Jenaro Villamil
Tanto como el dinero, a los dueños de la televisión mexicana les preocupa que la reforma electoral aprobada en el Congreso federal atente contra el “libre flujo de información”. Así llaman ellos a los convenios publicitarios para construir “liderazgos” de pantalla. Un ejemplo de esa faceta política del negocio lo dan aquellos gobernadores que han pagado por ser bien tratados en sus programas.
“La democracia es un buen cliente”, presumió Emilio Azcárraga Jean en octubre de 2004 ante la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. El presidente de Televisa consideraba que la pantalla comercial es un gran vehículo no sólo para vender muchos productos, sino “también para vender a los candidatos políticos, aunque no sean nuestros clientes tradicionales”.
Tres años después de presumir de esa relación comercial con los políticos, Azcárraga Jean se desdijo. Durante la Conferencia de las Américas, organizada el jueves 20 por el periódico The Miami Herald, criticó la reforma constitucional en materia electoral porque “no honra completamente la libertad ni alienta la democracia”.
Ante un auditorio a modo, Azcárraga Jean fijó por primera vez su posición ante la reforma, que entre otras cosas prohíbe la contratación comercial de tiempo-aire en medios electrónicos, en todo momento, para la promoción personal de políticos, candidatos o gobernadores.
Para el presidente de Televisa, “nuestra mayor preocupación es la libertad; la libertad de expresión, el libre flujo de información (...) Sentimos un miedo legítimo de que una vez que una línea es cruzada para revertir o reducir la libertad, la tentación para ir más lejos es fuerte”, sentenció durante su intervención.
Su discurso constituyó la nota principal del noticiario estelar del Canal 2 de su televisora, el jueves 20. Ese día el Congreso del Estado de México se convirtió en el segundo, después del oaxaqueño, en ratificar por amplia mayoría –63 votos a favor y 10 en contra– las reformas a siete artículos constitucionales aprobadas una semana antes en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En privado, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió con Televisa a frenar las reformas a través de los “gobernadores amigos”, aquellos que, como él, han destinado millones de pesos para contratar tiempos en pantalla y promover su figura personal.
En público el mandatario mexiquense, señalado insistentemente como el “candidato Televisa” para la Presidencia de la República en 2012, negó que encabezara una estrategia para frenar la reforma constitucional y que tuviera tratos publicitarios privilegiados con Televisa.
“No tenemos convenios en lo secretito ni en cuarto oscuro; todos los convenios, la colaboración, el apoyo que hacemos a los distintos medios de comunicación pública es abierta” (sic), afirmó Peña Nieto ante reporteros locales el domingo 16.
Peña Nieto ha negado una y otra vez que su gobierno firmara un convenio especial con Televisa (por un monto de 691 millones de pesos tan sólo en el período 2005-2006) para promover su figura, como lo reveló Proceso en su edición 1512.
El convenio que firmó Peña Nieto fue a través de la empresa TV Promo, subsidiaria de Televisa, que comercializa no sólo los promocionales de 30 segundos, sino también reportajes, entrevistas “informativas” en los noticiarios y participaciones en programas de análisis, como Zona Abierta –cuando existía ese programa–, así como “intervenciones” en programas de espectáculos, como Hoy, en el Canal 2.
Por contratación de spots, TV Promo le presupuestó 327 millones de pesos, y por “inversión en información” se facturaron 364 millones, de los cuales 305 millones fueron para 180 gacetillas presentadas como “notas objetivas” en los noticiarios de Televisa.
El ambicioso proyecto de promoción personal de Peña Nieto, articulado por la empresa de Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa, tiene como objetivo explícito “fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.
Aunque Peña Nieto ha negado insistentemente estos convenios anuales millonarios para publicitarse en Televisa, todos los días se confirma el cumplimiento de este plan, revelado en 2005.
El mismo día que Azcárraga Jean se quejó por las amenazas a la libertad de expresión, El Noticiero de Canal 2 difundió un largo infomercial en el que Peña Nieto entregaba ambulancias y equipos para la policía mexiquense. En el mismo segmento aparecieron spots para promover la figura de otro “cliente” de la democracia al estilo Televisa: el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás.
Conocedor de los entretelones del negocio de la pantalla, Alejandro Quintero, también accionista principal de TV Promo, arremetió contra la reforma electoral porque abrirá un “mercado negro” de información publicitaria sobre políticos, y porque el discurso de la desespotización es “mentirosón”.
Los argumentos del funcionario de Azcárraga Jean son similares a los de Héctor Aguilar Camín. El exconductor de Zona Abierta, irritado, afirmó en el programa Contrapunto del jueves 13 que estaba en contra de la reforma porque “van a crear un mercado negro del spot”. El periodista y escritor asumió que en la pantalla existe publicidad disfrazada de información, “pero es legal y fiscalizable”. Con la reforma, argumentó, “los políticos que aprobaron esto serán los primeros en acudir a los medios para contratar” fuera de la ley.
Clientela de lujo
Al igual que Peña Nieto y González Parás, otros gobernadores han sido generosos con Televisa al contratar millonarios convenios de publicidad y “apoyo”. Son los mandatarios de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat (amigo de Azcárraga Jean y promotor del equipo de futbol Necaxa, propiedad de Televisa), y el de Jalisco, Emilio González Márquez, que generó un escándalo cuando el periódico Mural reveló que le transfirió a Televisa 67 millones de pesos de la partida 4603, de “erogaciones imprevistas”, para que la televisora organizara en su entidad el evento Espacio 2007.
Una buena parte de los gobernadores “clientes” de Televisa son aquellos que invirtieron millones de pesos para la realización de este encuentro con estudiantes, que año con año sirve como promoción para mandatarios estatales que pagan los spots y los infomerciales.
Entre ellos están los priistas Ney González, de Nayarit; el sinaloense Jesús Aguilar Padilla; el sonorense Eduardo Bours, y el de Coahuila, Humberto Moreira, así como el panista Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí.
Otros gobernadores, también priistas y “en apuros políticos”, pagan para que ya no se les pegue en pantalla. Mario Marín, de Puebla, invirtió 21 millones de pesos para la entrega de premios Oye, de Televisa; el de Oaxaca, Ulises Ruiz, pagó con recursos del erario para que el programa Hoy difundiera las “bellezas de Oaxaca”, la Guelaguetza y los logros del gobernador. Desde mayo de este año, las críticas contra el gobernador impugnado por la APPO se suspendieron en Televisa.
Caso singular es el de Reynoso Femat. Desde que era alcalde de Aguascalientes, entre 1999 y 2001, le otorgó al Necaxa ocho hectáreas para la construcción de sus instalaciones y puso un estadio público a disposición del equipo de Televisa. Ante el Congreso local, el mandatario panista hizo gestiones para exentar de impuestos al plantel. Reynoso también facilitó instalaciones oficiales para la grabación de la telenovela Barrera de amor, en 2004, y destinó 13 millones de pesos para apoyar el concurso Nuestra Belleza (Proceso 1518).
Las redes de intereses políticos no son exclusivas de Televisa. Según informes del Senado, TV Azteca ha mostrado un especial interés en que el gobernador Natividad González Parás apoye al actual senador priista y expresidente de la televisora, Jorge Mendoza, como su sucesor en la gubernatura en Nuevo León. Mendoza fue el único de los senadores del tricolor que votó en contra de la reforma electoral. Su cercanía con los intereses de Ricardo Salinas Pliego es abierta.
Hasta el momento, sólo en Coahuila y Aguascalientes la posición de los gobernadores Humberto Moreira y Luis Armando Reynoso coincide con la mayoría de los legisladores locales para frenar o dilatar la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral.
Las coordinaciones legislativas en San Lázaro y en el Senado, así como las dirigencias partidistas del PRI, PAN y PRD, cabildean desde la semana pasada en los estados para que no prospere el veto que impulsan las televisoras.
Un cálculo del Senado revela que de 31 congresos locales, 21 están a favor de la reforma electoral. Sólo Aguascalientes y Coahuila están en contra, y existen dudas sobre el sentido del voto en Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El negocio político
Para Jaime Cárdenas, exconsejero del Instituto Federal Electoral, la oposición de las dos grandes televisoras a la reforma no radica solamente en la pérdida de un monto oficial de casi 300 millones de dólares que los partidos políticos destinan en gasto en spots durante las precampañas y campañas electorales.
“La pérdida de su poder político es lo que más le preocupa a los concesionarios”, apunta Cárdenas, puesto que ya no podrán incidir en la designación de candidatos ni presionar con el elemento del dinero y las deudas publicitarias a los políticos de todas las entidades federativas.
El gasto en pantalla ha crecido exponencialmente, no sólo durante las campañas electorales federales sino, sobre todo, en las estatales y municipales. Este mercado se calcula en más de 20 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de dólares, según datos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dirigida por el exsenador Javier Corral.
El gasto en servicios de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal se disparó de 2 mil 638.6 millones de pesos en el año 2000 a 15 mil 16 millones en 2006, al término del gobierno de Vicente Fox, establece un estudio elaborado por la senadora Minerva Hernández Ramos.
Autoridades electorales locales calculan que tan sólo en el presente año, las elecciones en Yucatán, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Puebla pueden representar para las televisoras un monto publicitario similar a los comicios federales de 2006, es decir, de 2 mil 600 millones de pesos.
En el caso de Televisa –como se revela en los planes de asesoría “pubicitaria” de su empresa TV Promo– el negocio consiste no sólo en la producción y venta de spots, sino en la definición y articulación de una estrategia de gobierno.
En el caso del plan que TV Promo le vendió a Enrique Peña Nieto, los “objetivos específicos” del negocio fueron:
“Marcar prioridades y forma de gobierno durante los primeros 100 días”.
“Consolidar nivel de aprobación en círculo verde a través de difusión de compromisos cumplidos”.
“Consolidar liderazgo en círculo rojo a través de la articulación de un proyecto de Estado”.
“Deslindarse públicamente de la coyuntura electoral”.
“Generar condiciones favorables para la gobernabilidad con la oposición, con el PRI, con otros gobiernos estatales, presidentes municipales y autoridades federales”.
“Promover los logros del gobierno del Estado de México para fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.
El plan, de más de 60 cuartillas, no sólo plantea la difusión de spots o pagar programas especiales de televisión; su objetivo esencial es construir un candidato presidencial a través de la pantalla.
Tanto como el dinero, a los dueños de la televisión mexicana les preocupa que la reforma electoral aprobada en el Congreso federal atente contra el “libre flujo de información”. Así llaman ellos a los convenios publicitarios para construir “liderazgos” de pantalla. Un ejemplo de esa faceta política del negocio lo dan aquellos gobernadores que han pagado por ser bien tratados en sus programas.
“La democracia es un buen cliente”, presumió Emilio Azcárraga Jean en octubre de 2004 ante la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. El presidente de Televisa consideraba que la pantalla comercial es un gran vehículo no sólo para vender muchos productos, sino “también para vender a los candidatos políticos, aunque no sean nuestros clientes tradicionales”.
Tres años después de presumir de esa relación comercial con los políticos, Azcárraga Jean se desdijo. Durante la Conferencia de las Américas, organizada el jueves 20 por el periódico The Miami Herald, criticó la reforma constitucional en materia electoral porque “no honra completamente la libertad ni alienta la democracia”.
Ante un auditorio a modo, Azcárraga Jean fijó por primera vez su posición ante la reforma, que entre otras cosas prohíbe la contratación comercial de tiempo-aire en medios electrónicos, en todo momento, para la promoción personal de políticos, candidatos o gobernadores.
Para el presidente de Televisa, “nuestra mayor preocupación es la libertad; la libertad de expresión, el libre flujo de información (...) Sentimos un miedo legítimo de que una vez que una línea es cruzada para revertir o reducir la libertad, la tentación para ir más lejos es fuerte”, sentenció durante su intervención.
Su discurso constituyó la nota principal del noticiario estelar del Canal 2 de su televisora, el jueves 20. Ese día el Congreso del Estado de México se convirtió en el segundo, después del oaxaqueño, en ratificar por amplia mayoría –63 votos a favor y 10 en contra– las reformas a siete artículos constitucionales aprobadas una semana antes en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En privado, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió con Televisa a frenar las reformas a través de los “gobernadores amigos”, aquellos que, como él, han destinado millones de pesos para contratar tiempos en pantalla y promover su figura personal.
En público el mandatario mexiquense, señalado insistentemente como el “candidato Televisa” para la Presidencia de la República en 2012, negó que encabezara una estrategia para frenar la reforma constitucional y que tuviera tratos publicitarios privilegiados con Televisa.
“No tenemos convenios en lo secretito ni en cuarto oscuro; todos los convenios, la colaboración, el apoyo que hacemos a los distintos medios de comunicación pública es abierta” (sic), afirmó Peña Nieto ante reporteros locales el domingo 16.
Peña Nieto ha negado una y otra vez que su gobierno firmara un convenio especial con Televisa (por un monto de 691 millones de pesos tan sólo en el período 2005-2006) para promover su figura, como lo reveló Proceso en su edición 1512.
El convenio que firmó Peña Nieto fue a través de la empresa TV Promo, subsidiaria de Televisa, que comercializa no sólo los promocionales de 30 segundos, sino también reportajes, entrevistas “informativas” en los noticiarios y participaciones en programas de análisis, como Zona Abierta –cuando existía ese programa–, así como “intervenciones” en programas de espectáculos, como Hoy, en el Canal 2.
Por contratación de spots, TV Promo le presupuestó 327 millones de pesos, y por “inversión en información” se facturaron 364 millones, de los cuales 305 millones fueron para 180 gacetillas presentadas como “notas objetivas” en los noticiarios de Televisa.
El ambicioso proyecto de promoción personal de Peña Nieto, articulado por la empresa de Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa, tiene como objetivo explícito “fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.
Aunque Peña Nieto ha negado insistentemente estos convenios anuales millonarios para publicitarse en Televisa, todos los días se confirma el cumplimiento de este plan, revelado en 2005.
El mismo día que Azcárraga Jean se quejó por las amenazas a la libertad de expresión, El Noticiero de Canal 2 difundió un largo infomercial en el que Peña Nieto entregaba ambulancias y equipos para la policía mexiquense. En el mismo segmento aparecieron spots para promover la figura de otro “cliente” de la democracia al estilo Televisa: el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás.
Conocedor de los entretelones del negocio de la pantalla, Alejandro Quintero, también accionista principal de TV Promo, arremetió contra la reforma electoral porque abrirá un “mercado negro” de información publicitaria sobre políticos, y porque el discurso de la desespotización es “mentirosón”.
Los argumentos del funcionario de Azcárraga Jean son similares a los de Héctor Aguilar Camín. El exconductor de Zona Abierta, irritado, afirmó en el programa Contrapunto del jueves 13 que estaba en contra de la reforma porque “van a crear un mercado negro del spot”. El periodista y escritor asumió que en la pantalla existe publicidad disfrazada de información, “pero es legal y fiscalizable”. Con la reforma, argumentó, “los políticos que aprobaron esto serán los primeros en acudir a los medios para contratar” fuera de la ley.
Clientela de lujo
Al igual que Peña Nieto y González Parás, otros gobernadores han sido generosos con Televisa al contratar millonarios convenios de publicidad y “apoyo”. Son los mandatarios de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat (amigo de Azcárraga Jean y promotor del equipo de futbol Necaxa, propiedad de Televisa), y el de Jalisco, Emilio González Márquez, que generó un escándalo cuando el periódico Mural reveló que le transfirió a Televisa 67 millones de pesos de la partida 4603, de “erogaciones imprevistas”, para que la televisora organizara en su entidad el evento Espacio 2007.
Una buena parte de los gobernadores “clientes” de Televisa son aquellos que invirtieron millones de pesos para la realización de este encuentro con estudiantes, que año con año sirve como promoción para mandatarios estatales que pagan los spots y los infomerciales.
Entre ellos están los priistas Ney González, de Nayarit; el sinaloense Jesús Aguilar Padilla; el sonorense Eduardo Bours, y el de Coahuila, Humberto Moreira, así como el panista Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí.
Otros gobernadores, también priistas y “en apuros políticos”, pagan para que ya no se les pegue en pantalla. Mario Marín, de Puebla, invirtió 21 millones de pesos para la entrega de premios Oye, de Televisa; el de Oaxaca, Ulises Ruiz, pagó con recursos del erario para que el programa Hoy difundiera las “bellezas de Oaxaca”, la Guelaguetza y los logros del gobernador. Desde mayo de este año, las críticas contra el gobernador impugnado por la APPO se suspendieron en Televisa.
Caso singular es el de Reynoso Femat. Desde que era alcalde de Aguascalientes, entre 1999 y 2001, le otorgó al Necaxa ocho hectáreas para la construcción de sus instalaciones y puso un estadio público a disposición del equipo de Televisa. Ante el Congreso local, el mandatario panista hizo gestiones para exentar de impuestos al plantel. Reynoso también facilitó instalaciones oficiales para la grabación de la telenovela Barrera de amor, en 2004, y destinó 13 millones de pesos para apoyar el concurso Nuestra Belleza (Proceso 1518).
Las redes de intereses políticos no son exclusivas de Televisa. Según informes del Senado, TV Azteca ha mostrado un especial interés en que el gobernador Natividad González Parás apoye al actual senador priista y expresidente de la televisora, Jorge Mendoza, como su sucesor en la gubernatura en Nuevo León. Mendoza fue el único de los senadores del tricolor que votó en contra de la reforma electoral. Su cercanía con los intereses de Ricardo Salinas Pliego es abierta.
Hasta el momento, sólo en Coahuila y Aguascalientes la posición de los gobernadores Humberto Moreira y Luis Armando Reynoso coincide con la mayoría de los legisladores locales para frenar o dilatar la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral.
Las coordinaciones legislativas en San Lázaro y en el Senado, así como las dirigencias partidistas del PRI, PAN y PRD, cabildean desde la semana pasada en los estados para que no prospere el veto que impulsan las televisoras.
Un cálculo del Senado revela que de 31 congresos locales, 21 están a favor de la reforma electoral. Sólo Aguascalientes y Coahuila están en contra, y existen dudas sobre el sentido del voto en Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El negocio político
Para Jaime Cárdenas, exconsejero del Instituto Federal Electoral, la oposición de las dos grandes televisoras a la reforma no radica solamente en la pérdida de un monto oficial de casi 300 millones de dólares que los partidos políticos destinan en gasto en spots durante las precampañas y campañas electorales.
“La pérdida de su poder político es lo que más le preocupa a los concesionarios”, apunta Cárdenas, puesto que ya no podrán incidir en la designación de candidatos ni presionar con el elemento del dinero y las deudas publicitarias a los políticos de todas las entidades federativas.
El gasto en pantalla ha crecido exponencialmente, no sólo durante las campañas electorales federales sino, sobre todo, en las estatales y municipales. Este mercado se calcula en más de 20 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de dólares, según datos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dirigida por el exsenador Javier Corral.
El gasto en servicios de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal se disparó de 2 mil 638.6 millones de pesos en el año 2000 a 15 mil 16 millones en 2006, al término del gobierno de Vicente Fox, establece un estudio elaborado por la senadora Minerva Hernández Ramos.
Autoridades electorales locales calculan que tan sólo en el presente año, las elecciones en Yucatán, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Puebla pueden representar para las televisoras un monto publicitario similar a los comicios federales de 2006, es decir, de 2 mil 600 millones de pesos.
En el caso de Televisa –como se revela en los planes de asesoría “pubicitaria” de su empresa TV Promo– el negocio consiste no sólo en la producción y venta de spots, sino en la definición y articulación de una estrategia de gobierno.
En el caso del plan que TV Promo le vendió a Enrique Peña Nieto, los “objetivos específicos” del negocio fueron:
“Marcar prioridades y forma de gobierno durante los primeros 100 días”.
“Consolidar nivel de aprobación en círculo verde a través de difusión de compromisos cumplidos”.
“Consolidar liderazgo en círculo rojo a través de la articulación de un proyecto de Estado”.
“Deslindarse públicamente de la coyuntura electoral”.
“Generar condiciones favorables para la gobernabilidad con la oposición, con el PRI, con otros gobiernos estatales, presidentes municipales y autoridades federales”.
“Promover los logros del gobierno del Estado de México para fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.
El plan, de más de 60 cuartillas, no sólo plantea la difusión de spots o pagar programas especiales de televisión; su objetivo esencial es construir un candidato presidencial a través de la pantalla.
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