvanado 14 años de gobiernos estatales panistas, quienes han encontrado el camino para coexistir con los demás partidos mediante el reparto de puestos, poderes y presupuestos. Los sindicatos siguen controlados por el PRI, Francisco Ramírez Acuña tiene sometido al PAN, Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, controla brutalmente a muchos académicos, al PRD estatal y a un sector importante del PRI." Resume: "Jalisco parece estancado políticamente en los setenta, pero con el PAN al mando. Para muestra el Chinguen a su madre que nos propinó el actual gobernador, Emilio González Márquez, el año pasado. En democracia, en cuatro horas estaría fuera y con proceso legal abierto". En San Luis Potosí el movimiento se reduce sólo a la capital, reconoce Noel Algara, un expanista de 29 años de edad y líder de un grupo de rock, quien sin embargo prevé crecimiento de la propuesta de anular el voto por el desencanto generalizado en la política, como a él le ocurrió: "El cansancio por nuestro desigual y excluyente sistema político, la molestia de ver consolidada una partidocracia en México, un IFE al servicio de los intereses partidistas y una democracia vapuleada, prostituida y engañada por unos cuantos de siempre, fueron algunos de los motivos que reunieron a varios amigos para buscar la manera de generar una conciencia alternativa." -¿Con qué estados se ha establecido comunicación? -Hemos sido visitados en internet por gente de Aguascalientes y de Chihuahua. Se animan al saber que hay muchas personas con intención de anular su voto y decir ¡ya basta! En sus respectivos estados también se escuchan las mismas voces. Esto está creciendo. Boicot efectivo, no abstención El llamado a anular el voto en las elecciones del 5 de julio cobra relevancia en el contexto de la guerra sucia entre los partidos políticos, el selectivo embate policiaco del gobierno de Calderón contra opositores y, sobre todo, el desastre económico del país acreditado por las propias cifras oficiales. Junto con diagnósticos y agenda consistentes para argumentar por qué es políticamente útil anular el voto, aparecen también convocatorias desenfadadas y hasta humorísticas con el mismo fin, como la del blog "Yo voto por quien quiera", dirigido a los jóvenes y que llama a votar por un ídolo. En vez de cruzar toda la boleta, se propone escribir en el espacio en blanco de la boleta el nombre de personajes como Kurt Cobain, Pancho Villa, Jim Morrison, Tin Tan, Juan Rulfo, John Lennon, Sor Juana Inés de la Cruz, Jimi Hendrix, María Félix, Aristóteles, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Che Guevara, Heath Ledger, Emiliano Zapata, Benito Juárez o Ricardo Flores Magón... "Esta es la forma como protestaremos contra la corrupción del sistema político mexicano. Queremos que nos escuchen, que nos vean, que nos lean", subraya la convocatoria, y aclara que no se debe votar por alguien que esté vivo, y pone el ejemplo del actor Diego Luna. "Nadie nos asegura que el PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia, Panal, PT, PSD o el que sea, después lo contraten para que salga en un anuncio televisivo pagado por nosotros y diga: 'Soy Diego Luna, no puedo ser tu candidato, pero te digo que votes por el X diputado...'. Es muy peligroso porque no faltará quien desvirtúe el movimiento y diga que todos los jóvenes somos de determinado partido. Por eso mejor difundir que votaremos por muertos... ¡Así no hay pierde!" Ese blog se ufana de que a esta iniciativa se han sumado otros espacios en internet, entre ellos Ciudadanos en Red, que en efecto reproduce la convocatoria. Lo paradójico es que esa iniciativa forma parte de Metrópoli 2025, cuyo consejo directivo preside Demetrio Sodi, candidato panista a delegado de Miguel Hidalgo. Los "anulistas" coinciden con los abstencionistas en que todas las opciones son inaceptables, pero no comparten su pasividad e indiferencia. "Levantarnos a anular nuestro voto nos convierte en ciudadanos ejerciendo el derecho de rechazar a los partidos y sentar las bases para construir una mejor democracia", establece el movimiento "políticos nulos, votos nulos". Por su parte, en su blog "Anúlalos", Germán Petersen, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara y ganador del primer lugar del Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político 2007, expone las diferencias entre anular el voto y abstenerse: "Para nada es nuevo que muchos mexicanos no se presentan a votar el día de las elecciones con el pretexto más burdo que uno se pueda imaginar. El abstencionismo consciente como forma de protesta corre el riesgo de perderse entre ese grupo de personas que por flojera, desidia o cualquier otra razón sin sentido, simplemente no se presentan a votar. Además, la cifra de abstencionistas varía mucho de elección a elección; en cambio, el porcentaje de votos nulos prácticamente nunca ha rebasado el 2.5% en el estado. Vayamos a votar, pero de una forma que transmita nuestro descontento. La anulación es la mejor que podemos encontrar." Traición a la patria A la discusión entre los promotores de la abolición del voto, de extendida presencia en la red -que focaliza su público clasemediero, si bien se han impreso volantes que se distribuyen en algunas ciudades-, se han sumado analistas que ponderan el fenómeno y aun políticos como la experredista Rosalbina Garavito. El más tenaz promotor del voto nulo es José Antonio Crespo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de rigurosas indagaciones electorales como Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, quien sostiene que anular el voto no significa apatía, sino rechazo activo y deliberado a todos los partidos. "Es lo que suele llamarse 'abstencionismo activo, o cívico', pero que fácilmente puede confundirse con el abstencionismo apático o indiferente si no se plasma en una boleta anulándola con claridad", escribió Crespo en el diario Excélsior el 18 de mayo, al recordar que la legislación mexicana no considera el voto en blanco, como en varias democracias. Se trata, explicó, de un espacio en la boleta, creado como una opción legítima y especial para quien quiera votar "ninguno". "Habrá que empujar que en adelante se incluya ese derecho (que en general, aun los 'participacionistas' reconocen como menos perjudicial institucionalmente que sólo abstenerse de ir a las urnas)". Al respecto, Hinojosa afirma que, mientras no exista en México el espacio para votar por "ninguno", es preciso anular el voto como señal de repudio al sistema actual, "que es una jaula de oro democrática, una gran simulación", y la sociedad no tiene opciones. Al margen de militancia partidista, Hinojosa dice que ha "apostado" todo su capital político a esta iniciativa que va más allá del rechazo que se manifiesta a través de la abstención, que a los políticos no les importa. "Vamos a demostrar que habemos muchos que ya le estamos dando la espalda al jueguito, porque no está dando resultados -afirma-. Un éxito excepcional en Puebla sería que 10% de la gente anulara su voto." Pero este viernes 29 sobrevinieron reacciones: el Partido Nueva Alianza acusó a Hinojosa de que, llamando a anular el voto, promueve acciones contra el proceso electoral previstas en el artículo 345 de la ley electoral federal, cuyo castigo es una multa de hasta 500 días de salario mínimo, y Sergio Cházaro, consejero local del IFE, afirmó que esa campaña atenta contra los fundamentos de la democracia. El político poblano dice que son señales "muy raras", porque además se le acusa de querer ser candidato: "Es una visión muy tonta. Ya fui candidato y este no sería mi camino para volverlo a ser, ni siquiera es seguro. No conecta una cosa con la otra. Lo interesante aquí es qué va a hacer el IFE. Tiene de dos: desechar o imponer la multa. Deberían desecharla, pero ¿me van a agarrar de caso ejemplar para que no se insubordine la ciudadanía?". También en Jalisco ha habido reacciones adversas: el presidente del órgano electoral, David Gómez, desautorizó la nulidad del voto, y la campaña fue calificada por el exgobernador Ramírez Acuña como "cobardía" y "acción contra México", expresión semejante a la del cardenal Juan Sandoval: "No hace labor de patria". Al respecto, el activista potosino Noel Algara dice: "¿Anular el voto convierte en un criminal democrático? No. Muy al contrario, lo convierte en un ciudadano modelo, que no rechazó sus deberes y obligaciones. Pero cuidado, hay opiniones que realmente 'matan a la democracia' y un cardenal que las expresa". Páez Agraz reflexiona: "Anular es un derecho constitucional que el Estado nos debe garantizar. Estas declaraciones evidencian que los políticos y líderes formales no han desarrollado comportamientos democráticos. La democracia es un vehículo que funciona con demócratas; de izquierda, derecha o centro, pero demócratas". -¿No se corre el riesgo de que, luego de las elecciones, se diluya el movimiento y, después de lo que podría ser un "desahogo", venga la frustración? -Si esto se diluye será cierto que los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Nosotros creemos que se puede tejer una red social que se convierta en escuela de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que preocuparnos por nuestro país.

Mouriño, discípulo de Hank

alvaro delgado México, D.F., 25 de febrero (apro).- El empresario Juan Camilo Mouriño Terrazo ha decretado que lo ocupan cosas más importantes que aclarar si es mexicano o español, o inclusive si goza de doble nacionalidad, un asunto de legalidad que, en teoría, es su deber esclarecer como secretario de Gobernación. “Son cosas, simplemente, que no deben distraer la acción del secretario de Gobernación, del gobierno en su conjunto”, respondió a la pregunta de un periodista, el viernes 15, que lo interrogó sobre el vacío de información de su auténtica nacionalidad, y añadió: “Nosotros estamos concentrados en los verdaderos asuntos que son de relevancia para la Secretaría y para el país, y trabajando arduamente en ello.” Con tal antecedente es de esperarse que Mouriño --español por haber nacido en Madrid, mexicano por decisión propia al cumplir la mayoría de edad y voluntariamente convertido otra vez en súbdito de la Corona cuando estudiaba en Estados Unidos-- actúe con el mismo desprecio a la legalidad y sobre todo a la sociedad en el caso de sus negocios en el sector energético. Mouriño Terrazo, colocado por Calderón en la operación política para los grandes negocios sexenales, puede anticiparse que guardará silencio sobre pruebas documentales que acreditan el tráfico de influencias que ejerció cuando presidió la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, después, como subsecretario en la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón. Pero, igual que en su nacionalidad a conveniencia --español, mexicano, otra vez español y otra vez mexicano, algo que nada tiene que ver con la xenofobia que tanto enfurece a los propagandistas de la derecha--, hay documentos que demuestran cómo las empresas de la familia Mouriño se beneficiaron con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Juan Camilo era ya servidor público. La información la da a conocer la revista Contralínea que, en la edición 95 correspondiente a la segunda quincena de febrero y bajo la firma de la reportera Ana Lilia Pérez, documenta cómo el grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia Mouriño, logró contratos de Pemex por casi 100 millones de pesos, mediante el procedimiento de adjudicación directa. Bajo las órdenes de Calderón, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Mouriño presidió la Comisión de Energía y en ese carácter participó, el 6 de noviembre de 2000, en una asamblea general extraordinaria de GES y la empresa Ivancar, en la que se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de ese grupo empresarial, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas” para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. De acuerdo con la información documental de la revista, un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Pemex Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años. Continúa la revista: “El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar. “El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex. “Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño. “El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002. “El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación. “Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.” Esta información de la revista Contralínea, que en su edición precisa que buscó a Mouriño y a todos los organismos y personajes interesados, fue retomada por Andrés Manuel López Obrador para acusar a Mouriño de ser un traficante de influencias, un señalamiento que, sin duda, quedará sin respuesta oficial, igual que en el caso de la dudosa mexicanidad del funcionario federal. Pero una cosa es segura: Como ya es habitual, la defensa y el debate en estos como en cualquier tema no viene del gobierno federal ni del Partido Acción Nacional (PAN), sino de las cuadrillas de portavoces oficiosos en radio, televisión y medios escritos. Tal comportamiento en los medios no es fortuito y forma parte de la involución que padece la República: Como con los priistas, se reproducen las formas de abyección al poder, en las que Mouriño, por ejemplo, busca poner en práctica las enseñazas del “profesor” Carlos Hank González, incluyendo la sentencia de que “un político pobre es un pobre político”. Y aunque ha sido menos favorecido que Mouriño, Calderón busca ponerse a nivel con su subordinado, como lo dijo él mismo en Puebla, en abril de 2005: “A todos nos gusta mandar y ser obedecidos, ¿a poco no? A todos nos gusta tener mucho dinero y a todos nos gusta el placer.” La vía, entonces, es la privatización de los recursos energéticos que Calderón, Mouriño y sus socios pretenden. Como diría el primero, “¿A poco no?”