El futuro de México sin ingeniería mexicana

Javier Jiménez Espriú

En 1997, al recibir el grado de académico de honor de la Academia de Ingeniería, presenté como trabajo de aceptación una ponencia, en la que, con el título de El futuro de México sin ingeniería mexicana, hacía un análisis sobre las tendencias existentes, que llevaban ya algunos años, del desmantelamiento de la ingeniería mexicana en beneficio de las empresas trasnacionales, dueñas del dinero, a las cuales entregábamos los escasos grandes proyectos que se desarrollaban y con ello, además de nuestro dinero, la hipoteca del futuro de la nación: la imposibilidad de formar profesionales de alta capacidad, la ampliación de la brecha que nos separa de los países desarrollados, la dependencia cada vez mayor para resolver incluso problemas cada vez menores; en suma, la renuncia al conocimiento, a nuestra soberanía tecnológica, que es, en el mundo moderno, parte fundamental de la soberanía.

Desaparecían, señalaba entonces, los grupos de excelencia en la ingeniería de las dependencias estatales: en la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro, en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, en Ferrocarriles, en la en mala hora desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Obras Públicas, en los institutos de investigación, y señalaba: de continuar esta tendencia, el futuro de nuestro país no coincidirá con las expectativas de los mexicanos, porque si bien no cabe afirmar que la ingeniería mexicana puede resolver todos los problemas nacionales, sí podemos señalar que los problemas nacionales no se podrán resolver si no contamos con una alta ingeniería mexicana.

Dejábamos de hacer lo que habíamos hecho bien, lo que había hecho la ingeniería mexicana cuando, en momentos lúcidos de nuestra historia, gobiernos patriotas decidieron que nosotros resolveríamos nuestros propios asuntos; que México lo construiríamos los mexicanos, y lo hicimos.

Hoy, el panorama no permite la menor consideración optimista. Independientemente de los números económicos con los que nuestros financieros políticos tratan de justificar sus acciones, a nadie escapa que en los próximos 20 años, por plantear un horizonte cualquiera, hay, entre otras cosas, que crear 25 millones de empleos, lo que no se puede lograr sin un sólido desarrollo industrial; construir vivienda y servicios –entre los que destaca la educación de calidad en todos los niveles y la salud–, producir el doble de alimentos, incrementar en igual proporción la infraestructura física, la disponibilidad de agua, de energía y de energéticos, para atender a una población con 25 millones de mexicanos más, al tiempo de superar los serios rezagos que nos agobian.

Me preguntaba: ¿existe alguna fórmula para conseguir esto sin ingeniería mexicana? ¿Hay ejemplo alguno en la historia de la humanidad sin una ingeniería local muy desarrollada? ¿Se puede –y se debe– importar todo del extranjero? La respuesta es, desde luego: no.

Decía hace más de 13 años que la sociedad mexicana debía ser consciente de la trascendencia de esta situación y que los líderes de opinión y los responsables de guiar la nación hacia un mejor futuro, tanto en el sector privado como en el público, no sólo lo debían comprender, sino actuar en consecuencia.

Traigo a colación este refrito –tantas veces gritado– porque hace unas semanas nos despertamos con la noticia de la sustitución del ingeniero Óscar de Buen Richkarday, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas –funcionario capaz, honesto, de carrera, respetado y reconocido en el gremio de los ingenieros– por un talentoso joven tecnócrata –uno más–, ya que el nuevo secretario de Obras Públicas, otro talentoso joven tecnócrata, hace ajustes a su equipo, seguramente para prepararse para la madre de todas las batallas, la de 2012, sin importar los estragos que se causen a la infraestructura nacional, de lo que seguramente este par de talentosos jóvenes tecnócratas saben tanto como yo de arameo.

Luego de esto, aunque por otras razones, según se explicó, lamentables por cuanto se refieren a su salud, se consumó la sustitución del ingeniero Alfredo Elías Ayub, nada menos que en la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, por otro joven tecnócrata con muchos estudios en el extranjero y ninguna experiencia, que estará bajo la autoridad de otro tecnócrata –tal vez menos joven– que se inauguró recientemente como secretario de Energía. Seguramente no se encontró en esa empresa de clase mundial ningún ingeniero capaz de asumir la responsabilidad y de paso se dejó caer como con desdén al nuevo director la encomienda presidencial de limpiar de corrupción –en 17 meses–, la empresa de clase mundial. No sabemos si se quiso decir que el director sustituido no lo pudo hacer en 12 años, o si en su gestión se adquirió el lamentable galardón a borrar.

No es la mía una protesta sólo por el despido del ingeniero De Buen, que es una afrenta absurda, y por la aberrante forma de sustituir al ingeniero Elías, que es otra, sino por el agravio a la ingeniería mexicana que estas dos sustituciones significan; por la arbitraria actitud de nuestra máxima autoridad que se cree dueño del gobierno y de la República, cuando sólo es el mandatario del pueblo, al que no toma en cuenta; cuando se anteponen los intereses de su grupo –su grupúsculo– a los de la nación; cuando con esa actitud autoritaria cancela las oportunidades de desarrollo, premiando y entronizando la obsecuencia y la incondicionalidad.

¡Ya no habrá más agravios como éstos: ya no hay más ingenieros en cargos importantes que sustituir!

No son éstas, desde luego, las únicas afrentas; son, sí, un capítulo más de una serie de acciones que, como una máquina infernal, están desbaratando nuestras capacidades ya de por sí disminuidas, orientadas a la entrega total. Para decir a los cuatro vientos: “vengan de allá y de acullá a construir nuestras casas, nuestros caminos, nuestras presas, nuestras refinerías, nuestras plantas generadoras; a explotar nuestras minas tan bien como han explotado nuestros bancos; a extraer del fondo del océano nuestros inmensos tesoros petroleros, porque nosotros, inútiles e incapaces –aunque hay pruebas irrefutables en contrario–, lo único que sabemos hacer es declarar la guerra al crimen organizado, aunque no la llamemos así, e irla ganando, aunque no lo parezca.

¡Basta! Esto no puede seguir así.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

La gente

León Bendesky

La estructura y la dinámica de la población cambian de manera rápida en todas partes. Tal vez el proceso marche más aprisa que la capacidad, la posibilidad o la voluntad de ajuste de las sociedades según su modo actual de funcionamiento. Este desfase va a definir muchas de las condiciones de los arreglos sociales en el mundo.

El cambio demográfico está ligado a las formas en que se produce y se crea el empleo y los ingresos para las familias. Es un referente del modo en que se distribuye y se apropia la producción. Es, también, un elemento clave en las pautas del acceso a los recursos naturales básicos, como el caso del agua. Y está íntimamente asociado con la manera en que se constituyen y asignan los recursos financieros en el tiempo, como pasa con las pensiones.

La demografía es una fuente potencial de conflictos, pues es a la vez manifestación y determinante de los procesos sociales que son, por naturaleza, de índole transgeneracional.

La semana pasada se conocieron algunos datos iniciales de los resultados del Censo de Población en Estados Unidos. Una de las cuestiones que fue puesta de relieve en el anuncio oficial fue el rápido aumento de la población de origen hispano.

Para estos efectos el origen hispano se toma como “la herencia, el grupo nacional, linaje o país de nacimiento de las persona o de sus padres o ancestros antes de su llegada a Estados Unidos. Las personas que identifiquen su origen como hispano, latino o español pueden ser de cualquier raza”. Así, se señala que “hispano o latino se refiere a una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, de Sur o Centro América o español”.

En 2010 se contaron un total de 50 millones y medio de hispanos en Estados Unidos, de una población total de 308.7 millones de personas. Esto equivale a 16.3 por ciento, y significó un crecimiento de 15.2 millones de personas y una tasa de crecimiento de 43 por ciento con respecto al censo de 2000. Este grupo representó más de la mitad del aumento total del número de personas. En ese mismo lapso la población total creció 9.7 por ciento.

La población no hispana creció 5 por ciento y aquellos que reportaron ser de raza blanca aumentó a una tasa de uno por ciento y su proporción en el total bajó de 69 a 64 por ciento.

Los cambios demográficos detrás de estos datos son complejos y tienen implicaciones sociales y económicas relevantes. Valgan unas consideraciones. En 1800 la tasa de fertilidad entre las mujeres estadunidenses era del orden de 7, la expectativa de vida estaba por debajo de 40 años y la mediana de edad era de 16. Hoy la tasa de fertilidad es menor a 2, la esperanza de vida es de 80 años y la mediana de edad es 36.

Esto significa que al vivir el doble de tiempo y tener menos hijos, la población envejece, lo que según se advierte de los datos del censo debe descomponerse por los distintos grupos de población. En 1790 menos de 2 por ciento de la población en aquel país tenía más de 65 años, en 1970 era más de 10 por ciento. Hoy, la proporción es 13 por ciento y se estima que en 2030 ese segmento de edad representará más de 30 por ciento de la población total. La población de más de 65 años es la que más crece actualmente.

Este fenómeno poblacional es relevante para México, y son varias las cuestiones involucradas. Sólo en la última década y por el efecto de las continuas crisis económicas, la emigración hacia Estados Unidos ha sido relevante en el terreno laboral y de creación de ingresos para las familias.

Seguramente que las condiciones del desempleo en el país serían mucho más graves sin este éxodo, igual que la situación de muchas de las comunidades pobres. La evaluación de las políticas públicas sería muy distinta, así como la complacencia que hay en el gobierno, y el ingreso de las divisas por concepto de remesas no habría tenido el volumen ni el destino que se han registrado.

No hemos hecho una vinculación suficiente del fenómeno demográfico y migratorio en el país con la gestión de la economía y las medidas sociales asociadas con el bienestar en los años recientes, cuando menos desde mediados de la década de 1990.

Por otra parte, hemos visto también que a medida que ha ido cambiando la dinámica demográfica con el proceso de globalización, lo que ha significado la oleada de migrantes en Estados Unidos y Europa, han ido apareciendo formas de resistencia en diversas partes. Los vigilantes en la frontera con Arizona o la violencia asociada con los pasos ilegales, son unos casos en cuestión, o bien las posiciones de los gobiernos y partidos de la derecha en Europa.

Las muestras de tolerancia en este campo son frágiles, por decir lo menos. En México, el proceso demográfico no está desligado de lo que ocurre en términos transfronterizos con Estados Unidos, y los datos del censo de 2010 que irán apareciendo en las próximas semanas serán insumos relevantes para acomodar nuestras propias formas de ajuste ante la transición demográfica y su expresión espacial y territorial que ya está en curso.

México y Brasil, las dos caras del crecimiento en Latinoamérica: BID

El primero, dependiente de países industrializados; el otro orientado a naciones emergentes, expuso.

AFP

Calgary, Canadá. Brasil, exportador de materias primas y orientado hacia los países emergentes, y México, dependiente de los países industrializados, son los dos modelos actuales de crecimiento regional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este domingo.

La sólida recuperación de América Latina esconde en realidad dos velocidades diferentes y dos formas de adaptarse diferentes ante los cambios en la economía mundial, sugieren los autores del informe, divulgado con motivo de la asamblea anual del BID.

"El grupo liderado por Brasil está muy bien situado en un mundo en el que las economías emergentes son el motor de crecimiento", explicó el informe.

"Los precios de las materias primas son altos, y los flujos de capital están entrando hacia este grupo para aprovechar las mejores oportunidades y perspectivas más brillantes", añadió el texto.

"La otra cara de la moneda lo representa el grupo liderado por México, cuyos miembros comparten lazos comerciales mucho más fuertes, tanto en bienes como servicios, con países industriales", argumentó el texto del BID.

Las perspectivas de crecimiento para ambos grupos son por ello notablemente diferentes, constata el texto: 4.4 por ciento en el caso de Brasil y sus seguidores, 2.7 por ciento para México y su grupo de países.

Los expertos del BID colocan en el grupo de Brasil a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como Trinidad y Tobago.

En el grupo mexicano se hallan todos los países centroamericanos y los caribeños, con excepción de Haití.

Antes de la crisis de 2008, los países emergentes representaban 50 por ciento de la demanda mundial, actualmente representan 75 por ciento.

India, Rusia y China representaban 9 por ciento de las exportaciones brasileñas en 2006, mientras que en 2009 ya era 17 por ciento.

Para México, las exportaciones a esos países sólo contaban por un 3 por ciento.

Estas perspectivas favorables para Brasil no están exentas de problemas: la entrada de capitales masiva que está sufriendo América Latina está impactando duramente en el real brasileño.

Brasilia está aplicando controles e impuestos a esos capitales que México en cambio no considera necesarios.

El BID calcula que en 2010 un total de 266 mil millones de dólares llegaron a América Latina, de los cuales un 55 por ciento fueron flujos financieros, no de inversión directa.

La Iglesia en las uniones conyugales

Javier Flores

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. De acuerdo con la información general difundida por el presidente de ese organismo, Eduardo Sojo, en México hay 112 millones 336 mil 538 personas. Entre la multitud de cifras que arrojó esta encuesta, las cuales serán de gran utilidad a los especialistas para ayudarnos a entender cómo es hoy nuestro país, hay dos apartados que resultan muy interesantes: la religión y las modalidades que adoptan las uniones conyugales. Me voy a referir aquí a la relación entre estos dos indicadores.

Las cifras sobre la religión declarada por los mayores de 5 años muestran que 83.9 por ciento de los mexicanos son católicos, seguidos por los protestantes o evangélicos (7.5 por ciento), de otras religiones (2.5 por ciento) y por quienes declararon no tener religión alguna (4.6 por ciento). Lo anterior deja en claro que la población mexicana es mayoritariamente católica. Como en estas fechas se ha impuesto la celebración de un día de la familia –en cuya promoción participa activamente la Iglesia católica–, me interesó examinar con mayor detalle las cifras sobre la situación conyugal de la población mexicana, recurriendo a los datos originales del censo, que pueden consultarse en la página de Internet del Inegi.

De acuerdo con estos resultados, que se refieren a los mayores de 12 años, hay 46 millones 651 mil 603 personas que mantienen algún tipo de relación conyugal (55 por ciento del total). Las modalidades que adoptan estas relaciones pueden dividirse en dos grandes categorías: casados y unión libre. Entre los primeros existen tres grupos, pues hay quienes se casan sólo por lo civil, otros solamente por la Iglesia, y quienes se unen simultáneamente mediante matrimonio civil y religioso. Con estos datos a la vista está justificado preguntarse: ¿cuál es la participación de la Iglesia en estas uniones y, por tanto, en la integración actual de las familias mexicanas?

Los datos definitivos del censo revelan algo muy interesante, pues la Iglesia apenas participa en la mitad de las uniones conyugales, lo cual resulta sorprendente tratándose de una población que es, como hemos visto, mayoritariamente católica. Una proporción importante de las personas que deciden casarse o unirse lo hacen al margen de una intervención religiosa, ya que 23 millones 377 mil 94 personas establecen relación de pareja por la modalidad de unión libre o se casan sólo por lo civil, lo que en conjunto representa 27.5 por ciento del total. Por su parte, los matrimonios en los que existe alguna participación de la Iglesia representaron 27.4 por ciento (el porcentaje restante agrupa a las personas solteras, separadas, divorciadas, viudas o con datos no especificados).

Si bien las cifras globales indican, como hemos visto, que para 2010 la Iglesia participaba apenas en la mitad de las uniones conyugales, estos datos resultan por demás reveladores cuando se consideran por separado algunos grupos de edad. Por ejemplo, la mayoría de las personas de más de 60 años encuestadas se casaron por la Iglesia (43.4 por ciento), mientras en las uniones de menores de 30 años la participación religiosa ¡sólo fue de 7.1 por ciento!, lo que muestra que los más jóvenes están optando por las uniones conyugales en las que esta institución no participa.

Lo anterior muestra que existe una contradicción, pues la población de nuestro país, que se declara mayoritariamente católica, al decidir sobre las características de su relación conyugal expresa un comportamiento laico. Esto indica que los mexicanos han decidido alejarse de uno de los preceptos torales para esta Iglesia: el sacramento del matrimonio, el cual para ella constituye la única vía moralmente válida para la procreación. Esto no es trivial, pues esta laicidad se encuentra en la base de la integración actual de las familias mexicanas.

Si bien es necesario realizar estudios enfocados a esclarecer el comportamiento de la población mexicana mayoritariamente católica en otros temas, al tratarse de un asunto tan importante como el rompimiento con los principios del catolicismo en las uniones conyugales, queda justificada la hipótesis de que quizá este divorcio se exprese con la misma intensidad en otros terrenos, como el de la salud sexual y reproductiva e incluso en otros tan distantes como la orientación política de los votantes, sobre los cuales la Iglesia afirma tener gran influencia.

Mujeres de dos colores, su origen y su destino / II

Jaime Martínez Veloz

El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de ese sector del estado. La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.

Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del país, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas deben incorporar el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa que permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado. Se define el concepto interculturalidad como el "proceso relacional que se establece entre dos o más culturas al interior de una sociedad, que de por si es heterogénea en cuanto a sus orígenes y características económicas, políticas y sociales".

El artículo 8 de la Convención de Belem do Pará, igualmente, establece deberes del Estado mexicano y, por tanto, del estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos…”

Un diagnostico en el tema de salud reciente realizado por el Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral "Jesús Rubiell" (Coprodi), señala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suman el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran 39 por ciento. La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 años y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación; sin embargo se requiere de un análisis más minucioso, en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que en los pasados tres años han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas, pero esto es penalizado en el ámbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar: ¿se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo. Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revisó y dijo ‘que raro si ya estás pariendo’.

"Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo" (el bebé ya estaba muerto).

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución mexicana la composición pluricultural de la nación. Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático; sin embargo, es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

Los servicios de toma de muestras de cáncer cérvico uterino tampoco son la excepción: las mujeres indígenas de la región señalan que, el cobro del servicio, la falta de calidad en la atención, de confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega de resultados, son condiciones que limitan el acceso de las mujeres a la práctica que tienen derecho.

Es necesario hacer una valoración del sistema de salud que maneja un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su salud. En Baja California, como en otros estados del país, las campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino son prioritarias; sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que una de las consecuencias primera es el alejamiento de ésta de los sistemas de salud. La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

Dos Méxicos: dos formas de vivir la adolescencia

Gabriela Rodríguez

La salud reproductiva de las adolescentes mexicanas va en retroceso, en especial en las zonas más pobres del país. Existen diferencias significativas en la incidencia, tendencia y características del embarazo adolescente según el estrato socioeconómico de pertenencia. El embarazo adolescente se concentra en los estratos bajos (74 por ciento), las mujeres con menor escolaridad y mayoritariamente rurales. Si se ampliaran las opciones de vida, si hubiese acceso a mayor escolaridad, más oportunidades de trabajo extradoméstico y menor sometimiento femenino, la edad de la unión conyugal y del primer embarazo se pospondría y disminuirían los embarazos adolescentes (C. Stern y C. Menkes, Embarazo adolescente y estratificación social, Salud reproductiva y condiciones de vida en México, El Colegio de México, 2008).

En la etapa adolescente, la desigualdad social se vincula con el estancamiento del desarrollo individual y familiar, y es un mecanismo de reproducción de la pobreza. Bien dice Erik Erikson que la adolescencia es un lujo social; puede ser una etapa de elección vocacional y conformación de un papel ante el mundo, si y solo si se tiene acceso a la escuela y condiciones para postergar la vida conyugal y laboral.

Esa desigualdad es un rasgo que no se ha podido superar ni con la Independencia de México ni con la Revolución, sino que ha venido subrayándose con las limitadas políticas públicas del siglo XX, y está volcándose contra las adolescentes en los albores del siglo XXI. Los avances en el acceso a más altos niveles educativos han sido lentos, pero se acompañaron de una política de población consistente y transexenal que había logrado reducir la fecundidad adolescente a la mitad en 30 años. Sin embargo, esa tendencia se estancó y algunos indicadores se fueron para atrás.

Un estudio recientemente publicado muestra la enorme diferencia en los niveles de pobreza, educación, condiciones generales de vida y comportamiento sexual, marital y reproductivo, entre las áreas más desarrolladas del país (la ciudad de México, Baja California, Nuevo León) y las de mayor pobreza (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz). Pareciera que hay dos naciones dentro de México, una que está accediendo a la modernización y otra que está en rezago. Las mujeres mexicanas se casan más tarde que en otros países de América Latina y, comparativamente, pocas lo hacen durante la adolescencia, pero las diferencias regionales en el interior del país son grandes. En 2006, 12 por ciento de las mujeres mexicanas en las edades 15-19 se había casado, aproximadamente 16 por ciento en áreas rurales, y 11, en zonas urbanas. El Distrito Federal fue por mucho la región con la proporción más baja de mujeres adolescentes alguna vez casadas (6 por ciento), mientras la región del sureste tuvo la proporción más alta (18 por ciento). En algunas áreas y estados, el matrimonio antes de los 16 años no es un suceso aislado. Del total de mujeres de 20-24 años encuestadas en 2006, 8 por ciento se había casado antes de cumplir 16 años; la proporción fue de 15 en las zonas rurales y de 7 en las urbanas. En el Distrito Federal, esta proporción fue de 6 por ciento y en la región sureste de 17.

El retroceso se observa claramente en que el uso de anticonceptivos ha declinado entre las mujeres unidas del grupo de edad 15-24. En 2006, 53 por ciento utilizaba algún método anticonceptivo, una proporción 5 puntos más baja que la registrada en 1997. El Distrito Federal fue la única región donde no bajó el uso de anticonceptivos, y ahora que existe el acceso al aborto por decisión de la mujer, es probable que se reduzcan aquí tanto los embarazos no deseados como el número de madres adolescentes. Las necesidades no satisfechas de anticoncepción entre las mujeres casadas de 15-24 años son elevadas y están aumentando: en 2006 eran de 31 por ciento, mientras que en 1997 eran de 23. En números absolutos, entre las mujeres mexicanas de 15-19 años, cerca de 835 mil han tenido un hijo a los 18 años o más jóvenes, y al comparar las encuestas de 1997 y 2006 se hace evidente un incremento de 2 por ciento de mujeres que tuvo un hijo antes de los 18 años. (Fátima Juárez, et al., Las necesidades de salud sexual y reproductiva de las adolescentes en México: retos y oportunidades. Guttmacher Institute, enero 2010).

El atraso era de esperarse con 10 años del PAN al frente del gobierno federal: han declinado los servicios de salud en el sector público, ha disminuido el presupuesto para la salud reproductiva y la inversión en educación sexual; por si fuera poco, las campañas preventivas en los medios de comunicación han desaparecido.

Las cifras de salud reproductiva son una cara más de esa enorme desigualdad tan evidente entre quienes festejan con ostentación el bicentenario de la Independencia y quienes siguen flotando sobre aguas negras para sobrevivir y esperar ayuda humanitaria, ante el paso de los huracanes y las tormentas tropicales.

grodriguez@afluentes.org

Inconsecuencias perredistas

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 31 de agosto.- De las 15 victorias electorales que ha obtenido el Partido de la Revolución Democrática (solo o en alianza con otros partidos) para gobernar nueve entidades del país, 11 fueron con candidatos que previamente militaron en el Partido Revolucionario Institucional, de los cuales seis renunciaron a dicha militancia cuando no fueron postulados por el tricolor, es decir, meses, semanas o incluso días antes de ser nominados candidatos del partido del sol azteca.

Hasta estos momentos la única entidad bajo administración perredista que no ha sido gobernada por un expriista es precisamente Guerrero, donde la coalición Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia, que agrupa a los partidos del Trabajo, Convergencia y PRD) pretende postular al extricolor Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Los únicos mandatarios estatales que, impulsados por el PRD, no habían tenido antes militancia en el tricolor son: Lázaro Cárdenas Batel, quien ganó la contienda de Michoacán en 2001; Amalia García, en Zacatecas, en 2004; Narciso Agúndez, en Baja California Sur, en 2005, y, el mismo año, Zeferino Torreblanca, en Guerrero. De ellos los únicos que arrebataron la gubernatura al PRI fueron Cárdenas y Torreblanca, pues García y Agúndez relevaron a perredistas.

El primer triunfo que le fue oficialmente reconocido a los amarillos fue el que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones del 6 de julio de 1997, para convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. Cárdenas rompió con el tricolor en 1987, fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional en las elecciones del 2 de julio de 1988 y presidente fundador del Partido de la Revolución Democrática. Los otros cuatro expriistas, con militancia en el PRD o en partidos integrantes del Dia, que lograron triunfos electorales, fueron: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Leonel Godoy y Gabino Cué.

Bajo la presidencia de López Obrador, el PRD obtuvo cuatro victorias con candidatos sin previa militancia en la izquierda y que renunciaron al PRI para ser postulados por el PRD, o en alianzas que encabezó dicho partido, una vez que el tricolor abanderó a otros aspirantes: en 1998, se lograron los triunfos en Tlaxcala, en alianza con el PT y el PVEM, mediante la candidatura de Alfonso Sánchez Anaya; y en Zacatecas, con Ricardo Monreal, postulado únicamente por el PRD.

En 1999 se concretaron, en las mismas circunstancias, la postulación de Leonel Cota en Baja California Sur y la de Antonio Echevarría en Nayarit, esta vez en una alianza amplia que incluyó al PAN en elecciones celebradas el 4 de julio de 1999, cuando López Obrador ya había dejado la presidencia del PRD.

Después de los comicios presidenciales de julio del 2000, el PRD nuevamente recurrió a la candidatura externa y a la alianza amplia para obtener, con Pablo Salazar, el triunfo en Chiapas, estado donde en 2006 nuevamente postuló a un tricolor despreciado por su partido: Juan Sabines; en dicha entidad, los dos gobernadores postulados por alianzas encabezadas por el PRD nunca tuvieron una militancia previa en éste último.

En el recuento no se incluyen los triunfos electorales en Sinaloa y Puebla, en julio de este año, ya que aunque el PRD formó parte de las alianzas que le permitieron ganar la gubernatura, en ambas entidades el partido coaligado con mayor participación electoral es el Partido Acción Nacional. En cambio, en Oaxaca, aunque Gabino Cué es militante de Convergencia, el PRD sí es el partido con mayor votación.

De las nueve entidades gobernadas, en algún momento, por candidatos postulados por el PRD –Distrito Federal, Tlaxcala, Zacatecas, BCS, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca–, en cinco recurrió a candidatos sin militancia previa para arrebatarle la gubernatura al PRI; en dos de ellas –Tlaxcala y Nayarit– no pudo refrendar el triunfo. En contrapartida, únicamente en dos –Michoacán y Guerrero– consiguió la victoria en primera instancia con candidatos que únicamente habían militado en el PRD. En las otras dos –Distrito Federal y Oaxaca– sus abanderados, aunque extricolores, sí tenían militancia perredista o en Convergencia.

Los dirigentes de Dia anunciaron el miércoles 25 de agosto la decisión de respaldar en Guerrero la candidatura de Ángel Heladio Aguirre Rivero, senador priista que, tras ser desplazado de la postulación del tricolor, el jueves 26 anunció su renuncia al mismo para buscar el apoyo de una amplia coalición donde se pretende que, además de PRD, PT y Convergencia, participen el PAN y el Panal.

La postulación del también exgobernador interino –ocupó ese cargo tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas– es todavía más controvertida, pues Heladio Aguirre no únicamente carece de militancia en la izquierda, sino que, de acuerdo con los dirigentes históricos del PRD en Guerrero, tiene un pasado antiperredista.

Concretamente se le acusa de haber estado involucrado en la represión de una protesta postelectoral en 1990. En dicha ocasión, los simpatizantes perredistas, encabezados por Eloy Cisneros Guillén, quien había sido el candidato a la alcaldía de Ometepec, ocuparon la presidencia municipal en protesta por el fraude electoral; el 6 de marzo policías estatales los desalojaron, con un saldo de 72 lesionados, la muerte de Ramón de la Cruz Zacapala y la desaparición de su hermano Andrés y de otro militante llamado Daniel López Álvarez. Aguirre Rivero, al igual que Manuel Añorve –quien seguramente será el candidato tricolor–, son oriundos de Ometepec y se les acusa de haber coordinado la represión contra perredistas en la llamada Costa Chica de Guerrero.

Así, aunque la historia electoral del PRD da plena evidencia del pragmatismo de esta organización para seleccionar candidatos y privilegiar el probable resultado electoral, por encima de la militancia partidista o la congruencia ideológica, pues ha postulado desde fervientes tricolores hasta prominentes empresarios –como en los casos de Echevarría y Torreblanca–, éste sí parece un caso extremo, pues más allá de que no existen pruebas con valor jurídico que demuestren la participación de Aguirre en la represión de perredistas, sí hay plena evidencia de que su administración (1996-1999) no se distinguió en nada del resto de los gobiernos tricolores. Así que existe la certeza de que, en caso de ganar la gubernatura, nada cambiará en Guerrero.

La masacre de San Fernando

Jorge Durand

Los migrantes que llegan a nuestro país, en tránsito hacia Estados Unidos, son por definición un grupo extremadamente vulnerable. Huyen de las pésimas condiciones de vida de sus países y se escapan de la violencia y el hambre para enfrentarse, ya no a lo mismo, sino a lo peor. Paradójicamente, mientras el migrante atraviesa nuestro país, el sueño americano está más vivo que nunca. Lo único que quieren es salir de esta pesadilla y llegar a Estados Unidos, de donde piensan que posiblemente pueden ser deportados, pero no masacrados, violados, extorsionados.

Lamentablemente, esa percepción del sueño americano, cada vez está más lejos de la realidad. La campaña antinmigrante ha alentado y envalentonado a policías y patrulleros fronterizos a utilizar sus armas y sus porras ante cualquier amenaza o insubordinación. Hace unos meses en la frontera de San Diego murió Anastasio Hernández, a punta de golpes propinados por una docena de patrulleros fronterizos. Una semana después fue asesinado el joven Sergio Adrián Hernández en territorio mexicano, baleado por un patrullero fronterizo desde el lado estadunidense. Son decenas de migrantes los que han sido maltratados y abusados en las cárceles de Estados Unidos, incluso se sabe de presos que han muerto de manera inexplicable en las cárceles y centros de detención privados, y no pasa nada.

Hoy día nos desayunamos con la noticia de que el patrullero homicida ya estaba reincorporado en sus labores de vigilancia. Y de la docena de valientes patrulleros que golpearon hasta matarlo a un migrante esposado, sometido y tirado en suelo, no se sabe nada. Ya ni siquiera se guardan las formas. Parece ser que castigar, ya no se diga juzgar, a un patrullero por el uso excesivo de la fuerza, sería como ajusticiar a un defensor de la patria. La impunidad sólo prospera cuando la sociedad la ignora, la tolera, la justifica, la alienta.

Pero lo que ha pasado en México supera cualquier noticia terrible que venga de Estados Unidos. Ya no podemos ignorar, tolerar, justificar, evadir la violencia a la que se ven sometidos los migrantes que vienen en tránsito por nuestro territorio. La masacre del rancho San Fernando en Tamaulipas es una barbarie que los mexicanos tendremos que recordar, reconocer y asumir con todas sus consecuencias.

Algo se ha roto. Se han superado los límites de lo imaginable. No se trata de un loco homicida que asesina indiscriminadamente. No se trata de una situación de guerra donde se asume que el otro es un enemigo. Tampoco se trata de un exterminio étnico, donde las rivalidades y las obsesiones pueden llegar al delirio. Finalmente la locura, la guerra, los conflictos interétnicos, son situaciones complejas y excepcionales, que no justifican, pero que al menos pueden explicar la situación.

Incluso en el caso de la matanza de inmigrantes haitianos en República Dominicana en 1937, donde fueron masacrados a punta de cuchillo y golpe de machete más de 15 mil personas, podemos encontrar a un culpable. A un dictador asesino, ególatra, violador y déspota como Leónidas Trujillo, que estaba obsesionado con el poder, con blanquear a su mulato pueblo y que veía como una amenaza permanente la frontera por donde huían sus adversarios y por donde entraban negros, extranjeros, indeseables.

Para la masacre de San Fernando no se encuentra explicación. La versión oficial de que esto es consecuencia de la lucha entre los cárteles de la droga no es ni válida, ni suficiente. Es una burla, una excusa de mal gusto. La extorsión de migrantes es una actividad cotidiana a lo largo y ancho del país, que va mucho más allá de un grupo delictivo. La CNDH informa que en promedio se secuestra a mil 600 migrantes por mes. Si bien Los Zetas se han distinguido por ser especialmente sanguinarios, en el delito y el negocio participan funcionarios, policías, soldados, autoridades municipales, comisariados ejidales, jueces, transportistas, policías particulares, agentes de seguridad. Es el amargo resultado de décadas de corrupción e impunidad.

La obsesión del gobierno en su guerra contra los narcotraficantes lo ha llevado a descuidar múltiples frentes, tan preocupantes y nocivos como el tráfico de enervantes. Los grupos de apoyo mexicanos, que son los que dan la cara y arriesgan sus vidas al proporcionar ayuda y cobijo a los migrantes, han denunciado ante las autoridades, en repetidas ocasiones y con lujo de detalles, a los agresores, sus cómplices y sus casas de seguridad.

En un reciente comunicado más de 20 organizaciones mexicanas que trabajan con migrantes denuncian la persistente negligencia del gobierno y denuncian que la masacre de San Fernando no es un hecho aislado. Vuelven a repetir que el secuestro, extorsión violación, explotación laboral y trata de migrantes es consecuencia “de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la precariedad institucional, la criminalización de facto de la migración irregular y la corrupción e impunidad de los tres órdenes del gobierno”.

Es necesario crear un comando especializado para el combate de este tipo de crímenes que afectan a todo el territorio nacional y que implican a diferentes secretarías y órganos de gobierno. Es necesario capacitar al personal en la perspectiva de los derechos humanos y el cuidado y manejo de víctimas traumadas y aterrorizadas. Es urgente revisar la política migratoria mexicana de retenes, política impuesta por Estados Unidos y que obliga a los migrantes a tomar rutas alternas. El derecho al libre tránsito en México es un derecho constitucional que se debe respetar, y esto incluye a los extranjeros.

Los migrantes en tránsito no son criminales, no hay por qué perseguirlos, acorralarlos, incriminarlos. Si el gobierno persigue a los migrantes en tránsito porque considera que son indocumentados estamos aplicando la ley Arizona en nuestro territorio.

El Infierno

Ruinas

José Blanco

La palabra más suave para referirse esta vez a Elba Esther Gordillo es la de caradura (cualquier sinónimo es sensiblemente más rudo). No hay sorpresa: a un buen número de los políticos mexicanos, conforme más años pasan en el ejercicio de la política, la paquidermia les avanza hasta volverlos insensibles. Resisten no digamos la crítica, que ni cosquillas les hace, también, sin chistar, merecidas descalificaciones. "Nosotros tenemos mucho tiempo de lucha y hemos aprendido a resistir, pero también a ganar, y lo vamos a hacer porque tenemos la razón legítima"; de veras, eso dijo al participar en el seminario La nueva sociedad. Una nueva educación y una nueva política.

Es verdad que la Jefa de todos los jefes, más sus ejércitos, tiene muchísimos años de lucha política, con las consecuencias paquidérmicas aludidas, pero eso de que tiene "la razón legítima", es un exceso: quién sabe de qué diablos habla.

Si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. Dado que hablamos de una poderosa vieja política, tenemos que referirnos forzosamente a su legitimidad política. La legitimidad la otorga el consenso. Como la educación básica es asunto de toda la sociedad, Gordillo delira si cree que su "razón" cuenta con el consenso de la sociedad mexicana.

Sus muchos años de lucha política ciertamente tienen muy poco que ver con la educación. Han tenido que ver, sí, con la política-política. Señora Gordillo: ¿cree usted que en este país alguien no lo sabe?

¿Acaso no sabe medio mundo que usted pone funcionarios en la SEP y en las secretarías de Educación de las entidades federativas?, ¿acaso no sabemos que las normales rurales, antes de que empezaran a escapársele de las manos, eran escuelas de politicastros para engrosar sus ejércitos, haciendo de ellos, por ejemplo, presidentes municipales o diputados locales?, ¿acaso no se ha opuesto usted a brazo partido, mil veces, a la evaluación de la educación básica y sus mentores?, ¿acaso no han salido reprobados los profesores de los niños de este país, en su inmensa mayoría, cuando finalmente pudo hacerse un somero examen de sus conocimientos?, ¿qué tiene que ver su "trabajo" con la educación que no sea estropearla mediante su lucha política? ¿Todo ello le confiere una "razón legítima"?

Imagine por un momento el caro lector, que los muchos años de lucha política de Gordillo hubieran estado dedicados a asuntos de la educación básica: bien, al alimón la camorra Gordillo y sus cómplices históricos de la SEP lograron hacer de la educación básica, ruinas. Sólo la insania que asoma a su dura cara puede traducir ruinas como legitimidad.

Como monarca del poderosísimo SNTE, su asunto es la materia laboral de los profesores. Como ciudadana, como cualquier otro ciudadano, puede tener opinión sobre el lastimoso presente y el incierto futuro de la educación, pero como Jefa de todos los jefes, no le corresponde derecho especial alguno. Ocurrió pero mostró haberse probado ruinoso.

La entera educación de México requiere una profunda reforma de los modelos pedagógicos y de su organización institucional. El SNTE es, en efecto, un obstáculo formidable, en el supuesto de que las autoridades quisieran esa reforma. Para llevar a cabo tan titánica tarea es preciso conocer a fondo lo que ocurre con la educación en el mundo. Los dueños del SNTE con Gordillo a la cabeza no tienen sobre la materia, me temo, ni la menor idea.

La educación es ciertamente uno de los problemas más atroces de la sociedad mexicana. Entre 8 y 10 por ciento de los niños abandonarán las ruinas, y 5 por ciento de los egresados, no demandarán escuela secundaria. Posteriormente, 22-23 por ciento abandonarán ese nivel, y 15 por ciento no demandarán ingreso al bachillerato propedéutico. Dado que la eficiencia terminal del bachillerato es de alrededor de 60 por ciento, tendremos un egreso cuantitativa y cualitativamente raquítico –téngase presente la prueba y Pisa y otras evaluaciones–, que configurará una socialmente escuálida demanda potencial a la educación superior cuya estructura, sin embargo, no encontrará una oferta correspondiente.

La semana pasada, el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó la atención sobre el hecho de que la cobertura de educación superior en México es inferior a la media latinoamericana: una vergüenza. Agregó que México requiere urgentemente duplicar su cobertura de educación superior que, si bien nos va, llegará en 2012 apenas a 30 por ciento. Pero al día siguiente, diputados de PRI y PRD declararon, ante una iniciativa de ley que tiene varios años archivada, que la educación media superior obligatoria no es una prioridad.

Así, el bono demográfico se esfuma año con año, y la posibilidad de la duplicación de la cobertura de educación superior, también. Como es claro, la educación, como principalísima palanca del desarrollo en el mundo, se halla en México extremadamente flaca, y el drama no tiene salida en el futuro previsible.

Hay problemas múltiples en el conjunto de la educación, pero es transparente como el aire que nada relevante puede hacerse en la cúspide de la educación si no ponemos de pie las ruinas de la educación básica a cargo de Gordillo y sus camaradas que fungen como autoridades de ese nivel educativo.

El vaciamiento educativo y cultural

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 6 de agosto.- A unas semanas de dar inicio a las celebraciones centenarias, se vive en el país un proceso de vacío educativo y cultural, en el espanto de las muertes por violencia, de los jóvenes sin futuro, de la descomposición política y social, y de la ineficacia de las políticas de Estado.

La crisis económica que, se asegura, será muy prolongada, va de la mano con el deterioro de la escuela y de las posibilidades de desarrollo social y cultural del país. La pretendida recuperación financiera y de los activos públicos al nivel de las grandes potencias aparece en los debates económicos como bastante insegura, y la vuelta a una nueva fase recesiva apunta, hacia el siguiente semestre del año, de forma bastante fuerte. Para los países dependientes, como México y el resto de América Latina, la recesión ha sido más breve y la crisis se ha podido sortear con mayores expectativas (Cepal, 2010), pero nadie puede asegurar que el impacto de una nueva fase de recesión mundial no alcance a frenar y deshilvanar las condiciones favorables que se alcanzaron en estos meses pasados.

En el fondo, lo que no ha podido superarse es la creciente desigualdad en los ingresos, la ampliación de la pobreza, la exclusión educativa y cultural. Y es esto lo que tendrán enfrente los festejos, que buscarán resaltar una pretendida identidad nacional. Los pobres resultados de la transmisión educativa y cultural dan cuenta, mucho más de lo que se cree, de una verdadera catástrofe que no podrá ocultarse en la parafernalia de los festejos y en el derroche criminal de los recursos, cuando deberían prevalecer la austeridad y el debate sobre el cambio y la creación de nuevas instituciones educativas y culturales para alcanzar una sociedad más justa.

El tema no es de ninguna manera irrelevante, pero se aniquila cualquier debate desde el discurso monotemático del enfrentamiento contra el crimen organizado, o se raya en la superficie de los grandes problemas con la sola aplicación de políticas cortoplacistas de fuerte orientación clientelar, ahora que se ha adelantado la sucesión presidencial de 2012, porque hay que acarrear votantes con becas, programas insustanciales de combate a la exclusión educativa y cultural, y promesas de mayores lugares educativos de baja calidad, cuando el abandono de la escuela es cada vez mayor, los logros educativos y docentes están por los suelos y las desigualdades educativas debidas a los ingresos que se reciben, al tipo de institución y a la ubicación geográfica, son reconocidas pero no atendidas.

En el sistema educativo y cultural mexicano se forman élites que ya son indiferentes a la historia nacional y a la identidad popular que se pregonará como incólume en los festejos centenarios, frente al declive de la autoridad gubernamental, del enorme deterioro de las condiciones de transmisión de aprendizajes de los docentes (que debería ser motivo de verdadera alarma) y de la crisis de las instituciones educativas y culturales a nivel nacional. En este vaciamiento general ya se están apuntando algunos políticos e intelectuales de la derecha para atacar a las pocas instituciones públicas que nos quedan, como las universidades, y muy en lo particular a la UNAM, para evidenciar esta crisis con aseveraciones mal formuladas y datos inconsistentes fuera de contexto y de lugar, con la sola intención de degradar.

Va a ser muy chocante presenciar la inauguración de obras de relumbrón, programas televisivos de ficción histórica, y la hora de los discursos elocuentes sobre la mexicanidad, en medio de la realidad estrujante de poblaciones enteras excluidas y marginadas, en zonas sin autoridad, de desintegración y de total falta de protección. Debería dar pena lo que está pasando y proponerse la hechura de, aunque fuera, algún remedio en serio.

www.proceso.com.mx

Los mexicanos que residen en EU son muy racistas: defensora de migrantes

Arturo Cano

La Jornada

Los Ángeles, 3 de agosto. "A mí no me gusta ir a los lugares de mexicanos porque son muy discriminadores". La mujer que habla tiene 40 años, un bebé de dos meses y es trilingüe. A veces, muy pocas, se atora con alguna palabra en español. "Es que lo aprendí tarde", se disculpa.

La mujer que habla propone ir a comer a un restaurante de comida japonesa y pide vino rosado. La mesera es asiática y el garrotero mexicano. La mujer que habla es migrante. Llegó a Estados Unidos con 11 años de edad y ahora convive con otras dirigentes del movimiento pro reforma migratoria. Una de ellas, "muy importante", le ha reprochado: "No sé por qué te sigues identificando como indígena, si yo te veo como una mujer mexicana inteligente, brillante".

La mujer es la zapoteca Odilia Rivera y no le gusta ir a "los lugares donde se juntan los mexicanos". Para desayunar un domingo, por ejemplo, prefiere un restaurante en Echo Park, en una zona que alguna fauna intelectual ha recuperado de la cíclica decadencia que Los Ángeles sufre a trozos.

Ahí llega con su pareja, Alfonso Martínez, con Bianí, su bebé de dos meses. Los acompaña Policarpo Chaj, dirigente de Mayavisión, una de las organizaciones de quichés guatemaltecos.

Odilia y Policarpo completan uno las frases del otro, de modo que en el cuaderno de notas se confunden, de tan parecidas, las afirmaciones sobre el trato a los indígenas acá y del otro lado de la frontera.

"Aquí desfilan caravanas de políticos que nos escuchan, se toman fotos y luego no hacen nada". La frase la dijo Policarpo pero la puede suscribir Odilia. "Si no hablas español, en el consulado te tiran los papeles a la cara", es la frase de Odilia que podría haber dicho Policarpo. "Nomás nos ven como remeseros", es frase de ambos, que además de dirigentes de organizaciones binacionales, son intérpretes de sus lenguas en las cortes de este país. Policarpo del maya. Odilia del zapoteco de Zoogocho.

Coordinadora de la oficina local del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Odilia colabora permanentemente con Gaspar Rivera-Salgado, presidente binacional de la organización e investigador de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Iba con frecuencia al campus. Un día, en la cafetería, una mujer latina se dirigió a ella en español mal construido y en tono imperativo:

–Oye, véndeme su blusa. Oiga, te estoy hablando. Oiga, tú eres india, ¿verdad?

Odilia no vomita al recordar la frase sólo porque el sushi de atún está delicioso. Y entre bocado y bocado refiere las historias de discriminación entre mexicanos, entre latinos, entre migrantes. "El gringo por lo menos es más diplomático, aunque sé perfectamente que nos discrimina con sus leyes o impidiendo que tengamos licencia de manejo o un seguro".

–¿Ustedes son indias? –les dijo otra vez, en la calle, una señora salvadoreña, maravillada también por la blusa de Odilia y la de su amiga, una profesora ecuatoriana.

Cuando dejaron claro que su ropa no estaba a la venta, la señora les dijo, resignada: "¿Y cuándo vuelven a limpiar casas por aquí?"

Entonces le informaron que ambas trabajaban en la UCLA, la amiga como profesora de español y quechua. "Ay, ni parecen", se persignó la señora.

"Yo no me junto con los mexicanos porque son muy racistas", repite Odilia, mientras explica las bondades de Los Ángeles o habla de los mil proyectos en marcha del FIOB, al volante de su auto mediano que detiene de cuando en cuando para consultar su GPS.

Tlayudas LA

Lejos de la atmósfera asfixiante de Arizona, aunque a sólo cinco horas de Phoenix, Odilia detalla, calle tras calle, la geografía de la presencia indígena en California. "Aquí (Pico Union) llegamos los oaxaqueños en los años 80 del siglo anterior, cuando era un lugar predominantemente de afroestadunidenses. Ellos se fueron y luego nosotros, a la zona centro sur. Ahora este lugar lo ocupan los quichés y los mames de Guatemala. Ellos y los mixes son los mayores vendedores callejeros de fruta".

Desde hace algún tiempo, las autoridades traen una guerra contra las taquerías ambulantes y también contra los vendedores de otras mercaderías. La crisis económica ha hecho que el número de vendedores ambulantes crezca exponencialmente, de la mano de las quejas de los angelinos que sólo quieren ver carritos de hot dogs y ahora ven fruteros, vendedores de flores, de ropa. "Mi mamá produce moronga, y hay un quiché que le va a comprar para revenderla por acá", cuenta Odilia.

La guerra de las autoridades de Los Ángeles "es inútil", dice la dirigente. "Como los trámites son muchos, hay gente que vende sin hacer ninguno, como una señora que vive en un departamento y ahí, en un cuarto de tres por cuatro, tiene un puesto de tlayudas".

Los problemas de Gabino

Buena parte de las organizaciones oaxaqueñas, incluido el FIOB, se sumaron a la campaña de Gabino Cué, quien este domingo asistirá a la Guelaguetza de Los Ángeles.

Algunos grupos siempre se han opuesto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero otras organizaciones y varios de los empresarios de origen oaxaqueño le cobraron a Ulises Ruiz que nunca haya venido a visitarlos (salvo cuando estuvo en campaña).

Pese a la buena relación con el gobernador electo, el FIOB no se hace ilusiones: "Estamos contentos de que el PRI haya salido después de 80 años, pero también estamos conscientes de que aún gobierna en muchos sentidos, y que los cambios se vienen poco a poco. Si Cué quisiera hacer algo tendría que pasar por el Congreso y ahí va a estar difícil".

En una de sus visitas a esta ciudad, Cué se reunió con el FIOB y prometió a sus dirigentes abrir una oficina de atención al migrante en Estados Unidos: "La gente siempre busca al frente cuando necesita un intérprete o cuando requiere ayuda para enviar un cadáver, y cuando uno llama a la actual oficina de atención al migrante no hacen nada. De modo que no esperamos nada, sino que vamos a seguir exigiendo, y vamos a recordarle a Gabino sus promesas de campaña".

Mientras el nuevo gobernador espera asumir el cargo, el FIOB sigue con sus tareas habituales, y cada día abre más oficinas en Estados Unidos, para atender las necesidades crecientes de los indígenas migrantes (sólo en los campos de California se estiman más de 200 mil, y algunos cálculos hablan de medio millón de oaxaqueños en la entidad).

El FIOB tiene oficinas en Fresno, Santa María, Madera, Santa Rosa, Los Ángeles y San Diego. Ofrece asesoría laboral a los jornaleros agrícolas, cursos sobre historia e identidad indígenas, edita una revista, trabaja con las mujeres en sesiones de salud reproductiva, y a partir de este año maneja un fondo de préstamos que van de los 500 a los 5 mil dólares ("unos piden para pagar la renta, otros para comprar un horno que usaran en su restaurante").

La lucha por una reforma migratoria, incluyendo talleres y participación en las movilizaciones, es otra de las tareas del frente. Eso, sin contar el programa de intérpretes: "La mayor parte de nosotros somos bilingües o trilingües, así que vamos a los hospitales y las cortes".

En Oaxaca, el FIOB incursiona en la política electoral y desarrolla un programa con recursos de la Fundación Ford, llamado El derecho a no emigrar, de proyectos productivos encaminados a crear alternativas económicas (artesanías, setas, sombreros de palma, huipiles). "Están funcionando muy bien, con la idea de que emigrar sea efectivamente una opción y no la única salida".

Allá la organización tiene oficinas en Huajuapan y Juxtlahuca, en la mixteca, y en Zanatepec, en el Istmo. En este último sitio, por acuerdo de la asamblea binacional, está por abrir un "santuario" para los migrantes centroamericanos.

Todo esto va recontando Odilia mientras pasa por Melrose –"barrio gay y fresa"– y señala los restaurantes donde trabajan oaxaqueños, es decir, todos.

Odilia, quien llegó a Estados Unidos a los 11 años de edad, sin haberse apartado antes del cuidado de la abuela en Oaxaca, que aprendió inglés primero que español, surca el freeway mientras habla con orgullo de su hija mayor, que tiene 22 años y está a punto de terminar sus estudios en Berkeley.

¿Tiene posibilidades la izquierda?

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 26 de julio.- Los errores de López Obrador durante y después de las elecciones de 2006, el ancestral faccionalismo de la izquierda, el mezquino aggiornamiento de Jesús Ortega que terminó por hacerle el juego a la campaña mediática contra AMLO y el solapamiento de sus miembros corruptos, han llevado al PRD y a sus partidos aledaños –esa mezcla del viejo priismo nacionalista, de movimientos de izquierda desamparados por la debacle de la URSS y de oportunistas– al triste papel de comparsa de su adversario fundamental, el PAN. Lo más grave de esa mezcla innatural no es sólo que no produce nada sino que ha desdibujado de manera inquietante su rostro. Desconcertado, arrinconado, desacompasado frente a lo adverso, el PRD ha reducido su grandeza a evitar que el PRI vuelva a gobernar.

¿Dónde quedó el proyecto que en 2006 movilizó a una enorme ciudadanía? ¿Dónde la lucha por los despojados de este país? ¿Habría que decir que la culpa de su situación se debe a que –como lo señaló Lorenzo Meyer en la entrevista que Proceso le hizo en su número 1758– nuestra élite de poder “fue tan temerosa, tan mezquina, tan poquita cosa, que se espantó”?

No lo creo. Si el PRD es esa triste cosa que hoy sirve de comparsa al PAN y no alcanzó ni siquiera a mantener su proyecto de nación, se debe a que los perredistas salieron al campo político con mentalidad perdedora. No sólo cometieron, durante las elecciones de 2006, los suficientes errores para perder, sino que una vez que los cometieron y aceptaron la guerra sucia –recordemos que AMLO decidió ir a las urnas con ella y sólo tomó la avenida Reforma cuando perdió–, una buena parte de la izquierda terminó por aceptar también que “López Obrador era un peligro para México” –el aggiornamiento de Jesús Ortega es su rostro más claro.

Por lo tanto, la culpa de su debacle no la tienen las élites, sino la propia izquierda y su mentalidad colonizada, su mentalidad –para retomar la hipótesis que el propio Meyer esgrimió en la entrevista citada de que México fue una “colonización de explotación”– de explotados y siervos. La culpa no es de esa minoría que tiene el dinero y los medios a su servicio, sino de una izquierda que, a pesar de sus bravatas –siempre hechas a destiempo– y de sus derechos democráticos, conserva en su ethos el estigma de la Colonia y continúa aceptando que en México –vuelvo a Meyer– haya “dos tipos de seres humanos: los poquitos que tienen el derecho a mandar, los capaces de entender las complejidades de la vida política, y el resto [representado por las actitudes, las desuniones de la izquierda y sus mezquinos oportunismos] que son los siervos”.

Si las élites existen y gobiernan no es porque sean poderosas, sino porque, como lo demostró Gandhi, hay una mayoría dispuesta a aceptar que esa élite tiene razón; que esa mayoría y sus proyectos incluyentes son inferiores a la “grandeza” de las élites que “gobiernan”.

¿Habrá entonces que resignarse a ver una izquierda arrasada y servil que estúpidamente camina a su desaparición, a su engullimiento en la crisis de los sistemas políticos en donde la distinción entre izquierdas y derechas es un simple asunto de semántica que sirve de comparsa a las élites económicas? ¿Habrá que aceptar que el padecimiento de la izquierda es un asunto de determinismo étnico irresoluble, tan irresoluble como el diagnóstico que de ese ethos hicieron Samuel Ramos y Octavio Paz en El perfil del hombre y la cultura en México y en El laberinto de la soledad?

Yo no lo acepto. Debajo de la forma idiota con la que después de 2006 la izquierda se ha comportado, el proyecto está allí, aunque soterrado. Mientras la izquierda cupular y los medios se han dedicado a mostrar su desdibujamiento, López Obrador ha mantenido en la gente –es decir, allí donde realmente habita la vida política– su proyecto de nación. Debajo de esa cosa ridícula que se ha dado en llamar el “gobierno legítimo”, de graves errores de los que tiene que cuidarse –AMLO necesita a su lado asesores con una profunda visión ética e integradora– y de los medios que han decidido ignorarlo, López Obrador, con una voluntad semejante a la de Juárez durante el segundo imperio, ha recorrido el país con su proyecto a cuestas.

Si la izquierda quiere salir de la trampa en la que ella misma se metió y volver a darle una salida a la nación, deberá volver a cohesionarse alrededor de esa figura y de su proyecto –un proyecto que deberá afinarse en el tiempo que resta para ganarse la confianza de los empresarios honestos, romper los monopolios, volverse hacia el zapatismo y otras causas populares, crear una lúcida política social que pueda limitar al crimen organizado y refundar el sindicalismo, espantosamente corrompido desde su nacimiento–; eso exige una fuerte dosis de humildad y de sentido ético.

Lo que el PRD ha olvidado es que para crear la justicia social no se necesita ni estar al día, es decir, aggiornado, ni crear planteamientos ingeniosos. Exige, como lo han hecho López Obrador y el zapatismo –hay que retomar mucho de lo que esta otra lucha negada ha dado a la nación– un profundo sentido común y esas cosas sencillas que se llaman unidad, clarividencia, energía y desinterés. Sin ellas, tanto la izquierda como el país irán a su absoluta ruina en 2012.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

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Mediocre imaginación

Alexander Naime S. Henkel

La trampa y el miedo son fantasmas que agobian a cada generación de futbolistas mexicanos. Incapaz de superar los obstáculos de la historia, el futbolista encuentra consuelo en el fracaso de sus ancestros. Y así perpetua el mito del dolor nacional del cual el pueblo se nutre.

Previo al encuentro contra Argentina, el pueblo mexicano en Sudáfrica respiraba un oxígeno artificial. En la imaginación de ningún aficionado en el estadio se veía al capitán de México levantar la copa del mundo; en la cabeza de ninguno vivía la idea de ver a un mexicano como goleador del torneo; en la mente de ninguno se fabricaba un México mejor. La retórica masoquista de los medios alimentaba las dudas, y los cálculos de los maestros extendían la indecisión. Rafa Márquez lo concretó con simpleza: el pesimismo mexicano nace de su mediocre imaginación.

Haberse rendido ante Argentina desde el primer minuto no excusa el error arbitral que determinó el resto del encuentro. Los jugadores mexicanos trotaban con una furia desconcertada que finalizó en el error del segundo gol. Ese error fue provocado por el miedo… por el miedo de fracasar sin una lucha honesta. Es indispensable ser derrotado en una batalla honorable. Conocemos bien la derrota.

El futbol es profundamente real. Es un deporte para los hambrientos, para los que quieren ponerse el equipo en el hombro, para los que no temen llorar sobre la playera, para los que se enfurecen cuando la pelota no es suya. Pero el futbol también depende de los astros y de las energías que emanan desde las tribunas. Y el pesimismo del alma torturada del mexicano se materializó en el Soccer City. El primer gol de Argentina se marcó a pesar de una irrevocable ilegalidad y el segundo fue una aberración técnica de uno de los defensores más veteranos de la selección; una falla tan extraña que puede recaer en el defensa o en sus tacos o en el pasto o hasta en el mismo balón.

Estos dos goles definieron la noche en la que México se arrodilló ante los fantasmas del pasado y se ahorcó con la soga de su propia imaginación. El miedo de llegar a podios mundiales –aparentemente inalcanzables– no se debe a la recurrente influencia negativa de las estrellas sobre el suelo azteca, sino el eterno nacimiento de una duda traicionera en el centro del espíritu nacional.

En México, "holocausto" centroamericano

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.

Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.

Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.

El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.

El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.

Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.

Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.

Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.

Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.

El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.

Los firmantes exponen su frustración:

“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”

Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.

Súplicas a “Los Zetas”

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.

El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.

“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.

Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.

El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.

En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.

“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.

Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.

“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”

Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.

Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.

Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.

Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.

Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.

A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.

Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.

Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.

Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.

“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.

Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.

Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.

El poder de una empresa

La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.

En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.

En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.

De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.

Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.

De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.

Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.

“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.

La ruta del acoso

Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:

“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.

Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.

El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.

El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.

El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.

Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.

“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.

Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.

En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.