Gabino Cué y los incendios oaxaqueños

MÉXICO, D.F., 30 de mayo.- Nadie dijo que gobernar en Oaxaca con sentido y propósitos democráticos fuera tarea fácil, sobre todo por la conflictividad social que dejaron José Murat y Ulises Ruiz –tan semejantes siempre, y ahora tan distantes– y que a veces estimularon para su conveniencia o daño de sus antagonistas. Nadie dijo tampoco que instaurar un gobierno surgido de una alianza electoral implicaría el abandono a las fuerzas que participaron en ella o la simple sujeción del gobernador a las exigencias de sus aliados.

Nadie dijo tampoco que el vasto programa democrático propuesto por Gabino Cué a los oaxaqueños se realizaría de la noche a la mañana, como por ensalmo. En una célebre entrevista que no ha perdido su vigencia, pese a las varias décadas corridas desde su realización, Chou en Lai dijo a Julio Scherer que una cosa era tomar el gobierno y otra tomar el poder. Si asumir las funciones gubernamentales resulta una ardua tarea, debido al deterioro administrativo y a las trampas sembradas por el círculo cercano al exgobernador Ruiz, mucho más empinada será la cuesta que conduzca a la toma del poder, al control completo de los resortes políticos que permiten la gobernabilidad.

Como ha ocurrido desde tiempo inmemorial, pero con intensidad reciente, bullen los conflictos sociales en Oaxaca. Son atendidos por la administración de Cué, pero no siempre es posible resolverlos en el sentido deseado por los participantes en el conflicto porque no es infrecuente que sus intereses –los intereses encontrados de unos y otros– tengan representación o por lo menos eco en las esferas gubernamentales. Esas diferencias de opinión y perspectiva, comprensibles cuando la maquinaria oficial se ha integrado no sólo por políticos profesionales, sino también por activistas o ciudadanos sin anterior militancia, son allanables, y es seguro que se atenuarán al paso del tiempo o el gobernador les pondrá fin. También disminuirá la virulencia de algunos de esos conflictos cuando la Procuraduría de Justicia del Estado active algunos de los muchos procedimientos varados por la abulia de los anteriores titulares del Ministerio Público, que más parecían abogados defensores del interés del gobernador y de su camarilla.

Es más difícil, en cambio, sofocar algunos de los incendios que amenazan a Oaxaca. No me refiero a los fuegos propiamente dichos que destrozan dilatadas extensiones de tierra en esa entidad –hasta mayo se habían registrado este año 217 incendios, que atacaron una superficie de 12 mil hectáreas–. Con todo y su gravedad, se trata de fenómenos que pueden ser contenidos, aunque no sin daños, casi siempre remediables también. Me refiero a los incendios en sentido metafórico, a los que nacen de intereses creados que pelearán con todas las armas para impedir su desaparición. A riesgo de ser esquemático, y más a título de ejemplos que con ánimo de integrarlos a todos en el análisis, cito algunos.

Por un lado están los remanentes del viejo régimen, que no han sido desplazados. Su reacción comenzó a manifestarse antes de que Ulises Ruiz concluyera su sexenio en noviembre pasado. El secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, según la acusación ya preparada por la Procuraduría General de la República, dispuso en su provecho (en el de familiares y amigos, entre los cuales podemos conjeturar que se halla su antiguo jefe) de 800 millones de pesos. Ahora el caso ha sido turnado al Ministerio Público local, que enfrentará dificultades legales para iniciar acción penal, pues el gobernador saliente buscó hace algunos meses blindar a este y otros colaboradores. Hizo que se les fincaran denuncias, se simularon las averiguaciones previas y se resolvió que no se iniciaría acción penal. Por supuesto, no se trata de una exoneración universal y será posible no sólo procesar por peculado a Ortega Habib y a otros servidores. Las auditorías realizadas hasta ahora indican problemas hasta por 2 mil millones de pesos, y si bien no es verdad enteramente que toda cifra fue distraída, sí hay faltantes de gran monto que ameritarán la acción de la justicia. Y, previamente, la reacción de los eventuales inculpados, sus cómplices y asociados.

Por otro lado, el tradicional campamento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido instalado una vez más en el Centro Histórico de la Vieja Antequera. Se creería que no hay razón para montarlo y entorpecer con él las actividades productivas de la zona. El plantón era un instrumento de lucha del magisterio frente a gobernadores que oscilaban entre reprimirlos y manipularlos. Y sin embargo, como si no hubiera un nuevo talante en el trato a las agrupaciones sociales desde hace ya seis meses, se han suspendido clases en todo el estado, y una porción del personal que por eso deja de laborar se congrega en la capital oaxaqueña.

La actitud de algunos de sus dirigentes, o de militantes de base, se antoja más enconada que antaño, especialmente frente a terceros. La interrupción en las actividades comerciales y turísticas en el Centro Histórico es acompañada por una actitud hosca frente a los pequeños establecimientos, cuya economía queda maltrecha por la disminución de sus ventas. Parece que se quisiera provocar una reacción hostil directamente de los afectados o que ellos presionen al gobierno para un acto de represión semejante al que en mayo de 2006 perpetró la policía estatal a las órdenes del secretario de Gobierno.

La “respuesta histórica al magisterio oaxaqueño” ofrecida por el gobernador Cué, es decir, el conjunto de incrementos a los salarios y prestaciones a los miembros de la Sección 22, asciende a más de mil 500 millones de pesos. Pero la dirección sindical la ha considerado insuficiente. Se queja también de que no todos los rubros comprendidos en la suma difundida por el gobierno tienen el carácter de prestaciones al magisterio. Tienen razón, pero les falta razón. Por ejemplo, el gobierno destinará 36.5 millones de pesos a dotar de uniformes y útiles escolares a los educandos al comenzar el próximo ciclo. No es dinero que administre el sindicato (aunque tal vez quisiera hacerlo), pero repercute en el desempeño de las niñas y niños a su cuidado, lo cual imagino que también es de su interés. Lo mismo ocurre con los desayunos escolares y las cocinas comunitarias. Además de las 50 cocinas que se sumarán a las 620 que ya operan, el programa de gasto en educación del gobierno estatal incluye la apertura de mil 800 cocinas comunitarias en los 176 municipios de mayor marginalidad.

Este y otros rubros pueden ser discutidos y acaso sean retirados por el gobierno del estado de la respuesta a los educadores, que quieren sólo respuesta directa a su pliego petitorio y no que parezca sumarse a ello el total del gasto educativo o en materia social. El gobernador Cué se mostró a media semana esperanzado de que el diálogo que su gobierno mantiene con la representación sindical, no obstante las tensiones que derivan del plantón en el centro oaxaqueño, produzca prontos frutos. Llegó hasta suponer posible que antes del fin de la semana los maestros hubieran vuelto a clases.

Una conciliación de intereses de ese género daría la respuesta pertinente a la insolente pregunta, nacida del despecho, de un diputado federal que fue colaborador cercanísimo de Ruiz. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva gastó una suma considerable en desplegados donde se mofa de que, como en tiempos de su jefe, el magisterio ponga en jaque al gobierno: “Gabino: ¿puedes, o no puedes?”.

Chivocomentario: Pobre Oaxaca, entre la mafia priista y la seccion 22 a quienes les importan mas sus intereses personales que los de la comunidad...

Anabel Hernández y Genaro García Luna

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.

La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.

Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.

El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.

La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.

En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.

Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.

Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.

También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.

La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.

El PRI: ¿estable o inerte?

MÉXICO, D.F., 7 de marzo.- Beatriz Paredes entregó el viernes la presidencia del PRI a Humberto Moreira conforme estaba previsto. Es la primera vez en la breve historia de ese partido carente de la influencia presidencial que se cumple el término para el que fue elegida una dirigente. No es poca cosa que la exgobernadora de Tlaxcala haya logrado estabilidad en su partido, especialmente después del desastre de 2006, en cuya secuela fue elegida junto con Jesús Murillo Karam.

Durante los años del presidencialismo exacerbado, la suerte de los líderes del PRI dependía de la voluntad del Ejecutivo. Eran como integrantes del gabinete, que el jefe del Estado y del gobierno podía designar y remover libremente. Los más afortunados permanecían en su cargo el sexenio completo, pero esa costumbre perduró menos de dos décadas. Antes de 1940, los jefes del Partido Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana vivían a la buena de Dios, o al arbitrio del Jefe Máximo, o de las oscilantes circunstancias. Algunos de ellos iban y venían, como el primer dirigente del PNR, el general coahuilense Manuel Pérez Treviño, quien en el breve lapso de tres años fue otras tantas veces líder del partido creado por Calles.

Conocieron la estabilidad sólo tres dirigentes: Antonio Villalobos, Rodolfo Sánchez Taboada y Alfonso Corona del Rosal, quienes acompañaron a los presidentes que los nombraron (Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo López Mateos) a lo largo de todo su periodo. Ruiz Cortines nombró a dos generales, Gabriel Leyva Velásquez, quien se marchó a gobernar Sinaloa, y Agustín Olachea, quien guardaba en sobres lacrados los nombres de los candidatos dizque ungidos popularmente pero en realidad designados en Los Pinos.

Bajo Díaz Ordaz operaron tres delegados suyos en el PRI: Carlos Madrazo –quien renunció al fallar su intento de democratizar al partido–, Lauro Ortega y Alfonso Martínez Domínguez. Con Echeverría hubo igualmente tres líderes: Manuel Sánchez Vite, Jesús Reyes Heroles y Porfirio Muñoz Ledo. El número aumentó a cuatro con López Portillo, quien designó a Carlos Sansores Pérez, Gustavo Carvajal, Javier García Paniagua (el único que se ha ido por voluntad propia, despechado por no haber sido candidato presidencial) y Pedro Ojeda Paullada.

Con Miguel de la Madrid hubo sólo dos: Adolfo Lugo Verduzco y Jorge de la Vega. Carlos Salinas rompió marcas, pues tuvo seis líderes del PRI: Luis Donaldo Colosio, Rafael Rodríguez Barrera, Genaro Borrego, Fernando Ortiz Arana, Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno. Casi lo empata, con cinco, Zedillo, quien nombró a Santiago Oñate, Humberto Roque Villanueva, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio González Fernández y Dulce María Sauri Riancho.

A esta última exgobernadora de Yucatán, desplazada hoy de los centros de decisión, le correspondió el infortunio de perder la primera elección presidencial, sino semejante aunque más grave que el padecido por Colosio, quien debió reconocer al primer gobernador surgido de la oposición, y por Humberto Roque, bajo el cual perdió su partido la mayoría en la Cámara de Diputados.

Tan pronto se supo que Francisco Labastida había sido derrotado por Vicente Fox, la dirigente Sauri Riancho quiso retirarse, como hacen con pundonor los jefes de partido perdedores. Pero le fue impedido marcharse, con ánimo agresivo, pretendiendo que pagara los platos rotos, como si ella los hubiera quebrado. Tuvo que lidiar con un partido ubicado de pronto en la oposición, sin un centro de referencia, prácticamente en la orfandad. Además de haber concluido su periodo, Ernesto Zedillo se fue de México, rehusando convertirse en el jefe del partido más allá de la formalidad, como a contrapelo de su propio sentir había actuado en los años de su gobierno.

El PRI empezó entonces a actuar por sí mismo, surcado por los rencores, las culpas, las incriminaciones que siguen a una derrota, sobre todo una de importancia descomunal, tanto que cerraba un largo ciclo histórico y daba lugar a la alternancia. En medio de turbulencias, la última presidenta del PRI nombrada a dedo desde Palacio Nacional pudo convocar a la XVIII Asamblea Nacional y a elecciones para los cargos principales del CEN del partido. Conforme a la fórmula estatutaria de que en la planilla para elegir presidente y secretario general debería haber equidad de género, contendieron Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, acompañados respectivamente por Elba Esther Gordillo y Javier Guerrero.

Duchos en alquimia, Madrazo y Gordillo se impusieron a Paredes y Guerrero, pero luego riñeron entre sí, y Madrazo, con otros aspirantes a la candidatura presidencial. No logró por ello culminar el término para el que había sido elegido en marzo de 2002, y tuvo que retirarse en septiembre de 2005. En rigor estricto, a Gordillo, como secretaria general, le correspondía reemplazarlo. Pero estaba ya trazado el camino que la llevaría a la expulsión y de ese modo, con doble violación estatutaria (postergación de la número dos del CEN, y elección de un inelegible porque ya había sido presidente del partido), a Mariano Palacios Alcocer le tocó encabezar al PRI en el peor momento de su historia: la grave derrota de Madrazo y el achicamiento de su presencia legislativa.

Ante la nueva convocatoria para elegir las cabezas del partido, Beatriz Paredes volvió a las andadas. Enfrentada con el exsenador Enrique Jackson, esta vez la dirigente campesina fue sobre seguro. Se alió con Enrique Peña Nieto, quien demandó para Jesús Murillo Karam la secretaría general, y con esa fórmula llegó al liderazgo mediante una victoria muy holgada en una convención de delegados.

No pudo ejercer una presidencia fuerte y con atribuciones exclusivas. Debió atenerse a la existencia de fuerzas reales, en que la suya no era la más importante. De modo que arbitraba a veces, y se sometía en otras, a los núcleos de poder representados por un selecto grupo de gobernadores, con el mexiquense a la cabeza, y por los coordinadores parlamentarios. De ese modo fue desdibujándose, hasta perder la identidad que al comenzar su mandato la hacía aparecer como eventual candidata presidencial. Había sido fallida aspirante al gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo, con el financiamiento de Peña Nieto y su empuje político, encadenó triunfos notables en elecciones locales de 2008 y 2009 y las federales de ese último año. En las estatales de 2010, sin embargo, y a pesar de cuentas alegres sobre el número de votos obtenidos, debió pasar el trago amargo de tres significativas derrotas: en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y comenzar este año con las de Guerrero y Baja California Sur.

Incurrió en un error y una ingenuidad. Quiso sellar mediante un pacto escrito la suavidad con que había ejercido su papel de dirigente opositora frente al presidente Calderón, y en nombre de Peña Nieto, a cuya causa se ha adherido, acordó con el PAN que este partido no se aliaría con otros en el proceso electoral mexiquense, actualmente en curso. A cambio, las bancadas del PRI apoyarían en el Congreso los planes financieros gubernamentales. Este extremo se cumplió, mas no así el que correspondía al compromiso panista, que se alió con el PRD en media docena de entidades y ahora busca hacerlo en el lugar donde no debía coaligarse con nadie, el Estado de México.

Como se lo han reprochado mujeres que confiaron en sus convicciones, Beatriz Paredes concluyó el viernes una fase principal de su carrera política con desdoro. No pudo o no quiso encauzar la fuerza de su partido contra el conservadurismo católico en materia de libertades personales, y dejó hacer a las reaccionarias de un partido que ella quiso definir como de izquierda.

La sustituye Humberto Moreira. Lo conocemos ahora por su nepotismo y su afición al baile y a ser vociferante. Necesitará mejores títulos para que el PRI sea un partido no sólo votado, sino popular.

Encinas y la justicia electoral

MÉXICO, D.F., 9 de enero.- Como corresponde a un hombre que ha hecho de la militancia congruente una forma de vida, la probable candidatura de Alejandro Encinas al gobierno mexiquense ha suscitado un gran entusiasmo político, como se vio en el pequeño círculo dirigente de los partidos que lo apoyarían, el miércoles, y al día siguiente en los mítines mexiquenses en que compartió ovaciones con Andrés Manuel López Obrador.

Está por establecerse el modo en que será candidato Encinas, cuya inclusión en el proceso local de ese estado, idea inicial de su exjefe, dio al traste con la alianza del PAN y del PRD, puesto que la hizo imposible para el perredismo. Habrá una coalición, la de los partidos que postularon a López Obrador a la Presidencia de la República, que en esa entidad obtuvo en 2006 más de 1 millón 800 mil votos, pero es poco probable que a esa alianza se agregue el PAN. Tenía sentido forjarla con el partido que gobierna el país para derrotar al PRI, pero ello no se conseguiría ni remotamente con candidaturas divididas de los partidos llamados de izquierda. De su actitud inicial en que dividía a sus partidos, la sagacidad política de López Obrador lo ha llevado a promover su unidad, en torno a un candidato de su confianza y la de todos.

Para cuando se recorra el camino político para su postulación, es probable que Encinas tenga ya plena seguridad sobre el cumplimiento de los requisitos que lo hagan elegible. Pondría en riesgo la gobernabilidad del estado el que el desempeño del jefe de los diputados perredistas y sus variados apoyos le consiguieran la victoria y ésta no pudiera legalmente consumarse porque el candidato no satisfizo la condición de residencia que la Constitución local establece.

Salvo que ese documento fijara en 1993 requisitos diversos de los que actualmente rigen, el registro de la candidatura de Encinas en aquel año podría constituir un inequívoco antecedente, una prueba plena de que cumplió entonces esa condición legal, y puede sustentarse que la cumple también ahora. Y es que el haber residido durante cinco años en el Estado de México para ser candidato a gobernador es requisito cumplible en cualquier tiempo, no inmediatamente antes del día de la elección. Encinas ya probó haber sido residente y, por lo tanto, ciudadano mexiquense, y no ha incurrido en ninguna de las causas por las que tal condición se pierde.

Claro que las circunstancias de la competencia electoral hace 17 años eran en esa entidad muy otras de las vigentes hoy, y acaso por ese motivo no se consideró necesario exigir de modo estricto cumplir los requisitos de elegibilidad. En aquel tiempo el gobierno mexiquense apenas comenzaba a abrirse a la presencia opositora, especialmente la de Acción Nacional. Los candidatos antagónicos carecían de la mínima probabilidad de triunfar, y al cinismo legal del gobierno le daba lo mismo si esos apóstoles eran elegibles o no.

Apenas en 1981, y con tintas pálidas, comenzó a trazarse el panorama electoral competitivo mexiquense. Alfredo del Mazo González obtuvo 62% de los votos, contra 6.1% del aspirante panista y sólo 3.1% del candidato comunista. Seis años después la votación panista casi se duplicó, para llegar a 11.3%, pero la maquinaria priista asignó el 72.9% a Mario Ramón Beteta (quien incumplió el requisito de residencia). El actor y activista Carlos Bracho, candidato de la izquierda, avanzó a 8.8%, que en números absolutos daba una cifra inimaginable para un partido marginal: 175 mil votos.

En 1993 el joven (no llegaba todavía a los 40 años) diputado federal Encinas superó en cien mil votos la cifra de Bracho, aunque se quedó en el mismo nivel porcentual. Contendió contra Luis Felipe Bravo Mena, quien obtuvo más de medio millón, y con Emilio Chuayffet, quien se aproximó a los 2 millones de votos.

Chuayffet dejaría a medio camino su gubernatura y luego sería secretario de Gobernación, de donde fue depuesto y sometido a un breve ostracismo del que se repuso con sendas curules en 2003 y 2009. Bravo Mena encabezó el partido que arrebató al PRI la Presidencia, y luego de ser embajador ahora es secretario privado de Felipe Calderón.

La vida política de Encinas fue más rica y sorprendente si se considera que todavía a mediados de los años 90 las posibilidades de gobernar estaban vedadas para la izquierda. Pero con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF en 1997 muchos militantes empezaron a cursar una carrera gubernativa. Con ese jefe de Gobierno, Encinas fue secretario del Medio Ambiente. Con López Obrador sería después secretario de Desarrollo Económico y subsecretario y secretario de Gobierno, hasta suplirlo en la jefatura de la administración capitalina en julio de 2005.

Cinco años antes, sin embargo, había sucumbido de nuevo a la tentación electoral, esta vez con perspectivas halagüeñas. Apoyado por el mayor número posible de partidos (más que los que postulaban a López Obrador) buscó ser jefe delegacional en Álvaro Obregón. Como se sabría después por confesión propia, el empresario argentino Carlos Ahumada apoyó financieramente la campaña de Luis Eduardo Zuno, el candidato panista que trampeó y logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara su triunfo, aunque apenas le reconociera poco más de 500 votos de diferencia.

Toparía Encinas de nuevo con ese tribunal en 2008. Luego de su satisfactorio desempeño como jefe de Gobierno, y su sagaz combinación de autoridad de todos y militante de la causa de López Obrador, adquirió una gran presencia y sólida reputación dentro del PRD, que lo llevó a disputar la presidencia del partido. Lo hizo contra Jesús Ortega, quien por enésima vez buscaba esa posición y no se paró en barras para obtenerla esta vez. Al cabo de un sucio proceso electoral, que debió ser anulado dadas las trapacerías que lo caracterizaron, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ungieron jefe del partido a Ortega, con lo que la fractura perredista, visible durante las campañas internas, se ahondó hasta casi partir en dos a ese partido.

Asegúrese pues Encinas, y estén seguros también sus postulantes, de que su elegibilidad no ofrecerá un flanco débil que lo prive de un triunfo claramente obtenido, como ocurrió en los dos momentos recordados. No se expongan a perder en oscuras oficinas lo que acaso obtengan en la transparencia de las urnas.

Tres priistas que derrotaron al PRI

MÉXICO, D.F., 29 de noviembre (Proceso).- El próximo miércoles 1 de diciembre empezarán a gobernador sus estados Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa. Los tres fueron candidatos de una coalición opositora al PRI, partido en el que se formaron y al que pertenecieron, en un caso por lo menos, hasta días antes de su postulación. Los tres eran senadores en el momento de ser ungidos candidatos. Los tres montaron su triunfo, además de su estrategia electoral, en el hartazgo ciudadano provocado por gobiernos impopulares que hasta el momento de su derrota (y aun después, en vísperas de su salida) privilegiaron su interés personal o de grupo por sobre las necesidades y anhelos de la gente común.

Gabino Cué fue priista hasta hace una década. Es, por lo tanto, el de mayor legitimidad opositora, pues aunque ha triunfado en elecciones previas a la de julio pasado se arriesgó a las penurias de vivir a la intemperie política. Su destino político, entonces, estuvo ligado al de Diódoro Carrasco, gobernador priista de 1992 a 1998, con quien trabajó en Oaxaca y después, en la Secretaría de Gobernación, en el último año de Zedillo. Cué se marcharía del PRI un lustro antes que su jefe, que prefirió esperar hasta el proceso electoral de 2006 para manifestarse cercano a Felipe Calderón e ingresar a la Cámara como diputado de la fracción panista.

Cué, en cambio, aprovechó el parentesco político de Convergencia con el PRI y su implantación en Oaxaca para acercarse al partido de Dante Delgado y ser elegido alcalde de la ciudad de Oaxaca, pues el gobierno de José Murat, seguido por el de Ulises Ruiz, rompió el hasta entonces imbatible dominio priista en la entidad. De allí que pareciera posible, tras el estrafalario gobierno de Murat, no exento de carácter represor, arrebatar el gobierno al PRI. Cué logró hacerse apoyar por una coalición del PAN y el PRD, más su propio partido, y estuvo en un tris de vencer a Ruiz. Pero éste contaba con el apoyo del líder nacional priista, Roberto Madrazo, que le permitió imponerse con sólo una leve diferencia en el número de votos.

En otro escenario, Cué pudo remontar esa diferencia cuando dos años después fue candidato a senador por la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con quien el oaxaqueño tejió una vinculación especial, basada en la sintonía de Cué con la posición de López Obrador ante el alegado fraude en la elección presidencial. Como senador y como presidente legítimo según lo designó la Convención Nacional Democrática, ambos recorrieron varias veces la entidad tan urgida de un cambio político que permitiera abordar las reformas sociales requeridas para permitir a Oaxaca salir de su postración.

Tan especial ha sido la relación entre Cué y López Obrador que éste tuvo que aceptar en los hechos (y embrollarse cuando trataba de explicar la diferencia) que su amigo fuera candidato de una coalición que incluyera al PAN, en vez de oponerse a ese lazo como hizo en todas las entidades donde se planteó la misma estrategia. Cualquiera que haya sido la razón –conciencia de que la barbarie entronizada en el palacio de gobierno tenía que ser abatida, habilidad suasoria del candidato, necesidad del lopezobradorismo de contar con un mínimo apoyo institucional–, lo cierto es que Cué derrotó al mismo tiempo a Ulises Ruiz y a Eviel Pérez, su frágil candidato, y el primero de diciembre empezará a gobernar.

En sentido contrario a lo que predicó Ruiz de sí mismo en su fastuosa –y por lo tanto cara– propaganda de fin de sexenio, no hubo un solo año en que Ruiz gobernara en bien del grueso de la población. En vez de hacerlo, fortaleció a un breve grupo en torno suyo y combatió los varios intentos de insurgencia política local, que a partir de mayo de 2006 y hasta bien entrado el año siguiente procuró forzar su salida. Son incontables las muertes violentas por motivos políticos perpetradas por autoridades o pasadas por alto en perjuicio de la justicia. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos delinearon y documentaron las atrocidades gubernamentales, la complicidad de los gobiernos federales panistas con el priista oaxaqueño lo mantuvo en su silla, repudiado crecientemente por los gobernados, que tuvieron ocasión de manifestarlo en las urnas el 2 de julio pasado.

Errará quien espere a partir del miércoles primero de diciembre un mundo nuevo en Oaxaca. Una estructura social rígida e inequitativa y una maquinaria de gobierno de la que no puede prescindirse a riesgo de la inacción que desilusione a los ciudadanos, no se remueven en unos cuantos días, acaso ni siquiera en el corto plazo. Pero lo que la sociedad oaxaqueña puede esperar es una nueva actitud de su gobernante (y de los diputados y alcaldes que con él triunfaron) y por ende un trato respetuoso, cuyo solo ejercicio hará una diferencia notable con el pasado que comienza dentro de 72 horas.

La coalición que condujo al senador Rafael Moreno Valle al gobierno que ya encabezó su abuelo del mismo nombre, en la época de la indisputable hegemonía priista, fue de índole distinta a la oaxaqueña. A sus ingredientes principales, el PAN y el PRD, se agregó el Panal, el partido de Elba Esther Gordillo, pues el sucesor de Mario Marín, aunque haya llegado a Xicoténcatl en la fórmula panista, pertenece al establo (en el sentido pugilístico) de la presidenta del sindicato magisterial. Lo es desde que, priistas ambos, coincidieron en la Legislatura número 59, cuya fracción tricolor fue brevemente comandada por la profesora. Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Moreno Valle sobresalieron por su cercanía con la lideresa, a la que permanecieron fieles en sus vicisitudes dentro del PRI y la acompañaron, en diversos momentos y por diversas rutas, cuando la lideresa reconoció ser la fuente nutricia del Panal y se alió con Calderón.

Moreno Valle Rosas se había formado en el molde tecnocrático que el PRI alentó en los últimos años de sus gobiernos. Formado como experto en finanzas para servir lo mismo a empresas trasnacionales que al gobierno local de Puebla, el gobernador Melquiades Morales lo designó secretario de ese ramo y luego lo orientó hacia la política electoral, haciéndolo secretario de Desarrollo Social. De allí pasó a la diputación mencionada y luego, ya fuera del PRI, al Senado como cabeza de la fórmula panista que ganó la mayoría con amplio margen.

Reemplazará a Mario Marín, prototipo de gobernante con historial mediocre (una carrera aldeana lo llevó a la gubernatura) que encuentra en los puestos públicos la oportunidad de medro personal. Autor o solapador de fechorías sin cuento (que hicieron crecer paso a paso a la oposición) se mostró como quien es, sin disfraz ni afeite, en la persecución contra la periodista Lydia Cacho, en pago a favores recibidos del industrial mezclillero Kamel Nacif. Como lo aseveraron indagaciones periodísticas, la investigación constitucional de la Suprema Corte y el voto particular de cuatro ministros que no se avinieron a guardar silencio tras la virtual exoneración con el tribunal constitucional benefició al gobernador poblano (el gober precioso, según el chabacano y elocuente tratamiento que le dio Nacif en una de las conversaciones telefónicas más célebres de la historia política mexicana), Marín puso la justicia de su entidad al servicio de intereses privados, no únicamente los visibles del empresario que quiso castigar a Lydia Cacho por su prestancia y diligencia profesional, sino a las redes de pederastia y pornografía infantil a que estaba y está ligado Jean Succar Kuri, el contacto de Nacif con aquel bajo mundo.

Fortalecido por la elección federal de 2009, Marín incurrió en el error de hacer candidato a un colaborador que parece una calca suya, la del gobernante que dejará de serlo el miércoles próximo. No contó Marín con el sentimiento de dignidad ofendida de cientos de miles de poblanos (cuyo voto fue organizado por la coalición y las habilidades magisteriales en la materia) que resolvieron castigarlo en las urnas. Porque lo ocurrido en julio pasado más que la derrota del borroso Javier López Zavala y la victoria de Moreno Valle Rosas fue un plebiscito contra Marín, cuyo grupo en el partido oficial fue echado del poder a fuerza de votos a causa de su desvergüenza personal.

El triunfo opositor en Sinaloa parte asimismo del cansancio ciudadano ante la combinación de abusos e ineficacia priista. Pero la causa del desaguisado que hizo perder al PRI la gubernatura fue, en el fondo, un conflicto entre grupos de poder, que no pudo ser resuelto por las componendas habituales sino que encontró nuevos cauces, donde al mismo tiempo que se satisfizo una necesidad popular se colmaron intereses como los del exgobernador Juan Millán, que hace seis años no pudo evitar que lo sucediera Jesús Aguilar y no pudo tampoco vencerlo en la disputa interna por la candidatura, pero consiguió llevar al gobierno a su amigo y protegido Mario López Valdez. Senador de la república, cargo al que saltó en 2006 desde sus negocios privados más que a partir de una carrera política (que en breve lapso apenas daba para ser alcalde de Ahome y miembro del gabinete de Millán), Malova buscó hasta el momento extremo ser lanzado por el PRI, su partido. Sólo cuando el dedo de Aguilar Padilla se orientó hacia su tocayo y socio Jesús Vizcarra, aceitó las negociaciones que resultaron en una coalición de PAN y PRD que lo condujo al triunfo y, a partir del primero de diciembre, al palacio de gobierno.

Enfrentará no sólo la oposición priista, sino un panorama de descomposición política y social denunciado con vehemencia por el diputado Manuel Clouthier Carrillo, angustiado hasta la desesperación por la creciente intromisión de la narcodelincuencia en la política institucional de su estado. Queda por ver si Malova, es decir Millán, a quien Clouthier Carrillo denunció repetidamente durante y después de su gobierno por al menos solapar al crimen organizado, generador de los males sinaloenses junto con la indolencia del gobierno federal, puede gobernar al margen de los intereses que lo hicieron senador y con los que no rompió en este trance.

Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza

MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.

Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.

En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.

Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.

En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.

Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.

Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.

Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.

Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.

Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.

Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes!

Francisco Javier Salazar y los mineros chilenos

MÉXICO, D.F., 18 de octubre.- Sacudido en su modorra legislativa por el pasado, que nunca se va por completo, Francisco Javier Salazar Sáenz se apresuró a establecer las diferencias entre una mina de carbón y una de cobre, para distinguir también las tragedias que se abaten sobre una y otra y, en fin, para que no se establezcan parangones entre las conductas gubernamentales en uno y otro caso.

Lejana ya la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros, el rescate de 33 trabajadores chilenos en la mina de San José, cercana a Copiapó en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, la trajo abruptamente a la actualidad por el rudo parangón que de inmediato se estableció entre ambas situaciones, que tuvieron un desenlace contrastado. Hasta ahora no han sido recuperados los restos de las víctimas en la región carbonífera coahuilense, mientras que al cabo de un vasto, inteligente y sostenido esfuerzo se salvó la vida a los empleados de la empresa San Esteban, omisa en su conducta de establecer medidas de seguridad, como lo fue Industrial Minera México, filial del Grupo México.

Salazar era entonces secretario del Trabajo. Había llegado allí tras una breve carrera política, iniciada desde su papel como líder de los profesores universitarios en San Luis Potosí. Nacido en el Distrito Federal, cursó ingeniería química en la UNAM y concluyó la carrera en la Universidad Iberoamericana. En la potosina se hizo doctor en ciencias sociales, derivación que juzgó oportuna para defender su credo religioso y político, que en su caso se integran. Además de su trabajo en la representación sindical del personal docente universitario, tanto en San Luis como en el ámbito nacional, militó en el tradicionalismo panista potosino. Fue diputado federal por primera vez de 1994 a 1997, al cabo del cual buscó ser candidato a gobernador, sin conseguirlo, como tampoco lo conseguiría en 2003, cuando en las elecciones internas fue vencido por Marcelo de los Santos.

Ya para entonces Salazar era subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, cuyo titular era el hoy finado Carlos Abascal. Estaban unidos ambos por una ideología férreamente conservadora, por lo que no resultó extraño que al transitar Abascal a Gobernación, para reemplazar a Santiago Creel, Salazar Sáenz lo sustituyera.

En febrero de 2006 se le encomendó atender la emergencia de Pasta de Conchos. Por tratarse de un desastre, hubiera sido un asunto atendido en Gobernación. O en Economía, dado que es competencia de esa secretaría regular las concesiones mineras. Pero se responsabilizó del caso a Salazar Sáenz, tal vez porque se percibió en la coyuntura el escenario adecuado para un lance político de mayor alcance, la defenestración de Napoleón Gómez Urrutia de su liderazgo en el sindicato minero.

Gómez Urrutia había cultivado una buena relación con el presidente Fox y el secretario Abascal, a quienes el gremio minero aclamó después de que se tomó nota de la elección del secretario general, acto que le había sido negado por el último secretario del Trabajo del régimen priista, Mariano Palacios Alcocer. Remediada esa situación, floreció el vínculo entre el dirigente sindical y el gobierno de la alternancia. En esos años el sindicato mantenía una disputa con una de sus contrapartes, el Grupo México. La causa inmediata era un litigio sobre acciones de las empresas adquiridas por ese grupo de la familia Larrea al gobierno federal. Finalmente, no sin un largo trayecto en tribunales, el sindicato recibió 55 millones de pesos, importe de las acciones que al ser privatizadas varias compañías mineras debía entregar al sindicato.

La derrota así infligida al Grupo México, más la exigencia permanente de mejores salarios para los trabajadores de sus minas, tensó y agrió las relaciones con el sindicato minero. Mucho ha de haber influido una creciente rivalidad personal entre el presidente del consorcio, Germán Larrea, y el líder gremial, Gómez Urrutia. Cada uno de ellos había sucedido a su padre en la tarea que los enfrentaba, y mientras que los progenitores establecieron una relación provechosa para ambos, el desencuentro rigió el trato entre los jóvenes herederos.

Fue ostensible que por pedido del grupo empresarial el gobierno de Fox mudaría su propia relación con los mineros. De esa manera, cuando la atención del secretario Salazar debería estar plenamente orientada a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos, se anunció que el liderazgo de Gómez Urrutia estaba siendo impugnado, y en menos de una semana, mediante un procedimiento tramposo y apresurado, se colocó a un líder postizo en el lugar del secretario general hasta ese momento reconocido.

El papel de Salazar ante la tragedia fue cumplido de mal modo. El viernes siguiente al domingo trágico, antes de una semana de ocurrido el desastre, el secretario anunció el fin del intento de rescate. Se dictaminó entonces que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que la catástrofe impidió desde el momento mismo de su ocurrencia que los mineros sobrevivieran. En ese supuesto, era inútil esforzarse por localizarlos y rescatarlos. Simplemente se les dio por muertos. Tan definitiva fue en los hechos la decisión de clausurar la mina –acaso para que un diagnóstico imparcial no determinara que la inseguridad industrial había causado la tragedia–, que no se han rescatado los cuerpos, los restos de los mineros atrapados por el infortunio y una mezcla de factores humanos que debieron ser castigados.

Incapaz de lidiar con la angustia de los deudos, Salazar peleó con ellos, insinuó que los mineros ingresaban a la mina ebrios o drogados, recibió abucheos y proyectiles que mancharon su ropa, pero no su reputación. Terminó su gestión en la Secretaría del Trabajo sin hacer otra cosa que proteger al personal de esa dependencia involucrado en los antecedentes del desastre y coincidir plena y puntualmente con los intereses de la empresa, que ha dejado enterrados a sus antiguos empleados para ocultar la codicia que la hizo ahorrar a costa de la vida de los mineros. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en Chile a la hora de su propio desastre.

Al comenzar este sexenio, Salazar ingresó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, bajo la presidencia de Germán Martínez, y el año pasado fue elegido diputado federal, por la vía plurinominal, sitio reservado a los militantes de largo trayecto, a los grandes apellidos o para premiar servicios prestados. Fue vicepresidente de la mesa directiva al lado de su correligionario y tocayo Francisco Javier Ramírez Acuña, durante el primer año de la legislatura. Fue conservado allí durante el segundo año, el que está corriendo, bajo la presidencia del priista Jorge Carlos Ramírez Marín. En uno y otro caso, su papel lo obliga a dirigir los debates, en ausencia del presidente. Lo hace distraídamente. Y las más de las veces atestigua desde su alta posición (físicamente hablando) lo que ocurre en la llanura de San Lázaro.

En esa alta posición fue sorprendido por la vuelta del pasado, nunca ido del todo, pues no ha cesado la exigencia de las familias de Pasta de Conchos por recuperar los cuerpos de sus seres queridos, enterrados por decisión de Salazar al servicio del Grupo México. Su triste actuación en esa mina coahuilense, en el conflicto minero que artificialmente encendió –aunque el dirigente fantoche que inventó haya sido vuelto al rincón de los trebejos, de donde Salazar lo sacó–, no había sido olvidada. Se hace vigente ahora su gestión, en contraste con la del ministro de Minería chileno, que trabajó a favor de la vida, como Salazar a favor del dinero.

Gudiño Pelayo y el humanismo judicial

MÉXICO, D.F., 26 de septiembre.- A mediados de 2007 el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo estuvo al borde de la muerte, probablemente por las mismas causas que le arrancaron la vida el domingo pasado. Hace tres años pudo recuperarse mediante el auxilio de la ciencia médica, pero también por su tesón, la fuerza de su voluntad. Cuando volvió al trabajo, no concluida aún su convalecencia, momentos hubo en que debía hacer leer su ponencia o sus argumentos, porque era incapaz de hacerlo, por debilidad. Pero allí estaba, con la mente lúcida, trabajando. Quizá por aquella resistencia esta vez la agresión física lo tomó por sorpresa, para que no pudiera defenderse.

Se hallaba en Londres, de paseo con su familia. No había gozado de sus vacaciones, como lo había hecho casi todo el Poder Judicial de la Federación, en la segunda quincena de julio, porque le correspondió formar parte de la comisión de receso, una especie de guardia que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras descansa el resto del personal, incluyendo a los ministros.

Muerto el 19 de septiembre, el pleno al que perteneció le rindió homenaje el jueves siguiente. Las palabras de sus compañeros sintetizaron el sentimiento generalizado de pesar que fue percibiéndose tan pronto como el propio día de su deceso corrió la noticia de su tránsito. Las páginas de los periódicos se llenaron de esquelas de condolencia, en número sorprendente para un miembro del Poder Judicial, no un acaudalado empresario o un político con poder individual, o sus parientes. Las expresiones de duelo dirigidas a su esposa, doña Yolanda Cícero, y a sus tres hijos, Yolanda, José de Jesús y Juan Carlos, provinieron de todos los miradores: una demostración de que nunca nadie resintió un daño de su parte, algo difícil de predicar en un juez con más de 30 años en el Poder Judicial, la mitad de los cuales transcurrieron en el máximo sitial a que puede aspirar un jurista.

Nacido en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943, Gudiño Pelayo se graduó de abogado en la Universidad Iberoamericana, donde también obtuvo la maestría, y donde ejerció la docencia, una de las facetas relevantes de su personalidad, ejercida en los centros de estudios superiores de los lugares donde se desempeñó como juzgador. Cursó estudios de administración pública en España (Madrid y Alcalá de Henares), pero tan pronto volvió a México ingresó al Poder Judicial federal, como secretario de estudio y cuenta del ministro Fernando Castellanos Tena, en la Sala Penal de la Corte. Esa misma sala (con las modalidades surgidas en la reforma de 1994) sería presidida por él en tres ocasiones, la última de las cuales empezó a correr en enero de este año. Pronto fue designado juez e inició el peregrinar de los servidores de la administración de justicia, que continuó cuando fue ascendido a ministro.

Gerardo Laveaga, un jurista que debía formar parte de la terna para sustituir al maestro fallecido (y dirige desde hace años el Instituto Nacional de Ciencias Penales), que lo conoció de cerca mientras fue director de comunicación social del máximo tribunal, recuerda que la firmeza de las convicciones de Gudiño Pelayo le impidió simular o pretender pasar inadvertido con miras a su ascenso a la Corte. En sus libros sobre el amparo expresó ideas contra los convencionalismos en boga en los años ochenta. “Opiniones como estas llegaron a inquietar a quienes vaticinaban para él un futuro halagüeño. Cuando publicó Introducción al amparo mexicano, un magistrado amigo suyo le pronosticó que había perdido su oportunidad para convertirse en ministro. Al referir esta anécdota, Gudiño se regodeaba: ‘Aposté y gané’”.

No sólo era un jurista consumado y un hombre de dilatadas lecturas en materias diferentes al derecho. Poseía un espíritu moderno, que lo condujo a contar con una página propia en la red, donde además de resumir la actividad jurisdiccional en que tomaba parte hablaba de publicaciones recientes e invitaba a la participación de sus visitantes. En la misma línea de comunicación y transparencia, ideó y condujo un programa en el Canal Judicial, donde más que entrevistar estimulaba a jueces y magistrados a que narraran vivencias que resultaran aleccionadoras.

En el homenaje de cuerpo presente que la Corte le rindió, el ministro Luis María Aguilar insistió de modo pertinente en el lugar central que su familia ocupaba en la vida de Chucho, como le llamó con la confianza que propicia el trato cercano. Su vida estaba dedicada “a la alegría del amor”, según dijo, con tino que hizo derramar lágrimas a su señora y sus hijos. Si se toma el ejemplo de su hija Yolanda, queda claro que propició el desarrollo libre de sus descendientes. Ella ejerce la docencia universitaria en Tlaxcala, y allí mismo opera una pequeña empresa editorial, que dio a la imprenta su novela Tierra de mis soledades, el relato de dos jóvenes mujeres que sufren el desdén de la jerarquía católica hacia el género femenino mientras intentan realizar apostolado en la sierra chihuahuense, entre los rarámuri.

Fue un humanista en su ejercicio del derecho. Con frecuencia alzó los ojos por encima de los códigos para ver más allá de su tieso contenido. Atenco no debe quedarse en Atenco, sentenció al ocuparse de la represión a ciudadanos de ese municipio del Estado de México. Creía que el caso debía servir para que la Corte construyera un criterio sobre el uso de la fuerza pública.

Laveaga sintetiza así el desempeño del togado muerto: “Se colocó en el ala liberal de la Corte y lo mismo defendió el derecho que tienen las mujeres para decidir si continúan un embarazo, que el de las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio. En el caso de los manifestantes de San Salvador Atenco pretendió fincar responsabilidades al gobernador del Estado de México y al secretario de Seguridad Pública federal por los abusos que habían cometido algunos agentes, pero al ver que este reclamo no iba a prosperar, se concentró en exigir a las autoridades que, en adelante, establecieran protocolos clarísimos para delimitar el uso de la fuerza pública.

“En el asunto de Lydia Cacho se sintió frustrado ante el voto de sus pares: no entendía por qué no se habían pronunciado ante hechos que, según él, resultaban tan evidentes. La ley podría no admitir ciertas pruebas en el proceso penal (…) mas no era un proceso penal. El libro que escribió con José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel y Juan Silva Meza no sólo fue una serie de razonamientos para justificar su voto particular, sino un enérgico deslinde. El título elegido para el libro –Las costumbres del poder– implicó un reproche doméstico: no estamos integrando la Corte que México espera de nosotros” (El Universal, 23 de septiembre).

Su apariencia solemne, conservadora, resultaba contradicha por su espíritu inclinado al humor, al trato sencillo. Sin ambages aludía, en tono de broma, a los encaramientos entre ministros. Por ejemplo, un día dijo que la disputa frecuente entre Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano contribuía a elevar el rating del Canal Judicial.

Entre decenas de magistrados, en enero de 1995 fue elegido ministro de la Corte. Lo propuso el presidente Zedillo y lo aprobó el Senado, junto con 10 de sus compañeros, varios de los cuales ya no están en funciones. Como él, murió el ministro Humberto Román Palacios. Cumplieron el término para el que fueron elegidos Vicente Aguinaco, Góngora Pimentel, Mariano Azuela, Juan Díaz Romero, Juventino Castro.

Ahora tocó a Gudiño Pelayo el turno de partir. Conforme a su credo de niño, que quizá de adulto fue sustituido por un agnosticismo no militante, recibirá en la vida perdurable, multiplicado, el bien que sembró a su paso por este valle de lágrimas.

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Carlos Salinas y otros expresidentes de México

MÉXICO, D.F., 19 de septiembre.- Cualquiera que haya sido, fracasó el propósito del presidente Felipe Calderón al invitar a la cena del 15 de septiembre a los cinco expresidentes vivos (algunos de ellos vivísimos). Sólo dos acudieron: su correligionario Vicente Fox, con quien Calderón mantiene una relación ambigua y oscilante; y Carlos Salinas de Gortari, quien aprovechó el convivio para hacer política, como está en su naturaleza. Se abstuvieron Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo.

En Palacio Nacional, Salinas explicó su presencia como una contribución a la unidad nacional. Con su reconocida sagacidad, recogió la expresión varias veces pronunciada por su anfitrión, quien todavía el lunes 13 retornó a esa idea –que en él es como una cantaleta, consciente como está de la polarización causada por su ascenso a la Presidencia. Salinas retomó ese propósito y quiso obsequiarlo. Pero su presencia se sumó a la de Fox, que en campaña lo desdeñó llamándolo Salinillas y acabó aceptándolo como cómplice en la maniobra para desprestigiar primero y desaforar después a Andrés Manuel López Obrador.

Si el objetivo de la invitación a los expresidentes era ofrecer un fresco de la unidad nacional encarnada en esos exmandatarios, el propósito no se logró. En otros tiempos, la imagen de que los expresidentes reunidos significan la unidad nacional ha sido fructífera. Manuel Ávila Camacho, como lo recordó el propio Salinas, convocó a sus antecesores en septiembre de 1942. México acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial y pareció conveniente al hermano de Maximino (el general Andrés Ascensio de Arráncame la vida) mostrar que las querellas internas, sobre todo las producidas por la Revolución, habían quedado atrás. Asistieron al Grito, en un acto que entonces se llamó “de acercamiento nacional”, los expresidentes De la Huerta, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas, citados en el orden cronológico de su presidencia. El acto fue significativo por la presencia de Cárdenas y Calles, quienes apenas seis años antes habían roto y ahora encarnaban interpretaciones opuestas de la Revolución en el poder.

Después del Grito, los invitados se fueron a su casa. En cambio, casi una veintena de años después el presidente Adolfo López Mateos convocó a sus predecesores no sólo a reunirse, sino a aceptar responsabilidades en su gobierno. Algunas designaciones rayaban en el ridículo, como la que recayó en Ortiz Rubio como representante del gobierno en el patronato de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. O significaban muy poco, como en el caso del presidente convencionista Roque González Garza, quien recibió nombramiento de coordinador de las obras del gobierno federal en la Vega de Metztitlán; y, casi en el mismo nivel, el encargo hecho al otro Adolfo, Ruiz Cortines, quien aceptó con desgano ser delegado fiduciario de Nacional Financiera en el Fideicomiso de Minerales Metálicos no Ferrosos. Otras encomiendas tuvieron relevancia, ya porque la tenían de suyo o porque los expresidentes les dieron sustancia. Este último fue el caso del general Lázaro Cárdenas como director de la Comisión del Balsas (ya lo era de la correspondiente al río Tepalcatepec), de Miguel Alemán al frente del Consejo Nacional de Turismo y de Abelardo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Pesca: ambos organismos eran consultivos pero sus titulares los dotaron de funciones sustantivas. Emilio Portes Gil ya era director de la Comisión Nacional de Seguros y fue confirmado en su cargo en esta oportunidad, el 7 de diciembre de 1961.

Surcaban a la República entonces fuertes tensiones, resultado del enfrentamiento de corrientes poderosas: el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por Cárdenas, y el Frente Cívico de Afirmación Revolucionaria (llamado Frente Cínico en la revista de izquierda Política), que agrupaba al alemanismo y al callismo. El efecto mexicano de la Revolución Cubana, la movilización sindical que se gestó durante el sexenio anterior, y el creciente papel de algunos intelectuales (casi todos vinculados a la Universidad Nacional) como “conciencia del país”, obligaron a López Mateos a afianzar su poder mostrándose por encima de los “ismos” que ventilaban sus querellas. De allí su convocatoria a los expresidentes, que todos atendieron.

En cambio, tres de los cinco invitados de Calderón no se presentaron en Palacio Nacional. Aunque es el expresidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo no viajó a México, situado como se halla en ámbitos extranjeros y, por lo que se ve, resuelto a no involucrarse en asuntos mexicanos, como no sea a través de posiciones genéricas de corte académico. Miguel de la Madrid está ahora sí falto de salud, no como cuando respondió a una entrevista de Carmen Aristegui para su libro Transición y cuando autorizó que se radiodifundiera una parte de esa conversación, referida a su heredero Carlos Salinas. Por ese motivo no volvió por unas horas a Palacio Nacional.

La misma razón impidió a Luis Echeverría estar presente en la fiesta del Bicentenario. Quiero creer que también lo mantuvo en su caso un mínimo rubor, experimentado no sé si por sus hijas e hijos o por su abogado principal, Juan Velásquez. De aparecer en este momento en público, Echeverría habría sido interrogado sobre los dichos de Heraclio Bonilla, quien junto con Velásquez lo defendió de los intentos de llevarlo a prisión por las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971. Despechado por la morosidad de la familia Echeverría, que le niega o le regatea la parte principal de sus honorarios y le canceló la entrega mensual de un anticipo pactado, Bonilla hizo un recuento sumario de los bienes del expresidente: decenas de bienes inmuebles en la Ciudad de México, el terreno en que se alza el famoso hotel Camino Real Sumiya, en Morelos y, sobre todo, un extenso predio en Playa del Carmen –no aclaró si valuado en 130 millones de dólares o de cuya venta se espera obtener esa cantidad.

Sean esas las cifras de su patrimonio, u otras, sobra evidencia de que varias generaciones de Echeverría no padecerán penurias, pues son cuantiosos los bienes acumulados por el expresidente. No se le conocieron nunca negocios que produjeran ganancias voluminosas engendradoras de otros negocios. Fue desde joven servidor público, siempre en ascenso: director de Administración en Marina, oficial mayor de la SEP, subsecretario y secretario de Gobernación y presidente de la República. Por muy bien administrados que sean, sus sueldos y prestaciones no alcanzan para formar, ni con el más estricto sistema de ahorro, un caudal como el que ostensiblemente posee el expresidente o el que se presume a partir de la demanda civil de Bonilla, antaño defensor suyo, hoy su acreedor.

Es posible que la fortuna de Echeverría, como la de otros expresidentes, se haya alimentado de la partida secreta que año con año autorizaba la Cámara de Diputados y de cuyo monto y destino el presidente no tenía que rendir cuenta alguna. Es adivinable que buena parte de esos fondos que los presidentes manejaban discrecionalmente fueran a parar a sus cuentas bancarias. De Carlos Salinas dijo el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, cuando se preparaba para ser secretario de Comunicaciones y Transportes, que se había robado la mitad de la partida secreta, que en el sexenio 1988-1994 sumó cerca de 8 mil millones de pesos.

Quién sabe si en esos montos, pero también en el caso de Salinas, como en el de Echeverría, es ostensible su enriquecimiento, que no les impide seguir cobrando su pensión vitalicia como expresidentes, a diferencia de Zedillo, quien renunció a ella porque cobra honorarios en varias fuentes, de negocios o académicas. Es presumible que Salinas utilizara la partida secreta en su provecho, como un regalo de la nación, como pago a sus servicios. No tenía derecho a disponer de ese patrimonio público para fines privados, pues se le autorizaba para el ejercicio de su cargo, no para quedarse con sus fondos.

Ya nadie pregunta a Salinas por ese dinero. Goza de la ventaja de la prescripción, es decir, del paso del tiempo que hace olvidar lances de primera importancia. Y por ello se desplaza, cada vez con mayor ostentación, en los terrenos de la política en general y de la electoral en particular, comarcas que antaño estaban vedadas para quienes, habiendo ya bailado, debían sentarse. Salinas, en cambio, está de pie, y camina y trota en pos de objetivos políticos como el que el PRI regrese a Los Pinos por medio de un político a quien él apadrine. El más notorio de quienes están en ese caso es Enrique Peña Nieto, pero maneja cartas alternativas.

En su activismo Salinas ha incluido, por lo que se vio la noche del Grito, la idea de apoyar a Calderón. Antes lo hizo con Fox. Lo hará con cualquiera que ni siquiera pida, sino insinúe que lo requiere.

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Victoria Schussheim, “Excélsior” y el cardenal Rivera

MÉXICO, D.F., 22 de agosto.- Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario.

El miércoles 11 de agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado.

El motivo para no publicar su columna, es decir para censurarlo, parece benévolo o inocuo. Se le dijo a la escritora que por política de la empresa “no aceptaban que un colaborador criticase a otro”, y que Rivera Carrera escribía habitualmente en la sección editorial, sólo que por ahora estaba en receso, pero “pronto volvería a escribir”.

Un espíritu libertario como el de Victoria Schussheim no toleró la censura y abandonó las páginas del diario que de ese modo le expresó irrespeto a ella y a la libertad de expresión. Como un modo de derrotar esa cerrazón, con autorización de la afectada reproduzco en estas páginas lo que los lectores de Excélsior no pudieron conocer. La columna se titula Yo aberro, tú aberras, y dice así:

«... Pero viera usted qué tal aberra él, el arzobispo primado de México, el del cabello milagrosamente ennegrecido por obra y gracia de L’Oreal, Norberto Rivera. “Aberrar”, que suena feísimo como verbo, sobre todo si uno lo conjuga (cosa que, según la Real Academia, tiene pleno derecho a hacer), quiere decir, simplemente, “Desviarse, extraviarse, apartarse de lo normal o usual”. Y “aberrante”, por lo tanto, no es algo tremendo, terrible, inspirado por el maligno, sino simplemente “diferente”. De modo que Newton, Galileo y Einstein eran “aberrantes”. Y Picasso, El Greco o Goya, por mencionar sólo algunos españolitos, también. Y Jesús... bueno, Jesús ni se diga. Él sí que se desvió de lo que era normal y usual en sus tiempos. Tanto que lo crucificaron.

«Y el que anda crucificando ahora, en nombre de lo que decidió que es “la” moral, y que escasamente, si acaso, tal vez sea “su” moral, es Rivera. Mire algunas de las cosas que dice: “Estas ‘uniones de facto’ o legaloides... son intrínsecamente inmorales. Falsos derechos”, afirma, frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

«Tengo que repasar la Constitución. ¿No era éste un país laico? ¿Y “laico” no quería decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”? ¿Por qué entonces una organización religiosa ataca las decisiones de una de las tres ramas del gobierno? ¿Qué diríamos si el Dalai Lama opinase al respecto? ¿O, sin ir tan lejos, si lo hiciese un rabino mexicano, o hasta un evangelista?

«Y, sobre todo, ¿por qué dice tales sandeces a nombre de la propia institución a la que pertenece? ¿Cómo podemos aceptar que afirme que nuestro máximo tribunal efectúa “un ataque a la familia con ‘intereses oscuros’, que pretenden orillar al país ‘herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina’?”.

«¡Mofles! Las bodas gay y las decapitaciones entre narcos al mismo nivel. Cosas veredes, Sancho.

«Y eso no es todo, qué va. Resulta que (como se habla de adopción) se trata de “conceder falsos derechos que, por si fuera poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psico-afectivo” (el guión por cortesía del purpurado, o a lo mejor del periodista, sepa).

«Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Feamente. Al margen de que yo no soy quién para saber si el adecuado desarrollo moral y etcétera depende de tener un padre y una madre (tampoco creo que sea Rivera quien tenga al respecto la última palabra), resulta que en este bendito país nuestro un porcentaje in-men-so de la población no tiene padre. Casi literalmente. Por lo menos no padre conocido, ni padre que viva en contacto con sus hijos. O porque nunca dio la cara, o porque se largó, o porque tiene otra familia. O, si acaso, porque se fue de ilegal. Resulta entonces que toda esa gente, esos millones y millones de mexicanos, no han tenido el desarrollo moral y psicoafectivo correspondiente.

«Qué notable. ¿Cómo le habrá hecho el propio cardenal para desarrollarse tan bien en ausencia de padre? Porque el suyo, que se llamaba Ramón, se fue a Estados Unidos a trabajar para poder mantener a la familia. O al menos eso dice su ficha de Wikipedia (en inglés). ¿Hablará por la herida? ¿Será él también, pobrecito, alguien “herido por la violencia y la descomposición social”?»

No fue Rivera Carrera el único cardenal que acusó el golpe de la Corte. Lo hizo con más fiereza el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. No contento con descalificar la decisión del tribunal constitucional, se lanzó contra sus autores. Dijo que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard e ignorados “organismos internacionales” habían “maiceado” a los ministros para que se manifestaran como lo hicieron. El ponente en el procedimiento judicial, Sergio Valls, rechazó con rudeza la insinuación insidiosa del clérigo nacido en Yahualica, y en una suerte de voto de censura sus compañeros hicieron suyo el agravio y el rechazo. Pero no fueron más allá. En cambio, Marcelo Ebrard inició una acción civil contra el lenguaraz cardenal (y contra el vocero de Rivera Carrera, el sacerdote Hugo Valdemar que tuvo la desvergüenza de considerar que la reforma al Código Civil hace más daño a la sociedad que el narcotráfico).

Pero, con toda la gravedad del insulto que Sandoval Íñiguez asestó a los miembros de la Corte y al jefe del Gobierno del DF, afirmaciones del cardenal sobre el sector social directamente beneficiado con la reforma de marras son más dañinas y peligrosas. En tono desdeñoso, de mofa abierta, se refirió a “lesbianas y maricones”, y con criterio aldeano adivinó que los hijos adoptivos de personas pervertidas como son los homosexuales serán inexorablemente pervertidos como sus padres, porque los verán realizar “sus prácticas” y no sabrán a quién llamar mamá y a quién papá.

El torpe criterio así expuesto cae muy claramente en los supuestos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La fracción XXVII de su artículo 9 establece claramente que “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión” es un acto discriminatorio. Por ello, el órgano encargado de aplicar esa ley, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, inició una investigación a partir de quejas recibidas al respecto.

No irá muy lejos en su indagación, y menos aún en el establecimiento de medidas correctivas, no sólo porque el cardenal es incorregible, sino porque la ley no cuenta con dispositivos para sancionar a los bocones, salvo su exhibición como tales ante la sociedad.

De cualquier modo, por escaso que sea el alcance de la intervención del Conapred, lo que pueda hacer al respecto enseñará a Sandoval Íñiguez que no puede denigrar a persona alguna por su preferencia sexual porque no faltan fanáticos que oyendo las descalificaciones cardenalicias las traduzca en hechos, en agresiones contra sus destinatarios. No se tolere que el arzobispo de Guadalajara predique la homofobia.

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Jesús Ortega y la claudicación del PRD

MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Al estilo de la señorita pueblerina que accede a bailar en una fiesta pero pide hacerlo “despacito, porque estoy de luto”, Jesús Ortega saludó de mano al presidente Felipe Calderón pero no lo vio a los ojos. Entornándolos, huidizos, el dirigente nacional del PRD faltó de ese modo a la resolución del X Congreso del PRD, celebrado hace tres años, en agosto de 2007, que ordena no reconocer bajo ninguna circunstancia a Calderón como presidente ni entablar negociación o diálogo con él.

Con su equívoca, sinuosa actitud ante Calderón, parecería que Ortega cumplía un acuerdo no divulgado con César Nava, con quien pactó las alianzas para el 4 de julio pasado. Y consumaba la posición de Nueva Izquierda, que desde siempre se opuso a que el partido ratificara la decisión de la Convención Nacional Democrática, que el 20 de noviembre de 2006 consideró a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo de México, y espurio a Calderón. La resolución del congreso perredista no utilizó esas palabras, pero fue asumida claramente en el mismo sentido.

Automáticamente, sin tener que decirlo, la resolución exceptuó a los gobernantes perredistas de no dialogar ni negociar con Calderón. Se entendió que sus responsabilidades institucionales, el hecho de ejercer funciones que comprenden a toda una entidad, los ponían al margen de la obligación de desconocer al presidente y, al contrario, se admitió como prudencia política su aproximación al Ejecutivo federal. Así lo hicieron, unos con mayor entusiasmo que otros, Amalia García, de Zacatecas; Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Leonel Godoy, de Michoacán; Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas. Aunque expuso que no se tomaría nunca la foto con Calderón, y perseveró en ese propósito, Marcelo Ebrard estaba obligado constitucional y legalmente a abordar con el presidente las designaciones del procurador de justicia y del secretario de Seguridad Pública.

Al paso de los años, la excepción cubrió también a quienes desde el Congreso, en ejercicio de responsabilidades constitucionales, debían tratar con el Ejecutivo. Ese fue el caso de Ruth Zavaleta y de Carlos Navarrete, cada uno de los cuales fue presidente de las cámaras, de diputados y de senadores.

Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al acudir a la invitación presidencial a dialogar sobre seguridad, Ortega faltó de modo flagrante (a pesar de su renuencia facial) a un acuerdo de congreso del partido que encabeza. Se puede disentir y aun mofarse, dentro del PRD, de esa decisión, pero está firme y tiene tal vigencia que Alejandro Encinas (que disputó con Ortega la presidencia del partido) se amparó en ella para abstenerse de acudir a la misma reunión en que Ortega, llegando tarde, hizo más visible su saludo al presidente.

La situación del PRD y del Dia, la alianza a la que pertenece, así como la posición del principal perredista, que todavía lo es López Obrador, constituyen el marco de la actitud de Ortega, que puede costarle el cargo al que llegó tan trabajosamente y con los auspicios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, lo que es peor, la pérdida del papel rector de la izquierda que el PRD ha llegado a tener. Y aun de su existencia misma.

Ortega vive una posición paradójica. Si bien su apuesta por las alianzas con el PAN resultó en general exitosa, tuvo un costo alto, por la resistencia que aun en los sectores moderados de su partido suscita el acercamiento político con la derecha explícita. A pesar de esa renuencia, el proceso electoral dejó fortalecido a Ortega. Pero ha ido quedándose solo, y su fuerza en los órganos de dirección partidarios tiende sistemáticamente a disminuir. Sería exagerado decir que Nueva Izquierda ha quedado desmantelada, pero no lo es afirmar que ha sufrido mermas considerables. La fuerza de esa corriente en el Distrito Federal ha girado en la última década en torno del senador René Arce y su hermano el diputado Víctor Círigo, que abandonaron a “los Chuchos”. También en el entorno cercano a Ortega se han producido bajas. Renunció a Nueva Izquierda el senador colimense Carlos Sotelo, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Carlos Navarrete, se propone festejar ruidosamente la conclusión de su cargo en Xicoténcatl para mostrarse equiparado, ya no sometido a Ortega, y aun con mayores posibilidades que él para encabezar los restos de Nueva Izquierda o para aspirar a candidaturas de alto nivel.

Aunque fue presidente del partido –en los momentos en que Ortega adquirió el control del aparato perredista–, López Obrador es cada vez menos perredista. Cuenta mucho más con el PT para la promoción de su movimiento que con el PRD, del que no se ha marchado explícitamente en espera de las decisiones del año próximo. Ostensiblemente no ha querido militar en el partido encabezado por Ortega, al punto de que un día de estos los perredistas tendrán que optar por mantener a Ortega en el mando partidario o establecer condiciones que favorezcan la reaproximación de López Obrador. Ortega no se atrevió a enjuiciar con miras a su expulsión al excandidato presidencial, por su apoyo a un partido distinto al suyo, que en varios casos, como el paradigmático de Iztapalapa, contendió contra él. Pero Ortega ha desnudado su oposición a López Obrador. En el acto mismo en que reconoció a Calderón, en el campo Marte pronunció palabras que cuadran a muchas personas pero que en sus labios y en el contexto en que las dijo parecían destinadas a López Obrador, uno de los “fatuos e insolentes que hablan a nombre del pueblo”, pues esa es la imagen que Nueva Izquierda tiene de su todavía compañero de partido.

La decisión de rehacer el padrón perredista está mostrando la división o la escualidez del PRD. Sea por deficiencias técnicas, sea porque la militancia está decepcionada, la reinscripción camina lentamente, si es que camina. Una hipótesis contraria a Ortega es que los perredistas refrendarán su participación en el partido una vez que el líder nacional haya dejado de serlo, por lo cual las corrientes que se avinieron a aceptarlo como dirigente pese a las vicisitudes de su elección pretenderán forzarlo a retirarse cuanto antes, antes de diciembre como estaba pactado y, desde luego, antes de marzo en que se cumplen tres años de su discutida elección.