Cambio por liebre...

René Delgado

Después del mensaje presidencial del 2 de septiembre, los anuncios hechos por el mandatario están más relacionados con viejas tradiciones que con novedosos cambios.

Las acciones y los movimientos emprendidos no son sino la repetición de viejas costumbres y de perniciosas ortodoxias.

Los relevos en el gabinete fueron acciones tardías. El ajuste en el aparato de la administración fue un ardid: ahorrar centavos para pedir pesos. Y el paquete económico adquirió el tono de la vieja letanía dictada por el dogma, desvinculada por completo de la imaginación y la osadía.

Si así entra en vigor el nuevo decálogo presidencial, puede decirse que la administración calderonista ofrece cambio por liebre.

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El relevo en la Procuraduría General de la República no supuso novedad ni cambio. Miguel Ángel Granados Chapa refirió esta semana cómo, desde el pasado 22 de enero, apuntó la salida de Eduardo Medina Mora, precisando que en su lugar se quería colocar a Arturo Chávez Chávez. ¡Desde entonces se sabía de la intención que siete meses y medio después adquirió nivel no de decisión sino de tentativa! No hay pues novedad, como tampoco cambio porque de nuevo, como antes, como siempre, el perfil de quien, en principio, ocupará ese despacho no habla del afán de fortalecer la independencia y la autonomía del procurador, sino de asegurar su dependencia y obediencia del Ejecutivo. Y, por si eso no bastara, los antecedentes del abogado propuesto para el cargo muy lejos están de replantear el respeto a los derechos humanos como atributo y no como carencia de la administración.

El relevo en la dirección de Petróleos Mexicanos tampoco entraña ni lo uno, ni lo otro. A nadie escapa que la falta de liderazgo, iniciativa y dirección para conducir la reforma petrolera del año pasado encontró en Jesús Reyes Heroles la parte delgada del hilo que, valga la redundancia, se adelgazó todavía más con el mecanismo a través del cual se rifó la sede de la nueva refinería, una planta cuya realización todavía está por verse. Por decir lo menos, desde marzo de este año se sabía de la salida del hoy ex director. Ahora está por verse, si el sucesor tiene el perfil que la dirección de Pemex exige en el momento. ¡Vaya cambio!

El relevo en la Secretaría de Agricultura se sabía, más o menos, desde que empezó el sexenio. Lo increíble es que al lugar de Alberto Cárdenas llegue Francisco Javier Mayorga, que no supone un cambio, sino la repetición de un funcionario que no destacó cuando ocupó por primera vez esa posición.

Lo más curioso de esos cambios es el estilo personal del presidente de la República para despedir a sus colaboradores. Cortesías aparte, tanto colma de virtudes y cualidades a quienes echa que, de pronto, parece que por buenos no pueden permanecer más en el gobierno. Ni por asomo se apuntan los errores o las diferencias que obligan a su remoción y, entonces, las razones del "cambio" resultan absolutamente contradictorias.

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El cambio o ajuste en el aparato del gobierno no quedó inscrito en el rediseño prometido de la administración, sino en el propósito de adoptar una medida espectacular pero insustancial.

Pretender que el supuesto ahorro de 6 mil 500 millones de pesos, a través de la absorción de las funciones de las secretarías de Turismo y de Reforma Agraria en la de Economía y las de Desarrollo Social y de Agricultura así como la disminución de la Secretaría de la Función Pública en una controlaría dependiente de la Presidencia de la República, es el analgésico para que a los contribuyentes no les duela poner sólo 175 mil 700 millones al presupuesto no parece un cambio. Parece una vacilada.

Una vacilada no sólo por el ahorro que con esa acción se pretende sino, sobre todo, porque la decisión no responde a un plan para cambiar y racionalizar la estructura de la administración. Un par de incongruencias como ejemplos: ¿qué dependencia es la responsable del combate al narcotráfico? ¿Seguridad Pública? ¿Gobernación? ¿Defensa? ¿Marina? Acaso no hubiera sido conveniente -si de mejorar se trata- devolver Seguridad Pública a Gobernación para poner la inteligencia del Estado (el Cisen) y la fuerza policial (Policía Federal) bajo un solo responsable. Ese cambio hubiera dado por resultado el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación que, en los términos en que hoy opera, no pasa de ser una Gran Oficialía de Partes. El otro ejemplo: quizá, la ocasión favorecía la posibilidad de plantearse una Secretaría de las Fuerzas Armadas que agrupara a la marina, la fuerza aérea y el ejército en una sola dependencia bajo el mando de un civil.

Lejos de emprender un cambio de fondo de un lado a otro, se optó por trasladar funciones de un lado y, en el caso de la Secretaría de la Función Pública, se decidió cometer manifiestamente un error. Ahora, el presidente de la República será a la vez el jefe y el auditor de sus colaboradores y, eso, además de convertirlo en juez y parte al mandatario, lo colocará en una situación peligrosa: sin ningún amortiguador de por medio, el jefe del Ejecutivo será directamente responsable de las acciones u omisiones frente al mal manejo de los recursos públicos.

Esos ajustes son una vacilada porque en los relevos propuestos y los ajustes hechos se reconcentra de nuevo el Poder en el Ejecutivo, siendo que el presidencialismo tradicional carece ya de las palancas y las herramientas que tenía.

¿Ése es el cambio?

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Del paquete económico no tiene mayor sentido abundar. El coro de insatisfacción frente a su ortodoxia y dogmatismo, su falta de imaginación es bastante grande y, entonces, no hay mucho que decir sobre él. Más impuestos, más deuda, más echar mano de ingresos no recurrentes y, lo peor, disfraces para imponer gravámenes al consumo que probablemente en lugar de atemperar podrían provocar la profundización de la pobreza y llevar al país a una recesión sin agua y con gripe.

En ese paquete, la tradición borra cualquier pretensión del cambio. Vamos, ni siquiera con el moñito de la simplificación lo adornaron y, al menos, hubiera sido un buen detalle.

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En el nombre del novedoso cambio se confirman muy viejas tradiciones. Así las cosas, no estará de más que en El Grito del martes nomás se mencione a Hidalgo, pidiéndole disculpas a Morelos, Josefa, Aldama, Allende y Matamoros pero, ni modo, hasta la nómina de héroes hay que recortar. Ya veremos si alcanzan mención en el tricentenario.

¿Reforma o contrarreforma?

René Delgado

Todavía no se perfila la agenda para cerrar la brecha entre partidos y ciudadanos, y ya algunos futuros diputados están decididos a pervertirla. Se comprometen, ante notario, a emprender -en nombre de la reforma de poder- la contrarreforma electoral.

A la chita callando, algunos candidatos ya andan tocando la puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarán abajo el artículo 41 constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots) y algunos más no tocan esas puertas porque salen de ellas para ir a San Lázaro a representar, sin intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios.

Con una sonrisa dibujada en los labios, esos próximos diputados están decididos a dar gato y liebre. Gato a la ciudadanía y liebre a los concesionarios. Habrá que cuidarse de ellos. Sin tenerla todavía, ya privatizaron la representación popular que supuestamente habrán de encarnar.

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Una muy diversa conjunción de agentes ha venido creando la atmósfera para emprender una contrarreforma electoral, bajo el disfraz de reivindicar caros derechos de la ciudadanía.

Sin querer o adrede, algunos magistrados y consejeros electorales, algunos partidos y candidatos, algunos intelectuales, consultores y empresarios han venido generando las condiciones para, en nombre de la libertad de expresión y la reforma del poder, reponerle el negocio de los spots a los grandes concesionarios y a los partidos.

Cínicamente, el Verde destaca en esa misión. Es comprensible, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio político que es ese partido. Por eso, postula como candidatos a representantes directos de los concesionarios. Por eso, compra spots disfrazados de "informes de trabajo" de los diputados salientes o, bien, coloca "reportajes" en revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele. Y, desde luego, por eso, suscribe sin empacho el compromiso de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales".

El negocio es redondo. El Verde sirve a poderosos intereses particulares y, así, asegura registro, prerrogativas y posiciones políticas que son palanca fundamental del negocio familiar que es ese partido. Lo novedoso es que, esta vez, esa postura del Verde encuentre eco y apoyo en parte del Tribunal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Árbitros singulares que no ven el fuera de lugar en esas chapucerías que, con gran orgullo y mayor impunidad, emprende ese jugador. Y es que esos magistrados y consejeros no se han fijado metas superiores, sino chambas mejores.

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Asombra, eso sí, que en ese juego perverso se anote Acción Nacional.

Fueron senadores y diputados de ese partido los que respaldaron la reforma electoral pero, ahora, parte de sus candidatos a San Lázaro, incluida desde luego Josefina Vázquez Mota, anuncia, sin decirlo, que doblará las manos ante las televisoras.

El compromiso, suscrito por 23 candidatos, de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución", hace sonar el tam-tam de los tambores de guerra dentro de su propio partido.

Ese compromiso contradice, cuando menos, al coordinador de su fracción parlamentaria en el Senado, Gustavo Madero, así como a los senadores Ricardo García Cervantes y Santiago Creel que, reiteradamente, han señalado que de ningún modo le abrirán la puerta a la contrarreforma electoral.

Esa contradicción resulta todavía más interesante al considerar el discurso del presidente Felipe Calderón, donde manifiesta su interés por apoyar acciones que amplíen la participación ciudadana en la política, al tiempo que esas acciones (esto no lo dijo expresamente el mandatario) acoten, equilibren y regulen la intervención política de los poderes fácticos como lo son, obviamente, las televisoras.

Ojalá, Germán Martínez explique esa contradicción o asuma el engaño supuesto o defina dónde se ubica él y su jefe, el presidente de la República: con los concesionarios o con la ciudadanía.

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En medio de esos signos que perfilan una contrarreforma electoral encubierta, llaman la atención algunos pronunciamientos en el Senado.

Tal pareciera que los senadores, impulsores de la reforma electoral de 2007 si bien reconocen la necesidad de hacerle ajustes, no están dispuestos a que los próximos diputados se arroguen la paternidad de ese ajuste para, por la puerta de atrás, devolverle en el negocio de los spots a los concesionarios.

El afán de fijar, desde ahora, antes de la elección, la agenda y la ruta de lo que debe de ser auténticamente una reforma del poder habla de la presión que comienza a sentirse para emprender una contrarreforma electoral. El juego no es nuevo. Una y otra vez, la legislación electoral ha sido objeto de reformas y contrarreformas, pero lo que ya resulta inadmisible es que, sin aun conformarse, la próxima legislatura pretenda burlarse de la ciudadanía.

Es claro que en cuanto cierren las casillas electorales el próximo 5 de julio se abrirá el concurso por la Presidencia de la República y, obviamente, en ese concurso, los grandes concesionarios quieren incidir en mejores y más cómodas condiciones.

Ahí se explica por qué tanto espacio televisivo a Enrique Peña, a Elba Esther Gordillo, a los verdes y ya se verá si a Emilio Chuayffet. Ahí se entiende por qué el interés en apuntalar una contrarreforma electoral que reposicione de mejor manera a los concesionarios.

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Por todo lo anterior y por la variada composición de agentes tentados por la idea de emprender la contrarreforma electoral, el segmento ciudadano interesado en la reforma del poder -a partir de la ampliación y profundización de las posibilidades de su participación en la política- debe aumentar la presión para evitar que, en su nombre, se impulsen intereses no sólo ajenos, sino contrarios a los suyos.

Ese segmento debe cuidar con esmero que los nuevos diputados no vayan a entregar el esfuerzo y la energía ciudadana a los poderes fácticos que, justamente, con los partidos limitan y atenazan su participación.

El 6 de julio arranca un nuevo proceso donde el interés público y el privado entrarán en juego para alentar una reforma política o una contrarreforma electoral. Se verá a quién le toca el gato y a quién la liebre.

La cuarta crisis

René Delgado

Ansiosos por separar la realidad del deseo electoral, los partidos -en particular Acción Nacional- incuban lo que podría ser la cuarta crisis del año: la crisis política.

A las crisis criminal, económica y sanitaria, los partidos quieren sumar la crisis política que, de tiempo atrás, el régimen arrastra. En esa dirección caminan partiendo del sofisma de que la elección nada tiene que ver con la circunstancia nacional y, por lo mismo, pueden prometer horizontes distintos a los que se perfilan. Exponen sus aspiraciones sin reconocer el terreno por donde caminan y, pasada la elección, el desencuentro ciudadano con los partidos tendrá la forma de un abismo.

Ajeno al momento electoral, Agustín Carstens ya abrió la baraja del juego en puerta: más impuestos, mayor endeudamiento y reducción del gasto. Cartas con las que se jugará no necesariamente de manera opcional sino en forma conjunta y combinada para tratar de tapar el agujero presupuestal del año entrante. Ya lo dijo el hombre que lleva las finanzas pero, aun así, los partidos aseguran que, de elegirlos, el paraíso es la próxima estación de parada.

Si en los próximos días los partidos -en particular Acción Nacional- no replantean la campaña y ponen los pies en la tierra que, después, no se quejen de que la ciudadanía les está moviendo el tapete.

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Obviamente a ningún partido y menos en temporada electoral le gusta hablar de más impuestos, de más deuda, de más desempleo. Pero, por lo dicho, para allá va la realidad nacional y, entonces, la disonancia de la campaña electoral con el panorama previsto por el calderonismo puede constituir un ruido semejante al estallido. Tamaño desencuentro alimentan los partidos.

El PRI asegura que a los ataques responde con propuestas, pero de impuestos no quiere hablar. El PRD, que al parecer ha hecho del Tío Gamboín su filósofo político -al menos eso parece Jesús Ortega con su sobrinita-, hace sentir que si cuenta con el voto ciudadano no resta más que tirarse en la hamaca y esperar más educación, más empleo... Y el PAN, el pobre PAN, creyendo que impulsa una campaña agresiva con sus adversarios, en los hechos impulsa una campaña evasiva ante su electorado: no hay crisis, hay unos cuantos malosos que hay que derrotar, eso es todo. Eso sin hablar del PVEM, que finca en la mentira, el agravio y el engaño el rentable negocio de sus prerrogativas.

En la lógica de la campaña electoral, el crimen organizado, la recesión, la influenza y el desempleo no existen. Son, cuando mucho, leyendas de las que la gente habla pero nada tienen que ver con la elección. La elección, según los partidos, está muy por encima de esas frivolidades que tanto distraen al electorado.

Juegan los partidos a divorciar la realidad de su ambición sin advertir que, a la vuelta de los días, más allá del resultado electoral que obtengan, estarán elaborando la medicina amarga que, a la postre, le recetarán al electorado que le prometieron llevar gratis al paraíso. Agrandar la distancia entre los partidos y la ciudadanía podría terminar por ser el detonante de una crisis combinada, donde el descreimiento popular sobre el Ejecutivo y el Legislativo podría constituir una invitación a la revuelta sin destino.

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Algo de lo que ahora se está viendo, el país lo experimentó en la elección intermedia de 1997.

El gobierno zedillista tenía plena claridad, aun antes de la elección, del tamaño del agujero económico que la banca obsequió al país y, sin embargo, guardó para después de la elección la decisión de crear el Fobaproa. No quería golpear electoralmente a su partido, el PRI, y entonces postergó lo que, en su concepto, la realidad le exigía hacer. El resultado fue terrible: el PRI igual perdió la mayoría absoluta y, luego, el Fobaproa dejó mal parado al gobierno. Tan mal que, tres años después, desocupó la residencia oficial de Los Pinos.

Hoy, la administración calderonista tiene plena claridad, aun antes de la elección, del tamaño del agujero presupuestal que trae. Si juega a postergar la decisión de recetar la medicina amarga, creyendo que así pone a salvo electoralmente a su partido, puede seguir los pasos del PRI: disminuir su presencia parlamentaria y, luego, dejar Los Pinos. Todo, desde luego, con cargo al país.

Ya se vio una vez cómo, por razones electorales en favor del partido en el gobierno, se sacrifica al país. Repetir esa experiencia puede profundizar aún más la crisis política y combinarla con las otras crisis.

El pasto está muy seco como para venir a decir que la elección se juega en un campo de golf.

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Se entiende, desde luego, que -en temporada electoral- los partidos se presenten como mercaderes de ilusiones pero, estando las cosas como están, exagerar la magia de su oferta puede llevar a una desilusión difícil de gobernar después.

Es utópico pensar en la conveniencia de colocar la realidad con toda su complejidad al centro de la campaña electoral, aún así no estaría de más ensayarlo. Si, después del 5 de julio, se van a aplicar más impuestos, va a crecer la deuda y van a despedir burócratas, más vale meterle inteligencia y creatividad al asunto para no perder la oportunidad de darle dirección a una política económica de ese corte.

Si bien los diagnósticos de Agustín Carstens ya no gozan de la credibilidad que antes tenían, el responsable de las finanzas ya dijo qué medicina va a aplicar pero no ha dicho la dosis ni cuándo hay que iniciar el tratamiento. ¿Frente a eso no tienen postura los partidos? ¿Creen, en verdad, en las ilusiones que ofertan como su mejor mercadería? ¿Pueden tapar la realidad con un spot?

Salvar en esos términos la elección para darle paso a una crisis política es un contrasentido que, a la postre, hará evidente que la democracia que proponen no vale lo que cuesta.

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Puede Acción Nacional disfrutar de su sopa de letras antes de recetar la medicina amarga que trae como platillo fuerte. Puede el Revolucionario Institucional jugar a aguantar vara frente a la ofensiva panista para, después, aliarse a él e ir a la farmacia donde surte sus recetas el doctor Carstens. Puede la Revolución Democrática jugar a cocinar otro partido con su sobrinita, mientras el país se desmorona. Puede el Verde proponer una iniciativa para comprar sillas eléctricas para los secuestradores que ni siquiera llegan a juicio.

Pueden los partidos -en particular Acción Nacional- seguir evadiendo la realidad y preparando la cuarta crisis del año, pero lo que ya no pueden confundir es el funeral con la fiesta de la democracia.

Todo... ¿para nada?

René Delgado

Supuestamente superada la contingencia sanitaria, la autoridad pide regresar a "la normalidad". Lavándose las manos, desde luego. ¿Pero es eso lo correcto? ¿Qué no estamos allá y, en buena medida, por eso enfermamos? A esa "normalidad" se quiere volver, cuando mejor sería acabar con ella.

¿El esfuerzo realizado pero, sobre todo, el impulso social generado se van a desperdiciar, argumentando que el peligro ya pasó y, por lo mismo, no queda más que seguir siendo como "normalmente" somos?

La crisis evidenció limitaciones y carencias inadmisibles en los sistemas de salud, higiene, educación, protección civil y social frente a las cuales la autoridad no puede ponerse el cubrebocas como antifaz. El no haber tenido un laboratorio -sí, un laboratorio- para conocer el virus que acongojó, enfermó y cobró vidas debería mover conciencias... en particular, reorientar el gasto reconociendo prioridades. Ya, ahora.

Es hora de ver dónde se despilfarra, dónde se evaden impuestos para recuperar recursos y aplicarlos, cuanto antes, ahí donde la inversión genera salud y bienestar. No puede ser que todo lo hecho... quede en nada.


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Se le llena la boca a la autoridad al decir que el pueblo se ha forjado en la adversidad y que, por ello, como tantas otras veces, va a salir de ésta. ¡Qué bueno! ¡Echemos porras con cubrebocas y hagamos la ola con guantes! La cosa está en que siempre se remonta la misma adversidad y siempre se regresa a "la normalidad" que, cíclicamente, depara otro desastre.

No hay la garra, el coraje ni la decisión en la clase política para, con base en la sociedad, superar la adversidad y construir otro destino. No, pasado el desastre en turno, se regresa a esa "normalidad" marcada por la desmemoria, el cinismo y el olvido.

Año con año se repiten el deslave en la carretera mal trazada y construida; la "crecida" del río que derriba las casas de nuevo construidas en la ribera; los ciclones y los incendios que arrasan tierras y litorales... año con año la autoridad muestra cuán acongojada está con lo ocurrido, descargando despensas, entregando cobijas o cogiendo la pala para presentarse, sin querer, como uno más, uno de tantos, pero no como el líder que, supuestamente, representa.

Ya basta. No se puede regresar a "la normalidad" pretendiendo usar el cubrebocas como tapabocas.


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La diferencia de esta emergencia con las otras es clara.

Sí, un virus desconocido se cebó sobre los mexicanos, pero el programa que fue diseñado para afrontar esas emergencias se abandonó porque la ideología de la administración panista choca con la ciencia. Sí, hubo un virus desconocido pero para ningún mexicano es desconocido el sistema hospitalario público y privado del país, donde hay que hacer filas interminables sin, por ello, asegurar el servicio o, bien, someterse voluntariamente a un asalto, previo depósito de entrada.

Sí, hubo una variable incontrolable, pero otras, controlables, no se supieron gobernar. Hoy mismo no está claro si las restricciones fueron excesivas y se impusieron por miedo, y si esas mismas restricciones se retiraron por lo mismo. También quedó expuesta la talla de un gabinete incapaz de constituir un gobierno.


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Ante todo eso no queda más que reorientar el gasto público, detectando dónde se desperdicia.

Voluntaria, temerosa u obligada, la sociedad puso de su parte e hizo sacrificios. Igual ocurrió con algunos comerciantes y empresarios, pero no se vio ni se ve eso por parte de los partidos ni de los Poderes de la Unión. De ahí la urgencia de reducir el gasto donde no constituye una inversión.

Si se quiere ir a una normalidad sin comillas es menester reconocer que la democracia mexicana no vale lo que cuesta. Que los 12 mil millones de pesos que gastan el Instituto Federal Electoral y los partidos son un agravio cuando el dinero no alcanza para el tamiflu.

En vez de enseñar cómo estornudar, el presidente de la República debería convocar a los partidos políticos a reducir en 25 por ciento sus prerrogativas.


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A su vez, el Poder Legislativo debería convocar ya a un periodo extraordinario para cumplir la promesa -una y otra vez postergada- de reducir el Congreso de la Unión. Si ese recorte no se opera ahora, ese acto de racionalidad se irá, si llega, hasta el 2015.

Un Congreso con 500 diputados y 128 senadores es un exceso. Sobre todo cuando la política parlamentaria y legislativa la deciden no más de 120 diputados y no más de 40 senadores. Es un despilfarro que se multiplica por el séquito que cada legislador, cuente o no cuente, aunque levante la mano, integra.

El Legislativo gastará este año 8 mil millones de pesos. ¿Eso cuesta, lo vale?


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Otro ámbito donde hay que controlar la epidemia de elefantes blancos lo constituyen institutos, consejos y comisiones que se integran con un número excesivo de consejeros, comisionados, visitadores y vocales que a su vez, igual que los legisladores, se rodean de pesados equipos sólo para burocratizar su función.

Tal es la desconfianza en y entre la élite política que a cada nuevo órgano se le monta un colegio de especialistas que, al final, sólo encarecen cuando no tuercen los supuestos derechos a garantizar. La vigilancia de los derechos humanos y electorales, los relacionados con las telecomunicaciones, las garantías bancarias es elevadísima y, lo peor, a veces se ponen del lado no del elector, del consumidor o del usuario, sino de la entidad, la empresa o banco que deberían vigilar. Otra normalidad y otra racionalidad debería prevalecer ahí.


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Contrastar y racionalizar el gasto de partidos, poderes e instituciones permitiría incrementar la inversión social para evitar algunos desastres.

Permitiría eso y, a la vez, reconstituir la legalidad y la legitimidad de la autoridad para, entonces, meter en cintura a grandes concesionarios y empresarios que, por fuerza y poder, las capturan, doblegan o corrompen y ésta, en vez de hacerse valer, termina por agradecerles cuanto hacen y dejan de hacer.


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No se puede hablar del catarrito que se convirtió en neumonía atípica, agravada por un virus desconocido, para luego regresar a "la normalidad" de siempre. Ahí no hay que regresar.

Sobreaviso elaborado con el apoyo de Karina Fuentes.

Mal diagnóstico, pésima operación

René Delgado

De a poco va surgiendo una constante de la actual administración, diagnostica mal y -obviamente- opera peor.

En cinco campos ha sido notorio ese problema: crimen organizado, petróleo, mejora en la calidad educativa, crisis económica y telecomunicaciones.

Si ese síndrome se repite en el campo electoral y se mezclan narcotráfico y comicios, el resultado puede ser peligroso no sólo para la administración y su partido sino también para el país. Ojalá no se equivoquen.

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Propenso al uso de metáforas para justificar la actuación de su administración, el presidente Felipe Calderón comienza a generar un síndrome. Aquel propio de los médicos que fallan en el diagnóstico y, al operar, se topan con un mal distinto al supuesto y sobre la marcha improvisan sin saber qué va a resultar.

Así, más de una vez, el mandatario ha echado mano de la metáfora médica para justificar la gravedad de cuanto ocurre en el combate al crimen. Todavía, apenas el jueves antepasado, reiteró que operó en ese campo creyendo que se trataba de una "apendicitis" y se encontró con "un cáncer generalizado".

"Haga de cuenta que yo llegué a la Presidencia y -permítaseme la metáfora- y como si fuera un médico al que le dice el paciente: ¨¡oiga, me duele mucho el abdomen! Y sabíamos que dolía mucho el abdomen. Sabíamos de extorsiones, de presiones, secuestros, levantamientos... los primeros decapitados aparecieron en 2005. Dolía el abdomen, y al abrir, lo que se pensaba que era una apendicitis, la verdad es que era un cáncer que había invadido una buena parte. Y lo que hay que hacer es extirpar, irradiar y atacar con todo" (Reforma, 27 de febrero). Tan simple como eso.

Lo peor del asunto es que cuando se disiente del diagnóstico y la operación la administración no duda en señalar esa crítica como un acto de deslealtad con el Estado y se reclama una solidaridad y una unidad fincada en una fe ciega.

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Igual ocurrió con la reforma petrolera: del diagnóstico del tesoro escondido en el fondo del mar se pasó a operar en una chapopotera.

Se hizo el diagnóstico sin verdadera perspectiva y se emprendió la operación. Se ajustó con mal tino el gabinete; luego, se titubeó en la estrategia y en los plazos para sacar adelante la reforma y, finalmente, salió la reforma que muy lejos quedó de la situación que ahora afronta la economía, la industria y el mercado petrolero.

Tan malo fue el diagnóstico como la operación que, ahora, hasta se modifican las conclusiones sobre lo ocurrido. Primero se agradeció a la oposición su desempeño en la reforma, luego se vituperó su actuación.

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La mejora de la calidad educativa tuvo la misma suerte. Del mal diagnóstico se pasó a la operación y, de ahí, al fracaso.

Se pensó que los acuerdos con la cúpula sindical encabezada por Elba Esther Gordillo daban para sacar la reforma y, al mismo tiempo, para concursar de manera aliada en las elecciones, siendo que lo segundo condenaba a lo primero. Y, ahora, resulta que no hay mejora educativa ni alianza electoral.

Por si eso no bastara, la lideresa magisterial ha hecho de la Presidencia de la República la oficialía de partes donde reciben sus demandas y reclamos; y de la Secretaría de Educación Pública, un servicio de taquimecanografía.

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Ante la crisis económica, el primer diagnóstico fue increíble: a México le significaba un "catarrito". De ahí, se ha pasado a un segundo diagnóstico: "el catarrito" nos llevó al "hoyo" del cual saldremos con dificultad.

La operación pasa ahora por la aplicación de técnicas de resucitamiento que se practican en una sala de emergencias, donde se empieza por recorrer el laberinto burocrático para, previa convocatoria y concurso, solicitar tanques de oxígeno, iodo y curitas.

Así, se transita del Presidente del Empleo al Presidente del Desempleo.

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Y, bueno, lo ocurrido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una historia kafkiana que dejó a la administración sin secretario ni subsecretaria para colocar al frente de la dependencia a un experto en materia electoral.

En la justificación presidencial, a Luis Téllez se le aceptó "la renuncia" por bueno. Tan bueno es el funcionario que, al momento de aceptar su renuncia como secretario, se le recontrató como asesor. En la explicación presidencial de la operación llevada a cabo, no hay un solo reproche a la actuación de Téllez. Todos son reconocimientos y agradecimientos.

"Yo le agradezco al doctor Téllez su compromiso y la responsabilidad... Su contribución a este esfuerzo ha sido fundamental... reconozco y agradezco la labor de Luis, un servidor público al servicio de México. Por su gran experiencia lo he invitado como asesor personal de la Presidencia de la República".

La única duda es por qué, siendo Luis Téllez como es, se le dejó renunciar. Fuera de eso, todo lo demás está muy claro.

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En esos campos ha sido notoria la incapacidad para diagnosticar correctamente los problemas y, siguiendo con la metáfora, emprender la operación que lleve a la pronta recuperación de la salud del enfermo.

Esa evidencia es motivo de preocupación frente a lo que se ve venir. En el campo electoral se está partiendo de un diagnóstico bastante aventurado e indudablemente peligroso. Ante la imposibilidad de presumir logros y ante la probabilidad de sufrir todavía más descalabros, la administración y su partido han resuelto involucrar, por acción u omisión, en el narcotráfico a su principal adversario, el Partido Revolucionario Institucional. Eso, sin descuidar la administración de los programas sociales que, sin duda, tendrá un efecto electoral.

Se entiende que a partir de los triunfos electorales obtenidos por el partido tricolor y a partir de la caída albiazul en las encuestas de preferencia electoral ante los próximos comicios Acción Nacional esté desesperado y busque con ansias socavar a su adversario. Se entiende eso, pero de ahí a mezclar la elección con el narcotráfico puede, si el diagnóstico está mal hecho, conducir a una operación en extremo peligrosa.

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El desencuentro registrado en la reunión del jefe del Ejecutivo con gobernadores, coordinadores parlamentarios y dirigentes del partido tricolor echándoles en cara su falta de apoyo en el combate al narcotráfico se complementa, en la aparente contradicción, con las puyas lanzadas por el dirigente panista, Germán Martínez, donde endosa parte del problema del narcotráfico al priismo.

Esa pinza perfila una estrategia peligrosa. Por un lado, puede provocar que, frente al reproche de la administración y la acusación del partido albiazul, el priismo resuelva efectivamente hacer el vacío y dejar varadas acciones e iniciativas, ahí sí, directamente relacionadas con el combate al crimen. Por otro lado, puede provocar que el mismo crimen -viendo cómo se politiza su combate- encuentre en la polarización una oportunidad de oro para complicar aún más la situación.

Si el diagnóstico es que, aplicando esa pinza, el PAN puede no mejorar su posicionamiento electoral pero sí empeorar el del PRI, es confundir el merthiolate con la nitroglicerina.

Se estaría operando con variables fuera del control oficial, variables cuya actuación se cifra en la violencia criminal.

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Ojalá no sea ése el diagnóstico y, si lo es, ojalá se suspenda la operación.

Des-Peña-dero

René Delgado

Justo cuando Enrique Peña consigue construir un cierto consenso en torno a su figura como el más viable precandidato tricolor a la Presidencia, viejos fantasmas podrían ahuyentar su anhelo.

Bueno para labrarse la imagen de personaje telenovelero, el gobernador mexiquense no ha podido plantarse en la escena como un político con posibilidades, talento y habilidades para ir más allá de donde se encuentra. Se le reconoce por la facilidad con que se enamora y aparece en las revistas de la farándula, por el despilfarro de recursos para cuidar precisamente esa imagen y por apoyar electoralmente a sus colegas tricolores, pero hasta ahora no se le reconoce por alguna idea, operación o iniciativa política de envergadura.

Peor aún, en el campo político se le tiene presente por tres razones: porque no ha podido ni querido atender debidamente los abusos cometidos en Atenco; porque no quiere sacudirse la sombra de su antecesor, sin importarle quedar como cómplice; y porque en la zona conurbada del estado de México con el Distrito Federal las innumerables ejecuciones ni siquiera lo despeinan.

En esa circunstancia, el lunes -cuando los ministros de la Suprema Corte se pronuncien en torno a los abusos cometidos en Atenco- Enrique Peña tendrá que recalibrar si esos fantasmas no terminan por espantar a quienes ya lo miran como el más viable precandidato presidencial tricolor.

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Hasta ahora frente a lo que pueda ocurrir el lunes en la Corte, el precandidato ha minimizado el caso Atenco por dos vías.

Por un lado, y con cierta razón temporal, ha señalado que la investigación de los abusos cometidos en Atenco no refleja sino la opinión del ministro José de Jesús Gudiño. Por otro lado, y de manera lamentable, el procurador mexiquense Alberto Bazbaz ha dicho, con la cachaza de quien reconoce en la impunidad el más sólido recurso para eludir responsabilidades, que cualquiera que sea la decisión del pleno de ministros no tiene ningún efecto jurídico. Y es cierto, la resolución no tendrá mayor efecto jurídico... pero políticamente puede ser mortal para las aspiraciones presidenciales de Peña.

Despreciar o minimizar la opinión de uno o varios ministros de la Corte puede no sólo despeinar a Peña, también puede reavivar la aspiración de algunos otros cuadros tricolores -llámese Manlio Fabio Beltrones o Beatriz Paredes- por concursar en la carrera de la postulación presidencial y que, después de haber dejado sentir su querer, con prudencia atemperaron sus ansias dejando solo en el aparador -con vitrina muy delgada- al Golden Boy de Atlacomulco.

Si Peña no atiende debida e inteligentemente ese problema, sobrará untarse más gel en el copete.

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En la postura que los ministros adopten el lunes, hay un ingrediente no valorado por la corte de asesores, mercadotecnistas e imagólogos del actor mexiquense.

En la Corte hay conciencia del papelón protagonizado al exonerar al gobernador poblano Mario Marín en el caso Lydia Cacho. El prestigio y la credibilidad de los ministros que le extendieron el certificado de impunidad rodaron por los suelos y, ahora, no están en condiciones de repetir el numerito. Actuar con estricto apego a derecho y absoluto desapego a justicia les significó un costo altísimo. Y sin que ello suponga que vayan a cebarse en Peña, no pueden salir con el cuento de que lo ocurrido en Atenco -abusos, golpes, encarcelamientos y violaciones sexuales- fue un incidente menor de un desafortunado operativo policiaco que, en lo sucesivo, es menester evitar.

No, si los ministros quieren consolidarse como un Poder de la Unión están obligados a reivindicar la vigencia del Estado de derecho sin que ello suponga permitir, alentar y tolerar la violación de los derechos humanos como tampoco renunciar al legítimo uso de la fuerza pública.

Así como Enrique Peña se juega mucho en la decisión de los ministros, los ministros también se juegan mucho en su resolución.

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Desde luego, en un auténtico Estado de derecho y en una democracia consolidada, la sola investigación de la Corte hubiera supuesto que los funcionarios involucrados solicitaran licencia mientras la indagatoria transcurría y concluía.

México, sin embargo, no congrega esas características y entonces, a pesar de la investigación, ni Enrique Peña; ni su secretario de Gobierno, Humberto Benítez; ni ¡el procurador general de la República!, Eduardo Medina Mora; ni el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes (estos dos últimos, secretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en mayo de 2006, cuando ocurrieron los hechos) sintieron ese llamado, generalmente dictado por la ética política, de separarse del cargo mientras se determinaba si son o no responsables en las violaciones ocurridas en Atenco.

¿Para qué, si a fin de cuentas la resolución no tendrá efecto jurídico? Ésa ha de haber sido la pregunta que se formularon -si llegaron a cuestionarse su conducta en aquel evento, donde la policía actuó en la segunda embestida como un grupo de pandilleros, dispuestos a cobrar venganza por los agravios recibidos. En este punto, una brevísima disgresión. No deja de llamar la atención que el actual jefe de Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes, o sea, el presidente de la República, siempre tan preocupado por la imagen de México en el exterior, ni siquiera les haya sugerido separarse del cargo.

A lo mejor el mandatario no quiere al procurador, pero tampoco lo detesta. A lo mejor los compromisos con Elba Esther Gordillo le impedían remover a Yunes. A lo mejor pensó que separarlos del cargo podría ser una catástrofe y, ya sabe, no le gusta ser catastrofista.

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Es cierto, lo bailado ni los ministros se lo quitan a los involucrados. Pero en el caso de Peña hay un problema: el vals de sus aspiraciones ni siquiera empieza.

Por eso resulta asombroso que, en relación con los hechos ocurridos en Atenco, el gobernador haya tomado algunas tibias medidas sin reconocer, en ese suceso, una piedra importante en el camino de sus aspiraciones. Una piedra que incluso puede tener derrames más allá de las fronteras, en particular por el caso de Cristina Valls, la mujer española violada por los policías. Podrá conquistar Peña a muchas otras mujeres, pero a ésa la agravió en lo más profundo y, eso, va a pesar en su porvenir político.

Si Enrique Peña en verdad pretende postularse como candidato a la Presidencia tiene frente a sí un muy serio problema. Es posible que a él los fantasmas no lo asusten pero, sin duda, sí pueden espantar a quienes apoyan sus aspiraciones y ambiciones políticas. Es posible que esos fantasmas les vengan muy a modo a sus adversarios para revivirlos cuando mejor convenga, como también puede ser que se transformen en obuses del "fuego amigo" cuando haya que decidir quién va por la grande.

En vez de dejar insepultos los asuntos relacionados con las andanzas de su tío Arturo, con los abusos cometidos en Atenco y los cuerpos de los ejecutados en su dominio, Enrique Peña tendría que actuar con entereza política y no como personaje de telenovela. En otras palabras, debería restarle brillantina a su conducta y, si se puede, darle algo de brillo.

Fin de era

René Delgado

La historia no advierte con mayúsculas cuando termina una era. Sin embargo, eso está ocurriendo: la salida de George Bush no pone fin a un gobierno, sino marca el agotamiento de una era.

Un hecho aparentemente menor -el problema del mercado inmobiliario estadounidense- y una guerra presentada como una jornada de entrenamiento en el extranjero para asegurar petróleo detonaron una crisis con ribetes de desastre y, de paso, vulneraron al neoliberalismo que exigía escribir con minúscula la palabra Estado y sacrificar derechos en aras de la cultura del miedo donde sólo las mercancías o las cosas podían circular con más libertad que las personas.

Más significativa que el ingreso de Barack Obama a la Casa Blanca es la salida de George Bush de esa mansión imperial que -en apenas ocho años- se redujo a un cuarto de guerra y a una oficina de negocios e intereses que, a la postre, convirtieron el "sueño americano" en una pesadilla sin fronteras.

La temporalidad de esa era cuyo telón ahora cae de golpe probablemente podría definirse como aquella que corrió de "La Dama de Hierro" a "El Mandatario de Hojalata". Bush es la caricatura de esa historia y el español José María Aznar, el patiño de la tragicomedia.



Puede no parecerlo, pero la salida de George Bush marca el agotamiento de un modelo que, durante décadas, arrastró a infinidad de gobiernos a intentar adelgazar o desaparecer al Estado para reconocer en las leyes del mercado la fuente misma de la autorregulación de las sociedades. El Estado, en esa lógica, no tenía nada que hacer y por lo mismo había que licenciarlo.

La historia, según los ideólogos en boga, había terminado. No había más que disfrutar el mercado, la reducción del hombre a la condición de consumidor. Si el ser humano no consumía, bien podía pasar a formar filas con los pobres que, en ese esquema, podían ser objeto de un trato con dos vertientes. En la mejor, ser objeto de políticas caritativas; en la peor, criminalizar su condición humana.

Ése era el modelo y, en su desarrollo y relevo generacional, sus principales representantes fueron de más a menos. Se pasó de los creadores del modelo a los gerentes del mismo y fue clara la degradación de esa clase política mundial. La distancia fue cada vez más notoria. La diferencia de Ronald Reagan a George Bush, de Helmut Kohl a Angela Merkel, de Margaret Thatcher a Tony Blair, de Mijail Gorbachov a Vladimir Putin, sin olvidar al borrachín de Boris Yeltsin o, por no dejar, de Carlos Salinas a Vicente Fox es notoria. Y, ahí, donde los gobiernos socialistas fueron desplazados, el contraste fue todavía mayor. De Felipe González a José María Aznar, de Francois Mitterrand a Nicolas Sarkozy...

Esa clase se fue enanizando conforme el modelo comenzaba a desfasar a la política de la economía y, por lo mismo, a engendrar problemas sin solución. Hubo, desde luego, algunos respiros en el curso de esos años: William Clinton, uno de ellos. Pero hubo también sofocamientos: Silvio Berlusconi, uno que todavía angustia.



A nivel continental o latinoamericano, ese modelo dio lugar a una generación de políticos que, a pesar del esfuerzo, sobrevivieron o sucumbieron ante el desafío. El desfile fue interesante, a veces alentador y a veces decepcionante.

Con el nuevo siglo, Latinoamérica comenzó a recorrer senderos distintos, alternativos en todos los casos. Se dice fácil pero un tornero llegó a la Presidencia de Brasil sin trasroscar el gobierno; la hija de un torturado continuó el trabajo de Ricardo Lagos en Chile; un indio pasó a ocupar el gobierno boliviano, desplazando a los criollos; un militar golpista se convirtió en un político golpeado y, aun hoy, despacha en Venezuela; un oncólogo de izquierda rompió el tradicional monopolio bipartidista uruguayo. El presidente fallido en esa oleada fue Vicente Fox, el vaquero del Bajío no entendió el sentido del voto que lo encumbró en el poder, se conformó con la alternancia sin plantearse siquiera la alternativa, no supo reconocer que si bien hubo quienes votaron por él también hubo quienes, al favorecerlo, votaban contra algo ya insoportable.

Está por verse quiénes de esos mandatarios llegarán con éxito al final del sendero que tomaron pero, más allá del desenlace, es claro que a nivel subcontinental se ensayan vías para reconciliar el Estado con el mercado, a las personas con las mercancías. Un ensayo, con todo y sus accidentes, sin violencia.

Mas allá de la conclusión de esas aventuras o empresas políticas o de las virtudes o vicios de esos mandatarios, lo más interesante -por romántico que suene- es que fue el voto popular el que encumbró a esos hombres y mujeres. Atinada o desesperadamente, acertada o equivocadamente, la gente fue a las urnas y votó desplazar aquel modelo y buscar otro.

Parte de eso vive hoy Barack Obama y lo resume bien cuando dice que se escogió "la esperanza sobre el temor, la unidad de propósito sobre el conflicto y la discordia". Parte de eso vive hoy Barack Obama e interpreta bien la crisis no reduciéndola sólo al campo económico o financiero.



El problema de estos días es que si bien se agotó un modelo o finalizó una era, no se tienen los planos para construir algo nuevo. Hay pistas, no certezas.

No se tienen esos planos pero sí una serie de desafíos que, por los reducidos márgenes de maniobra y los intereses que sin duda resistirán cambios, pueden convertirse en un auténtico torbellino humano. Atender los problemas del día pero con la cabeza puesta en el diseño de un porvenir más justo, más sano, más prometedor y menos violento cifra lo que pueda ocurrir en unos cuantos años.

Sí, entusiasma la llegada de Barack Obama. Es una bocanada de oxígeno que, al menos en el discurso, reivindica valores, libertades y derechos que George Bush no tuvo empacho en vulnerar, limitar o desaparecer. Por eso, el juicio de Bush no necesariamente hay que dejárselo a la historia, hay elementos suficientes para que su sentencia la dicte un tribunal de guerra. No sólo se trata de los muertos dejados por una guerra sin justificación, sino también de las víctimas de una política económica que amenaza dejarlos sin trabajo, patrimonio u oportunidad.

Cualquiera que sea la época que inaugure Barack Obama, fuera de duda está que otra ha terminado, dejando por herencia un desastre. Desde luego, no bastará el carisma y el liderazgo de Obama para imaginar ese nuevo modelo pero, frecuentemente, cuando un hombre consigue engendrar un espíritu, en cascada vienen las ideas y las aportaciones de otras personas y, en esa reinvención, es cuando las civilizaciones encuentran derroteros distintos.

Está por verse si Barack Obama es el detonante que haga girar al mundo de un modo distinto aunque siempre haya dado vueltas y si, el efecto de su desempeño, alienta un relevo en la clase política que gobierna el destino del planeta.



En todo esto, en ese relevo, en ese cambio, en ese fin de era será interesante ver cómo se reubica Felipe Calderón. Si quiere administrar la herencia de agujeros o si ensayar algo distinto: una alternativa justa y democrática.

Blindaje electoral

René Delgado

Justo cuando instancias extranjeras advierten del calibre de la amenaza del crimen organizado a la estabilidad y la gobernabilidad de México y los países vecinos, el proceso electoral 2009 activa los resortes de su arranque.

Más allá de los pasos y las tareas que el calendario marca al proceso, la autoridad electoral y las dirigencias partidistas han destinado cierto tiempo al diseño de medidas para contener la participación del crimen en el ejercicio electoral. Nuevas reglas, regulaciones, mecanismos y hasta la buena fe constituyen el arsenal con que funcionarios electorales y dirigentes partidistas quieren contener la incidencia del crimen en el concurso que, hace apenas unos años, se presentaba como la fiesta de la democracia.

Pese a la evidencia de que, en más de una región, el crimen le disputa al Estado el territorio así como el monopolio de la fuerza, el tributo y la moneda, las barreras del IFE y los partidos se advierten débiles frente al tamaño del desafío supuesto en evitar que el campo electoral sea también territorio en disputa por el narco. Si esas barreras se quedan sólo como un propósito en la escala federal sin efecto ni derrama en el nivel estatal y municipal, ni el respaldo de acciones contundentes por parte del gobierno federal, las elecciones de este año en vez de convertirse en parte de la solución pasarán a formar parte del problema criminal.



El esfuerzo oficial por hacer creer que el problema del crimen se reduce a la esfera, valga la redundancia, de los criminales y eventualmente de algunos mandos y corporaciones policiales corrompidas ha llevado a crear una ilusión: el resto de la estructura política y judicial del país está incólume, no ha sido contaminada por el narcotráfico.

En esa lógica, hay narcotraficantes y policías corruptos pero no políticos involucrados en la industria criminal. Cae éste o aquel otro capo, lugarteniente, operador o sicario, o éste o aquel otro mando policial o se depura éste o aquel otro cuerpo policial, pero nunca aparecen políticos involucrados en ese turbio negocio. Oficialmente, México sólo ha tenido un gobernador involucrado con el narco y ése es supuestamente Mario Villanueva, que aún litiga el cargo. Es el único, todos los demás son auténticas santidades de la política nacional.

Extraoficialmente, hay otra realidad o al menos otra percepción. Se señala a éste o aquel otro gobernador, secretario general de Gobierno o alcalde no como servidores públicos, sino como servidores privados del narcotráfico sea porque trabajaban callada pero manifiestamente a su favor o porque "vendieron" la plaza a tal o cual cártel o porque por omisión, miedo, cinismo o irresponsabilidad contribuyen sin querer al desarrollo de ese negocio.

Ésa puede ser una percepción. Sin embargo, no es inusual que, en confianza y en privado, funcionarios federales de muy alto nivel expresen, cuando no certezas plenas, dudas razonables sobre el involucramiento de gobernantes o funcionarios estatales o municipales con el crimen organizado, pero argumentan carecer de las evidencias necesarias para proceder en contra de esos presuntos malandrines y, así, justifican que en la industria criminal no aparezcan y mucho menos caigan políticos de cierta talla.

Se ha creado y fomentado así la idea de que los grandes narcotraficantes son, por lo general, tipos mal vestidos y encarados, torpes en su expresión pero de una enorme inteligencia porque, en esa lógica, producen droga, diseñan sofisticados sistemas logísticos para el tráfico de ella, comandan ejércitos de sicarios y, por si fuera poco, son inteligentísimos ingenieros financieros porque lavan dinero de mil y un formas y, como agregado, tienen un apreciable don empresarial porque expanden su industria a ramos tan diversos como la venta de protección, secuestro, extorsión, piratería... Podrán aparecer desaliñados, en bermudas con playeras y sudaderas, calzando gallos pero, en la lógica oficial, son verdaderos genios solitarios sin escuela que, en su vida, han integrado a su negocio a gobernadores, funcionarios, munícipes, dirigentes políticos o candidatos.

No, en esa lógica, la clase política mexicana es ejemplar. Es una élite resistente a la tentación de mancharse las manos con negocios propios de la industria criminal... aunque de vez en vez resulte evidente que participan en redes de pederastia, tráfico de personas, drogas, asesinatos, desvío de recursos y muchos etcétera.



Otra deformación de la realidad política mexicana es dar por sentado que los concursos electorales son relevantes sólo cuando tienen expresión federal, y no en el nivel estatal o municipal... siendo que la participación del crimen organizado incide fundamentalmente en esa escala de la estructura política.

Esa deformación crea otra ilusión: la atención debe concentrarse en las candidaturas de diputados federales, cuando la cancha del crimen está en el estado o el municipio. Y, ahí, en esas instancias se desconocen las barreras que los institutos estatales electorales y las dirigencias partidistas de ese nivel han diseñado para contener en lo posible al crimen organizado.

Es posible, desde luego, que el narcotráfico se interese por tener representantes "populares" en el Congreso de la Unión pero, indudablemente, su campo de acción e interés no está ahí sino en el gobierno del estado o el municipio. Y, aun cuando la atención se concentra en los 300 distritos electorales federales, no se puede perder de vista que, en la escala estatal y municipal, este año estarán en juego un número considerable de plazas.

Las cifras son elocuentes al respecto. A lo largo del año se jugarán seis gubernaturas así como 588 alcaldías, sin considerar desde luego 368 diputaciones locales, 16 delegados y 66 asambleístas. En ese terreno, ¿cuáles son las barreras electorales antinarco?



Desde esa perspectiva, si no se abandona la idea de reducir el narcotráfico al campo de los criminales y los policías corruptos, y se entiende el asunto en su justa dimensión estructural y cultural que, desde luego, toca e involucra a parte de la élite política, las reglas, regulaciones y juramentos electorales servirán para nada, ahí, donde el narcotráfico buscará apadrinar, patrocinar a sus propios candidatos y, en cierto modo, establecer su gobierno.

Si los partidos nacionales no actúan decididamente en sus ramificaciones estatales y municipales e involucran en ese ejercicio a las autoridades electorales estatales, las medidas acordadas a nivel federal no serán sino un catálogo de buenos deseos que, en su incumplimiento, llevará a un mayor desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos.

Decir lo anterior resulta fácil, practicarlo es todo un desafío. Si, finalmente, la autoridad federal resuelve depurar de criminales a la élite política a la que pertenece tendrá que ser cuidadosa en extremo, cualquier resbalón o equivocación en la consignación de éste o aquel gobernador, secretario de Gobierno, munícipe o candidato, en vez de resolver, podría empeorar el problema.

En todo caso, es conveniente salir de la ilusión de que el narcotráfico es un negocio exclusivo de narcotraficantes y policías corruptos para reconocer la realidad tal cual es y actuar en consecuencia.

Calderón y Obama

René Delgado

Cuando dos países desplazan o consideran desplazar tropas a su frontera con un tercer país asediado por la violencia criminal, evidentemente ese tercer país tiene un serio problema. Si a la par de eso, ese tercer país resiente los efectos devastadores de una crisis económica importada y el éxito de sus medidas de contención dependen de cuanto haga o deje de hacer uno de aquellos dos vecinos, el problema es todavía más grave.

Ese tercer país, sobra decirlo, es México. Los vecinos son Guatemala y Estados Unidos.

De ahí la importancia del encuentro que el lunes tendrá el presidente Felipe Calderón con el próximo mandatario estadounidense, Barack Obama. De la capacidad de Calderón para "hacer química" con Obama y fincar, así, una relación que trascienda lo estrictamente diplomático y replantee el vínculo entre los dos países dependerá mucho de cuanto ocurra o deje de ocurrir en el país, particularmente, en el ámbito de las cuestiones económicas y criminales que hoy son el eje de muchos otros temas de la agenda bilateral y multilateral.



La circunstancia mexicana en el campo económico y criminal es delicada en extremo.

En el primer campo si bien es menester aplicar medidas de contención pero también de corrección para que la crisis económica no tenga un brutal efecto sobre México, lo cierto es que las variables están sobre todo del otro lado del Río Bravo. Del desarrollo de la política económica estadounidense dependerá en mucho lo que aquí pueda suceder.

En el segundo campo el asunto es igualmente complejo. El desplazamiento de tropas guatemaltecas a la frontera con México sin que se encuadren manifiesta y explícitamente en un marco de coordinación y cooperación bilateral permite pensar que el gobierno de Álvaro Colom teme un mayor avance de los cárteles mexicanos sobre su territorio. Asimismo, el irresponsable anuncio de Michael Chertoff, todavía secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, alentando un Plan de Contingencia con tropas estadounidenses en la frontera de México para contener la violencia criminal, constituye una muy mala noticia.

Ambas acciones advierten dos cuestiones importantes. Pese al carácter global -o, al menos, continental- del narcotráfico, los vecinos del norte y el sur de México consideran que ese problema es un asunto mexicano o nacional. Y, por lo mismo, más allá de los discursos de cooperación, están dejando solo a México siendo que en muy buena medida el problema deriva del mercado de consumo existente en Estados Unidos.

No hay trampolín sin alberca y, en este caso, si bien México (más allá del consumo de drogas interno) es el trampolín del narcotráfico, Estados Unidos es la alberca. De ahí que asombre que el vecino del norte reconozca la dimensión del problema pero insista en entenderlo como un asunto mexicano y no bilateral o multilateral. La exigencia estadounidense para que México se aplique en el combate del narcotráfico no tiene correspondencia con la propia actitud de Estados Unidos frente al problema. El vecino exige lo que no ofrece. México pone los muertos, Estados Unidos la camilla.

La política estadounidense en contra del narcotráfico no tiene el grado de compromiso de la política mexicana y, por el mensaje de Chertoff, no puede desconsiderarse la idea de que al menos parte del gobierno estadounidense mira el asunto como un problema mexicano. La ayuda o el apoyo se ofrece como un gesto de buena vecindad, no como una política decidida y comprometida al menos bilateralmente.



Esa forma de percibir y concebir el problema del narcotráfico ha provocado una serie de errores que, curiosamente, no alejan sino acercan el peligro a Estados Unidos.

En cierta medida, el éxito del Plan Colombia que el vecino del norte apoyó en aquel país latinoamericano se tradujo en acercar el peligro a Estados Unidos. Buena parte del desarrollo de los cárteles mexicanos del narcotráfico es producto del desplazamiento y abatimiento de los cárteles colombianos, y si llegado el caso el Plan Mérida tiene éxito, el peligro se trasladará a algún otro país. Se trasladará, pero no se solucionará.

Desde esa perspectiva y sin desconsiderar los evidentes y fuertes intereses que, en el fondo, mantienen viva la industria criminal de la droga, si Estados Unidos no modifica aquella percepción y concepción, reconociendo el carácter global o continental y, por lo mismo, alentando políticas multilaterales frente al crimen, los cárteles mudarán sus sedes haciendo del "efecto cucaracha" la filosofía de la política antidrogas de Estados Unidos y del país que, en su turno, le toque encarar al crimen organizado.

El punto donde el problema criminal se vincula con el problema económico es que la crisis se puede transformar en oportunidad para el narcotráfico. Siendo su negocio una muy rentable industria, la capacidad de emplear mano de obra criminal barata podría complicar aún más el asunto. Si tanto al problema criminal como al económico no se les reconoce como un asunto de seguridad nacional, para México y para Estados Unidos es un enigma lo que pueda ocurrir porque, evidentemente, repercutirá en otros temas de la agenda bilateral: tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de mercancías y muchos etcéteras que se resumen en una condición de alta explosividad social.



Aun cuando algunos analistas valoran el encuentro del lunes como un asunto de tradición y protocolo entre México y Estados Unidos, la circunstancia le imprime una dimensión muy superior.

Y en ese encuentro, el presidente Felipe Calderón tiene varias ventajas. La visión global o mundial de Barack Obama hasta por razones genéticas y culturales es mucho más amplia y rica que la de George Bush. La importancia del voto de las minorías a favor de Obama compromete su actuación hacia el lugar de origen de esas minorías. Y, por si eso fuera poco, la red de contactos y amistades de mexicanos -calderonistas o no- con un muy buen número de colaboradores de Obama favorece la posibilidad de estrechar y replantear la relación.

Más todavía. El señalamiento de Obama hecho en la entrevista de la revista Time de finales de diciembre, donde manifiesta interés por "prestar más atención a América Latina" reconociendo que "hemos descuidado a nuestros vecinos", es toda una oportunidad. Sin embargo, hay un problema. En esa entrevista, Obama pone como ejemplo a Brasil como un país con el cual Estados Unidos debería fortalecer su relación.

No se esperan, desde luego, resultados del encuentro entre Calderón y Obama. Sí que el mandatario mexicano tenga el talento para entablar una relación personal con Barack Obama, sí que sepa colocar al socio del sur en el horizonte de las prioridades del nuevo gobierno estadounidense, sí que tenga claridad de la agenda a plantear, sí que sepa el grado de relación y amistad que varios mexicanos tienen con colaboradores cercanos de Obama.

El error de no haberse entrevistado con Barack Obama en su condición de candidato ha sido satisfactoriamente superado por los oficios de la canciller Patricia Espinosa y el embajador Arturo Sarukhán creando una buena atmósfera para el encuentro, ojalá el presidente Calderón reconozca la oportunidad de oro que tiene en medio de la adversidad.

Adiós, George

René Delgado

La elección de Estados Unidos marca el fin de una era: la del endiosamiento del fundamentalismo democrático y el neoliberalismo económico, un par de dogmas fincados supuestamente en firmes y muy ricos valores que, a la postre, resultaron ni tan valores ni tan ricos ni tan firmes.

La figura de George Bush se constituye, ahora, en medio del desastre económico, político, militar, social y moral que hereda a sus compatriotas, en el icono por antonomasia de la decadencia de una potencia y de un orden internacional que no acaba de encontrar sus nuevos referentes.

Días difíciles se le vienen encima a Estados Unidos... y al mundo.

...

Si el origen del gobierno de George Bush estuvo marcado por la falta de legitimidad y su desarrollo por la locura de emprender una aventura militar sin destino, su desenlace es patético: resume, como reza el título del libro, el ocaso de un imperio.

En ocho años, Estados Unidos perdió sangre, libertad, hegemonía y estabilidad económica y, en su desastre, arrastró y arrastra al planeta a una crisis global cuya proporción no acaba de dimensionarse. En ocho años, Estados Unidos perdió mucho del patrimonio democrático y el liderazgo económico que le llevó décadas construir.

La imposición del concepto de la seguridad nacional como valor mayor de ese país vino en menoscabo de muchas de las libertades y derechos que eran símbolo de orgullo de su democracia, y puso en juego una cultura del miedo de la cual no es fácil escapar.

Libertades tales como las de tránsito, expresión y prensa sufrieron menoscabo a consecuencia del fundamentalismo democrático impuesto por la administración que se va y que, a partir de un primitivo maniqueísmo y una pobrísima cultura política, estableció principios de una enorme simplicidad para explicar y entender un mundo que sencillamente no existe. El mundo no se divide en buenos y malos, en satanes malditos y dioses alabados, en demócratas y dictadores... Es mucho más complejo.

Más allá de la elección, está por verse si la ciudadanía estadounidense le exige cuentas a Bush. Si el solo número de jóvenes estadounidenses muertos en Iraq (sin mencionar a los mismos iraquíes) lo obliga; el desastre de su administración y el daño provocado a su cultura y democracia lo impone. Pero, independientemente de lo que allá resuelvan, es claro que George Bush es un candidato natural para comparecer, tarde que temprano, ante el Tribunal de La Haya por la guerra que desató en Iraq y el genocidio que ahí tiene lugar, fincado en el engaño y la mentira expuesta como razón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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George Bush, desde luego, no llevó a cabo sus locuras en soledad. Quedó inscrito en la clase política occidental que, después del desplome del Muro de Berlín, creyó a pie juntillas aquello del fin de la historia y el nacimiento de un mundo que, aun hoy, no acaban de descifrar y mucho menos de gobernar.

El libre mercado, el Estado adelgazado, un modelo democrático de exportación y el reavivamiento de viejas ideas dogmáticas se constituyeron en los ejes del bienestar de esa clase política mundial que reducía su razón de ser a administrar servicios públicos y a tundir a aquel que escapara a esa sofisticada noción de la nueva administración.

Esa nueva clase política no tuvo el arrojo de imaginar cuál podría ser ese mundo que perdía su bipolaridad ni la imaginación para diseñar y construir nuevos referentes. No, esa élite se desentendió de esa nimiedad, dejó de ver lo que ocurría en Asia, ignoró los ensayos políticos, peligrosos y no, que al sur de América Latina se emprendían y, desde luego, de África ni se acordaron. Esa clase política se concentró en lo suyo y lo suyo era revivir una muy vieja noción del "Occidente" como ombligo del universo y lo que hubiera más allá. El "¡por qué no te callas!" espetado por el rey Juan Carlos al presidente Hugo Chávez fue y es mucho más que un simple exabrupto.

En ese marco de mediocridad política surgieron los Bushes pero también los Berlusconi, los Aznar, los Putin, los Sarkozy, los gemelos polacos, una pléyade de políticos reciclados de muy baja estatura, producto buena parte de ella de la videopolítica y el populismo de derecha, aceptado por los centros de poder porque no cuestionaba el statu quo. ¡Qué contraste de esa generación con la anterior! Qué lejos se ven los Thatcher, los Mitterrand, los Clinton, los González...

De los primeros se tiene presente cuando se caen de la bicicleta, se ahogan con un pretzel, se divorcian y recasan, se retocan -aunque sea en photoshop- sus pequeñas lonjas o cuando muestran su musculatura en alguna revista o lanzan un video dando clases de judo o algo así. De los segundos, la reconversión industrial, el concepto continental de Europa, la transición, el esfuerzo por replantear la relación del hombre con el medio ambiente. ¡Qué diferencia! ¡Qué nostalgia!

Tanto había por dilucidar en la última década y tanto tiempo se perdió. Cuál era el límite de la libertad del mercado, cuál el del Estado imprescindible, cuál el rediseño de los órganos multilaterales, cuál la multipolaridad deseable, cuál el desarrollo sustentable, cuál el entendimiento en la diversidad de las culturas y civilizaciones...Muy poco de eso se habló, mucho menos se hizo.

Por qué la historia y los gobiernos de los pueblos de pronto registran estadistas y de pronto enanos, es un asunto que no acaba de entenderse. Lo que está claro es que, en estos últimos años, al mundo le han faltado estadistas y le han sobrado marionetas; le han faltado partidos o estructuras políticas y le han sobrado movimientos. Es probable, desde luego, que el vértigo del desarrollo de tecnologías de información y comunicación ha vulnerado las formas tradicionales de gobierno y la capacidad de reacción de los políticos. Lo que sea, estamos en un problema.

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Probablemente gracias a George Bush, Barack Obama. No es tanto lo que en Obama se cree, como lo que de él se espera. En buena medida, su fuerza deriva más de la esperanza que de la propuesta. Hay mucho de sinrazón en la fuerza de su carisma.

Salvo que algo extraordinario y trágico ocurriera, todo está dado para que Barack Obama reciba las llaves de la Casa Blanca. Edad, color, frescura, emoción, discurso favorecen sus posibilidades. Su reto no está en las urnas, como en el gobierno.

Reconstruir el entramado de libertades y reconstituir lo mejor de la cultura democrática en Estados Unidos en medio de la adversidad económica y la inevitable derrota militar no es nada sencillo. Participar en el rediseño de las instituciones financieras mundiales y los órganos multilaterales también es complicado. El desafío de Obama es tremendo: imaginar y realizar un nuevo modelo económico y político.

Reemplazar a George Bush no era un gran problema y menos cuando John McCain dilapidó su escaso capital político, el desafío de Obama es el otro: cómo hacerse rápidamente del gobierno y, de inmediato, tomar medidas para enderezar el barco en medio de una tormenta que, por el cúmulo de nubes, no permite ver las estrellas pero sí la dimensión del océano. El martes, en principio, se filtrará un rayo en ese cielo. Así sea.

¿Fiesta o funeral?

René Delgado

Determinante en el curso de la administración calderonista, la elección legislativa que formalmente comenzó ayer tiene dos ingredientes inquietantes.

Vamos a la competencia electoral con la confianza perdida en los partidos políticos y la autoridad electoral y vamos a ella sin desconocer que las bandas del crimen buscarán incidir en el concurso como puedan porque, en el fondo, el nombre del juego es control del territorio y el espacio político.

Es menester empeñar el esfuerzo en evitar que la fiesta de la democracia pueda convertirse en el funeral de ésta.

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Si, conforme a la expresión del especialista Edgardo Buscaglia, entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país se encuentra bajo influencia o dominio del narcotráfico, no es aventurado pensar que al menos un centenar de distritos electorales federales comparten esa circunstancia y que, en ellos, no habrá por qué asombrarse de las sorpresas que la elección pueda depararnos.

Con la mano en la cintura, no faltará el funcionario que asegure que el asunto no es tan grave: cosa de blindar la competencia para salvar el problema. Sin embargo, los principales responsables de montar ese blindaje están en plena reestructuración o, de plano, en crisis: los partidos políticos no viven su mejor momento y el árbitro electoral no acaba de asentarse en el terreno de juego ni de recuperar la confianza que dilapidó el anterior Consejo Electoral, encabezado por Luis Carlos Ugalde.

Por consecuencia y a falta de policía, el Ejército se verá necesariamente involucrado en la necesidad de darle garantías al proceso electoral. La idea de que los militares pudieran regresar en ese momento a los cuarteles puede irse ya guardando.

En esas condiciones vamos a la elección intermedia.

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De acuerdo con especialistas, la elección legislativa del año entrante no necesariamente representará un bocado apetecible para el narcotráfico.

El argumento que esgrimen es simple: a diferencia de los munícipes y los gobernadores que tienen bajo su mando cuerpos policiales e información logística relevante para la industria del crimen, los legisladores no son agentes u operadores importantes para el narcotráfico.

Eso puede ser cierto, pero hay dos detalles. Uno, de manera concurrente a la elección federal, 11 entidades renovarán sus ayuntamientos y congresos locales. Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Edomex, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora estarán en ésas, y, en particular, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora pondrán en juego también su gubernatura. Tal concurrencia debilitará, al menos en esas entidades, aquel argumento.

Dos, más allá de la importancia o no de los diputados federales como agentes u operadores del narcotráfico, si de desesta- bilizar y dividir al país se trata, el concurso electoral le viene como una gran oportunidad a las bandas criminales. Cualquier resquicio para distraer o atenuar el combate en su contra o para desacreditar a la administración calderonista, de seguro, será aprovechado por el narcotráfico.

Desde esa perspectiva, las elecciones federales y locales del año entrante serán en extremo importantes para el país. No sólo por el eventual cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos políticos -área donde el PRI se frota las manos-, sino también por el cambio en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen organizado.

...

El punto delicado ante ese cuadro es que no se puede recargar sólo en el Ejército la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas necesarias para realizar esas elecciones.

La carga mayor debe recaer en los partidos políticos y en las autoridades electorales federales y estatales. Si esas dos instancias no asumen, en serio, el desafío supuesto, probablemente no sólo deberán disponer de urnas electorales sino también de las otras, fúnebres.

Desafiante la circunstancia, hay un agravante. Los estudios de opinión pública reportan (Reforma, 27 de agosto) que la confianza en el Ejército, los partidos políticos y las autoridades electorales está a la baja. De marzo del año pasado a agosto de este año, el Ejército perdió siete puntos, pasó de 70 a 63 por ciento; el Instituto Federal Electoral cayó 12 puntos, pasó de 55 a 43 por ciento; y los partidos que se ubicaban en el último lugar de la confianza perdieron cinco puntos, pasaron de 27 a 22 puntos. Por si eso no bastara, la insatisfacción con "el funcionamiento de la democracia" alcanzó al 54 por ciento de la opinión pública, siendo que, año y medio atrás, llegaba a 40 por ciento.

Así que, al margen del narcotráfico, esas tres instituciones tienen un fuerte desafío para recuperar la confianza pública. Si a esa circunstancia se suma la intervención del narcotráfico en su campo, el reto es muy superior al previsto.

Si los partidos políticos y la autoridad electoral no recuperan y acrecientan el capital de la confianza ciudadana, probablemente -es fuerte decirlo- mejor sería que no hubiera elecciones. Así de grave es el asunto.

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Desde esta perspectiva, la carta enviada antier por el dirigente panista, Germán Martínez, al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, debería abrirse y debatirse en la próxima reunión del Consejo del instituto electoral para derivar en un compromiso no entre ellos, sino con la ciudadanía.

Consejeros y representantes de los partidos políticos deberían fijar postura frente a ese documento y mandar una muy clara señal a la ciudadanía con dos clarísimos mensajes. Uno, reconociendo la gravedad del momento nacional y electoral; y, dos, asegurando que no se tolerarán pactos, tratos, acuerdos por parte de los candidatos con el crimen. Vamos, que el espacio electoral no será terreno de oportunidad para los criminales. Si la impunidad de los policías al servicio del narco es intolerable, la impunidad de los políticos al servicio del crimen es imperdonable.

Sí, puede pedirse al Ejército y a los centros de inteligencia coadyuvar en el blindaje de la elección y la democracia, pero la responsabilidad mayor en ese asunto es de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Las urnas electorales pero, sobre todo, la democracia no puede depender del calibre de los fusiles que la resguarden, depende fundamentalmente del calibre de los candidatos que los partidos políticos postulen y del compromiso de éstos para no abrirle más la puerta al crimen que amenaza no con infiltrar sino anegar la política.

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Si las autoridades electorales y los partidos políticos caen en el garlito de que los comicios corren por un carril distinto por el que camina la violencia criminal, se equivocarán por completo.

El resultado de esa elección podría apuntar no un cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos, sino en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen. Un cambio que, sin duda, lastimaría aun más la democracia mexicana que, visto está, así como puede avanzar también puede retroceder.

La gran interrogante es si esas instituciones se comprometerán con la ciudadanía que mira con azoro cómo se desvanece la esperanza democrática.

Ruta, itinerario... y destino

René Delgado

Replantearse la ruta y el itinerario no es tan complejo... si se tiene claro el destino. Si no es así y se vive una situación adversa, es mejor hacer un alto en vez de dar pasos en falso.

Por eso, antes de continuar agotando recursos de toda índole, no estaría de más darse un tiempo para recapitular en el tramo recorrido y hacer los ajustes necesarios y, entonces, sí, convocar a la unidad nacional sobre la base de un derrotero cierto.

Persistir en adentrarse en callejones al ritmo del problema en turno, terminará por configurar una impresión demoledora: la crisis nos gobierna, no a la inversa.

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La opinión en boga estos días tiene por polos dos absurdos.

Una: estamos donde estamos porque el gobierno le pegó al avispero de problemas y de él es la culpa. Otra: no importa a dónde vamos, es hora de acallar la crítica, cerrar filas y apretar el paso. Así, mientras unos abren los ojos hasta arquear las cejas, otros los enchinan sin cerrarlos pero por alguna razón voltean a ver al cielo.

Una y otra postura poco ayudan a ponderar opciones verdaderamente viables y, entonces, la convocatoria a la unidad en la adversidad se convierte en un acto de fe a ciegas o en oportunidad de cobrar agravios mientras los problemas -como las presas- amenazan con reventar las compuertas.

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Es cierto. Por necesidad pero sin calibrar debidamente las consecuencias, el presidente Felipe Calderón se echó en brazos de dos fuerzas al arranque de su administración: la fuerza militar y la fuerza cupular del magisterio.

No se tomó nota de dos ingredientes importantísimos en esa aventura: uno, el grado de descomposición de las policías federales, estatales y municipales para, en un momento, regresar al cuartel al Ejército sin vulnerarlo; y, dos, el grado de solidez del liderazgo de Elba Esther Gordillo que, en el abuso del músculo, perdía fuerza y tono frente al magisterio.

Es cierto eso pero también está fuera de duda que el margen de maniobra del presidente Calderón era en extremo reducido. Se le asediaba a diestra y siniestra, desde su propio partido y desde la oposición de izquierda; y se le presionaba de arriba y de abajo, desde el poder económico que se pretendía dueño de su ungimiento y desde el malestar social acumulado por la economía y acelerado por la política que de la esperanza democrática se corría y corre a la resistencia sin destino. Sentarse en la silla presidencial en esas condiciones no era nada sencillo.

No es comprobable pero sí presumible que, quizá, se buscó encontrar un enemigo común que diera lugar a la unificación. Desde esa perspectiva, el narcotráfico que, en su desmesura y descuadramiento desafiaba y desafía al Estado, vino como anillo al dedo. Sin embargo, nuevamente se desconsideró la inteligencia para dimensionar la capacidad logística y de fuego de aquel enemigo como la estrategia para combatirlo. Se desconsideró eso como también el grado de descomposición de la fuerza policial y la pugna que entre el propio crimen desataría su combate por parte del Estado. Sin contar con el diagnóstico adecuado, se inició una operación que resultó una aventura.

Ahí falta por ver si el presidente Calderón no fue objeto de un engaño por parte de los suyos.

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A ese cuadro arriesgado con fuertes dosis de peligro se sumaron dos factores: uno previsible, otro imprevisible.

El imprevisible: una crisis económica de la proporción que vive el vecino en medio de su contienda electoral. El previsible y, aun hoy, asombrosamente no rectificado: haber hecho de un entusiasta staff de campaña, el corazón del equipo de gobierno. De lo primero, es injusto cargarle la mano al mandatario. De lo segundo, asombra que, aun hoy, no se tomen decisiones para integrar un auténtico equipo de gobierno con un operador acreditado y preparado para coordinarlo y con capacidad de entablar negociaciones hacia afuera.

Si algo ha marcado los casi dos años de la administración calderonista son seis características: la ausencia de un operador político con verdaderas cartas credenciales, resuelto a servir al Presidente y no a sus intereses o a su grupo; el relevo tardío de aquellos secretarios de Estado que carecen de los requisitos necesarios; la incapacidad de fijar prioridades en las iniciativas de gobierno; la insensatez de tolerar que el grupo cercano al presidente Calderón celebre los tropiezos de sus propios compañeros de trabajo y marque su actuación con el sello de la prepotencia, la indiferencia o la frivolidad; las pugnas y diferencias dentro del mismo gabinete; y, desde luego, la imposibilidad de pasar de la administración al gobierno de los problemas.

En eso el calderonismo comienza a parecerse al foxismo: llega al poder sin saber cómo ejercerlo, administra sin gobernar. Eso es delicado y, en la coyuntura, peligroso.

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Tiene razón el presidente Calderón cuando afirma que no es ésta la hora de dar marcha atrás en el combate al crimen como tampoco en la búsqueda de la mejora de la educación. Eso está fuera de duda. Suspender ambas acciones significaría suscribir la rendición del Estado.

Crimen sin contención y educación sin calidad nutren la degradación social y política que el país vive. Tomada la decisión de combatir al crimen y de mejorar la educación no hay reversa posible. Sin embargo, vista la dimensión y la complejidad de ambos problemas es hora de ver el tramado recorrido, hacer los ajustes necesarios, replantearse el itinerario y la ruta... si, en verdad, hay claridad en el destino.

Es preciso romper el círculo vicioso, determinar si en el gabinete están quienes deben estar, colocar a un operador político con experiencia y capacidad de interlocución hacia adentro y hacia afuera del gobierno, convocar a la unidad dentro del gobierno, elaborar una estrategia y, entonces, con apoyo en la sociedad, librar ese combate a partir de la certeza en el rumbo.

Solidaridad con Alfredo Rivera

Gerardo Sosa Castelán, el diputado priista con "constancia de no antecedentes penales", sufrió un revés: pretendiendo fortalecerse como precandidato a la gubernatura de Hidalgo, terminó debilitándose. Quiso usar como trampolín un juicio por daño moral y, en su ayuda, el juez Miguel Ángel Robles Villegas acabó por hundirlo.

Como pretexto de la denuncia se tomó el libro La sosa nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo y cuatro años se tomó el juez en emitir una sentencia que, sin duda, quedará en el guinness del absurdo: exoneró al prologuista Miguel Ángel Granados Chapa y condenó al autor Alfredo Rivera y puso en duda el derecho a la libertad de expresión.

Si Sosa Castelán y Robles Villegas pensaban que la solidaridad con Granados Chapa excluía a Alfredo Rivera, se equivocaron. Si Sosa Castelán y Robles Villegas pensaban que esa solidaridad con ambos periodistas ignoraba la defensa de la libertad de expresión, también se equivocaron. Viene la segunda instancia, ahí se verá si hay jueces distintos a Miguel Ángel Robles Villegas.

Lo que es un hecho es que el porro... perdón, el diputado Sosa Castelán se ha tropezado en su ambición de ocupar el Palacio de Gobierno. Se lanzó de un trampolín a una alberca vacía.

Hora crítica

René Delgado

Reclamar la unidad nacional a todos los mexicanos sin excepciones, condiciones, matices ni titubeos es, precisamente, ponerle condiciones por lo bajo a esa unidad.

Cae por su propio peso el reclamo y deja claro que si de convocar en serio a la unidad nacional se trata es menester establecer con toda claridad las bases y los objetivos de ella. Hay, pues, un trabajo político de por medio. Si no es así y la convocatoria es un recurso retórico para salir del paso, vale tanto como una imploración o un ruego. Nada más.

Conviene, entonces, esclarecer de qué se trata. Si, en verdad, tal y como dice el presidente de la República, el país vive una "hora crítica" se precisa de reflexiones y decisiones atinadas, firmes y muy bien calibradas. Mal hecho ese trabajo político, en vez de remontar la circunstancia nacional puede significar otro tropiezo.

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Suena bien convocar a la unidad nacional sobre la base del patriotismo y las páginas de la historia donde la unión o la desunión han escrito gloriosos o trágicos capítulos, pero -por duro que resulte- la unidad de hoy no puede fincarse en el pasado. Exige ubicarla en el presente y, si se puede, en el futuro. Si no es así, la convocatoria puede terminar siendo un llamado a misa.

De ahí, la urgencia de que con toda prudencia y sensatez el gobierno evalúe primero si estamos en esa hora crítica y, si es así, reconozca la situación en conjunto de la circunstancia nacional.

Si no hay esa prudencia y sensatez, y se comienza a actuar con precipitación más que con rapidez, se corre el peligro de generar una situación todavía más grave. Urge, entonces, determinar con toda seriedad si el cobarde atentado cometido en Morelia constituye o no un escalamiento, significado por el ejercicio indiscriminado de la violencia contra la sociedad, por parte del crimen organizado, si finalmente fue éste el autor de la felonía.

Caer en la precipitación sin información dura de lo acontecido puede llevar a una confusión mayor. Ahí está, como el ejemplo, la presunción de que tres personas accidentadas resultan ser sospechosas para concluir que no tienen vínculo alguno con aquel atentado. Pretender detener la histeria colectiva con alucinaciones esquizofrénicas no alivia nada.

De entrada, se requiere investigar en serio e informar de igual manera.

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Si se concluye que efectivamente se está en otro estadio que configura esa hora crítica y exige de la unidad nacional, entonces es preciso entrar al análisis de la circunstancia nacional para sentar las bases de la unidad. Sin ese análisis de conjunto y la consecuente toma de decisiones, la unidad es una ilusión.

Hoy, el gobierno tiene múltiples frentes abiertos y en medio o a causa de la emergencia no atina a fijar un orden de prioridades. Asomarse a la realidad advierte de un cúmulo de conflictos y problemas de distinta talla y medida que, al ritmo de su dinámica, mueven el foco de atención y el esfuerzo de concentración de un asunto a otro sin resolver ninguno. Analizar esa realidad obliga a determinar con precisión qué frentes se pueden mantener abiertos, cuáles es preciso cerrar y, a la vez, reconocer si se cuenta con el equipo y las herramientas necesarias para hacerlo y, entonces, sentar las bases de esa unidad.

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La sola agenda y el calendario de estos días constituyen una buena guía de lo que se puede y lo que no se puede hacer, incluso de lo que es preciso sacrificar.

De entrada, más allá de lealtades y amistades, el presidente de la República tiene que decidir si cuenta con el equipo adecuado en el gabinete político y en el de seguridad para encarar el desafío. No tiene caso mencionar a los funcionarios que carecen de las condiciones técnicas y políticas para no herir susceptibilidades, pero es claro que si no se cuenta con el equipo indicado para afrontar la circunstancia, por buenas que sean las intenciones, malos serán los resultados. Es claro que más de un miembro del gabinete no cumple los requisitos operativos, técnicos y políticos que la situación demanda. Ignorar ese hecho podría llevar a un nuevo fracaso que, por repetido, sería mucho más que eso.

Si se vive una hora crítica se requiere un equipo coordinado, inteligente, con capacidad de operación e interlocución, capaz de generar confianza en las acciones gubernamentales. Se requiere de ese equipo y también de tener muy claro que hay "socios" de la unidad que, en realidad, son "cómplices" del crimen. ¿Qué hay al respecto del equipo y qué de esos "socios"?

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De salida, es preciso revisar los conflictos y los asuntos que se pueden encarar y los que no.

En puerta está la reforma petrolera que a nadie deja satisfecho y está muy lejos de la que el país necesita. No deja satisfecho al gobierno, tampoco a las oposiciones perredista y priista, tampoco a los técnicos petroleros, al empresariado y sí, en cambio, se presenta como un motivo más de división y no de unión. Ahí hay que determinar, con toda frialdad, si su precio vale el costo y si el costo se puede asumir en el momento.

Luego está la alianza por la educación que resbala de la promesa de la mejora al pantano de la involución. Y por si eso fuera poco, la rebelión de algunas secciones del sindicato magisterial deja entrever que el liderazgo de Elba Esther Gordillo no tiene la firmeza ni la solidez presupuesta. Puede la lideresa hacer gala de desplantes pero su reinado comienza a resquebrajarse, se perfila una fractura en el sindicato del magisterio.

Asimismo, en el horizonte inmediato, está el cuadro económico que pasa de la oferta de empleo a la estanflación. Cuáles son los márgenes de maniobra del gobierno frente a las variables fuera de control. Cómo se va a ir al debate del presupuesto, qué debe ajustarse y qué no, asumiendo que en el vecino del norte la incertidumbre prevalecerá cuando menos hasta la elección presidencial.

Y, en esa complicada agenda, a semana y media está el arranque del proceso electoral del año entrante que plantea dos desafíos. Uno vinculado con la naturaleza del concurso, esto es, subrayar las diferencias por encima de las coincidencias. Así son las elecciones. Otro vinculado con la perversidad política que en algunos estados -Distrito Federal, Jalisco, estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León- se cifra en la vulneración de la autonomía de los institutos electorales y domesticación de sus consejeros. Se va a una competencia fauleando de entrada al árbitro. ¿Cómo hablar de unidad, cuando se ejercita la división?

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Hablar de la unidad nacional sin fijar las bases de ésta es -por decirlo con suavidad- una quimera con peligro de convertirse en pesadilla.

Si se vive una hora crítica, la convocatoria a la unidad nacional exige una delicada intervención política, grave pero ambulatoria, una que supone decisiones rápidas pero no precipitadas e implica necesariamente sacrificios.

Si se está en crisis, se está frente a un problema pero también frente a una oportunidad. Si se va a insistir en la unidad nacional porque se necesita, es menester fijar sus condiciones y matices en lugar de ignorarlos. De otro modo, a la imploración, el grito o el ruego los va a acallar -como en Morelia- el estruendo. Por eso, si es el caso, vale preguntar: ¿cuáles son las bases de esa unidad?

Tristezas patrias

René Delgado

Señalados en el calendario para festejar y celebrar a los héroes que nos dieron patria, estos días deberían dedicarse a reflexionar sobre cuanto está ocurriendo.

La política es un desastre, la economía no marcha y la cohesión social muestra resquebrajaduras. No hay rumbo y, en el colmo de la gravedad, la pérdida de confianza en las instituciones crece día a día. De marzo del año pasado al mes pasado, la insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia pasó de 40 a 54 puntos porcentuales, de acuerdo con la encuesta publicada por Reforma el pasado miércoles 27 de agosto. Más de la mitad de la ciudadanía ha perdido la esperanza democrática.

Ese solo dato debería encender los focos rojos de la clase dirigente, pero debiendo ser ella la más interesada en el cuidado y el fortalecimiento de las instituciones, al parecer, está empeñada en socavarlas.

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Puede parecer exagerado pero, quizá, desde 1994 el país no atravesaba una situación como ésta.

Cada mes de aquel año estuvo marcado por algún suceso que, por su resonancia, dejó ver claramente la gravedad de cuanto acontecía: enero por el levantamiento zapatista; marzo por el secuestro de Alfredo Harp Helú, el homicidio de Luis Donaldo Colosio y el "redestape" del PRI; mayo por el primer debate entre candidatos presidenciales; junio por la renuncia de weekend de Jorge Carpizo a Gobernación; julio por el cierre de la campaña; agosto por la elección presidencial; septiembre por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu; octubre por el escándalo de Mario Ruiz Massieu; noviembre por la integración del gabinete y los preparativos de la transición; y diciembre por "el error de diciembre".

La gravedad y el efecto de aquellos acontecimientos aun hoy no cejan pero, como quiera, en aquel momento se tomaron medidas para evitar que aquella crisis social, política y económica provocara el descarrilamiento del país. Se operaron cambios en el gabinete, se tomaron medidas urgentes para reponer la credibilidad cuando menos en el ámbito electoral y, en su momento, se echó mano de aquel crédito puente para atenuar en lo posible el efecto de aquel "error".

Todo aquello ocurrió en sólo 12 meses y, en ese año, el país se asomó al abismo.

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A lo largo de este año el país también se ha asomado al abismo pero, a diferencia de 1994, los sucesos se han venido presentando como un proceso de degradación que, precisamente por eso, nubla la gravedad de la situación.

Los cambios operados en el gabinete a principios de año no tuvieron, al menos en el caso de Gobernación, el efecto deseado. Por el contrario, anularon la posibilidad de contar con un interlocutor fuerte en el ámbito de la política interior y, a partir de ahí, la administración de los tres ejes que han marcado el año, en el campo político y social, ha sido titubeante, errática o francamente desastrosa.

La conducción política de la reforma petrolera, del combate al narcotráfico y de la seguridad pública deja ver la ausencia de un operador político acreditado hacia adentro y hacia fuera del gobierno pero, aun así, se insiste en sostener a Juan Camilo Mouriño en la posición que ocupa.

La agenda de la reforma petrolera la fijó el lopezobradorismo; la del combate al narco, el crimen organizado; y la de la inseguridad pública, la impunidad. En ese triángulo ha rebotado el gobierno a todo lo largo del año, sin conseguir elaborar una estrategia articulada y coordinada. Se ha mostrado reactivo, no activo en cada una de ellas.

Si la toma de la tribuna en el Senado perfiló una crisis constitucional, la colección de ejecuciones y decapitados así como el descuido y la desatención de la seguridad pública dejan al descubierto la falta de una estrategia contra el crimen organizado y desorganizado y, aun así, ni se reflexiona ni se toman las medidas de emergencia necesarias. Se reacciona al ritmo del suceso o escándalo en turno, pero no se toma la iniciativa. Oídos sordos se han mostrado frente a una situación que, al menos este mes, ha dado aliento a la idea de que la culminación del mandato otorgado está en entredicho.

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A la par de esa gravísima situación política y social, la adversidad económica acorrala a la administración.

Es cierto que la situación de la economía estadounidense le ha complicado sus posibilidades a la economía mexicana, pero también lo es que, al menos públicamente, se menospreció el tamaño de la complicación que a todas luces se veía y, luego, las medidas adoptadas resultaron desafortunadas. Por si ello no bastara, las diferencias entre el gobierno y el Banco de México han dejado ver una falta de sintonía cuyo resultado se cifra en la palabra incertidumbre.

Aunado a ello, el hecho de que la administración haya amparado su actuación en la alianza con el corporativismo sindical ha provocado una suerte de política marcada por el chantaje donde la reforma educativa y la petrolera pueden sólo llegar al punto que no afecte los privilegios de la casta dirigente de esos dos gremios. Ése es el horizonte de esas reformas.

Tal ha sido el proceso de degradación que, en su deslizamiento, pareciera haberse perdido la noción de cuál puede ser el destino que depara una situación como la que vive el país.

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A la actuación gubernamental, se suma la de los partidos políticos que sólo entienden de elecciones.

Las tres principales fuerzas políticas viven una crisis semejante, aunque hasta ahora sólo el perredismo ha dejado ver su hondura. El desencuentro al interior del perredismo ha pasado de la evidencia al ridículo, pero el panismo y el priismo no viven tampoco sus mejores días. El discurso doctrinario que supuestamente rescataría el calderonismo del pragmatismo ultraderechista ha caído en una serie de concesiones que ha repuesto a Vicente Fox como el emblema del panismo. Y los jaloneos entre los distintos polos de poder al interior del priismo neutralizan la actuación de ese partido como tal.

Pobres en el discurso e incapaces de mostrar una visión integral del país, los partidos han resuelto -al menos en la capital de la República, en Jalisco, en San Luis Potosí, en el estado de México y próximamente en Nuevo León- socavar la autonomía de los órganos electorales estatales y colocar en ellos, de acuerdo con la correlación de fuerzas, a consejeros que les vengan a modo. No quieren árbitros donde puede haber un pleito.

Si la credibilidad en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en los ministros, en los legisladores y en los propios partidos va a la baja, estos últimos se empeñan en llevar a ese mismo nivel a las autoridades electorales.

Socavan los cimientos que les dan sustento y, además, sonríen.

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Hay ceremonias que, a pesar de su liturgia, no llegan a constituirse en un festejo o celebración. Estamos en ésas. Los gritos ahogan a "El Grito". Quizá, es hora de guardar silencio y reflexionar en los sentimientos de la nación, de advertir lo que está ocurriendo y salir del ejercicio de degradación en que el país está metido.