Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario