Los impactos socio-políticos y de seguridad, acumulados por las políticas económicas en vigor desde los años 70 para amainar los efectos de la crisis capitalista (una guerra de clase encabezada por Reagan/Thatcher y sus sucesores, para frenar la caída de la tasa de ganancias) se hacen sentir en México y Estados Unidos con fuerza en la primera década del siglo XXI, por la guerrade Calderón al narco y el manejo de Bush-Obama de la gran crisis financiera que estalló en 2008, resultando en mayor concentración de privilegios y riqueza a favor de ambas clases gobernantes; de los sectores bancario, financiero, agregándose, en Estados Unidos, un magno subsidio a la industria bélico-industrial y a entes públicos y privados de seguridad.
La conflictividad social se acentuó: sólo por la guerra al narco se registran 28 mil bajas, sin perspectivas de cambio con el Prian y tampoco en la persistencia de la explotación de campesinos, trabajadores y sectores medios en México, mientras en Estados Unidos se desploma el aparato productivo, el empleo y las condiciones de vida de una población que sufre un prolongado colapso y despojo económico.
Aquí la ofensiva de clase la desplegó la Casa Blanca, con aval de Los Pinos y de una depredadora oligarquía, utilizando al Departamento del Tesoro y sus unidades subrogadas (FMI, Banco Mundial –BM– y BID). Esto se realiza con préstamos cuyas condiciones son a favor de la inversión externa, desmantelando procesos de transformación, a veces incipientes y otros avanzados, como en la petroquímica, traspasando actividades sustantivas de Pemex a contratistas extranjeros, registrándose un desplome en la producción de crudo por el sometimiento a la política de máxima extracción impuesta por Estados Unidos: un acatamiento derivado del papel de sobornización de las jugosas comisiones por el manejo de los préstamos del BM, cuya condicionalidad sigue definiendo, a pesar de las consecuencias, el accionar de las secretarías del ramo que así han desmontado agricultura, la industria de bienes de capital, los astilleros del país y un largo etcétera, agrediendo a sindicatos y contratos colectivos, precarizando al trabajo y preparando los fundamentos, bajo la modernización gerencial, del desmembramiento y subasta de Ferrocarriles Nacionales de México, con mira a lo mismo en Pemex, CFE y LFC, ya liquidada.
Para sostener el esquema anti-popular y anti-nacional se aplicaron préstamos y programas en áreas de administración de justicia y seguridad, los últimos para mutar la función de defensa nacional en policial, con programas que facilitarían la adopción de esquemas de intervención y ocupación del tipo ensayado por Estados Unidos en Colombia: en la base de la Iniciativa Mérida está la binacionalización de la seguridad interna. Se somete la política exterior a Estados Unidos y la guerra de Calderón desgasta las bases logísticas de las Fuerzas Armadas. Y la defensa nacional, ¿la asume el Comando Norte? ¿Transitamos al protectorado de facto? Además de la capitulación económica y jurisdiccional, ¿no se preparan procesos de absorción paulatina separatistas, como con la homologación de la administración de justicia (juicios orales)?
Desde los años 90 aumenta la presión sobre los estados norteño: con el TLCAN se agudiza la integración silenciosa, es decir de vínculos económicos, sociales, culturales e industriales creados a través de los años como parte de la interacción normal de intereses de los estados del sur de Estados Unidos con la economía y la sociedad norteñas de México. Es una fusión sui géneris, explosiva, con muros, militarización fronteriza y racismo anti-mexicano y procesos que tienden a desvincular el norte de México del resto del país en lo económico y en la administración pública, tales como los patrocinados por el BM en 37 municipalidades mexicanas que lindan con Estados Unidos. Se trata de la restructuración de la administración municipal mexicana, siguiendo el patrón de funcionamiento de los condados típicos de Estados Unidos.
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