Corrupción transexenal

Ricardo Raphael De La Madrid Con el SNTE como punta de lanza, Elba Esther Gordillo ha forjado un poder político, electoral y económico con indiscutible influencia en el ámbito nacional. La lideresa magisterial se ufana de haber ayudado a que Vicente Fox y Felipe Calderón llegaran a Los Pinos por medio de una estructura que ha reforzado y afinado con el correr del tiempo. En su libro Los socios de Elba Esther –que comenzará a circular en estos días con el sello de Planeta, y del que ofrecemos aquí un adelanto–, el analista político Ricardo Raphael de la Madrid desmenuza el entramado de corruptelas sobre las que se ha construido ese imperio. Más que pretender alimentar el mito de “la maestra”, dice el autor, su objetivo es evidenciarla como lo que es: un poder fáctico, sobreviviente del viejo régimen priista y cómodamente instalado en el gobierno del PAN. Los oscuros dineros del Estado al SNTE (…) El sindicato nacional del magisterio no firma anualmente con la SEP ni con las instancias educativas estatales un contrato colectivo donde se estipulen con transparencia los aumentos salariales, las prestaciones, los apoyos económicos suplementarios o los programas sujetos a financiamiento a través de recursos públicos. El instrumento de negociación utilizado para proceder con las negociaciones obrero-patronales entre las autoridades y la representación magisterial se llama Pliego Petitorio. Se trata de una extensa lista de demandas que el comité ejecutivo del SNTE y los de las secciones sindicales les presentan todos los años a los Poderes Ejecutivos, tanto nacional como estatales. En respuesta, los gobiernos les devuelven a los dirigentes un documento en el que se definen cuáles son los rubros atendibles por la autoridad y cuáles se deben renegociar. Al final de este proceso, se firma una minuta donde unos y otros ponen en blanco y negro los acuerdos a los que se llegaron. Esta transacción posee el defecto de oscurecer el proceso de diálogo y, sobre todo, de volver opacos los resultados de la relación laboral. Prueba de ello es que las famosas “minutas” –donde se definen los pactos tomados de común acuerdo– que son firmadas entre el SNTE y las autoridades no suelen ser del conocimiento general de los agremiados. Precisamente por la falta de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, es que los adversarios de la profesora Gordillo Morales han podido especular a propósito de lo que ellos llaman el “Pliego Negro” de las negociaciones entre el Estado y el sindicato magisterial. Con todo, algunas piezas de información recuperadas por los propios maestros pueden dar una cierta idea de las cantidades ocultas que se llegan a acordar con respecto de este asunto. Las minutas producidas durante el gobierno de Salinas de Gortari pueden ser útiles como referencia. A lo largo de esa administración, el SNTE recibió como donaciones, traspasos o comodatos más de 2 mil 800 millones de pesos en bienes inmuebles provenientes de los gobiernos federal y estatales. Entre esas propiedades pueden contarse las modernas instalaciones que ese sindicato tiene en el Portal del Sol de Santa Fe y la Biblioteca del Maestro –ambas localizadas en la Ciudad de México–, así como varios hoteles y centros de descanso para los docentes. También durante ese sexenio el SNTE recibió más de 965 millones de pesos para surtir sus tiendas departamentales y farmacias, así como 740 millones de pesos para que estos establecimientos pudieran operar convenientemente. Por otra parte, la profesora Gordillo Morales recibió también de esa administración un apoyo extraordinario por 554 millones de pesos para la realización de congresos, seminarios y eventos de promoción sindical, organizados tanto nacionalmente como en el extranjero. Fue con estos recursos que sufragó Gordillo Morales las actividades de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro y los cursos de adoctrinamiento magisterial a propósito de la modernización. A esos recursos han de sumarse los asignados gracias a los pliegos petitorios negociados con los gobiernos de los estados. Bajo este renglón se calcula que –entre 1989 y 1994– la dirigente magisterial obtuvo la suma de mil 140 millones de pesos para el supuesto beneficio de sus agremiados. A estas cantidades es necesario añadir los 5 mil 616 millones de pesos que aproximadamente recibió el colegiado de finanzas del CEN del SNTE por concepto de cuotas magisteriales durante ese sexenio. Esto quiere decir que, sin contabilizar las aportaciones que el gobierno federal hizo para el programa de Vivienda Magisterial (…) la profesora Gordillo Morales habría obtenido para su gremio la cantidad aproximada de 10 mil 815 millones de pesos. Según dicen los detractores de esta dirigente magisterial, durante la administración del presidente Zedillo Ponce de León la profesora instruyó a su exmarido, Francisco Arriola Urbina, para que desapareciera o, en su caso, alterara todos aquellos documentos que pudiesen comprometer la contabilidad del sindicato. Para esta tarea habría sido apoyado por un exempleado de Bancomer, Héctor Hernández (nada que ver con el antiguo director de esta institución financiera), y también por el actual secretario general del sindicato, Rafael Ochoa Guzmán. Sin embargo, parte de dicha documentación y también de la referente a las gestiones del programa de Vivienda Magisterial irían a parar a los sótanos de la casa de la profesora Gordillo en Coronado Cays. Lugar de donde luego fue sustraída en contra de su voluntad y que, según se informara al autor, estaría depositada en una caja de seguridad en el estado de Florida, Estados Unidos. Los desvíos de la vivienda magisterial Como parte de los acuerdos que la administración de Carlos Salinas de Gortari y la profesora Gordillo Morales tomaron para desactivar el conflicto magisterial surgido en 1989, se propuso crear un fondo crediticio para que los docentes pudieran hacerse de un patrimonio inmobiliario. La intención era ofrecer viviendas dignas y económicas para los maestros. El 27 de marzo de 1990 nació con este objeto el programa de Vivienda Magisterial (Vima), con una aportación inicial del gobierno de la República de 498 millones de pesos. Este monto fue depositado en el fideicomiso número 402 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras), institución que sumó, por su parte, una línea de crédito por 9 mil 500 millones de pesos para el mismo propósito. Cuatro años más tarde, cuando faltaban 15 días para que Salinas de Gortari dejara el poder, se creó un segundo fideicomiso en el Banco Nacional de México S.A. de C.V. (Banamex), con una segunda aportación del gobierno federal por la cantidad de 72 mil millones de pesos. En un principio, Vima fue administrado por un comité técnico –encabezado por la secretaria general del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales–, el cual manejaba los recursos de ambos fideicomisos. El primer director operativo de Vima fue Benjamín González Roaro, quien duraría en ese puesto hasta el 1 de diciembre de 1994, fecha en que partió a la Secretaría de Educación Pública para ocupar un cargo como subsecretario. Durante los primeros nueve años de actividad, ambos fideicomisos acumularon una cantidad considerable de irregularidades. Uno de los primeros casos anómalos en darse a conocer a la opinión pública ocurrió en el territorio de la sección 36, bastión sindical del gordillismo. En el Valle de México, 160 docentes denunciaron haber sido víctimas de un fraude por 38 millones de pesos debido a que, durante varios años, les estuvieron descontando sobre la nómina una parte de su sueldo que jamás se materializó en la casa prometida. Otra asociación de maestros radicados en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, se presentó también ante las autoridades para reclamar hechos de corrupción. Según estos docentes se les había descontado 33% del salario sin que los recursos hubieran llegado al destino correcto (…) El exsubdirector financiero de la época, Samuel Paz, ha declarado públicamente que –durante los primeros años de operación de Vima– los altos directivos del fideicomiso exigían una comisión ilegal de alrededor de 10% del monto asignado a los proyectos para que ciertas constructoras salieran vencedoras en los concursos. Algunas de estas compañías dejaron a la mitad las obras alegando que no se les pagaba con puntualidad o que las partidas presupuestales eran insuficientes. Tales fueron los casos, por ejemplo, de las empresas Servicios Occidentales de Construcción y Sierra Morelos. Todas estas irregularidades despertaron sospechas sobre la actuación del comité técnico, el cual tenía entre otras responsabilidades la de vigilar el concurso de los proyectos, supervisar el avance de las obras, revisar el estado jurídico de las propiedades adquiridas y autorizar a los notarios para que escrituraran las viviendas. Este órgano técnico de Vima había sido excesivamente negligente con la normatividad (…) En el año 2000 –mientras estaba dedicada a construir la red electoral que participaría en los comicios presidenciales–, la profesora Gordillo Morales instruyó a Francisco Yáñez Herrera para que cerrara las operaciones de Vima. No obstante, esa orden no pudo ser cumplida. El organismo estaba legalmente impedido para dar por concluida su existencia debido a que las irregularidades anotadas no habían sido explicadas ni mucho menos resueltas. De ese hecho otorgó constancia escrita el entonces secretario general del SNTE, Tomás Vázquez Vigil. Gracias a la estrecha relación política que la profesora estaba construyendo con la nueva administración panista, encabezada por Vicente Fox Quesada, se logró entonces que Banobras –cuyo director entre 2000 y 2003 fuera Tomás Ruiz González– concentrara todas las facultades para la administración y la gestión de los recursos de Vima en las manos de Francisco Yáñez. Tal cosa le permitió a este operador de Gordillo Morales desaparecer al comité técnico de vigilancia del organismo. Al proceder de esta manera eliminó al mismo tiempo al órgano encargado de rendir los informes faltantes y protegió a los eventuales responsables de las irregularidades. Parece ser que la profesora también instruyó por esa época que se consolidara en una sola cuenta del banco Santander-Serfin (número 08091571132) la gran mayoría de los recursos previamente administrados. Según documento entregado al autor por Noé Rivera, para finales de 1999 la magnitud del desfalco financiero de Vima alcanzó la cifra de 2 mil 750 millones de pesos. A partir de 2000, Vima dejó de licitar obra y también de contratar directamente a las constructoras encargadas de realizarla. Sin embargo, continuó gestionando créditos para los docentes ante otras instituciones crediticias y también supervisaba los proyectos en desarrollo. Cabe destacar que, por realizar esta actividad, siguió cobrando comisiones a las diversas instituciones crediticias que prestaban a los maestros para obtener su vivienda (Fovi, Fovissste, Fonhapo). Durante los primeros años de la gestión foxista, Francisco Yáñez Herrera ocuparía una de las vocalías en el órgano que administra el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Sería desde esa posición estratégica que encontró algunas soluciones para resolver los problemas de la caótica contabilidad de Vima. Asesorada por su operador, Gordillo Morales le propuso al presidente de la República que el Fovissste absorbiera parte del quebranto. Aparentemente pidió una nueva aportación del gobierno federal para que apoyara el programa de vivienda magisterial y también para financiar el proyecto de Nuevas Tecnologías (…) Rivera afirma que este depósito –el cual sumaría la cantidad de mil 800 millones pesos– fue realizado sobre alguno de los dos fideicomisos. Sin embargo, éste no aparece en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Y ello se debe a que no hay información pública disponible sobre la gestión de Vima entre los años 1999 y 2002. Durante 2003 se realizó otra auditoría en la que los contadores descubrieron que el hoyo financiero de Vima rondaba los 2 mil 200 millones de pesos. Luego, en un reporte que produce trimestralmente la SHCP sobre este tipo de figuras jurídicas, hay informes de que en ese mismo año el saldo que restaba en el fideicomiso abierto en Banamex era de alrededor de 243 millones de pesos. Del fideicomiso de Banobras no se cuenta con información, ya que durante 2003 Vima cerró sus operaciones definitivamente. (Cabe aquí recordar que Felipe Calderón Hinojosa fue director general de Banobras entre febrero y septiembre de 2003.) A partir de ese momento, en las negociaciones salariales entre la SEP y el sindicato magisterial, el programa Vima dejó de ser mencionado. El único fideicomiso que seguiría siendo sujeto de las negociaciones sería el de Banamex. Para 2004, el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio relanzó su actividad. En dicho año erogó 5 millones 309 mil pesos con el objeto de financiar construcciones habitacionales en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Sonora. El informe referido de la SHCP no especifica, sin embargo, los montos asignados para cada entidad. En 2005 los egresos fueron similares: 5 millones 303 mil pesos destinados a la inversión de proyectos habitacionales en Aguascalientes (300 mil pesos), Jalisco (2 millones de pesos), Sonora (2 millones de pesos) y Tamaulipas (555 mil 500 pesos). Luego, las inversiones de este programa se volverían a incrementar durante 2006. Ese año fueron invertidos 6 millones 132 mil 580 pesos en el financiamiento de 39 mil 135 créditos para los docentes afiliados al magisterio. Esto quería decir que se le prestaron 156 mil pesos a cada maestro beneficiario. Al igual que lo hiciera Carlos Salinas de Gortari antes de abandonar su cargo como presidente, en 2006 Vicente Fox Quesada realizó un nuevo depósito millonario sobre el fideicomiso radicado en Banamex, a través de la cuenta concentradora abierta en el banco Santander-Serfin. La cantidad reportada por la SHCP a propósito de ese ingreso es de 100 MIL MILLONES de pesos. Para ese momento, este monto representaba el 1.1% del PIB del país (…) La aparición de los Bribiesca y Fernando González Durante el gobierno de Fox Quesada, el Fovissste protagonizó un segundo escándalo que, en su momento, llegó a la opinión pública con mucha mayor sonoridad. Y sucedió así porque esta institución fue sometida a investigación por una comisión especial compuesta por legisladores de la Cámara de Diputados. Se trató de un supuesto fraude producto del tráfico de influencias que fuera operado –desde dentro y fuera del Fovissste– para beneficiar a las empresas Inmobiliaria Kilate y Construcciones Prácticas S.A. de C.V. Ambas habrían contado con favores de diversos funcionarios para gestionar y obtener créditos. El expediente que llamó la atención a los legisladores fue el de un eventual fraude cometido en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a propósito del proyecto habitacional conocido como Milenio, Desarrollo Inmobiliario. Según las declaraciones del diputado Jesús González Schmal –presidente de la mencionada comisión legislativa–, ese fraude habría ocurrido cuando las constructoras involucradas en el proyecto Milenio adquirieron a precios de remate un complejo habitacional que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) poseía en prenda, ya que los anteriores dueños no habían podido pagar sus respectivas deudas al extinto banco Bancrecer. Una vez que Construcciones Prácticas e Inmobiliaria Kilate se hicieron de ese bien, consiguieron que el Fovissste autorizara alrededor de 250 créditos que fueron otorgados a un núcleo de agremiados del SNTE. De acuerdo con fuentes periodísticas, estos préstamos habían sido concedidos sin cumplir con la normatividad del caso. Fueron pretramitados antes de que los nuevos adquirentes llegaran a solicitarlos. En efecto, el 30 de mayo de 2005, el subdirector de programas de atención a acreditados y enlace institucional del Fovissste, Antonio Goñi Jasso, expidió ocho oficios irregulares de autorización de crédito para la compra de inmuebles en el fraccionamiento Milenio que favorecía a los maestros del sindicato. El asunto se complicaría cuando se descubrió que los inmuebles aludidos se encontraban una situación ilegal ante el Registro Público de la Propiedad. Es decir que no se podían escriturar las propiedades ni tampoco los créditos otorgados. Esta razón hizo que el notario asignado se negara a proceder con los trámites respectivos. ¿Cómo fue que las autoridades del Fovissste pasaron por alto esta delicada información? Según la comisión legislativa investigadora, de los documentos del expediente podía derivarse que hubo tráfico de influencias. En una de las actas del consejo del Fovissste apareció la firma de Fernando González Sánchez, segundo esposo de Maricruz Montelongo y yerno de la profesora Gordillo Morales. El beneficiario directo de esta irregularidad habría sido Miguel Khoury Siman, dueño de la empresa Construcciones Prácticas. Sin embargo, en la indagatoria realizada se descubrió que este sujeto sostenía una relación de negocios con Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, los dos hijos de la primera dama. Los contadores contratados por el Legislativo se abocaron a investigar las cuentas bancarias que vinculaban a Khoury con estos dos personajes. Sobre esa relación empresarial, González Schmal también hizo declaraciones enfáticas: “Hay un evidente abuso de autoridad de quienes dieron concesiones a los Bribiesca (…) tenemos documentales confiables y verificables inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de cómo ellos armaban sociedades mercantiles, las cancelaban en unos meses, abrían otras (y) traspasaban los créditos (…) para perder la pista”. A la postre, esa comisión especial de la Cámara de Diputados determinó que había elementos suficientes para presentar una querella contra los hermanos Bribiesca Sahagún, ya que obtuvieron créditos del Fovissste a través de sus relaciones con Fernando González Sánchez, yerno de la profesora Elba Esther Gordillo. La comisión investigadora llevó el caso ante la Procuraduría General de la República durante el último año del mandato de Vicente Fox Quesada. Con todo, el 29 de noviembre de 2006 –dos días antes de que tomara protesta como presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa– la PGR liberó de cualquier responsabilidad a los hermanos Bribiesca, declarando el no ejercicio de la acción penal.