Miguel Ángel Granados Chapa
Vamos viendo que Juan Camilo Mouriño tiende a decir verdades a medias, lo que equivale a mentir. Afirmó que su madre, la señora María de los Ángeles Terrazo, nació en la Ciudad de México y por lo tanto él es, no obstante haber visto la luz primera en Madrid, mexicano por nacimiento. Agregó que al cumplir 18 años optó por la nacionalidad mexicana. Esos hechos son verdaderos. Pero Mouriño oculta que conservó la nacionalidad española, en ejercicio de la cual obtuvo en 1996 un pasaporte expedido por el gobierno de Su Majestad Juan Carlos.
Muy irritado, este jueves incurrió de nuevo en ese modo de mentir que consiste en decir medias verdades. El domingo anterior Andrés Manuel López Obrador había dicho, en el mitin en defensa de la soberanía energética realizado frente a la Torre de Pemex, que el hoy secretario de Gobernación obtuvo de esa empresa “contratos millonarios mediante procesos de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
Imposibilitado para negarlo, porque constan los documentos que lo prueban, Mouriño intentó una explicación pública, más integrada por insinuaciones que por afirmaciones contundentes. Para mostrarse ajeno a la operación de la empresa familiar que su padre fundó en 1985, siete años después de haber salido de España y emigrado a México, aseguró que en 1997 “decidí emprender mi propio camino y abrirme paso en la vida pública”, que es una manera de sugerir sin afirmarlo que se apartó de los negocios familiares. Y en seguida completó: “Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público”.
Tras las vaguedades disueltas en esas breves líneas aparecen dos faltas a la verdad. Por lo menos el 29 de diciembre de 2003 Mouriño seguía siendo apoderado general del Grupo Energético del Sureste. De esa suerte, sin poder mentir sobre esa circunstancia, porque consta en documentos, puede sostener que la expresión “hacia finales” incluye los días 30 y 31 de diciembre, en que quizá en efecto abandonó ese papel en la empresa familiar, y mentir sin embargo. No era cierto, por lo demás, que en 2003 hubiera entrado en la administración pública. Lo había hecho desde el año anterior, en que su amigo el secretario de Energía Felipe Calderón lo hizo su asesor.
Mouriño estaba dolido el jueves 28 porque el golpe de propaganda que asestó en su contra López Obrador había comenzado a generar efectos. El domingo 24, Día de la Bandera, en que como secretario de Gobernación encabezó la ceremonia oficial en Iguala, donde se firmó el plan que a la postre nos liberaría de España, el país de sus ancestros y de su propio nacimiento; ese mismo domingo, digo, el excandidato presidencial, designado presidente legítimo de México por la Convención Nacional Democrática, entregó al líder de los diputados de su partido, Javier González Garza, documentos que muestran que al mismo tiempo que ya actuaba en la administración pública en el ramo de energía, como particular firmaba contratos asignados directamente al negocio familiar por una de las empresas de ese ramo gubernamental.
El mismo jueves 28 de febrero, El Universal dio a conocer tres contratos de prestación de servicios adjudicados a Transportes Especializados Ivancar, S.A. (TEISA) por Pemex Refinación sin haberlos licitado. Son parte de la documentación que el grupo parlamentario perredista dijo ese mismo día estar sopesando para determinar la vía de acción legal que corresponde. Por lo pronto, los datos duros son inequívocos. Consta en tres contratos, fechados el 20 de diciembre de 2002, el primero de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de ese mismo año, que Mouriño era apoderado general de TEISA, la empresa transportista que lleva su nombre, o el apodo cariñoso con que lo trata su familia: le dicen Iván, y el negocio de transportación de combustibles se llama Ivancar.
En vez de admitir que firmó esos documentos, como tendrá que hacerlo porque efectivamente lo hizo, Mouriño descalificó la acción política por la cual se hizo público el carácter dual, típico del conflicto de intereses, con que actuaba en los años en que están fechados esos papeles. Intentó defenderse: “resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente”. Nadie ha asegurado eso. Sólo que era, al mismo tiempo, apoderado general de una empresa que recibía contratos de Pemex por asignación directa, sin licitación, y despachaba como asesor del secretario de Energía. Son informaciones irrefutables, que no se diluyen con la afirmación de que cuando esa empresa “estableció relación comercial con Pemex yo tenía catorce años de edad”.
En su airada réplica a la información entregada por López Obrador y anticipada al público por El Universal, Mouriño ofreció información sobre la empresa familiar, señalando que se ha dedicado también a negocios inmobiliarios. Hasta ahora, en la página oficial del Corporativo GES sólo aparecían tres campos de actividad: Grupo Energético del Sureste, Transportes Especializados Ivancar y administración de franquicias. GES opera al menos 27 estaciones de gasolina en las tres entidades de la península de Yucatán (Campeche, donde se asentaron los Mouriño al llegar de España; Quintana Roo y Yucatán mismo), así como en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Las franquicias que administra son Burger King, Church’s Chicken, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorería Max, GES Autowash, y tiendas de conveniencia GES Exprés.
Como su padre y su señora madre, así como sus dos hermanos, Juan Camilo Mouriño es accionista de las empresas familiares. No consta que dejara de serlo.
Vamos viendo que Juan Camilo Mouriño tiende a decir verdades a medias, lo que equivale a mentir. Afirmó que su madre, la señora María de los Ángeles Terrazo, nació en la Ciudad de México y por lo tanto él es, no obstante haber visto la luz primera en Madrid, mexicano por nacimiento. Agregó que al cumplir 18 años optó por la nacionalidad mexicana. Esos hechos son verdaderos. Pero Mouriño oculta que conservó la nacionalidad española, en ejercicio de la cual obtuvo en 1996 un pasaporte expedido por el gobierno de Su Majestad Juan Carlos.
Muy irritado, este jueves incurrió de nuevo en ese modo de mentir que consiste en decir medias verdades. El domingo anterior Andrés Manuel López Obrador había dicho, en el mitin en defensa de la soberanía energética realizado frente a la Torre de Pemex, que el hoy secretario de Gobernación obtuvo de esa empresa “contratos millonarios mediante procesos de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
Imposibilitado para negarlo, porque constan los documentos que lo prueban, Mouriño intentó una explicación pública, más integrada por insinuaciones que por afirmaciones contundentes. Para mostrarse ajeno a la operación de la empresa familiar que su padre fundó en 1985, siete años después de haber salido de España y emigrado a México, aseguró que en 1997 “decidí emprender mi propio camino y abrirme paso en la vida pública”, que es una manera de sugerir sin afirmarlo que se apartó de los negocios familiares. Y en seguida completó: “Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público”.
Tras las vaguedades disueltas en esas breves líneas aparecen dos faltas a la verdad. Por lo menos el 29 de diciembre de 2003 Mouriño seguía siendo apoderado general del Grupo Energético del Sureste. De esa suerte, sin poder mentir sobre esa circunstancia, porque consta en documentos, puede sostener que la expresión “hacia finales” incluye los días 30 y 31 de diciembre, en que quizá en efecto abandonó ese papel en la empresa familiar, y mentir sin embargo. No era cierto, por lo demás, que en 2003 hubiera entrado en la administración pública. Lo había hecho desde el año anterior, en que su amigo el secretario de Energía Felipe Calderón lo hizo su asesor.
Mouriño estaba dolido el jueves 28 porque el golpe de propaganda que asestó en su contra López Obrador había comenzado a generar efectos. El domingo 24, Día de la Bandera, en que como secretario de Gobernación encabezó la ceremonia oficial en Iguala, donde se firmó el plan que a la postre nos liberaría de España, el país de sus ancestros y de su propio nacimiento; ese mismo domingo, digo, el excandidato presidencial, designado presidente legítimo de México por la Convención Nacional Democrática, entregó al líder de los diputados de su partido, Javier González Garza, documentos que muestran que al mismo tiempo que ya actuaba en la administración pública en el ramo de energía, como particular firmaba contratos asignados directamente al negocio familiar por una de las empresas de ese ramo gubernamental.
El mismo jueves 28 de febrero, El Universal dio a conocer tres contratos de prestación de servicios adjudicados a Transportes Especializados Ivancar, S.A. (TEISA) por Pemex Refinación sin haberlos licitado. Son parte de la documentación que el grupo parlamentario perredista dijo ese mismo día estar sopesando para determinar la vía de acción legal que corresponde. Por lo pronto, los datos duros son inequívocos. Consta en tres contratos, fechados el 20 de diciembre de 2002, el primero de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de ese mismo año, que Mouriño era apoderado general de TEISA, la empresa transportista que lleva su nombre, o el apodo cariñoso con que lo trata su familia: le dicen Iván, y el negocio de transportación de combustibles se llama Ivancar.
En vez de admitir que firmó esos documentos, como tendrá que hacerlo porque efectivamente lo hizo, Mouriño descalificó la acción política por la cual se hizo público el carácter dual, típico del conflicto de intereses, con que actuaba en los años en que están fechados esos papeles. Intentó defenderse: “resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente”. Nadie ha asegurado eso. Sólo que era, al mismo tiempo, apoderado general de una empresa que recibía contratos de Pemex por asignación directa, sin licitación, y despachaba como asesor del secretario de Energía. Son informaciones irrefutables, que no se diluyen con la afirmación de que cuando esa empresa “estableció relación comercial con Pemex yo tenía catorce años de edad”.
En su airada réplica a la información entregada por López Obrador y anticipada al público por El Universal, Mouriño ofreció información sobre la empresa familiar, señalando que se ha dedicado también a negocios inmobiliarios. Hasta ahora, en la página oficial del Corporativo GES sólo aparecían tres campos de actividad: Grupo Energético del Sureste, Transportes Especializados Ivancar y administración de franquicias. GES opera al menos 27 estaciones de gasolina en las tres entidades de la península de Yucatán (Campeche, donde se asentaron los Mouriño al llegar de España; Quintana Roo y Yucatán mismo), así como en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Las franquicias que administra son Burger King, Church’s Chicken, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorería Max, GES Autowash, y tiendas de conveniencia GES Exprés.
Como su padre y su señora madre, así como sus dos hermanos, Juan Camilo Mouriño es accionista de las empresas familiares. No consta que dejara de serlo.
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