Mouriño inamovible

Miguel Ángel Granados Chapa Se apresuran quienes ven fuera de Gobernación a Juan Camilo Mouriño. Si fuera por él mismo, y por su amigo Felipe Calderón, aquel tendría que haberse marchado tan pronto se hizo pública la dual personalidad con que vivió al menos en 2002 y 2003, como apoderado general de los negocios familiares, por un lado, y como legislador, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y como asesor del secretario del ramo, por el otro. Pero Calderón y Mouriño cuentan con aliados poderosos, que esta semana los pusieron a salvo. El secretario de Gobernación debe su vida política, a partir de ahora, a Manlio Fabio Beltrones, que se apersonó directamente en Bucareli el jueves 5, para hacerle saber la buena nueva. Esa misma noche, Mouriño apareció en el programa de noticias más visto de la televisión, el conducido por Joaquín López Dóriga, para sincerarse con la república. En efecto, dijo al periodista, firmó los contratos de que habla Andrés Manuel López Obrador. Pero en haberlo hecho no hubo nada contrario a la ley o la ética. Por lo tanto, no renunciará, aseguró. En efecto, está firme. Hablaría muy mal de Calderón el que en menos de dos meses tuviera que reemplazar a dos secretarios de Gobernación. Habiendo echado a Francisco Ramírez Acuña, no puede admitir que se equivocó al sustituirlo con Mouriño, ni aceptar que ignoraba la tacha que ahora ha brotado o que la conocía y eso no obstante, o por eso, lo nombró. Tampoco puede despedirlo a partir de una revelación hecha por su fiero antagonista en la contienda presidencial, que no reconoció su triunfo. Ceder en este punto a la presión de López Obrador y los partidos que lo postularon sería admitir en la práctica que es aquél quien ostenta el poder legítimo. Ya tuvo que resignarse Calderón al despido de Luis Carlos Ugalde, que fue el primero en proclamarlo presidente, en una maniobra destinada a hacer pasar una amañada imagen política como una verdad legal. Agregar ahora la renuncia de Mouriño reforzaría la creencia de que carece de la firmeza que ha de caracterizar al titular del Poder Ejecutivo. Pero esas razones de lógica política serían insuficientes para mantener en su sitio al secretario de Gobernación, de no contar con el PRI y con Televisa. El martes 4 de marzo aquel apoyo parecía faltar. En el Senado se habían reunido las 64 firmas necesarias –la mitad del total– para integrar una comisión que, conforme el párrafo final del artículo 93 constitucional indagara no en general “el funcionamiento de (los) organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria” sino más específicamente aunque con el mismo fundamento los contratos firmados por Mouriño como particular cuando ya ostentaba investidura pública. En San Lázaro se había superado el número de 125 diputados requerido –la cuarta parte del total– con el mismo propósito. Y en ambos casos se había contado con la aquiescencia de los coordinadores priistas. Pero 48 horas más tarde Beltrones y Gamboa recularon. El primero soltó para explicar su mudanza una perla. Dijo que no había que dar ocasión al “linchamiento anticipado”, lo que implica avalar el que se produzca cuando sea pertinente, pues no rechazó el linchamiento sino su oportunidad. Y dijo también que ese género de comisiones son ineficientes, pues el Congreso no es agencia del ministerio público. En efecto no lo es, pero los coordinadores del Frente Amplio Progresista que creían haber contado con el apoyo priista y luego quedaron chasqueados, veían la integración de esas comisiones como corresponde a un espacio legislativo, como escenario político que complete o supla la indagación ministerial que se proponían echar a andar con una denuncia ante la PGR. Beltrones no se contentó con dar marcha atrás, sino que fue a Bucareli a vender el favor directamente al beneficiario. Ya había actuado en forma semejante a finales de noviembre de 2006 cuando se asumió garante de la toma de posesión de Calderón. Gamboa, por su parte, justificó su cambio de parecer criticando el planteamiento del FAP, que demandaba exceso de información pues quería averiguar si también en el sector eléctrico Mouriño hizo de las suyas. Ya tranquilo con las seguridades que le dio Beltrones, Mouriño fue esa noche a Televisa, a practicar su cada vez más conocido arte de decir verdades a medias, o francamente a incurrir en contradicciones. En vez de ofrecer una conferencia de prensa, como hizo una semana atrás en su primera aproximación al asunto que lo afecta, eligió un espacio mayor y más amable, para asegurarse de que sus palabras llegarían por doquier. Como tiene dificultades al manejar su biografía, fechó en momento diverso su tránsito del ámbito privado al poder público. Había dicho la primera vez que lo hizo “hacia finales de 2003”. Dijo ahora en cambio, que la decisión se cumplió el 16 de octubre (mes que sólo forzando mucho los tiempos puede entenderse como incluido en “los finales” de año), cuando ingresó en la Secretaría de Energía, como coordinador de asesores del secretario. En uno y otro caso, queda claro que ya era funcionario y siguió siendo apoderado general de uno de los negocios familiares, en cuyo papel firmó un contrato con Pemex el 29 de diciembre de 2003. Importa aclarar, para identificar el contorno jurídico del tema, que los contratos firmados por Mouriño, ese año y el anterior, fueron adjudicados por asignación directa, no mediante las otras fórmulas administrativas (invitación a unos pocos y convocatoria a licitación, para todo interesado). Ese sería uno de los aspectos a averiguar en una indagación penal. En una de carácter político hay que reparar en el hecho de que la familia Mouriño hubiera podido contratar a un profesional que la representara, en vez de mantener al menor de sus miembros como apoderado general, ante una empresa donde era claro el papel que desempeñaba en la vida pública. Ninguna de las vías que explore el FAP, sin embargo, parece destinada a tener buen desenlace. La averiguación previa tiene que desarrollarse ante una procuraduría que para todo efecto práctico depende de la Presidencia. Y las comisiones legislativas que pese a todo llegaran a formar, deben hacer “del conocimiento del Ejecutivo” el resultado de sus pesquisas, sin que se prevea en el 93 constitucional un curso ulterior a ese momento. No. Mouriño no se va. Como lo afirmó ante López Dóriga se queda en su cargo. Y no permanecerá allí, agrego por mi parte, en calidad de bulto, desierta su antesala, inhabilitado para negociar. Ya lo reinstaló en su original posición de interlocutor válido el senador Beltrones, dispuesto a hablar con un Mouriño que le debe el cargo de todo cuando concierna a la reforma de Pemex, incluidas las alianzas con quienes tienen dinero y experiencia para perforar y extraer crudo de aguas profundas.