La Jornada
Con todo y sus desviaciones, carencias e irregularidades, los sistemas electorales de Colombia y Argentina siguen siendo considerados por la mayor parte de sus ciudadanos mecanismos útiles y, en términos generales, confiables, para la renovación de la autoridad política. Este hecho contrasta de manera dolorosa con el caso mexicano, en el que el grupo en el poder y la clase política en general han socavado la credibilidad de las instituciones electorales. El daño más grave, por supuesto, fue el causado el año pasado por la obstinación de Vicente Fox de interferir en la elección de su sucesor y apoyar a Felipe Calderón, en forma ilegal, ilegítima e inmoral, con todo el aparato propagandístico del Ejecutivo federal y con los programas sociales; a ese empeño indebido se sumaron los grupos empresariales y mediáticos, que emprendieron una campaña de linchamiento contra el candidato de oposición de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Para colmo, el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE), aún encabezado por Luis Carlos Ugalde, toleró irregularidades, se plegó a los dictados de Los Pinos y efectuó un recuento de los votos muy poco verosímil y plagado de inconsistencias; sin embargo, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negaron a permitir un nuevo conteo de las papeletas, que habría disipado las sospechas de manipulación de la voluntad popular. Procesos electorales posteriores (Veracruz, Baja California, Oaxaca y Yucatán) han confirmado la exasperante regresión experimentada por la democracia formal en nuestro país, donde el sufragio efectivo sigue siendo, en buena medida, una asignatura pendiente.
Con todo y sus desviaciones, carencias e irregularidades, los sistemas electorales de Colombia y Argentina siguen siendo considerados por la mayor parte de sus ciudadanos mecanismos útiles y, en términos generales, confiables, para la renovación de la autoridad política. Este hecho contrasta de manera dolorosa con el caso mexicano, en el que el grupo en el poder y la clase política en general han socavado la credibilidad de las instituciones electorales. El daño más grave, por supuesto, fue el causado el año pasado por la obstinación de Vicente Fox de interferir en la elección de su sucesor y apoyar a Felipe Calderón, en forma ilegal, ilegítima e inmoral, con todo el aparato propagandístico del Ejecutivo federal y con los programas sociales; a ese empeño indebido se sumaron los grupos empresariales y mediáticos, que emprendieron una campaña de linchamiento contra el candidato de oposición de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Para colmo, el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE), aún encabezado por Luis Carlos Ugalde, toleró irregularidades, se plegó a los dictados de Los Pinos y efectuó un recuento de los votos muy poco verosímil y plagado de inconsistencias; sin embargo, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negaron a permitir un nuevo conteo de las papeletas, que habría disipado las sospechas de manipulación de la voluntad popular. Procesos electorales posteriores (Veracruz, Baja California, Oaxaca y Yucatán) han confirmado la exasperante regresión experimentada por la democracia formal en nuestro país, donde el sufragio efectivo sigue siendo, en buena medida, una asignatura pendiente.
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