Judith Amador Tello
Además del Derecho a la Cultura y las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en beneficio del cine y del teatro, respectivamente, la actriz María Rojo presentó en noviembre una iniciativa que ya está en el Senado para su discusión: la del apoyo para que artistas y gestores culturales tengan acceso a la seguridad social. Ella y su asesor, Federico Urtaza, explican a Proceso su sentido y alcances, pero a su vez el productor, director teatral y dramaturgo Arturo Sastré Blanco observa, entre otras, una limitación: que el fideicomiso que administre los fondos sea ejecutado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
MÉXICO, D.F., 5 de abril (Proceso).- La iniciativa de ley para incorporar a los artistas, creadores y promotores culturales al régimen del Seguro Social, revela no sólo la precariedad y desamparo en los que labora la inmensa mayoría de los hacedores de la “riqueza cultural del país”: desnuda también a las empresas e instituciones que les dan trabajo sin garantía de sus derechos laborales.
Propuesta por la senadora María Rojo, presidenta de la Comisión de Cultura, quien la presentó el 30 de noviembre de 2010, la Iniciativa con proyecto de decreto de ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores a la Seguridad Social, se encuentra ahora en el Senado para su evaluación, en manos de las comisiones de Seguridad Social y de Puntos Constitucionales, presididas respectivamente por la panista Minerva Hernández Ramos y el priista Pedro Joaquín Coldwell.
Tras comentar que sus iniciativas (como la reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para estimular la producción de cine, y 226 bis en apoyo al teatro, y el llamado Derecho a la Cultura) han sido aprobadas por unanimidad, la también actriz muestra confianza en que este proyecto siga un buen curso, pues es justo para los trabajadores de la cultura, pero igualmente porque fue bien acogida por los artistas y los propios legisladores.
Al presentarla ante el pleno del Senado de la República iba ya suscrita por todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al cual pertenece Rojo; la senadora Beatriz Zavala Peniche, de Acción Nacional; los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Arroyo Vieyra, del Revolucionario Institucional; Ricardo Monreal y Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Javier Orozco Gómez, del Verde Ecologista; y Dante Delgado, de Convergencia.
Rojo considera, de hecho, que la incorporación de los creadores a la seguridad social debería hacerse por decreto del presidente. Y así como éste propuso la exención de impuestos del pago de colegiaturas, cuestiona:
“¡Oigan! ¿Y la salud de los creadores? Además, ¿de qué va a vivir este país cuando ya no haya petróleo ni nada? ¡De la cultura!”, dice al tiempo que muestra su indignación por el destino de varias luminarias de la actuación que han terminado sus días en las peores condiciones:
“Pregunten dónde murió la señora Estela Inda, quien hizo Los olvidados (de Luis Buñuel). Porque tenía un amigo en Televisa la salvaron, pero estaba en el Hospital General, dónde murió El Chicote (Armando Soto La Marina).”
Podría decirse que “no todo lo que brilla es oro” en estos casos, donde se identifica a los actores, especialmente del mundo del espectáculo, con el glamur y el oropel. Pero por doquiera se “cuecen habas”, y Rojo aclara que no todos los escritores “son Carlos Fuentes” (de quien no espera quiera inscribirse al Instituto Mexicano del Seguro Social), y enumera los casos de las cantantes Amparo Ochoa y Rita Guerrero, y del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, quienes pudieron llevar sus costosos tratamientos médicos gracias a la solidaridad de sus gremios o a la aprobación de algunos funcionarios públicos para destinarles recursos. Igual sucedió con la escritora Elena Garro.
La lista es interminable. Pero no sólo se trata de quienes han enfermado y terminado sus días en el desamparo, sino de aquellos que sufren alguna lesión o accidente al realizar su trabajo artístico y no pueden acudir a una consulta médica general o de especialidad, no tienen para pagar medicinas y no reciben el pago de una incapacidad.
Ni de aquí ni de allá
El productor, director teatral y dramaturgo Arturo Sastré Blanco, director del Diplomado Arts and Marketing, califica las condiciones laborales de los artistas como complejas e inestables. A veces son patrones, otras profesionistas, empleados y hasta obreros en una producción. No tienen patrón, seguridad social ni certeza laboral pues generalmente desconocen cuándo comienza y termina su trabajo, debido a que depende del éxito en cartelera, de cuántas obras se realicen y hasta de la decisión de un funcionario de programarlas o no.
Sólo por padecer estas condiciones laborales, que no permiten siquiera “enfermarnos con tranquilidad”, pese a que “aportamos muchísimas cosas a la sociedad en una moneda que no es vista” justificaría, a decir suyo, obtener la exención del pago del Seguro Social obligatorio: “Nada más por eso, por cuanto generamos de impuestos, por cuanto no cobramos, por cuanto aportamos a la sociedad, ya sería suficiente para merecer el privilegio.”
Sastré es uno de los actores que acompañaron a María Rojo en la presentación de la iniciativa ante el pleno del Senado. Mediante ésta se creará un fideicomiso público para administrar un fondo generado con recursos federales, a los cuales se sumarán las aportaciones de aquellos creadores, artistas y gestores que voluntariamente se incorporen al IMSS.
El fideicomiso será administrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que creará un registro nacional de los trabajadores independientes y eventuales sujetos de esta ley. Dado que el Fideicomiso no contará con una estructura, su ejecución y operación se apoyará en el Conaculta. Esto le parece cuestionable a Sastré Blanco:
“Conaculta empieza a convertirse en un monopolizador de la oferta cultural, eso es peligrosísimo en tanto los contenidos. O sea, los contenidos están, precisamente, contenidos por becas, están contenidos por trabajo, están contenidos porque si no de qué vivo, estudié para esto entonces jamás voy a manifestarme artísticamente de una manera que pueda ofender a mi patrón. Y si no es mi patrón, es mi financiero; y si no es mi financiero, es el que me renta el lugar donde voy a trabajar.
“Por ese lado es ¡peligrosísimo! Pero lo que está provocando es que convierten al Conaculta en patrón y el patrón se está haciendo pendejo. ¡Qué a toda madre! Te pago como si trabajaras para mí, pero no trabajas para mí, y también te voy a pagar tu seguridad social. Entones te van a tener agarrado de los dos lados. Me parece gravísimo, lo mejor es que se olviden de esa idea, porque están ocultando su verdadera función de patrones.”
En opinión de Sastré los tres niveles de gobierno son empleadores de artistas. Desde el Conaculta hasta el Instituto Nacional de Bellas Artes o agrupaciones como la Compañía Nacional de Teatro, que sin embargo “no genera un peso de seguridad social”, porque en la realidad opera con un esquema de becas donde un “trabajador se compromete durante dos años”.
Pueden mencionarse aquí las casas de cultura y otros espacios culturales incluyendo los propios teatros del IMSS, que no contratan a los trabajadores, sino que operan con un esquema de comodato. Otras fuentes de trabajo vienen de las grandes industrias culturales como la televisión, con las cadenas Televisa y TV Azteca, de las cuales no se sabe con certeza cuántos actores son de honorarios y cuántos tienen contrato de exclusividad.
En youtube se puede ver un video donde el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, cuestionado por el conductor Carlos Loret de Mola acerca de los supuestos privilegios de los trabajadores del gremio, le revira que ojalá pudiera hacer un reportaje de las condiciones laborales de los trabajadores de honorarios en Televisa, pues los despiden “a la hora que quieren”.
El conductor contestó sonriendo: “Nada más que olvida usted un pequeñísimo detalle: que es una empresa privada”, lo cual provocó la burla de los cibernautas, quienes escribieron, entre otras cosas, que la Ley Federal del Trabajo es para empresas públicas y privadas.
El caso de la industria editorial, la cinematográfica, la musical y la de los espectáculos escénicos, entre otras, es similar. Ellos sí tienen activos, indica Sastré, a diferencia de los creadores que sólo producen un título. Un cineasta hace una película, mientras la cadena de cine cuenta entre sus activos con una lista de títulos, las instalaciones, las butacas y hasta las palomitas.
La industria editorial, lo mismo, y no se diga el ámbito teatral, donde hasta la escenografía y el vestuario se vuelven basura en cuanto termina una temporada, y aunque haya en la sala tres personas como público el conjunto de actores debe salir a actuar con el montaje completo.
Acerca de la operación del Fideicomiso por parte del Conaculta, cuando incluso el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y el Sistema Nacional de Creadores (SNC) han sido cuestionados como “sistemas clientelares” por muchos creadores, Rojo argumenta:
“Nada más que no tengo de otra. A mí también me dicen: ‘¿Por qué no hiciste algo con el 226 para que no entrara Televisa? Ahora le va rebién, mete al cine, lo deduce y el cine acaba viéndose en la televisión, o sea fue un negocio para Televisa’. Pero cómo me subo a la tribuna a decir: bueno, es para todos menos para Televisa. Eso no puede ser en una legisladora, uno tiene que hacer las leyes para todos, más cuando se trata de una ley para grupos vulnerables, pero no es el caso. No puedo saltarme al Conaculta.”
Redondea que tanto el propósito de esta iniciativa como de las relacionadas con el 226 del ISR es abrir puertas a la cultura, pero las reglas deben venir del Conaculta y “estemos pendientes de que las cumpla”.
Aún no se tiene determinada la cifra con la cual se creará el fondo semilla para el fideicomiso. Pues a decir de Federico Urtaza, asesor de María Rojo en el Senado, y quien colaboró en la redacción de la iniciativa, es necesario tener idea de quiénes estarán en posibilidad de acogerse al IMSS y el primer paso será el registro de artistas, creadores y gestores culturales.
Reforma laboral
Rojo confía en que el proyecto será aprobado porque considera que el futuro de México está en su riqueza cultural, y “la prueba es que desde que se dio impulso al cine no pasan dos meses sin que traigamos un premio, y más de los jóvenes. Entonces, ¿por qué no apostarle a la cultura? Inclusive para salir adelante, para salir de la violencia... Si hiciéramos una escuela de cine en Iztapalapa, donde pudieran filmar videos que puedan competir hasta por el Oscar... dale una cámara a los jóvenes que no tienen qué hacer y a lo mejor no serían sicarios. ¿Por qué no apostarle a eso?”.
El único obstáculo que, piensa, pudiera enfrentar, es la idea de que el gobierno federal debe aportar una cantidad para conseguir este régimen especial, en momentos en que jurídicamente se está pidiendo la extinción de regímenes especiales, “pero no puedes contar con que toda la gente es igual en un país de tantas desigualdades”.
Por eso, subraya, tiene que ser algo especial y debe venir del Conaculta hacia los creadores, “porque está faltando la aportación del patrón. Una vez es Televisa, una es TV Azteca, trabajamos para el Seguro Social, a veces hacemos obras, y luego al final de cuentas nunca tenemos nada”.
Para Sastré es claro que quien contrata, “aunque sea por honorarios”, tiene una responsabilidad hacia el trabajador. “O qué, ¿le vamos a hacer el juego a la idea de lo intangible, para no llamarle por su nombre?”, dice al enfatizar que los creadores se formaron para esto, de eso viven, se les debe pagar pues viven de su dinero, y no sería justo que además de conseguir poquitas “chambas” se les niegue la seguridad social.
Y tras destacar que la iniciativa de Rojo se debe apoyar y aprobar en las Comisiones, propone también ir más allá y mejorar las condiciones del trabajo cultural. Especialmente al amparo de la reforma que eleva a rango constitucional el llamado Derecho a la Cultura, garantizando el derecho al trabajo cultural.
Considera al proyecto como una oportunidad para revisar el sistema de trabajo desde el punto de vista laboral y de bienestar social para los artistas, pero también para comenzar a hacer cuestionamientos acerca de por qué sólo el gobierno construye teatros, cuál es la “canasta cultural” del mexicano, cuántas veces al año puede leer un libro, asistir a un concierto o a una función de danza o teatro:
“Todo está en desorden y la iniciativa puede ser un detonante. Tenemos 50 años egresando bailarines, actores, del INBA y de la UNAM, y no tenemos instrumentos de inteligencia que observen la realidad cultural en relación con la fuerza de trabajo. Calculamos 60 mil actores en el país ¿de qué viven? Otros 60 mil alumnos estudiando arte, se calcula un número similar de músicos, ¿dónde van a trabajar? Es la gran pregunta: ¿Quién va a querer seguir estudiando artes en un mercado de trabajo que se define como trabajo precario? Evidentemente nadie quiere que sus hijos se dediquen a esto porque las probabilidades de frustración profesional son mucho mayores.”
La gran pregunta, abunda, es cómo organizar mejor la situación laboral de los artistas si no tienen una personalidad jurídica bien definida. Considera que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene cada vez más limitado su actuar con la gente que trabaja en la televisión, y no tiene efectos en los estados. La Sociedad General de Escritores de México “protege la obra, pero no al autor”, por tanto este tipo de agrupaciones “son insuficientes”.
Y añade otro factor, al cual considera de vital importancia:
“La ineficiencia del sistema de los teatros del IMSS. El instituto tiene 38 teatros cerrados y 41 teatros abiertos. Si es cierto que según el Atlas Cultural tenemos 544 teatros, el Seguro Social prácticamente tiene el 8 o 7% de la infraestructura cultural del país, entonces yo empezaría por relacionar la capacidad para crear proyectos productivos dentro de estos teatros, generando primero trabajo y, por tanto, derechohabientes.”
El director teatral plantea que los creadores tienen jurídicamente la opción de constituir sociedades de solidaridad social, de acuerdo con la ley del mismo nombre. Eso les permitiría ser sujetos de créditos, estímulos, franquicias o subsidios, y a la vez pactar con el Seguro Social un régimen distinto.
Su propuesta abarca diversos puntos: arreglar el sistema de teatros del Seguro Social en un programa “que sí trabaje y sí funcione”; solucionar la personalidad jurídica de las organizaciones culturales y artísticas; disminuir las tasas impositivas de los espectáculos en vivo, “porque no hay empresa que soporte la carga impositiva de un espectáculo público”, y diferenciarlos del teatral.
Detalla en este sentido que de un boleto de, por ejemplo 200 pesos, se deben pagar 8% del ISR (incluye 2% para el municipio, 2% a la entidad, y 4% a la federación); luego 15% de IVA, 30% de butacas en renta, 10% de autores, que suman más de cien pesos. Con el resto deben pagar actores, producción y considerar que ese restante 50% se invierte, y sólo el 50% debe considerarse ganancia.
Además, el poco mercado del consumo cultural está muy competido porque, indica, hay 150 estrenos al año, más los conciertos de las sinfónicas, los deportes, el paseo por los centros comerciales y otro tipo de distracciones. Sin considerar que entre los teatros y los lugares donde la gente habita puede haber hasta cuatro horas de “tiempo muerto” empleado para el traslado, lo cual hace que la televisión sea la industria que más público tenga.
Lo mejor, a decir suyo, es que organizados en sociedades culturales los artistas negociaran con el Seguro Social, así como con la Secretaría de Hacienda, el pago de impuestos, como ya lo hacen los artistas plásticos con el llamado pago en especie mediante alguna función en un festival. Pero insiste en no dejar al Conaculta la administración del Fideicomiso.
“Cada vez estamos peor con sus administrativos, no dan pie con bola... Son una bola de improvisados, sin un proyecto. Sentarse en una silla y seguir haciendo lo que hacía el otro no tiene ningún mérito.”
Finalmente, reflexiona acerca de si realmente lo mejor es la incorporación al Seguro Social pues ve como otra opción que si la fuente de riqueza es propiedad de los gobiernos en sus tres niveles, y al provenir sus fondos de los programas de gobierno, quienes trabajen en los recintos oficiales sean considerados trabajadores del Estado y entonces se incorporen al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
