La corrupción

SABINA BERMAN

8 DE FEBRERO DE 2012

1.La corrupción existe en México. Hay que afirmarlo, así parezca candoroso, porque de forma interesada los que tienen la voz pública, los políticos, quieren convencernos que es un tema menor o subsidiario. “Parte de una guerra sucia con fines electorales”, dice el presidente del PRI esta semana, cuando un funcionario de un gobierno priista fue capturado con 25 millones de pesos en efectivo. Parte de una voluntad envenenada de populistas de izquierda, dicen los panistas, cuando la gente se indigna ante el costo desorbitado de la Estela de Luz.

2. Y es que la corrupción no empezó a erradicarse en el año 2000, cuando se inauguró la alternancia en México, como fabulan los políticos. Lo demuestran los últimos escándalos donde se han develado casos particulares, con montos extraordinarios de malversación de dinero público. Lo demostrarán los siguientes casos que el gobierno federal panista develará en esta guerra por la Presidencia.

Habría que preguntarles a los panistas: si ahora develan estos casos, ¿por qué ayer no?

3. Todos los mexicanos somos corruptos, supone uno de los mitos que nos paralizan en su erradicación. Octavio Paz pensó en el siglo pasado que la enfermedad nos venía de antiguo, lo que es cierto, y que los mexicanos la condonamos en otros porque la compartimos, lo que ha dejado de ser cierto. En realidad, la mayor parte de los mexicanos no podemos ser corruptos.

Aquellos que no trabajamos en el gobierno o en el crimen organizado, estamos sujetos a la rendición de cuentas de la empresa privada. Ninguna organización productiva podría subsistir con el saqueo sistemático que padece el gobierno. Ninguna organización laboral fuera del gobierno disculparía desfalcos de sus empleados.

4. A propósito: ¿dónde está la ganancia billonaria de Pemex de este último sexenio? El senador Manlio Fabio Beltrones suele aseverar que nunca en nuestra historia ha habido una ganancia mayor en Pemex, y suele luego afirmar que este gobierno debe dar cuenta de ella. Sorprende que lo declare en la prensa y no lleve el tema al Senado, donde tendría consecuencias legales.

5. Lo cierto es que sólo en nuestros tratos con el gobierno o el crimen los ciudadanos podemos, o estamos obligados, a transar. El Estado sigue siendo “el gran corruptor”. La expresión es del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que conoció desde adentro los engranajes del sistema político.

6. La corrupción es excepcional y su monto, sumados todos los casos particulares, es despreciable. Este es otro mito que rodea a la corrupción y que nos cuentan también los políticos. En general, los ciudadanos suponemos lo contrario, la corrupción en el gobierno es la norma, su monto tiene consecuencias para la economía del país y lo que es excepcional es su develación.

Como la corrupción es encubierta, no hay números que la cifren y decidan qué percepción es más justa. Pero cada que el sistema político elige a un corrupto para exhibirlo y para que sea destrozado por la indignación ciudadana, atisbamos, como por una puerta entreabierta, los tamaños de los hurtos.

Humberto Moreira tomó parte o todo el monto de 33 mil millones de pesos del erario de Coahuila. De la Estela de Luz no son explicables 375 millones de pesos, según el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. Según los abogados de su exesposa, el gobernador Arturo Montiel se enriqueció durante su mandato en el Estado de México con 600 millones de dólares.

7. El sistema político elige a corruptos para expulsarlos de su seno, no por razones legales o morales, sino siempre políticas, y luego no los juzga. Los señores del poder político, abren la puerta para expulsar a uno de ellos y mirar con regocijo cómo la opinión pública lo despedaza. Y luego lo que sigue es nada. Nada. Nada. No hay juicios donde el expulsado pueda limpiar su fama o ser condenado y castigado.

No es casual: la Justicia es el engranaje mayor que falta para que nuestro sistema político no sea corrupto.

8. La corrupción persiste hoy oculta bajo métodos sofisticadísimos. En su excelente libro, Los ricos del gobierno, recién editado, Luis Pazos describe parte del arsenal que hoy emplean los funcionarios para hurtar y traficar influencias. Me detengo en uno. La creación de empresas ficticias. Agrego tres más. La inflación de los precios de los terrenos donde los funcionarios deciden construir obra pública. La inflación de los costos de esas construcciones. La complicidad de funcionarios de todos los órdenes de gobierno con los supuestos interventores de la Secretaría de Hacienda.

9. Pero el costo al país de la corrupción es más que pecuniario, para empezar implica la distorsión de las decisiones de gobierno. Se decide lo que conviene al que decide, no a los muchos. Se vende el futuro del bien común en aras del bien de uno o unos cuantos. Reflexiónese sobre lo que ha costado a una generación de niños la ausencia de un proyecto educativo, dada la paralización del sector por un sindicato de maestros que pone y descarta secretarios de Educación. Reflexiónese otra vez sobre ese superávit petrolero. Tómese usted tres tequilas y siga reflexionando.

10. Para seguir, la corrupción tiene un costo al orden moral. Textualmente, la corrupción desmoraliza a la sociedad. Difumina los límites del bien y el mal. Vuelve a la ley negociable. Emborrona cualquier mérito o valor. La corrupción es una neblina moral que envenena la convivencia y abre la opción del reino de la ley del más fuerte.

El crimen que asuela al país no es sino el reclamo de otras clases, aparte de la clase política, de saquear lo ajeno y traficar con lo prohibido.

11. En todas partes del planeta hay corrupción, relata otro mito narrado para nuestro consuelo. Obligatoriamente lo cuentan quienes no han vivido en otras partes del planeta. La realidad es que una corrupción endémica, como la nuestra, solo ocurre en países no desarrollados. En países no desarrollados sí que sucede lo que en el nuestro. La corrupción impide la disolución de los monopolios, mantenidos a base de sobornos y extorsiones al gobierno. Impide los proyectos de educación verídicamente ambiciosos. Impide la inversión extranjera, ahuyentada por la falta de normatividad clara.

Vasos comunicantes, la corrupción y el no desarrollo suelen convivir.

12. En el tema de la corrupción, los políticos entre sí juegan damas chinas. Enrique Peña, candidato del PRI a la Presidencia, abraza a Mario Marín, exgobernador señalado por la prensa como corruptor sexual de menores y protector de traficantes de niñas para uso sexual, y a la semana lo palomea para ocupar una senaduría, por vía automática, sin el trámite de una votación pública, y donde gozará de fuero. Si se lo permite, es porque la infamia del acto se equilibra por otros actos infames de otros políticos. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, candidato de las Izquierdas, palomea esa misma semana a René Bejarano, asimismo exhibido por la prensa como ladrón de ligas y portafolios con dinero ajeno, para otra senaduría plurinominal, donde igual será amparado por el fuero.

13. Los ciudadanos queremos una democracia digna y con porvenir. Acaso por ello rehuimos las historias de pillos de cuello blanco y nos disponemos a escuchar, en la liza por la Presidencia, debates sobre ideas constructivas para el país. Nos engañamos sin embargo si ponemos el odioso, el sucio, el maloliente tema de la corrupción en una esquina de nuestra conciencia, y permitimos que los políticos lo omitan de la conversación democrática.

Ahí está esa suciedad, esa neblina moral, ese viejo perro cojo, con los colmillos igual de mordelones que hace un siglo. No exigir a los políticos que respondan sobre su parte en la corrupción, implica aceptar que nos merecemos seguir otro siglo sometidos a ella.

Mexicana de aviación… y la actitud deleznable del gobierno

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Por qué si hay inversionistas, dinero y plan de negocios para Mexicana de Aviación, el gobierno federal se niega a darle una salida al conflicto que él mismo creó? ¿Qué intereses económicos y deudas políticas puede haber, que la vergonzante administración de Felipe Calderón rechaza una y otra vez, presiona una y otra vez, a quienes pretender echar al vuelo la aerolínea?

Más de 8 mil trabajadores fueron echados a la calle sin justificación ética o legal válida. Si Gastón Azcárraga, a quien el gobierno favoreció, quebró una línea área con más de 60 años de antigüedad, ¿por qué no la requisó, como sucede en otros países?

Porque quebrar a Mexicana de Aviación no sólo significaba echar a la calle a 8 mil empleados, también había convenios firmados con Estados Unidos y Canadá, donde los permisos para aterrizar y utilizar los slots o rutas estaban dados a la aerolínea.

Además hay dos concesiones para usar el espacio aéreo, un boletaje que se fue literalmente a los cielos, un fraude al fisco, un incumplimiento para crear un fondo de los trabajadores y una evasión del ISR (impuesto sobre la renta).

Pero así como hay grandes afectaciones por la eliminación de Mexicana, hay grandes beneficios. Por ejemplo, el boletaje de Interjet casi se duplicó, Volaris se elevó en una tercera parte y Aeroméxico también creció.

¿Cómo se benefició Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Velasco? Pues quedándose con más de 24 rutas que tenía Mexicana.

¿Y Aeroméxico? Aquí solo basta ver que la eliminación de Mexicana puede ser un pago a José Luis Barraza, quien en 2006 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel organismo que mantuvo una campaña y spots en radio y televisión a favor de mantener las misma políticas, porque cambiarlas significaría un retroceso; aquel que sin decirlo explícitamente llamaba a votar por Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy Barraza forma parte de los funcionarios de Aeroméxico, otra aerolínea que desea quedarse con algunas de las rutas de Mexicana.

Y Volaris, aunque menos beneficiada, ha podido aprovechar los “vacíos” que dejó la aerolínea.

Mientras tanto, el gobierno ha caído en el absurdo de querer cobrar a los nuevos inversionistas los impuestos que se deben y por los cuales un juez, de manera sorprendente, se negó a otorgar la orden de aprehensión bajo el argumento de que hay “incertidumbre, pues no se sabe quién cometió el delito (de evasión)”.

Varios inversionistas han aceptado pagar los millonarios impuestos que Gastón Azcárraga dejó de entregar al fisco, sin embargo el gobierno se sigue negando, y es que seguramente, desde su óptica, tiene más valor dejarle las rutas a Interjet o Aeroméxico que echar a andar a Mexicana.

Ya lo dijo el juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana: “La actitud del gobierno ha sido deleznable”. Y sí, porque poco le ha importado todo el trabajo perdido, el robo al gobierno, la impunidad con que actúan algunos empresarios, la falta de ética y el cochinero con que se manejan lo servidores públicos de la dirección de aeronáutica, quienes no han exigido el cumplimiento de la ley al crear empresas fantasmas como la llamada Tenedora K, a la que irrisoriamente se le vendieron en mil pesos las acciones de Mexicana.

Y para que no olvidemos el modo sucio de trabajar de algunos banqueros, no se puede dejar de lado la acción de Banorte, que sin autorización –o quizá sí– del gobierno federal tomó 18 mil millones de pesos que Mexicana tenía en un banco de Estados Unidos.

Sin duda, la defensa y resistencia de los trabajadores de Mexicana es digna de reconocimiento, como lo es decir, con todas sus letras, que el gobierno de Calderón ha actuado a la mala, suciamente, traicioneramente, igual que lo hace el crimen organizado: presionando.

La inmoralidad política del gobierno, la falta de acción contundente de dirigentes políticos para exigir limpieza en el proceso o la defensa de los trabajadores es igual de vergonzosa, sin embargo, hay que decirlo, en los últimos 15 días un grupo de legisladores ha participado activamente, se ha documentado y ha podido hacer que esto avance.

Pero de nuevo, cuando el caso avanza, empiezan las presiones. No es raro que los nuevos inversionistas pidan el anonimato. No quieren ser presionados por el fisco, por el gobierno. No quieren ser amenazados. Y el trabajo limpio y consistente que ha realizado el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, ha podido protegerlos de ello.

Aunque el gobierno puede seguir intentando aplastar a cualquier inversionista que pretenda rescatar a Mexicana, no hay que olvidar que el plazo para declarar la quiebra vence el próximo viernes 10. El juez puede obligarlo a que ello no ocurra, siempre y cuando deje en claro que solo él puede demandar el regreso de las rutas a Mexicana.

Y si el gobierno no lo hace, sólo el juez puede acusarlos de desacato. Después de ello vendrían acusaciones penales, administrativas y políticas contra los funcionarios de Felipe Calderón.

Si el juez se mantiene como hasta ahora, es posible que Mexicana vuelva a volar; que pilotos, sobrecargos y empleados de tierra recuperen sus empleos; que el mercado se nivele, y que los grupos de poder económico dejen de imponer sus reglas a los ciudadanos.

El caso de Mexicana ha sido una verdadera porquería. He aquí el entramado que el gobierno armó y dejó que armara Gastón Azcárraga:

El 20 de diciembre de 2005, el gobierno le vendió a Azcárraga las acciones de la empresa a cuando menos una tercera parte de su valor real. Después, éste creó el llamado Nuevo Grupo Aeronáutico, para poder evadir al fisco. Éste, a su vez, le vendió en mil pesos las acciones de Mexicana a Advent, pero antes las había “hipotecado”, es decir las había dado en garantía a Banorte por un millonario préstamo. Y luego Advent vendió las acciones a una empresa fantasma: Tenedora K.

Al final, pues, el gobierno está vendiendo una aerolínea donde una empresa tiene las acciones, otra las rutas otra y otra más la hipoteca… o mejor dicho un banco.

Pese a todo, y aunque los nuevos accionistas pagaran lo que se debe y reestructuraran la porquería de empresa que dejó Azcárraga y que permitió el gobierno, Felipe Calderón Hinojosa se niega a autorizar la venta.

Son demasiados los favores que el panista debe, y todo lo hace mal, pues no piensa en los mexicanos, sino en los empresarios y en los político-empresarios.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Corrupción y opacidad en Aeroméxico

ERNESTO VILLANUEVA

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La corrupción en México no sólo erosiona la legitimidad del ejercicio público, sino que abarca a la iniciativa privada, que no pocas veces está privada de iniciativa. Aeroméxico es un ejemplo de corrupción y opacidad que ha impulsado su director general, Andrés Conesa Labastida, lo que no debiera ser pasado por alto. Vamos a los datos que apoyan lo que aquí afirmo.

Primero. Andrés Conesa Labastida llegó a la dirección de Aeroméxico en 2007, tras haber pasado por algunos cargos en la SHCP. Un primer dato grave es la ausencia en Aeroméxico de códigos de conducta que regulen los conflictos de interés, por lo menos accesibles al público. Y esto de entrada viene a colación por el patrocinio y/o contratación de Lorena Ochoa, tanto cuando era su pareja como ahora que es la esposa del propio Conesa. Esta práctica de Conesa sería sancionada en las principales líneas aéreas del mundo… Los “conflictos de intereses” nacen en el momento en que un directivo es influenciado por consideraciones personales al realizar su trabajo, en aparente perjuicio de la empresa. La inclusión de un apartado dedicado a conflictos de interés es un mensaje de probidad para generar confianza. Es por ello que, a diferencia de Aeroméxico, la empresa Delta Airlines tiene publicado en su página web su código de conducta, en el que incluye lo que se conoce como “conflictos de intereses”. Lo mismo sucede, entre muchísimas otras aerolíneas, en Air Canada y en United Continental, donde se puede acceder incluso a sus directrices de gobernabilidad corporativa, que también regula y sanciona los conflictos de interés.

Segundo. Del 2007 al 2012, Aeroméxico, bajo la dirección de Conesa Labastida, ha registrado un proceso de retroceso en la calidad de los servicios y en el manejo transparente de la empresa. De acuerdo con la principal firma de auditoría aeronáutica en el mundo, la inglesa Skytrax (cuyo lema es “sin miedo al favor” pues dice no aceptar patrocinios o regalos de ningún tipo y mantener el principio de la transparencia), Aeroméxico no sólo no se encuentra entre las primeras 60 aerolíneas del mundo, sino tampoco entre las mejores de América Latina. En esta área están mejor evaluadas Taca, Copa, Lan, Tam y Avianca. Y dentro de las cinco mejores aerolíneas del mundo se halla KingFisher, de la India, no sólo aquellas que corresponden a países del Primer Mundo, como se pudiera pensar a primera vista. Peor todavía, hasta el 19 de enero de 2012 Aeroméxico no había sido aprobada como una línea aérea de calidad. Y de acuerdo con esta evaluadora, es una empresa de tercer nivel.

Entre las razones por las que Aeroméxico se encuentra en esta situación pueden mencionarse: a) mal manejo de retrasos y cancelaciones; b) incapacidad de su staff de resolver problemas; c) falta de limpieza de los baños; d) ausencia de trato personalizado, y e) incapacidad de responder respuestas de los clientes. Estos señalamientos (¿casualmente?) coinciden con las razones de las 493 quejas que Aeroméxico tiene ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una cifra importante en un país donde la cultura social es ajena a la exigencia de derechos porque se considera que nada va a pasar.

Tercero. Otro dato que destaca es la opacidad informativa de Aeroméxico. Debe reconocerse que la política de esta empresa de ocultar información es consistente. Si alguien compara, por ejemplo, la información accesible al usuario en la página web de Aeroméxico con las de las primeras líneas aéreas privadas del mundo, sería prácticamente inexistente.

En la página web de Delta se puede encontrar información sobre la compañía, acerca de sus inversionistas, estadísticas y hechos, además de que se tiene acceso a información del gobierno corporativo de la empresa, sus estatutos, informes anuales y declaración de representación, indicadores financieros, cotización de acciones, entre otros aspectos. Lufthansa tiene en su página web uno de los sitios más completos en información de aerolíneas, desde políticas derivadas de la ley y de directivas en detalle en casos de cancelación y retrasos de vuelos, hasta datos puntuales sobre gobierno corporativo y minutas. Cuando de plano no hay información disponible en primera instancia, una fuente completa y detallada es la Bolsa de Valores de Nueva York, en la cual cotizan las principales empresas mexicanas, pero no Aeroméxico.

Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son “públicas” en el sentido de que hacen pública su información financiera, no en el sentido de que se trata de empresas del Estado. A diferencia de la Bolsa Mexicana de Valores, que es muy pequeña (y no tiene mecanismos de verificación de la información financiera que le es reportada), la Bolsa de Nueva York y las empresas que ahí cotizan son supervisadas a profundidad por la Securities and Exchange Commission, que tiene la encomienda de verificar que la información financiera reportada sea veraz, y cuenta con potestad para sancionar incluso con cárcel si se detectan diferencias entre lo reportado y lo existente. La aerolínea brasileña TAM y la chilena LAN cotizan ambas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y sus estados financieros pueden revisarse con minuciosidad. En Aeroméxico, por el contrario, la política institucional es contraria a los intereses de sus usuarios y de sus empleados, toda vez que, a menor información pública, mayor capacidad de manipular cifras y negociar eventualmente tratos favorables o apoyos del gobierno, teniendo como información sólo la palabra de la empresa, como si fuera dogma de fe.

Cuarta. Por si lo anterior fuera poco, Aeroméxico ofrece servicios de tercera, como lo señala la auditora inglesa Skytrax, pero cobra a sus usuarios como si se tratara de una empresa de primera. Así, por ejemplo, un vuelo México-Santiago de Chile-México saliendo el 2 de febrero y regresando el 9 del mismo mes en Lan cuesta 15 mil 50 pesos, y en Aeroméxico 16 mil 619, con la diferencia de que el equipo de Lan es mucho más amigable con el usuario que el de Aeroméxico. Si alguien viaja en las misas fechas en la ruta México-Morelia-México por Aeroméxico debe pagar 5 mil 796 pesos, mientras que si viaja por TACA en las mismas fechas a México-Guatemala-México el precio es de 3 mil 483 pesos a pesar de la enorme diferencia en distancias.

La ausencia de competencia y la existencia de rutas exclusivas en el país –de facto o de derecho– hacen probablemente que Aeroméxico financie muchos de sus destinos internacionales, sobre lo que algo debería decir la Comisión Federal de Competencia. De la misma forma, resulta paradójico que Conesa Labastida, quien fue beneficiario de recursos públicos a través de Conacyt (en el periodo 1994-1997) para que realizara sus estudios doctorales en economía (en el prestigioso y costosísimo Massachusetts Institute of Technology), pone al descubierto dos cuestiones: a) la cuestionable práctica de que sea el pueblo el que pague la formación de cuadros de primer nivel para que apliquen sus aprendizajes a las empresas privadas, práctica que debe ser revisada; y b) que el conocimiento adquirido por antiguos becarios se ponga al servicio de intereses ajenos al público. En este escenario, debería promoverse desde la sociedad la cultura de la exigencia, del respeto de la dignidad y del bolsillo, así como la mayor apertura posible a la competencia. Esto acaso sería la única solución para que la gente que, todavía, cree ilusamente que volar por Aeroméxico significa apoyar a México, despierte y vea que es, por lo menos hasta ahora, todo lo contrario.

evillanueva99@yahoo.com

Twitter:@evillanuevamx

Blog: ernestovillanueva.blogspot.com

En la Tarahumara, Peña Nieto y la operación cinismo

Con el joven precandidato y de “ideas nuevas” Enrique Peña Nieto se reeditó puntual una de las prácticas más viejas y deleznables del priismo: el acarreo. En la Sierra Tarahumara, este recurso cobra dimensiones todavía más abyectas porque carga con los indígenas de la zona, atribulados hoy por la sequía y las muertes por desnutrición, engañados con desparpajo y condicionados con el cuento de la entrega de despensas y de “ayudas” que casi nunca llegan…

MARCELA TURATI

CHIHUAHUA, CHIH. (Proceso).- El rarámuri Alberto Ramos se lamenta porque durante el ciclo pasado no se logró la cosecha y el gobierno estatal no ha enviado despensas a Carichí, su municipio. No obstante, el sábado 7 el mismo

gobierno sí se acordó de sus habitantes y les mandó unos autobuses para llevarlos de paseo. Él tomó un asiento, al igual que una treintena más de vecinos de su comunidad. Creyó que los traerían a esta ciudad para recoger comida, pero cuando se bajó del camión encontró que ríos de personas bajaban de otros autobuses y eran concentrados en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

“Nosotros nomás nos venimos, la coordinadora estatal nos trajo, no sabemos ni a qué. Despensa no dieron”, dijo el indígena de Chinéachi el domingo 8, al salir de entre el gentío, cuando estaba esperando a que el chofer del autobús de Transportes Ballezanos arrancara para llevarlo de regreso a su poblado. Sin despensa ni nada, pese a que en su comunidad –dice– dos personas han muerto por desnutrición, no sabe si provocada por la sequía.

Al pie de otro de los más de 130 autobuses estacionados alrededor del gimnasio más grande de Chihuahua, el ciríame (gobernador rarámuri) de Cieneguita de la Sinforosa, municipio de Guachochi, Francisco Mariano González, tampoco entiende a honras de qué les extendieron la invitación para viajar a Chihuahua –más de seis horas de camino– y se pregunta: “¿Pos por qué nos traerían? No han explicado nada. Nos traerían a oír esas pláticas que nos echaron ahorita”.

Las “pláticas” a las que se refiere Francisco son los discursos cargados de loas que se lanzaron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el presidente estatal de ese partido, Leonel De la Rosa; el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Esto ocurrió en el acto de toma de protesta a los comités municipales y seccionales de su partido, que más parecía acto de arranque de campaña donde salieron a relucir las viejas mañas del acarreo.

Al gimnasio, en donde se realizan conciertos y partidos de basquetbol, llegaron al menos 12 camiones cargados de rarámuris traídos de la sierra que, como Francisco o Alberto, no sabían de qué trataba ese acto partidista. En éste participaron funcionarios públicos, políticos en funciones y jubilados, diputados, senadores, exgobernadores y alcaldes uniformados de rojo, donde Duarte destacaba con su chaqueta verde que combinaba con la roja del precandidato.

“Viene la gente a ver qué dan. Agarramos camión. Lo mandó Arturo; el miércoles fue a avisar que juntara a la gente y vinimos”, explicó José Albino, otro ciríame de Carichí, vestido a la usanza tradicional con su paliacate como banda en la cabeza y su camisa de manta.

–¿Y les dieron algo?

–No…. nada.

Los oradores del acto se cuidaron de referirse al exgobernador mexiquense como el precandidato. La excusa para su visita fue la invitación como “testigo de honor” a la toma de protesta de la estructura que operará su campaña.

En los discursos, siempre rematados con abrazos entre los halagados, se escucharon varias menciones del respeto del partido y del mismo Peña Nieto a la legalidad, a las reglas del juego, al dictamen del IFE que les impidió hacer actos de campaña prematuros hasta ser nombrado oficialmente “el candidato”.

En el gimnasio se mostraba el músculo del partido ordenado por sectores corporativos: la CTM, el Frente Juvenil, las estructuras seccionales, la CNC, la CNOP y los indígenas serranos. Estos últimos, como pudo constatar Proceso, acarreados por la Coordinación Estatal de la Tarahumara (conocida como la coordinadora), el órgano de gobierno encargado de repartir despensas para paliar la hambruna que comienza a presentarse por las heladas y la sequía que acabaron con toda la cosecha (Proceso 1836).

Otra vez operó el aparato de Estado, ahora al servicio del precandidato. A la vista quedó el descarado uso del hambre con fines electorales.

“Siempre aquí andamos, siempre; a veces dan cobija, a veces dan dinero, ahora no han dicho”, dijo al final del acto el rarámuri Valentín Jiménez García, traído desde Chinatú, en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo (donde Chihuahua colinda con Sinaloa y Durango).

La plana mayor priista ya estaba en La Casona agasajando al candidato. Al llegar a la céntrica casa colonial resguardada por hombres armados, Peña Nieto intentó saludar a los ciudadanos que paseaban en el bazar dominical de antigüedades ubicado en la acera de enfrente, hasta que una brava mujer le gritó: “No lo queremos aquí, mejor póngase a leer libros”. El abanderado sólo atinó a responder: “No me diga eso, señora”.

Al servicio del candidato

El miércoles 4, en sus oficinas en Creel, Jesús Escárcega –encargado de operaciones de la Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET) en los municipios de Creel, Bocoyna, Maguarichi, y en parte de Urique y Guachochi– comentó a Proceso acerca de las despensas que por la crisis alimentaria eran repartidas en la sierra; también se refirió a las becas para los niños de los albergues escolares. A media entrevista realizó una llamada a su colega de Carichí, Manuel Raúl González, para saber si el gobernador Duarte repartiría despensas en ese municipio al día siguiente.

Charlaron un rato y el funcionario le preguntó a su colega: “¿Tú cuántos camiones llevas?… Yo dos… ¿Cómo le vas a hacer con el dinero?… Hay posibilidades de que se vayan el sábado ¿verdad?, porque ya sabes cómo se llena, cómo se pone, no hay lugar, cada quien por su lado… Bueno, pues ahí estamos en contacto, Manuel”. Se referían a la operación acarreo para el mitin camuflado del siguiente domingo.

En cuanto Escárcega colgó le dijo a esta reportera, como consta en la grabación: “Dice que el gobernador estos días ya no sale porque tiene que organizar la visita del candidato Peña Nieto”.

–¿Y los camiones que van a llevar son para eso? –se le preguntó.

–Vamos a llevar una poquita de gente para que acudan, que vea la presencia del indígena y le suelten más (dinero) para la sierra porque ya ve la situación.

–Pero todavía ni es candidato… –se le recordó.

Con una risa nerviosa dijo: “Así es”. Trató entonces de disimular. Mencionó que el comité estatal del PRI pondría los camiones pero que seguramente no llegarían hasta la sierra, porque, quiso justificar, “ya ve que está muy lejos”.

Pese a su dicho, los camiones sí llegaron y los rarámuris que esperaban despensas fueron subidos a ellos y acarreados al acto con el precandidato. En algunos pueblos, como en Chinatú, mucha gente quiso subir pero no tuvo asiento; pensaban que el viaje sería para recoger despensas, según relató la gente llegada de Chinéachi.

Afuera del gimnasio diversos funcionarios de la Coordinadora Estatal estuvieron el domingo supervisando el acarreo.

Proceso constató que uno de los 12 autobuses Ballezanos llenos de indígenas era liderado por el funcionario Arturo Mendoza, empleado de la CET con base en el municipio de Cuauhtémoc. Cuando la reportera le preguntó qué hacía, explicó que a él le tocó conseguir 52 personas para llevar al acto, pero no supo o no quiso decir quién pagó el transporte.

“Yo no supe ni qué rollo ni nada, yo sólo los invité. A mí me dijeron que debía invitar a unos indígenas, no sé quién me habló, imagino que sería alguien del partido. Quería que los viera (Peña Nieto) porque son indígenas que no han perdido sus tradiciones, su vestimenta indígena”, explicó.

El ciríame José Albino dijo que la invitación corrió por parte de la coordinadora. Su colega Francisco Mariano de Sinforosa dijo que un empleado de la coordinadora llegó hasta su casa a pedirle que juntara a su gente.

La única indígena entrevistada que sí entendió que viajarían para ver al candidato, bajo el patrocinio del PRI estatal, fue Luz Elena Villalobos, gobernadora de la comunidad La Cañada, municipio de Bocoyna, quien dijo: “Nos invitó un señor de Bocoyna, del partido, y pues nosotros aprovechamos que nos invitan a conocer al candidato. Pero hasta que sea algo vamos a decirle que nos apoye con herramienta porque mucha gente no tiene, ahorita nada más es candidato”.

La mujer dijo que por el hambre tienen prometido recibir despensas a fin de mes. Pero la crisis es tal que ya convocó a su comunidad a tocar violín y tambores, bailar y cantar, a la usanza de sus ancestros, para que Onorúame (Dios-Padre) se contente.

“Onorúame se enoja porque ya no cantamos en nuestra comunidad, por las faltas de respeto, tal vez por eso nos falta la lluvia, la nieve, las enfermedades del bosque, se acaba el alimento, porque no cumplimos con lo que él nos encargó de danzar, tocar, hacer la ceremonia que hacían los antepasados porque es el Dios-Padre que nos dio la tierra, la naturaleza. Él dice ‘ustedes se están alejando, yo también’. Por eso en la fiesta le platicamos a Onorúame nuestras necesidades”, explica desde el primer asiento del autobús la mujer de cabellos largos canosos.

El camión hacía fila entre decenas que, amontonados, esperaban su turno de salida del estacionamiento. El embudo se hizo porque cada uno tenía que estacionarse unos minutos para recibir comida dispuesta en platos desechables y sus respectivas latas de coca para que los pasajeros aguantaran el camino de regreso.

Al acto de presentación del precandidato también acudieron rarámuris encargados de entregar despensas por la sierra con el logotipo del gobierno del estado “Chihuahua Vive”.

Ante esta situación, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), dice a este semanario: “Si eso gastan sin ser la campaña, cuando todavía es ilegal, ya imagino lo que van a gastar durante la campaña: puro dinero del pueblo. Y así quieren lavarse la conciencia trayéndole comida a los indígenas”.

En su pasada edición, Proceso publicó que este año azota una crisis alimentaria sin precedente en la Sierra Tarahumara, a causa de las condiciones climatológicas atípicas que mataron toda cosecha de maíz y frijol de temporal, las matas de mariguana, y acabaron con los pastizales para la alimentación del ganado. El gobierno del estado y las organizaciones sociales que atienden la emergencia calculan que 250 mil personas tendrán que ser alimentadas desde ahora y hasta octubre próximo porque se quedaron sin comida. En algunas comunidades ya se han registrado decesos por la desnutrición.

Recortes

La CET es una dependencia creada durante la administración de Fernando Baeza (en la década de los noventa) para coordinar las acciones de gobierno dedicadas a mejorar la vida de los serranos y atender a los pueblos indígenas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez, cuando terminó envuelta en escándalos de corrupción, comenzó su desmantelamiento hasta quedar en lo que es hoy: la repartidora oficial de despensas y cobijas, según la calificó el exdiputado perredista Víctor Quintana.

“La coordinadora este sexenio sobre todo está muy por debajo de las exigencias y muy politizada. Reparte despensas y ahora construye viviendas de dos cuartitos. No integra la política social, y de repartidora de despensas ahora será promotora del voto”, opinó.

Según el analista político Alejandro Salmón, de 2011 a 2012 se le redujo el presupuesto en 24%. Una fundación donataria que otorga apoyos a las organizaciones serranas informó a Proceso que recortó las becas de alimentación que recibían los albergues infantiles a pesar de que, en esa región, son indispensables ya que muchos indígenas comen únicamente en la escuela; cuando salen de vacaciones se desnutren.

El vocal ejecutivo de la CET es Jesús Velázquez, un polémico amigo del gobernador, conocido nacionalmente como “el alcalde actor”, a raíz de su participación en películas sobre narcotraficantes, como La Ram blanca, La manzana de la discordia y Plomo en la sierra, financiadas con el erario cuando él era alcalde del municipio de Guadalupe y Calvo –municipio famoso por el turismo, la madera, la agricultura y las narcosiembras.

En Plomo en la sierra protagonizó a un campesino que pierde a su familia por culpa del Ejército; progresa hasta convertirse en cultivador y transportador de droga, hasta que llega a vengarse (con armas largas) de sus opresores.

Durante su administración fue sancionado por tener familiares en la nómina. Posteriormente se hizo diputado local y destacó por ser el priista que menos veces subió a la tribuna. Aun así, este empresario maderero del sur del estado fue elegido para formar parte del gabinete duartista.

Una de sus primeras y más polémicas acciones fue trasladar la sede de la coordinadora a Guachochi, al sur del estado, que a pesar de estar en la Sierra Tarahumara no es de fácil acceso para todos los serranos, como lo eran las oficinas en Chihuahua. Con el cambio se redujo el número de empleados y se acortó más el presupuesto.

“La coordinación perdió sus orígenes que eran prestar servicio a las comunidades y coordinar a todos los que trabajan en la sierra. Este sexenio, como el anterior, el papel que juega la coordinación es de apoyo político y manejo de votos en la sierra. De la noche a la mañana corrieron a gente cercana a los indígenas y empezaron a poner a gente cercana a los procesos políticos y partidistas”, señaló el jesuita Ávila, con 37 años de trabajo en la sierra y cofundador de la coordinadora.

La explicación que el gobierno dio para justificar el cambio de sede es que se trata de acercarse a la gente. Para Salmón es obvio que desde ahí se operará electoralmente para recuperar el voto serrano hacia el PRI, debido a que por primera vez los municipios serranos fueron ganados por el PAN.

“El PAN ganó 24 municipios (de 67), la mayoría en zona rural, lo que es inédito. Hubo mucha operación del gobierno federal a través de Diconsa, Sagarpa y Oportunidades para arrebatarle al PRI el voto verde. El traslado de la coordinadora a Guachochi, aunque el gobernador dice que es para estar cerca de los indígenas, es para pasar a la sierra esta oficina que ya no tiene razón de ser porque se quedó sin funciones y se convirtió en el centro político-electoral. Estando allá (a dos horas en vuelo desde la capital) los periodistas difícilmente podremos vigilarla”, dijo Salmón.

El exvocal ejecutivo de la CET y actual gerente regional de Diconsa Norte-Centro, Pedro Pérez Mata, lamentó que en los últimos años esa dependencia perdió presencia en las comunidades y abandonó algunos programas.

Sobre el posible uso electoral de este organismo opinó que el voto indígena es relativamente pequeño en el estado, por lo que la coordinadora no puede ser factor decisivo para ganar unas elecciones; sin embargo, considera que puede intentar manipular a los líderes indígenas porque ha habido críticas de que “los trae de arriba pa’ bajo” en sus actos. Si quisiera su voto, apunta, podría obtenerlo condicionándoles el apoyo.

Aunque se intentó entrevistar a Velázquez sobre los señalamientos y las evidencias del acarreo de la coordinación al acto del precandidato, hasta el cierre de la edición no se había reportado a las llamadas de la reportera.

La “revolución educativa” de Ulises Ruiz, disfraz de su estrategia electoral

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 14 de marzo (apro).- La “Revolución Educativa en Oaxaca” promovida por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz fue un “fracaso” porque la entidad descendió un lugar en el ranking de rezago educativo al ser superada por Guerrero y pasar al penúltimo lugar en todo el país, sólo superada por Chiapas.

Y es que el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en lugar de atender el problema de analfabetismo se convirtió en el brazo operativo del PRI en las elecciones para la gubernatura del estado en el 2010, según se detalla en la denuncia 575/FEPADE/2010 presentada en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Apenas el pasado 7 de marzo, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro, precisó que de acuerdo con el último censo del INEGI, en el estado todavía existen 421 mil oaxaqueños analfabetas, otros 449 mil no concluyeron los estudios básicos y 575 mil no terminaron la secundaria.

Esto significa que el rezago educativo en la entidad es de un millón 445 mil oaxaqueños, es decir, el 38.3 por ciento de la población.

Por su parte, el director general del IEEA, Rogelio Rodríguez Ruiz, declaró que aunque el acta de entrega recepción la recibió en blanco, tiene conocimiento que había unos 600 trabajadores de confianza en el Instituto, sin embargo, sólo se presentaron a laborar 311, lo que revela que casi el 50 por ciento del personal eran aviadores u operadores del PRI.

Es decir, agregó, “se pagaba a personal para que desempeñara sólo cuestiones partidistas y por eso la estructura del instituto creció de una manera importante”.

A ello, se suman actos de corrupción como el hecho de que la jefa del departamento de Administración, Leticia Cruz Regino, se autorizó 575 mil 482 mil pesos de liquidación.

Según el documento, en poder de APRO, a la funcionaria con el descuento del ISR se le extendió, el 14 de octubre de 2010, una póliza cheque por 475 mil 144.24 pesos por concepto de “pago de gratificación” (folio 1241) y fue autorizada por el entonces director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Cipriano Flores Cruz.

Otro documento dirigido al coordinador de apoyo a la operación del IEEA, Juan José Jiménez Pacheco, detalla los apoyos económicos que se entregaban como parte de la estrategia 09 para movilizar a la gente a los actos políticos, que no educativos.

En el oficio CZ419/2009, con copia al director Cipriano Flores y a la jefa de departamento de administración, Leticia Cruz Regino, se especifica que para la coordinación de zona 2010 Huajuapan-Silacayoapan se pidieron 250 mil pesos por concepto de pasajes, combustible o pago de transporte para movilizar a dos mil personas.

Para ello acordaron otorgar 30 pesos de cuota por persona movilizada que incluía una torta y bebida.

Además, se pidieron recursos para entregar 404 machetes e igual número de palas, así como mil 201 morrales para el distrito 03, en tanto que para el distrito 06 se autorizaron 394 machetes e igual número de palas, así como mil 183 morrales.

En síntesis, se destinaron 119 mil 400 pesos para transporte, 119 mil 400 pesos para refrigerio, además de 6 mil 400 pesos de apoyo económico a 32 municipales y 27 mil 450 pesos a 183 colaboradores seccionales.

Otra parte de la corrupción que ha comenzado a flotar en las visitas de investigación y verificación, ocurrió en el municipio de Santiago Ixtayutla donde se percataron que el programa establecido en el 2008 no ha tenido seguimiento y funcionamiento desde el 2009, sin embargo, si se emitieron los pagos hasta el mes de junio de 2010.

Ahí se tenía un reporte de entrega mensual de 30 mil pesos para la operatividad del programa de analfabetismo, lo que supone un desvío de recursos por más de 700 mil pesos.

Por lo que se refiere a la denuncia presentada ante la FEPADE, se le entregó todo un esquema operativo general diseñado para la elección a la gubernatura pero en apoyo total a Eviel Pérez Magaña, candidato al gobierno por parte del PRI.

También fueron integradas varias fotografías donde se observa cuando el entonces director del IEEA, Cipriano Flores, le rendía cuentas de la “campaña de la victoria” y se rodeaba de todos los coordinadores que en lugar de alfabetizar se convertían en promotores del voto para el PRI.

“Transformar, transformar, todos vamos a ganar. Con Eviel Pérez Magaña, lo que sigue es mejorar”, era la enseñanza, además de entregarles playeras y un lonche que consistía en una torta y un refresco.

Todas estas irregularidades se encuentran en la denuncia 575/FEPADE/2010 en contra del director general Cipriano Flores Cruz y sus 22 coordinadores de zona que en lugar de alfabetizar y cumplir con su programa “Revolución educativa en Oaxaca” se convirtieron en los verdaderos operadores del PRI.

El esquema operativo general incluía a las autoridades municipales, a los líderes de organizaciones, a los delegados de gobierno y las instituciones de gobierno y programas sociales pero además incluían una coordinación de operación con el personal del IEEA, entre ellos, los 22 coordinadores de zona, 423 técnicos y 7 mil 136 asesores para tener unos 83 mil votantes en potencia.

Las fichas técnicas detallan el distrito, el número de municipios, el número de operadores, el domicilio dónde operar y el candidato a beneficiar, todos ellos, del PRI.

Cabe mencionar que el IEEA recibió un presupuesto federal.

Finalmente, el director general del INEA informó que habrá tres auditorías por parte del gobierno federal para ver como se ejercieron los recursos públicos federales, debido a que en el 2009 se canalizaron a Oaxaca 198 millones de pesos y 205 millones de pesos en el 2010.

La herencia negra de Ulises Ruiz

José Gil Olmos y Pedro Matías

Desvíos de recursos públicos, elefantes blancos a costos multimillonarios, fraudes, cobros indebidos y contratos en favor de sus parientes son parte de la “herencia” que dejó el exmandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. En 99% de las oficinas gubernamentales hay huellas de saqueo y corrupción. Y mientras Ruiz –que puede ser llevado a juicio político– se divierte en un partido de futbol americano, el gobierno entrante califica de “chiquero” el lodazal que encontró. Y lanzó la típica promesa: poner orden.

OAXACA, OAX., 1 de marzo (Proceso).- “¡Esto es un verdadero chiquero!”, exclama el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien reconoce que ya esperaba encontrar una casa “desordenada y sucia”, pero lo que halló en la revisión de la administración del saliente mandatario priista Ulises Ruiz Ortiz fue una corrupción monumental.

De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca, en 99% de las dependencias de la administración estatal se detectaron irregularidades, particularmente en las áreas de recursos materiales y financieros, donde se acreditan desvíos que podrían llegar a 3 mil millones de pesos, sin contar los 15 mil millones de pesos de los “elefantes blancos” que son las ciudades Administrativa y Judicial.

La investigación, a la que tuvo acceso este semanario, resalta que las irregularidades –desvío de recursos, fraudes, robo o alteración de documentos, cobros y pagos indebidos y contratos con sobreprecios– podrían ser causal de juicio político contra el exgobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, el exmandatario oaxaqueño parece no estar preocupado. Según la cuenta de Twitter del diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, Ruiz se divirtió a lo grande en el Super Bowl, en Texas, donde se enfrentaron los equipos de Pittsburgh y Green Bay.

En un mensaje del 7 de febrero el legislador priista dijo: “Acepté la invitación de mi amigo Ulises Ruiz para venir a Dallas Texas a ver el superbowl. Aquí estamos cenando con varios amigos”.

Mientras tanto, en Oaxaca sigue la integración de expedientes que, entre otras cosas, muestran que el anterior secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, dio los contratos a seis empresas cuyos domicilios fiscales corresponden al de Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del entonces gobernador.

Las seis empresas son Nexicho Asociados, Davizaoo Construcciones, Grupo Empresarial Oaxes, Grupo Basoo Asociados, Peom Construcciones y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural.

La investigación preliminar de la Contraloría muestra que sólo en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y en los de Obras Públicas (SOP) se otorgaron 48 contratos por 177 millones 789 mil 569 pesos.

Según documentos en poder de Proceso, Nexicho Asociados recibió 32 millones 428 mil 295 pesos; Davizaoo Construcciones, 33 millones 844 mil 256 pesos; Grupo Empresarial Oaxes, 70 millones 733 mil 550 pesos; Grupo Basoo Asociados, 10 millones 209 mil 350 pesos; Peom Construcciones, 9 millones 488 mil 55 pesos y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, 21 millones 86 mil pesos.

La mayoría de esos contratos, indican las indagatorias, fueron asignados ilegalmente por Pérez Magaña, quien perdió las elecciones estatales ante Cué Monteagudo.

Pero lo que la Contraloría considera “la cúspide de la mentira y el cinismo” es el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 costó 35 millones 621 mil 828 pesos y cuya construcción estuvo a cargo del Grupo Empresarial Oaxes. El problema es que es un hospital fantasma. La obra no existe, según consta en fotografías tomadas en el predio por la Contraloría estatal.

El anexo estadístico del V Informe de Ulises Ruiz muestra claramente, según las indagatorias, “la asociación delictuosa que involucra al exgobernador, a Eviel Pérez Magaña y otros funcionarios como Flor de María Cruz Vasconcelos, quien actualmente es la directora de Planeación y Normatividad en la Auditoría Superior del Estado”.

Pero también implica al exsecretario técnico de los SSO, Sergio Roberto Patoni –cuñado de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz–, quien además se autorizó un bono sexenal de 331 mil pesos.

Con base en las investigaciones queda probada la participación de Pérez Magaña, actual presidente estatal del PRI, en la comisión de diversos delitos que implican desvío de recursos públicos que afectan el patrimonio de los oaxaqueños.

En los documentos se remarca que la “corrupción aquí presentada no hubiese sido posible sin la complicidad de una serie de personajes encargados de falsificar documentos, efectuar cobros indebidos, autorizar contratos con sobreprecios y pagos indebidos”.

En síntesis, se dice que la gestión de Pérez Magaña como secretario de Obras Públicas se caracterizó por la corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque fueron diseñados complejos esquemas de “simulación y desvíos de recursos a través de empresas creadas para la obtención ilícita de contratos”.

En la investigación se habla de la participación de servidores públicos, personas físicas y morales y hasta instituciones bancarias que se prestaron para llevar a cabo procedimientos ilegales que podrían ameritar destituciones e inhabilitaciones de funcionarios o exfuncionarios, y penas de cárcel.


“Saqueo burdo”

Otro caso que se documenta es el del Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, que cobró 840 mil pesos por dar mantenimiento al complejo turístico de Hierve el Agua.

El contrato J03UF-02-08-0036/2009 muestra que la empresa cobró 410 mil pesos por aplicar productos químicos para el tratamiento del agua de la alberca y por la mano de obra. Además cobró 300 mil pesos por los 10 mil litros de agua necesarios para llenar la piscina.

En entrevista con Proceso, el secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra, reconoció que las seis empresas mencionadas están vinculadas por tener un mismo representante, Francisco Fabián Montes Serra; además participaron en el programa de obras del gobierno anterior y algunas de ellas concursaron en todos los rubros: caminos, escuelas, hospitales y obras urbanas.

Salvatierra señala que se revisaron 90 expedientes de obra para encontrar o verificar irregularidades y decidir si hay necesidad de una auditoría, pues hay obras inconclusas o no iniciadas que están pagadas 100%. Citó siete caminos de la región de la Costa, para cuya conservación y modernización se invirtieron casi 18 millones de pesos y en los que no hay ningún avance.

El diario Reforma publicó el pasado 24 de enero que “el gobierno de Ulises Ruiz ejerció más de mil millones de pesos en caminos rurales del estado; sin embargo 100 por ciento de ellos sigue siendo de tierra”.

Otro ejemplo de manejos poco claros es el techado del auditorio Guelaguetza, que costó 105 millones de pesos y que no existe, pues la empresa española Isolux Corsan Construcción incumplió el contrato J03-UE-02-08-0047/2009.

A ello se suma el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dejó de aplicar 103 millones de pesos del Fondo de Aportaciones y nunca justificó el subejercicio.

El actual titular de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, declaró: “Ya hemos solicitado por escrito se aplique una auditoría a la institución para tener una visión externa, objetiva y racional de las condiciones reales en que se encuentra”.

Gabino Cué reconoce, en entrevista con Proceso, el desorden que entregó el gobierno de Ulises Ruiz. “La mera verdad sí, encontramos una casa muy desordenada y sucia”.

“Encontramos muchas áreas de gobierno sin computadoras y algunos vehículos sin llantas o con otras que no eran de su tamaño... se ve que hubo un saqueo burdo”, dice.

También encontró que algunos funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial, y por ello “se inició un procedimiento; serán sancionados y se les harán requerimientos”.

Por lo pronto, afirma Cué, “ya se presentaron algunas denuncias, y donde hemos encontrados irregularidades hemos iniciado procedimientos de orden administrativo. Si encontramos casos en los que haya alguna irregularidad que pueda caer en el ámbito de lo penal por desvío, peculado o malversación, tendríamos que acudir a la instancia correspondiente.

Adelantó que a más tardar en un mes espera haber “limpiado la casa” para que se queden los funcionarios que realmente reúnan experiencia y honestidad. A la fecha, también han dado de baja a 200 aviadores y se han eliminado las canonjías de algunos servidores públicos; en el anterior gobierno había hasta jefes de departamento con guardaespaldas o acceso a las aeronaves oficiales.


Bonos bonitos

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, pidió la intervención de las secretarías de Administración y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que se revise el contrato de arrendamiento de la constructora del complejo Ciudad Administrativa, pues incumplió con el equipamiento del inmueble.

El subsecretario jurídico y de Derechos Humanos, Dagoberto Carreño Gopar, detalló que trabajadores de la Secretaría General de Gobierno se quejaron porque no hay condiciones para laborar, pues la administración de Ulises Ruiz no equipó ninguna de las áreas de la Ciudad Administrativa.

Al recorrer las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, Desarrollo Político, Fortalecimiento Municipal, Derechos Humanos y Jurídica se comprobó que Ulises Ruiz sólo dejó el cascarón de la Ciudad Administrativa, que junto con la Ciudad Judicial costó 15 mil millones de pesos.

La Contraloría oaxaqueña menciona que aquí incumplieron con sus funciones los órganos fiscalizadores federales, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría Superior del Estado, cuya titular, la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza, fue colocada en ese cargo por Ulises Ruiz.

Además de esas irregularidades, funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos en el Registro Público de la Propiedad. Los auditores descubrieron que “no se localizan libros completos de propiedades y en otras literalmente arrancaron las hojas, situación que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños”.

También algunos mandos de los Servicios de Salud se asignaron bonos sexenales que sumaron 25 millones de pesos. El actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que recibió 300 mil pesos de un bono “que ya viene etiquetado”, porque “fui empleado del gobierno federal” cuatro años y medio, al fungir como director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Reconoció que pese a que dejó el cargo el 31 de marzo de 2010, le entregaron un cheque por 11 mil 570 pesos como parte proporcional del aguinaldo. En conferencia de prensa justificó ese bono porque su trabajo fue de alto riesgo al enfrentarse a situaciones delicadas, como “el caso del H1N1, (y) quién te devuelve la tranquilidad cuando entras a un lugar que está infectado, como el Hospital Civil”.

En esa nómina aparecen Martín de Jesús Vásquez Villanueva, diputado local del PRI; Francisco Rafael Reyes Velásquez, coordinador general de Supervisión y Apoyo Técnico, que recibió 626 mil 62 pesos; Sofía Laura León Silva, secretaria de Salud, con 492 mil 862 pesos, y Óscar Adrián Patoni y Partida, secretario técnico, con una gratificación de 341 mil 514.

También es el caso de Óscar Adrián Quintana López, jefe del Departamento de Operación y Pagos, quien recibió 210 mil pesos, y el líder sindical Jenoé Ruiz López, 204 mil.

El pasado 8 de enero, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ulises Ruiz aseguró: “No dejé ninguna cuenta pendiente. Hicimos la entrega con libros blancos, hemos sido el estado más auditado del país, nos revisaron más de 50 mil millones de pesos, en ninguna revisión hay acusaciones de peculado y en ninguna hay un señalamiento”.

La masacre de San Fernando

Jorge Durand

Los migrantes que llegan a nuestro país, en tránsito hacia Estados Unidos, son por definición un grupo extremadamente vulnerable. Huyen de las pésimas condiciones de vida de sus países y se escapan de la violencia y el hambre para enfrentarse, ya no a lo mismo, sino a lo peor. Paradójicamente, mientras el migrante atraviesa nuestro país, el sueño americano está más vivo que nunca. Lo único que quieren es salir de esta pesadilla y llegar a Estados Unidos, de donde piensan que posiblemente pueden ser deportados, pero no masacrados, violados, extorsionados.

Lamentablemente, esa percepción del sueño americano, cada vez está más lejos de la realidad. La campaña antinmigrante ha alentado y envalentonado a policías y patrulleros fronterizos a utilizar sus armas y sus porras ante cualquier amenaza o insubordinación. Hace unos meses en la frontera de San Diego murió Anastasio Hernández, a punta de golpes propinados por una docena de patrulleros fronterizos. Una semana después fue asesinado el joven Sergio Adrián Hernández en territorio mexicano, baleado por un patrullero fronterizo desde el lado estadunidense. Son decenas de migrantes los que han sido maltratados y abusados en las cárceles de Estados Unidos, incluso se sabe de presos que han muerto de manera inexplicable en las cárceles y centros de detención privados, y no pasa nada.

Hoy día nos desayunamos con la noticia de que el patrullero homicida ya estaba reincorporado en sus labores de vigilancia. Y de la docena de valientes patrulleros que golpearon hasta matarlo a un migrante esposado, sometido y tirado en suelo, no se sabe nada. Ya ni siquiera se guardan las formas. Parece ser que castigar, ya no se diga juzgar, a un patrullero por el uso excesivo de la fuerza, sería como ajusticiar a un defensor de la patria. La impunidad sólo prospera cuando la sociedad la ignora, la tolera, la justifica, la alienta.

Pero lo que ha pasado en México supera cualquier noticia terrible que venga de Estados Unidos. Ya no podemos ignorar, tolerar, justificar, evadir la violencia a la que se ven sometidos los migrantes que vienen en tránsito por nuestro territorio. La masacre del rancho San Fernando en Tamaulipas es una barbarie que los mexicanos tendremos que recordar, reconocer y asumir con todas sus consecuencias.

Algo se ha roto. Se han superado los límites de lo imaginable. No se trata de un loco homicida que asesina indiscriminadamente. No se trata de una situación de guerra donde se asume que el otro es un enemigo. Tampoco se trata de un exterminio étnico, donde las rivalidades y las obsesiones pueden llegar al delirio. Finalmente la locura, la guerra, los conflictos interétnicos, son situaciones complejas y excepcionales, que no justifican, pero que al menos pueden explicar la situación.

Incluso en el caso de la matanza de inmigrantes haitianos en República Dominicana en 1937, donde fueron masacrados a punta de cuchillo y golpe de machete más de 15 mil personas, podemos encontrar a un culpable. A un dictador asesino, ególatra, violador y déspota como Leónidas Trujillo, que estaba obsesionado con el poder, con blanquear a su mulato pueblo y que veía como una amenaza permanente la frontera por donde huían sus adversarios y por donde entraban negros, extranjeros, indeseables.

Para la masacre de San Fernando no se encuentra explicación. La versión oficial de que esto es consecuencia de la lucha entre los cárteles de la droga no es ni válida, ni suficiente. Es una burla, una excusa de mal gusto. La extorsión de migrantes es una actividad cotidiana a lo largo y ancho del país, que va mucho más allá de un grupo delictivo. La CNDH informa que en promedio se secuestra a mil 600 migrantes por mes. Si bien Los Zetas se han distinguido por ser especialmente sanguinarios, en el delito y el negocio participan funcionarios, policías, soldados, autoridades municipales, comisariados ejidales, jueces, transportistas, policías particulares, agentes de seguridad. Es el amargo resultado de décadas de corrupción e impunidad.

La obsesión del gobierno en su guerra contra los narcotraficantes lo ha llevado a descuidar múltiples frentes, tan preocupantes y nocivos como el tráfico de enervantes. Los grupos de apoyo mexicanos, que son los que dan la cara y arriesgan sus vidas al proporcionar ayuda y cobijo a los migrantes, han denunciado ante las autoridades, en repetidas ocasiones y con lujo de detalles, a los agresores, sus cómplices y sus casas de seguridad.

En un reciente comunicado más de 20 organizaciones mexicanas que trabajan con migrantes denuncian la persistente negligencia del gobierno y denuncian que la masacre de San Fernando no es un hecho aislado. Vuelven a repetir que el secuestro, extorsión violación, explotación laboral y trata de migrantes es consecuencia “de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la precariedad institucional, la criminalización de facto de la migración irregular y la corrupción e impunidad de los tres órdenes del gobierno”.

Es necesario crear un comando especializado para el combate de este tipo de crímenes que afectan a todo el territorio nacional y que implican a diferentes secretarías y órganos de gobierno. Es necesario capacitar al personal en la perspectiva de los derechos humanos y el cuidado y manejo de víctimas traumadas y aterrorizadas. Es urgente revisar la política migratoria mexicana de retenes, política impuesta por Estados Unidos y que obliga a los migrantes a tomar rutas alternas. El derecho al libre tránsito en México es un derecho constitucional que se debe respetar, y esto incluye a los extranjeros.

Los migrantes en tránsito no son criminales, no hay por qué perseguirlos, acorralarlos, incriminarlos. Si el gobierno persigue a los migrantes en tránsito porque considera que son indocumentados estamos aplicando la ley Arizona en nuestro territorio.

Celebrando la dependencia: el maíz a las trasnacionales

Silvia Ribeiro*

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90,000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la consulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

El Infierno

Bienvenidos al infierno

Julio Scherer García En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la memoria a escenarios propios de los campos de concentración. Testimonios inapelables de los migrantes centroamericanos y aun sudamericanos dan cuenta de la tragedia. De septiembre del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró ciento noventa y ocho casos que incluyen nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros. La cifra podría llegar a veinte mil al año. A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del poder. Las casas de seguridad son tugurios, y la comida, tortillas frijoles y arroz una vez al día, si acaso, es pestilente. Nadie podría decir cuántas mujeres son lanzadas a la sodomía, vendidas a quien pague por ellas. Mauricio Farah Gebara, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Hernández García, su colaborador, me facilitaron el acceso a los testimonios videograbados que dan cuenta de este inmenso horror: Dos hermanos hondureños arribaron a la terminal de camiones en Tapachula. El sujeto que los conducía los recomendó con dos, a los que les dijo que había que darles una tarifa especial. A golpes, junto con veinte personas más, los hermanos fueron trasladados a Arriaga. Ahí los subieron a un vagón de tren, y cuando éste se puso en marcha, tres tipos con apariencia de migrantes sacaron sus armas. Llegando a San Luis condujeron al grupo a bordo de camionetas, por una brecha hasta un rancho, en el que había cincuenta migrantes más y muchos hombres armados. Éstos les dijeron que sólo mediante el pago de 2 mil 500 dólares saldrían de ahí. “Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a hablar con mis familiares”, dijo uno de los hermanos. “Después de la llamada, todo se puso muy feo. Nos golpeaban y nos hacían arrodillarnos por horas, nos desnudaban por las noches, dormíamos en el piso. Un día nos dijeron que habían matado al Morado, un compañero que no pagaba. Ya no lo volvimos a ver”. * * * * * Un salvadoreño relata que para abordar el tren carguero había que pagar 300 pesos al maquinista. “El vagón iba lleno, casi no se podía respirar. Íbamos de pie y a veces nos pisábamos, pero nadie peleaba. Cuando el tren se detuvo, fuimos obligados a bajar. Hombres armados y encapuchados vigilaban un descenso ordenado. Preguntaban si teníamos parientes en los Estados Unidos. La mayoría contestó que sí. A ellos los volvieron a subir al vagón. Los demás fueron abandonados en campo abierto. “Nos llevaron a un galpón. Fui elegido al azar, me recibieron a palos, como advertencia para los demás. Ahí me comunicaron con mis tíos de San Antonio. Al hacer las llamadas me golpeaban para que ellos escucharan. Les pedían 3 mil dólares. En tanto los mandaban yo tenía que limpiar un patio inmundo. Era el lugar para que hiciéramos nuestras necesidades. Me daban una cubeta y una escoba, pero la suciedad no se iba. Nada más la amontonaba en la alcantarilla”. Levantado en Tierra Blanca con doce migrantes más, un colombiano fue vendado de los ojos, atado, amordazado y arrojado a punta de pistola en una camioneta roja. “Sentí mucho miedo, pues oía las golpizas que propinaban a mis compañeros que se quejaban. Llegó mi turno. Sangrábamos mientras escuchábamos que nada éramos, jodidos, quién se preocuparía por nosotros. “En el piso inundado de una casa, jalaron hacia el frente a un niño de doce años. Golpearon su cuerpo frágil con una tabla hasta que el niño perdió el conocimiento. Así los vamos a madrear a todos. Así que convenzan a sus carnales para que nos depositen los 2 mil 500 verdes en chinga”. Un grupo formado por una joven, su hermano, su primo y un amigo de los tres, fue levantado junto a las vías de tren de Ixtepec, Oaxaca. Los condujeron a una bodega en un pueblo que no pudieron identificar. “Hacía mucho calor. Pasamos dos días sin pan o agua. Al tercero nos ofrecieron un caldo. Éramos muchos”. Se llevaban a algunos y luego los cambiaban por otros hasta que se llevaron a la muchacha: “Llamaron a mi papá. Yo lloraba porque me apretaban los brazos con fuerza y me pisaban para que mi papá se percatara. Le pidieron un depósito bancario de mil 500 dólares y le dieron un número de cuenta. “Después llegó el Caimán. Me aseguró que sería su mujer. Por la noche me llevó a un cuarto arrastrándome de los cabellos. Me violó mientras me decía: Yo voy a ser tu papi mientras el cabrón de tu padre me manda el dinero”. Un niño guatemalteco de trece años relató su secuestro y el de su tío. Sucedió en Balancán, Tabasco. Dormían al aire libre en una zona despoblada, cuando aparecieron los delincuentes con sus promesas de traslado ahora, pago después. Los subieron en un camión de redilas, repleto de migrantes. Viajaron cuatro días hasta llegar a un almacén en Monterrey. Desde ahí se hacían las llamadas. “A mi tío y otras personas los golpeaban con bates de béisbol en las nalgas por pura diversión. Lo harían a diario hasta que recibieran su pago. A mi tío le pegaron un día en la cabeza. Sangró muchísimo y para su curación sólo me dieron unos trapos sucios. Había unas señoras a las que golpeaban también. Todo el tiempo hablaban de escapar. Las dejaban desnudas. A una la golpearon enfrente de todos porque cerraba las piernas y mordía”. Un hondureño relató, sin dar detalles, que en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido pro agentes de migración que lo vendieron a los Zetas. Los Zetas lo llevaron a un cobertizo, desde donde lo comunicaron con su hermano en Illionis. En tanto llegaba el dinero, le ponían una pistola en la sien y jalaban el gatillo. Ignoraba si el arma estaba cargada. Lo dejaron en libertad, garantizado el pago, tras practicar sexo oral al secuestrador. Una menor, nacional de Honduras, fue secuestrada en compañía de ciento treinta personas. Esposados, eran golpeados con gruesas cadenas y amenazados con armas de fuego. Su papá vomitaba sangre y se desmayaba después de las golpizas. El rescate solicitado para este grupo de personas fue de 900 dólares. Como muchos de sus familiares no pudieron cubrirlos, los mantenían en cautiverio durante tres meses. Luego, a los que permanecieran vivos, los dejaban en libertad. Otro hondureño narró su secuestro junto con ochenta migrantes. Se los llevó un grupo de siete sujetos armados que se hicieron pasar por coyotes. Los condujeron hasta Reynosa en un camión de redilas escoltado por una patrulla. Querían 3 mil 500 dólares de rescate por cada uno. De lo contrario, les extraerían sus órganos para completar el dinero. Sus familiares pagaron, mas no lo soltaron. Tuvo que escaparse después de treinta y tres días de cautiverio en una bodega donde permanecían en condiciones insalubres. Asimismo, presenció la muerte por golpes de varias personas, con una tabla y con armas de fuego. Agregó que en la bodega había hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos. Un hondureño más fue secuestrado junto con doscientos migrantes, centroamericanos y brasileños. Estuvo preso cincuenta y dos días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad cerca de la Casa del Migrante en Reynosa, Tamaulipas. Una mujer originaria de Honduras fue trasladada a un granero en donde había cuatrocientas personas secuestradas, en espera de que sus familias enviaran los 3 mil 500 dólares exigidos por el comando armado que los privó de su libertad. Los ciento treinta migrantes guatemaltecos que fueron levantados por doce personas que usaban máscaras y uniforme militares en Tenosique, Tabasco, no tuvieron suerte. Sus plagiarios exigieron 7 mil dólares por persona. Fueron pocos los que pudieron pagar. Eran amenazados continuamente con una sierra, taladros y cuchillos. “Allí nos tuvieron encerrados en la casa. Casi un mes. No nos daban comunicación ni con los familiares ni con nadie. Después de un mes nos dicen: Les vamos a dar las llamadas para que ustedes llamen a sus familiares y les digan cuánto les cobramos. A nosotros nos dijeron: “si no pagan 7 mil dólares, se les llama a los familiares para que los escuchen hablar por última vez”. “Cuando llegamos a Coatzacoalcos, nos dijeron: Bienvenidos al infierno”. Si tú no le decías a tu familiar que te maltrataban, ahí te rompían la cabeza”. -¿Qué le hicieron cuando usted estaba hablando por teléfono? -Me golpeaban, me daban cachetadas. Ahí matan gente, delante de todos matan. Ahí, en esa casa, el otro día mataron como a cinco. -¿Usted vio que mataron a cinco? -Sí. -¿Cómo los mataron? -Los mataron a puro golpe. -¿Cuánto vale un rescate? –le pregunté a Mauricio Farah Gebara. -En promedio, 2 mil 500 dólares. Pero a veces basta con 100 –repuso. Lo escucho: “Algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con policías municipales, estatales y federales, más el ministerio público, administran el delito y la impunidad. “Los números de las víctimas crecen, más allá de las denuncias categóricas que hemos formulado públicamente y de las instancias elevadas a las máximas autoridades del país. Nuestra frontera sur está teñida de rojo”. -¿Qué es administrar el delito? –pregunto al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. -Inmovilizar la ley. Que el delito corra.