La autonomía indígena y la impunidad del Estado

Magdalena Gómez

Hoy día existe en el país una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entrañan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada.

Recordemos el debate en torno a la organización de municipios autónomos que vivió en 1998 una fuerte crisis por el intento del gobierno chiapaneco de desmantelarlos, lo que se tradujo en hechos de violencia y una campaña de supuesto contenido jurídico para descalificarlos. Se cuestionó entonces su validez jurídica rechazando que el núcleo esencial de la creación jurídico-política de un municipio reside en la decisión mayoritaria de los habitantes del territorio correspondiente a partir de los artículos 39, 40, 41 y 115 y demás relativos en la Constitución general.

Es claro que en el marco del federalismo constitucional se pueden encontrar espacios de confluencia para la identidad pluricultural de la nación. La Constitución otorga facultad al Congreso de la Unión para admitir nuevos estados a la Unión Federal (artículo 73, fracción I), formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III), para arreglar definitivamente los límites de los estados, determinando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios”. También encontramos que las constituciones locales establecen la posibilidad y el procedimiento de la remunicipalización.

De parte oficial, el entonces coordinador para el diálogo Emilio Rabasa presentó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) un informe en estos términos: Las autoridades espurias de los municipios autónomos, además de violar la Constitución estatal y la general de la República, han caído en el delito de usurpación de funciones al realizar actos de carácter público como son los de registro civil, cobro de derechos o cualquier otro, por el que podrían tener una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de 20 a 60 días de salario mínimo. En cuanto a las normas estatales, tanto la creación como la supresión de los municipios es competencia del Congreso del estado según el artículo 29 de la Constitución chiapaneca, en tanto que la incorporación o segregación en o entre los municipios no podrá hacerse sin la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, y en materia federal, según el 115, la integración de los ayuntamientos deberá hacerse mediante elección popular o, de lo contrario, cualquier acto de creación o desconocimiento de ayuntamientos y municipios será violatorio del voto popular ejercitado en la elección de las autoridades municipales, como lo establece el 116 constitucional, se configura una violación de la garantía constitucional que establece que los ayuntamientos serán electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. También afirmó que la ley para el diálogo no impedía el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades y fuerzas de seguridad pública para que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia (La Jornada, 11/5/98, nota de José Gil Olmos).

El proceso avanzó y el 9 de agosto de 2003 se instalaron formalmente las juntas de buen gobierno en Oventic, Chiapas, que en seis años han logrado construir y mantener un proyecto realmente autónomo, pese al descarrilamiento del proceso de diálogo impulsado conscientemente por el conjunto de la clase política, reivindicando la razón de Estado para impedir la concreción de la prometida nueva relación con los pueblos indígenas.

Ante el portazo de los tres poderes en que se organiza el Estado, decidieron continuar con la aplicación unilateral de los acuerdos de San Andrés en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para lograr el fortalecimiento de su autonomía, aun en medio de tensiones y enfrentamientos. Sólo baste recordar cómo se ha pretendido golpear a las juntas en Chiapas, maniobrando con los exiguos fondos públicos para mostrar divisiones en el seno del zapatismo. Ni qué decir de las ofertas a la policía comunitaria para convertirla en policía estatal o la complicidad de las autoridades oaxaqueñas frente a las violaciones de derechos humanos en la región triqui.

Al Estado le está resultando más cómodo diseñar sus políticas y programas con toda discrecionalidad y evadir impunemente sus responsabilidades con los pueblos indígenas, provenientes tanto del orden interno como del derecho internacional. De alguna manera se beneficia con la autonomía de estos pueblos que cubren funciones que deberían financiarse con recursos públicos. En contraste, para los pueblos la autonomía es la vía para defender su existencia y garantizar su dignidad.

El camino de la autonomía

Teniente Coronel Insurgente Moisés

Antes de la llegada de los compañeros insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en todas las comunidades se estaba viviendo muy difícil: explotados, humillados, pisoteados y saqueados.

Les estoy hablando ahora de las tierras recuperadas, que eran de los latifundistas. Ahí, nuestros abuelos y abuelas lo vivieron. Y desde muchos más años atrás. Veían que los patrones son los mandones. Y veían, nuestros abuelos y abuelas, que son igual los malos gobiernos.

Cuando llega el ezln empezó el trabajo en los pueblos, a hablar pues de la explotación. Nuestros abuelos y abuelas, nuestros papás y mamás, entendieron la necesidad de organizarse. Porque ya veían de lo que le estaba pasando, de lo que le estaba sucediendo.

Ya había idea de que hay que organizarse, de que hay que unirse, de que así tenemos fuerza. Pero en aquellos tiempos no se podía, porque los patrones y el mal gobierno no permitían. Y había otras historias largas ahí. Porque nos decía el mal gobierno que hay que entrarse en las organizaciones oficiales, como la CNC, y luego la CTM.

Nuestros papás y abuelos participaron en esas organizaciones legales, que dice el mal gobierno que ahí se va a resolver las necesidades, las demandas. Lo probaron y no se resolvió nada. Se vino la idea de que hay que organizarse independiente, lo probaron y no se resolvió nada. Puras persecuciones, encarcelamiento, desaparición.

Cuando llega el EZLN se empezaron a organizarse nuestros pueblos. Se hizo la aparición pública y ahí se decidió pues, en el 94, que tenemos que gobernarnos nosotros. Entonces, nos organizamos, al principio, en los municipios autónomos. Así se llamó: “autónomo”.

Pero nosotros los campesinos, tzeltales, tojolabales, choles, zoques, mames, no entendemos qué significa la palabra “autonomía”. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo. Que nos preguntábamos lo que vamos a hacer. Que discutíamos en las reuniones y en las asambleas y, luego, decidimos los pueblos. Hasta ahorita podemos explicar ya lo que es la autonomía que se está haciendo con nuestros Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.

Lo que pensábamos, lo que imaginábamos antes, ahora está confirmado. Que nosotros los indígenas somos los más olvidados. Pero también sabemos que la libertad, la justicia, y la democracia también las necesitan los que no son indígenas.

El trabajo de los municipios autónomos ahora se ha consolidado más. Nuestros compañeros y compañeras han entendido más, y ahora se dan cuenta que así debería ser en todo México. Donde el pueblo manda y el que está gobernando debe obedecer. Es así como trabajan ahora nuestras compañeras y compañeros.

En todas las áreas de lo que se está construyendo. Hablando de salud, de educación y de otros trabajos colectivos, es discutido, analizado pues, en los pueblos, y luego la decisión general es la que se viene para construir. Se han dado cuenta nuestros compañeros y compañeras que sí se pueden hacerlo. Han aprendido más con los compañeros y compañeras de las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Y una cosa tan importante que también nuestros compañeros están descubriendo cada vez más: la participación de las compañeras en los distintos cargos en la construcción de la autonomía, que no pueden quedar solas las compañeras.

Claro, nos ha costado mucho. Porque hay un problema desde antes, que nuestras compañeras se habían quedado como si fuera un objeto que está aparte. Descubrimos ahí, en aquel tiempo de los patrones, eran maltratadas, violadas nuestras compañeras, nuestras abuelas.

Con esta construcción de la autonomía que estamos haciendo, hemos descubierto que ya no podemos seguir como antes, que estaban a un lado las compañeras. Es como ahora: las compañeras en los pueblos se ayudan con los compañeros a resolver los distintos problemas, a planear y discutir, sacar propuestas para en las asambleas de los municipios autónomos, o en las asambleas generales que hace la JBG.

¿Dónde está la escuela, dónde está el aprendizaje? Aquí mismo, adentro de las comunidades. En ese tipo de construcción de la autonomía, nuestros pueblos, hombres y mujeres, son los exigentes y exigentas de que se debe cumplir los siete principios del mandar obedeciendo. Donde dicen pues así nuestros compañeros y compañeras: si existiera en México un gobierno que obedece, México sería diferente.

Cuando discutimos con nuestros compañeros autoridades, o sea los comisariados, comisariadas, agentes y agentas, hablan lo que en México se habla y se dice que es el Congreso de la Unión, que son los diputados y senadores que dicen que son los representantes del pueblo, y esas compañeras y compañeros autoridades se hacen la pregunta: ¿cuándo nos han consultado de las leyes que hacen? Se hacen la pregunta, por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari cambió el Artículo 27, de lo que nuestro general Emiliano Zapata logró meterlo en la ley constitucional de que la tierra no se vende ni se renta. Salinas, junto con los senadores y diputados cambiaron ese artículo, donde diga que la tierra se van a hacer propietarios, se van a hacer dueños, y que pueden decidir lo que quieren hacer con la tierra. Diciendo así que ya se puede vender y rentar.

La pregunta que se hacen nuestros compañeros y compañeras autoridades: ¿cuándo nos preguntaron eso? Es ahí donde dicen: no sirven para nada esos diputados, diputadas, senadores o senadoras que están ahí. No representan al pueblo de México porque nunca nos preguntan, nunca nos consultan. No creemos que los obreros también les consultan la ley que necesitan.

Hablar de la autonomía parece sencillo, pero no es cierto. Los discursos se escuchan muy bonito, en la práctica es otra cosa. Es como, por ejemplo, hay muchos escritores, intelectuales, como dicen —o se dicen—, hay libros que tiene escrito sobre autonomía. Quién sabe, a lo mejor tienen el 2 o el 5 por ciento de lo que más o menos se toca ahí sobre autonomía. El 95 por ciento les falta.

Para poder hablar de autonomía, hay que vivir en donde se está haciendo. Para descubrir, para ver y conocer más cómo es esto. Porque van a ver cómo es que va y viene de la forma, de cómo se hace en práctica lo que es la democracia, la decisión que se toma.

¿Autonomía o hegemonía?

Emir Sader

La resistencia al neoliberalismo, especialmente a lo largo de la década de los años 90, fue protagonizada en particular por los movimientos sociales, fuere esto por la renuncia de muchas fuerzas partidarias a desempeñar ese papel o porque los efectos más crueles del neoliberalismo exactamente se dieron en el plano social. Se acuñó en ese momento la expresión “autonomía de los movimientos sociales”, en el sentido de luchar contra la subordinación a las fuerzas políticas y bregar por el predominio de las corrientes que más directamente expresaban los intereses populares.

¿Algo más que ese significado pudo tener la autonomía de lo social? ¿Autonomía frente a qué?: el “otro mundo posible” se podía constituir a partir de la “autonomía de lo social”. Esa autonomía apunta hacia la centralidad de la “sociedad civil”, como contraposición al Estado, la política, los partidos, el poder, de acuerdo a como fue definido en la declaración del Foro Social Mundial. En sus extremos se identifican dos versiones teóricas: la de Toni Negri, por un lado, y la de John Holloway, por otro; ambas contienen en común la contraposición al Estado, promoviendo como contrapartida la esfera de lo social.

Esa concepción primó durante la década de los años 90 cuando, colocadas a la defensiva, las fuerzas antineoliberales se concentraron en el plano social, desde donde desarrollaron las principales movilizaciones. A partir del momento en que se evidenció el desgaste precoz del modelo neoliberal –en particular después de la crisis en las tres mayores economías del continente, México, Brasil y Argentina–, la lucha pasó a otra fase: la de la construcción de alternativas y de disputa por una dirección política.

Fueron sucediéndose, así, las elecciones de presidentes con claro contenido de rechazo a los gobiernos neoliberales en ocho países del continente –continuando ya con tres relecciones–, lo que marcó la fase de transición de la esfera de predominio social hacia la política. Quien no entiende esta nueva fase deja de percibir el andamiaje de la lucha antineoliberal. Quien insiste en la “autonomía de los movimientos sociales”, se queda relegado en el corporativismo, oponiendo la autonomía a la hegemonía y renunciando a luchar por la construcción de “otro mundo posible”, que pasa por la conquista de gobiernos para afirmar derechos –debido a que el neoliberalismo es una máquina de expropiación de los mismos. Además, elementos esenciales del antineoliberalismo, como la regulación del capital financiero, la recuperación de la capacidad reguladora del Estado, el freno a los procesos de privatización y el avance en los de integración, entre otros, requieren acciones gubernamentales.

Transformar la autonomía en una categoría absoluta –en cualquier esfera: social, política, económica o ideológica– significa no captar el peso de las otras instancias y entender la política como un elemento más entre los otros y no como la síntesis de todos ellos. La valoración de los gobiernos tiene que ser hecha en función de la naturaleza de sus programas y de sus capacidades de realización en el caso de nuestro continente y, en el periodo actual, por las acciones contra el modelo neoliberal, en favor de los procesos de integración regional, contra los tratados de libre comercio.

Los movimientos sociales son un componente muy importante, mas no el único, del campo popular o campo de izquierda –como quiera decírsele–, al cual pertenecen también fuerzas políticas, gobiernos locales, estatales o nacionales. Nunca los movimientos sociales, autónomamente, dirigieron o dirigen procesos de transformación social. Para hacerlo tuvieron que, como en Bolivia, construir un partido –en ese caso el Movimiento al Socialismo (MAS)–; esto es, restablecer bajo nuevas formas las relaciones con la esfera política para poder construir una hegemonía alternativa.

La autonomía que tiene sentido en la lucha emancipadora es aquella que se opone a la subordinación de los intereses populares y no la que se opone a la hegemonía que articula –obligatoriamente– las esferas económica, social e ideológica en un plano político. El pasaje de la defensiva –concentrada en la resistencia social– a luchar por una nueva hegemonía, caracteriza la década actual en el continente, que dejó de ser laboratorio de experiencias neoliberales para constituirse en el hilo más delgado a escala mundial de esa cadena.

Zapatistas

Gustavo Esteva
gustavoesteva@mail.com

Necesitamos reconocer con entereza la gravedad de la situación. No caben exageraciones, pero tampoco disimulos que resten importancia al mal para alzarse discretamente de hombros y regresar sin preocupación a las actividades cotidianas. Es hora de actuar. Sólo con una movilización concertada y eficaz podemos evitar el desastre que nos amenaza.

En noviembre de 2007, Paz con Democracia, un grupo de pensadores independientes que no puede ser acusado de exaltación dogmática o partidaria y que destaca por la serenidad y solidez de sus juicios, advirtió que “México se encuentra en situación de emergencia”. Presentó numerosos hechos y argumentos para fundamentar la advertencia.

El tono de su nuevo llamado, el mes pasado, revela que su lectura de los signos que observan en nuestra realidad agravó su preocupación. Por la emergencia, señalaron, “es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos”. Hay un claro sentido de urgencia en su llamado.

No lanzaron su mensaje al vacío. Contamos con fuerzas sociales activas y alertas que han demostrado su vitalidad y su capacidad de actuar en muy diversas ocasiones. Pero esas fuerzas han estado mostrando signos de aletargamiento. Ocupadas en la lucha por la supervivencia ante condiciones que forman parte de la emergencia nacional, o distraídas por disputas internas o querellas irrelevantes, no han estado manifestando una conciencia clara de la situación ni la disposición de ánimo que se requiere.

Una vez más, como antena sensible de lo que ocurre en México y en el mundo, los zapatistas se convierten en el punto de flexión. Esta vez no se trata de una nueva iniciativa movilizadora, como las que desde el primero de enero de 1994 han estado despertando al país. Se trata de una situación límite: las agresiones a las comunidades zapatistas, que no han cesado desde 1994, están llegando al punto en que no parece haber más opción que la resistencia armada.

Paz con Democracia, junto con un número significativo de organizaciones sociales y políticas, acaba de presentar una denuncia puntual de lo que está ocurriendo en Chiapas y formuló un llamado urgente. No podemos dejarlo pasar. No es un llamado más, en el desierto: es una exigencia imperativa para actuar.

Debería estar claro, para todos, que los zapatistas no podrán ser desalojados de sus tierras, de sus territorios, y que bajo ninguna circunstancia se rendirán.

Pero no lo está. Autoridades locales y federales podrían estar alentando ilusiones de que el relativo aislamiento de los zapatistas habría creado la oportunidad de deshacerse de ellos. Como dicen que dijo Talleyrand en situación análoga, es un crimen y además un error. Un error de cálculo semejante, cuando Ulises Ruiz pensó que el aislamiento de los maestros le permitiría reprimirlos sin consecuencias, estimuló la insurrección popular oaxaqueña. Reproducir ese error criminal en el caso de los zapatistas tendría consecuencias devastadoras. Necesitamos dejar clara constancia, sin reservas ni matices, de que los zapatistas no están solos. Lo empiezan a hacer numerosos grupos en una veintena de países. Debemos hacerlo más evidente en México.

Al mismo tiempo, hace falta concertarnos para la acción. Se multiplican las pruebas de que la ley o los derechos humanos no son referentes importantes para quienes ocupan actualmente las oficinas de gobierno, y que tampoco demuestran competencia política o sensatez en su obsesión por entregar el país a quienes presionan ya para la entrega de la mercancía.

Poco a poco, a lo largo y ancho del país, emergen las comunidades autónomas a las que se refirió Paz con Democracia. Se les encuentra a cada paso, en barrios y pueblos, en el México profundo. Pero no basta. Es preciso acelerar el paso y multiplicar las iniciativas públicas. Se necesitan diques de contención eficaces ante la ola irresponsable de decisiones e iniciativas que crearon la situación de emergencia y hoy nos acercan al despeñadero.

La guerra que está teniendo lugar no se concentra solamente en los zapatistas. Pero una variedad de factores y circunstancias los colocan nuevamente en el centro de la confrontación y asocian su destino con el del país. Sería suicida no tomarlo en cuenta.

Por los caminos de la autonomía

Gilberto López y Rivas

El estudio de las autonomías indígenas contemporáneas en América Latina, particularmente en México, desde una perspectiva integral y comparativa, muestra la naturaleza transformadora de estos procesos no sólo en su articulación, las más de las veces contradictoria con los estados nacionales existentes, sino también en el interior de los sujetos autonómicos. Así, no se trata sólo de la existencia de autogobiernos tradicionales indígenas que se desarrollan de diversas formas a lo largo de la Colonia y la vida independiente, y que perduran hasta nuestros días en numerosas comunidades de la geografía latinoamericana. Las prácticas autonómicas actuales van más allá.

Cuando los zapatistas –por ejemplo– trascienden el autogobierno y lo asumen a partir de los principios de mandar obedeciendo, la rotación de los cargos de autoridad, la revocación del mandato, la participación planeada y programada de mujeres y jóvenes, la reorganización equitativa y sustentable de la economía, la adopción de una identidad política anticapitalista y antisistémica y la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales afines a ésta, se lleva a cabo un cambio cualitativo de las autonomías, a la par que se transforman los propios pueblos indígenas en sus relaciones de género y grupos de edad, en sus procesos de identidad política, étnica y nacional, en su apropiación regional del territorio y la extensión del poder desde abajo.

La formación y el fortalecimiento del sujeto autonómico pasan también por la ruptura con las viejas formas de las políticas indigenistas que durante muchos años puso en práctica el Estado para mantener el control de los pueblos y las comunidades indígenas por medio del paternalismo y el clientelismo. El movimiento indígena independiente del Estado revela que indigenismo y autonomía son conceptos antitéticos.

Igualmente, el reservorio de votos que el partido oficial (en los tiempos del sistema de partido de Estado en México) imponía por conducto de los cacicazgos indígenas se ve seriamente afectado por un movimiento indígena que rechaza frontalmente el sistema de partidos y pone en tela de juicio los deteriorados componentes de la democracia tutelada. Se considera entonces que la política es un asunto demasiado serio para ponerlo en manos de los políticos profesionales y se impone otra forma colectiva de hacer política. Desde el racismo de la sociedad nacional sólo es posible la democracia representativa y se niega toda experiencia relacionada con las democracias directas de las comunidades indígenas, las cuales desarrollan una cultura política de la resistencia, que es la base misma de los actuales procesos autonómicos.

La experiencia zapatista y la de otros procesos en América Latina muestran que el desarrollo de una red multiétnica consolidada de comunidades y regiones, e incluso de pueblos diversos, es otro de los cambios trascendentes en las actuales autonomías, en las que la pugna intracomunitaria por conflictos seculares, linderos o recursos se supera para responder unidos ante los embates de los estados y las corporaciones capitalistas.

Todas las transformaciones internas, rupturas y redefiniciones en los ámbitos comunitarios, regionales y nacional son imposibles sin esa conformación y fortalecimiento de un sujeto autonómico con capacidades de afirmación hegemónica hacia adentro, de tal forma que garantice la cohesión interna a través de la construcción de consensos, la democracia participativa, la superación de las divisiones religiosas, étnicas o políticas, la lucha contra la corrupción y los intentos de cooptación por parte del Estado y sus agentes. Este sujeto concita la movilización de pueblos y comunidades en defensa de sus derechos y demandas y tiene el apoyo para una representación legítima hacia fuera.

Las autonomías indígenas contemporáneas están lejos de los estereotipos de autarquía que sus adversarios de mala fe han señalado como característico de estos fenómenos. Por el contrario, como se observa en prácticamente toda América Latina, la irrupción de los pueblos indígenas en los acontecimientos políticos de sus respectivas naciones es una realidad innegable.

Estos procesos autonómicos se proponen cambios sustanciales en la naturaleza misma de esas naciones como entidades pluriétnicas, pluriculturales y plurilingüísticas, y a los indígenas los reafirma como sujetos políticos de derechos colectivos irrenunciables en su carácter de pueblos y nacionalidades. En esta dirección, una de las conclusiones fundamentales de la investigación Latautonomy es la siguiente:

“Rechazando tanto la aculturación modernizante como el repliegue tradicionalista, denunciando su histórica exclusión y dominación, los pueblos y movimientos indígenas se afirman históricamente por primera vez con sus especificidades en los espacios públicos para reclamar el reconocimiento de sus aportes potenciales a la construcción de la sociedad futura y su contribución a “otro mundo posible”. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas, los valores que defienden –el bien común y la solidaridad, el respeto de la naturaleza y la noción de equilibrio, el rechazo de las lógicas de consumismo y la preminencia de los valores inmateriales, la búsqueda de la armonía y del consenso– van más allá de los intereses estrechamente comunitarios. Constituyen la afirmación de valores que permiten una adhesión universal y trascienden los límites de la etnicidad.”

(Monique Munting, “Radiografía de la autonomías multiculturales en América Latina”, en Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas: el universo autonómico: propuesta para una nueva democracia. México, Plaza y Valdés, 2008.)

Por los caminos de la autonomía: los pueblos de Oaxaca

Gilberto López y Rivas

Los días 23 y 24 de mayo tuvo lugar el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca en las instalaciones de la Escuela Normal Bilingüe-Intercultural, situada en la comunidad zapoteca de Tlacochaguaya, con la asistencia de autoridades municipales y comunales, así como integrantes de diversos organismos de la sociedad civil pertenecientes a los pueblos amuzgo, triqui, chontal, mazateco, zapoteco, mixe, chocholteco, huave, mixteco, chatino y cuicateco. Durante sus deliberaciones –caracterizadas por la profusa participación testimonial, reflexión teórica y de denuncia–, los participantes realizaron un diagnóstico integral de sus procesos autonómicos: tierras, territorios y recursos naturales; la situación del maíz y del campo en general; la educación para la vida comunitaria; la condición y participación de la mujer en ámbitos familiares, sociales y políticos, llegando a trascendentes conclusiones, propuestas y pronunciamientos.

Los participantes en el foro refrendaron que los pueblos y las comunidades indígenas son los legítimos propietarios y herederos de tierras, territorios y recursos naturales en los que viven y, en consecuencia, exigieron respeto y reconocimiento de ese derecho por parte del Estado y de las empresas nacionales y extranjeras que se empeñan en la privatización y comercialización de ese patrimonio. Hubo consenso en exigir el cese total de todo proyecto, acción y concesión que atente contra la propiedad, uso, explotación, aprovechamiento e integridad de territorios, tierras, lugares sagrados y recursos naturales de los pueblos indios, así como de leyes, decretos y reglamentos que tiendan a despojar y facilitar el aprovechamiento por terceros ajenos a las comunidades indígenas de sus recursos naturales.

Como lo estipulan los acuerdos de San Andrés, leyes nacionales, declaraciones y convenios internacionales, el foro exigió el respeto a la consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas de todo programa o proyecto de los gobiernos estatal y federal en los territorios indígenas, ya que atentan contra la naturaleza, la vida y las culturas de los pueblos indígenas.

Se consideró urgente recuperar plenamente la autonomía económica, productiva y alimentaria de los pueblos con el fortalecimiento del cultivo del maíz autóctono (y no transgénico), uso de abonos orgánicos (y no agroquímicos), cuidado del agua, uso y protección de las semillas propias, así como el fortalecimiento de los sistemas de ayuda mutua, los mercados y tianguis locales y regionales y el aprovechamiento de ecotecnias. Ante la grave crisis alimentaria que amenaza a la humanidad y el cambio climático, el foro se pronunció por fortalecer la producción de alimentos y la introducción de programas y planes educativos en sus diversos ámbitos y niveles que estimulen el respeto a la agricultura propia y, en especial, del maíz.

Desde la perspectiva integral de la autonomía que se formula en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales, y que fundamenta la instrumentación a escala comunitaria, municipal y regional, el foro valoró las prácticas políticas ancestrales que se materializan en las asambleas comunitarias, los sistemas de cargo, las obligaciones y contribuciones comunitarias. Es claro, también, que la articulación e interacción de las comunidades y los municipios indígenas es vital para el ejercicio de la autonomía en el ámbito regional, tal como está garantizado en la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los acuerdos de San Andrés, y en la legislación oaxaqueña, particularmente en el artículo 94 de la Constitución local, que establece la asociación de comunidades y municipios indígenas.

Después de escuchar dramáticos testimonios, el foro destacó la participación de las mujeres en los diversos niveles y espacios de la vida comunitaria y municipal, en particular, en las instancias de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, a efecto de lograr una sociedad más justa y equitativa, y se hizo un llamado a desarrollar acciones concretas para combatir la violencia contra las mujeres indígenas.

A los partidos políticos, al Instituto Estatal Electoral, a las diversas instancias del gobierno estatal y federal, al Congreso de Oaxaca, así como a otros actores externos, se les emplazó a respetar la institucionalidad comunitaria, y en concreto, a no inmiscuirse en los espacios de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, particularmente en los procesos de elección y nombramiento de las autoridades municipales.

El foro demandó de las autoridades municipales indígenas una distribución justa y equitativa de los recursos públicos entre sus agencias y localidades, basada en las necesidades reales de la población, combatiendo la corrupción y evitando la división y confrontación intermunicipales. Ante las irregularidades cometidas por las autoridades correspondientes se consideró necesario el reconocimiento legal e institucional de instancias autónomas indígenas que controlen, vigilen y fiscalicen los recursos públicos, con capacidad de sanción.

Los participantes aportaron sobre la autonomía en los campos de la educación y los medios de comunicación indígenas y denunciaron la represión y la impunidad institucional en el estado. Pese a la violencia de un régimen autoritario y de un capitalismo depredador, el foro reafirmó la estrategia autonómica y de reconstitución de los pueblos indígenas de Oaxaca para hacer realidad el sueño de una sociedad más justa, democrática y digna, demostrando con ello los diversos caminos de la experiencia de gobernarse por sus propias normas, que de eso trata cabalmente la autonomía.

Libre importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y soya

Apertura total del mercado nacional a la importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y pasta de soya proveniente de cualquier parte del mundo, reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche en polvo, y adquisiciones de frijol libres de arancel, anunció ayer el presidente Felipe Calderón para enfrentar el alza de los precios internacionales de los alimentos. El paquete de acciones que dio a conocer incluye acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la continuidad de los programas sociales y agrícolas que ya existen.

Afirmó que no habrá aumento al precio de la tortilla, ya que se incrementarán los apoyos –que hasta ayer eran de 2 mil millones de pesos– para la cadena maíz-tortilla; Diconsa iniciará la integración de una reserva estratégica de maíz para garantizar el abasto a las familias de las zonas marginadas y a 5 millones de familias que viven en pobreza; se les otorgarán 120 pesos mensuales más a través del Programa Oportunidades, por lo que recibirán 655 pesos en lugar de 535.

Aseguró que el precio de la leche en las tiendas Liconsa se mantendrá por el resto del año en 4 pesos, y el kilo de harina de maíz Mi Masa seguirá costando cinco pesos en las tiendas Diconsa. Asimismo, con las tiendas de autoservicio se integrará una canasta básica alimentaria –no puntualizó qué incluye– a precios accesibles para evitar incrementos “abruptos”.

Acompañado por el gabinete económico y social, el jefe del Ejecutivo anunció que las acciones de apoyo a la economía familiar permitirán a la industria alimentaria reducir sus costos de producción y mejorar los precios al consumidor. Por ello continuarán sosteniéndose los precios de la gasolina, diesel y gas LP para toda la población, “a pesar de que el costo de éstos se ha duplicado en el mundo en el último año. El gobierno federal seguirá realizando un esfuerzo para evitar el aumento del precio de los energéticos y para ello se destinarán casi 200 mil millones de pesos, cuatro veces más que el monto del año pasado, que provienen de los recursos excedentes derivados del mayor precio del petróleo”.

Una vez más, Calderón Hinojosa convocó a “la unidad, solidaridad y patriotismo para velar por el bienestar de los mexicanos con mayores carencias”. El mandatario federal dijo que la seguridad alimentaria es un asunto de Estado, y por ello no tolerará “especuladores ni acaparadores, y vamos a castigar a quienes pretendan lucrar con la necesidad y el hambre de los mexicanos”.

Al puntualizar las medidas de respaldo para campesinos y familias pobres, dijo que cualquiera que sea la causa de este fenómeno mundial, “lo cierto es que afecta especialmente a los países en desarrollo y, desde luego, también a México”.

Sostuvo que para contener el alza del precio de los alimentos y los combustibles, y continuar con el apoyo alimentario Vivir Mejor para más de 26 millones de mexicanos, el gobierno “redoblará las medidas de austeridad de la administración pública, entre ellas reducir el gasto de operación y servicios personales de las dependencias federales, distintas de las responsables de la seguridad pública, para que esos ahorros sean destinados al gasto en alimentación de los más pobres”.

Además de las medidas de apoyo a la economía familiar y al abasto de alimentos para los más pobres, anunció para el campo siete medidas inmediatas. Aparte de la eliminación de aranceles, están la comercialización de fertilizantes a precios accesibles a través de las 271 tiendas de Diconsa; modernización de los sistemas de irrigación, que en este año abarcarán 214 mil hectáreas, lo que supera en más de tres veces el promedio anual de tecnificación de los distritos de riego, y la meta es alcanzar un ritmo de 500 mil hectáreas por año hasta 2012; financiamiento a los productores, integrado por una bolsa de alrededor de 20 mil millones de pesos para la compra de maquinaria y equipo, entre otros bienes; continuarán el Procampo, que apoya a 2.6 millones de productores con 14 millones de hectáreas, y los programas para la ganadería y granos básicos.

Finalmente, Calderón Hinojosa instruyó a los secretarios de los gabinetes social y económico a dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos por su gobierno y a vigilar la evolución de precios en toda la industria de la alimentaria para el mejor apoyo al ingreso familiar.

Angélica Enciso y Matilde Pérez

La jornada 26/05/2008

Bush y Cuba

Carlos Fuentes

Los norteamericanos llaman a un presidente que va de salida y no se puede re-elegir un "lame duck", un patito cojo. A estas alturas de su fracasada presidencia, se diría que George W. Bush ni siquiera tiene alas. Lo que sí tiene es un orgullo ciego, una ignorancia que se ignora a sí misma y el error de creerse portador de la bondad universal. "Los EE.UU.", declaró Bush al inicio de su mandato, "son el único ejemplo sobreviviente del progreso humano". De allí la soberbia unilateralista con la que se inició la fatal administración bushista y el corolario que entonces derivó de ella. Condoleezza Rice: "Olvídense de los intereses de una ilusoria comunidad internacional".

Resulta que nosotros -todos los demás- somos la fantasmal "comunidad internacional" que día con día entierra la ilusión unilateralista de Bush. Pasamos de la confrontación bilateral de la Guerra Fría a un fugaz unilateralismo norteamericano, a una comunidad multipolar en la que el poder de los EE.UU. se mide con -o contra- los poderes de China, la India, Japón, Rusia y Europa.

Sin embargo, hay temas que le sirven al presidente Bush para creer que puede actuar como si el mundo no hubiese cambiado. Uno de ellos es Cuba. De ser colonia española, la isla pasó a ser un protectorado yanqui: la enmienda Platt (1901-1934) daba a Washington el derecho a intervenir en Cuba y a establecer una base naval en Guantánamo. La influencia de los EE.UU. dominó la vida política de Cuba hasta 1959, cuando el triunfo de la revolución puso en crisis la relación, proponiendo un enigma irresuelto: si los EE.UU. le hubiesen tendido la mano a Fidel Castro, ¿habría seguido la revolución una senda más moderada, acaso socialdemócrata o, aun, democristiana? Pero, ¿hubiese Castro aceptado la mano tendida de Washington? ¿O estaba dispuesto, desde el primer momento, a independizarse radicalmente del pasado? En cuyo caso, ¿con qué aliado contaría la isla contra los EE.UU.? La Guerra Fría ofrecía una respuesta rápida: con la Unión Soviética, a la sazón presidida por el imprevisible Nikita Jruschov.

La entrada de Cuba al escenario de la Guerra Fría la sujetó a la ayuda de Moscú, a medida que la economía cubana iba de bandazo en bandazo, abandonando la riqueza azucarera por una industrialización frustrada, retornando al azúcar pero despojando de alicientes al campesino, impidiendo dogmáticamente el desarrollo de la iniciativa privada pero demostrando la incapacidad burocrática para sustituir al restorantero, al comercio en pequeño, a la pequeña industria y culpando de las fallas propias al estúpido bloqueo nor- teamericano, pero subsanando en parte ambos errores con inversión europea y excelentes logros en educación y salud.

He evocado más de una vez un cartón editorial norteamericano en el que todos los presidentes de los EE.UU., de Eisenhower a Bush padre, entonan la mantra: "Fidel Castro caerá de un momento a otro". Clinton intentó con seriedad trascender tan pesada e inútil tradición. Castro se encargó de frustrarla: la enemistad de Washington ha sido uno de los pilares del poder castrista, uniendo al pueblo de la isla en torno a la defensa de la patria y orillándolo a soportar privaciones que sólo en parte se deben al bloqueo y en otra parte, a la ineficiencia de la economía cubana.

Hoy, Cuba está en transición. Raúl Castro, con toda la cautela que el caso requiere, ha enviado mensajes insólitos de apertura a los cuales la sociedad cubana ha dado respuestas esperanzadoras. Se trata de un asunto difícil: el movimiento de la sociedad y del estado hacia un sistema más abierto, más democrático. A condición de que sean los propios cubanos quienes decidan el camino. Algo de esto sabemos los mexicanos. Nuestra revolución, acosada y acusada por Washington entre 1910 y 1934, encontró sus propios caminos, culminando, en 1938 con la expropiación petrolera y el acuerdo tácito entre los presidentes Cárdenas y Roosevelt. Siempre habrá problemas entre México y los EE.UU. Siempre podrán resolverse en el diálogo. Los EE.UU., pues, vivieron muy tranquilos con la dictablanda del PRI hasta el año 2000.

No comparo la situación de México con la de Cuba sino para llamar la atención acerca de la doble amenaza que podría ceñirse sobre la transición cubana. La amenaza menor, porque se trata de un régimen más vociferante que perdurable, es la del presidente Hugo Chávez, cacareando que Cuba y Venezuela son la misma -la única- nación. La amenaza mayor, por supuesto, es el desplante imperial de Bush en su ocaso. Con singular desacierto (pero muy propio del personaje) Bush saca a desfilar todos los factores que pudiesen frustrar (o por lo menos retrasar) la evolución cubana. Envalentona al exilio de Miami, alejándolo de la participación ciudadana en el futuro de Cuba para animarlo como fuerza de choque y sustitución del actual régimen. Incita a las fuerzas armadas de Cuba a la traición. Reitera la política de sanciones contra Cuba. Acusa y desdeña los esfuerzos europeos por la conciliación y el desarrollo. Le niega al régimen cubano lo que le da a otros regímenes comunistas como China y Vietnam: inversiones, diálogo, diplomacia, respeto. Tacha a Cuba de ser un campo de concentración, olvidando que la peor prisión de la isla es la base norteamericana de Guantánamo. Y no le ofrece a Cuba más que una velada amenaza: volver a ser colonia de los EE.UU. -or else.

Los EE.UU. están gobernados por un presidente borracho de ideología religiosa y por un vicepresidente que quiere las guerras de las cuales su cobardía juvenil le salvó. Yo no sé si las amenazas de Bush son sólo, una vez más, retórica electoralista para que los cubanos de la Florida voten por los republicanos en 2008.

Lo que sí sé es que Cuba se encuentra en transición y que al mundo entero, pero sobre todo a Iberoamérica, le interesa que la autonomía de la isla sea respetada, que Cuba forje sus nuevas instituciones y reforme las antiguas sin conflicto o presiones externas indebidas y deformantes.

A la soberbia desatada de Bush, Iberoamérica debe responder con las armas de la razón, la cautela, la diplomacia, la negociación y el respeto hacia el pueblo cubano. Enrique Iglesias ha propuesto al Rey Juan Carlos como el ideal moderador de este proceso. Es una muy buena idea. Pero la responsabilidad es de todos nosotros, los que compartimos tradición, historia, lengua y costumbre con la hermana nación cubana.

Ser indio es un delito

Gloria Muñoz Ramírez

Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas.

En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistas”, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera.

El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades.

“Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niño”, relata una víctima.

En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentro”.

Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias.

No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablar”. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda.

“Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puede”, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria.

24 de Diciembre

Gloria Muñoz Ramírez

Cuando un zapatista dice “sólo muertos nos sacan de esta tierra”, está diciendo la verdad. Este zapatista no habla con desesperación, y eso que está totalmente rodeado. A escasos 200 metros tiene un campamento del Ejército federal, a otros 200 metros dos camiones de policía estatal, frente a ellos una comunidad con una organización campesina que, en complicidad con el gobierno y sus aparatos represivos –acusan las autoridades autónomas– les quiere arrebatar estas tierras recuperadas con el levantamiento armado de 1994.

En la comunidad 24 de Diciembre, en la selva fronteriza, una mujer con su niño en brazos, que era niña cuando el Ejército entró a su casa en la ofensiva militar de 1995, relata: “Salimos de ahí porque el Ejército entró a nuestra comunidad. Nos sacaron porque somos zapatistas. Lo que querían ellos es que nos iban a agarrar y que nos iban a matar. Estuvimos fuera 10 años, sin tierra donde trabajar... Entonces vimos la necesidad, dijimos aquí está la tierra y es la hora de que la vamos a reconocer y vamos a vivir en ella”.

El 24 de diciembre de 2006 llegaron a formar el nuevo poblado y siete meses más tarde empezaron las agresiones: corte de caminos, tumba de milpas, cerco policiaco, amenazas de incendiar el poblado, contaminación del agua y un largo etcétera de provocaciones que hasta hoy no han parado. La resistencia aquí es, de tan cotidiana, casi invisible. La organización de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) toma fuerza frente a las agresiones y se expresa de mil formas, sin armas, con el recurso ilimitado de la resistencia y la convicción de quien defiende lo que le pertenece.

Esta es parte de la organización de los municipios en rebeldía: un cinturón de seguridad, organizado por la junta de buen gobierno de La Realidad y compuesto por turnos de 100 zapatistas de los poblados de toda la región (cada turno de cinco días), cuida y apoya a la comunidad. Ante tantas agresiones de la policía, del Ejército y de la organización Unión de Ejidos de la Selva (UES), la vigilancia previene que los propios zapatistas caigan en la trampa de las provocaciones: “A veces los compañeros de 24 de Diciembre no podemos ser serenos en nuestro terreno. Por eso vienen los compas de otros poblados, como para ponerse en medio de los dos. También vienen a ayudar a levantar las cosechas y a construir nuestras casas. Y también para resguardar nuestras casas, para que no las quemen. Nos mantenemos con cocinas colectivas, letrinas colectivas, cada quien aporta un poco de alimento; la Junta nos apoya con un poco de frijol y arroz y los compañeros de 24 de Diciembre nos encargamos de hacer el café en las mañanas y en las tardes para los compas, también de darles alojamiento en nuestras casas...”

La decisión del poblado “es permanecer aquí hasta que no sean quemadas las casas. Hasta que no seamos masacrados vamos a seguir resistiendo, aquí, con todas las amenazas”. Y un hombre, el más viejo, dice: “Que se reconozca nuestro terreno. Ya no somos jóvenes, ya somos ancianos. Tenemos la seguridad de que aquí vamos a permanecer”.

La tierra es la base principal de nuestros pueblos

Comandante Tacho

Para nosotros los indígenas zapatistas, la lucha por la tierra y el territorio es la base principal de nuestros pueblos. Es indispensable y por eso desde el levantamiento armado de 1910, que encabezó el general Emiliano Zapata, jefe libertador de sur, se dio la lucha a raíz de la defensa de la madre tierra y el territorio. Desde entonces hemos venido caminando esta lucha por nuestra tierra, y nunca nos cansaremos de luchar porque la tierra es de quien la trabaja.

Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir, ahí nacemos, ahí nos desarrollamos, en ellos nos multiplicamos y convivimos, con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, con los manantiales; también en ellos viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo.

Nosotros los indígenas, los campesinos, cuidamos y amamos a nuestra madre tierra y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia de la humanidad, los pueblos indígenas campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra: nunca.

La tierra la trabajamos para alimentarnos, pero la cuidamos. Nunca hemos explotado miles o millones de metros cúbicos para venderlos como si fueran mercancías a cambio de dinero.

En cambio los capitalistas de México y otros países, se la están acabando, más la van a acabar, pobre van a dejar nuestra madre tierra si los dejamos.

Acabarán lo que cuidamos hace siglos, acabarán todos los valores milenarios --y lo sabemos que dependemos en ella, es nuestra vida, sin ella no podremos vivir. Por eso nosotros, los y las zapatistas, decimos que la tierra es de nosotros, nos pertenece, por siglos, ahí nacieron nuestros tatarabuelos y ahí murieron, ahí están sus huesos su historia y la memoria.

Queremos decirles que gracias al movimiento que estamos haciendo hemos descubierto que en todas partes de México y el mundo tenemos los mismos sufrimientos y los padecimientos de despojo, por causa del capitalismo y del neoliberalismo, que quieren someternos a su dominio y ser sus esclavos en nuestro propio suelo y bajo el mismo cielo.

Antes del 94, los indígenas zapatistas estaban sin derecho de libertad, sin derecho a la democracia ni a la justicia. Nos mantenían divididos, sin derecho de reunirnos para organizarnos. Su objetivo era tenernos dispersos pero controlados, pero no en una comunidad, sino de manera acasillada en la finca del patrón que nos mantenía sin ningún derecho de desarrollar trabajos para nuestras familias. Para tenernos callados a los indígenas nos daban trabajos duros de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, con un miserable salario de dos pesos. Con trabajos forzosos los indígenas estaban en total sometimiento bajo las órdenes de los patrones, para sus grandes ganancias y desarrollos materiales: los potreros, los pastizales, los alambrados, los corrales de manejo, las milpas de los patrones, la casa de los patrones, el mantenimiento de sus casas y de sus animales, perros, gallinas, caballos y marranos. Todos esos trabajos lo hicimos los indígenas de manera humillante, y los grandes terratenientes fueron logrando adueñarse de grandes extensiones de tierra, de las riquezas naturales, como el agua, las maderas finas y comunes, los ríos, manantiales y lagunas.

No había condiciones de salud y nos moríamos por enfermedades curables, no había educación, la mayoría de los pueblos no supieron escribir ni leer. No había carreteras para ir a una ciudad, de ida y vuelta se llevaba nueve días. Si era por medicina, a veces ya no se encontraba vivo el enfermo.

Los finqueros talaron miles y miles de metros de cúbicos de madera; gobernaban y mandaban en grandes extensiones de tierras que luego pasaron en manos de un señor Matías Castellanos y esto pasó de padres a hijos, con esta explotación de miles de árboles, que nosotros conocimos.

Rumbo al Caracol de La Realidad, y antes del ejido Chiapas, hasta llegar a ejido Nuevo Momón, toda esa cañada fue explotada, por tercera ocasión, entre Absalón Castellanos Domínguez y Ernesto Castellanos, hasta finales de 1987.

Estas tierras fueron vendidas por grandes cantidades de dinero. Apoyados de los malos gobiernos, a través de los bancos. Más cerca de La Realidad, hicieron lo mismo en la finca La Petema de José Villatoro que luego pasó en manos del señor Antonio Villatoro y después fue vendida a un señor Efrén, proveniente del norte del país.

Eran grandes extensiones de tierras que tenían estos terratenientes: la finca Las Delicias y la finca El Rosario, la San José, la Nuevo México, El Edén, La Victoria, El Recreo, la finca Campo Grande, la finca San Lorenzo, la finca San Antonio, la Santa Rita, y la Santa Isabel. De tres mil hectáreas para arriba cada una. Sólo por mencionar las grandes extensiones que estos señores poseían, por ejemplo la finca San Quintín de los señores Bulnes actualmente la ocupan diez comunidades indígenas, esto para que imaginan las extensiones que poseían.

Y talaron los miles y millones de árboles y de metros cúbicos de madera que sin duda alguna llegaron en manos de grandes compañías nacionales y extranjeras. Estos señores disfrazados dueños de las tierras fértiles y de los recursos naturales, nos despojaron de manera engañosa, usando sus mañas para legalizar los despojos que nos hicieron en complicidad con las instituciones y los malos gobernantes.

En esta misma época, llegaron las grandes compañías que se conocen como las monterías, compañías que se dedicaron a la tala de madera preciosas, como son el cedro y la caoba. Así explotaron la riqueza de nuestro territorio. También llegaron compañías chicleras explotando y destruyendo nuestra ecología, dedicándose de extraer resina de un árbol conocido como el chicle, que una vez acumulado enviaban al dueño de la compañía. Usaban a los indígenas y campesinos para este trabajo sin importar los riesgos, exponiéndolos a padecer enfermedades y fracturas.

Todos estos señores con sus actos de destrucción de los recursos naturales, son para nosotros ladrones ambicionados, saqueadores, explotadores de las fuerzas de trabajo, la discriminación, el desalojo, el despojo.

El delito de estos señores es muy grave ante los pueblos indígenas de México y se puede decir que son criminales en contra de nuestra madre tierra.

Nunca estas tierras fueron entregadas en manos de los indígenas y campesinos. En vista del olvido de estos malos gobiernos, todas las organizaciones campesinas estaban dispersas, cada organización buscaba lo que entonces planteaban y como siempre andábamos dispersos. En esos tiempos se dieron muchas luchas pacificas para gestionar las tierras y como respuesta vino el asesinato, el encarcelamiento, el desalojo, las desapariciones y las amenazas.

Por eso debemos preguntarnos ¿los vamos a dejar que hagan y lleven libremente sus planes de exterminio en contra de nuestros pueblos? Y si lo dejamos ¿adónde iremos a parar? ¿Cómo será la vida allá donde nos irán a llevar?

Esa respuesta nadie nos la va dar, la respuesta vendrá de nosotros mismos. Estos bandidos, malvados y bárbaros llevarán adelante su plan de exterminio contra nuestros pueblos originarios. Sí contestamos bien las preguntas, entonces es tiempo de saber qué hacer desde ahora.

Palabras del comandante Tacho, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, durante el Encuentro con Campesinos del Mundo", San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de julio de 2007.

Aumenta la represión

Gloria Muñoz Ramírez

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estados con los mayores índices de desigualdad e injusticia social, en los que se gestan diversas luchas y resistencias autónomas, la respuesta gubernamental es el recrudecimiento de la represión.

Tan sólo en la primera quincena de agosto, las autoridades zapatistas denunciaron la reactivación de la paramilitarización en la región de Morelia, donde fueron heridas de bala dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una emboscada tendida por miembros del grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en la comunidad Ba yulumax, del municipio autónomo Olga Isabel. La OPDDIC, acusan los zapatistas, es el brazo armado de una estrategia de Estado que pretende arrebatarles las tierras recuperadas durante el levantamiento armado de 1994.

Por su parte, en la región de la selva fronteriza, la junta de buen gobierno denunció que la Unión de Ejidos de la Selva, en complicidad con el Ejército federal, amenaza con desalojar por la fuerza a la comunidad zapatista 24 de Diciembre, asentada en 525 hectáreas de tierras recuperadas, que anteriormente se encontraban en posesión del cacique y ex gobernador del estado Absalón Castellanos. Hoy estas tierras son trabajadas por los zapatistas e invadidas por los militares.

Todo esto, denuncia el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, es parte de una estrategia federal que "intenta conformar y reconstruir una contra-zapatista apuntalada al despojo de tierras y desalojo forzoso de poblaciones zapatistas".

El clima de hostigamiento se completa con la agresión a las mujeres zapatistas del municipio autónomo de La Paz, en la zona norte del estado, donde denunciaron que "personas que están en contra de nuestra organización zapatista quemaron la casa de nuestra compañera María López Peñate... Además, en las comunidades estamos amenazadas por los cortes de luz y nos quieren desalojar de nuestras tierras. Y las mujeres sufrimos más porque tenemos miedo de ser violadas."

En otras regiones del país la represión a la organización autónoma también es la constante. Esta misma semana la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero denunció que la agencia del Ministerio Público inició, y en algunos casos ha consignado, averiguaciones previas en contra de miembros de la Policía Comunitaria, sistema autónomo y legítimo que se encarga de la seguridad y justicia en los pueblos de esta región.

Y qué decir de Oaxaca, donde la violación a los derechos humanos no para. Hace unos días cuatro personas de nacionalidad española fueron privadas de su libertad ilegalmente. Durante el encierro, denunciaron, fueron víctimas de "golpes, humillaciones, insultos y amenazas, una de las chicas recibió agresiones sexuales y un chico mexicano fue obligado a realizar flexiones mientras un grupo de agentes se reía de él y lo amenazaban con 'aplicarle el puñal'".

La represión, sin embargo, no consigue parar la organización y movilización, que crecen invisiblemente por todo el país.

CHIAPAS : la guerre invisible...

Tandis qu’Irene Kahn, Secrétaire Générale d’Amnesty International, multiplie les mises en garde en direction du gouvernement de Felipe Calderón[1], les flots de touristes nord-américains et européens continuent de submerger, entre deux cyclones, le littoral du Yucatán ou du Pacifique. Mais leurs troupeaux bariolés se pressent également à San Cristobal, sur les sites mayas et devant les superbes paysages du Chiapas. Pourtant, et ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette frénésie de « découverte » qui pousse les nouveaux aventuriers de la modernité, une sale guerre continue de se dérouler dans cet Etat du Sud-Est mexicain, sans même que ceux-ci en recueillent le moindre écho. A quelques pas de Palenque ou de Yaxchilán, des cascades d’Agua Azul ou de la lagune de Miramar, des dizaines de communautés indigènes mayas (chol, tsotsil, tseltal ou tojolabal) et zoques sont violemment agressées par des bandes de paramilitaires. Maisons brûlées, champs de maïs, arbres fruitiers ou plantations de café dévastés, viols et assassinats se répètent semaine après semaine, perpétrés souvent par d’autres indigènes, encadrées par l’OPDDIC. Créée par d’anciens membres du groupe terroriste pro-gouvernemental « Paz y Justicia », cette « Organisation Pour la Défense des Droits Indigènes et Paysans » a été réactivée par l’actuel gouverneur de l’Etat. Equipée et protégée en sous-main par l’armée fédérale et certains corps de police, l’OPDDIC est devenue en un an le fer de lance de la « guerre de basse intensité » menée contre la rébellion zapatiste[2]. Une guerre qui s’appuie sur les principes définis en leur temps par les théoriciens français, puis argentins et nord-américains de la contre insurrection, et dont l’essentiel consiste à utiliser des membres de la population civile pour semer la terreur au sein de celle-ci, et tenter ainsi d’isoler les plus déterminés des insurgés[3].

Ce qui rend actuellement l’OPDDIC particulièrement dangereuse, c’est que son action contre les communautés zapatistes est concertée avec la dernière offensive gouvernementale contre la petite paysannerie du pays. A travers un programme baptisé « PROCEDE », le pouvoir fédéral cherche en effet à liquider un acquis fondamental de la révolution de 1910 : la reconnaissance du droit à la terre, dans le cadre de la propriété collective (avec l’instauration des « ejidos »), pour ceux et celles qui la travaillent. Car même si la réforme agraire pour laquelle des centaines de milliers de « peones » indigènes et « métis » avaient donné leur vie n’a jamais été menée jusqu’au bout, le maintien actuel des « ejidos » (la terre appartient à l’ensemble de la communauté, les parcelles se transmettant de génération en génération, mais sans pouvoir être vendues ou utilisées à d’autres fin que l’agriculture) n’est plus tolérable pour un système économique dans lequel tout est marchandise, y compris la terre, l’eau, les ressources naturelles et tout ce qui est vivant. Le PROCEDE consiste à offrir aux paysans des titres de propriété individuelle sur ces terres naguère collectives. Nantis de ces « papiers », ceux-ci pourront enfin s’affranchir des règles et des solidarités communautaires, bénéficier d’une garantie pour emprunter aux banques de quoi s’offrir outils « performants » et engrais chimiques, voire vendre la terre au plus offrant si l’attrait de la « vie en ville » se fait trop pressant. L’activité de millions de petits paysans tourne encore essentiellement autour de l’autosubsistance, leur consommation est réduite et ils n’alimentent guère le marché et la grande distribution au niveau national ou international. Le développement de l’agriculture passe donc par l’erradication de cette paysannerie, pour laquelle on envisage un meilleur avenir, dans l’agro-industrie du nord ou des Etats-Unis, ou encore dans les « maquiladoras », ces usines textiles ou électroniques de montage dont le Mexique s’est fait une spécialité, rivalisant même, en termes de compétitivité et d’absence de droits sociaux, avec la Chine et l’Inde.

Dans quelques décennies, s’il reste des historiens, ceux-ci analyseront probablement le soulèvement zapatiste de 1994 comme un des derniers et des plus déterminés et créatifs soubressauts d’une culture et d’un monde qui se refusent à disparaître. Des sociétés où l’importance des liens de solidarité entre humains, mais aussi avec la terre qui les nourrit, prime sur tout le reste. Cette rébellion, commencée par les armes, poursuivie par la parole et l’action de quelques centaines de milliers d’indigènes engagés envers et contre tout dans la construction de leur autonomie, a remporté des succès aussi indéniables qu’impressionnants. Sans aucune aide ni intervention de l’Etat et de ce qu’ils appellent le « mauvais gouvernement », avec le seul appui de quelques organisations et groupes de la société civile mexicaine et internationale, les zapatistes sont en train de mettre en place un système éducatif, de santé et de justice remarquables. Profondément inspiré par le principe du « commander en obéissant », le fonctionnement de leur autogouvernement à tous les échelons, de la communauté villageoise au «municipe autonome » et à la région (dont les cinq « caracoles » coordonnent les moyens et les projets) offre une véritable leçon d’organisation et de démocratie. Les responsables, désignés dans leur communauté pour une période maximale de 3 ans, et révocables à tout instant, se relaient tous les 15 jours aux postes de commande des « conseils de bon gouvernement ». Nombre de ces femmes et hommes ne savent ni lire ni écrire, et ce ne sont pas des critères de compétition qui ont prévalu lors de leur nomination, mais ceux du dévouement, du respect et de la sagesse dont ils ou elles ont fait preuve à travers les fonctions précédemment assumées, dans le cadre de la coutume des « cargos » propres aux communautés indigènes.

Pendant la dernière semaine du mois de juillet, des ressortissant-e-s de plus de 45 pays de tous les continents ont écouté des centaines de représentant-e-s des communautés rebelles zapatistes. Dans un espagnol parfois hésitant, mais toujours expressif et digne, ces derniers ont pu exposer leurs efforts, leurs succès et leurs difficultés, mais aussi leur vision du monde et de son avenir[4].

Les succès du mouvement zapatiste inquiètent en haut lieu. Les 12, 13 et 14 octobre prochain, l’EZLN organise une nouvelle rencontre, cette fois avec les peuples indigènes des Amériques. Elle se tiendra dans le nord du pays, en territoire yaqui, et fera probablement appel à la mémoire, dans ces terres où la résistance a perduré jusqu’à l’orée du XXème siècle.

1810 : début de la guerre d’indépendance au Mexique, et du soulèvement général contre le colonialisme espagnol.

1910 : début de la révolution mexicaine.

2010 ? Si notre rationalisme nous interdit toute spéculation autour d’un calendrier, les Amérindiens, qui possédaient le leur 1500 ans avant les occidentaux, pourraient bien s’en saisir pour déterrer à nouveau la hache de guerre.

Il s’agit donc pour le gouvernement fédéral, et pour celui de l’Etat du Chiapas, de passer à la vitesse supérieure, de déployer tous azimut l’offensive contre ce mouvement qui fait tache d’huile. Les attaques contre les communautés se multiplient. Depuis le 12 août, un paysan zapatiste et son fils se débattent entre la vie et la mort, à l’hôpital de Tuxtla Gutierrez. L’OPDDIC se voit secondée dans certaines régions par des membres de coopératives de café, bénéficiant même des labels « bio » et « équitable », comme les « Cafés de la Selva ». Ceux-ci entrent dans le conflit, afin de bénéficier à leur tour du PROCEDE, et tentent de chasser les zapatistes des terres récupérées depuis 1994. D’autres communautés, dont les responsables rêvent de ramasser quelques miettes du développement « éco-touristique » dans la région, se laissent également attirer par les sirènes de la propriété privée des terres, et passent à l’offensive. C’est le cas au coeur même de la forêt Lacandone. La confrontation ne fait que commencer. Ils faudra y être attentifs, d’autant que la presse et les médias au niveau
international demeurent silencieux. Cette guerre, au paradis du commerce équitable et du tourisme écologique, doit demeurer invisible.

Pourtant, il se trouvera toujours des voix pour témoigner[5], et rappeler au monde l’importance de ce qui se joue au Chiapas.

14 août 2007 - Jean-Pierre Petit-Gras

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[1] Irene KAHN a vigoureusement dénoncé la pratique systématique de la torture et les agressions sexuelles commises par les policiers contre les opposant-e-s, qu’il s’agisse de San Salvador Atenco, d’Oaxaca ou encore contre les mineurs de Sicartsa ou les paysans qui refusent la construction du barrage de la Parota, dans le Guerrero. Elle a également souligné l’incroyable laxisme des autorités devant les centaines d’assassinats perpétrés sur des femmes à Ciudad Juárez, Chihuahua.

[2] Depuis 1994 les insurgés zapatistes ont occupé plusieurs centaines de milliers d’hectares, dont leurs ancêtres ont été spoliés par les colonisateurs et leurs descendants.

[3] Voir à ce sujet le très bon film de Marie-Monique ROBIN, Les Escadrons de la Mort.

[4] Les zapatistes ont en effet organisé dans trois des « caracoles » les « deuxièmes rencontres avec les peuples du monde ». Les documents rendant compte de cet événement sont en voie de publication sur le site de l’EZLN et des collectifs sympathisants dans différents pays.

[5] Le site de l’EZLN présente des traductions. Sur la paramilitarisation, on peut consulter en espagnol le site du CAPISE, ou celui du « Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista » de Barcelone. En français, celui du CSPCL.

La historia de la autonomía

Gloria Muñoz Ramírez

"Si el zapatismo nació es para buscar la vida, una vida que no existía en el sureste mexicano, una vida que hasta ahorita se está luciendo con los trabajos de la autonomía", dijo el comandante Moisés, de la región de Morelia, durante el segundo Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo.
Por segunda ocasión los pueblos zapatistas expusieron al mundo (representado por más de 2 mil personas provenientes de unos 30 de países de los cinco continentes), la historia y la cotidianidad de una autonomía en la que se construyen nuevas relaciones humanas, un proceso que va más allá de una clínica o de una escuela, un proyecto de vida que hace creer que existen otras formas de convivencia, o, por lo menos, que se puede intentar construirlas.
Nacidos el 19 de diciembre de 1994, los 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez) empezaron a crecer a diferentes ritmos, dependiendo de la región, la cultura, los recursos económicos y la organización interna. Hoy son más de 40 municipios autónomos divididos en cinco grandes regiones, cada una con una sede (caracol) de autogobierno que es al mismo tiempo centro cultural y político. "Nunca pensamos que llegaríamos hasta aquí", dice Manuel, anciano de origen tzeltal que recuerda cuando, antes de 1994 y aún en la clandestinidad, los zapatistas ya empezaban "a atender la salud en los pueblos".
A más de 13 años del levantamiento armado y, como enunció el comandante David, aún con las armas en la mano, el EZLN expuso retazos de una historia que no acaba de escribirse: "Nosotros quisimos dialogar, quisimos hacerlo todo, pero ya ven lo que pasó con los Acuerdos de San Andrés (firmados en febrero de 1996 y hasta la fecha incumplidos). Por eso no pedimos permiso y empezamos a construir. Vemos que lo más esencial es la organización del pueblo y no el dinero, porque el dinero si es en exceso corrompe, pero la organización no se corrompe. La idea que se hace para buscar la vida no se destruye en la cárcel ni se destruye en la muerte...", señaló Moisés.
"En todo este trabajo -explicó- nosotros no tenemos manual. Es diferente lo que se hace en cada zona, porque en cada lugar se va buscando la forma de cómo crecer. Enfrentamos y decimos que cometemos errores, porque si cometemos errores construimos, si no cometemos errores quiere decir que no andamos bien, porque nosotros decimos que no hay excelencia pues. En la educación, por ejemplo, no hay número 10, porque el 10 no existe..."
Gente de Japón, Tailandia, Irlanda, Croacia, Italia, Estados Unidos, Nicaragua, Suiza, Polonia, Holanda, Madagascar, India, Brasil, México, Argentina, Guatemala, Israel, Estado Español, Corea y otra veintena de países recorrieron el territorio en rebeldía durante una semana en la que se habló de educación, salud, trabajo colectivo, autogobierno, justicia y, de manera destacada, de uno de los logros más significativos de la lucha zapatista: la participación de la mujer en la autonomía, proceso irreversible que da cuenta no sólo del camino recorrido y, sobre todo, de lo que falta...

Construir la autonomía

Gloria Muñoz Ramírez

"Pues la autonomía para nosotros es que el pueblo decide su forma de luchar o de organizarse tanto política como económica y socialmente; es el pueblo que decide su forma de vivir basándose en su lengua y en su cultura, porque nuestra forma de gobernar es diferente a la del mal gobierno; ellos son unos cuantos que deciden por todos lo que quieren que se haga, y los cuantos que deciden no deciden para beneficio de todos, sino que es a beneficio de ellos (...) Entonces, pues, nosotros somos diferentes. El mando es el pueblo, él decide cómo quiere su salud y su educación. A veces en el pueblo hay necesidades o problemas; entonces se junta el pueblo para buscar una solución y esa decisión debe ser con base en la razón." (Palabras de las autoridades autónomas zapatistas de la región de La Realidad, Chiapas).
Nuevamente es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el que convoca al mundo de la resistencia para escucharlo y para ofrecer su experiencia en la organización cotidiana de la autonomía. Nuevamente son ellos, los zapatistas, quienes ponen el espacio, el oído y la mirada para el intercambio y el (re)conocimiento de las diferentes experiencias que resisten al capitalismo en su fase neoliberal. Las comunidades en rebeldía, aquellas que desde los primeros rayos del sol y hasta que anochece ponen el cuerpo y el alma en la construcción de un mundo mejor, una vez más abren sus puertas y, sobre todo, el corazón al mundo entero.

Se trata del segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, que se celebra en territorio zapatista del 20 al 28 de julio, en unas jornadas que tienen como objetivo que se conozca "directamente de la palabra de las bases de apoyo del EZLN, el proceso de construcción de la autonomía en las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas".

La organización de la autonomía en los pueblos zapatistas no sigue un manual ni un recetario. Todos los días se enfrentan nuevos retos y se exploran nuevas maneras para enfrentarlos. Con escasos recursos económicos, pero con el ánimo de quienes depositan toda su confianza y esperanza en un proyecto de vida diferente, anticapitalista y de izquierda, los hombres, mujeres y niños de las comunidades indígenas organizan sus escuelas, casas de salud, hospitales, cooperativas, farmacias, bodegas de comercio y un largo etcétera que engloba lo que ellos definen como autonomía, a saber, "el derecho universal donde podemos vivir humanamente, con libertad, con justicia, con democracia, con nuestras propias leyes y con dignidad".

La autonomía, dicen los zapatistas, "significa reconocer que siempre fuimos y seguiremos siendo pueblos con nuestra historia, nuestra religión y cultura, educación, lengua, etcétera (...) Es el reconocimiento de lo que de por sí ya existe, lo que de por sí es un hecho, que somos un pueblo y tenemos la capacidad de gobernarnos, controlarnos, mejorarnos y salir adelante". Es esta práctica la que ofrecen al mundo decenas de miles de hombres, mujeres y niños tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, zoques, mames y mestizos, todos zapatistas.

Las autonomías como estrategia imperialista

Gilberto López y Rivas

Los procesos autonómicos de los pueblos indios desarrollados en América Latina durante las tres últimas décadas han mantenido un signo democrático incluyente, totalmente alejados de una perspectiva rupturista y de enfrentamiento étnico-nacional. En Nicaragua, México, Panamá, por ejemplo, las autonomías indígenas han sido propuestas que han propiciado procesos de pacificación y negociación de conflictos armados.

Asumidas como la síntesis de la lucha por los derechos territoriales, culturales, sociales, económicos y políticos que como colectividades corresponden a los pueblos, las autonomías se han convertido en programas reivindicativos asociados a transformaciones civilizatorias de largo aliento que incluso han sido retomados como nuevas formas de convivencia política en naciones multiétnico-nacionales. El proyecto de investigación que con el acrónimo Latautonomy analizó comparativamente los procesos autonómicos de seis países de América Latina, Cataluña, en el Estado Español y Chechenia y Dagestán, en la Federación Rusa -y que muy pronto publicará el segundo tomo de sus pesquisas bajo el título de El universo autonómico: propuesta para una nueva democracia (México: Plaza y Valdés, 2007)-, identifica los procesos autonómicos latinoamericanos como condición para un desarrollo sustentable, entendiendo esta noción como parte integral de un proceso que es a la vez político-económico y ecológico cultural.

En esta misma investigación, en su primer tomo (Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas. Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de convivencia política, México: Plaza y Valdés, 2005), advertimos sobre los peligros que representa el que la lógica del poder asuma conceptos tergiversando sus contenidos de carácter popular, democrático y transformador para convertirlos en su contrario. Así, "solidaridad" puede implicar alianzas militares de las superpotencias imperialistas; "democracia" significa invasión de un país, la muerte de millones de sus habitantes y la imposición de un gobierno por las potencias ocupantes; mientras que "libertad de expresión" encubre el monopolio de las corporaciones sobre los medios de comunicación masiva para proteger sus intereses de clase. "Pero incluso nociones como autonomía, desarrollo sostenible y multiculturalidad se han convertido en este contexto en instrumentos del ejercicio de un poder ajeno a los pueblos que hoy están luchando por su liberación. Hay fuerzas políticas y económicas que promueven la 'autonomía' en la región de Guayaquil, Ecuador, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, y en el estado de Zulia, Venezuela, con el fin de apartar las riquezas de las cuales se han adueñado a lo largo del siglo pasado del resto de la sociedad. Quien no lo crea sólo tendrá que ir a Kosovo, donde un desenfrenado chauvinismo fundamentalista utiliza la bandera de la multiculturalidad para separar nítidamente (a veces en el sentido de una limpieza étnica) culturas que históricamente han coexistido. Y finalmente basta escuchar los preceptos del Banco Mundial y del Foro Económico de Davos que pretenden, bajo el término de desarrollo sostenible, combatir aquella pobreza que el Fondo Monetario Internacional está causando a través de sus medidas de ajuste" (Gabriel y López y Rivas, ob. cit., p. 20).

Ante esta perversión en el uso de los conceptos y símbolos por parte de los poderes corporativos, oligárquicos e imperialistas, una reacción errónea del movimiento popular es estigmatizar los propios conceptos en pugna. Por ejemplo, en Bolivia hay sectores en el campo popular que no quieren utilizar el de autonomía por el uso que le están dando los oligarcas de Santa Cruz. No obstante, en la lucha por las autonomías siempre fue claro que éstas no constituyen una fórmula mágica, un esquema a seguir. Que es necesario que el sujeto autonómico, o sujeto colectivo de trasformación social, con bases territoriales e identidades socioétnicas, tenga la capacidad de representar el consenso y los intereses de una entidad que se asume pueblo y que está dispuesta a darle contenido inclusivo y democrático a las autonomías.

Así -afirmaba en otro texto-, "la autonomía no se puede afianzar en una sociedad por decreto. Cualquier proyecto alternativo de transformación, por más noble que sea, como una sábana, adoptará la forma del tejido social sobre el que se posa. Si el tejido social que lo fundamenta es vulnerable, en tanto no está enraizado, construido y apropiado por los propios sujetos, el proyecto está condenado a fracasar" (G. López y Rivas: Las autonomías: democracia o contrainsurgencia. México: Editorial Era, 2004).

La hipótesis del equilibrio del proyecto Lautonomy es muy clara en esa dirección: "En un sistema autonómico que es un proceso social del cual emerge un nuevo sujeto político debe existir un equilibrio entre la dimensión política-jurídica, la dimensión cultural-intercultural y la dimensión económica-ecológica. Si un proceso autonómico tiene carencias de una de estas dimensiones (o sobredimensión de otra), existe el peligro de que actores externos (Estado nacional, terratenientes, compañías trasnacionales, etcétera) penetran el sistema, lo subvierten desde adentro y lo destruyan."

Lo importante es no renunciar a la lucha de las ideas y reivindicar aquello que por derecho nos pertenece: libertad, igualdad, fraternidad, socialismo, independencia, soberanía, democracia, autonomía, autodeterminación son aspiraciones de la especia humana que la lógica de la resistencia debe fortalecer con un contenido cada vez más libertario. Las autonomías en ese sentido deben prevalecer.

Las mujeres indígenas ante la violencia sexual

Una nación no puede ser conquistada
hasta que los corazones de sus mujeres sean pisoteados.

Solamente así se logra dominar al pueblo,
no importa que tan bravos sean sus guerreros o tan fuertes sus armas.

Dicho de la nación cheyenne

Maureen White-Eagle de la nación ojibwa, y Maylei Blackwell, cherokee-tahi, mujeres indígenas en Estados Unidos, aportan elementos importantes para entender el modo en que el Estado mexicano responde al caso de Ernestina Ascensión Rosario, quien fuera respetable anciana nahua de Zongolica. Sus experiencias y reflexiones demuestran que la violencia sexualizada y su impunidad son instrumentos de colonización de los cuerpos y las vidas de las mujeres indígenas, y que la lucha contra la violencia hacia ellas no puede ir sin el pleno reconocimiento de la autonomía y la soberanía de los pueblos.

Maureen White Eagle. En 2006 una mujer indígena fue violada por un hombre blanco en Burbank, Alaska. Ella denunció los hechos ante la policía. Los uniformados dijeron que iban a buscar a su agresor y que pronto regresarían. Nunca más aparecieron.

Caminó a la sala de emergencias de un hospital. Cuando la miraron en estado de alteración, los médicos creyeron que estaba embriagada. Fue tratada como borracha, y no como víctima de una violación. Mientras le hacían preguntas, los doctores intercambiaban gestos de indiferencia y miradas de asco. Fue enviada a un albergue donde concluyeron que estaba tomada y tampoco la quisieron atender. El caso quedó nuevamente en la calle.

Tal racismo ocurre en toda ciudad grande con población indígena importante y en cada ciudad chica cerca de una reservación indígena. A la comunidad no indígena no le interesa resolver una violación, sobre todo si se trata de una mujer nativa. El caso de la anciana nahua Ernestina Ascensión Rosario nos recuerda que lo mismo sucede en México.

La gran mayoría de mujeres indígenas que han sido violadas no lo reportan. Sólo se bañan y se van a la clínica de salud para curar sus heridas. ¿Para qué vamos a denunciar el hecho si solamente sirve para convertirnos doblemente en víctimas? Y sin embargo las estadísticas señalan lo frecuente que es la violencia sexual contra las mujeres indígenas.

En Estados Unidos, una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada. Es siete veces más probable que se viole a una mujer indígena, que a una mujer blanca.

En 70 por ciento de las violaciones, el agresor no es indígena, lo cual refleja que un asalto sexual es a la vez un acto de violencia racial.

Las agresiones sexuales contra las mujeres indígenas son el resultado de siglos de colonización. Antes de la llegada de los europeos existían más de 2 mil naciones indígenas en lo que ahora es Estados Unidos. Hoy quedan 560. Para estas primeras naciones la mujer era sagrada y participaba activamente en las decisiones de los pueblos.

Cuando el jefe Cherokee negoció un tratado de paz con los europeos, llegaron mujeres y hombres de su nación a la mesa de diálogo. Al ver solamente hombres del otro lado, el jefe preguntó dónde estaba la segunda mitad del pueblo blanco. No entendía cómo era posible firmar un tratado entre naciones con la ausencia de las mujeres europeas.

La conquista de nuestras naciones le arrebató a nuestras mujeres su lugar en la sociedad y provocó que nuestros pueblos sufrieran todo tipo de maltratos. Primero nos despojaron de nuestras tierras y lanzaron una guerra contra nosotros. Como en toda guerra nos esclavizaron, nos mataron, y nos violaron. Después firmaron tratados con nuestras naciones y nos otorgaron unos cuantos derechos. Colocaron a cada tribu en tierras que los blancos no querían, que no servían para la agricultura, ni como pastizal. Fue la era de la reservación y la limosna. Sobrevivimos con las donaciones y los alimentos que entregaba el gobierno estadunidense.

Cuando se cansaron de darnos migajas intentaron integrarnos. Separaron forzosamente a los niños de sus familias y los enviaron a escuelas albergues para que perdiéramos nuestras culturas, nuestros idiomas, y el tejido familiar de nuestros pueblos. Aún sufrimos las secuelas del periodo de 1871 a 1928. Como estas políticas no funcionaron, decidieron tolerar nuestro sistema de gobierno y de justicia. El gobierno federal reconoció nuestras cortes y gobierno tribales, pero como tampoco estuvieron de acuerdo con lo que hacíamos, al poco tiempo nos quitaron la poca soberanía que nos habían otorgado. En 1954 dejaron de reconocer a muchas tribus.

Tuvieron que pasar unas décadas para que restablecieran algunos de nuestros derechos, aunque limitaron la jurisdicción de nuestras cortes y gobierno tribales. Este reconocimiento, aunque limitado, fue producto de las luchas sociales donde destacaron las mujeres.

[...] La herencia de estas historias de opresión es que ya no confiamos en la gente de fuera. Desconfiamos de las instituciones gubernamentales. Por eso decimos que es mejor resolver los problemas al interior de nuestras comunidades. Y seguimos luchando por la soberanía, lo que en México llaman autonomía.

La tradición de violencia que tanto afecta a nuestras comunidades, especialmente a las mujeres nativas, es producto de la colonización. Para ponerle fin a la cultura de violencia necesitamos enfrentar las agresiones sexuales y defender la soberanía al mismo tiempo. Las organizaciones de mujeres nativas contra la violencia doméstica y contra las agresiones sexuales defienden la soberanía de las cortes tribales para resolver casos de violación y maltrato.

Nuestros mensajes y nuestra forma de organizar son muy diferentes a las del movimiento de las mujeres blancas porque nuestra consigna es que tenemos que regresar a nuestra cultura y rescatar las tradiciones. Como parte de sus múltiples tareas organizativas y legales, las mujeres indígenas comunican sus mensajes en la reservación colocando carteles que dicen:

Las mujeres somos sagradas.
La restauración de la soberanía nativa es igual a la restauración de la seguridad para las mujeres nativas.
La violencia contra la mujer no es una tradición.
Solamente recuperando nuestra soberanía vamos a poder luchar contra la violencia hacia las mujeres.

Maylei Blackwell. Hemos visto que en México las mujeres zapatistas y las organizaciones de mujeres indígenas en Guerrero, Oaxaca, y Jalisco establecen las mismas conexiones que las organizaciones de mujeres indígenas en Estados Unidos. En las consultas populares al interior de sus organizaciones y en sus discursos, como el de la comandante Esther y el de María de Jesús Patricio, representante del CNI en el Congreso de la Unión en el 2001, el mensaje es el mismo: la violencia sexual es un mecanismo de colonización.

La violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas, afectando la forma en que ellas entienden sus propios cuerpos, viven su espiritualidad, y su ser. No solamente eso. También cambia la forma en que miembros de los pueblos indígenas ven a sus mujeres. El hecho de que la violación sea una herramienta de colonización explica en parte porque ahora se ha normalizado tanto que ni siquiera se considera como acto criminal. Por eso es tan difícil que el culpable sea juzgado.

Las mujeres indígenas en México expresan las mismas críticas que hacen las mujeres nativas, las afroamericanas, las chicanas y las asiáticas en Estados Unidos. En México se están institucionalizando los servicios para mujeres que sufren actos de violencia doméstica o de violencia sexual. Lo mismo sucede en Estados Unidos. En los espacios oficiales ya no se habla de la desigualdad de género, la violencia de género se va despolitizando.

Especialmente porque nuestros pueblos están militarizados y muchas veces son los miembros de las mismas instituciones quienes permiten estas agresiones. ¿Cómo es posible que una mujer violada por un militar o por un policía tenga que recurrir a la misma institución de su agresor para denunciar el hecho? Nosotras decimos que esto representa otro nivel de violencia y que la violencia contra las mujeres es parte de la violencia del Estado.

Las organizaciones de mujeres indígenas en México y Estados Unidos nos enseñan un concepto revolucionario: si la violencia sexual forma parte de procesos de colonización, entonces luchar contra la violencia de género es un acto de descolonización. Por eso es tan importante para nosotras rescatar y defender nuestras tradiciones. Recuperar nuestra cultura es parte de lo que necesitamos para sanar las historias de nuestros pueblos y las de nuestros cuerpos.

Si el movimiento indígena y el movimiento de mujeres mayoritariamente mestizas asumieran como propias las demandas de las mujeres indígenas en Estados Unidos y México, se podrían movilizar con mayor fuerza para exigir justicia y esclarecer los hechos del caso de Ernestina Ascensión Rosario.

El movimiento indígena tomaría el caso como una de sus principales banderas de lucha. Nadie puede maltratar ni violar a nuestras ancianas y a nuestros ancianos.

Y el movimiento de mujeres lucharía por la desmilitarización de la vida cotidiana y por la autonomía de los pueblos indígenas.

Si se reconocieran plenamente las aportaciones de las mujeres indígenas de ambos lados de la frontera tendríamos una visión más profunda de la justicia, más completa de lo que es la autonomía indígena, y una visión más amplia de la humanidad.

Intervenciones en Leyes y cortes tribales: mujeres indígenas y sus luchas por el acceso a la justicia en Estados Unidos, conferencia organizada por los seminarios de antropología jurídica y de género y etnicidad de ciesas y la Casa de la Universidad de California en México, 14 de marzo, 2007. Maureen White-Eagle, abogada y activista indígena, es parte del Instituto de Políticas y Leyes Tribales en Minnesota. Maylei Blackwell es profesora de Estudios Chicanos en la Universidad de California, Los Ángeles.

Traducción y edición: Mariana Mora