Maíz, ¡ahora o nunca!

Elena R. Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro Nelson

La liberación de cultivos transgénicos en sus centros de origen y diversidad se ha prohibido en el mundo entero. La razón es muy simple: en estos sitios los cultivos biotecnológicos pueden entrecruzarse con las variedades nativas cultivadas y silvestres. En las variedades nativas se insertarán y acumularán los genes artificiales o transgenes de los cultivos transgénicos: esto implica incertidumbres, riesgos y daños inadmisibles. A más de 15 años de su liberación, prácticamente todos los beneficios prometidos por los cultivos transgénicos han sido desmentidos (por ejemplo, no producen más que los no transgénicos), mientras que los estudios científicos documentan daños. Por ello los europeos se han negado a la liberación y consumo de los transgénicos y las grandes compañías han cerrado su producción en aquel continente. En Estados Unidos, Sudamérica y Asia su uso ha implicado ahorros en mano de obra y grandes negocios; y costos agrícolas-ambientales (supermalezas tolerantes al glifosato que vende Monsanto para sus transgénicos Roundup-Ready, plagas resistentes a los transgénicos Bt, contaminación de cuerpos de agua y suelos con moléculas pesticidas) y efectos nocivos en salud...

México es centro de origen y diversidad del maíz (Zea mays) con miles de variedades de maíz nativo (criollo), varias especies de teocintle (Por ejemplo, Zea mays subsp. parviglumis, Zea mays subsp. mexicana, Zea diploperennis) y de otro cereal emparentado al maíz (Tripsacum spp). Esta diversidad está dispersa en todo el país (biodiversidad.gob.mx/genes/mapaAgricultura.html), acoplada a una diversidad cultural que le da vida y vive de ella. Todas estas variedades y especies nativas son interfértiles con cualquier otra variedad de maíz, incluido el maíz amarillo transgénico que quieren liberar.

¿Por qué nos preocupa la contaminación transgénica, si con la revolución verde se liberaron maíces híbridos que se entrecruzaron con los maíces nativos y estos últimos aún persisten? Los híbridos resultaron de cruzas entre maíces, mientras que los transgénicos tienen genes artificialmente ensamblados en laboratorios de las compañías. Los transgenes combinan genes de bacterias, virus, plantas y/o animales, no son tan estables como antes se pensaba y algunas de sus secuencias hacen que otros genes lejanos se sobrexpresen o inhiban anormalmente. Finalmente, estos transgenes están patentados y eventualmente se pueden usar para identificar como propiedad privada acervos de semillas contaminadas en favor de las compañías que los ensamblaron.

Una vez liberados al ambiente, los cultivos transgénicos florecerán (espigarán) y soltarán el polen (células masculinas) que lleva todos los genes de la planta –incluidos los transgenes–. Este polen llegará a los xilotes o flores femeninas de plantas de maíz nativo y las mazorcas resultantes llevarán granos con transgenes. Algunos granos contaminados se guardarán como semillas y éstas se intercambiarán para ser sembradas; las plantas que germinen y crezcan a partir de estas semillas ya contaminadas se volverán una nueva fuente de transgenes. Las semillas transgénicas serán llevadas a sitios lejanos y se irán diseminando los transgenes patentados a las siembras de maíces nativos de todo México. Algunos transgenes y sus combinaciones causarán aberraciones impidiendo el uso de algunas semillas. En la naturaleza ha habido eventos de movimiento de genes de algunas especies a otras muy distintas. Sin embargo, hay mecanismos naturales, aún no comprendidos, que restringen estas transferencias horizontales, que no ocurren al azar, y por ello hay distinciones claras entre especies.

Además, a diferencia de los híbridos tradicionales, cuyas características visibles pueden ser reconocidas por los campesinos, para poder detectar a los transgenes se necesitan costosos análisis de laboratorio, que además requieren de materiales también patentados. Entonces, si la diseminación transgénica se permite, la bioseguridad también quedará controlada por trasnacionales: es una contaminación silenciosa y potencialmente dañina que cancelará la soberanía alimentaria y la posibilidad de comer maíz sin transgenes para siempre; además, condenará a los campesinos a la pobreza y a algunos grandes productores a la dependencia tecnológica. Adicionalmente, los transgenes de los maíces biorreactores que producen fármacos ¡tampoco se podrán detectar!

La realidad y la ciencia formal han demostrado que la diseminación transgénica es incontrolable una vez que se liberan los transgénicos al ambiente. Con la moratoria se ha restringido la contaminación a pocos sitios y aún se puede evitar, controlar y revertir. Sin embargo, la liberación de maíces transgénicos a mayor escala (piloto y/o comercial), como pretende aprobar el gobierno actual, resultará en una diseminación y acumulación irreversibles. Es un experimento incontrolable con riesgos socioeconómicos, ambientales y de salud inadmisibles. Los beneficios serían sólo para un puñado de empresas monopólicas, a las que, como a las responsables de la contaminación por minería a cielo abierto... sólo las mueve el lucro. Si todos actuamos ya, podríamos impedir la liberación de maíz transgénico en su centro de origen y diversidad: México. ¡Es ahora o nunca!

Instituto de Ecología, UNAM & UCCS

eabuylla@gmail.com

Celebrando la dependencia: el maíz a las trasnacionales

Silvia Ribeiro*

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90,000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la consulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Dan los primeros 15 permisos para la siembra de maiz transgénico

PATRICIA DAVILA

MEXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- Las empresas trasnacionales Monsanto, Downs y Pioneer recibieron los primeros 15 permisos para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, informó Juan Elvira Quezada, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Añadió que otros ocho permisos serán entregados esta misma semana,

En conferencia de prensa, representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Semarnat, informaron que, al día de hoy, han sido otorgados 15 permisos, de un total de 35 solicitudes recibidas, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado.

"Los permisos otorgados por la Sagarpa y con análisis vinculante de la Semarnat, están estrictamente apegados a la Ley de Bioseguridad Sobre Organismos Genéticamente Modificados y a su Reglamento", dijo Elvira Quezada.

Del total de los permisos entregados, nueve son para la empresa Monsanto Comercial y seis para Dow AgroScience/PHI México.

De los nueve correspondientes a Monsanto Comercial, tres se realizarán en los campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-Noroeste), situados en el municipio de Cajeme, en Sonora; tres más en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, en Sinaloa, y tres en los municipios de Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas.

De los seis permisos otorgados a Dow AgroScience/PHI México, tres se llevarán a cabo en el Valle del Yaqui y Huatabampo, en Sonora, y tres en Los Mochis, Angostura y Navolato, en Sinaloa.

Elvira Quesada señaló que el gobierno federal, a través de esas dos secretarías, trabaja en este tema "sin dejarse influenciar por ningún tipo de presión, sino en apego a los tiempos que marca la ley, ya que lo más importante es dar a la sociedad la garantía de que se está haciendo el mejor de los trabajos".

Por su parte, Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, explicó que, para establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública, que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley, con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

Aclaró que las siembras que se realizarán se mantienen en la fase de experimento y se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos.

En cuanto a las medidas de bioseguridad establecidas por la ley, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, se refirió a la implementación de mallas ciclónicas para evitar el fácil acceso a estas pequeñas parcelas donde se llevarán a cabo los experimentos; guardar una distancia mínima de por lo menos 500 metros respecto de otros cultivos, y marcar un aislamiento temporal después de un mes para evitar flujo génico a un posible maíz convencional.

Además, precisar las coordenadas geográficas; establecer una bitácora, instalar plantas de polen para que no pueda haber flujo por esta vía, así como incinerar el producto, ya que, aclaró, éste no entra al mercado alimentario.

Durante la conferencia de prensa, Elvira Quezada no precisó en qué consisten los permisos y qué superficie abarca, entre otros aspectos. Sólo se limitaron a señalar que la información se encuentra en la página de internet.

Sin embargo, al consultar la página www. Senasica.gob.mx, liga transgénicos, solo aparece la frase "disculpe las molestias. No existe información que cumpla con los criterios de búsqueda".

En defensa de Hueyapan, Morelos

Gilberto López y Rivas

A lo largo y ancho de la geografía nacional, los pueblos y las comunidades indígenas resisten los intentos de privatización del agua y otros recursos naturales y culturales, defendiendo con dificultades y muchos sacrificios la integridad de tierras y territorios y enfrentándose, en cruentas luchas, a los agentes del mercado y a los gobiernos municipales, estatales y federales que apoyan la penetración del capital (incluidas las empresas del narcotráfico) y criminalizan a las comunidades rebeldes. Como bien señala Eckart Boege en su excelente y vasta obra El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas: "El manejo colectivo de los bienes comunes es un tema soslayado jurídicamente y combatido sistemáticamente por las instituciones del Estado" (INAH-CNDPI, 2008, p. 266).

Caso paradigmático de estas resistencias es Hueyapan, comunidad ubicada en el municipio de Tetela del Volcán, en los llamados altos de Morelos. Por décadas, en la historia contemporánea, esta pequeña población indígena de no más de 7 mil habitantes ha peleado y ganado en sucesivos juicios agrarios la dotación y ampliación de tierras que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y que los sectores dominantes mestizos de la cabecera municipal, Tetela, han querido arrebatarle aun con la violencia.

El 9 de marzo de este año un grupo armado de Tetela cortó las mangueras del agua proveniente de los veneros cada vez más exiguos del volcán Popocatépetl, ahondando un conflicto que, como tantos en el país, sigue sin resolverse. Ese mismo día, Efraín Soberanes Sánchez, recién nombrado ayudante municipal por la asamblea comunal, fue asesinado en su casa.

El conflicto entre la cabecera municipal mestiza y la comunidad indígena data de la venta de tierras por parte de Tetela del Volcán a la hacienda de San Rafael, a principios del siglo XX. Durante la Revolución, la hacienda fue abandonada y posteriormente ocupada por una fábrica de papel. Años más tarde, cuando deja de funcionar la papelera, Hueyapan y San Miguel Huepalcalco solicitan una ampliación de tierras sobre los terrenos hacenda-ríos, misma que se les otorga por resolución presidencial del 16 de febrero de 1938, publicada en el Diario Oficial el 28 de marzo de ese mismo año.

El primero de diciembre de 1941 se redactó el acta de posesión y deslinde y se levantaron las mojoneras sin que los ejidatarios de Tetela del Volcán protestaran o mostraran su inconformidad por este acto de dominio. Fue hasta 1992 cuando inician juicio en los tribunales agrarios, donde Hueyapan, Tetela del Volcán y San Miguel Huepalcalco presentan sus documentos respectivos.

En el proceso, el tribunal número 49, con sede en Cuautla, resuelve el 8 de diciembre de 2006 que la comunidad de Tetela del Volcán, municipio del mismo nombre, no acredita la propiedad de los terrenos en conflicto, consistentes en superficies de 664 y 344 hectáreas con que fueron beneficiados los ejidos de San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, y Hueyapan. Tetela del Volcán pierde también las sucesivas inconformidades y solicitudes de amparo en las instancias superiores, las cuales finalmente resuelven: “Por lo expuesto, fundado y además, con apoyo en los artículos de la ley de amparo se resuelve ÚNICO: La justicia de la Unión no ampara ni protege al comisariado de bienes comunales de Tetela del Volcán… contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario, consistente en la sentencia del 22 de mayo del 2007, dictado en el recurso de revisión 1009/2007-49, relativo al juicio agrario numero 4/98-18”.

En este contexto histórico y procesal, cuando estalla el conflicto del agua por la acción de fuerza de Tetela en marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Comisión Independiente de Derechos Humanos y el Frente Morelense contra la Represión denuncian que la situación de enfrentamiento fue provocada por la apatía, negligencia, falta de quehacer político, diálogo e indiferencia de las autoridades hacia las comunidades indígenas. Asimismo, estas organizaciones destacaron que el 26 de mayo de 2008 los diputados locales se negaron a aprobar un punto de acuerdo para dotar de agua potable a las comunidades indígenas del estado, con el pretexto de que el Ejecutivo, a través de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, trabajaba para llevarles el líquido vital.

Sin embargo, el gobierno estatal, lejos de cumplir con esta supuesta acción en marcha y una vez que estalla la violencia, resuelve, en flagrante violación legal y contra toda lógica de justicia, restablecer 50 por ciento del agua a Hueyapan de uno de los manantiales, argumentando razones de una abstracta "paz social" e interpretando la realidad social y jurídica descrita a su conveniencia como una "confrontación entre comunidades", inventando lo que denomina "polígono en conflicto", y enviando personal militar y policiaco no para detener a los cortadores de mangueras y destructores de siembras, sino para hostilizar a los pobladores de Hueyapan. Paralelamente, constato que el gobierno del estado, en contubernio con el presidente municipal electo del PAN –activo azuzador del corte de mangueras– proporciona a la cabecera mestiza 14 pulgadas de agua, mientras la comunidad indígena, legítima y legalmente propietaria de los territorios donde se asientan los manantiales, recibe escasas seis pulgadas de agua. Las autoridades panistas introdujeron ya la posibilidad de la "participación privada" como parte de la "solución", y manejan la amenaza de declaratorias de áreas naturales protegidas como otra forma de despojo territorial encubierto a comunidades indígenas, mientras Hueyapan se organiza para defender su derecho a tener futuro en un ambiente de tensión e incertidumbre.

Plan pro crisis para el campo

Víctor M. Quintana S.

Rabón en sus alcances y en la proporción con su ampuloso título, el plan anticrisis de Calderón no ha podido ni podrá detener las airadas movilizaciones de muy diversos actores sociales. Comenzaron los pescadores, siguieron los transportistas, vinieron luego los productores agropecuarios de Chihuahua con paros, bloqueos, estrangulamientos carreteros, plantones con maquinaria agrícola en las principales ciudades norteñas.

En el caso del campo, ¿qué puede hacer un plan coyuntural, fragmentario, parcial, ante la estrategia de largo plazo que los regímenes neoliberales del PRI y del PAN han puesto en marcha desde hace 26 años para sepultar la agricultura y con ella la soberanía alimentaria de la nación? ¿Qué pueden hacer unas cuantas acciones tímidas cuando las políticas públicas de cinco lustros se generaron precisamente para hundir al sector agropecuario en beneficio de las trasnacionales agroalimentarias?

El mal llamado Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo calderoniano, que prácticamente ignora al campo, no contempla ninguna acción que revierta la tendencia o al menos disminuya la inercia que ha generado más pobreza, más migración en el medio rural y más dependencia alimentaria para nuestro país.

Los ejemplos nuevos se nos dan cada día: en 2008 se incrementaron todas nuestras importaciones agroalimentarias hasta alcanzar la cifra récord de casi 20 mil millones de dólares. Y sin embargo, las importaciones no sirvieron para abatir el precio de la comida de la gente. Las compras en el exterior de semillas oleaginosas se dispararon más de 50 por ciento el año pasado, pero el aceite comestible no sólo no redujo, sino aumentó su precio en 57 por ciento en los anaqueles de los supermercados. También se dieron los aumentos de los precios de la leche y la carne, a pesar de que se pensó que importarlas beneficiaría al consumidor final. Total, importamos más y más caro y terminamos perjudicando tanto a los productores nacionales como a los consumidores finales El juego perder-perder.

Y como van las cosas, en 2009 seguramente vamos a vivir por primera vez el absurdo que por cada dólar que recibamos de remesas devolvamos otro dólar al extranjero para comprar alimentos que aquí podemos producir.

Por esto se han rebelado de nuevo los productores agropecuarios chihuahuenses. Se han unido prácticamente todas las organizaciones rurales del estado: El Barzón, el Frente Democrático Campesino, Agrodinámica Nacional, Comité Pro Mejoramiento del Agro, la CNC, los módulos de los distritos de riego, los algodoneros, los ganaderos, los nogaleros. Y a ellos se han sumado los transportistas, todos ellos bajo el grito: vámonos a la bola para salvar al campo.

Comenzaron su movimiento el jueves 15 con bloqueos y plantones de maquinaria agrícola y tractocamiones en seis puntos carreteros del sur, centro, norte y noroeste del estado. Lo han proseguido y piensan terminar una primera etapa de lucha con una gran movilización hacia los puentes internacionales el próximo día 30. Ahora no se quieren ir a la ciudad de México, ya no quieren repetir la mala experiencia que la provincia lleva la carga de la movilización, pero luego se impone la Ley de Hierro de la Centrocracia y los líderes que están en el Distrito Federal son quienes negocian y acaparan logros. Ahora se llama desde acá a un movimiento nacional y que venga el gobierno federal a negociar a la periferia.

El pliego de agricultores y transportistas consta de 15 puntos que giran en torno a cuatro ejes: baja de precio de energéticos, sobre todo del diesel y la electricidad; créditos oportunos, suficientes y baratos al campo: soberanía alimentaria basada en la producción de alimentos básicos por los pequeños y medianos agricultores y regularización a bajo costo de los vehículos de procedencia extranjera. No es posible que, ante la carestía de camionetas y tractocamiones nacionales, instrumentos de trabajo necesarios, el gobierno federal –a contrapelo incluso del TLCAN– establezca tarifas de regularización más altas que el costo mismo del vehículo.

Mientras pescadores, transportistas y agricultores chihuahuenses prosiguen firmes sus movimientos, los productores de leche se aprestan a marchar por el mismo camino, lo mismo que los maiceros de Sinaloa, defraudados por la Sagarpa.

¿Qué será muy difícil que Calderón y los suyos entiendan que lo que todas estas revueltas demandan no es que se les incluya en el plan anticrisis, sino que se le dé por fin vuelta al modelo económico que es un perpetuo plan pro crisis?

Propuesta de gasto 2009

Armando Bartra

Más fuerza pública y asistencialismo, menos infraestructura y fomento productivo

¿Balas o semillas? El recesivo proyecto de Presupuesto 2009 presentado por Calderón hace un mes cambió con el anuncio de una serie de medida contracíclicas, cuestionables por tardías y cortas, pero sobre todo porque urge un viraje económico estratégico y no planecitos anticrisis efectistas y plagiados. Sin embargo, la iniciativa de gasto, tal como se presentó inicialmente, balconea las prioridades de este gobierno: aumento de casi 50 por ciento en términos reales a la Secretaría de Seguridad Pública y reducción de 10 por ciento a la de Agricultura. Es decir, que según Calderón el éxito en la erradicación del narcotráfico, arraigado mayormente en el campo, depende de la capacidad de fuego del Estado y no del impulso al desarrollo rural: tanquetas en vez de tractores, balas por semillas.

Y es que el presidente se empeña en confundir un grave problema social y una emergencia de seguridad pública con un asunto de seguridad nacional. “En esta guerra (...) contra los enemigos de México no habrá tregua ni cuartel”, dijo el 12 de septiembre en la ceremonia de apertura de cursos del Colegio Militar. Así, el gabinete de seguridad devino Estado Mayor de la guerra contra el narco, los discursos de Calderón se han vuelto partes de guerra, el presidente se la vive rodeado de militares y la iniciativa de gasto público para el 2009 resultó un presupuesto bélico. Vivimos en un país militarizado, en un orden castrense.

Pero México no está en guerra y el presidente abusa de la metáfora o de plano viola la Constitución. En los años 40s del siglo pasado estuvimos en guerra con las potencias del Eje, para lo cual fue necesario que Ávila Camacho enviara una iniciativa de ley a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión , que al ser aprobada por diputados y senadores le permitió emitir, el 7 de junio de 1942, un “bando solemne” declarando el “estado de guerra”. Esto, al tiempo que se impulsaba un “plan de movilización agrícola y ganadera” orientado a garantizar la autosuficiencia alimentaria amenazada por el conflicto bélico. Hoy tenemos guerra sin haberla declarado; sin embargo, aunque hay emergencia alimentaria global, en vez de proyectos de fomento nos enfrentamos a una posible reducción del presupuesto agropecuario.

Formalmente no tenemos una “guerra contra el narco” ni tampoco la necesitamos. En el ámbito de la seguridad pública lo que hace falta es atacar en serio las conexiones financieras del crimen organizado y sus redes de protección en los diferentes niveles de gobierno, empezando por erradicar las narcoinversiones en las campañas electorales, porque cuando les empiezan a pasar la factura a los funcionarios electos es demasiado tarde. Pero el problema de fondo es social. ¿Cómo aislar a los supuestos “enemigos de la patria”, cuando sabemos que cientos de miles de mexicanos están dispuestos a hacerse de la vista gorda ante la que en muchas regiones resulta la única actividad económica disponible? ¿Cómo “enfriarle el agua” (que decían los manuales castrenses antiguerrileros) al crimen organizado, cuando para muchísimos jóvenes la única puerta de acceso al “México triunfador”es la delincuencia?

Los 24 cuerpos sin vida encontrados en La Marquesa el 13 de septiembre eran casi todos varones de 20 a 30 años de edad que habían viajado a Huixquilucan en busca de mejores opciones, provenientes de regiones rurales pobres como la Huasteca hidalguense y Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz. “Parecen personas de pocos recursos y algunos tienen apariencia de ser campesinos”, dijeron los periodistas (Gustavo Castillo, “Investigan si los 24 ejecutados en Edomex eran narcomenudistas”, en La Jornada 14/9/08). Y en efecto se trataba de jornaleros agrícolas o albañiles. Muchachos a la intemperie que quizá –como dicen las filtraciones– se engancharon en el tráfico hormiga de enervantes, pero que no por ello eran “enemigos de México” y menos “traidores a la patria”.

Los jóvenes narcomenudistas o sicarios tienen cuentas pendientes con la justicia y la sociedad, pero también la sociedad les debe algo: opciones plausibles de vida honesta, por ejemplo. No digo que la pobreza explique el crimen organizado, sino que la marginación crea un clima social propicio a la delincuencia, menuda o corporativa, abasteciendo de entusiasta mano de obra a los empresarios del narconegocio.

Basta ya de que las nuevas generaciones rurales se sigan desangrando en confrontaciones de narcos contra narcos y narcos contra fuerza pública; carnicerías donde –en el papel de sicarios, soldados o policías– los jóvenes desahuciados por la fortuna son los que ponen el cuerpo. El país está harto de que los chavos sean carne de cañón en una masacre absurda. No más “guerra contra el narco, no más “masiosares” de ocasión para que Calderón se presente como adalid de la patria amenazada; lo que en verdad hace falta es una enérgica campaña de salvación nacional para recuperar a México de la debacle económica, política, social y moral en que lo han sumido los gobiernos recientes.

¿Asistencialismo clientelar o fomento productivo? La iniciativa presupuestal de Calderón reduce el gasto en infraestructura (casi 20 por ciento menos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y en fomento agropecuario (10 por ciento menos a la Secretaría de Agricultura), mientras que incrementa los recursos de carácter asistencial (cerca de 26 por ciento más a la Secretaría de Desarrollo Social).

En un año electoral en que se renovará la Cámara baja, el presidente quiere engordar la bolsa que más se presta para el uso clientelar al tiempo que adelgaza las erogaciones productivas. Y en este sesgo sigue la tendencia histórica de los gobiernos panistas, pues desde 2000 el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) ha crecido en siete por ciento real anual, pero mientras los programas productivos sólo se expandieron a una media de 3.1 por ciento, Oportunidades se incrementó en 22.7 por ciento por año.

No está mal que crezca el gasto social, pero en un país sin opciones de empleo la pobreza sólo se combate de fondo con producción. Y el gasto en fomento agropecuario, además de ser insuficiente, está mal dirigido pues el programa que más creció en los siete años pasados fue el de Alianza para el Campo, que es el más regresivo: 70 por ciento de sus recursos va al 20 por ciento más rico de los beneficiarios mientras que al 40 por ciento más pobre llega sólo el diez por ciento.

También Procampo es un programa que debiendo ser redistributivo en realidad apoya más a los ricos y menos a los pobres, pues 50 por ciento de los agricultores, minifundistas con menos de dos hectáreas, obtiene 13 por ciento de las transferencias, mientras que el 3.8 por ciento, productores con más de 18 hectáreas cada uno, recibe 33 por ciento de las transferencias.

El gasto social, y en particular Oportunidades, tiene un carácter progresivo, pues 55 por ciento de los apoyos llega al 40 por ciento más pobre. Pero esto no significa que sea benéfico, pues los alrededor de 35 mil millones de pesos que reciben más de cinco millones de familias rurales no desarrollan capacidad productiva y sí una creciente dependencia del subsidio. En las regiones marginadas no hay trabajo remunerador ni el programa lo crea, de modo que cuando los hijos crecen y la familia deja de recibir dinero fiscal, la única opción es que los jóvenes migren y empiecen a enviar remesas. De este modo, los “afortunados” que tuvieron Oportunidades pasan de depender de las transferencias públicas a depender de las transferencias privadas,.

Más dinero para comprar alimentos, menos dinero para producirlos. El sesgo asistencial de la iniciativa de Presupuesto de Egresos ratifica la errónea política con que hace unos meses el gobierno quiso enfrentarse la carestía. Y es que el incremento de 535 a 655 pesos en el apoyo de Oportunidades para 5.3 millones de hogares, representaba apenas un 0.6 por ciento de incremento en el componente alimentario del subsidio, mientras que el encarecimiento de la canasta básica fue de cerca de 40 por ciento. Dado que todas las previsiones hablan de un largo período de precios crecientes de los alimentos, es claro que la transferencia necesaria para que los pobres rurales puedan pagar la diferencia es absolutamente inalcanzable. En cambio con erogaciones mucho menores en instrumentos de fomento como el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), se podría lograr que las familias rurales aumentaran su producción de autoconsumo y su ingreso en especie, reduciendo el 36 por ciento del ingreso monetario que es lo que en promedio emplean hoy en comprar alimentos.

La cereza del pastel de la iniciativa presupuestal para 2009 es la asignación de mil 723 millones de pesos para Comunicación Social, es decir para la promoción mediática del presidente, casi 300 millones más de lo que se gastó en 2007 y cerca del triple de lo que se invirtió en imagen durante el último año de la administración de Fox.

De cómo las mañas clientelares tricolores se tornaron blanquiazules

Armando Bartra

Cáncer del campo y del país, el corporativismo de Estado no remitió en 2000 con la alternancia de las derechas en el poder. Igual que antes el PRI, el PAN apela al clientelismo social como instrumento de control.

Pero si el corporativismo de la “revolución hecha gobierno” fue tragedia, el neocorporativismo panista resultó comedia de enredos. Pese a ser electoralmente redituable, socialmente desmoralizador y políticamente peligroso, el clientelismo blanquiazul es apenas remedo del vertical y disciplinado gremialismo de Estado que fuera lastre estabilizador de la nave nacional en los años del “partido casi único”. Corporativismo de los tiempos heroicos que desmerece cuando el reformismo posrevolucionario pierde impulso, se tambalea en los 70s del siglo pasado al agotarse el llamado “desarrollo estabilizador” fincado en el mercado interno y por tanto económicamente redistributivo, y entra en crisis terminal durante los 90s cuando los tecnócratas imponen un modelo extrovertido y excluyente donde aun con crecimiento no habría bienestar para las mayorías.

Víctima de desprendimientos que se intensifican en el último tercio de la pasada centuria; desairado y traicionado por los tecnócratas de su propio partido; desertado por sus bases, a las que ya no puede “bajar” en la proporción de antes las nutricias dádivas del Estado social, el corporativismo histórico llega tambaleante a la alternancia. Y la pérdida del Poder Ejecutivo federal por el PRI es un nuevo revés: algunos gremios, como los que agrupa el Congreso del Trabajo, se desmadejan; otros, como el magisterial que regentea Elba Esther Gordillo, logran recrear la habitual relación chantajista-clientelar, ahora con los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y otros más, entre ellos los rurales, se empeñan, con éxito desigual, en forzar la puerta de los secretarios de Estado blanquiazules que son los que ahora manejan las arcas presupuestarias.

En el ocaso del sexenio pasado la carroza de Fox se volvió calabaza

Más próximos a la sórdida picaresca priísta que a la impoluta derecha democrática que presumían ser, los panistas resultaron tepocatas y víboras prietas del montón. Porque el poder corrompe y es adictivo, pero también porque lo que está en juego es el proyecto de país oligárquico y trasnacionalizado y ante esto las derechas se amanceban y comparten mañas.

El presunto “gobierno del cambio” defrauda al México raso porque su proyecto económico resultó ser el de los tecnócratas del PRI, pero también porque su modelo político reproduce sin recato las trapacerías habituales del viejo régimen. Así, al mediar la pasada administración, el PAN exhibe la fragilidad de sus convicciones democráticas empleando impúdicamente los dineros de la nación en el amarre de sus propias clientelas corporativas.

El Programa de Capacitación en Programas Federales es un manual que el Grupo Parlamentario del PAN le encargó a Arnulfo Montes Cuén, ex priísta ducho en comprar fidelidades campesinas con gasto público. Ahí se explica cómo “generar, a través de la gestión, estructuras sociales que le den fuerza a Acción Nacional en los próximos procesos electorales” y cómo “integrar a la población del campo mexicano a organizaciones civiles identificadas con el PAN”.

Debidamente instruidos por el experto en ordeñar presupuestos, los diputados blanquiazules solicitaron a la panista Josefina Vázquez Mota, cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 330 mil apoyos del programa Adultos Mayores, la incorporación de 11 mil familias al padrón de Oportunidades y casi 10 mil ingresos al Programa de Empleo Temporal (PET), entre otros recursos. Al panista Javier Usabiaga, de la Secretaría de Agricultura, le pidieron, además de otros apoyos, 900 millones de Alianza para el Campo para distribuir en 28 estados. Y así.

Según se lee en las cartas cruzadas con José de Jesús Castellanos, titular del PET: “que dichas solicitudes, tal como habíamos acordado, nos sean presentadas para que pueden ser validadas y eventualmente autorizadas (...)” y en las intercambiadas con Rodolfo Guzmán, secretario técnico de Oportunidades: “la entrega de esta base de datos (11 mil seis familias del padrón de Oportunidades) cumple uno de los acuerdos en nuestra reunión de trabajo (...) con el propósito de encontrar juntos vías para atender su petición”. Y con base en el balance titulado “Principales logros y avances en programas federales”, así como en otros informes del diputado Jorge Luis Preciado, puede afirmarse que entre 2004 y agosto de 2005 los legisladores panistas consiguieron “una inversión superior a los mil 300 millones de pesos”, provenientes de los programas PET, Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Vivienda Rural, Opciones Productivas, Reconversión Productiva, Maquinaria Cañeros, Apoyos Directos, Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios y Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

Para esto fue necesario apurar al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado, con el propósito de que liberara rápido el dinero, y urgir al subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, para que interviniera con Sedeso y se diera “cumplimiento al acuerdo hecho por el titular de dicha secretaría desde el 19 de agosto pasado con un grupo de 35 diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario del PAN (...) consistente en apoyar las poco más de mil 300 solicitudes para el programa de Vivienda Rural”. (La información, en Jesusa Cervantes, “Dinero público a la campaña de Calderón”, Proceso, 1540, 7 de mayo 2006, y Jesusa Cervantes, “El PAN compra el voto rural”, Proceso, 1541, 14 de mayo 2006).

Cuén se distanció del PAN, pero pronto puso sus habilidades al servicio Alianza Democrática Nacional, organización encabezada por el senador Enrique Bautista, aliado de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que tras una huelga de hambre y una foto con Felipe Calderón, logró 400 millones cash y la promesa de mil millones más, para cuya gestión formal se solicitaron los calificados servicios del ex priísta y ex panista. Su última hazaña conocida fue ocupar la secretaría técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la que fue despedido cuando su presidenta, la senadora Rosario Ibarra, descubrió que en realidad Cuén trabajaba para el priista Manlio Fabio Beltrones. Toda una ficha.

Pero el corporativismo rural panista no arranca en 2004, tiene antecedentes. En 1998, cuando Felipe Calderón era presidente del PAN, fundó en Irapuato, Guanajuato, la Liga de Acción Agraria, en presencia de seis mil campesinos pastoreados por el gobierno estatal, entonces encabezado por Vicente Fox. A mediados de 2004, en un evento del más puro corte priísta, repleto de acarreados y con presencia del ya entonces presidente Vicente Fox; del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga; de la responsable del Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; del titular de Economía, Fernando Canales; del encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, y de Florencio Salazar, quien era titular de la Secretaría de Reforma Agraria, el PAN anunció la creación de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) y del Programa de Acción Rural (Plantar), que según Luís Felipe Bravo Mena, entonces presidente de Acción Nacional, deberían organizar a “los cientos de miles de campesinos y hombres del campo que son panistas”. Para mayor evidencia de que los blanquiazules han adoptado la costumbre tricolor de uncir las organizaciones sociales a los partidos y a los gobiernos, la cabeza de Unimoss resultó ser Javier López Macías, que en unos días pasó de distribuir recursos públicos a las organizaciones rurales, como director operativo del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes), a dirigente de las mismas agrupaciones. Y su desempeño como líder social es pasmoso: en menos de tres años Unimoss pasó de agrupar poco más de mil agremiados a tener medio millón de socios, 300 empresas integradoras y seis mil organizaciones de productores.

El mismo 2004, y gracias a la esforzada labor de los diputados del blanquiazul, el neocorporativismo panista embarnece con 22 flamantes organizaciones clientelares, como la Federación Nacional de Productores Agropecuarios Forestales y Pesqueros A.C (Fenpa) y el Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícolas Nacional (Opagan), entre otros muchos nombres y siglas como Opamex, OPS, ABC, Opasur, Movimiento Campesino, AC, etcétera.

Todo iba en caballo de Hacienda, hasta que el cochinero se destapó porque en 2006 el expriísta Montes Cuén, coautor del plan y fundador de Fempa, fue requerido de entregar a la campaña electoral de Felipe Calderón la mitad de 55 millones obtenidos del programa Vivienda Rural. Cuando se hizo pato, Sedeso le retiró el recurso para transferirlo a la presuntamente más dócil asociación Huehuetépetl, y Cuén denunció el caso ante la Procuraduría General de la República (Alma E. Muñoz, “Admite organización comunitaria que el PAN la usó para triangular recursos”, La Jornada , 19 de mayo, 2006). El que con tepocatas se acuesta...

Marginalidad y pobreza son marca de fábrica del capitalismo desmecatado que desde hace un cuarto de siglo impulsa la derecha mexicana representada por la mancuerna PAN-PRI. Un modelo crudamente neoliberal donde no hay márgenes de verdadera inclusión societaria, ni siquiera en el modo disparejo que caracterizó a los gobiernos de la “revolución hecha gobierno”. Y sin un modelo económicamente redistributivo y socialmente integrador, la legitimidad del orden político siempre será precaria si no es que inexistente.

Inseparable del Estado social posrevolucionario, el viejo corporativismo no volverá. Pero, aunque mellado su filo legitimador, el empleo clientelar de los dineros de la nación, que hoy practican los aprendices de brujo blanquiazules, se monta sobre una añeja y viciosa relación paternalista Estado-sociedad –que en México es cultura–, llenando de piedras el camino de los movimientos societarios emergentes que reclaman derechos pero ejercen la autonomía, y poniendo obstáculos a la edificación de una nueva ciudadanía que ya no se le hinca al ogro filantrópico –como lo bautizara Octavio Paz–, un autócrata achacoso pero marrullero que debe ser maniatado antes de que haga más estropicios.

No les crean a quienes defienden los transgénicos

Peter Melchett*

Los argumentos en torno a la modificación genética, a menudo caracterizados erróneamente como ciencia contra irracionales adoradores de la naturaleza, no han perdido nada de su pasión. De un lado están los que sueñan con soluciones sencillas de alta tecnología a problemas complejos; del otro, y en contra de los organismos genéticamente modificados (OGM), existen realidades ecológicas y evidencia científica. Hay pruebas abrumadoras de que la agricultura torció el rumbo después de la última guerra, con el uso extendido de fertilizantes de nitrógeno y aerosoles.

En Gran Bretaña, perdimos hasta 95 por ciento de nuestros antiguos bosques, prados, jardines y vida silvestre, y presenciamos pérdidas masivas de granjas y empleos agrícolas. La agricultura se volvió más dependiente del petróleo. Nuestros alimentos perdieron vitaminas, sabor y diversidad, y nuestra dieta dejó de ser saludable.

Conforme el costo ambiental y humano de la agricultura industrial se volvió más difícil de negar, llegó una nueva cura milagrosa: la ingeniería genética. Hace 20 años, los OGM prometieron maravillas increíbles: fruta que no se congelaría jamás, cultivos que no necesitarían fertilizantes ni aerosoles, alimentos con vitaminas y medicamentos incorporados vía genética. Pronto toda la comida sería genéticamente modificada. Los genetistas transformarían todo lo que deseáramos, tomando un gen de pez aquí, uno de cerdo allá, añadiendo un gen de bacteria y tal vez un pedacito de un virus.

El mayor golpe de las compañías productoras de OGM, y su mayor fraude científico, fue asegurarse de que ningún alimento genéticamente modificado se sometiera a pruebas de seguridad. En Estados Unidos impusieron el concepto de “equivalencia insustancial”, el cual significa que, si un cultivo GM se parece a su equivalente no GM y se cultiva igual, entonces lo es: no se requiere ninguna prueba de seguridad para que la gente se alimente de él.

Cierto, tal vez el maíz GM contenga virus y genes resistentes a los antibióticos agregados, así como un gen que lo hace exudar insecticida de cada hoja, tallo y raíz, pero para el gobierno de Estados Unidos se ve y se cultiva como el maíz, así que es seguro para comer.

Los cultivos transgénicos enfrentan creciente evidencia científica de incertidumbre y peligro. Pero ahora, a causa del alza constante en los alimentos, vuelve a ser noticia la afirmación de la industria de que son necesarios para alimentar al mundo. Sin embargo, una razón clave de la carestía alimentaria –aumento de precio del petróleo, que a su vez eleva el de los fertilizantes– también representa una amenaza masiva a los cultivos transgénicos. Todos los cultivos GM presentes y futuros dependen de fertilizantes artificiales, basados en el petróleo, y todos requieren ser tratados con pesticidas para sobrevivir.

En 2006, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, favorable a los transgénicos, observó que “los cultivos GM disponibles actualmente no incrementan el rendimiento potencial”, señalamiento que ya había sido hecho por un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2004, el cual reconocía que los cultivos GM “podrían tener menores rendimientos”.

El informe Evaluación internacional de conocimiento, ciencia y tecnología agrícola para el desarrollo (IAASTD, por sus siglas en inglés) de la ONU, publicado recientemente, que reúne el trabajo de más de 400 científicos internacionales acerca del futuro de la producción global de alimentos ante los desafíos del calentamiento global y la presión demográfica, concluyó que los cultivos transgénicos no tienen gran cosa que ofrecer.

Confirmando las conclusiones de una conferencia anterior de la FAO, el informe IAASTD reconoció el verdadero potencial de la agricultura orgánica para contribuir a alimentar al mundo en una era de precios petroleros galopantes y de urgente necesidad de reducir gases de efecto invernadero, porque los sistemas orgánicos usan energía solar y trébol para fijar el nitrógeno del suelo, no petróleo y gas. El valor de este método fue confirmado también en un informe emitido este año por el Centro Internacional de Comercio, que da asesoría técnica a la OMC y a la ONU.

El nuevo reto que enfrentamos es: ¿cómo alimentar al mundo ahora que el petróleo y el gas se vuelven más caros y escasos, y a la vez reducir los gases de efecto invernadero en 80 por ciento para 2050? Nadie sugiere que la respuesta a eso sean los transgénicos.

* Director de políticas de la Asociación del Suelo, principal organización británica de agricultura y alimentación orgánica.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya

Pase, toque y lléveselo

Silvia Ribeiro *

Según un artículo publicado en cnnexpansion.com, “Pase, toque y lléveselo”, será la fórmula que aplicará el Proyecto maestro de maíces mexicanos (Diana Teresa Pérez, 28/4/2008). Muy sincero. Otras versiones de tal proyecto tratan de vendernos que Monsanto, con la Confederación Nacional Campesina (CNC), se propone “conservar” las razas de maíces mexicanos, por lo cual la CNC hizo el cínico planteo al Congreso de apoyar el proyecto con egresos del presupuesto 2009. Como el citado artículo se dirige principalmente al medio empresarial, muestran el producto tal cual es. A pie de página, resume: “El proyecto ofrece el ADN de las semillas, las pruebas suficientes para mejorarlas y la venta de granos a medida de las necesidades de las compradoras”.

En el Proyecto maestro de maíces mexicanos (PMMM) participan Monsanto, la CNC y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, junto con el gobierno del famosísimo Mario Marín, de Puebla. Esperan el apoyo de los gobiernos de Tlaxcala, de Enrique Peña Nieto y de Ulises Ruiz para extender el proyecto al estado de México y Oaxaca. Finísimas personas.

El PMMM tiene varios componentes y se dirige a todo tipo de agricultores y campesinos. Uno de éstos es la creación de un banco de germoplasma de maíz campesino, pretendida coartada pública del resto del proyecto. Otros componentes, mucho mayores, comprenden incentivar la agricultura por contrato y el uso de maíces híbridos y semillas transgénicas, con el correspondiente paquete de agrotóxicos que éstos requieren, ya que sin ellos no producen. Agrotóxicos que también son vendidos por las mismas compañías.

Nada tiene que envidiarle este proyecto a otros contratos anteriores y en curso que la Universidad de Guadalajara firmó también con Monsanto para entregar a dicha trasnacional la investigación de la institución sobre teocintle y maíces nativos de la Sierra de Manantlán. Son complementarios: se trata, en ambos casos, de usar recursos y fondos públicos para facilitar a Monsanto la apropiación del patrimonio genético más importante de México y, de paso, lavar la sucia imagen (misión imposible, pero tratan) a la empresa trasnacional que detenta el mayor monopolio de semillas en la historia de la agricultura. Dueña de más de 80 por ciento de los agrotransgénicos del mundo, Monsanto es también la mayor empresa global de semillas de todo tipo. Junto a Dupont-Pioneer y Syngenta, controlan 47 por ciento por del mercado mundial de semillas comerciales y son agresivas promotoras de la legalización del maíz transgénico en el país, además de responsables impunes de la contaminación transgénica del grano en México.

Con mínimos pagos de Monsanto, minoritarios en el total del presupuesto de los proyectos, queda por explicar al pueblo de México y a la historia por qué la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se prestan a ese tipo de proyectos contrarios a los intereses y la soberanía del país, aportando para ello fondos propios, locales e investigadores, incluyendo todas las cargas sociales de éstos. Disponiendo, además, del patrimonio genético del maíz, que de ninguna manera es de su propiedad.

Según declaran investigadores participantes en esos proyectos, la falta de recursos públicos para la investigación los “obliga” a tomar fondos de empresas privadas. No explican por qué la contribución pública es muchísimo mayor y por qué esos mismos fondos no se aplican a restablecer los bancos de germoplasma públicos que ya existen en el país y que han sido descuartizados por las políticas privatizadoras en beneficio de las mismas empresas que ahora quieren aparecer como caritativas. O cómo es que la eliminación de las variedades campesinas, sustituidas por híbridos, y la contaminación transgénica con genes patentados por Monsanto va a contribuir a “conservar los maíces mexicanos”.

O por qué no usan esos fondos públicos, en lugar de apoyar a Monsanto, a lo verdaderamente necesario, que es impulsar la agricultura campesina, ya que la diversidad del maíz no es, ni será nunca, la que se congela en un banco, sino el producto vivo del trabajo colectivo y milenario de millones de campesinos y campesinas, que deben existir para que esa diversidad siga viva.

Esos pueblos del maíz son los que sufren el embate privatizador en beneficio de las trasnacionales de los agronegocios como Monsanto, y su contaminación transgénica pasada y programada a futuro para que pierdan sus propias semillas y no tengan más opciones que comprar semillas patentadas a las trasnacionales.

Por todo esto, la Red en Defensa del Maíz Nativo se declaró, en su asamblea en julio 2008, enérgicamente contra esos proyectos. Rendirse, pese a trasnacionales, gobiernos y académicos que venden favores, no está en la agenda de estos tercos campesinos y campesinas.

* Investigadora del Grupo ETC

Malas noticias en la agricultura mexicana

Luis Hernández Navarro

Hay malas noticias para el campo mexicano. El Congreso de Estados Unidos recientemente aprobó la Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008, conocida como Farm Bill. El 15 de mayo pasado los legisladores de ese país autorizaron un presupuesto de casi 300 mil millones de dólares para programas agrícolas y de ayuda alimentaria hasta el año 2012. Destinarán, en promedio, alrededor de 60 mil millones de dólares anuales a estas actividades.

La desigualdad de los recursos destinados al agro en ambos países es abismal. Y ello es malo para México porque sus relaciones comerciales agrícolas no son de cooperación y complementación comercial, sino de competencia.

Los apoyos que reciben los grandes agricultores y compañías agroindustriales en ese país les permitirán seguir conquistando el mercado mexicano, que antes era abastecido por los productores nacionales, y evitar que los mexicanos sean competitivos en territorio del Tío Sam.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 acordado en México es de alrededor de 250 mil millones de dólares. Esto significa que el gasto rural y de apoyo a la nutrición de nuestro vecino del norte será equivalente a poco menos de una cuarta parte de todo el dinero destinado al funcionamiento del Estado mexicano.

A pesar del enorme déficit fiscal que sacude la administración pública estadunidense, y de vivir una época de gran prosperidad gracias a los altos precios de los productos agrícolas, la nueva ley agrícola fue apoyada tanto por el candidato demócrata Barak Obama como por el republicano John McCain.

La Farm Bill 2008 destinará alrededor de 43 mil millones a subsidios agrícolas para el cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar, maíz, soya, trigo, entre otros. Según Chuck Connor, secretario de Agricultura de Estados Unidos, las subvenciones aprobadas en esta legislación “incrementan las distorsiones al comercio en 17 de los 25 productos que abastecemos”.

La ley mantiene los altos subsidios a la fabricación de etanol a partir del maíz, desviando la cuarta parte de su cosecha a este propósito. Entre las consecuencias inmediatas de esta medida está incrementar el precio del grano y el de la carne de pollo y res. Además, presiona a reconvertir los terrenos sembrados con pastos nativos en maizales, lo cual destruirá importantes hábitats que son el hogar de numerosas formas de vida silvestre en peligro de extinción.

La ley agrícola incrementa los precios de apoyo a la caña de azúcar y garantiza que 85 por ciento del mercado doméstico sea abastecido por la producción local. El gobierno desembolsará para ello 130 millones de dólares al año y los consumidores deberán pagar alrededor de 2 mil millones de dólares anuales más por el azúcar que consuman. Simultáneamente se limitan las posibilidades de que otras naciones sembradoras de caña exporten el dulce a Estados Unidos.

La norma no sólo incrementa los subsidios que ya recibían productos, sino que otorga subvenciones a otros nuevos. Los productores de espárragos, por ejemplo, recibirán 15 millones de dólares. Los criadores de caballos de carrera de Kentucky tendrán exenciones fiscales por 93 millones de dólares.

La nueva legislación aprobó también 23 mil millones de dólares por concepto de ayudas para asegurar las cosechas. Mientras la inmensa mayoría de los productores mexicanos –y del resto del mundo– deben afrontar solos la incertidumbre del mal tiempo o de las plagas o, si tienen suficiente capital, contratan con su dinero seguros para resguardarse de posibles desgracias, los agricultores estadunidenses recibirán de su gobierno los recursos para hacerlo.

En un momento de hambrunas, la Farm Bill 2008 no ayudará a combatir el hambre en el mundo. Menos de uno por ciento del presupuesto se destinará a proporcionar ayuda alimentaria a otras naciones. Además, la mayoría de la que se otorgue deberá ser adquirida de productores estadunidenses y trasladada en transportes que pertenezcan a compañías de Estados Unidos, lo cual permitirá librarse de superávits y erosionar los mercados y la capacidad de producción locales. Los recursos acordados para compras en efectivo por este rubro fuera de este país son de apenas 15 millones de dólares.

Contra lo que pudiera suponerse, los subsidios agrícolas no están dirigidos exclusivamente hacia los agricultores familiares. Pueden recibir pagos directos aquellas personas que hayan obtenido ingresos agrícolas hasta de 750 mil dólares anuales, o hasta de millón y medio de dólares, en caso de que se trate de un matrimonio de granjeros. Presentadores de televisión como David Letterman y herederos como David Rockefeller, que tienen granjas, recibirán estos recursos.

La Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008 será una catástrofe para el campo mexicano. Sin políticas de protección comercial para defender a los productores nacionales, la competencia por los mercados agrícolas será mayor y más desigual.

La única veladora que los funcionarios agropecuarios y comerciales mexicanos prendieron fue para que se alcanzara un acuerdo internacional agrícola que baje los subsidios en el marco de la ronda de Doha. Pero esa veladora se apagó. No habrá acuerdo. Ahora no tienen dispuesto plan alternativo alguno.

¿Qué ha hecho la Secretaría de Agricultura para enfrentar lo que la revista The Economist llamó “la cosecha de la desgracia”?

Alberto Cárdenas, el encargado del despacho, declaró tímidamente, a comienzos de este año, junto a su colega canadiense, que la nueva ley tendría consecuencias negativas para el comercio regional. Pero fuera de eso no se conoce crítica o protesta alguna, mucho menos medidas para blindar a los productores nacionales.

¿Qué ha hecho el Congreso de la Unión? Que se sepa, nada.

Vivimos una grave crisis alimentaria mundial. La nueva Farm Bill agravará sus efectos en México. ¿Se darán cuenta de ello nuestros políticos?

Domesticando al café

Armando Bartra

Negro como el diablo,
caliente como el infierno,
puro como un ángel,
dulce como el amor.

Hay plantas propicias y plantas hostiles. Unas son amistosas, entrañables, otras funestas, ominosas, malignas... El maíz es una planta fraterna, como lo son el frijol y la calabaza, que conviven en la milpa doméstica. También son propicios los frutales que se entrelazan en la huerta tradicional y los chiles, jitomates, rábanos y chayotes que crecen junto a la vivienda campesina.

Pero así como las hay benévolas también las hay malignas. El henequén, por ejemplo, es nefasto. Y no por su talante erizado sino porque a su vera el pueblo maya perdió la libertad. En aras de sus vertiginosas plantaciones a fines del siglo XIX la “casta divina” arrasó con las comunidades reduciéndolas a la esclavitud. Por eso, pese a que lo conocían y usaban antes de la conquista, los campesinos de Yucatán desquieren al espinoso agave, testigo y cómplice de su desgracia, verde grillete de su humillación. La dulce caña de azúcar es también una planta enemiga, un cultivo avasallante que a su paso barrió con las milpas campesinas, agotó las aguas, taló los bosques, consumió a los hombres. En Morelos el cerco verde de la gramínea asfixió a las comunidades hasta que la gente de Zapata dijo basta. Porque la revolución del sur fue una guerra de pueblos contra haciendas, pero también un combate de milpas contra cañaverales. Hostil es el tabaco, y no por adictivo y cancerígeno, sino porque en Valle Nacional y otras zonas de cultivo consumió a ejércitos de trabajadores enganchados. Como son odiosos los grandes plantíos de algodón que año tras año derrengaban a miles de pizcadores en los interminables latifundios de La Laguna.

También el café es una planta funesta

Tras el amable arbusto de rojos frutos se oculta una sombría historia de explotación y su llegada a las laderas de Soconusco acrecentó sobremanera la moderna esclavitud de los pueblos indios de Chiapas. Varias generaciones de tzeltales, tzotziles y mames padecieron como galeotes por temporada en las inhóspitas plantaciones, pues para cosechar el café destinado a San Francisco, Bremen o Hamburgo los finqueros alemanes hicieron esclavos de entrada por salida a los genéricos “chamulitas” pobladores de las partes más ariscas del estado. Entre tanto, en Oaxaca, los cafetales de Pluma Hidalgo, Juquila y Miahuatlán consumían las energías de legiones de mixtecos, mientras que en Córdoba, en Jalapa y en las huertas privilegiadas de Coatepec los grandes caficultores veracruzanos dejaban exhaustos a los cosechadores totonacas en aras de producir un aromático de excelencia.

Desde fines del siglo XIX y hasta bien entrado el XX las plantaciones fueron lugares de penuria y sumisión. Para más de tres generaciones de pizcadores el del cafeto fue un cultivo esclavizante, una labor impuesta, ignominiosa. Y los campesinos odiaban al café.

Con la revolución de 1910 no cambiaron las cosas en el cafetal. El alzamiento popular fue justiciero y en los años 20s del siglo pasado algunos latifundios pasaron a manos campesinas. Pero por ser agronegocios empresariales presuntamente eficientes, las plantaciones quedaron igual. De este modo, los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles remacharon la percepción campesina de que cultivos como el henequén, la caña de azúcar, el algodón y el café eran definitivamente ajenos y hostiles, asunto exclusivo de hacendados y grandes finqueros. En el nuevo México de la posrevolución las plantaciones siguieron siendo inhóspitas: campos de exterminio que la epidérmica sindicalización rural no emancipó. Y los campesinos, reducidos a la condición de pizcadores en huerta ajena, seguían odiando el café.

Los vientos cambian a fines de los años 30s del pasado siglo, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas opta por una reforma agraria campesina, estima que los ejidatarios y comuneros son capaces de manejar siembras agroindustriales y apuesta a que la economía doméstica puede vérselas con cultivos de plantación. Así Cárdenas expropia y reparte algodonales, henequenales, cañaverales y al final entrega también algunos cafetales a los solicitantes de tierras

Sólo que la hostilidad entre campesinos y plantaciones viene de antiguo y no se borra de súbito con el cambio de propiedad. Las pencas de henequén que obtienen los debutantes ejidatarios de Yucatán no son orgulloso producto del trabajo campesino, sino el alimento que demandan las desfibradoras y cordelerías privadas, y más tarde la materia prima que exige la estatizada Cordemex. Las cosechas de los ejidatarios cañeros no son dulces frutos de la parcela doméstica, sino ofrendas a la insaciable voracidad del ingenio privado o paraestatal. Y en un primer momento también los recientes ejidatarios cafetaleros se enfrentan a las huertas de mala manera. Al comienzo las cultivan desidiosamente, como quien no quiere la cosa, y apenas pueden las administran al modo finquero mediante mozos contratados.

No es fácil reconciliarse con el enemigo

Cuesta trabajo aquerenciarse con el cultivo que expolió a padres y abuelos. Y más cuando el flamante dueño de la pequeña huerta tiene que trabajar para el acaparador, para el coyote, para el propietario de la planta de beneficio, para la trasnacional agroalimentaria y, por algunos años, para una empresa paraestatal, el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que sin ser lo mismo era casi igual.

Con el tiempo, los pequeños agricultores mexicanos han ido aprendiendo a confraternizar con el cafetal. En los 70s eran inexpertos y se dejaron seducir por el modelo de monocultivo intensivo en agroquímicos que impulsaba el gobierno a través del Inmecafé, pero a raíz de la caída de los precios ocasionada por la cancelación de los acuerdos económicos de la Organización Internacional del Café (OIC) en 1989, algunos productores organizados se orientaron al manejo sin agrotóxicos y a la comercialización a mercados solidarios donde se pagan precios justos.

Así, quienes al principio lo cultivaban como de soslayo, con desconfianza, fueron desarrollando una cultura agrícola propia, fueron domesticando al enemigo ancestral y campesinizando un cultivo de origen finquero que por generaciones les fue adverso. Y en las regiones donde predominan los pueblos originarios hoy puede hablarse con propiedad de huertas indias, cafetales de montaña no sólo limpios sino biodiversos y sustentables, donde se cultiva en cooperativas democráticas un café orgánico, suave y de altura orgullosamente mexicano

Más aún, en algunas regiones cafetaleras los huerteros, que lo cosechaban pero no lo consumían, están empezando a tomar buen café.

Crisis de modelo: petróleo y agricultura

Luis Linares Zapata

De manera constante, pausada a veces, otras con dolor colectivo y hasta con serias contradicciones, la realidad trastoca el modelo productivo impuesto al país durante el último cuarto de siglo. A pesar de las múltiples señales de alarma que tanto en lo petrolero y en el campo nacional se escuchan por todo el sistema de producción y convivencia respectiva, la cúpula decisoria de México, el oficialismo más atrincherado, insiste en perseverar en la continuidad el modelo en boga. Poco se inmutaron ante el reciente disparo en los precios de la tortilla, debido al súbito, aunque anunciado, incremento en los precios internacionales del maíz y la especulación interna sin controles adecuados. Tampoco parecen conmovidos por la que ya se llama crisis generalizada de los granos: arroz, trigo, soya, maíz y sus muchos derivados en cárnicos, huevo, leche y demás. Pero lo que llega a un punto por demás dramático lo constituye el apego de ese irreductible oficialismo a plantear la ansiada apertura de la industria energética. Una falsa puerta para intentar dar salida a la grave situación en que se ha situado a Pemex después de años de abandono en sus responsabilidades vitales.

Ante tan asfixiante problemática actual, sólo negada por los interesados en sus propios negocios y complicidades, la solución planteada es abrir la economía a más importaciones y atraer al capital trasnacional para que se hagan cargo de los problemas. El resultado está ante la vista de cualquiera que lo quiera ver. México se ha ido convirtiendo en una enorme maquinaria para adquirir fuera cuanto producto o servicio uno imagine. También para esperar desde sus cúpulas, plagadas de infantilismo, las bondades inacabables del capital privado del exterior. Las consecuencias han sido trágicas para la historia repetida del país.

En el campo se desmantelaron todas las redes protectoras que sostenían la producción de los alimentos básicos (Conasupo y otras), en especial aquel tejido que lo resguardaba contra las extendidas prácticas depredadoras de las economías avanzadas. Desaparecieron los almacenes, se fueron extinguiendo los centros de investigación y se trasladó tan vital actividad a otros lugares y naciones. El crédito asequible se redujo al mínimo y aumentaron las tasas al liquidarse los bancos estatales. Los paquetes tecnológicos, de semillas, equipos y de comercialización se dejaron, como las demás, en las avarientas manos de las trasnacionales de la alimentación (Monsanto, Cargill o Archer Daniels)

Siendo la agricultura mundial una actividad que no obedece los estándares ideales del mercado, se dejó a los productores al garete. Aquellos que no sobrevivieron a la ficticia competencia emigraron para hacer más eficiente la producción estadunidense. Poblaron los barrios marginales de las urbes, engrosaron el empleo informal o se alquilaron de albañiles en una industria que los usa y abusa hasta con desprecio. Los paradigmas neoliberales de permitir que el mercado movilice y asigne los recursos disponibles es un espejismo en la agricultura (como casi en todo) donde campean las prácticas monopólicas o de cárteles. Se predicó, con vehemencia casi suicida, que todo lo que en otras partes se produjera a costos más bajos se tendría que dejar de hacerlo en el país. Era conveniente –se dijo y se sostiene– traer de fuera lo más barato, o de mejor calidad, antes que subsidiar al ineficiente. Por este rumbo se ha ido colocando fuera la parte sustantiva del estómago y el gusto de los mexicanos. Se pensó que la época de los precios bajos de los granos y alimentos básicos duraría para siempre. La realidad es muy diferente y dramática. La carestía y la controlada oferta alimentaria llegaron y se instalarán por muchos años en el futuro entre nosotros. Y a la agricultura nacional la encontró desarticulada, sin instrumentos y en decadencia, al menos en esas abigarradas regiones de subsistencia o autoconsumo. Así, el déficit en la balanza comercial externa vuelve a ser monumental e insostenible. A pesar de recibir cuantiosas transferencias de los residentes mexicanos en el extranjero, a los remanentes del turismo o los ingresos de divisas por las ventas de crudos (decenas de miles de millones de dólares) la cuenta corriente será una limitante indudable al crecimiento.

Similares circunstancias se observan en la industria petrolera a causa de dar ventajas interesadas o tramposas a los agentes externos. Lo trascendente es reconocer que, desde hace años, se ha perdido la capacidad de satisfacer la demanda interna de petrolíferos. Un caro precio a la irresponsable gestión de Pemex enseñoreada en los últimos 20 años: 12 del priísmo tardío y el resto del inicuo panismo que se ha sufrido. El impulso a la ingeniería propia se agotó antes de consolidarse, no sin arrojar notables resultados (seis grandes refinerías). Se privilegió, de indirectas maneras, a los centros de investigación de fuera a costa del Instituto del Petróleo, las universidades o grupos de ingeniería locales. Poca exploración hace ya Pemex en estos días de manera directa, todo se contrata y subcontrata con empresas externas. Las importaciones masivas de partes, máquinas, procesos, insumos, equipos y hasta operarios se ha instalado como normal práctica cotidiana.

Es, no cabe duda, hasta peligroso para la soberanía energética pensar que se puede continuar con una plataforma de exportación del actual volumen (1.5 mmdbd) a costa de subsidiar a los que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Actores, empresas, grupos y personas específicas, que se han enseñoreado de los bienes y recursos nacionales para su propio provecho y poder. Ésta, la debilidad fiscal, es el verdadero, el primigenio núcleo de los problemas, de las deformaciones que padece la industria petrolera. Sin enfrentarla de manera directa no se podrá impulsar una reforma que sea autosostenible, independiente y pilar del desarrollo de la nación.

Chivo-comentario: Es curioso que en la epoca de la Conasupo, todos criticaban los grandes problemas de corrupcion y actualmente se sigue criticando a Pemex y a su sindicato de lo mismo. A final de cuentas, los beneficios dificilmente y a cuentagotas llegan a la gente comun y en su mayoria se quedan en una cupula. Si no comenzamos por una revolucion cultural y educativa y una verdadera reforma del estado, lo que hagamos no servira de nada. Queremos curar al arbol que esta plagado, cuando la raiz esta podrida.

Con licencia para matar

Silvia Ribeiro

En el contexto de las peores crisis globales en décadas (crisis alimentaria y cambio climático), dos reuniones globales de Naciones Unidas en las últimas semanas, proponen medidas que en lugar de enfrentar las crisis las empeorarán. Más apertura comercial, alta tecnología y endeudamiento. Los que ganan, y mucho, son las trasnacionales de los agronegocios, los especuladores bursátiles y la nueva casta de los filantro-capitalistas como Bill Gates, buitres cebados en el hambre ajena.

Durante la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre seguridad alimentaria (Roma 3-5 de junio), el organismo anunció, el 4 de junio, “una alianza sin precedentes entre elementos de primera línea del desarrollo agrícola”, con el objetivo de “dar un gran impulso a la producción de alimentos en África”. Con ese anuncio, deberían ser con los campesinos africanos, pero no, es un acuerdo entre la Alianza por una Revolución Verde en África (AGRA) promovida por los billonarios Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller; con la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Obviando las causas reales y que el problema no es producción sino acceso, afirman que la solución “perenne” para África es aumentar la producción de alimentos “modernizando” a los millones de campesinos que han sobrevivido pese a las olas de colonialismo y neoliberalismo, con una “nueva revolución verde”. Es decir, arrojarlos a la dependencia masiva de semillas industriales y agroquímicos patentados, destruyendo sus ya frágiles suelos y su biodiversidad, contaminando sus fuentes de agua con agrotóxicos, todo condimentado con la imposición de nuevas leyes de semillas y de propiedad intelectual para proteger a las empresas a las que les venderán las semillas que nunca pidieron. El objetivo es desarmar los sistemas alimentarios tradicionales que no se basan en dinero. Qué coincidencia, parece la política agrícola en México, que expulsó a millones de personas del campo y a la emigración, hundiendo al país en la peor dependencia alimentaria de su historia. ¿Será porque el ex presidente Ernesto Zedillo es asesor estrella de la Fundación Gates?

El mismo día, Monsanto, que espera lucrar en grande con todo esto, sacó un comunicado donde promete –sin ningún fundamento real– aumentar al doble la producción de maíz, soya y algodón transgénico para 2030, como solución al hambre y al cambio climático. Anuncia que en equipo con la Fundación Gates y el CIMMYT (centro internacional de investigación agrícola sobre maíz y trigo, basado en Texcoco), están desarrollando cultivos transgénicos resistente a la sequía, pero que no le cobrarán la regalía de sus patentes monopólicas a los más pobres en África (al menos en la primera cosecha, hasta que se hagan dependientes). Es una burda maniobra para legitimar los transgénicos y abrir mercados, que contaminen a los africanos (y a quien se deje), navegando las oportunidades que le abren sus amigotes de Naciones Unidas.

La Cumbre de la FAO, al igual que semanas antes lo hiciera la novena Conferencia de Convenio de Diversidad Biológica (CBD), reunida en Bonn, paseó el tema de los agrocombustibles –que según numerosos informes compiten con la producción de alimentos y son una amenaza a la biodiversidad– para figurar como preocupados, pero sin decretar ninguna medida efectiva que frene este loco desarrollo. La excusa es que estos “pequeños errores” se podrían corregir con una “segunda generación”, lo que la práctica significaría inmensas plantaciones de árboles y cultivos transgénicos.

Al inicio de la conferencia del CBD, el secretario de este organismo, Ahmed Djoglaf, declaró que “la empresa más grande del mundo no es Wal-Mart, es la naturaleza”, y se congratuló de que en esta conferencia habría gran presencia de las industrias, gracias al uso que este funcionario hace de los recursos públicos de ese organismo, para facilitar que estén allí los principales destructores de la diversidad biológica y cultural.

La solución real a la crisis alimentaria y los efectos agrícolas del calentamiento global, quienes tienen el conocimiento y 10 mil años de experiencia en crear alimento, abrigo, cultivos adaptados a los diferentes climas y situaciones, accesibles para todos, son los campesinos y campesinas del mundo. Sin embargo, tanto en la Cumbre de la FAO, como en el CBD, se reprimió y expulsó, tratando de callarlos, a delegados de Vía Campesina. Su delito: en la FAO una protesta pacífica portando carteles con datos de las inmorales ganancias de los agronegocios gracias a la crisis alimentaria y en el CDB, extender mantas que decían “la naturaleza para la gente, no para el lucro” y “no hay biodiversidad agrícola sin campesinos”. No están solos, no se callarán y sobre todo, tienen razón.

Crisis alimentaria en México: crónica de un desastre anunciado

* Desenmascarados, el neoliberalismo y sus instituciones
* Urge pacto nacional por la soberanía y el derecho a la alimentación

Víctor Suárez Carrera

El encarecimiento de los alimentos en los meses recientes a niveles sin precedentes desde los años 50s configura una verdadera crisis mundial, que ha impulsado a todos los organismos internacionales (ONU, FAO, UNCTAD, FMI, Banco Mundial, G8, OMC) a reconocerla como un grave problema no sólo para los países importadores netos sino también para los desarrollados y la economía global en su conjunto.

La multiplicación de los precios de los alimentos, de una a tres veces respecto de los niveles de 2006, profundiza la desnutrición, pobreza y caída del poder adquisitivo de la mayoría de los hogares mexicanos y del mundo entero.

Más de 40 países, entre ellos México, han experimentado conflictos sociales y políticos derivados de la inflación alimentaria. El secretario general de las Naciones Unidas llamó a una reunión urgente de todos los organismos de esta instancia, incluidos Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar la crisis y encontrar soluciones urgentes y de fondo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo una convocatoria similar a sus miembros para sesionar a principios de junio en Roma. El G-8 (grupo de los países más poderosos) ha incluido el tema en la agenda de su reunión de julio.

México: excepción mundial, según Calderón

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del presidente Calderón y de miembros de su gabinete, en México no hay crisis alimentaria: somos una excepción mundial, no pasa nada, todo está bajo control.

Que los precios de la tortilla se hayan incrementado más de 40 por ciento y tiendan a llegar a dólar el kilo para principios de junio “no hay problema”.

Que los precios del trigo y del arroz se hayan duplicado y triplicado, respectivamente, en los meses recientes, y que la canasta alimentaria básica haya sufrido un aumento de 42 por ciento en la administración calderonista, “sí, pero no hay desabasto”.

Que el Banco de México declare que la meta inflacionaria de 3 por ciento para 2008 no podrá cumplirse, y que se superará 4.75 debido a la presión del encarecimiento alimentario, “no importa, todo esta bajo control”.

Que estemos dependiendo en 42 por ciento de nuestros alimentos de Estados Unidos (EU), y que en 2007 hayamos importado 20 millones de toneladas de granos y oleaginosas con valor de 5 mil millones de dólares más 7 mil millones de dólares en hortalizas, frutas y otros alimentos procesados y bebidas, “no hay problema, los consumidores tienen mejores opciones de compra”.

Que por el incremento de los precios de los alimentos se prevea que en México aumenten en dos millones las personas con desnutrición y anemia y en seis millones las personas en condiciones de pobreza, “para eso está el nuevo programa Vivir Mejor”.

El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, dice que el alza de precios es una burbuja inflacionaria; el de Economía, Eduardo Sojo, que el abasto está garantizado –aunque no precisa a qué precios ni con qué consecuencias económicas, sociales y nutricionales–, y el titular de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, afirma que “no ha habido inflación, ni explosión de precios de los alimentos”.

Se trata, como vemos, de la política del avestruz, de un gobierno autista, que se niega a reconocer la existencia de la crisis alimentaria en México.

Las corporaciones, beneficiarias de la crisis

Para el gobierno de Calderón no hay crisis alimentaria, “para qué cambiar” si a las grandes empresas agroalimentarias la crisis les ha traído un crecimiento sin precedentes en sus utilidades.

Es el caso de Archer Danield's Midland (ADM), que –según informó The Wall Street Jornal Americas – reportó ganancias del tercer trimestre (del año fiscal de EU) de 42 por ciento en su actividad de procesador de alimentos, y una septuplicación de las utilidades de su filial que almacena, transporta y comercia granos como trigo maíz y soya. O Monsanto, líder en transgénicos y productor de semillas híbridas y herbicidas, que obtuvo en los recientes tres meses ganancias que duplicaron las del periodo previo. Y sus competidoras, Dupont y Syngenta acaban de revisar al alza sus predicciones de ganancias. Asimismo, hay noticias de que la suiza Nestlé y la francesa Danone han logrado sostener sus ganancias pues han trasladado a los consumidores las alzas de los precios de sus insumos agrícolas. Y el fabricante de maquinaria agrícola Deere & Co registró un aumento de 55 por ciento en sus ingresos del trimestre más reciente.

También las mexicanas Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala y Sigma, entre otras, han visto aumentar sus utilidades al tiempo que se profundiza la crisis.

La crisis alimentaria en México (y el mundo) es resultado de las políticas neoliberales aplicadas desde hace 25 años sin interrupción por los gobiernos priístas y panistas, de conformidad con los lineamientos del FMI y BM y los intereses de los países desarrollados y sus corporaciones agroalimentarias.

Se apostó a desmantelar la capacidad de producción nacional para depender de las importaciones subsidiadas con precios inferiores a los costos de producción provenientes de EU. Antes teníamos autosuficiencia alimentaria, sobre la base de la oferta campesina y políticas activas de apoyo y protección del Estado mexicano. Ahora estamos en el peor de los mundos: estructura de producción interna desbaratada y dependencia alimentaria creciente a precios altos sin precedentes. Y lo que es peor aún: la tendencia alcista de los precios mundiales de alimentos seguirá en los próximos años y, probablemente, lustros.

La crisis alimentaria ha sido impulsada por el uso geopolítico, sin ninguna justificación económica o ambiental, de granos y oleaginosas para la producción de agrocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea. Tan sólo EU utiliza unos cien millones de toneladas de maíz (volumen capaz de alimentar a 500 millones de personas durante un año, y equivalente a cinco veces la cosecha mexicana) para este propósito.

Pero la crisis es también resultado de considerar a la agricultura un sector más de la economía capitalista; a los campesinos una “carga” en la modernización de México, y a los alimentos una mercancía más y no un derecho humano fundamental.

En los 25 años recientes se ha impuesto la idea de que la agricultura no tiene la finalidad primaria de producir alimentos, sino mercancías para la exportación y ahora combustibles “limpios”. ¿Comestibles o combustibles?

Los trágicos costos de la política de dependencia de abasto desde el exterior, de guerra contra la agricultura campesina, de depositar la seguridad alimentaria en el “libre comercio” y en los países desarrollados y sus corporaciones, ahora se está volviendo contra sus creadores y promotores. Es tiempo de reconocer el fracaso de las políticas neoliberales hacia el campo y la alimentación.

Nuestras propuestas

Es urgente cambiar de modelo y de instituciones, no sólo en México sino en todo el orbe. El movimiento campesino autónomo lo ha venido planteando desde hace años, con propuestas viables y bien fundadas, principalmente desde el Movimiento El Campo no Aguanta Más y la Campaña Sin Maíz no hay País. Hasta ahora no hemos sido escuchados.

También urge que el Senado apruebe la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que establece el derecho constitucional a la alimentación, y ambas cámaras, la ley que crea un mecanismo de administración de comercio exterior de alimentos básicos y la reserva estratégica alimentaria. Asimismo, debe imponerse una moratoria a la elaboración de combustibles con alimentos y a la siembra de maíz transgénico. No hacerlo, confirmaría el papel de complicidad de los grupos parlamentarios del PRI con las políticas anticampesinas y de inseguridad alimentaria del gobierno de Felipe Calderón.

Director de la ANEC

El plátano, parábola de nuestro tiempo

Las prácticas depredadoras de corporaciones bananeras llevan al fruto hacia su extinción

Johann Hari*

Debajo de los encabezados que hablan de carestía de alimentos y gobiernos tambaleantes, existe un hecho casi inadvertido: los plátanos mueren. Este alimento, más consumido incluso que el arroz o las papas, tiene su propia forma de cáncer. Se trata de un hongo conocido como enfermedad de Panamá, que da a la fruta un color rojo ladrillo y la vuelve incomible.

No hay cura. Todos los frutos perecen conforme se propaga, lo cual ocurre de prisa. Pronto –entre 10 y 30 años– la fruta amarilla y cremosa que conocemos no será más.

La historia del ascenso y caída de este alimento puede verse como una extraña parábola sobre las corporaciones que cada vez dominan más al mundo y adónde nos están llevando.

El plátano parece un espléndido producto de la naturaleza, pero eso es una dulce ilusión. En su forma actual, su creación fue bastante deliberada. Hasta hace 150 años existía gran variedad de plátanos en las selvas del mundo, los cuales se consumían siempre en las zonas cercanas. Algunos eran dulces; otros, amargos. Los había verdes, morados o amarillos.

Un consorcio llamado United Fruit sacó de la selva un tipo en particular –conocido como Gros Michael– y decidió producirlo en masa en enormes plantaciones, y distribuirlo por el mundo en barcos frigoríficos. El plátano se estandarizó en un modelo amigable: amarillo, cremoso y cómodo de llevar en la lonchera.

Hubo allí una chispa de genio empresarial, pero United Fruit ideó un cruel modelo de negocio para llevarlo a cabo. Como explica el escritor Dan Koeppel en su brillante historia Banana: the fate of the fruit that changed the world (Plátano: el destino de la fruta que cambió al mundo) funcionó así: encuentra un país débil. Asegúrate de que el gobierno sirva a tus intereses. Si no lo hace, derrócalo y remplázalo por uno que sí. Quema sus selvas y construye plantaciones de plátano. Haz que los nativos dependan de ti. Aplasta cualquier brote de sindicalismo. Y luego, ¡lástima!, hay que ver morir los plantíos de plátano por una enfermedad que se disgrega por el mundo. Si eso ocurre, arrójales toneladas de químicos, a ver si sirve de algo. Si no, pásate al país de al lado y vuelve a comenzar.

Parece una exageración hasta que uno estudia lo que pasó. En 1911 el magnate platanero Samuel Zemuray decidió convertir a Honduras en su plantación privada. Reunió algunos gángsteres internacionales, como Guy Ametralladora Maloney; montó un ejército privado e invadió la nación, instalando a un amigo de presidente.

El término “república bananera” se inventó para describir las dictaduras serviles que se crearon para favorecer a las empresas del plátano. A principios de la década de 1950, el pueblo guatemalteco eligió a un profesor de ciencia llamado Jacobo Arbenz, porque prometió redistribuir parte de los fincas bananeras entre los millones de campesinos sin tierra.

El presidente estadunidense Eisenhower y la CIA (encabezada por un ex empleado de United Fruit) giraron instrucciones de matar a esos “comunistas”, haciendo notar que “martillo, hacha, pinzas, desarmador, atizador de fuego o cuchillo de cocina” eran buenos métodos para ese fin. Luego la tiranía con la que los remplazaron asesinó a más de 200 mil personas.

Pero, ¿en qué forma se relaciona esto con la enfermedad que hoy diezma los platanares del mundo? Las pruebas indican que, aun cuando vendan algo tan inocuo como los plátanos, las corporaciones se estructuran para hacer una sola cosa: maximizar las ganancias de sus accionistas. Si no hay normas que las contengan, harán lo que sea por maximizar las ganancias a corto plazo, lo cual conducirá a conductas como destruir el medio ambiente que explotan.

No mucho después que la enfermedad de Panamá comenzó a matar plátanos, a principios del siglo XX, científicos de United Fruit advirtieron al consorcio que cometía dos errores. Uno era construir un gigantesco monocultivo: si todos los plátanos eran de la misma especie, una enfermedad que entrara en la cadena en cualquier lugar del planeta se propagaría con rapidez. ¿La solución? Diversificar las variedades que se producían.

Las normas de cuarentena de la empresa también eran una calamidad. Hasta las personas encargadas de prevenir la infección entraban en plantíos sanos con suelo infectado adherido a sus botas. Pero las soluciones a los dos problemas costaban dinero, y United Fruit no quería pagar. Optó por maximizar ganancias hoy, suponiendo que podría abandonar el negocio del plátano si las cosas salían mal.

Así pues, para la década de 1960 el Gros Michel, que United Fruit había empacado como el único plátano auténtico, estaba muerto. La compañía buscó un remplazo inmune al hongo y al fin dio con el Cavendish**. Era más pequeño, menos cremoso y muy fácil de magullar, pero no había de otra.

Pero, como en una secuela de película de horror, el asesino volvió. En la década de 1980, el Cavendish enfermó también. Ahora está muriendo; su inmunidad era un mito. En muchas partes de África la cosecha ha caído 60 por ciento. Existe consenso entre los científicos de que el hongo acabará infectando todos los plátanos de esa variedad en el mundo. Tal vez habría alguna especie que pueda adaptarse como Plátano 3.0, pero son tan diferentes que parecen una fruta del todo diferente y mucho menos apetitosa. El contendiente más probable es el Goldfinger, que es más rígido y agrio: se le conoce como “la banana ácida”.

Gracias a la mala conducta corporativa y a los límites físicos, parece que estamos en un callejón sin salida. La única esperanza parecería ser un plátano genéticamente modificado para resistir la enfermedad de Panamá. Pero es una posibilidad remota, y encontraría mucha resistencia: ¿a quién le gustaría un banana split hecho con un plátano que contuviera genes de pescado?

¿Hay una parábola de nuestro tiempo en este licuado de plátano, sangre y hongos? Durante cien años, un puñado de corporaciones recibieron una fruta espléndida y se les permitió hacer lo que quisieran con ella. ¿Qué ocurrió? Para exprimirle hasta la última gota de ganancia, destruyeron democracias, quemaron selvas y acabaron matando la fruta misma.

Pero, ¿acaso hemos aprendido? Por todo el mundo, políticos como George Bush y David Cameron nos dicen que regular las corporaciones es “una amenaza” que hay que “combatir”; incluso sostienen que debemos dejar en sus manos el clima del mundo. Para mí, sería una locura.***

* Periodista galardonado, colaborador de The Independent y una veintena de periódicos y revistas de GB, EU, Francia, Canadá y otros países. Amnistía Internacional lo nombró Periodista del Año 2007 por sus reportajes sobre el Congo.
** Conocido en México como tabasco.
*** Juego de palabras intraducible con la expresión “that’s bananas.” (N. del T.)

© The Independent
Traducción: Jorge Anaya