El candidato del Presidente

La verdad es que somos incorregibles. Reformas electorales van y vienen; tres grandes partidos se alternan en el poder federal, estatal y municipal; el Congreso es un protagonista real del proceso de gobierno y las restricciones con que se topa el Presidente para ejercer autoridad son cada día mayores. No obstante todos estos cambios indudables, seguimos pensando la sucesión presidencial en los términos del pasado. Así, creemos que el candidato del partido en el gobierno no será otro más que el señalado por el Presidente de la República. El cliché ha servido para apoyar la aparente intención del presidente Calderón de ejercer los privilegios que derivan de su posición como primer panista de la nación, y designar al candidato de su partido, como antes lo hacían los presidentes priístas. De manera que son inútiles los esfuerzos en que han puesto tanto empeño para llamar nuestra atención los precandidatos distintos del secretario de Hacienda. La opinión mira preferentemente hacia donde mira el presidente Calderón. De ahí que sean justos los reclamos que le hacen de favorecer a Ernesto Cordero, pues introduce en la competencia todo el peso del Poder Ejecutivo, y tiende a condenar a la irrelevancia los procedimientos internos del partido de selección de candidatos.

Contrariamente a lo que nos dejaba esperar la transición, hemos vuelto a un vocabulario que creíamos para siempre superado. Hablamos de madruguete (pues, ¿qué otra cosa fue la carta de apoyo a Cordero firmada por 134 legisladores panistas?), de cargada, del candidato del Presidente. Podríamos explicarnos este comportamiento en términos culturales, pero al hacerlo tomamos la salida fácil y, sobre todo, negamos la posibilidad de cambio. Así somos porque así hemos sido. Resulta mucho más complicado examinar la subordinación del partido al Presidente a partir del equilibrio entre instituciones –en este caso la Presidencia de la República y el PAN–, y hacernos la pregunta de si acaso, una vez en el poder, el partido pierde autonomía, sobre todo en cuanto al funcionamiento regular de sus procesos internos.

Al igual que en el pasado, a más de un año del día de la elección, el proceso se ha impuesto a nuestra perspectiva del acontecer político. Interpretamos lo que ocurre, y lo que puede ocurrir, a la luz de la competencia por el poder, entre los panistas, y entre ellos y los demás partidos. Las palabras de Cordero adquieren el significado que les imprime su condición de precandidato favorito del Presidente. De entrada cualquier declaración del secretario de Hacienda –quienquiera que éste sea– es en ella misma importante, pero adquiere un mayor alcance cuando a la trascendencia del cargo le sumamos la posición que le ha atribuido el Presidente en la carrera por la candidatura del PAN. Cuando Cordero habla de desempleo o de poder adquisitivo del salario mínimo, sus observaciones no son meros comentarios a la política del actual gobierno, lo que dice es escuchado como si se tratara de un programa futuro de gobierno, su participación en actos públicos es entendida como actos de campaña. Lo son. Pero lo peor de todo es que desde hace unas semanas sus decisiones están, previsible e inevitablemente, permeadas por sus aspiraciones presidenciales.

En este respecto valdría la pena que Cordero y el Presidente, ambos, recordaran las consecuencias catastróficas de que las aspiraciones presidenciales guíen el comportamiento y las decisiones de funcionarios ambiciosos. En 1962, como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena estuvo dispuesto a posponer una devaluación que era necesaria, con tal de no molestar al presidente López Mateos que tal vez lo designaba su sucesor. En la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría estuvo dispuesto a mostrarle al presidente Díaz Ordaz y al gobierno de Estados Unidos que él tenía la capacidad de controlar a los comunistas en México; desde la dirección de Pemex, Jorge Díaz Serrano quiso construir su candidatura presidencial a partir de precios del petróleo y metas desmesuradas de producción.

Hasta ahora no sabemos si Ernesto Cordero tendrá la capacidad de aislar sus obligaciones al frente de la secretaría, de sus aspiraciones presidenciales, y cruzamos los dedos para desear que la tenga y que la ambición no nuble su capacidad de juicio. Son pocas las muestras que ha dado de su talento político, y en las últimas semanas ha lanzado un desafío retórico que es francamente muy desafortunado. Le ha dado por decir que 10 años de gobiernos del PAN han hecho más por el país que 70 años de gobiernos del PRI. Semejante aseveración da prueba de ligereza intelectual, y de ignorancia, así no sea más que de historia económica. En las siete décadas de historia nacional que Cordero descalifica con tanto desenfado, la población se incrementó nueve veces, el país se industrializó, se formó el Estado, las clases medias se expandieron, el analfabetismo fue abatido, se elevó la media de escolaridad de la población de dos a nueve años; y así podríamos seguir enumerando los diversos aspectos de la modernización del país que se desarrollaron en los años que gobernó el PRI. Y lo invito a comparar, y a que demuestre que tenemos más que agradecer a la obra de desmantelamiento que llevó a cabo el gobierno de Vicente Fox, que lo que hicieron sus antecesores. Más todavía, yo le preguntaría a Ernesto Cordero si él vive mejor o peor que sus papás y que sus abuelos. La respuesta me interesa, porque habla como precandidato y lo último que necesitamos es un presidente que descubra el hilo negro.

El diplomático

Cuando decimos de alguien que es muy diplomática(o), normalmente evocamos la capacidad de esa persona para tratar temas difíciles en forma suave, que logra evadir el conflicto. Es posible que su modo sea cortés, aunque indirecto, que se guarde en el corazón sus verdaderas opiniones antes que exponerlas abiertamente, o que las exprese de tal manera disimuladas por circunlocuciones y perífrasis que no se le entienda nada. Lo que importa es evitar la confrontación. Por esa razón, para muchos es más que tenue la línea entre la hipocresía y un comportamiento diplomático.

Este estilo puede ser muy irritante cuando no se trata de profesionales de la diplomacia; pero el funcionario de política exterior será un desbocado si no respeta la etiqueta y emite libremente sus opiniones sobre el país de destino ahí mismo. Así lo hizo John Gavin, embajador en México del presidente estadunidense Ronald Reagan en los años 80, y así se ganó la hostilidad del gobierno de Miguel de la Madrid y de amplios sectores de opinión que le reprocharon las críticas que hacía repetidamente al sistema político, que en ese momento abonaban los avances del PAN en el norte del país. No faltó quien pidiera su expulsión por injerencista y grosero; pero el costo para el presidente mexicano habría sido elevado, porque Reagan se habría negado a retirarlo, y el presidente mexicano hubiera tenido que apechugar el desaire. Así que mal haría uno en esperar opiniones francas, cara a cara, de quienes se dedican a cultivar buenas relaciones entre los países, pues su función no consiste en decirnos cómo nos ven, sino en hacernos creer que nos ven como nosotros queremos que nos vean. Así hablamos más con él o ella, le damos más información, le contamos las historias que circulan por ahí, y le ayudamos a hacer su trabajo.

De un diplomático en funciones se espera que oculte de sus anfitriones la opinión que le merecen, porque no es necesariamente buena –es más, la probabilidad de que sea ofensiva es alta; ¿y cuál es la necesidad de ofender?–. Ahora bien, el diplomático está comprometido a transmitir su honesta opinión sobre el país a las autoridades del gobierno que representa. ¿Habría que reprocharle que haga su trabajo? Todo esto viene a cuento por la muy desafortunada petición que hizo el presidente Calderón a Washington, para que removiera al embajador Carlos Pascual, a raíz de que los documentos de Wikileaks revelaron sus pareceres acerca de algunos funcionarios, y su evaluación de la política de combate al narcotráfico. A menos de que se haya tratado de una finta dirigida a la opinión pública mexicana, que vería en la petición a un gobierno defensor de nuestro honor, la solicitud de remoción –que han reiterado los senadores– no tiene ningún sentido, y parece fundada en la ignorancia del arte de la diplomacia.

No hay más que asomarse a los archivos de los ministerios de relaciones exteriores de cualquier país para entender que la labor de quienes trabajan en una embajada es formarse opiniones a propósito de funcionarios, políticos, empresarios, intelectuales, acontecimientos, políticas de gobierno, y todo cuanto sea pertinente para que con base en esa información, sus superiores, los responsables de la política exterior, decidan qué hacer. No es raro que las opiniones sean negativas. Puede ser también que los reportes sean pobres, que estén sesgados o que resulten de plano equivocados; pero el embajador que los elabora no está traicionando la confianza de nadie. Simplemente está haciendo su trabajo. Y si hizo olvidar a sus interlocutores que él representa a un país cuyos intereses contradicen a los locales, ese es un problema de sus interlocutores y una victoria del embajador. Por ejemplo, en 1945 un reporte del embajador de Estados Unidos, George Messersmith, describía al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Castillo Nájera, como un histérico; y el embajador Bateman de Gran Bretaña se refirió a él como indolente. ¿Se hubiera justificado solicitar la remoción? De ninguna manera, como tampoco se justifica el rencor del presidente Calderón hacia el embajador Pascual.

No cuesta mucho trabajo imaginar reportes similares de la embajada cubana, de la soviética en su tiempo y, desde luego, esperamos que los embajadores mexicanos también hagan su trabajo, porque si los estadunidenses eso dicen de nosotros, nosotros de ellos también tenemos mucho que decir.

La privatización de la escuela pública

La distribución de propaganda del Partido Nueva Alianza (Panal) entre los alumnos de primaria de las escuelas de Baja California Sur, que reportó La Jornada (17/01/2011), es una de las expresiones más grotescas de la debilidad gubernamental y de la arrogancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de su lideresa. Es también una prueba de que las corporaciones del antiguo régimen son hoy tanto o más poderosas que en el pasado, y un lastre para nuestra frágil democracia. No obstante, lo más escandaloso de este caso es que una vez más los maestros del sistema público han demostrado que sus intereses particulares están por encima de su responsabilidad magisterial, y del interés del niño, o de la niña. De esta manera, se está imponiendo la privatización de la educación pública; y yo me pregunto, ¿cuál puede ser la autoridad moral de un maestro que está movido fundamentalmente por la determinación de defender la presencia de un partido que no tiene ideología propia, que es un parásito del SNTE, cuyos recursos sostienen las tácticas de movilización partidista y las estrategias electorales? En lugar de que sean líderes de sus comunidades por sus virtudes, son individuos poderosos que se imponen por el temor que infunden –por ejemplo, de suspender clases si no se les dan las posiciones que exigen en el gobierno, como ocurrió recientemente en Tamaulipas–, o por las componendas que proponen –comisiones a cambio de buenas calificaciones–. Basta aplicar un examen de ortografía, de matemáticas o de historia de México a un grupo de adolescentes, para comprobar el elevadísimo costo que el poder del sindicato de maestros ha significado para nuestras niñas y niños. Basta escuchar las entrevistas espontáneas a simples transeúntes, para no mencionar a muchos de nuestros legisladores, cuya capacidad de expresión verbal es nula, que transmiten la radio y la televisión, para preguntarnos ¿qué hemos hecho de la educación?

Por estas y muchas otras razones resulta indignante que ante el reporte de las actividades del Panal en las escuelas de Baja California Sur, por una parte, las autoridades educativas nacionales y locales reaccionen timoratas y se escuden en un "Yo no sé, voy a ver", y por la otra, el partido de Elba Ester Gordillo sostenga que está actuando "a favor de los derechos de los niños". De veras que se están riendo de nosotros en nuestras barbas. ¿Derecho a qué? ¿A ser un vehículo para que ese partido, que no tiene más aspiración que alimentar la capacidad de influencia de su lideresa, obtenga información sobre los padres de familia? ¿Derecho a tomar como modelo de comportamiento ejemplar a los líderes magisteriales? ¿Derecho a las clases de civismo que imparte día con día un partido al que sólo le interesa medrar del cambio democrático, y que cuando así lo hace corroe esas mismas instituciones que le han permitido florecer? ¿Derecho a aprender que la política es sólo abuso?

Hubo un tiempo en que la educación pública era considerada una prioridad del país próspero, democrático y optimista que queríamos construir. Recordemos simplemente los recursos invertidos en libros de texto, desayunos escolares, construcción de escuelas. Hoy, sin embargo, este tema fundamental para el futuro ha sido relegado a segundo, si no es que a tercer término, frente a los intereses de corto plazo de los maestros, como lo demuestran los análisis de Gilberto Guevara Niebla y los resultados de la prueba PISA. El deterioro de la educación pública está estrechamente asociado con la privatización, es decir, con el hecho de que el SNTE se ha apropiado de ella, para transferirla al Panal, su brazo electoral. Y este partido la utiliza para negociar con otros partidos apoyo a sus muy particulares demandas. ¿Qué puede enseñar a los niños un gremio que mira con toda naturalidad cómo su dirigente pasa de una alianza con el PAN a otra con el PRI, sin ningún tipo de explicación?

La buena disposición de los gobiernos panistas a ceder la escuela pública al SNTE refleja muchas cosas, pero entre otras la más perversa es el desprecio que al PAN siempre le ha inspirado la educación pública, en la que no cree ni ha creído jamás. Ingenuamente se ha aferrado al prejuicio de que la educación privada es mejor, y piensa que así es porque ahí no hay sindicatos ni derechos para los maestros. Lo peor de todo es que el desastre educativo no se detiene en las puertas de la escuela privada, ni siquiera porque está al abrigo del SNTE. Pero los panistas, y una proporción importante de las clases medias, así lo creen, sin más fundamento que su propio y acendrado antisindicalismo. Por esa razón, ¿qué puede importarles lo que pase en las escuelas públicas? “Al fin que –dirán los panistas– siempre han sido malas”.

Sepulcros blanqueados

Un juez federal condenó al Comité Nacional Provida a pagar al gobierno de la República 22 millones de pesos de un total de 34 que recibió el sexenio pasado para apoyar sus actividades de protección de la vida, y de ayuda a la mujer. Se comprobó que esta asociación –que es una organización de laicos que depende de la autoridad de la Iglesia católica– desvió esos dineros en beneficio personal de sus miembros, pues para comprobar sus gastos Provida entregó facturas apócrifas que emitieron empresas ficticias. Así concluyó una investigación que se inició en abril de 2005, cuando la Secretaría de la Función Pública determinó que funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, no habían cumplido con su obligación de supervisar los gastos de Provida.

Según la SFP, en lugar de gastar los recursos que le fueron destinados, gracias en buena medida a las presiones del entonces diputado Luis Pazos, en los fines que justifican su existencia, el Comité Nacional Provida los dilapidó en la compra de plumas Cartier, tangas y ropa para caballero. Además de la multa que se les ha impuesto podría sugerirse un cambio de nombre. ¿Qué les parece: Comité Nacional Probuenavida? La denuncia de la corrupción de Provida se añade a los problemas recientes que ha tenido que enfrentar la Iglesia, provocados por los abusos cometidos por sacerdotes en contra de niños que estaban bajo su cuidado. Por esa razón resulta increíble que algunos obispos mexicanos hayan elegido estos momentos tan graves para la Iglesia católica en todo el mundo, para lanzarse contra disposiciones legales –el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de estas parejas a adoptar niños– que, según ellos, son un ataque directo a la familia y a la inocencia infantil. ¿Y no fue eso lo que hizo Marcial Maciel?

La metáfora de los sepulcros blanqueados a que hace referencia el título de este artículo fue la expresión que utilizó Jesús –según el Evangelio según san Mateo– para señalar a los fariseos, cuya apariencia suntuosa ocultaba podredumbre. Sepulcro blanqueado es sinónimo de corrupción y de hipocresía, y hoy parece perfectamente aplicable a autoridades católicas que solapan comportamientos ilícitos, como el desvío de recursos públicos, fraudes millonarios de algún connotado miembro del clero o, peor aún, la pederastia. Ahora que conocemos la historia de Marcial Maciel nada parece más hipócrita que el escándalo que hacen los obispos mexicanos, que bien conocían sus tropelías, para presentarse como defensores morales de la sociedad.

La erosión de la autoridad moral de la Iglesia católica ha sido una de las consecuencias más graves de los escándalos que ha provocado el conocimiento de las duplicidades y de los vicios de Maciel. De suerte que cuando cardenales y portavoces del Episcopado se lanzan contra la Suprema Corte de Justicia para descalificar sus decisiones, es inevitable preguntarle: ¿y tú con qué autoridad hablas, si uno de tus grandes santones fue un corruptor de menores, drogadicto, comerciante de favores celestiales y defraudador profesional?

Las vulgares y agresivas expresiones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez contra los ministros, los homosexuales y el jefe de Gobierno de la capital también ponen en evidencia que los seminarios en los que se forman las sacerdotes no escapan a la catástrofe educativa del país. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, los sacerdotes mexicanos hoy no son hombres ilustrados ni doctos, sino que se comportan exactamente igual que el lamentable líder universitario que fue El Mosh, de triste memoria. Las declaraciones del cardenal revelan tanta imprudencia como falta de vocabulario e incapacidad de argumentación. Acusar a los ministros de la Corte de que fueron maiceados traiciona principios de la Iglesia y mandamientos como el de no levantarás falso testimonio, y en tanto no pruebe con evidencia material firme su dicho, aquel de que Marcelo Ebrard pagó a los ministros para que votaran a favor de la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, su acusación sólo será una calumnia. Además, con el antecedente de Maciel y de la enconada defensa que hizo de él en el pasado, ¿quién le va a creer a Sandoval?

¿De regreso al presidencialismo?

Una de las primeras tareas que emprendió Felipe Calderón al llegar a la Presidencia de la República fue la reconstrucción de la imagen y de la autoridad de una función pública central que había sufrido los desvaríos y las vulgaridades de la pareja Fox-Sahagún. La tarea no era fácil, pues no sólo había que proyectar en la opinión pública la dignidad que reviste la posición de jefe del Poder Ejecutivo, un objetivo que conducía sin remedio a la exhibición de los excesos del populismo de su predecesor y correligionario, sino que Calderón debía llevar a cabo esa reconstrucción en el contexto de una sociedad partidizada que al inicio de su gobierno no había superado la polarización que habían propiciado la campaña electoral y la disputa poselectoral. Esta experiencia dejó una huella profunda en las actitudes de Felipe Calderón hacia el encargo presidencial, de manera que, paradójicamente, mientras las fracturas partidistas de la opinión se han atenuado, la visión de gobierno del Presidente sigue siendo estrictamente panista. La opinión pública así lo intuye. De ahí que la respuesta a los llamados a la unidad nacional frente al crimen organizado hayan resultado hasta ahora pólvora mojada.

En principio, los regímenes presidenciales tienen la ventaja del mando unificado que con frecuencia hace falta en los regímenes parlamentarios. Durante el sexenio anterior vimos todo menos eso. Cada uno de los miembros del gabinete jalaba en la dirección que le dictaba su –suponemos– leal saber y entender, mientras Vicente Fox posaba para el Hola. Ahora, en cambio, el presidente Calderón pretende evitar la cacofonía gubernamental del pasado mediante la concentración de la autoridad, pero no hay que olvidar que eso también supone la concentración de la responsabilidad. De manera que si las cosas marchan mal en turismo será su culpa, al igual que lo será el pobre desempeño de la economía; sin embargo, el Presidente parece dispuesto a correr este riesgo.

Los últimos nombramientos en el gabinete sugieren que Felipe Calderón responderá a cualquier desafío de alguno de los suyos a su autoridad o a su posición en el corazón del sistema político. En lugar del secretario Fernando Gómez Mont, personaje con luz propia, designó a un oscuro político bajacaliforniano una de cuyas credenciales determinantes es su amistad con el Presidente. Su predecesor también era su amigo –y suponemos que lo sigue siendo–, pero esa no es su única virtud y nada sugiere que Blake Mora haya recibido, junto con la oficina de Bucareli, la astucia o la habilidad de Gómez Mont. Al designar a un su amigo, miembro de su partido, cuya capacidad política fue brutalmente exhibida por los resultados electorales recientes en los que Acción Nacional perdió en su estado todos los municipios, el presidente Calderón nos está diciendo que de ahora en adelante el secretario de Gobernación será él. Probablemente nos manda el mismo mensaje con el nombramiento de Bruno Ferrari en la Secretaría de Economía, quien, a diferencia del Presidente, que tiene una maestría en esa materia, ostenta una formación profesional orientada más hacia la presidencia del Movimiento Familiar Cristiano que hacia la promoción de la inversión y del empleo. A menos de que el Presidente esté pensando en la conveniencia de multiplicar la experiencia de las empresas familiares.

Sea como sea, la situación económica es el eje de las preocupaciones de los ciudadanos en México, como en el resto del mundo. La popularidad del presidente Calderón, como la de Barack Obama en Estados Unidos o la de Nicolas Sarkozy en Francia, depende de un tema sobre el cual ejercen un control limitado: el comportamiento de la economía. De suerte que el nombramiento de Bruno Ferrari en Economía es una operación de alto riesgo político, y es probable que con todo y el problema de la seguridad, para la opinión sea mucho más importante la perspectiva de la actividad económica que los asuntos de las elites políticas que son la materia de trabajo del secretario de Gobernación, es decir, las relaciones entre el Presidente y los legisladores, o con los gobernadores.

Nadie puede desafiar la autoridad presidencial para la integración del gabinete. Intentarán hacerlo algunos legisladores, pero la Constitución le atribuye la facultad de designar a sus secretarios (de él, que no ministros del gobierno, como lo serían en un régimen parlamentario). Algunos observadores maliciosos verán en la reconstrucción del poder y de la autoridad presidenciales nostalgia del pasado, o la intención oculta de reconstruir una Presidencia priísta. Si ese es efectivamente el propósito del Presidente no podemos augurarle éxito. No cabe duda de que el presidencialismo de los tiempos del PRI tenía grandes ventajas para un proceso de toma de decisiones expedito. No obstante, reconstruirlo se antoja una tarea imposible. La fuerza que han ganado los partidos políticos con la democratización no va a desaparecer, sobre todo si el ejercicio de la autoridad presidencial se concentra en los miembros del partido del Presidente.

Cuando el PAN estaba en la oposición

Cuando el PAN estaba en la oposición cumplía una importante función de vigilancia que era un poderoso disuasivo para los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priístas. Fueron estos últimos los que introdujeron cambios en la administración pública con el fin de frenar la corrupción, por ejemplo la Secretaría de la Función Pública –originalmente llamada Secretaría de la Contraloría–. Ahora no hay quién vigile a los panistas –la autoridad moral de los otros partidos en ese respecto es más bien limitada–, que se comportan igual, si no es que peor, que los priístas de los años 70. Favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados a operaciones especulativas, tráfico de influencias, caracterizan a las administraciones panistas que al inicio se nos presentaron como una orgullosa parvada de mirlos blancos. El temor a la Contraloría introdujo orden en la administración gubernamental; los funcionarios del pasado respetaban a esa instancia y cumplían con sus requerimientos. Ahora no es así. Hace unas semanas la Secretaría de la Función Pública presentó una larga lista de funcionarios, entre ellos muchos de primer nivel, que no habían hecho su declaración patrimonial. Una omisión que hubiera sido impensable antes de 2000.

Así, las amargas noticias que recibimos a diario a propósito de la violencia en el país, el desempleo y el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, son todavía más amargas cuando se publican al mismo tiempo notas que refieren la corrupción de funcionarios panistas. Tanto ha sido el empeño de Felipe Calderón de colonizar la administración pública con miembros de partido, que en la selección de presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales, embajadores, ha pasado a segundo término no sólo la competencia profesional, sino también la honestidad. Lo mismo ha ocurrido con varios candidatos panistas que, no obstante su mala fama pública, se presentan ante el electorado arropados en los pliegues del PAN. Al igual que en los peores momentos del PRI, su propósito fundamental es acogerse al fuero legislativo.

El escándalo más reciente lo protagoniza Francisco López Tostado, que fue subsecretario de Sagarpa hasta 2006, y que ahora funge como delegado de la misma secretaría en Guanajuato, su estado de origen. Se le acusa de beneficiar gracias a un contrato multianual a una empresa del Bajío, Lograar, de la que él mismo y su hijo son accionistas, para la distribución de un biofertilizante subsidiado. Por cierto, no deja de llamar la atención la prosperidad de mucho guanajuatense asociada con el gobierno de Vicente Fox. La información a propósito del señor López Tostado y de su hijo proviene de la Secretaría de la Función Pública, que afirma que es el resultado de una investigación que está en marcha desde hace meses. No obstante, no parece haber muchas indagaciones de esta naturaleza, pese a que más o menos todos los días la prensa da a conocer las numerosas denuncias que se presentan contra funcionarios de distintos niveles –la mayoría de filiación panista–, que no distinguen el interés público de sus intereses privados, y tampoco conocen el significado del concepto conflicto de intereses, y les parece natural otorgar contratos a sus parientes y a sus amigos, con la peregrina idea de que sólo la credencial partidista distingue al funcionario honesto del funcionario deshonesto. Esta interpretación nos recuerda los bobos prejuicios del ex presidente Fox, de triste memoria, en relación con la Presidencia de la República o con el mismo PRI, que según él no estaban sujetos a ninguna regla, sino que respondían a los caprichos personales del presidente en funciones. Así intentó gobernar. Y así nos fue.

Una de las banderas históricas de Acción Nacional fue la lucha contra la corrupción. A finales del siglo XX, la promesa de que con sus candidatos en el poder llegaría a su fin fue uno de los motores de su victoria. Por desgracia, ahora ninguno de los tres partidos grandes puede prometernos un gobierno honesto, porque carecen de credibilidad. Los tres han sido –o son– gobierno, y han incurrido en grandes actos de corrupción. Ninguno de ellos puede erigirse en defensor del interés público, como logró hacerlo a ojos de muchos el PAN cuando estaba en la oposición. Este atributo le ganó el apoyo circunstancial de muchos, un sostén que difícilmente podrá recuperar. Tendrían que saber que la corrupción desprestigia a la democracia tanto o más que el mal gobierno.

Dos pesadillas

Los trágicos acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez en las últimas semanas materializan una de las peores pesadillas de Estados Unidos: un caos en la puerta de su casa, como Andrés Oppenheimer tituló hace años un libro de escándalo sobre México. Sólo que en el origen de esta pesadilla no estarían ya el PRI, un gobierno autoritario, o un proceso electoral que hubiera desatado la violencia política y desencadenado una amplia desestabilización. El principal protagonista de esta pesadilla es el crimen organizado, que ha desarticulado amplias áreas de la sociedad juarense, a la que mantiene secuestrada y bajo amenaza de muerte. La diferencia entre la inestabilidad política y la inestabilidad derivada de crímenes del orden común no es menor, pues mientras en el primer caso no podía atribuirse ninguna responsabilidad al gobierno de Estados Unidos; en el segundo caso la violencia criminal en la zona fronteriza está vinculada con el hecho de que ese país es el mercado más grande de consumo de drogas, que espolea el tráfico de estupefacientes, y es también el principal proveedor de armas de alto poder de que disponen los narcotraficantes. Por consiguiente, se trata de un asunto bilateral cuya solución demanda la cooperación entre los dos países.

Una de las peores pesadillas que agobian a los estadunidenses es la llegada de una amplia ola de mexicanos, que huyen de su país expulsados ya sea por la pobreza o por la violencia, política o criminal. Poco importa. El resultado sería el mismo: una fuerte presión desestabilizadora sobre los servicios públicos –educación y salud– de las ciudades fronterizas de Texas, Arizona y California, sobre el mercado de bienes raíces, sobre el empleo, los salarios y la seguridad pública. Asimismo, habría que prever la exacerbación de tensiones sociales, derivada del nerviosismo que siembran comentaristas antimexicanos –como Rush Limbaugh y Lou Dobbs, que renunció a CNN en noviembre pasado y que está considerando iniciar una carrera política– que han hecho fortuna gracias al prejuicio racista. Pensemos únicamente en el impacto destructivo que tuvo el arribo masivo de refugiados palestinos sobre el tejido social libanés, o las razones de fondo que llevaron a Miguel de la Madrid a participar activamente en la solución de los conflictos centroamericanos en los años ochenta. Esta decisión poco tuvo que ver con la política exterior, y mucho con el temor a que los refugiados de la violencia en Guatemala, por ejemplo, desestabilizaran una región de frágiles equilibrios como es el sureste mexicano.

La cooperación en asuntos de inteligencia y de seguridad es una estrategia natural para dos países que comparten 3 mil kilómetros de frontera, que descansa en el presupuesto de que la seguridad y la administración de esa frontera peculiar es responsabilidad de ambos países. Es como si un vecino no informara a otro de que ha visto a un ladrón merodeando los alrededores. Si guarda silencio se hará un enemigo del vecino ignorante si éste es asaltado. Sin embargo, en el caso de la relación bilateral entre México y Estados Unidos la cooperación plantea dilemas de difícil solución que se derivan de las dimensiones de la asimetría entre México y Estados Unidos, pues las diferencias entre los dos países imponen a la cooperación un tono rijoso, distinto del que normalmente rige las relaciones de cooperación. Cuando se intenta traducir la decisión de un trabajo conjunto en instituciones o en medidas concretas aparecen las enormes diferencias que los separan: uno estará tentado de imponerse, y otro tendrá la tentación de resistir el trato, aun cuando ambos resulten perdedores.

La pesadilla de los mexicanos es la intervención de la policía o del ejército de Estados Unidos en territorio nacional, entre otras razones porque normalmente adonde llegan, se quedan. En otras circunstancias y lugares el asesinato de dos ciudadanos estadunidenses ha sido justificación suficiente para una intervención de esta naturaleza. Si ocurriera sería un escándalo internacional, pero, a fin de cuentas, las razones del poderoso podrían apoyarse en las crecientes dificultades del gobierno del presidente Calderón para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, una intervención policiaca o militar de Estados Unidos en nuestro territorio sería un golpe mortal para el presidente mexicano –un efecto que probablemente buscan los narcotraficantes, pues el ataque a los funcionarios consulares tiene olor a provocación–. Washington rehúye este efecto, al menos es lo que revelan las declaraciones del presidente Obama, de la secretaria de Estado Hillary Clinton, y de Janet Napolitano, responsable del poderoso Departamento de Seguridad Interior, que se han apresurado a expresar su apoyo al gobierno mexicano. En estas condiciones, la cooperación, con sus costos y ambigüedades, es la única manera de conjurar las dos pesadillas.

Persépolis, Mx.

La jerarquía católica ha decidido poner un ¡Hasta aquí! a la sociedad moderna en México. No es su iniciativa, simplemente está cumpliendo con las instrucciones vaticanas que ordenan defender el derecho a la vida y el concepto tradicional de familia. Ha lanzado en consecuencia una ofensiva en la que no está sola, pues cuenta con el apoyo del gobierno federal, del PAN y –aunque a usted le sorprenda– del PRI.

No obstante patronos tan distinguidos, cabe preguntarse qué tan lejos puede llegar una política a contrapelo de la sociedad. Otras experiencias indican que el éxito de una ofensiva de esta naturaleza requiere del apoyo del Estado para imponerse, es decir, las autoridades religiosas por sí solas no tienen el alcance ni la capacidad para llevar a cabo un proyecto que va en contra de las pulsiones sociales que hoy en día están por la diversidad, por la tolerancia y por el respeto a los derechos individuales de mujeres y de hombres.

Es muy desafortunado que el gobierno del presidente Calderón se haya involucrado en esta ofensiva; no se entiende que abra un nuevo frente de batalla, ahora, cuando tiene que lidiar con tantas emergencias: desde los terroríficos ataques del narco, que en Ciudad Juárez acaba de exhibir su indiferencia a la guerra que el gobierno libra en su contra, hasta su proyecto de reforma política que es una de sus grandes apuestas para el futuro.

Como si le faltaran adversarios, el gobierno ahora se ha lanzado contra costumbres, creencias y comportamientos sociales, y mediante un cambio constitucional se propone una transformación de valores, porque la mayoría de las encuestas que se han levantado a propósito del matrimonio entre personas del mismo sexo indican que más de la mitad de la población está de acuerdo con una ley que norme esa posibilidad.

No hay muchas probabilidades de que se materialice la intención de revertir la ley del Distrito Federal al respecto: es previsible una derrota, y Dios sabe que una derrota es lo último que necesita el presidente Calderón en estos momentos. Pero si llegara a ocurrir, si efectivamente fuera declarado inconstitucional el matrimonio gay –o la ley para la interrupción del embarazo– estaríamos ante el triunfo del integrismo católico con el apoyo de la Presidencia de la República. Entonces, el Estado mexicano habrá dejado de ser laico.

Este tipo de batallas tienen un potencial destructivo nada despreciable. En 1979 la revolución iraní se lanzó contra todo lo que era occidental: daba la casualidad que todo eso también era moderno. Los mullahs se empeñaron en echar para atrás el reloj y obligar a mujeres y hombres a que se ciñeran a los códigos morales y de relación social del Islam. El costo fue muy elevado, tanto en términos personales como para el desarrollo de Irán que perdió mucho del capital de conocimiento y de los recursos humanos que había acumulado los años anteriores.

Persépolis, la novela gráfica de Marjani Satrapi, es un relato autobiográfico de esa sorprendente y dolorosa experiencia de una sociedad que fue obligada a caminar como cangrejo, hacia atrás. La obra de Satrapi recoge las penas que causa la intolerancia, la enajenación de muchos de la vida social, y el empobrecimiento que acarrea el pensamiento único y la moral única que dictan autoridades político-religiosas, ciegas y sordas a las demandas de una sociedad que se le escapa sin remedio.

Trasladar la experiencia de Persépolis a México puede traer dos tipos de consecuencias: uno, que las leyes sean ignoradas simplemente porque entre sus disposiciones y la sociedad real hay un amplia brecha; dos, que surjan conflictos en el seno de la sociedad por la confrontación entre los defensores de la Iglesia y de sus tradiciones, y los partidarios del Estado laico, de la democracia, de las libertades individuales, de la diversidad y de la tolerancia.

Es posible que haya entre nosotros núcleos integristas, probablemente todos ellos anidados en León, Guanajuato, pero no todos somos de allá ni de Guadalajara o de Querétaro. La existencia en nuestro país de una sociedad moderna, que rechaza la religión clerical del pasado, que defiende el derecho de las mujeres a decidir, y los derechos de las minorías sexuales, ha sido medida por la Encuesta Mundial de Valores que dirige desde hace varios años Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan. Sus resultados para México muestran que la sociedad se ha secularizado, que los valores religiosos han pasado a segundo lugar, y que la Iglesia católica es sólo una institución entre muchas otras. ¿Eso es lo que se proponen cambiar? Está más fácil la reforma política.

Para celebrar el 2010

Sólo los políticos pueden preguntarse qué tenemos que celebrar los mexicanos este año que comienza. En cambio historiadores, sociólogos, economistas, politólogos y los especialistas comprometidos con la producción de conocimiento antes que con la formación de opinión podrán decirnos que son muchas las hazañas que debemos conmemorar. La historia de México es más diversa, rica y compleja que la historia de sus presidentes, de los jefes revolucionarios o de los partidos políticos, en particular el PRI, que es la obsesión de quienes pretenden explicar todo el pasado a partir de su hegemonía de cuatro décadas. Es curioso cómo en esa terquedad se encuentran sus defensores y sus detractores, y, cómo en una imagen especular, mientras unos le atribuyen todo lo bueno, los otros todo lo malo. El año 2010 es una oportunidad para que revisemos esta empobrecedora obcecación.

Hemos tenido 200 años de vida independiente y han pasado 100 desde que se inició la revolución que definió el perfil autoritario del Estado que nos gobernó durante casi todo el siglo XX, y de la Constitución que nos sigue gobernando. Ese mismo Estado que sentó las bases de la modernización, de los cambios sociales y económicos que nos han conducido al país complejo, contradictorio y turbulento que es México a principios del siglo XXI. Ciertamente, en este momento estamos lejos del país próspero que hemos buscado ser; tampoco somos una gran potencia dueña de sus decisiones, pero, ¿quién lo es? ¿España, cuyo gobierno parece el convidado de piedra en una crisis económica en la que la tasa de desempleo se mantiene a la alza desde hace meses (25 por ciento en diciembre de 2009), y que no puede devaluar dadas las restricciones que le impone la pertenencia a la Unión Europea?

Nuestra historia ha transcurrido por abigarrados procesos de cambio social, económico, político y cultural que escapaban al control de cualquier partido o presidente, e incluso del Estado. En ella intervinieron los políticos, pero también pensadores, pedagogos, médicos, arquitectos, ingenieros, poetas, artistas, diplomáticos, maestros rurales y urbanos, empresarios, artesanos, agricultores, rancheros, obreros, religiosos, militares, indígenas y una multitud de personajes que en forma individual o colectiva orientaron nuestra trayectoria. También habría que revisar la visión que narra esa historia como una fatalidad, como una cadena de acontecimientos predecibles y predeterminados, bien ordenados por una inteligencia maquiavélica y privilegiada (¿Porfirio Díaz? ¿Plutarco Elías Calles?) que, sin dudas ni titubeos, habría logrado materializar su voluntad de control en la hegemonía del PRI. A invitación de Mauricio Tenorio Trillo, hay que releer a Edmundo O’Gorman, quien deseaba una “…historia imprevisible como lo es el curso de nuestras mortales vidas; una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y desventuras…una historia liberada de la camisa de fuerza de una supuestamente necesaria causalidad…una historia espejo de las mudanzas, en la manera de ser del hombre…” y evitar que en la comprensión del pasado se "opere la degradante metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable".

Si leemos en ese talante nuestra historia descubrimos la capacidad de reacción de los líderes ante lo imprevisto: la derrota de Europa en 1945; la creatividad ante las restricciones de realidades difíciles: la inmutabilidad de la geografía y la transformación del ya poderoso vecino del norte en la única superpotencia mundial, y la que acicatearon las situaciones de crisis: la respuesta de los habitantes del Distrito Federal a los sismos de 1985; la generosidad que inspiraron los proyectos de largo plazo –aunque hayan fracasado–: la modernización misma; o la prudencia que guió muchas decisiones dolorosas, pero necesarias. También veremos la capacidad de negociación y compromiso, el terror a la confrontación social, pero sobre todo podremos reconocer que el pasado no es unidimensional y recuperar su riqueza. Ésta es la única manera de capturar el significado de 2010.

Una lectura liberada de las intenciones políticas más obvias –por ejemplo, denunciar el autoritarismo, que ha sido el propósito fundamental de lo que podemos considerar la historia oficial de la segunda mitad del siglo XX– promete una comprensión más profunda de las fracturas políticas de la sociedad. Nuevas investigaciones sobre nuestro pasado inmediato nos darán respuestas menos simplistas a propósito del autoritarismo. Por ejemplo, ¿quién reconoce en el PRI de 1946 el fracaso de una propuesta presidencial? ¿Cuál fue la responsabilidad de la izquierda en la prolongación del autoritarismo? Habrá que hacernos muchas de las preguntas que se atrevió a formular Octavio Paz en los años ochenta. Un mejor conocimiento del pasado también ofrece la oportunidad de entender los problemas más allá del estereotipo, y diseñar reformas apropiadas para remediarlos, en lugar de dar palos de ciego mareados por los libertarios que denuncian el intervencionismo estatal, o por la cantinela autoritaria del "proyecto de nación" que repetimos hace décadas.

El censo de 2010

El gobierno de Felipe Calderón sabe bien el trabajo que cuesta reconstruir, pues el propósito de muchas de sus decisiones ha sido enmendar las consecuencias de las pifias de su antecesor. Los procesos de la administración pública, la continuidad de instituciones fundamentales para el funcionamiento del país, incluso la política exterior, sufrieron una disrupción significativa durante el periodo 2000-2006, y no precisamente por las buenas razones. En esta materia Vicente Fox se dejó guiar por sus prejuicios ideológicos y por deseos de venganza contra el PRI. De ahí, y por la desesperación mercadológica de ofrecer "productos novedosos", su decisión de mochar el águila nacional, o pintar con los colores del arco iris la publicidad de su gobierno.

Sin embargo, nada es gratis. Por ejemplo, los altísimos costos de las políticas de seguridad pública se explican porque Fox, por ignorancia, desidia o dejadez, prefirió no decidir al respecto, y la pasividad destruyó lo que había o agravó los problemas. Este antecedente y el esfuerzo que ha hecho la actual administración por levantar algunas de las ruinas que encontró sugerían que no habría más destrucción institucional. Sin embargo, la propuesta del Inegi para el Censo de 2010 apunta en otra dirección.

Aludiendo razones presupuestales, el Inegi, que es el eje de articulación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ha formulado un cuestionario para el Censo de Población y Vivienda de 2010 que modifica el que se aplicó en 2000, y deja fuera información muy valiosa para el conocimiento de la realidad social de nuestro país y para la planeación de políticas de gobierno. En un documento resultado de una discusión con representantes del Inegi que tuvo lugar el 17 de noviembre, y firmado por 10 miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, se apuntan los efectos del recorte al cuestionario en términos del conocimiento y de la información que demanda la planeación y el diseño de decisiones de gobierno.

Entre los muchos riesgos que acarrea la ausencia de estos instrumentos básicos destaca el de que el partidismo, la ideología y el prejuicio sustituyan la información y dicten las políticas públicas.

Los demógrafos firmantes, entre quienes destacan el presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, René Zenteno, y experimentados investigadores de El Colegio de México, como Beatriz Figueroa, Brígida García y la directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de la misma institución, Silvia Giorgouli, apuntan que para que el censo dé cuenta de las características y transformaciones de la dinámica demográfica es necesario que se incluyan preguntas relativas a situación conyugal, hijos nacidos vivos, lugar de residencia en los últimos cinco años, condición de actividad, rescate de la condición de actividad y rama de actividad. Sostienen que esta información es indispensable para diseñar los programas nacionales de salud, población y desarrollo. Sin embargo, esta información es indispensable no sólo para los funcionarios –aunque no lo crean– y para los especialistas en cuestiones poblacionales. La información censual es uno de los instrumentos más confiables para los estudiosos de los fenómenos sociales, económicos y políticos en el país. Flaco favor hace al conocimiento esta decisión de las autoridades de Inegi que se han mantenido sordas a las reflexiones y propuestas de los especialistas.

Para responder a las restricciones presupuestales los demógrafos plantean que las preguntas que incluye el cuestionario propuesto por el Inegi para 2010 relativas a religión, discapacidad y derechohabiencia a servicios de salud, sean planteadas de manera resumida y simplificada. Si uno mira el detalle de estas preguntas desde la malicia del politólogo, entonces uno sospecha de la negra mano de la ideología en la selección de las preguntas: a un panista no le interesa tanto la información económica, al cabo ése es un asunto privado; la religión, en cambio, le parece crucial para entender a la sociedad.

Cuando en abril de 2006 se votó la autonomía del Inegi y su categorización como una agencia estatal, ajena a los intereses partidistas y de gobierno, muchos aplaudimos con entusiasmo, en la creencia de que se daba un paso hacia la modernización del conocimiento y la transparencia de la información. Lejos estábamos de suponer que Acción Nacional extendería su brazo hasta esta institución, para colonizarla con personas que más que especialistas son militantes confiables.

La advertencia

"Sobre advertencia no hay engaño", dice el dicho, así que si en el sexenio 2012-2018 nos gobierna la opacidad, la arbitrariedad y el abuso sólo se llamará a sorpresa el desmemoriado o el hipócrita. La decisión de los legisladores del PRI de entregar dilatados recursos a los gobernadores y al mismo tiempo bloquear los mecanismos que los hubieran obligado a rendir cuentas y transparentar el destino de su gasto, es una pista de cómo gobernarán si vuelven al poder.

De los priístas puede decirse lo mismo que dijo el príncipe de Talleyrand de los aristócratas franceses cuando volvieron del exilio adonde los mandó la Revolución: Ils n’ont rien appris, ni rien oublié. Así ellos, los priístas. No han aprendido nada, y tampoco han olvidado. No actúan como si la derrota no hubiera ocurrido, sino con la arrogancia del perdedor que sabe que el tiempo le dará la oportunidad de volver, aunque sea por las malas razones. Así que lo harán, pero con deseos de vengarse del partido que los venció, así como de los ciudadanos que les dieron la espalda. Su comportamiento en los gobiernos estatales y en el Congreso indica que su objetivo es la pura y simple restauración con un toque de venganza.

Me atrevo a hacer esta profecía tan pesimista porque el mismo PRI no ofrece ningún indicio que nos invite a mirar su posible regreso al poder con entusiasmo. En primer lugar, no ha hecho una autocrítica. A diferencia de todos los partidos que pierden elecciones y que se someten a un examen de conciencia para encontrar las causas de la derrota, hasta ahora el PRI no ha asumido su responsabilidad en los resultados de 2000. Se ha limitado a consolar a sus candidatos derrotados, acogerlos con ternura en su seno y hasta premiarlos, como si quisieran compensar el rechazo del pueblo. Han denunciado a los traidores, pero no ha habido una revisión concienzuda de las razones que dentro del propio PRI explican ese rechazo popular. En consecuencia, tampoco ha habido cambios ni reformas de ninguna naturaleza, ni siquiera una renovación generacional –a no ser por los jóvenes gobernadores. Sin embargo, ¿dónde están los reformadores, los jóvenes turcos, los Carlos Madrazo del siglo XXI? Los jóvenes priístas se han mimetizado con el PRI existente, y hoy son viejos prematuros. Confiados en que el descontento con los gobiernos panistas será impulso suficiente ni siquiera buscan integrar una plataforma renovada, atractiva, no proponen nuevas ideas, sólo viejas fórmulas. No hay discusiones ni debate, ni siquiera un simple intercambio de ideas, sólo reacciones al entorno. El PRI de hoy se parece como una gota de agua al PRI de ayer, menos la delgada capa tecnocrática que emprendió en los ochenta las últimas reformas económicas y políticas profundas en el país.

Exagero. Ha habido novedades. La más importante, y la más escandalosa, es la renuncia del PRI a los principios del Estado laico, una de las pocas tradiciones que podían todavía ganarle apoyo y que lo diferenciaban del PAN. El papel que han jugado los priístas de los estados en la contrarreforma en relación con la despenalización del aborto parecería ser el único arrepentimiento al que están dispuestos. O ¿cómo podemos interpretar su voto sobre este tema en los congresos locales? Es una ironía. Se arrepienten de haber votado leyes progresistas, que protegen y defienden los derechos de las mujeres; pero no se arrepienten de sus errores del pasado, de la descomposición del aparato partidista que se aceleró en los años noventa, de las malas decisiones de gobierno, tampoco del dispendio en que incurrieron e incurren –sobre todo en publicidad–, o de su incapacidad de renovación ideológica o programática.

Sobre advertencia no hay engaño. ¿Cómo gobierna Ulises Ruiz en Oaxaca –como ha tenido a bien recordarnos con los anuncios televisados que se transmiten en el Distrito Federal, de su quinto Informe de gobierno–? ¿Qué promete el desvergonzado nepotismo del gobernador de Coahuila, Humberto Moreyra? ¿Cuánto nos costaría a nivel federal el culto a la personalidad que sin pudor alguno promueve Fidel Herrera en Veracruz? ¿Estamos preparados para que el Diario Oficial sea desplazado por las revistas de celebridades como Quién y Caras en un futuro gobierno del encopetado Enrique Peña Nieto? ¿Qué nos espera de un partido cuya actuación en el Congreso está movida única y exclusivamente por intereses particulares, que no son ni siquiera los de los priístas, y cuyo potencial depende sólo de los errores del gobierno en turno?

En el pasado el PRI no tenía voluntad porque estaba sometido a la autoridad del presidente de la República. La mayor tragedia que le ha ocurrido a ese partido no es tanto que haya perdido la Presidencia de la República, y con ella el norte de sus acciones, sino que la han sustituido con los cabilderos de poderosos grupos de interés, de líderes empresariales y obispos; son ellos los que dictan las propuestas de los priístas, eligen a sus representantes, determinan su orientación.

Hay quien piensa que nunca es demasiado pronto para hablar de sucesión presidencial. A inicios de la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón el tema parece más bien una excusa para no mirar de frente lo que está pasando aquí y ahora; es una manera de escapar a la urgencia del presente. Sin embargo, es desde ahí que miramos al futuro, y la práctica priísta que se observa es en sí misma una advertencia tan descorazonadora como pueden ser los gobiernos panistas, o la pedacería a que ha quedado reducida la izquierda. En esas condiciones y para que 2012 no sea una fatalidad, el trágico destino de la transición, se impone una nueva reforma electoral que abra la puerta desde ahora a nuevas formaciones políticas jóvenes, novedosas, independientes y ágiles.

El Diktat

Los gobiernos de Acción Nacional y sus aliados políticos han emprendido una ofensiva contra la libertad de las mujeres, en obediencia a los dictados de la Iglesia católica. No se trata de una decisión oportunista. Los miembros de ese partido están realmente convencidos de que el derecho a la vida entra en vigencia desde la concepción, tal como establece la Iglesia. En consecuencia, lo han incorporado a su plataforma donde el compromiso con este principio religioso se repite hasta tres veces. Es la única oferta de campaña que han logrado materializar en política de gobierno. Tanto así que en 16 estados de la República –y no todos ellos gobernados por panistas– se han introducido reformas legislativas que cancelan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo –aun cuando sea resultado de una violación–, y se ha penalizado severamente el aborto.

El PRI, en cambio, exhibe su oportunismo y su sed de votos y disposición a aliarse hasta con la Iglesia, al apoyar esta ofensiva que contradice su identidad y su historia, ambas comprometidas con la defensa del Estado laico. Para los priístas no tendría que ser materia de negociación, pues la criminalización del aborto es una violación al principio constitucional de separación de Iglesia y Estado.

En enero de este año la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, votó el dictamen final relativo a la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el argumento, entre otros, de que valores y principios constitucionales están comprometidos con una ética laica (La Jornada, 14/1/09). A esos valores y principios han renunciado los legisladores de aquellos estados que hoy en día penalizan el aborto en algunos casos con condenas superiores a las que reciben los narcotraficantes. Votaron como si viviéramos en un Estado integrista que no distingue la vida pública de la vida privada. La decisión de tener un hijo pertenece a la estricta intimidad de la mujer, nada tiene que hacer en ese ámbito el Estado. Es increíble que para los legisladores sea más sencillo votar la penalización del aborto que una reforma fiscal o la modernización de la legislación liberal, asuntos éstos mucho menos complejos que la decisión de interrumpir un embarazo.

Los enemigos del derecho a decidir de las mujeres argumentan que la despenalización del aborto se presta a decisiones frívolas: “… si a la juventud le damos permiso para que se deshaga de ‘un problema’ en forma sencilla nunca va a aprender a asumir responsabilidades ni a pagar consecuencias, vamos a crear jóvenes irresponsables sin moral ni sentimientos, porque van a aprender a deshacerse de lo que les estorbe de una manera fácil”.

La idea de que el aborto es la salida fácil a los costos de una conducta fácil revela los prejuicios que todavía gobiernan la imagen de la mujer de muchos como un ser sin mucho seso. Sin embargo, si dejamos de lado los casos de violación o de riesgo para la vida de la madre, e incluso del feto, se ha demostrado que la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no son adolescentes descocadas, sino mujeres adultas, muchas casadas y con hijos. En estos casos la decisión es resultado de la reflexión y de una evaluación ponderada –y no por ello menos desgarradora– de los problemas que entraña tener un hijo más. Nadie decide interrumpir un embarazo como quien descarta un par de zapatos apretados, una mera incomodidad. Normalmente, se trata de una dolorosísima decisión que plantea dilemas morales –que no necesariamente religiosos–, cuya solución es un nudo de espinas.

Si la decisión de interrumpir un embarazo puede ser frívola, igualmente frívola puede ser considerada la decisión de seguir adelante con el embarazo cuando las condiciones no son favorables para la salud o el bienestar de la madre, o de la niña/niño que nazca.

La penalización del aborto condena a muchas mujeres a adentrarse en el mundo del engaño, extorsión y riesgos de las operaciones clandestinas. A principios de los 70, cuando yo era adolescente, una de mis amigas creyó que estaba embarazada porque se había retrasado su menstruación. Con el apoyo confundido de su novio decidió que estaba embarazada; después de mucho llorar y rezar, concluyó que no podía tener un hijo, no era ni siquiera mayor de edad. Le dieron la dirección de un médico muy discreto, experto en esos asuntos. Me contó que nada era tan parecido a los cuadros literarios más siniestros de una sala de abortos que la habitación amplia, fría y oscura de la calle de Río Amazonas, donde la recibió el viejo doctor cuyo aspecto le provocó escalofríos, a pesar de la bata blanca y muy almidonada, pero algo muy amenazante había en esas largas manos nudosas. La examinó y le confirmó un embarazo de seis o siete semanas. Le pidió que regresara dos días después. Mi amiga salió de allí. Lloró y rezó, y menstruó…

Hasta la fecha me pregunta por ese charlatán que –de no haber sido por la intervención de la Santa Biología– la habría anestesiado durante 40 minutos, le habría hecho creer que había abortado, le habría cobrado y la habría condenado a vivir a perpetuidad con culpa. Claro que si esta historia hubiera ocurrido hoy en día en Guanajuato, en una de ésas mi amiga estaría en la cárcel.

En manos de Lutero

Uno de los reclamos sostenidos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido el control para sí de la educación nacional. Lo ha logrado gracias a la alianza con gobiernos panistas, y el costo para los niños mexicanos es, ha sido y será impagable: entregar al SNTE la Secretaría de Educación Pública es poner la Iglesia en manos de Lutero, como dirían los entendidos. El arreglo político entre los panistas y el liderazgo magisterial es una ironía de la historia.

El combate contra el sindicalismo priísta, como el que encarnaba el SNTE en el pasado, fue una de las banderas de Acción Nacional, que no se cansaba de denunciar los abusos de este sindicato, su presencia como obstáculo a la libertad de enseñanza, su subordinación a intereses políticos inmediatos, la corrupción de los mecanismos de contratación de los maestros, la incompetencia, la ausencia de compromiso con la educación de los niños. En fin, la lista era bien larga. Asimismo, el PAN representaba para el magisterio mexicano de origen revolucionario, el enemigo del conocimiento, de la razón, el defensor del oscurantismo clerical y de los curas que en los años 30 ordenaron cortar las orejas de los maestros de la educación socialista.

Cambió el partido en el gobierno, hace años cambió el liderazgo sindical, pero nadie se atrevería a afirmar que el SNTE ha cambiado. Muchos de los vicios que se le señalaban antes siguen presentes, pero ahora realzados por la fuerza política sin precedente que ha adquirido. Sin embargo, parecería que la organización tomó por sorpresa a los panistas, que fue una novedad para Vicente Fox y lo es ahora para Felipe Calderón, porque le han descubierto unas virtudes democráticas que a los demás se nos escapan. ¿Qué no fueron compañeros de tertulia Fox y Elba Ester Gordillo en aquello que se llamó el grupo San Ángel? Seguro entonces tuvieron oportunidad de medirse el uno al otro.

Tan grande es la capacidad de influencia del SNTE que para promover sus intereses muy particulares tiene un partido en la Cámara, un antiguo secretario de Educación en una de sus curules, el control nepótico de la subsecretaría de enseñanza primaria, algunas gubernaturas, y una lideresa más fuerte y decidida que decenas de políticos, que luce siempre como una Juana Gallo de punta en blanco y a la última moda.

Desde su posición de poder el SNTE trabaja según sus prioridades: primero, más poder y dinero para el liderazgo sindical; luego, mejores sueldos para los maestros, más vacaciones para los maestros, mejores prestaciones para los maestros, menos horas de trabajo para los maestros, nada de evaluaciones para los maestros, y, por favor, que a nadie se le ocurra cursos de actualización ni molestias de ese tipo, porque los maestros están muy ocupados. Es más, si de reformas educativas se trata, que sean con material conocido porque nada consume más tiempo que los esfuerzos de renovación. Por cierto, nada de nuevos libros de texto que tengan temas difíciles, como Asia y África, porque no hay bibliografía; y, según carta de Pilar Candela a La Jornada (02/9/09), los de libros de ciencias deben contener información manejable para maestros cuya formación científica deja mucho que desear. En estas condiciones, cualquier material que les sea desconocido resulta inadmisible.

La defensa de los intereses de los agremiados es la razón de ser del sindicato. Por esa misma razón Elba Ester Gordillo es una gran lideresa. Nadie duda que la guía de sus acciones es el bienestar de los agremiados del SNTE, así que mal haríamos en reprocharle que cumpla con su misión. El problema de fondo es que el éxito que ha tenido puede medirse en la profundidad de la brecha que separa los intereses de los maestros de los intereses de los niños mexicanos que necesitan más horas de clase, menos paros magisteriales, mejores materiales de trabajo, enseñanzas que respondan a los avances contemporáneos del conocimiento. Los niños mexicanos necesitan maestros que les enseñen a leer y a entender lo que leen; a escribir y no de oídas, sino a partir de lo que leen. ¿A quién le importa que estos niños hablen náhuatl o inglés como segunda lengua, si no conocen el español? Si nuestros niños llegan a la secundaria con una caligrafía incomprensible, incapaces de verbalizar una idea, de comprender un texto, aunque puedan "leer" sólo juntando sílabas y formando palabras, la prioridad es el español. Enseñar bien a leer y escribir es enseñar a pensar.

La fuerza del SNTE ha crecido en relación inversa al mejoramiento de la educación nacional. El fortalecimiento del sindicato de maestros lo que ha demostrado es que sus intereses son distintos, y hasta se contradicen con los intereses de los niños mexicanos. Es preciso recordar que no hay maestro sin alumno; y que un magisterio así de ensimismado pierde su razón de ser, se vuelve otro grupo de interés, uno más totalmente absorto en la lucha por el poder, para el cual los niños no pasan de ser una ruidosa molestia.

¿Quién quiere ser diputado?

En estos tiempos de desempleo y de jubilaciones forzadas –aunque se apliquen a septuagenarios–, la Cámara de Diputados se ha convertido en una apetitosa alternativa. Las condiciones de admisión son mínimas, pero varían en cada caso. Es decir, cada partido demanda atributos personales distintos. Por ejemplo, los perredistas requieren de su personal pulmón, fuerza física suficiente para empujar curules, bloquear portones, un vocabulario florido y buena disposición para recibir instrucciones. Los panistas, en cambio, esperan reclutar a personas bien peinadas, persignadas, con capacidad para engolar la voz y cantar himnos, y buena disposición para recibir instrucciones. A los priístas les basta con que sus representantes tengan capacidad de aguante y buena disposición para recibir instrucciones. El Partido Verde busca diputados que puedan hablar en voz alta, a pesar de que traigan una papa caliente en la boca, viajados, que sean jóvenes de buen ver, comprometidos con la defensa de los valores del ahora maduro Niño Verde, y que tengan buena disposición para recibir instrucciones. El Partido del Trabajo y Convergencia convienen en que sus representantes tengan buena disposición para recibir instrucciones, aunque éstas provengan de ultratumba.

En términos generales puede aspirar a una diputación cualquier persona de buena voluntad; la afiliación partidista que ostente en la Cámara dependerá de su habilidad para cumplir con los requisitos particulares que demanda cada fuerza política. Parecería que todas coinciden en recomendar a personas con iniciativa que se abstengan de participar en la competencia por una candidatura.

En México, llegar a la Cámara de Diputados hoy no es sueño de patriotas –por algo será que este término haya pasado de moda–, sino que se ha convertido en la aspiración de quienes, queriendo hacerse millonarios, prefieren el camino fácil de las prerrogativas, las compensaciones, sueldos enormes, los bonos y aguinaldos, la exención de impuestos, viajes y celulares pagados, los regalos de los intereses particulares a cambio del esfuerzo mínimo de levantar un dedito en la votación indicada. Y, no lo olvidemos, ese dedillo –que ya no es el dedazo del pasado– también está protegido por el fuero que debería defender a los Belisarios Domínguez de ese mundo, pero como de ésos ya no hay ni pocos ni muchos, el fuero ha quedado reducido a una medida más de impunidad. A diferencia de nuestros diputados, los concursantes en programas de televisión que aspiran a ganar grandes cantidades de dinero necesitan conocimientos, a veces triviales, a veces sofisticados, una buena dosis de audacia, iniciativa, creatividad e imaginación. Curiosamente, los atributos que en un diputado serían muy mal vistos.

El diputado Gerardo Priego puso el dedo en la llaga. El pasado martes devolvió a la Cámara de Diputados más de un millón de pesos (La Jornada, 19/8/09), de los cuales más de 820 mil le fueron devueltos por concepto de viajes no realizados. De esta manera quiso exhibir los abusos en que incurren los diputados, que no son tales en la medida en que muchos de estos gastos y privilegios están estipulados en reglamentos y acuerdos administrativos. Todos estos beneficios bastan para que podamos exigir a los legisladores más trabajo, y no sólo legislativo. Necesitamos diputados que conozcan las leyes, que sepan de los procedimientos parlamentarios; los miembros de las comisiones tendrían que ser personas enteradas de su materia de trabajo. No por ver televisión es uno experto en telecomunicaciones, no por vivir en la ciudad de México se puede uno declarar urbanista, y no por ser mujer es una experta en temas de género. Y, sin embargo, éste es el tipo de argumentos –más o menos disfrazados– que sostienen a algunos personajes en lo que en realidad es para ellos tierra ignota.

Antes de que un diputado ocupe por primera vez su curul, tendría que someterse a un examen mínimo de conocimientos: ¿Qué quiere decir la palabra presupuesto? ¿Qué significa la noción conflicto de intereses? ¿Cuál es la diferencia entre déficit y superávit? ¿Qué quiere decir parlamento? ¿Canonjía es el nombre de un sitio arqueológico en Chihuahua? La persona que responda correctamente a estas preguntas podrá ser diputado por tres años. ¡Felicidades!

Los miembros de la División de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han recibido feroces ataques por el trabajo que han hecho en la revisión del caso Acteal. Ahora, se les pretende señalar porque la institución a la que pertenecen recibe financiamiento de una fundación estadunidense. Nada hay de extraño en este apoyo. Durante años, el EZLN y la diócesis de San Cristóbal han recibido millones de euros de fundaciones en Austria, Holanda y Alemania, entre otros países. Los ataques contra el trabajo de los colegas del CIDE pueden ser leídos como un capítulo más de la intolerancia que aqueja a un sector importante de la opinión pública.

http://www.soledadloaeza.com.mx

Orfandad política

Desde hace algunas semanas entre nosotros discutimos y nos devanamos los sesos acerca de las elecciones del próximo 5 de julio. Pero, a diferencia de lo que ocurre normalmente en estas épocas, antes de decidir por quién vamos a votar, nos hemos puesto a pensar si realmente queremos votar, porque al hacerlo estamos delegando nuestra voluntad y nuestra representación a un partido y a un personal político que no han hecho nada por ganarse nuestra confianza. Todo lo contrario. Desconfiamos de ellos por el comportamiento indigno de muchos legisladores, que se han creído que el recinto de la Cámara es la Arena México; por la incapacidad de no pocos de concentrarse en estudiar y entender los problemas de sus electores, atender sus demandas, ofrecer soluciones viables; el desenfado con que reforman la Constitución y otras leyes; por la reputación que se han ganado como agentes de poderosísimos intereses privados. Es tan mala su reputación que cuando se les vincula con el crimen organizado, muchos lo creen, aun sin ninguna evidencia. Por todas estas razones no son pocos los casos en que nos avergüenza identificarnos como simpatizantes de un partido o de un candidato, o que nos asocien con alguno de ellos.

A diferencia de lo que piensan muchos que así lo han expresado, el movimiento por la anulación del voto no es un problema de los votantes; no somos nosotros los que carecemos de actitudes democráticas o de compromiso con nuestras instituciones. Responsables de nuestro rechazo son los partidos que han actuado con una ligereza de adolescentes y se han repartido, y pretenden seguir repartiéndose, el pastel del poder, aunque en el camino hayan debilitado al IFE, al Poder Legislativo, a la administración pública y a prácticamente todas las instancias de gobierno. No hay más que pensar en la cesión de la Lotería Nacional –y de la subsecretaría de Educación Básica– al liderazgo del SNTE; la distribución partidista de las posiciones en el IFE, o la pertenencia al PAN como condición para ingresar al servicio público que –en consecuencia– ha sido privatizado.

Los partidos son responsables de las imágenes y las opiniones adversas que cuestionan su compromiso con los ciudadanos. Hace unos días, el periódico Le Monde hablaba de la orfandad en que las izquierdas europeas habían dejado a sus electores, engolosinadas en sus conflictos internos y en un perpetuo proceso de fragmentación. La misma figura podríamos aplicarla a votantes mexicanos que, dado el ensimismamiento de los partidos, hemos quedado a merced de sus intereses, de sus vanidades y de su mezquindad que exhiben sin escrúpulo. Peor todavía, si la política es un espectáculo, los ciudadanos nos hemos visto reducidos a la condición de voyeurs a quienes les toca nada más mirar el reality show que protagonizan nuestros políticos. En estas circunstancias el voto de castigo –por ejemplo, sufragar por la oposición al partido en el poder– no funciona, porque ninguno de los partidos, ni grande ni chico, escapa a esta condición.

Lo más revelador del estado deplorable en que se encuentra nuestra democracia es el hecho de que las primeras provocaciones que nos llevaron a preguntarnos si estábamos dispuestos a entregar nuestro voto a los partidos provinieron de las jóvenes generaciones. Mujeres y hombres menores de 30 años empezaron a cuestionar el para qué del voto, casi como un reproche generacional: los jóvenes no están dispuestos a recibir pasivamente la democracia contrahecha que queremos entregarles. Para ellos, ante un escenario partidista desolador, no hay argumentos en favor de tomarse el trabajo de votar, pero los hay para llevar a cabo un acto de protesta. Así nació, por una parte, la propuesta de anular el voto y manifestar la irritación que nos producen partidos, diputados, candidatos y campañas bobas; por la otra, en cambio, se pensó en presentar una candidatura independiente que exprese un rechazo a todo lo que nos ofrecen hoy día los partidos, pero como no está permitida por la ley, tendrá el mismo efecto que la primera opción: conducirá a la anulación del voto.

Estas opciones han impulsado un movimiento de opinión más o menos amplio; al menos lo suficientemente importante como para inquietar a los partidos. ¿Cuál es la amenaza? Después de todo, con que reciba un voto cualquiera de los candidatos llegará a la Cámara. En la medida en que sospechamos que es lo único que les importa, debe serles indiferente el número de sufragios; muchos candidatos habrá que incluso cuentan con el abstencionismo para ganar. Entonces, ¿por qué están tan alarmados?

Las razones de la preocupación me parecen evidentes. Supongamos que, como lo indican algunas encuestas, el voto nulo alcanza 10 por ciento del total de sufragios emitidos. Si a este resultado le sumamos 60 por ciento de abstencionismo previsto, una tasa normal en comicios para la renovación de la Cámara, tendríamos solamente 30 por ciento de participación efectiva. ¿Cuál sería la fuerza de las decisiones de legisladores con una representación así de reducida? ¿Qué tan comprometidos nos sentiríamos los ciudadanos con las leyes que votaran? Muchas de ellas podrían ser revertidas en el futuro con el argumento de que habían sido la obra de una Cámara inexistente, una Cámara huérfana de ciudadanos.

Enigmas

Mucho hablamos de transparencia, hasta creamos un instituto cuya misión es garantizar que podamos enterarnos de todo lo que pasa en el sector público, de la agenda de los funcionarios, a quién ven, con quién platican, cómo distribuyen su tiempo, cuánto ganan, cuánto gastan. Sin embargo, los funcionarios han encontrado en el lenguaje un instrumento eficaz para mantenernos en la oscuridad en lo que a sus opiniones e intenciones se refiere. Así lo sugieren las declaraciones públicas de muchos de ellos, que son enigmáticas de tan incomprensibles.

Tomemos como ejemplo la explicación que dio el martes pasado el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, de la actitud de los maestros frente a su sindicato (creo). Declaró críptico: “Se concibe poco la lucha por la calidad de la educación…”, ¿o sea?, y continúa el enigma “… desde la visión de los maestros sobre las contribuciones de un actor como el SNTE…” (Reforma, 28/4/09).

Si la oscuridad de esta aseveración fue intencional, hay que felicitar al señor subsecretario que se muestra con ello de una gran habilidad para ocultar sus opiniones, porque ¿qué quiere decir en este contexto el verbo concebir?, ¿quiere decir que la lucha por la calidad de la educación es inconcebible? Nos quedamos en ayunas, no sabemos qué piensa el funcionario sobre el tema, aunque hay que reconocerle su buena disposición a hablar con los medios.

Imaginemos que el tal enigma no fue intencional, y que en realidad así habla el subsecretario. Eso significaría que adolece del mal que en el pasado era conocido como cantinflismo, y que se ha agravado entre nuestros políticos y funcionarios, a pesar de democratizaciones, pluripartidismo y alternancias.

El subsecretario González Sánchez no es el único que tiene esta debilidad. También aqueja a muchos de sus colegas en el gobierno y, en general, en la vida pública que no saben expresarse con claridad. Basta recordar la incapacidad verbal de Vicente Fox, por ejemplo, cómo le gustaba decir que él era muy cándido, pero no porque se reconociera en un ingenuo como Manolín, el compañero de Shilinsky, dado que en español cándido significa simple, sino porque traducía del inglés; en ese idioma la palabra candid, significa honesto, directo, que era probablemente lo que Fox quería decir.

Su secretario de Educación, Reyes Tamez, tampoco era Demóstenes, y cada vez que hablaba en público era evidente la tortura que le significaba cada oración, el suplicio de encontrar la preposición adecuada, el desafío que le representaba traducir en palabras ideas que tal vez no eran muy claras. Es cierto que no podemos reprochar a los funcionarios su incapacidad oratoria, no todo el mundo tiene ese talento, pero tampoco hacen nada por desarrollarlo. Más todavía, los ciudadanos, que somos el público de los políticos, no tenemos por qué asumir la responsabilidad de desentrañar los enigmas con que a diario retan nuestro ingenio.

Este tema viene a cuento porque está en discusión la calidad de la educación. Desgraciadamente los problemas de expresión de los funcionarios son un reflejo de una de las deficiencias de mayor consecuencia de las escuelas mexicanas, públicas y privadas. Los funcionarios no saben hablar porque no aprendieron a hacerlo en la escuela, donde las reformas escolares de los últimos 30 años han seguido el modelo estadunidense que no atribuye en general ninguna importancia al verbo. Comparemos las entrevistas en la calle que reproducen los medios en Estados Unidos y en México, no es muy grande la diferencia entre las dificultades que experimentan los entrevistados en uno y otro país para expresarse a propósito de cualquier tema.

Para quienes nos dedicamos a la docencia, este problema de la expresión verbal y escrita salta a la vista incluso entre estudiantes que han terminado una licenciatura, pero muchos son los preparatorianos que no pueden escribir un ensayo, y que tampoco logran expresar con claridad sus ideas porque no tienen vocabulario, les falla la redacción, la sintaxis y la ortografía. Sus escritos, como las declaraciones de los funcionarios, están plagados de enigmas, que los maestros y profesores tenemos que desentrañar como Dios nos dé a entender. Esta incapacidad para expresarse refleja un problema todavía más severo: en más de un caso, el estudiante no puede escribir porque no ha entendido lo que leyó. No conoce el significado de las palabras, tampoco puede identificar el tono del texto que sugiere la puntuación y, por consiguiente, la intención del autor se le escapa.

Las deficiencias que aquí apuntamos se originaron en la primaria y simplemente no fueron remediadas en los ciclos posteriores, de suerte que se acumularon y perpetuaron hasta la educación profesional, como lo prueban nuestros políticos y funcionarios que están expuestos al escrutinio público, pero sería injusto pensar que sólo ellos cantinflean. Éste es un problema nacional que debe ser atendido antes de que a los niños se les enseñe inglés o computación, si es que no queremos más enigmas en nuestra vida pública.

Terceto encadenado

Las campañas electorales obligan a los partidos a concentrarse en sí mismos, al tiempo que ponen al descubierto la mecánica de sus relaciones. Entre nosotros la naturaleza de un sistema de partidos trino impone el ritmo y el tono de sus intercambios cuando compiten por el voto, al igual que los tercetos en serie que forman un poema en el que las rimas se alternan cada tercer verso. Así, cuando los panistas acusan de oportunistas a los perredistas, los priístas responden que el desprestigio de los políticos es inevitable; entonces los perredistas denuncian las "campañas negras", y los panistas insidiosos preguntan si alguien estaría dispuesto a meter la mano al fuego por tal o cual priísta bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico. Los perredistas llaman mentirosos a los panistas, y los priístas les reprochan a unos y otros la desconfianza que generan en la ciudadanía. Esta danza encadena a los partidos entre sí, porque toda acción provoca una reacción, pero también les permite evadir la presentación de alternativas para el gobierno del país; sus escarceos divierten a la galería, pero no la informan, y tampoco la inducen a reflexionar. Sus relaciones están dominadas por actitudes; en cambio, se cuidan de exponer ideas, si las tienen.

Los líderes nacionales de los tres grandes partidos, Germán Martínez, Beatriz Paredes y Jesús Ortega, se reunieron a debatir en el foro de discusión Espacio 2009, organizado año con año por Televisa, en beneficio de estudiantes universitarios de todo el país. De este episodio el fotógrafo José Carlo González captó tres imágenes publicadas por La Jornada el día de ayer (1º de abril de 2009), más elocuentes que 100 discursos de campaña. En la primera de ellas aparece Ortega arengando a la masa, con un gesto que merecía un pódium, pero que la crueldad de la silla baja en la que estaba acomodado reduce al pequeño ademán de quien se hunde indefenso en un pantano. Paredes, sometida a la misma silla cruel, levanta las cejas, resignada y descreída, pero sin maldad, mientras Martínez se burla sin recato. En la segunda imagen, una Paredes de plano aburrida ladea la cabeza enmelenada como quien oye llover y no se moja, mientras sus compañeros de debate se señalan mutuamente con el dedo, Ortega increpa, Martínez acusa mirando al público; pese a su carita de hartazgo, la dirigente priísta parece dispuesta a zapear al más necio con el micrófono que tiene en las manos, ¿o es un abanico? Tercera y última, Paredes se levanta, liberada por fin de la tortura de cuatro patas en la que había estado confinada, y juguetona, desenfadada y hasta coqueta, se toma la falda y dice: "Si se fijan, no tengo cola que me pisen". Ortega tiene cara de enojado, la broma no le cae en gracia, si es que la escuchó, pero Martínez mira con atención el punto al que señala su contraparte del PRI, como quien se cerciora de lo dicho.

Las actitudes de los dirigentes partidistas que recogió la cámara de González parecen reflejar los resultados de las encuestas recientes de preferencias electorales: el PRD y el PAN se disputan el segundo lugar, mientras el PRI espera tranquilamente los resultados que se anuncian muy buenos para el "partidazo" de antaño, con o sin cola. De hecho, con esta actitud Paredes desmiente su propia afirmación de que "nunca eché las campanas al vuelo", a propósito de los pronósticos optimistas respecto a los resultados de su partido en las elecciones de julio. Las imágenes también rinden cuenta de la dinámica que se ha instalado entre las tres fuerzas políticas, que es la misma que se impone al debate electoral: el PAN ha optado por la estrategia de "la mejor defensa es el ataque", en la que Martínez se siente muy ducho; al PRD le toca defenderse, como lo ha estado haciendo durante meses y, en primer lugar, de sí mismo; y el PRI, aunque molesto con los arponazos del PAN, ha adoptado la actitud del viejo sabio que está de regreso de todo, y que responde con mesura, llama a la prudencia, y –como aconseja un dicho árabe– se sienta a la puerta de su casa a esperar que pase el cadáver de su enemigo.

Nadie habrá de regatear a los tres grandes partidos nacionales su contribución al desmantelamiento del autoritarismo. El PRI no sólo aceptó la derrota en 2000, sino que antes apoyó las reformas electorales que condujeron a la transformación del votante y de los partidos; el PAN impulsó en forma decidida la movilización electoral que fue el corazón de la embestida antiautoritaria de los años 80, y el PRD ha formado un electorado propio, ha canalizado descontentos que de otra manera no podrían expresarse, y ha tratado, a veces, de ofrecer una alternativa de izquierda. Sin embargo, a casi 10 años del triunfo de la oposición en la elección presidencial, esos mismos partidos, tratando de preservar sus privilegios, se han encadenado unos a otros, ya no avanzan, sino que se mueven sólo después de mirar al otro, indiferentes a los ciudadanos, a los que también encadenan.

Estas ruinas que ves...

Desde hace meses parece que en México sólo se producen malas noticias. Las dimensiones del crimen organizado, de la crisis financiera internacional y de sus repercusiones sobre la economía nacional son tales que superan con mucho nuestra capacidad de intervención para solucionarlos. Como éstos hay otros problemas que parecen igualmente intratables. No así los que plantea el funcionamiento del Instituto Federal Electoral (IFE), y tal vez precisamente porque está más a nuestro alcance, ha sido más vulnerable a nuestros tímidos ánimos reformistas, y a las componendas entre los partidos. La última reforma al Cofipe así lo prueba. En ella quedó bien establecido que las tres grandes maquinarias electorales que dominan el escenario político, PRI, PAN y PRD, se reparten entre ellas alegremente las instituciones, indiferentes al efecto destructivo de sus arreglos. Como evidencia de la acción perniciosa de los partidos sobre nuestra vida institucional, basta con mirar al IFE, que alguna vez fue motivo de orgullo para todos, y que hoy en día es causa de desazón cotidiana.

Con todo respeto, como diría mi clásico, la competencia profesional de los consejeros elegidos en 2007 estuvo en entredicho desde el principio, aunque las dudas nacían mucho más del método con que fueron elegidos que de una evaluación ponderada de su capacidad profesional. Su elección, o designación, como se quiera, fue el resultado de una negociación entre los partidos y desde entonces se despertaron suspicacias a propósito de para quién trabajan estos funcionarios. ¿Para el partido que los eligió? Peor todavía, ¿para un grupo de presión? O ¿para sí mismos? La verdad es que son muy pocos los que creen que los consejeros trabajan para el Estado mexicano, su verdadero patrón. Desafortunadamente, al igual que las comisiones reguladoras que proliferaron en los años 90, el IFE ha sido capturado por intereses particulares, y así ha quedado comprometida su calidad de árbitro imparcial.

La relevancia política de la autoridad electoral independiente era explicablemente mayúscula en los primeros momentos de la transición, es decir, cuando se fundó el instituto. Era necesario que acreditara su eficacia y el carácter indispensable de sus funciones centrales, que son la organización y administración de las elecciones. Sin embargo, era deseable que una vez establecida su identidad como una pieza definitiva de la estructura democrática del Estado, pasara al trasfondo del andamiaje político. Desafortunadamente, no ocurrió así. Al IFE se le atribuyeron funciones como el registro de electores, la impartición de cursos o la publicación de libros –y, ¿por qué no?, conciertos y tés danzantes–, que poco o nada tienen que ver con la administración de los comicios. Se empezó entonces a alimentar un elefante blanco que crece sin cesar. Este mismo desarrollo lo convirtió en un codiciado objeto para los políticos, que vieron en el IFE la gallina de los huevos de oro; porque no únicamente es un instrumento de influencia, sino que también cuenta con enormes recursos que en principio se justifican por la diversidad de las tareas que desempeña. No obstante, a ojos de la opinión pública ahora el instituto contribuye sobre todo a inflar los costos económicos de la democracia.

Igualmente indeseable es el desarrollo del IFE como actor político beligerante, que es un efecto de la partidización que nos hemos resignado a aceptar. Aunque también esta evolución puede ser consecuencia de la última reforma que atribuyó al instituto funciones de vigilancia y sanción que, como hemos visto recientemente, no tiene capacidad para ejercer. En el contexto actual, de debilidad del Estado y fortaleza de los partidos, el IFE tiene que apoyarse en estos últimos para tratar de cumplir con los objetivos que le dicta la ley. A partir de este recurso se establece una relación de dependencia entre el Consejo General y los partidos, que da al traste con la presunción de independencia de la autoridad electoral.

La movilización de los votantes y los partidos políticos fue el corazón del cambio que puso fin al autoritarismo. En ambos casos el IFE fue decisivo, primeramente porque generó confianza entre los electores y, luego, porque contribuyó a que los partidos se ejercitaran en el arte de la negociación. Sin embargo, este ejercicio ha seguido un rumbo perverso porque los partidos han perdido de vista que uno de sus objetivos más urgentes es la reconstrucción del Estado, que es una instancia irremplazable de la vida democrática. Lo que parecen no haber visto los partidos es que la destrucción del instituto también tendrá consecuencias severas para ellos mismos: sin árbitro confiable, sus relaciones estarán a merced de equilibrios de fuerza que son, por definición, coyunturales.

El IFE es hoy, admitámoslo, una ruina, grandota y compleja, pero ruina al fin; como lo demuestra el fallido aumento de sueldo que se habían autoasignado los consejeros. Esta decisión puso al descubierto el agotamiento de la autoridad moral del instituto que había sido su única fuerza política.