Al cumplir 75 días en el gobierno, el 15 de febrero, Felipe Calderón dijo que le parecían siete años. En proporción a ese cálculo, ayer que festejó su centenario, tal vez calcule que han pasado 10 años. Y es que ha procurado, en ajetreados y fatigosos ires y venires, honrar su compromiso de iniciar 100 acciones prioritarias en el lapso convencional que marca el comienzo de un gobierno. No lo ha conseguido por más que el despliegue propagandístico busque asegurar lo contrario.
El 20 de junio pasado, 12 días antes de la jornada electoral, Calderón presentó el centenar de medidas con que inauguraría su gobierno entre el 1 de diciembre y el 10 de marzo. Aunque dijo haber tenido cuidado de “no caer en la salida fácil de proponer acciones que no se puedan cumplir”, su documento incurrió en ese defecto y en otro aún mayor, que consiste en aprovechar las inercias y expresarse con los verbos continuar, consolidar, fortalecer, avanzar. Un error estructural, mayor, más abultado que esas deficiencias, caracteriza a ese plan del incipiente gobierno: no se transformó el catálogo de buenos propósitos que es a lo largo de algunos de sus tramos, en un instrumento real de gobierno, porque no se dotó a las medidas enunciadas de la provisión presupuestal requerida. Por lo demás, el que se haya mantenido el haz de propuestas de junio en diciembre, sin caracterizar adecuadamente las condiciones de su arribo a la Presidencia, surgidas con posterioridad al documento, explica el carácter más virtual que real de este período.
Aun si lo hubiera conseguido a derechas, Calderón encabezaría un gobierno débil porque responde al voto de una parcialidad muy menor de la sociedad en general y a un tercio del electorado. Pero su triunfo, que no fue contundente, tampoco fue inobjetable, sino todo lo contrario. Una franja de la sociedad participativa no reconoce que cuente con la legitimidad necesaria para gobernar. Su partido, si bien integra las bancadas más numerosas en las dos cámaras, no le sirve de sostén en el ámbito legislativo porque se reflejan allí las disensiones internas. Por eso depende de sus acuerdos con el PRI, que tendrá en sus manos en todo momento la suerte de este gobierno.
Todas esas circunstancias hubieran promovido, en un político sensible, un notorio ajuste a las propuestas preelectorales. Pero Calderón no lo hizo, y obra como si en abstracto y en el vacío se tratara simplemente de cumplir las promesas de una campaña exitosa premiada en las urnas con votación abundante. Ni en esa perspectiva ha mostrado capacidad de gobierno, porque no hizo lo que ofreció aun en terrenos donde no había obstáculos, ni corrigió allí donde la evidencia lo exigía. Fue incumplible, por ejemplo, y lo será por largo tiempo, la acción número 44, que consiste en el comienzo de las corridas del tren suburbano de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en su primer tramo, de Buenavista a Cuautitlán. Calderón contaba con que el gobierno de Fox lo tendría listo para que los vagones corrieran sobre los rieles en estos días iniciales. Pero la obra ni siquiera ha sido comenzada (y no es prioridad en este año) y por lo tanto es imposible utilizarla. Pero nadie tuvo el cuidado de corregir el documento, que por eso emite a ratos fetidez de engaño y hasta de demagogia.
También hiede a autoritarismo. Su punto 3 se refiere al mando único de la policía y anuncia que “se impulsará la aprobación de una iniciativa de ley para dar unidad de mando a las policías federales a fin de fusionar la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la policía del Instituto Nacional de Migración y la Central de Inspección Fiscal y Aduanera”. Hasta el meridiano del nonagésimo noveno día esa acción no se había realizado. Ese incumplimiento deriva de que, al margen de la ley y en contra de las regulaciones aplicables a cada una de ellas, Calderón nombró ya un solo jefe para la PFP y la AFI. Y eso es, en su perspectiva, lo importante: decisiones ejecutivas aunque no estén avaladas legalmente y aun sean contrarias a la norma. También ha fallado en convocar, como lo enuncia el punto 9, “a las autoridades del Estado de México y las del Distrito Federal para diseñar la Policía Metropolitana del Valle de México”.
Conforme a la vieja tradición, de cuño priista, de que lo hecho en México está bien dicho, apenas en el nonagésimo octavo día de su mandato Calderón se refirió al punto 8 de su plan, que a la letra dice: “Cadena perpetua para secuestradores. Se impulsará ante el Congreso de la Unión el establecimiento de cadena perpetua a los secuestradores de menores de edad y a los secuestradores que mutilen a sus víctimas”. Con oportunismo, puesto que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en esa fecha añadió entre las víctimas de este delito agravado a las mujeres. Y se limitó a anunciar el envío de la iniciativa. No la ha impulsado, como dice el texto. Y quizá no lo haga, porque acaso no encuentre terreno fértil en las cámaras, ya que, si bien nadie quiere incurrir en el costo de decir no a una medida que literalmente mereció aplauso a Calderón en el momento de ser anunciada, tampoco habrá disposición a simplemente incrementar las penas a delitos abominables a sabiendas de que esa política penal es ineficaz, porque no hay relación entre incidencia delictuosa y penalidad.
Si el gobierno no fue capaz de poner en práctica acciones enunciadas con tanta anticipación, menos aún tuvo agilidad para enfrentar fenómenos surgidos súbitamente. Tal es el caso de la carestía, originada por el incremento de precios de la tortilla. La primera reacción presidencial fue reflejo de la de Ernesto Sojo, secretario de Economía, que simplemente alzó los hombros como si el hecho no le incumbiera. Cuando la reacción social forzó a una toma de posición gubernamental para encarar el alza del principal alimento popular, las medidas ideadas para enfrentar el problema fueron mezcla de simulación y demagogia. Se escenificó la firma de un pacto contra la carestía suscrito por los causantes de la misma, que obtuvieron ventaja en ello, pues con la intención de estabilizar el precio se consagró el aumento ya practicado. Y se desplegó persecución penal contra acaparadores que resultaron en realidad almacenistas que practicaban su negocio de conservar mercancía que ya había sido adquirida.
Cada uno de los 100 días transcurridos fue ocupado por Calderón para aparentar un activismo gubernamental destinado a generar una imagen de eficacia. Como estrategia mediática ha rendido sus frutos, que consisten en percepciones sociales adecuadas a los fines de una administración débil. El despliegue de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, que es mucho menos productivo de lo que se admite (pues de las personas detenidas en las operaciones sólo un mínimo porcentaje es acusado formalmente y una proporción mucho menor será sentenciada), genera sin embargo en ciertos sectores sociales la sensación de que se avanza. No en vano la encuesta levantada por Reforma para evaluar el trabajo de los miembros del gabinete pone a los ministros castrenses en los lugares primero y tercero: el secretario de la Defensa Nacional con 59 puntos y el de Marina con 50.
El 20 de junio pasado, 12 días antes de la jornada electoral, Calderón presentó el centenar de medidas con que inauguraría su gobierno entre el 1 de diciembre y el 10 de marzo. Aunque dijo haber tenido cuidado de “no caer en la salida fácil de proponer acciones que no se puedan cumplir”, su documento incurrió en ese defecto y en otro aún mayor, que consiste en aprovechar las inercias y expresarse con los verbos continuar, consolidar, fortalecer, avanzar. Un error estructural, mayor, más abultado que esas deficiencias, caracteriza a ese plan del incipiente gobierno: no se transformó el catálogo de buenos propósitos que es a lo largo de algunos de sus tramos, en un instrumento real de gobierno, porque no se dotó a las medidas enunciadas de la provisión presupuestal requerida. Por lo demás, el que se haya mantenido el haz de propuestas de junio en diciembre, sin caracterizar adecuadamente las condiciones de su arribo a la Presidencia, surgidas con posterioridad al documento, explica el carácter más virtual que real de este período.
Aun si lo hubiera conseguido a derechas, Calderón encabezaría un gobierno débil porque responde al voto de una parcialidad muy menor de la sociedad en general y a un tercio del electorado. Pero su triunfo, que no fue contundente, tampoco fue inobjetable, sino todo lo contrario. Una franja de la sociedad participativa no reconoce que cuente con la legitimidad necesaria para gobernar. Su partido, si bien integra las bancadas más numerosas en las dos cámaras, no le sirve de sostén en el ámbito legislativo porque se reflejan allí las disensiones internas. Por eso depende de sus acuerdos con el PRI, que tendrá en sus manos en todo momento la suerte de este gobierno.
Todas esas circunstancias hubieran promovido, en un político sensible, un notorio ajuste a las propuestas preelectorales. Pero Calderón no lo hizo, y obra como si en abstracto y en el vacío se tratara simplemente de cumplir las promesas de una campaña exitosa premiada en las urnas con votación abundante. Ni en esa perspectiva ha mostrado capacidad de gobierno, porque no hizo lo que ofreció aun en terrenos donde no había obstáculos, ni corrigió allí donde la evidencia lo exigía. Fue incumplible, por ejemplo, y lo será por largo tiempo, la acción número 44, que consiste en el comienzo de las corridas del tren suburbano de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en su primer tramo, de Buenavista a Cuautitlán. Calderón contaba con que el gobierno de Fox lo tendría listo para que los vagones corrieran sobre los rieles en estos días iniciales. Pero la obra ni siquiera ha sido comenzada (y no es prioridad en este año) y por lo tanto es imposible utilizarla. Pero nadie tuvo el cuidado de corregir el documento, que por eso emite a ratos fetidez de engaño y hasta de demagogia.
También hiede a autoritarismo. Su punto 3 se refiere al mando único de la policía y anuncia que “se impulsará la aprobación de una iniciativa de ley para dar unidad de mando a las policías federales a fin de fusionar la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la policía del Instituto Nacional de Migración y la Central de Inspección Fiscal y Aduanera”. Hasta el meridiano del nonagésimo noveno día esa acción no se había realizado. Ese incumplimiento deriva de que, al margen de la ley y en contra de las regulaciones aplicables a cada una de ellas, Calderón nombró ya un solo jefe para la PFP y la AFI. Y eso es, en su perspectiva, lo importante: decisiones ejecutivas aunque no estén avaladas legalmente y aun sean contrarias a la norma. También ha fallado en convocar, como lo enuncia el punto 9, “a las autoridades del Estado de México y las del Distrito Federal para diseñar la Policía Metropolitana del Valle de México”.
Conforme a la vieja tradición, de cuño priista, de que lo hecho en México está bien dicho, apenas en el nonagésimo octavo día de su mandato Calderón se refirió al punto 8 de su plan, que a la letra dice: “Cadena perpetua para secuestradores. Se impulsará ante el Congreso de la Unión el establecimiento de cadena perpetua a los secuestradores de menores de edad y a los secuestradores que mutilen a sus víctimas”. Con oportunismo, puesto que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en esa fecha añadió entre las víctimas de este delito agravado a las mujeres. Y se limitó a anunciar el envío de la iniciativa. No la ha impulsado, como dice el texto. Y quizá no lo haga, porque acaso no encuentre terreno fértil en las cámaras, ya que, si bien nadie quiere incurrir en el costo de decir no a una medida que literalmente mereció aplauso a Calderón en el momento de ser anunciada, tampoco habrá disposición a simplemente incrementar las penas a delitos abominables a sabiendas de que esa política penal es ineficaz, porque no hay relación entre incidencia delictuosa y penalidad.
Si el gobierno no fue capaz de poner en práctica acciones enunciadas con tanta anticipación, menos aún tuvo agilidad para enfrentar fenómenos surgidos súbitamente. Tal es el caso de la carestía, originada por el incremento de precios de la tortilla. La primera reacción presidencial fue reflejo de la de Ernesto Sojo, secretario de Economía, que simplemente alzó los hombros como si el hecho no le incumbiera. Cuando la reacción social forzó a una toma de posición gubernamental para encarar el alza del principal alimento popular, las medidas ideadas para enfrentar el problema fueron mezcla de simulación y demagogia. Se escenificó la firma de un pacto contra la carestía suscrito por los causantes de la misma, que obtuvieron ventaja en ello, pues con la intención de estabilizar el precio se consagró el aumento ya practicado. Y se desplegó persecución penal contra acaparadores que resultaron en realidad almacenistas que practicaban su negocio de conservar mercancía que ya había sido adquirida.
Cada uno de los 100 días transcurridos fue ocupado por Calderón para aparentar un activismo gubernamental destinado a generar una imagen de eficacia. Como estrategia mediática ha rendido sus frutos, que consisten en percepciones sociales adecuadas a los fines de una administración débil. El despliegue de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, que es mucho menos productivo de lo que se admite (pues de las personas detenidas en las operaciones sólo un mínimo porcentaje es acusado formalmente y una proporción mucho menor será sentenciada), genera sin embargo en ciertos sectores sociales la sensación de que se avanza. No en vano la encuesta levantada por Reforma para evaluar el trabajo de los miembros del gabinete pone a los ministros castrenses en los lugares primero y tercero: el secretario de la Defensa Nacional con 59 puntos y el de Marina con 50.
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