La prerrogativa

Luis Javier Garrido

E

l 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.

1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el derecho a matar, como lo documentan múltiples casos.

2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamadapolítica antiterrorista del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que éstacapturó a miles de sospechosos (para ella) de ser terroristas y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo, en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticadosoperativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales en lugar de intentar capturarlos con vida (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.

3. Ese derecho de matar a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente una violación del derecho internacional. Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.

4. La doctrina Obama sobre el derecho a matar a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman eje del mal) y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter deestados a los países que albergan los que a su juicio son terroristas, todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.

5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el delderecho a matar. Las miles deejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.

6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado gabinete de seguridad –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.

7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado seguir estrechando (¿aún más?) los lazos en materia de seguridad, no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también de común acuerdo con Washington, en función de unmemorando de entendimiento.

8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.

9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que doscárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas,y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.

10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de¡Ya basta! debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.

Los vuelos

El gobierno de Felipe Calderón ha dejado en los últimos cuatro años de tomar decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional y de política económica y social, cediéndoselas en actos de abierta traición a México al gobierno estadunidense, a cambio de que mantenga al PAN en Los Pinos, con lo que ha enajenado seriamente la independencia y la soberanía de México y el bienestar de los mexicanos, y esto no hubiese sido posible sin múltiples complicidades.

1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada de Calderón, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas agencias) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un Estado fallido,

2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta guerra contra el narcotráfico, y que al hacerlo desde los centros de inteligencia que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la clase política, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.

3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.

4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.

5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.

6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de contrabando de armas como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.

7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.

8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada sociedad civil. La cuestión no es la de no haber transitado senderos legales para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni negociadas por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.

Los saldos

Luis Javier Garrido

Los analistas de la derecha están constatando que los términos de la contrarreforma petrolera aprobada por el Congreso mexicano no satisfacen las expectativas que tuvieron y ya están empezando a buscar responsables del fracaso, y el primero de ellos parece ser el español Juan Camilo Mouriño (titular de Gobernación), contratista y negociador de la aprobación, envuelto ahora también en otro escándalo: el ocultamiento por el gobierno calderonista de información vinculada con los posibles turbios tejemanejes de su padre, el socio y amigo de Fox.

1. La contrarreforma petrolera privatizadora de Felipe Calderón y los priístas salinistas, que culminó el martes 28 con otro bochornoso acto de aprobación ahora de los diputados, que votaron sin discutir en el pleno los textos legales y negándose a cualquier análisis, en una sesión irregular de la Cámara, con la tribuna tomada, y en la que la PFP y fuerzas armadas del Ejecutivo de facto rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro, no ha resuelto nada del futuro de la industria petrolera mexicana.

2. La afirmación de Felipe Calderón del miércoles 29 de que la aprobación fue “por consenso”, cuando más de 100 diputados votaron en contra es tan mentirosa como la de que “Pemex se va a fortalecer”. Para engrandecer la industria petrolera mexicana no se necesitaba ni se necesita ninguna “reforma” legal, sino voluntad patriótica, algo de lo que carece el gobernante espurio. Lo que él requería era contar con más garantías en la legislación secundaria de las que ya existen para disponer más libremente de la paraestatal a fin de ir entregando a pedazos la industria a las trasnacionales, y esto es lo que le dieron los legisladores abriendo rendijas en los nuevos principios legales.

3. El principal derrotado, no obstante haberse aprobado la contrarreforma oficial con el respaldo del PAN, del PRI y de los chuchos y cuauhtemistas del PRD, es, a pesar suyo, el propio Felipe Calderón, quien había propuesto a principios de abril una apertura total de la industria petrolera mexicana al capital trasnacional, y está refrendando a finales de octubre una serie de mezquinas contrarreformas que, además de evidenciarlo como vendepatrias, no le dan garantías suficientes para sus negocios turbios y además lo hacen fracasar en lo político. Había creído que con el proceso de contrarreforma mataría dos aves con una pedrada y salió trasquilado. El pacto de Mouriño con los chuchos y los cuauhtemistas del PRD no sólo no le permitió aislar a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento Popular, sino que éstos salen fortalecidos de la confrontación.

4. La mediocre contrarreforma petrolera de 2008 sí abre, violando abiertamente la Constitución Mexicana, nuevas vías privatizadoras, que a juicio del grupo calderonista podrían dar pie a una nueva oleada de “penetraciones hormiga” de la Repsol YPF y de otras trasnacionales, así como a los negocios que su grupo de amigos tiene proyectados, de ahí su júbilo el miércoles 29 ante Juan Carlos y Zapatero. No es suficiente, empero, para que otras grandes corporaciones puedan arriesgarse en operaciones de mayor envergadura, y eso es lo que ha suscitado el disgusto de Fox y de los salinistas. Los voceros de la derecha se han lamentado por ello de la reacción que tuvieron el martes 28 diversos consorcios petroleros de los Países Bajos, afirmando que estas modificaciones legales de corte neoliberal no constituyen garantía suficiente para las trasnacionales.

5. La aprobación fast track que hicieron los diputados de textos seudolegales contrarios a la Constitución Mexicana, sin discutir nada y negándose a escuchar a sus compañeros legisladores, ahonda, por otro lado, la crisis institucional de México, pues evidenció a los integrantes del Poder Legislativo, que de espaldas al país no representan más que a las burocracias de sus partidos y para defender intereses privados no dudan en pasar sobre las instituciones al avalar a ciegas acuerdos de las cúpulas partidistas.

6. Las multinacionales que pretendan invertir en México engañadas por la propaganda calderoniana, difundida por varias agencias desde el martes 28, diciendo que portions of the state-owned oil company Pemex will be privatised, como dice un boletín leído en Radio Netherlands el 28, han de saber que todas sus inversiones en la materia serán anticonstitucionales, pues, a pesar de lo que diga la contrarreforma, el artículo 27 de la Constitución prohíbe que se otorguen concesiones y contratos en materia petrolera, y el 28 consigna el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, por lo que el pueblo tiene el derecho inalienable de proceder contra sus intereses y deben atenerse a las consecuencias.

7. La aprobación fast track por parte de los diputados de textos legales que no conocían, contrarios a la Constitución Mexicana, y sin discutir nada, ahonda además la crisis institucional de México, pues evidenció a los legisladores que, de espaldas al país, no representan más que los intereses de las burocracias de sus partidos y muy probablemente a los de diversas multinacionales, y que no dudaron en pasar por sobre las instituciones del país al avalar a ciegas acuerdos de las cúpulas partidistas.

8. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo puede a su vez legítimamente prevalerse de un enorme triunfo, pues si la mezquina contrarreforma aprobada es contraria a los intereses del pueblo, la intensidad del debate ha permitido a amplios sectores conocer las vulgares motivaciones de Calderón y de sus protectores priístas, y no hace más que fortalecer las posibilidades de la resistencia, que ha de estar ahora alerta a todas las decisiones del gobierno de facto en materia energética que violen la Constitución, un triunfo en el que fue fundamental su líder, Andrés Manuel López Obrador, que luchó denodadamente hasta el último momento por evitar los peores aspectos de la contrarreforma.

9. Los integrantes de las facciones neoliberales y entreguistas del PRD, tanto los chuchos como los cuauhtemistas, que actuaron, según los analistas, por ambición como por resentimiento, no salen, a su vez, bien librados en su aventura de asociarse al gobierno espurio de Calderón, y deberán enfrentar en los próximos meses todos los reclamos de la gente, pues parecen ignorar que ocupar los cargos de dirección de un partido no les da ninguna fuerza social.

10. La crisis financiera, económica, social y política que se ahonda en México encuentra después de estos meses de lucha, y eso no lo esperaba el grupo calderonista, a un pueblo más alerta y mejor organizado.

Insoportable, el peso de la burocracia de la UNAM sobre la academia: Garrido

La extrema derecha impulsa desmantelamiento de la institución, señala el politólogo

Rosa Elvira Vargas y Emir Olivares

El politólogo Luis Javier Garrido aceptó ser postulado a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por un importante grupo de profesores, estudiantes e investigadores que, como él, desaprueban las formas de elección de autoridades en esa institución.

Una vez que accedió, argumenta: la institución “debe ser un bastión de la libertad, la cultura y del saber por el saber; es decir, estar al servicio del pueblo de México”. Alerta que hoy la máxima casa de estudios del país es objeto de un “desmantelamiento” fomentado por los intereses del capital.

“La UNAM está en un momento de excepcional gravedad. Los grupos de extrema derecha que se han adueñando del poder político impulsan un proceso de desmantelamiento de la mayor parte de las instituciones públicas; y de manera principal, las educativas son un objetivo de esta derecha anacrónica.”

Garrido, quien se define como el candidato del sector que representa a la “verdadera universidad”, está en contra de que 15 personas (la Junta de Gobierno) designen rector. Para él, la mejor manera de elegir a las autoridades universitarias sería mediante un proceso “más democrático”, como el voto universal de los integrantes de la casa de estudios.

Hijo de Luis Garrido –rector de 1948 a 1953 y a quien correspondió inaugurar el campus central de la Ciudad Universitaria, designado Patrimonio Cultural de la Humanidad– y colaborador de La Jornada, el politólogo hace memoria de cuando, a la edad de seis años, fue testigo de esa edificación. Recuerda también cuando asistió al primer clásico de futbol americano entre Pumas y Politécnico en el Estadio Olímpico universitario. “El marcador fue 20 a 19 a favor de los de casa”, reseña.

Se empeña en llamar “candidatos oficiales” al resto de aspirantes a la rectoría. Critica que hoy se pronuncien por la defensa de la universidad pública, “cuando hace nueve años (durante el conflicto 1999-2000) la mayoría impulsaba la privatización de nuestra casa de estudios en términos de los intereses neoliberales”, e insiste en convocarlos a un debate público.

Garrido señala que la burocracia universitaria tuvo que rendirse ante las propuestas del Consejo General de Huelga (CGH), cuyo movimiento fue el “triunfador verdadero”. Juan Ramón de la Fuente, acusa, “se montó” en la defensa de la educación pública, al no tocar las cuotas, descartar la supervisión del Ceneval a la UNAM y mantener el pase automático de bachillerato a licenciatura.

Burócratas generan caos

–¿Por qué ser rector?

–La UNAM está en un momento de excepcional gravedad. Hay un proyecto trasnacional impulsado en América Latina que está fracasando y es desechado en muchos países que se preparan para la época posterior al neoliberalismo; y en México, anacrónicamente, estos grupos ultraconservadores y que están vinculados a los grandes intereses trasnacionales quieren seguir impulsándolo. Eso conduce a un fracaso en todos los ámbitos, particularmente en el educativo. En la sucesión de la rectoría los aspirantes oficiales pretenden mostrar respeto por la universidad pública, cuando hace nueve años la casi totalidad de ellos impulsaba su privatización, desmantelamiento y división en los términos que los intereses neoliberales han dictado.

“No hay mucha credibilidad en ese discurso aparentemente democrático y de defensa de la universidad pública. Esto llevó a muchos grupos a discutir la viabilidad de una candidatura a la rectoría del sector democrático universitario, con el fin de defender el proyecto histórico de la UNAM frente a esta amenaza neoliberal.”

–¿Cuál es ese proyecto histórico?

–La UNAM, como sabemos, se ha ido forjando a lo largo del siglo XX como una entidad autónoma donde la libertad de cátedra e investigación cimienta una nación libre, independiente y soberana. Hoy se quiere una universidad al servicio de los intereses multinacionales, que no amplíe sus ámbitos científicos y humanísticos y sólo produzca técnicos al servicio de la empresa privada. Una universidad cada vez más sometida al poder ideológico del gran capital. El proyecto de la universidad nacional, como su nombre lo indica, tiene ese rango de universidad primera en el país y es vista como una amenaza para los intereses políticos. Ahora la burocracia universitaria obedece los intereses ya no sólo del gobierno, sino de las empresas privadas por sobre la academia, y esto es inadmisible.

–¿Cómo califica la labor de Juan Ramón de la Fuente?

–Él llegó en un momento de difícil enfrentamiento entre quienes defendían una institución pública y quienes, con el apoyo de las autoridades federales, pretendían coartarle ese carácter. Quien trajo el caos a la UNAM haciendo entrar a la Policía Federal Preventiva para romper bruscamente un diálogo posible con el CGH fue el rector De la Fuente; el caos en la UNAM lo generaron las autoridades, y no los estudiantes. Y si bien es cierto que el actual rector se montó en las exigencias estudiantiles, ha venido impulsado los programas neoliberales.

–¿Cómo cuáles?

–La investigación científica está cada vez más subordinada a los proyectos de las grandes empresas que la financian; los programas curriculares han sido modificados, el peso de la burocracia universitaria por sobre la academia es cada vez más insoportable; se ha establecido una enorme burocracia de confianza por sobre los trabajadores sindicalizados, que constituye un peso inadmisible para el presupuesto de la institución.

–¿Necesita cambios esta universidad?

–Hay que ampliar la matrícula universitaria; los espacios de la UNAM permiten que su bachillerato y sus escuelas profesionales tengan cada vez más estudiantes. Y lo que hemos visto es, por el contrario, un achicamiento para satisfacer las exigencias del proyecto neoliberal. Se requiere dignificar el ámbito académico, con mejores salarios al margen de estos estímulos que son mecanismos de control del profesorado; es necesario ampliar el número de horas de clase, pues los semestres cada vez son más cortos; tener mayor proyección en la sociedad a través de su radio y su televisión, de su vida cultural; crear espacios de convivencia. Una cuestión extraordinariamente grave es la de las bibliotecas: son un requerimiento de toda casa de estudios y se les ha abandonado.

–Si no coincide con el proceso de designación de rector, ¿por qué participar?

–La participación en este proceso poco democrático, y en el que aparentemente los dados están cargados, obedece a una demanda de amplios sectores de universitarios que han querido que se exprese la voz de la verdadera universidad con una propuesta clara. Es una oportunidad excepcional para hacer público ante el país que en la conciencia crítica de los universitarios hay una convicción muy fuerte de defenderla de cualquier intento de disminuirla, dividirla o cambiar su esencia. Con ese compromiso estoy participando, con la convicción de que la JG tiene la obligación de responder democráticamente a esta situación.

La simulación

Luis Javier Garrido

¿Cuánto tiempo más México puede seguir viviendo en la simulación?

1. La situación crítica por la que atraviesa el país a nueve meses de la imposición del gobierno ilegítimo no está siendo analizada por los principales actores sociales y políticos más que con criterios inmediatistas, pues el grupo en el poder actúa de manera cada vez más autoritaria y retardataria, y sobre todo con amplia impunidad, en tanto que las condiciones sociales de las mayorías se siguen deteriorando.

2. México está a punto de cumplir dos siglos del inicio de la revolución de Independencia de 1810, que buscó crear una nación libre y soberana, y un siglo del comienzo de la Revolución de 1910, que pugnó la justicia social y la democracia, y tiene ahora uno de los peores regímenes del continente, espurio y antidemocrático, que sigue comprometiendo sin reparo la soberanía e independencia nacionales, y en el que el poder de una burocracia gobernante, corrupta y prepotente, se halla cada vez más por encima de las leyes mientras los derechos del pueblo son violentados de manera sistemática.

3. Los acontecimientos que han marcado la vida del país en estos meses del gobierno ilegítimo confirman lo que se preveía desde el fraude de julio del 2006, pues la seudoguerra de Calderón contra el narco, que no lo era, como el escándalo Ye Gon, quien hizo importaciones ilegítimas de seudoefedrina y montó un enorme emporio con la connivencia de los dos gobernantes panistas, evidenciaron que Vicente Fox y Calderón en su afán de enriquecerse y mantenerse en el poder no dudan en reproducir las prácticas priístas y, entre éstas, vincularse abiertamente al narcopoder y al crimen organizado del cual forman parte.

4. La violación sistemática de los derechos fundamentales de los mexicanos a la que el gobierno de facto de Calderón ha recurrido como arma de gobierno para imponer sus políticas en estos meses se ha sustentado en mil y un argumentos, que han ido desde el supuesto combate a los narcos hasta su empeño en mantener a Ulises Ruiz en la gubernatura de Oaxaca, de los cuales el más perverso es la represión como advertencia hacia los movimientos sociales, que aparece en todos estos casos y que ha esgrimido en particular frente a los campesinos de San Salvador Atenco, todo lo cual conforma el escenario de un proyecto que supone un control social por la vía de la fuerza.

5. La crítica situación de Oaxaca ha escandalizado por necesidad a organizaciones de derechos humanos del mundo entero, como evidencia el último reporte de Amnistía Internacional (AI), que documenta algunas de las atrocidades cometidas por el gobierno federal y las autoridades locales contra el pueblo oaxaqueño (La Jornada, 2/08/07). Ahí, sus redactores dan cuenta sin proponérselo de la ausencia de un Estado de derecho en México, pues las agresiones de los cuerpos policiacos, paramilitares y militares contra los oaxaqueños se dan en un escenario donde se ha cancelado la vida democrática y se están suprimiendo los derechos sociales. Y esto no es consecuencia de las decisiones de un político perdulario -Ulises Ruiz-, empeñado en permanecer como gobernador, sino de las políticas de Estado, que tienen a Calderón como su responsable, y que se fundan en la alianza PRI-PAN, clave para impulsar el modelo neoliberal en México.

6. El centralismo que de hecho subsiste en el país determina que el principal responsable de las atrocidades de Oaxaca sea Calderón, quien busca, como en todo, ocultar su responsabilidad, pero es el directamente culpable no tan sólo por la intervención de las fuerzas represivas federales en la entidad o por su connivencia política con el sátrapa que funge como gobernador. Mantener a Ruiz en la gubernatura es clave para que prosiga el entendimiento casi gansteril de las cúpulas del PRI salinista y del PAN, que prosiguen repartiéndose el poder, con vistas a culminar el desmantelamiento de la nación que exige en todos los tonos el gran capital trasnacional.

7. El régimen político sólo conserva los rasgos esenciales que tuvo a lo largo del siglo XX, sino que muchos los han exacerbado y uno es mantener un presidencialismo por encima de las leyes. Poco importa si en los hechos, el gobernante en turno, sea o no de facto, tiene sus poderes reales acotados y funge como pelele de otros, lo grave es que en sus espacios de decisión se sitúe por encima de las leyes y se arrogue el derecho de violar los derechos de los mexicanos y de delinquir impunemente sabiéndose intocable.

8. Los panistas en el poder están gobernando a México con profundo desprecio del marco constitucional de la República, asumiendo que pueden hacerlo todo, como si no existieran las leyes, validos que nadie les exige otra actitud. A pesar de los acotados poderes que tiene, Calderón actúa en su limitada parcela de autoridad con el mismo patrimonialismo de los monarcas del absolutismo, lo mismo al mantener atrabiliariamente en una prisión de alta seguridad a dos luchadores sociales ejemplares, Flavio Sosa de la APPO e Ignacio del Valle de Atenco, que al disponer arbitrariamente de los 205 millones de dólares del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

9. De las nociones utilizadas en su campaña por Andrés Manuel López Obrador para caracterizar la situación actual, ninguna tan certera como la de la simulación. El país vive más que nunca en una situación de abierta simulación, en la que buena parte de la "clase política" y de los medios de comunicación pretenden que las instituciones del país están funcionando, que hay una división de poderes, que el federalismo es una realidad y que vivimos bajo el imperio de la ley, cuando los hechos demuestran todo lo contrario.

10. La campaña propagandística orquestada por las agencias del gobierno estadunidense y las organizaciones empresariales mexicanas con la complicidad de académicos vinculados a ellas sobre la supuesta "transición democrática" se vino abajo estrepitosamente en 2006, y su secuela no es más que una burda propaganda fascistoide. La imposición de Calderón como gobernante espurio y las políticas represivas y antinacionales del gobierno yunquista, no han hecho más que confirmar la naturaleza del poder político en México. En 2010, sin embargo, el escenario de México tendrá que ser otro, aunque la necesidad del cambio no sea aceptada en la cúpula del poder.

La Crisis

Viernes 8 de septiembre de 2006
Luis Javier Garrido

El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.

1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.

2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.

3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.

4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.

5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.

6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.

7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.

8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".

9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.

10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.