Convocatoria a la locura

Denise Dresser “Está loca”, dice un ejecutivo de Televisa sobre Carmen Aristegui en una conversación revelada por Proceso hace unos días. Pobre Carmen, tan “loca” ella. Rodeada de tantos otros “locos” que llevan años peleando para que México tenga una televisión mejor de la que padece hoy. Acompañada de muchos otros maniáticos que llevan meses luchando para que los mexicanos tengan más opciones cuando cambian el canal o la frecuencia. Pobre Carmen, miembro de un manicomio cada vez más grande, habitado por quienes creen que el fortalecimiento de la democracia en México debe pasar por una nueva ley de medios. Acontecimientos recientes han evidenciado el papel que juegan los medios de comunicación –especialmente los electrónicos– en la vida del país. Se han convertido en “suprapoderes” por encima de las instituciones, con la capacidad de doblegar a la clase política, distorsionar el comportamiento del Congreso, cercenar la libertad de expresión de los individuos y determinar el curso de las políticas públicas. Con efectos terriblemente nocivos para la calidad de la vida democrática. Allí está el “decretazo” con el cual se eliminó el impuesto que las televisoras –como concesión pública– tenían que retribuirle al Estado. Las concesiones para casinos otorgadas por quien quiso cortejar a los medios para fortalecer su candidatura presidencial. El chantaje a los políticos durante la contienda de 2006. La aprobación de la Ley Televisa y el sometimiento institucional por parte de la Cámara de Diputados y el Senado que demostró. La censura que desde las televisoras se ejerce contra quienes apoyaron una reforma electoral que les resta poder y negocios. Todo ello revela la influencia creciente y cuestionable de medios cuyo comportamiento secuestra nuestros derechos y amordaza nuestras libertades. Poderes con la capacidad de socavar los procesos democráticos. Hace meses ya la Suprema Corte echó para atrás la Ley Televisa, pero eso nos regresó a la legislación existente. A esa arcaica normatividad que no evita los fenómenos de concentración monopólica. No asegura la eficacia regulatoria de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico. No permite dar cumplimiento a la obligación del Estado para otorgar la igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar y difundir información. No garantiza la libertad de expresión y la pluralidad que una concesión debería asegurar. Es importante tener en mente lo que debería ser el punto de partida de la discusión sobre los medios en México. El espectro radioeléctrico es un bien público. No pertenece a los concesionarios sino a los habitantes del país. No se comercializa sólo para permitir las ganancias sino para favorecer a los ciudadanos. Y los ciudadanos en cualquier parte del mundo, en cualquier sector, se benefician cuando el Estado acota los privilegios e impide la formación de monopolios y promueve la competencia y fomenta la pluralidad. Cuando genera beneficios para muchos, no sólo ganancias para pocos. Los medios tienen derecho a obtener ganancias legítimas y certidumbre jurídica. Pero no a expensas de la sociedad. No a expensas de la competencia, que en México y en cualquier parte de mundo genera mejores productos y a la televisión mexicana le urgen. No a expensas de los contrapesos necesarios que todo país necesita erigir ante poderes mal usados. No a expensas de la regulación indispensable que todo Estado debe instrumentar frente a los particulares. No a expensas de la pluralidad. La calidad. La diversidad. La administración de un bien escaso para fortalecer la democracia mexicana en vez de retrasar su consolidación. Ante el poder de los concesionarios debe haber una contraposición. Ante el avance de intereses particulares debe erigirse la valla de los intereses generales y ojalá que eventos recientes sirvan como catalizador para centrar la discusión donde debe estar: en la elaboración de una nueva Ley de Radio y Televisión que tenga la capacidad para encarar los problemas que el affair Aristegui evidenció. Para combatir la concentración y el poder excesivo que produce. Para otorgarle autonomía verdadera a la Cofetel y asegurar que no existan conflictos de interés entre sus comisionados. Para que haya medios públicos bien financiados y jurídicamente protegidos. Pero para que eso ocurra deberá haber un gobierno que actúe como debería. Que establezca las contenciones suficientes y las reglas necesarias. Que garantice una regulación que no funcione como una mordaza sino como un semáforo. Que asegure ganancias legítimas en función de concesiones transparentes. Que promueva la competencia real en un terreno nivelado de juego. Que conciba a los medios como esa plaza pública donde discutimos los problemas del país en lugar de evadirlos o distorsionarlos. Esa es la agenda que México debe promover. Esa es la lista de acciones que el país debe exigir. Esa es la batalla pendiente que los ciudadanos deben aprestarse también a librar. Para insistir que el México del que se habla en la radio y la televisión no sea sólo el que refleje los intereses de los concesionarios. Y aún más importante, para insistir que los medios son fiduciarios de un bien público: reciben concesiones valiosas para operar un recurso limitado y ello conlleva grandes responsabilidades. ¿Cuáles? Ayudar en la tarea colectiva de construcción democrática y no lo contrario. Fomentar los valores de la deliberación, la pluralidad, el disenso y no al revés. Recordar que el espectro radioeléctrico que administran no les pertenece y por ello deben someterse a ciertas reglas en lugar de dictarlas. Una nueva Ley de Medios tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad que el país necesita. El reto es muy grande. Una reforma de la envergadura que planteamos enfrenta la resistencia de intereses económicos y políticos con un gran poder de chantaje. Ante ello es imperativo unirnos y organizar el esfuerzo de todos aquellos que compartimos los anhelos de una reforma democrática de los medios. Es imperativo hacer valer nuestra voz en el proceso de reformas legales. Por ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) convoca a la conformación de un Frente Nacional por la Reforma de los Medios, a la cual invito a los lectores –y a las organizaciones civiles a las que pertenecen– a sumarse. Sé que muchos mexicanos entenderán lo que está en juego: el derecho ciudadano a la información, el derecho ciudadano a medios con la capacidad de interpretar al país en toda su diversidad, el derecho ciudadano a ver y oír a un México que no es monocorde. Por eso es crucial que en el actual período ordinario de sesiones del Congreso, nuestros representantes actúen como tales. Porque México se merece más que los medios que tiene; se merece más que los monopolios que lo aprisionan; se merece más que los legisladores que prometen actuar en torno a este tema pero lo postergan. México se merece más y hay cada vez más “locos” que lo saben.