“No tenemos a los líderes que nos merecemos”, insisten muchos mexicanos. “No nos juzguen por nuestra clase política”, sugieren otros. Ante esa actitud recalcitrante que niega toda responsabilidad ante la realidad, habría que recordar la frase famosa de Theodore Roosevelt, sugiriendo precisamente lo contrario: “Debemos ser juzgados por nuestros políticos. Pretendemos ser los amos –nosotros, el pueblo– y si permitimos que nos sirvan mal; si permitimos que prevalezcan los corruptos y los incompetentes, sobre nuestras cabezas descansa la culpa”. Roberto Madrazo fue candidato a la presidencia porque el PRI se lo permitió. Porque la población no lo impidió. Porque los medios –sobre todo la televisión– no lo investigaron. Porque su trayectoria cuestionable fue vista tan sólo como una “leyenda negra” y descartada alegremente. Madrazo demostró que es posible convertir los puestos públicos en el último refugio de los sinvergüenzas, con la complicidad de quienes no lo escrutaron como deberían. Con el aval de aquellos que están dispuestos a minimizar la corrupción con tal de que sea compartida.
Madrazo tuvo que incurrir en una trampa visible, grabada, pública para que sus impulsores reconocieran que se habían “equivocado” al hacerlo. Hoy los que se sienten engañados deben reconocer que el sobreaviso siempre estuvo allí. Bastaba con abrir los ojos ante lo ocurrido en Tabasco en 1994 para apreciarlo. La investigación que hicieron los entonces consejeros del IFE, Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti. El análisis de 439 cajas de boletas que detectó irregularidades masivas en el proceso electoral. Las cajas que aparecieron después en el Zócalo con documentos considerados auténticos por periodistas y luego por el Procurador General, mostrando que en vez de gastar 3.7 millones de pesos, Madrazo en realidad había gastado 237 millones, más que los 50 millones de dólares que Bill Clinton gastó en su campaña presidencial en 1992. Las razones por las cuales comenzó un juicio político en su contra. Y ante todo ello, Roberto Madrazo nunca fue exonerado; más bien logró frenar cualquier intento de sanción.
Jamás hubo una condena política o un castigo social. Jamás presenciamos los deslindes ni las expresiones de disgusto en torno a su comportamiento que hoy proliferan. Jamás hubo un intento del PRI por condenar su conducta o distanciarse de ella. Al contrario: los priistas se dedicaron a alabar su “sagacidad” y aplaudir su “liderazgo” y a convertirlo en su candidato presidencial. Tal y como lo hacen hoy con otro dirigente del PRI que se apresta a consolidar su poder, a pesar de la sombra que se cierne desde hace años sobre su nombre. Manlio Fabio Beltrones promoviendo la transición hacia un sistema semiparlamentario para erigirse como vicepresidente desde allí. Manlio Fabio Beltrones sugiriendo que la división de poderes debe acercarnos más a los “gobiernos compartidos” que a los “gobiernos divididos”. Manlio Fabio Beltrones convertido en artífice de una reforma del Estado confeccionada a la medida de sus propios intereses. Manlio Fabio Beltrones empujando para que la reforma electoral incluya la posibilidad de “denigrar” a los políticos, porque así nadie podría indagar en su pasado y airearlo. Manlio Fabio Beltrones con el picaporte de Los Pinos en mente y haciendo lo posible para alcanzarlo. Dadas sus aspiraciones se ha vuelto imperativo saber quién es y de dónde viene.
En 1997 los reporteros de The New York Times Sam Dillon y Craig Pyes obtuvieron acceso a un reporte de inteligencia, escrito por agentes de la DEA, que acusaba a dos gobernadores –Jorge Carrillo Olea y Manlio Fabio Beltrones, de Morelos y de Sonora, respectivamente– de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. El reporte había sido ampliamente distribuido entre miembros del gobierno de Estados Unidos y era uno de los pocos documentos oficiales que contenía acusaciones específicas contra funcionarios mexicanos. Los periodistas llevaron a cabo una investigación minuciosa durante cuatro meses y concluyeron que quienes habían elaborado el reporte habían basado sus conclusiones en información de inteligencia creíble. Más aún, descubrieron que la Embajada de Estados Unidos había incluido los nombres de ambos gobernadores en una lista de 17 funcionarios sospechosos de corrupción. La lista le había sido entregada a Ernesto Zedillo, poco después de su arribo a la presidencia.
La nota publicada en marzo de 1997 intensificó un debate dentro del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de revocar la visa de Beltrones. Robert Gelbard, la cabeza del Buró Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, consideraba que la información de inteligencia obtenida era lo suficientemente voluminosa y creíble para promover la revocación. Pero algunos otros funcionarios, incluyendo el embajador estadunidense en turno –James Jones–, manifestaron su escepticismo, sugiriendo que la información no arrojaba resultados definitivos. Jones bloqueó el esfuerzo por cancelar la visa de Beltrones. Este es el mismo James Jones que avaló la integridad empresarial de Ricardo Salinas Pliego y aceptó formar parte del Consejo de Administración de Grupo Salinas, sólo para renunciar después del escándalo de Codisco-Unefon.
Beltrones entonces acusó a los periodistas de difamación, valiéndose de una ley tramposa, usada de manera rutinaria por miembros del gobierno para intimidar a sus críticos. Beltrones y sus defensores argumentaron –una y otra vez– que las acusaciones habían sido fabricadas, a pesar de que el reporte de inteligencia existía. Los periodistas ganaron el premio Pulitzer por la nota publicada y estuvieron dispuestos a ir a la cárcel para defender su veracidad. El problema –como lo escribieron posteriormente en su libro El despertar de México (2005)– es que nunca hubo una investigación abierta, agresiva, seria, contundente para desmentir o validar las acusaciones presentadas. El caso siempre estuvo enmarcado por presiones y negociaciones políticas. El entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Carrillo Castro tan sólo les pidió que escribieran una nueva nota, en la cual deberían retractarse y decir que nunca había existido un reporte de inteligencia estadunidense que asociaba a Beltrones con el narcotráfico. Por supuesto los periodistas se negaron a hacerlo.
Esta es la “leyenda negra” que persigue a Manlio Fabio Beltrones. Y sigue allí porque el gobierno mexicano decidió hace años “cerrar el caso” sin investigarlo a fondo, lo cual le hubiera convenido tanto al país como al propio Beltrones. Si es culpable de vínculos con el crimen organizado, merece ser investigado. Si ha sido acusado injustamente –como él y sus defensores argumentan– merece una exoneración creíble, con la cual no cuenta hasta el momento. Y lo que ocurrió importa, porque como lo demostró el maratón de Roberto Madrazo, el pasado tiene la costumbre perniciosa de volverse presente. Los esqueletos en el closet a veces se resisten a quedarse quietos allí. Las supuestos mitos a veces están basados en duras realidades. Saber la verdad importa, sobre todo tratándose de un personaje que se está posicionando para ser presidente.
En asuntos pendientes como el de Beltrones, la opinión pública y los medios y el periodismo independiente y profesional tienen un papel fundamental que jugar. Para desentrañar, ahondar, desmitificar o confirmar. Porque cuando un hombre asume una posición en la que carga con confianza pública entre sus manos, debe considerarse propiedad pública y estar dispuesto a ser vigilado como tal. Y dado que el mismo Beltrones argumenta que Vicente Fox le debe una explicación al pueblo de México sobre sus “propiedades, modificadas con grandes cantidades de dinero y que deberían coincidir con su declaración patrimonial”, debería estar dispuesto a ser medido con el mismo rasero.
Madrazo tuvo que incurrir en una trampa visible, grabada, pública para que sus impulsores reconocieran que se habían “equivocado” al hacerlo. Hoy los que se sienten engañados deben reconocer que el sobreaviso siempre estuvo allí. Bastaba con abrir los ojos ante lo ocurrido en Tabasco en 1994 para apreciarlo. La investigación que hicieron los entonces consejeros del IFE, Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti. El análisis de 439 cajas de boletas que detectó irregularidades masivas en el proceso electoral. Las cajas que aparecieron después en el Zócalo con documentos considerados auténticos por periodistas y luego por el Procurador General, mostrando que en vez de gastar 3.7 millones de pesos, Madrazo en realidad había gastado 237 millones, más que los 50 millones de dólares que Bill Clinton gastó en su campaña presidencial en 1992. Las razones por las cuales comenzó un juicio político en su contra. Y ante todo ello, Roberto Madrazo nunca fue exonerado; más bien logró frenar cualquier intento de sanción.
Jamás hubo una condena política o un castigo social. Jamás presenciamos los deslindes ni las expresiones de disgusto en torno a su comportamiento que hoy proliferan. Jamás hubo un intento del PRI por condenar su conducta o distanciarse de ella. Al contrario: los priistas se dedicaron a alabar su “sagacidad” y aplaudir su “liderazgo” y a convertirlo en su candidato presidencial. Tal y como lo hacen hoy con otro dirigente del PRI que se apresta a consolidar su poder, a pesar de la sombra que se cierne desde hace años sobre su nombre. Manlio Fabio Beltrones promoviendo la transición hacia un sistema semiparlamentario para erigirse como vicepresidente desde allí. Manlio Fabio Beltrones sugiriendo que la división de poderes debe acercarnos más a los “gobiernos compartidos” que a los “gobiernos divididos”. Manlio Fabio Beltrones convertido en artífice de una reforma del Estado confeccionada a la medida de sus propios intereses. Manlio Fabio Beltrones empujando para que la reforma electoral incluya la posibilidad de “denigrar” a los políticos, porque así nadie podría indagar en su pasado y airearlo. Manlio Fabio Beltrones con el picaporte de Los Pinos en mente y haciendo lo posible para alcanzarlo. Dadas sus aspiraciones se ha vuelto imperativo saber quién es y de dónde viene.
En 1997 los reporteros de The New York Times Sam Dillon y Craig Pyes obtuvieron acceso a un reporte de inteligencia, escrito por agentes de la DEA, que acusaba a dos gobernadores –Jorge Carrillo Olea y Manlio Fabio Beltrones, de Morelos y de Sonora, respectivamente– de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. El reporte había sido ampliamente distribuido entre miembros del gobierno de Estados Unidos y era uno de los pocos documentos oficiales que contenía acusaciones específicas contra funcionarios mexicanos. Los periodistas llevaron a cabo una investigación minuciosa durante cuatro meses y concluyeron que quienes habían elaborado el reporte habían basado sus conclusiones en información de inteligencia creíble. Más aún, descubrieron que la Embajada de Estados Unidos había incluido los nombres de ambos gobernadores en una lista de 17 funcionarios sospechosos de corrupción. La lista le había sido entregada a Ernesto Zedillo, poco después de su arribo a la presidencia.
La nota publicada en marzo de 1997 intensificó un debate dentro del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de revocar la visa de Beltrones. Robert Gelbard, la cabeza del Buró Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, consideraba que la información de inteligencia obtenida era lo suficientemente voluminosa y creíble para promover la revocación. Pero algunos otros funcionarios, incluyendo el embajador estadunidense en turno –James Jones–, manifestaron su escepticismo, sugiriendo que la información no arrojaba resultados definitivos. Jones bloqueó el esfuerzo por cancelar la visa de Beltrones. Este es el mismo James Jones que avaló la integridad empresarial de Ricardo Salinas Pliego y aceptó formar parte del Consejo de Administración de Grupo Salinas, sólo para renunciar después del escándalo de Codisco-Unefon.
Beltrones entonces acusó a los periodistas de difamación, valiéndose de una ley tramposa, usada de manera rutinaria por miembros del gobierno para intimidar a sus críticos. Beltrones y sus defensores argumentaron –una y otra vez– que las acusaciones habían sido fabricadas, a pesar de que el reporte de inteligencia existía. Los periodistas ganaron el premio Pulitzer por la nota publicada y estuvieron dispuestos a ir a la cárcel para defender su veracidad. El problema –como lo escribieron posteriormente en su libro El despertar de México (2005)– es que nunca hubo una investigación abierta, agresiva, seria, contundente para desmentir o validar las acusaciones presentadas. El caso siempre estuvo enmarcado por presiones y negociaciones políticas. El entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Carrillo Castro tan sólo les pidió que escribieran una nueva nota, en la cual deberían retractarse y decir que nunca había existido un reporte de inteligencia estadunidense que asociaba a Beltrones con el narcotráfico. Por supuesto los periodistas se negaron a hacerlo.
Esta es la “leyenda negra” que persigue a Manlio Fabio Beltrones. Y sigue allí porque el gobierno mexicano decidió hace años “cerrar el caso” sin investigarlo a fondo, lo cual le hubiera convenido tanto al país como al propio Beltrones. Si es culpable de vínculos con el crimen organizado, merece ser investigado. Si ha sido acusado injustamente –como él y sus defensores argumentan– merece una exoneración creíble, con la cual no cuenta hasta el momento. Y lo que ocurrió importa, porque como lo demostró el maratón de Roberto Madrazo, el pasado tiene la costumbre perniciosa de volverse presente. Los esqueletos en el closet a veces se resisten a quedarse quietos allí. Las supuestos mitos a veces están basados en duras realidades. Saber la verdad importa, sobre todo tratándose de un personaje que se está posicionando para ser presidente.
En asuntos pendientes como el de Beltrones, la opinión pública y los medios y el periodismo independiente y profesional tienen un papel fundamental que jugar. Para desentrañar, ahondar, desmitificar o confirmar. Porque cuando un hombre asume una posición en la que carga con confianza pública entre sus manos, debe considerarse propiedad pública y estar dispuesto a ser vigilado como tal. Y dado que el mismo Beltrones argumenta que Vicente Fox le debe una explicación al pueblo de México sobre sus “propiedades, modificadas con grandes cantidades de dinero y que deberían coincidir con su declaración patrimonial”, debería estar dispuesto a ser medido con el mismo rasero.
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