La imposible domesticación del pueblo mapuche

Raúl Zibechi

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Con la ayuda de un pirata sueco

Anne Marie Mergier PARÍS, 2 de septiembre (Proceso).- Al Pentágono le urge callar a Julian Assange, fundador y vocero de WikiLeaks. “Va a ser una guerra sin cuartel”, advierte a la corresponsal Rick Falkvinge, líder del pequeño Piratpartiet (Partido Pirata) de Suecia, que el pasado 16 de agosto firmó una alianza estratégica con ese sitio de internet para ofrecerle la protección de la ley sueca. Hace años que los partidarios de la libertad total de información en la red luchan por defender y ampliar sus derechos. Unas batallas se dan en internet, otras en tribunales y unas más acaban con la encarcelación de los ciberactivistas. La guerra que ahora sostienen WikiLeaks y Washington se inscribe en ese contexto y se ha vuelto un rompecabezas jurídico y político. El problema comenzó el pasado 5 de abril, cuando el portal especializado en filtraciones de documentos secretos difundió un video de 2007 en el que soldados estadunidenses disparan desde un helicóptero contra civiles en calles de Bagdad y matan a 12 de ellos (Proceso 1761). Tres meses después, el 26 de julio, WikiLeaks provocó otro escándalo internacional al aliarse con The New York Times, The Guardian y Der Spiegel para filtrar archivos internos (2004-2009) de Estados Unidos sobre la guerra de Afganistán. Esos medios publicaron sólo una mínima parte de los documentos, mientras que Assange puso 75 mil de ellos a disposición de los internautas en WikiLeaks y anunció que pronto subiría los 15 mil restantes. Washington reaccionó de inmediato. Robert Gates, secretario de Defensa, acusó a Assange de haber publicado datos personales de colaboradores civiles afganos de las tropas estadunidenses y de la OTAN. Sintetizó sus acusaciones diciendo que WikiLeaks había “regalado a los líderes talibanes y de Al Qaeda una lista completa de personas a eliminar”. Aunque afirmó que Assange ya “tenía sangre en las manos”, no ha podido citar ni un caso de represalias ejercidas contra colaboradores afganos a raíz de esas filtraciones. Gates exigió a Assange que devolviera los 15 mil expedientes que seguía sin divulgar y que borrara definitivamente de su portal y de sus archivos los 75 mil que ya estaban a la vista de todos. Assange se negó. Reveló que había pedido asesoría al Pentágono para “limpiar” los documentos antes de ponerlos en línea, pero que no tuvo respuesta. Voceros de la Casa Blanca y del Pentágono no lo desmintieron y se volvieron más amenazantes. Todavía más: el miércoles 25 Assange respondió a las crecientes presiones de Washington en su contra filtrando un documento interno de la CIA elaborado por una enigmática “Célula Roja” de esa agencia y cuyo título es insólito: ¿Qué pasaría si los extranjeros ven a Estados Unidos como exportador de terrorismo? Ese memorando analiza el impacto que puede tener el hecho de que los terroristas recluten a ciudadanos de Estados Unidos que usen el territorio de ese país como base para lanzar operativos en otras naciones. El seguro de Assange El sábado 7, Cryptome, otra página especializada en filtración de documentos, dijo que había detectado un fichero electrónico llamado Insurance en las páginas de WikiLeaks dedicadas a la guerra en Afganistán. Según los expertos de Cryptome, el fichero Insurance (seguro) es gigantesco –de 1.4 gigaoctets– y podría haber sido encriptado con el sistema Aescrypt (advanced encryption standard), sumamente sofisticado y usado, entre otros, por el más secreto de los servicios de inteligencia estadunidenses, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). Sobre Insurance Assange se limitó a comentar: “Uno puede imaginar fácilmente que alguien que se encuentre en una situación parecida a la nuestra busque asegurarse de que los documentos históricos no desaparezcan”. Insurance genera debates en la red y alarma en el Pentágono y los estados mayores de las fuerzas de la OTAN en Afganistán que se preguntan si ese fichero podría contener videos tanto o más demoledores que el difundido en abril o si fue creado para guardar los 90 mil documentos de los Diarios de la guerra. Sea como sea, desde hace un mes el fichero misterioso no ha dejado de ser copiado por los ciberactivistas. En caso de un ataque para aniquilar WikiLeaks o de una acción legal para cerrar la página, a Assange le bastará revelar el código de Insurance a “quien corresponda” y su contenido circulará de inmediato por el ciberespacio. Según la página web de Wired, revista estadunidense especializada en nuevas tecnologías, WikiLeaks es uno de los portales más copiados del planeta. El archivo de los Diarios de la guerra de Afganistán ya tiene 61 semilleros (páginas que multiplican su difusión) en el mundo. No se puede descartar, sin embargo, que Insurance sea una trampa y que esté vacío. Pero la reacción virulenta del Pentágono hace pensar que los documentos de ese archivo podrían ser mucho más recientes y devastadores. Por lo pronto, Julian Assange se mantiene firme. Asegura que equipos de expertos están expurgando los 15 mil documentos restantes de la guerra de Afganistán y que se publicarán en colaboración con grandes medios internacionales a finales de septiembre. A salto de mata El fundador de WikiLeaks ya no pisa Estados Unidos. Sus abogados estadunidenses le advirtieron que podía ser detenido bajo cargos de espionaje o complicidad en espionaje. Nadie sabe dónde está. Sólo se comunica vía Twitter o en videoconferencias. A veces chatea con lectores de uno que otro medio. Aparece en una capital europea y luego se esfuma para reaparecer en otra. Su actual y prolongada estadía en Estocolmo es excepcional. El fundador de WikiLeaks tenía razones de sobra para romper sus estrictas medidas de seguridad. En entrevista telefónica con la reportera, Rick Falkvinge explica: “Desde abril, pero sobre todo desde la publicación de los Diarios de la guerra de Afganistán, se empezó a desatar una campaña internacional de difamación muy dura contra Julian Assange. Sus acciones molestan a muchos poderes. Urge desacreditarlo para callarlo. Además Assange es víctima de amenazas y presiones de todo tipo. WikiLeaks es blanco de fuertes ataques cibernéticos. Recalca: “Entendimos que Julian Assange necesitaba ayuda. Todo fue muy rápido. El 13 de agosto le enviamos un mensaje diciéndole simplemente: ‘Si necesitas ayuda, aquí estamos’. Nos contestó de inmediato. Llegó a Estocolmo. Platicamos. El 17 de agosto firmamos públicamente un acuerdo que estipula que el portal de Piratpartiet alberga varios servidores de WikiLeaks”. Precisa: “Sin ser perfecta, la legislación sueca sobre libertad de expresión es bastante protectora, especialmente en lo que concierne a las fuentes de información de los periodistas. “En todas las democracias el periodista puede proteger a su fuente. En cambio en Suecia y en Bélgica el periodista debe proteger a su fuente y corre el riesgo de ser enjuiciado y encarcelado si revela el nombre de su informante. Es la razón por la que Assange tiene algunos de sus servidores en nuestro país.” El fundador de WikiLeaks, sin embargo, no los había registrado debidamente en Suecia y Washington pensaba sacar provecho de esa falla. El Piratpartiet se adelantó y tomó por sorpresa a la Casa Blanca y al gobierno de Suecia. WikiLeaks queda legalmente a salvo ahora en ese país, pero podría estar más protegido en las próximas semanas. Todo depende de las próximas elecciones parlamentarias. El Piratpartiet fue fundado en 2006, al igual que WikiLeaks, y, como él, lucha contra la vigilancia creciente en internet. Aboga por todas las “libertades digitales”, la protección de la privacidad electrónica y el libre acceso a los bienes culturales en la red. Sus seguidores pertenecen esencialmente a las nuevas generaciones. De hecho fue gracias el electorado juvenil sueco que el Piratpartiet pudo obtener dos escaños en el Parlamento Europeo en 2009. “Ahora nuestro objetivo es entrar al Parlamento sueco”, afirma Rick Falkvinge. Si obtenemos 4% de los votos en las elecciones del 19 de septiembre tendremos 14 diputados”. Según cuenta, los sondeos son favorables a su partido, y la hazaña de WikiLeaks despertó mucha simpatía entre la juventud. “Con 14 diputados en el Parlamento podríamos avanzar mucho en la defensa de la libertad de expresión en la red”, asegura. Para empezar podríamos brindar inmunidad parlamentaria a WikiLeaks, ya que la constitución sueca impide que se demande judicialmente a diputados por las acciones políticas que realizan en su mandato.” Agrega: “En caso de ser electos pensamos, además, mover parte de nuestras computadoras a la sede misma del Parlamento, por supuesto con todo y servidores de WikiLeaks. De esa forma Julian Assange y su portal estarían protegidos a la vez por la ley sueca sobre la prensa y por nuestro estatus parlamentario”. La iniciativa islandesa Otra batalla del Piratpartiet es apoyar al Parlamento islandés en sus esfuerzos por volver realidad la IMMI, la Iniciativa Islandesa para Medios de Comunicación Modernos (Proceso 1763), un cuerpo de leyes sin igual en el mundo que garantizará protección máxima a periodistas profesionales y blogueros de investigación de todo el orbe. “Sabemos que todos los gobiernos observan con lupa lo que está pasando en Islandia y Suecia en este momento. También les preocupa la brecha que están abriendo WikiLeaks y otros sitios de filtraciones. Si juntos logramos nuestro cometido, el concepto de secreto de Estado, entre otros, se volverá caduco. También quedará trastornada la censura. Desafortunadamente no se acabarán las presiones sobre los medios y los reporteros ni los asesinatos de periodistas, pero por lo menos se podrán preservar y divulgar sus investigaciones.” Falkvinge reconoce que hospedar a WikiLeaks es arriesgado para él y su partido. “No tememos al gobierno sueco. Nuestras leyes, por incompletas que sean, nos protegen. Además estamos en campaña electoral y atacar a nuestro partido porque brega en defensa de WikiLeaks y de la libertad de prensa tendría un costo político demasiado alto. No descartamos ataques cibernéticos contra nuestra infraestructura. “Pero contamos con el apoyo de un número creciente de especialistas en criptología. Además, quienes tendrían la tentación de destruirnos para aniquilar los archivos de WikiLeaks saben que Assange tiene servidores esparcidos en el mundo y que respaldó todos sus documentos. “En realidad”, sigue el dirigente del Piratpartiet, “sabemos que la guerra contra WikiLeaks tomará formas mucho más perversas. De hecho ya empezó. Prueba de ello es la confusión que se creó a raíz de una carta abierta enviada a Assange por Reporteros sin Fronteras (RSF). En un tiempo récord la mayoría de los medios masivos occidentales afirmaron casi al unísono que grandes ONG de fama mundial expresaban las mismas críticas que el Pentágono contra WikiLeaks. Pero no fue así”. Mentiras y difamaciones Al igual que el Piratpartiet, Proceso investigó la noticia según la cual cuatro grandes ONG –Amnistía Internacional (AI), Open Society Foundation (OSF), Campaign for Incocent Victims in Conflict (Civic) y RSF, así como el centro de investigación International Crisis Group– condenaron a WikiLeaks en una carta abierta dirigida a Assange. La reportera contactó uno por uno a los voceros de esos organismos. Percibió su enojo ante la utilización de su nombre contra WikiLeaks y su voluntad de no fomentar polémica con la prensa. Sólo RSF envió una carta condenatoria a Julian Assange el pasado 12 de agosto y la dio a conocer públicamente el mismo día. Los portavoces de Civic, AI y OSF explicaron que nada tenían que ver con esa carta y que se habían limitado a intercambiar correos electrónicos privados con el fundador de WikiLeaks. “Sólo quisimos saber qué medidas de protección se tomaban para con los civiles afganos mencionados en los documentos”, aclaró una vocera de AI. Lo mismo aseguraron OSF y Civic. Todos reiteraron su respeto por el trabajo realizado por WikiLeaks en los cuatro últimos años, señalando con particular énfasis el video de las acciones de los militares estadunidenses grabado en 2007 y que corroboró sus denuncias. El International Crisis Group declinó contestar, pero extraoficialmente uno de sus representantes confió a Proceso que no había enviado carta alguna a Assange. Impresionado por el impacto internacional negativo de su carta, Jean-François Julliard, secretario general de RSF, decidió publicar el 17 de agosto un amplio comunicado en el que denunció el uso político de sus críticas a WikiLeaks. En entrevista con Proceso, Gilles Loret, uno de los altos responsables de la organización, reconoció que la expresión “increíble irresponsabilidad” –usada el 12 de agosto para calificar al portal– había sido demasiado fuerte. “La atención internacional sólo se centró en esas dos palabras”, deploró Loret. Eso creó malentendidos. Ciertamente consideramos que es peligroso lanzar nombres, apellidos y datos personales de civiles en la red, pero eso no nos impide apoyar todos los combates de Assange a favor de la libertad de expresión. En su comunicado RSF subrayó: “Reafirmamos aquí nuestro apoyo a WikiLeaks en las acciones y los principios que la fundan. Es gracias a WikiLeaks que se dio a conocer el naufragio de las guerras dirigidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Es también gracias a WikiLeaks que supimos cómo el ejército estadunidense había tomado deliberadamente como blanco a un equipo de la agencia Reuters en julio de 2007 en Bagdad”. Falkvinge comenta: “Los grandes medios, como Fox News por ejemplo, que habían destacado la carta del 12 de agosto, apenas mencionaron el comunicado del 17”. Al cierre de la edición Julian Assange estaba envuelto en una nueva polémica. El viernes 20 de agosto dos jóvenes suecas acudieron por separado a dos distintas delegaciones de policía de Estocolmo para denunciar una violación, la primera, y acoso sexual, la segunda, de parte de Assange. El mismo viernes Maria Haljebo Kjellstrand, juez de guardia, lanzó una orden de investigación contra el fundador de WikiLeaks, quien se enteró de que era perseguido por la justicia sueca leyendo el periódico Expressen el pasado día 21. Entrevistada por la prensa sueca la juez confesó que había puesto en marcha la maquinaria judicial basándose sólo en llamadas telefónicas de los policías. La procuradora Eva Finné retomó rápidamente el caso y anunció que la denuncia por violación no tenía fundamento pero recalcó que seguía vigente la denuncia por acoso sexual. En su página web Assange habló de un complot en su contra y confió al diario Aftonbladet, del que es colaborador: “No sé quién está detrás de esto, pero ya nos habían avisado que el Pentágono estaba tramando golpes bajos para destruirnos. También me habían advertido que me estaban preparando trampas con asuntos sexuales.” El miércoles 25 Assange anunció que había contratado a Leif Silbersky, uno de los abogados más renombrados de Suecia, para enfrentar esa nueva tempestad.

El trabajo os hace libres

Matteo Dean

El 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: "El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias". Y más adelante: "El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión". Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, "fue golpeado y torturado", según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. "Estamos desesperados", expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. "Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos."

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, "esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses". Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: "Intervengan".

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar "la maquinaria diplomática" para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el "acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo". En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

"El gobierno italiano nunca se echó para atrás (...) en la cuestión de los derechos humanos", se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, "porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos", añadió que no hay "ninguna prueba" de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, "el trabajo os hace libres".

En México, "holocausto" centroamericano

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.

Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.

Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.

El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.

El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.

Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.

Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.

Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.

Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.

El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.

Los firmantes exponen su frustración:

“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”

Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.

Súplicas a “Los Zetas”

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.

El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.

“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.

Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.

El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.

En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.

“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.

Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.

“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”

Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.

Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.

Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.

Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.

Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.

A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.

Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.

Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.

Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.

“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.

Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.

Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.

El poder de una empresa

La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.

En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.

En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.

De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.

Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.

De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.

Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.

“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.

La ruta del acoso

Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:

“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.

Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.

El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.

El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.

El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.

Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.

“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.

Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.

En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

Francisco López Bárcenas

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.

Cardenal fuera de Solentiname

José Blanco

En julio pasado, el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal recibió de manos de la presidenta chilena Michelle Bachelet el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.

En ese acto de merecido reconocimiento, el político y escritor dijo –una vez más– que el régimen nicaragüense "no es la revolución, no es izquierda ni sandinismo, sino una dictadura". Esta vez Daniel Ortega estalló furioso públicamente diciendo que Cardenal estaba infamando la "revolución sandinista" en el mundo. El poeta sabe de qué habla: lo ha vivido día a día en una Nicaragua que no logra formar un gobierno digno de tal nombre.

Ernesto Cardenal ha sido acosado, desde hace muchos años por Daniel Ortega, porque el anciano sacerdote nacido en 1925 ha sido un crítico implacable y permanente del orteguismo. El 27 de noviembre la policía de Ortega desalojó al personal y los enseres de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname (APDS), ubicada en la isla de Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname. Ahí reside Cardenal; hay ahí un inmueble, un hotel con el mismo nombre de la isla, donde se aloja la APDS. Ortega pretende despojar al poeta de ese inmueble e impedir el funcionamiento de la asociación.

El autor de Epigramas creó la conciencia revolucionaria y sandinista de una parte significativa de los hombres y mujeres que organizados en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) terminaron echando a Somoza de Nicaragua. En una acción en la que, por cierto, no participó Ortega: en la insurrección de 1978 y 1979 no combatió contra la Guardia Nacional porque estaba en Costa Rica. En julio de 1979 Somoza huyó de Nicaragua y, posteriormente, Ortega llegó de Costa Rica a unirse a la Junta de Reconstrucción Nacional. No pasó mucho tiempo antes de que acabara convirtiéndose en el jefe de Estado de facto.

Inevitablemente, Cardenal terminó rompiendo con él desde 1994. En 1990 Daniel Ortega había perdido la presidencia debido al acoso de la contra (apoyada por el gobierno estadunidense), y debido, principalmente, a una pésima gestión de gobierno. salió del gobierno, pero se volvió el propietario del partido (del FSLN). El autoritarismo orteguista fue la causa que llevó a Cardenal a dejar el Frente.

Cardenal y la APDS fundaron en Mancarrón una institución formadora de nivel de bachillerato, en la que se ensayan métodos educativos innovadores, apoyados por Carlos Tünnermann, quien es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Naciones Unidas y del Club de Roma, subdirector de la Academia Nicaragüense de la Lengua y presidente del Centro Nicaragüense de Escritores. Ha sido secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ministro de Educación de Nicaragua, embajador de su país ante el gobierno de Estados Unidos y la OEA, miembro del consejo ejecutivo de la UNESCO y consejero especial de ese organismo para la educación superior en América Latina y el Caribe. Pero Solentiname es mucho más que un centro educativo.

Cardenal es sin duda un sacerdote peculiar. Ha sido un ideólogo formador de conciencias, ha sido un poeta que escribe poemas al amor y a "las muchachas", incluida Marilyn Monroe; ha sido un revolucionario combatiente, un educador…; con estos horrores encima no es extraño que en 1983, Juan Pablo II al visitar Nicaragua, frente a cámaras de televisión que transmitían a todo el mundo, amonestó e increpó severamente a Ernesto Cardenal, arrodillado ante él en la misma pista del aeropuerto, por propagar doctrinas apóstatas (según la fe católica) y formar parte del gobierno sandinista.

Al denunciar los hechos de Solentiname, el poeta dijo que los policías "jamás mostraron una orden de desalojo". Pese a "la persecución política no temo de nada ni de nadie y no dejaré de denunciar al mundo la dictadura que se vive en Nicaragua y la persecución política que estoy sufriendo por la familia de Daniel Ortega", dijo al preguntársele si temía por su vida.

Ante estos hechos, escritores y escritoras, miembros del Centro Nicaragüense de Escritores expresaron: “dejamos sentada nuestra protesta ante este atropello a la cultura de nuestro país. Esta acción responde a intereses políticos, que si bien por una parte dicen promover la paz y la reconciliación, por otra polarizan cada vez más la vida del país (…) en última instancia, la comunidad de Solentiname es la que pierde. Ernesto Cardenal se defiende solo; lo defiende su renombre, su quehacer magnífico en el que van de la mano creación y compromiso social. Demandamos del Instituto Nicaragüense de Cultura y del Instituto de Turismo que cumplan su mandato, y que sus personeros hagan ver al presidente Ortega y a su esposa, la escritora Rosario Murillo, el revés e impacto político negativo que puede tener su gestión a escala internacional por este nuevo atropello a la cultura. ‘Ahí está la paz’, dijo Julio Cortázar, divisando desde el aire a Solentiname ‘bajo un cielo dorado de atardecer’, ya superado su Apocalipsis sufrido en la época somocista, y feliz en su retorno a ese jardín ecológico donde animales y plantas son esculpidos por una comunidad de artistas y pintados por manos ingenuas que ahora recorren el mundo”.

Represión "progresista" contra el pueblo mapuche

Raúl Zibechi

El año 2009 puede pasar a la historia como el de la mayor ofensiva de un gobierno progresista contra un pueblo originario. El gobierno de Michelle Bachelet intenta frenar la recuperación de tierras del pueblo mapuche amedrentando a comunidades enteras con un estilo represivo que recuerda el terrorismo de Estado. En esta ofensiva, los niños mapuche son una de las principales víctimas de Carabineros y los Grupos de Operaciones Especiales que han militarizado la Araucanía.

Para quienes crean que mentar el terrorismo de Estado suena a exageración, vale la descripción de algunas operaciones represivas registradas por el Observatorio Ciudadano, ONG humanitaria situada en Temuco, en su trabajo Hechos de violencia imputables a Carabineros que han afectado a niños mapuche en la región de la Araucanía (2007-2009), que puede encontrarse en www.observatorio.cl

El informe relata 14 casos de violencia policial, varios colectivos, contra niños en comunidades mapuche. Llama la atención que la represión se dirige contra comunidades enteras, en supuesta respuesta a tomas de tierras, quemas de camiones y barricadas. El 5 de octubre, un niño de 14 años de la comunidad de Rofué fue herido con disparos de balines cuando Carabineros lo confundió con los comuneros que ocupaban el fundo Santa Lucía. "El niño intentó huir del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra por los efectivos policiales, que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de la comunidad llamada Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado (...) Una vez en vuelo fue botado al piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía".

El informe cita otro caso, sucedido el 16 de octubre contra la escuela de la emblemática comunidad de Temucuicui, mientras se realizaba una reunión de 80 comuneros con funcionarios estatales. “Sin aviso, y sin mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en una bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas, procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia la escuela desde una distancia de 200 metros. El operativo policial, que tuvo una duración de 30 a 40 minutos, dejó alrededor de 12 heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría niños.”

El 26 de octubre Gary Stahl, representante de Unicef en Chile, se refirió a estas violaciones con una frase que parece sacada de los peores tiempos de la dictadura de Pinochet: "Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una solución para que no vuelva a pasar en el futuro". Y agregó, respecto a la pasividad del gobierno, que "hasta el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado". Unicef exigió al gobierno que tome medidas para proteger a los niños mapuche.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, usando un argumento que también recuerda tiempos pasados, culpó a las víctimas al asegurar que los padres utilizan a los niños como "escudos" durante las tomas de tierras y otras acciones. La simpatía con los mapuche crece de sur a norte, y gana espacios como mostró la enorme manifestación del 12 de octubre en Santiago: 10 mil personas de varias etnias, incluyendo muchos no indígenas como la Garra Blanca, la popular hinchada de Colo Colo, participaron en una actividad de neto apoyo a la resistencia mapuche.

Esta nueva oleada de luchas está anclada en tres elementos. El primero es la cada vez más estrecha alianza entre el Estado chileno, independientemente de qué partido lo administre, con los empresarios forestales, salmoneros y mineros. Los primeros son capitales chilenos, en tanto los otros dos son trasnacionales, y son los más directamente implicados en el conflicto en la Araucanía, ya que los monocultivos de pino sepultan a las comunidades en un mar verde que las asfixia. Arauco, principal forestal chilena, se expande con plantaciones en el norte de Argentina y en Uruguay: en Misiones ya posee 10 por ciento de la superficie de la provincia y en Uruguay se ha convertido en el primer latifundista con 250 mil hectáreas, buscando zafar de un conflicto que le dificulta su reproducción.

En segundo lugar, la actual oleada de ocupaciones de tierras muestra cambios internos en el mundo mapuche. Está tallando una nueva generación de jóvenes universitarios que viven en albergues urbanos, aparece una amplia gama de medios de comunicación electrónicos de mapuche de las ciudades y del exterior, y se ha creado una organización: Alianza Territorial Mapuche, que agrupa de 60 a 120 comunidades.

Por último, los mecanismos estatales de contención están siendo desbordados. Cada vez que arrecian las tomas, el gobierno incrementa los fondos para tierras que se entregan a ciertas comunidades, no a todas las que necesitan, generando división y debilitando las luchas. La represión masiva parece una señal de desesperación de los mandos de Carabineros, mientras la aplicación de la legislación antiterrorista a las luchas sociales tiene cada vez mayor costo político para el Estado.

La amplia solidaridad de sectores populares y de izquierda urbanos con la lucha mapuche es uno de los datos más auspiciosos, toda vez que la criminalización de ese pueblo sólo es posible si se le consigue mantener aislado. El nuevo gobierno chileno que surja de las elecciones de diciembre encontrará un pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando por la autodeterminación, rodeado de creciente solidaridad.

El mayor asesino de Acteal se llama Ernesto Zedillo

Jaime Avilés

Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.

No lo olvidemos: la noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia, inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.

Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.

Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha–, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su nueva imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.

El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta creada, insisto, por ellos mismos.

La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.

Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para evitar nuevos brotes de violencia.

Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994. Pero, al autorizarla, Zedillo cometió un crimen de lesa humanidad por el que algún día, ojalá no muy remoto, será juzgado y condenado. Su delito, como se sabe, es imprescriptible, y cuando en México se restaure la justicia tendrá que responder, no sólo por Acteal sino también por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, cuyo gobierno instrumentó para alcanzar objetivos de corto plazo, entre otros, por ejemplo, justificar devaluaciones temporales del peso. Sólo una bestia como él –a la que según sus propias declaraciones nunca le ha dolido la cabeza– pudo haberle causado a México tantos daños económicos y sociales y, no obstante, conservar el cinismo que le permite pasearse por el mundo como el padre de la transición democrática mexicana... merced a la cual nos dejó entre las pezuñas de un burro como Vicente Fox.

Pero por lo pronto, seamos objetivos, Zedillo y sus cómplices aplazaron por algún tiempo más el juicio que no podrán eludir indefinidamente. Se anotaron, hay que reconocerlo, una pequeña victoria, junto con los sepultureros de la historiografía, que en 2006 desenterraron los cadáveres de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los hombres asesinados en Acteal, y de los fetos que fueron sacados del vientre materno a machetazos, para acusarlos de delitos nefandos. Que la patria los cubra de laureles y de euros.

Gracias a las momias de la Suprema Corte, el futuro de México está en manos de los paramilitares, esos nuevos actores políticos que, inspirado en la experiencia colombiana, Enrique Peña Nieto planea utilizar, si llega a Los Pinos, como agentes pacificadores en contra del descontento popular y, supuestamente, el narcotráfico. No por nada, las relaciones entre la ultraderecha prianista y el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe están más sólidas que nunca.

Anteayer, en Bogotá, Calderón olvidó que preside el Grupo de Río y que debe fomentar las buenas relaciones diplomáticas entre los países de América Latina, y delante de Uribe se manifestó en favor de las siete bases militares que Estados Unidos planea modernizar en territorio colombiano, como parte de una eventual guerra contra Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con ese gesto de adhesión a Uribe, Calderón lanzó una bofetada a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles.

Lo bueno es, sin embargo, que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se enteró de la excarcelación de los asesinos de Acteal, o de las nuevas formas de represión made in Colombia que se fraguan, y de ningún otro asunto, trascendente o no, porque México, sí, ¡México, nuestro querido México!, le ganó 2-1 a Estados Unidos y eso es lo único que cuenta y por lo cual merece la pena vivir borrachos de gloria hasta que termine el campeonato mundial de Sudáfrica.

La victoria de México, ¡de todo México!, sobre el equipo de Estados Unidos es mil veces más importante que el anuncio, hecho el martes por Agustín Carstens, cuando dijo que en 2010 el país dejará de captar 316 mil millones de pesos por concepto de venta de petróleo y, por lo tanto, el gobierno recortará todos los programas sociales, no fomentará las actividades productivas, no construirá la nueva refinería (pero seguirá importando gasolina y cobrando comisiones por ello), despedirá a más burócratas y aplicará IVA a alimentos y medicinas, pero no rebajará los sueldos de ninguno de los altos funcionarios, ni disminuirá sus privilegios, ni pronunciará la palabra austeridad.

Al contrario, subirán todos los precios, se perderán cientos de miles de empleos, se recrudecerá la inseguridad y se multiplicarán las fuerzas represivas, pero sólo pensaremos en una cosa mágica, fascinante y extraordinaria: el futbol. Y cuando México, ¡sí, todo México!, tenga su boleto para irse a Sudáfrica, Televisa se encargará de mantenernos extasiados y anestesiados, incluso cuando no nos quede otro remedio que ir al Monte a empeñar la televisión. ¡Ah, qué maravillosos días se avecinan!

Por lo pronto, hay que ir al cine a ver Corazón del tiempo, la película que durante años y con enormes sacrificios escribieron Hermann Bellinghausen y Alberto Cortés, antes de filmarla en la selva Lacandona, con los miembros de una comunidad zapatista que relatan su propia vida, entretejida con la historia de amor entre una mujer que se quiere casar con un soldado del EZLN, pero tiene en contra la opinión de su familia. Un proyecto cinematográfico admirable, que desde su gestación contó con la simpatía y el apoyo de Robert Redford.

jamastu@gmail.com

El rayo que no cesa

Silvia Ribeiro*

José Antonio Dorantes, luchador social de la Huasteca potosina, miembro de La Otra Campaña, fue detenido el pasado 12 de junio. Su delito: trabajar largos años junto a las comunidades indígenas del área, como Chimalaco, para recuperar las tierras que aunque son de ellos y reconocidas como tales por las instancias agrarias oficiales, son invadidas por los terratenientes locales. Para éstos, la ley sirve cuando se acomoda a sus intereses (que es casi siempre); cuando no, andan armados y comprando los favores de las policías locales. En el caso de Chimalaco, la comunidad se organizó y recuperó parte de sus tierras.

A José Antonio, igual que a muchos otros indígenas y campesinos en México, le fabricaron un delito. Según la policía, participó en un “motín” ocurrido en el año 2000 en el municipio de Axtla, San Luis Potosí. En esa ocasión, un autobús atropelló y mató a una niña. La población del lugar, indignada, tomó la unidad y retuvo al conductor. Un año más tarde acusaron a José Antonio de “motín”, aunque él ni siquiera estaba en el estado durante la acción: se encontraba a muchas horas de allí, en la ciudad de Querétaro.

Parece de la época feudal, pero es apenas una gota de agua en el mar de represión contra las luchas de indígenas y campesinos por sus tierras, por la defensa y el uso comunitario y justo de sus territorios y recursos en el México actual. Por todo el país hay cientos de presos políticos, además de otros tantos desaparecidos y muertos. La mayoría son campesinos e indígenas, pero también pobladores urbanos organizados a muchos de los cuales se les fabrican delitos que nunca cometieron, por denunciar y oponerse al despojo de sus derechos, territorios y recursos.

Los motivos reales para la represión van desde abrir paso a la construcción de autopistas para favorecer a grandes operadores turísticos y comerciales –por ello siguen presos, también bajo cargos falsos, siete tzeltales de San Sebastián Bachajón, Chiapas– a la invasión de mineras extranjeras en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y Chiapas, pasando por los atropellos a las comunidades y ejidos para instalar enormes represas que nunca los beneficiarán como en Guerrero y Jalisco, por los impactos de la urbanización salvaje que invade tierras, seca y contamina el agua de las comunidades, por la instalación de grandes basureros e incineradores tóxicos y contaminantes, por facilitar a especuladores inmobiliarios, por otorgar impunidad a la producción sucia de las empresas trasnacionales con su herencia de contaminación fatal de aire, suelos y agua de las comunidades y barrios a las orillas de las grandes ciudades. Hasta el maíz, corazón de los pueblos, pretenden contaminar legalmente con transgénicos para dar gusto a las trasnacionales. ¿Sufrirán también represión violenta los que resisten este nuevo ataque?

Los territorios y recursos de los pueblos indígenas y campesinos siguen siendo un botín a conquistar a sangre y fuego. Siguen presas las víctimas e impunes los crímenes oficiales contra los luchadores sociales que pelean por sus territorios y sus derechos –los de hace décadas y los de ahora, como el ataque a San Salvador Atenco y las masacres cometidas en Oaxaca.

Con este telón de fondo, se reúne el 20 y 21 de junio el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma, precedido de un encuentro nacional convocado por la red nacional contra la represión y por la solidaridad y organizaciones y colectivos de la Otra Campaña. Significativamente, la sede será el caracol zapatista “Torbellino de nuestras palabras”, en Morelia, Chiapas, un ejemplo de resistencia y construcción autónoma, una forma cotidiana de hacer historia y mantener viva la memoria.

Participarán en el encuentro organizaciones e individuos de muchos países de las Américas –incluidos indígenas amazónicos y delegados del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que han sufrido los ataques y la criminalización a sus movimientos sociales–así como participantes solidarios de otros continentes. Convocan a un ejercicio de reconstrucción y cuidado de la memoria colectiva, donde la resistencia al olvido de los crímenes del pasado se encontrará en “diálogo intergeneracional que sirva para denunciar, informar y analizar la realidad actual”. Ante la desidia y arbitrariedad de la “justicia oficial”, los convocantes proponen la creación de un Tribunal Autónomo Continental, donde los pueblos sean quienes juzguen los crímenes que todo el tiempo se renuevan. Ni José Antonio ni muchos otros que sufren represión están solos.

*Integrante del Grupo ETC

Represión a la Normal de Tenería

Dentro de la línea que trazó Elba Esther Gordillo de desparecer las Normales Rurales el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó hostigar y reprimir a los normalistas rurales de Tenería Estado de México.

El pasado 14 de septiembre a las 5 de la tarde, un helicóptero estatal sobrevoló durante 7 minutos el plantel escolar provocando y grabando a los normalistas.

Posteriormente una persona de la comunidad de Tecomatlán informó de la presencia de granaderos en Tenancingo quienes se situaron en una cantidad de 400 se colocaron en formación de ataque a 100 metros del portón principal de la Normal.

Esto fue acompañado de más sobrevuelos del helicóptero.

A las 8:40 de la noche una campesina sorprendió a los granaderos subiéndose a los postes de luz para cortar el suministro eléctrico.

Ante estos acontecimientos exigimos el cese a la represión y responsabilizamos por cualquier agresión al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Normalistas de Tenería

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