Cuauhtémoc Cárdenas
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De aprobarse estos textos (la reforma energética), estaría dándose, en los hechos, la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo.
Pemex cuenta con las capacidades de todo orden para construir nuevas refinerías, para modernizar y expandir las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento de productos y llevar a cabo su adecuada distribución, y no hace falta que nadie lo substituya en esas funciones, sólo debe permitírsele que lo haga, otorgándole autonomía presupuestal y dándole el tratamiento que se da a cualquier entidad productiva.
La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución, en ellas, por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.
Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, por medio de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.
Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Se requiere una nueva política petrolera, sí, pero de una política que deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos, que fortalezca sus capacidades de inversión, dejándole al menos, en una primera etapa, la disposición total del llamado excedente petrolero que genera, que devuelva a la industria del petróleo su carácter de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, que prolongue la vida de nuestras reservas, disminuyendo de manera gradual, hasta eliminar, las exportaciones de crudo y transformando éste en refinados y petroquímicos en el país, que recupere los mercados nacionales de combustibles mediante la substitución de importaciones, que eleve al máximo la renta petrolera a través de la mayor integración de la industria y la prolongación de sus cadenas productivas, todo lo cual no podrá lograrse doblegándose ante las presiones entreguistas y cediendo al interés privado las áreas de la industria petrolera reservadas hasta hoy en exclusiva al Estado mexicano.
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De aprobarse estos textos (la reforma energética), estaría dándose, en los hechos, la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo.
Pemex cuenta con las capacidades de todo orden para construir nuevas refinerías, para modernizar y expandir las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento de productos y llevar a cabo su adecuada distribución, y no hace falta que nadie lo substituya en esas funciones, sólo debe permitírsele que lo haga, otorgándole autonomía presupuestal y dándole el tratamiento que se da a cualquier entidad productiva.
La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución, en ellas, por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.
Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, por medio de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.
Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Se requiere una nueva política petrolera, sí, pero de una política que deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos, que fortalezca sus capacidades de inversión, dejándole al menos, en una primera etapa, la disposición total del llamado excedente petrolero que genera, que devuelva a la industria del petróleo su carácter de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, que prolongue la vida de nuestras reservas, disminuyendo de manera gradual, hasta eliminar, las exportaciones de crudo y transformando éste en refinados y petroquímicos en el país, que recupere los mercados nacionales de combustibles mediante la substitución de importaciones, que eleve al máximo la renta petrolera a través de la mayor integración de la industria y la prolongación de sus cadenas productivas, todo lo cual no podrá lograrse doblegándose ante las presiones entreguistas y cediendo al interés privado las áreas de la industria petrolera reservadas hasta hoy en exclusiva al Estado mexicano.
Dr. John Saxe-Fernández: El caso Pemex, asalto a la Nación (junio 2007).
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