Jaime Martínez Veloz
La acción de clausura de la terminal de gas natural licuado de Sempra Energy en Ensenada, por parte del ayuntamiento de ese municipio, desató los demonios y la ira de la casta política bajacaliforniana que se han coludido con una estrategia a espaldas de los ciudadanos para entregar costas, mar, territorio, soberanía y pingües ganancias a un sector de funcionarios mexicanos y empresarios extranjeros.
La reacción inmediata de funcionarios de los gobiernos federal y estatal fue la de acusar al ayuntamiento de Ensenada de que esta medida ahuyentaría la inversión, era un mal mensaje para los mercados y, según los declarantes, mordiéndose el rebozo, casi, casi estaríamos al borde del apocalipsis. Lo cierto es que Ensenada es el municipio de la entidad de mayor abandono de todos los gobiernos panistas. Como botón de muestra podemos señalar que en los campos agrícolas de la región de San Quintín el analfabetismo en las mujeres es el más alto del país, bordea el 34 por ciento. La hipocresía de los que presumen su interés por la inversión y lo publican en las páginas sociales son los directamente responsables de este atraso vergonzante.
Para esta campaña se utilizaron todas las estratagemas conocidas por los mercadólogos para inducir opiniones de escándalo, que oculten la verdad de la podredumbre que rodea los negocios de Sempra y sus aliados, en perjuicio no sólo de los bajacalifornianos, sino del conjunto del país.
Las violaciones a las leyes y las irregularidades cometidas por Sempra Energy en Baja California constituyen un asunto que perjudica el medio ambiente, el sistema político y los más altos intereses de la nación. Entre algunas de ellas podemos destacar las siguientes:
1. La empresa vierte actualmente al océano un millón 100 mil metros cúbicos de aguas residuales, contaminadas con salmueras y cloro, descargas que violan la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo –que prohíbe y sanciona cualquier descarga que pueda causar daño a la vida, ecosistemas y recursos marinos–, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente –en diversos artículos relativos a la preservación del medio ambiente–, la Ley Federal del Mar y la Ley General de Vida Silvestre, entre otras disposiciones. La CRE (Comisión de Remates al Extranjero, antes Comisión Reguladora de Energía), mediante una actitud altruista de su presidente (un ex diputado gris, según la nueva valoración cromática de un embajador de apellido Pascual), Francisco J. Salazar Diez de Sollano, en su papel de dama de la caridad ya le aprobó a Sempra ampliar su capacidad para construir dos tanques más de almacenamiento de 160 mil metros cúbicos de capacidad cada uno; construir un segundo muelle para recibir buques tanque de entre 70 mil y 253 mil metros cúbicos; incrementar los arribos de buques de 120 a 276 por año y duplicar la cantidad de aguas residuales que, en un volumen diario de más de 2 millones de metros cúbicos, se regresarán al mar a una temperatura mucho menor y con hipoclorito de sodio.
2. El permiso de uso del suelo fue otorgado por el ex alcalde Jorge Catalán Sosa a Energía Costa Azul, empresa propiedad de Sempra Energy en forma individual, de manera ilegal y arbitraria, al no tomar en cuenta a los demás integrantes del cabildo, tal y como lo especificaban las leyes al momento de su expedición. Esta decisión fue una acción premeditada y no se puede explicar la turbiedad del acto si no es que dicha acción estuvo acordada con el cuerpo jurídico y con los directivos de Sempra que, siendo tan escrupulosos para investigar y espiar a sus adversarios, es imposible que este hecho se les haya pasado de noche. Se realizó de esta manera porque así convenía a los intereses de la empresa, presuponiendo que quienes estaban en el poder nunca lo perderían, por lo que todos los involucrados tenían conocimiento de que estaban violentando las leyes del estado de Baja California y las normas que rigen al municipio de Ensenada. Los directivos de Sempra, sintiéndose poderosos, nunca pensaron que se tropezarían con las cubetas.
3. La empresa no cuenta con la zona de amortiguamiento que se establece en la NOM para las Terminales de Almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL). También incumple lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 148 se refiere a que para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve a cabo actividades altamente riesgosas será necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda.
4. Para tratar de cumplir con la restricción impuesta por la Semarnat a la empresa, relativa a que condicionó el permiso a la existencia del área de amortiguamiento, Sempra, fraudulentamente, simuló una compraventa con una persona fallecida más de un año antes, despojando de su propiedad a un ciudadano ensenadense, contando con la complicidad del gobierno de Eugenio Elorduy. Posteriormente, y dado lo burdo de la maniobra, el ciudadano logró una sentencia favorable y recuperó el predio, por lo que la empresa no cubre el requisito del área de amortiguamiento establecida por la ley, ni por las normas internacionales. Darcel L. Hulse, presidente de Sempra LNG, trató de minimizar el hecho declarando que dicha propiedad no se requería por ningún motivo para la operación de la empresa. La pregunta es obvia: ¿si no necesitaban el terreno, para qué resucitaron a una difunta (sic) y simularon una operación de compraventa del terreno que tanto pelearon y al final perdieron? En este punto sería conveniente que no se les caiga de la boca el concepto de certeza jurídica para defender a la multinacional y nos explicaran en qué ley, código o reglamento en México se permite la realización de transacciones entre una persona fallecida y una empresa de corte mundial. Creo que teniendo de su lado a los mandarines de la energía y siendo tan poderosos como presumen, pudieran sentar una nueva jurisprudencia para hacer coincidir el mundo de los muertos con el mundo de los vivos o, en el peor de los casos, contribuir al anecdotario de los ridículos nacionales.
