¿Se reconfigura el patrón migratorio?

Ana María Aragonés

Desde mi punto de vista, cuando los trabajadores migrantes enfrentan una crisis global, como la que se inició en 2007, sus condiciones son altamente lesivas, pues los países de recepción buscan la forma de que regresen a sus países, ya sea voluntariamente o a través de las deportaciones. Estas estrategias pueden ponerse en marcha, pues hay un enorme conjunto laboral indocumentado, lo que lo sitúa en un marco de enorme precariedad y vulnerabilidad. Una crisis global supone muy pocas posibilidades para que estos trabajadores reorienten sus flujos, pues la mayoría de los países tradicionalmente receptores se encuentran en recesión. De tal manera que en el caso de México, si bien la mayoría de los migrantes indocumentados, cerca de 6 millones, decidieron no regresar a México, las deportaciones se incrementaron 160 por ciento. Por ello, entre los deportados y aquellos que se mantuvieron en México, tanto por las dificultades para encontrar trabajo en Estados Unidos como por la enorme inseguridad, el país también vería crecer los conflictos, pues se trataba de una población que no estaba contabilizada en los planes de desarrollo. Y si la migración es la manifestación más clara y evidente del fracaso de una política económica y social, esta nueva situación crearía dificultades no esperadas.

En este sentido, vale la pena retomar el artículo de Damien Cave, “Migrants’ new paths reshaping Latin America”, aparecido en The New York Times, quien plantea la posibilidad de que la migración esté remodelando América Latina en la medida en que Estados Unidos ha dejado de ser el imán para la migración, lo que se evidencia por las detenciones de los indocumentados, especialmente los provenientes de México. La pregunta que se plantea el autor es si se trata de una pausa, o bien puede ser considerado como fin de una era. El autor parece manifestarse más bien por la segunda idea.

De acuerdo con Cave, los nuevos receptores en América del Sur son Argentina, Chile y Brasil y llegan poblaciones como la peruana, boliviana y paraguaya. Lo cual tiene sentido, pues se trata de países que han podido enfrentar la crisis y presentan importantes crecimientos del PIB y bajas tasas de desempleo. Para 2010 la calificación del producto interno bruto de Argentina fue de 9.16, Brasil se encontraba en 7.49 y Chile presentó un PIB de 5.19.

En cuanto a México, el autor señala que una consecuencia de la migración es que los mexicanos se están moviendo hacia pequeñas y más seguras ciudades tales como Mérida, y la ciudad de Oaxaca y de Querétaro, y que los guatemaltecos se están asentando en México, cuando hasta ahora sólo iban de tránsito. Damien Cave analiza el caso de Santa María Atzompa, en Oaxaca, que ha recibido un extraordinario aporte de población en la medida en que este municipio contaba en 1990 con 5 mil 781 personas y para 2006 se incrementó a más de 27 mil. Se observa el crecimiento de negocios y cientos de casas con diversos niveles de calidad de construcción. Por supuesto, este incremento de población ha propiciado algunos problemas, como el incremento del precio de la construcción, muchos más alumnos en las escuelas, las diferencias a partir de la forma en que la comunidad se maneja, es decir, por usos y costumbres, etcétera.

La explicación del autor en relación con México y su recepción de migrantes gira en torno a la política de urbanización llevada a cabo en México, que habría permitido que cerca de 77 por ciento de los mexicanos vivan en áreas urbanas cuando para 1980 era de 66 por ciento. Esto ha hecho posible que los servicios sean más baratos, incluidos agua, electricidad, salud y educación. Además de que la ley agrícola de 1992 les permitió vender sus tierras al enfrentar graves dificultades para ganarse la vida. Sin embargo, si retomamos los datos que presenta la OCDE, que señala que, si bien con la ley de 1992 se reducían restricciones que pesaban sobre la transmisión de la tierra con el fin de mejorar la flexibilidad de la producción agropecuaria y fomentar la inversión, en la práctica el impacto ha sido muy limitado. Por otro lado, en cuando a las acciones para reducir la pobreza como el Programa Oportunidades, la realidad es que la reducción de la pobreza y la desigualdad sigue planteando grandes desafíos, y la pobreza que había disminuido en los últimos decenios, en fechas recientes ha vuelto a aumentar.

La migración deportada ha producido una enorme presión social interna, pues no se han generado los empleos necesarios para cubrir las necesidades de los nuevos llegados ni para los que se quedaron. De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector formal generó uno de cuatro puestos de trabajo de los 10.8 millones en que aumentó la población ocupada de diciembre de 2000 a finales de 2011. Los tres restantes correspondieron al ámbito de las actividades informales. (La Jornada, 9/1/12). Es decir, sólo 23.7 por ciento encontró empleo en el sector formal, el restante 76.3 por ciento se ocupó en actividades informales, donde se trabaja sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones. Esto es, que en 11 años de panismo la desocupación que en el cuarto trimestre de 2000 estaba constituido por 915 mil 418 personas, creció 202 por ciento, según encuestas del Inegi. Y de acuerdo con las cifras oficiales, la pobreza para 2010 alcanzó a 52 millones de personas que se refleja en una alta mortalidad infantil, tres veces superior que al promedio de la OCDE y una tasa de analfabetismo que supera a la media del conjunto de la OCDE.

Lo que parece quedar claro es que países de América del Sur sí podrían estar remodelando sus esquemas migratorios, pues han transformado sus condiciones económicas y sociales; sin embargo para México, la migración sólo se encuentra interrumpida, pues sigue sin dar el salto hacia la transformación del país.

Justicia y dignidad para los migrantes

Matteo Dean

Las recientes movilizaciones por una paz con justicia y dignidad abarcaron un abanico realmente vasto de la sociedad civil mexicana e internacional. No es tan sencillo, en efecto, tanto en México como en el resto del mundo, ver una diversidad y una pluralidad tan extendida y tan comprometida con una iniciativa social como la realizada el 8 de mayo pasado en la ciudad de México y en muchas otras urbes del país y el extranjero. Entre los cientos de miles que se movilizaron cabe destacar y prestar particular atención al componente migrante de la marcha que concluyó ese domingo. Un contingente aguerrido, numeroso y digno. Su presencia, sin embargo, no fue casual ni descontada. Fueron las organizaciones de la sociedad civil mexicana –en particular los integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano– quienes, sumándose a la consigna estamos hasta la madre lanzada desde las víctimas colaterales de la violencia persistente en el país, convocaron a una caravana paralela, mas no alternativa, a la procedente de Cuernavaca: la de los migrantes indocumentados que cruzan al país en los trenes cargueros.

Bajo el lema los migrantes también estamos hasta la madre, los organizadores de la peculiar caravana salieron de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cruzaron por Tierra Blanca y Orizaba en Veracruz, llegaron hasta Puebla y luego se sumaron a la caravana que participó el 8 de mayo en la movilización de la ciudad de México. Fueron decenas los migrantes, sin papeles, que salieron junto a otras decenas de activistas y periodistas rumbo a la capital del país.

Los organizadores de la caravana, quienes ya tuvieron experiencias similares en Chiapas y Oaxaca, no sólo proclaman el hartazgo que sienten acerca de los múltiples abusos de que son objeto los migrantes en México; no sólo declaran estar hasta la madre de los secuestros, las extorsiones, las violaciones, la trata de personas, la complicidad, las excusas y la simulación oficial, de los cientos de cadáveres encontrados en el cementerio mexicano, sino que también reivindican el papel que asumieron: una especie de escudos humanos para los migrantes al momento de cruzar las zonas más sensibles del país, los otrora llamados focos rojos, como los señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Más allá de análisis y denuncias, los migrantes junto a los activistas que los acompañaron tomaron en sus manos su propio destino. Partieron en decena, llegaron en 65 a la ciudad de México. No contentos con haber librado una de las zonas más riesgosas del país para los migrantes en tránsito, se sumaron a la marcha del 8 de mayo. Todo lo anterior nos habla claramente de tres aspectos que vale la pena tomar en cuenta de aquí en adelante.

El primer aspecto es justamente el digno protagonismo de los migrantes. En este espacio hemos tratado de señalar los casos en los que ellos toman las riendas de su destino y siempre (o casi) nos hemos referido a Estados Unidos y Unión Europea. Es confortante observar que también en México los migrantes tomen la decisión de no aceptar la invisibilidad y la precariedad a la cual parecerían estar condenados los que no tienen papeles. Salir de la fosa común del olvido y la indiferencia para no tener que acabar en las fosas comunes de la delincuencia organizada. El muro del miedo parece haberse derrumbado o, cuanto menos, los migrantes que llegaron con la caravana abrieron en él una grieta importante.

Un segundo aspecto tiene que ver con la muestra de solidaridad activa que los migrantes han mostrado. No se trató sólo de sumarse a una caravana que los llevó hasta la ciudad de México y les permitió sortear los riesgos del trayecto recorrido; se trató también de declararse hartos y demostrarlo con la participación activa en la marcha del domingo 8 de mayo y de tal manera gritar no están solos a los miles de migrantes que vienen tras ellos. Lo anterior no es poca cosa y contribuye de manera importante en la reconstrucción del tejido social –invocada por la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad– también en las fragmentadas corrientes migratorias que cruzan nuestro país.

Finalmente, un tercer aspecto que es necesario señalar tiene que ver con el papel de la sociedad civil mexicana. Los organizadores de la caravana han comentado acerca de las solidarias recepciones que han tenido en las distintas etapas recorridas (denunciaron también una tentativa de levantón en Orizaba por parte de gente armada no mejor identificada). Sin embargo, fue justamente la acción de acompañar a los migrantes en su recorrido (en el tren) lo que significó para decenas de éstos un acto concreto y esperanzador.

¿Ese es el camino a seguir? No lo sabemos. Habrá que sumar esfuerzos y mejorar la ya aprobada ley de migración recientemente expedida por el Poder Legislativo mexicano. Habrá que insistir en varios puntos –no últimos, la visa de tránsito y los operativos de las fuerzas del orden– para que ésta mejore. Habrá también que insistir para que se produzca un viraje radical e integral en la política pública respecto del tema migratorio en México. Por lo pronto, y mientras se ejercen las legítimas y democráticas presiones sobre quien está encargado de legislar y de garantizar la seguridad de las y los migrantes en México, la solidaridad activa luce por su justa y digna búsqueda de paz.

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Migrantes: atropellos y complicidades

La Jornada

De acuerdo con un comunicado del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), un grupo de migrantes secuestrado en Tamaulipas y posteriormente liberado identificó y acusó a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de retenerlos, mediante la simulación de operativos oficiales, para posteriormente entregarlos a hombres armados que las autoridades ministeriales han identificado como integrantes de la delincuencia organizada.

Es claro que el colapso de la seguridad pública y el auge de las organizaciones delictivas tiene, entre sus factores principales, un conjunto de complicidades entre empleados públicos y grupos criminales, y la información referida documenta una veta particularmente dolorosa e indignante de esas redes. Es pertinente recordar, al respecto, que en el historial de agravios cometidos contra los ciudadanos extranjeros que transitan por nuestro país, malos elementos del sector público han puesto el ejemplo al crimen organizado: durante años, los asaltos, extorsiones, violaciones y secuestros padecidos recurrentemente por los migrantes centro y sudamericanos han provenido de agentes migratorios sin escrúpulos y de elementos de las corporaciones policiacas de todos los niveles; las actitudes omisas e indolentes de los altos funcionarios ante esta realidad, por su parte, han configurado un clima de impunidad y de desprotección para los extranjeros en México, y es en ese contexto donde las organizaciones delictivas incursionaron, primero, y controlaron, después, el tráfico de personas de otros países que transitan por el territorio nacional.

En este contexto, Los Zetas han convertido en prácticas rutinarias el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzoso y el asesinato de migrantes, y han buscado tener el control del tráfico de personas. Las expresiones más descarnadas de este fenómeno son los brutales asesinatos en masa y el entierro de las víctimas en fosas clandestinas, como las que recientemente han sido halladas en Tamaulipas y Durango. Con estos hechos, es inevitable concluir que los agentes del INM acusados colaboraron en la reducción de ciudadanos extranjeros a la condición de esclavitud o, incluso, en su homicidio.

Por añadidura, frente a testimonios como el señalado, parecen quedarse cortos los planteamientos que atribuyen el riesgo que enfrentan los migrantes a su paso por México a un desamparo provocado por omisiones de la autoridad: sería más preciso decir que quienes transitan por el territorio sin los documentos migratorios correspondientes son objeto de persecución y encarnizamiento criminales y que que algunos de los responsables de ese acoso forman parte de las instituciones gubernamentales.

En tal perspectiva, cabe preguntarse si el caso denunciado por el IFDP es aislado o si forma parte de un patrón de colaboración entre delincuentes y fuerzas del orden. Hay sobrados indicios para suponer que es cierto lo que dice el gobierno federal en el sentido de que existe una amplia red de connivencias entre corporaciones policiales y procuradurías de estados y municipios y las organizaciones del crimen organizado, pero no hay razón para suponer que las dependencias federales estén al margen de esa gravísima descomposición.

Por último, las denuncias presentadas confirman una vez más que las corporaciones gubernamentales siguen constituyendo un factor principal de atropello contra los particulares –nacionales o extranjeros– en el país, y ponen en perspectiva la extrema indefensión que padece el conjunto de la población frente a los abusos del poder: si las autoridades son capaces de actuar con tal crueldad y falta de escrúpulos contra migrantes extranjeros, nada garantiza que no hagan lo mismo con los ciudadanos mexicanos. El episodio, en suma, permite ponderar la urgencia de un giro en la actual estrategia de seguridad, que incluya, como requisito indispensable la depuración y moralización de las fuerzas y oficinas públicas de todos los niveles –y no sólo de las estatales y municipales, como sostiene el discurso calderonista–, a efecto de evitar que se alíen con bandas delictivas o sean infiltradas por éstas y que profundicen, de esa manera, la catástrofe en materia de derechos humanos que padece el país.

"Deporta" el INM a joven chiapaneca; lleva cinco días desaparecida

Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 28 de marzo (apro).- El pasado miércoles, 23 de marzo, la joven chiapaneca Maritza Cárdenas Vázquez, de 19 años de edad, vecina de Tuxtla Gutiérrez, viajaba a la Ciudad de México; en Tapanatepec, Oaxaca, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la confundieron con una indocumentada guatemalteca, la deportaron. Cinco días después, se encuentra desaparecida.

Ese acto, calificado de “negligente”, “arbitrario” y “prepotente”, movilizó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDH), así como activistas de organismos no gubernamentales defensores de los derechos de los migrantes. La búsqueda ha sido infructuosa.

En una primera entrevista, la titular del INM, María Mercedes Gómez Mont, intentó negar los hechos. Posteriormente, intentó justificar la acción de los agentes: dijo que Maritza Cárdenas Vázquez se identificó como guatemalteca y, aseguró, por ese motivo, fue deportada.

Por el contrario, el padre de Martiza, asegura que su hija se identificó como ciudadana mexicana. Sin embargo, los agentes del INM acusaron a la joven de portar documentación apócrifa.

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Raúl Plascencia Villanueva, inició de oficio una investigación en contra de esta presunta acción arbitraria.

Además, la CNDH señaló que junto con la CEDH, la Cruz Roja y organismos no gubernamentales, continúa con las investigaciones para dar con el paradero de la joven en territorio guatemalteco.

Por su parte, el consejero de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes de la CEDH, Mauricio Mendoza Castañeda, exigió una profunda investigación sobre el actuar del subdelegado del INM en Tapanatepec, Oaxaca, Jesús Estrada Carrillo, y sus agentes por la detención arbitraria, incomunicación y desaparición forzada, de Maritza Cárdenas.

Expuso que en este caso se violaron flagrantemente los derechos humanos de la joven Cárdenas Vázquez, además de existir abuso de poder de las autoridades migratorias.

El “secuestro”

Los hechos ocurrieron el día 23 de marzo, la joven Martiza Cárdenas, de 19 años de edad, viajaba en trasporte terrestre a la Ciudad de México, cuando, en una inspección de rutina, fue abordada por un agente del INM de Tapanatepec, Oaxaca.

Como consecuencia del interrogatorio, la joven se puso nerviosa y fue obligada a descender de la unidad; los agentes consideraron que la joven era indocumentada. Abajo del camión, Maritza se identificó como ciudadana mexicana, sin embargo, el padre de la implicada relató que los funcionarios del INM argumentaron que la documentación era apócrifa.

Denunció que con ese argumento, el personal del INM solicitó una cantidad monetaria para proceder a la liberación; Maritza no accedió y fue detenida; posteriormente, deportada.

“El asunto se complica, ya que las autoridades guatemaltecas argumentan que la joven fue liberada en el vecino país, sin que hasta el momento aparezca”, relató el consejero del CEDH.

Dijo que el CEDH hizo una solicitud de colaboración a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República, dio parte a la CNDH y pidió apoyo de la embajada de México en Guatemala.

La gente

León Bendesky

La estructura y la dinámica de la población cambian de manera rápida en todas partes. Tal vez el proceso marche más aprisa que la capacidad, la posibilidad o la voluntad de ajuste de las sociedades según su modo actual de funcionamiento. Este desfase va a definir muchas de las condiciones de los arreglos sociales en el mundo.

El cambio demográfico está ligado a las formas en que se produce y se crea el empleo y los ingresos para las familias. Es un referente del modo en que se distribuye y se apropia la producción. Es, también, un elemento clave en las pautas del acceso a los recursos naturales básicos, como el caso del agua. Y está íntimamente asociado con la manera en que se constituyen y asignan los recursos financieros en el tiempo, como pasa con las pensiones.

La demografía es una fuente potencial de conflictos, pues es a la vez manifestación y determinante de los procesos sociales que son, por naturaleza, de índole transgeneracional.

La semana pasada se conocieron algunos datos iniciales de los resultados del Censo de Población en Estados Unidos. Una de las cuestiones que fue puesta de relieve en el anuncio oficial fue el rápido aumento de la población de origen hispano.

Para estos efectos el origen hispano se toma como “la herencia, el grupo nacional, linaje o país de nacimiento de las persona o de sus padres o ancestros antes de su llegada a Estados Unidos. Las personas que identifiquen su origen como hispano, latino o español pueden ser de cualquier raza”. Así, se señala que “hispano o latino se refiere a una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, de Sur o Centro América o español”.

En 2010 se contaron un total de 50 millones y medio de hispanos en Estados Unidos, de una población total de 308.7 millones de personas. Esto equivale a 16.3 por ciento, y significó un crecimiento de 15.2 millones de personas y una tasa de crecimiento de 43 por ciento con respecto al censo de 2000. Este grupo representó más de la mitad del aumento total del número de personas. En ese mismo lapso la población total creció 9.7 por ciento.

La población no hispana creció 5 por ciento y aquellos que reportaron ser de raza blanca aumentó a una tasa de uno por ciento y su proporción en el total bajó de 69 a 64 por ciento.

Los cambios demográficos detrás de estos datos son complejos y tienen implicaciones sociales y económicas relevantes. Valgan unas consideraciones. En 1800 la tasa de fertilidad entre las mujeres estadunidenses era del orden de 7, la expectativa de vida estaba por debajo de 40 años y la mediana de edad era de 16. Hoy la tasa de fertilidad es menor a 2, la esperanza de vida es de 80 años y la mediana de edad es 36.

Esto significa que al vivir el doble de tiempo y tener menos hijos, la población envejece, lo que según se advierte de los datos del censo debe descomponerse por los distintos grupos de población. En 1790 menos de 2 por ciento de la población en aquel país tenía más de 65 años, en 1970 era más de 10 por ciento. Hoy, la proporción es 13 por ciento y se estima que en 2030 ese segmento de edad representará más de 30 por ciento de la población total. La población de más de 65 años es la que más crece actualmente.

Este fenómeno poblacional es relevante para México, y son varias las cuestiones involucradas. Sólo en la última década y por el efecto de las continuas crisis económicas, la emigración hacia Estados Unidos ha sido relevante en el terreno laboral y de creación de ingresos para las familias.

Seguramente que las condiciones del desempleo en el país serían mucho más graves sin este éxodo, igual que la situación de muchas de las comunidades pobres. La evaluación de las políticas públicas sería muy distinta, así como la complacencia que hay en el gobierno, y el ingreso de las divisas por concepto de remesas no habría tenido el volumen ni el destino que se han registrado.

No hemos hecho una vinculación suficiente del fenómeno demográfico y migratorio en el país con la gestión de la economía y las medidas sociales asociadas con el bienestar en los años recientes, cuando menos desde mediados de la década de 1990.

Por otra parte, hemos visto también que a medida que ha ido cambiando la dinámica demográfica con el proceso de globalización, lo que ha significado la oleada de migrantes en Estados Unidos y Europa, han ido apareciendo formas de resistencia en diversas partes. Los vigilantes en la frontera con Arizona o la violencia asociada con los pasos ilegales, son unos casos en cuestión, o bien las posiciones de los gobiernos y partidos de la derecha en Europa.

Las muestras de tolerancia en este campo son frágiles, por decir lo menos. En México, el proceso demográfico no está desligado de lo que ocurre en términos transfronterizos con Estados Unidos, y los datos del censo de 2010 que irán apareciendo en las próximas semanas serán insumos relevantes para acomodar nuestras propias formas de ajuste ante la transición demográfica y su expresión espacial y territorial que ya está en curso.

Morir de migración

Matteo Dean

Mueren migrantes en el mundo. Sólo en las fronteras europeas, las que son definidas por la llamada área Schengen (por el tratado homónimo que une a varios países del viejo continente), se documentó que de 1988 a la fecha (hasta el pasado 2 de septiembre) murieron al menos 15 mil 566 seres humanos, de los cuales 6 mil 513 nunca fueron encontrados. La estimación es aproximativa y está fundamentada en la atenta revisión de las noticias periodísticas y la recolección de testimonios directos por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil europea.

Lo anterior se debe en parte a la ausencia de datos certeros proporcionados por las autoridades europeas dedicadas al tema migratorio o, más bien, a su control y represión. Es lo mismo de siempre. Mientras cada país europeo en su navegación a ojo para salir de la tempestad de la actual crisis socioeconómica decide independientemente de los demás, en una cosa pueden ponerse de acuerdo: la represión de las corrientes migratorias.

Ejemplo de ello es la renombrada agencia Frontex, que reúne policías, inteligencias (?) y esfuerzos político-militares para el control de las fronteras externas de la Unión Europea (UE) y, más en general, del área Schengen. Dicha agencia es uno de los pocos ejemplos de coordinación efectiva en el viejo continente. A principio de este año, Frontex publicó un mapa de su área de intervención en el que, como si fuera un juego de mesa, dibujó flechas de distintos colores y espesores con la intención de mostrar los que serían los flujos de migrantes hacia Europa.

Un dato resalta sobre todos: el decrecimiento de las entradas de migrantes a la UE. Aparentemente entre 2008 y 2009, sustancialmente en todas las fronteras europeas hubo una disminución importante del ingreso de migrantes indocumentados. En la ruta del océano Atlántico, al igual que desde las costas occidentales de África hacia el Estado español (ya sea a sus costas o a las islas Canarias), habría una disminución de hasta 76 por ciento en el lapso señalado. En la ruta del Mediterráneo, la que desde Túnez, Argelia, Libia y Egipto llega hasta Italia y Grecia, un decrecimiento de 83 por ciento. En la frontera oriental (tan vasta y desigual), según datos de Frontex, hubo una disminución de hasta 50 por ciento del número de indocumentados.

El mismo mapa dibuja las rutas internas al continente e ilustra, por ejemplo, que los ciudadanos africanos procedentes de la parte occidental de su continente de origen intentarían, por lo regular, poner rumbo a Francia, pasando por Portugal y el Estado español. Los migrantes procedentes del norte de África (y aun de más al sur) tendrían la tendencia a establecerse en Italia o en los países apenas al norte de la bota. Desde el este europeo, la tendencia sería llegar hasta Alemania y de ahí, en algunos casos, desplazarse rumbo al norte europeo o hacia Inglaterra.

El mapa de Frontex es ilustrativo. Sin embargo también muy revelador: la agencia europea –y quien la nutre de cuantiosos fondos– no registra el elevado número de muertos en esas mismas fronteras. Los datos de la sociedad civil, al contrario, contemplan este aspecto. En la ruta del océano Atlántico, en los últimos 20 años habrían muerto 10 mil 989 seres humanos en su intento de llegar a Europa. Más de la mitad de los cuerpos de esas víctimas nunca fueron encontrados.

En el llamado canal de Sicilia, es decir el espacio de mar que separa el norte de África de Italia, en el mismo lapso habrían perdido su vida 4 mil 205 migrantes. Los cuerpos de 3 mil 76 de ellos nunca fueron encontrados. En el mar al sur de Grecia murieron al menos mil 369 migrantes, y en el mar frente a Albania fueron 603 las víctimas.

Otras 624 vidas, en cambio, se perdieron en el océano Índico rumbo a la isla francesa de Mayotte. Los datos se completan con otra información: 153 muertos ahogados mientras se escondían en los grandes barcos mercantes que cruzan rumbo a los puertos europeos. Y en Europa también los migrantes mueren en su tránsito a través del territorio. Trescientos sesenta seres humanos perdieron la vida viajando en camiones tras algún accidente de carretera, por ahogamiento o aplastados por las mercancías transportadas. Otras 244 vidas se perdieron en los ríos que separan Polonia y Alemania, Turquía y Grecia, Bosnia y Croacia, Serbia y Hungría.

Ciento doce migrantes murieron por hipotermia, sobre todo en la frontera entre Turquía y Grecia. En la misma frontera, pero más al norte, 92 personas perdieron la vida en los campos minados que aún existen en la provincia de Evros. Se calcula además que al menos 256 migrantes perdieron la vida por las balas de la policía, de los cuales 37 fueron ultimados en la frontera de Ceuta y Melilla, y los demás en las fronteras extendidas de la UE en el interior del continente africano. Finalmente, 41 migrantes murieron congelados por viajar junto a las llantas de aviones con dirección a Europa; otros 33 en el túnel que comunica Francia con Inglaterra y tres ahogados en el canal de la Mancha.

¿Sólo números? No, está claro. Son vidas, historias, vivencias, aventuras en algunos casos, sueños frustrados en la mayoría. Al igual que otros migrantes muertos ya sea por causas naturales o, en el otro extremo, por mano de secuestradores y redes de trata de personas, finalmente hay sólo un culpable: la violación promovida por el capitalismo del derecho a no migrar.

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La masacre de San Fernando

Jorge Durand

Los migrantes que llegan a nuestro país, en tránsito hacia Estados Unidos, son por definición un grupo extremadamente vulnerable. Huyen de las pésimas condiciones de vida de sus países y se escapan de la violencia y el hambre para enfrentarse, ya no a lo mismo, sino a lo peor. Paradójicamente, mientras el migrante atraviesa nuestro país, el sueño americano está más vivo que nunca. Lo único que quieren es salir de esta pesadilla y llegar a Estados Unidos, de donde piensan que posiblemente pueden ser deportados, pero no masacrados, violados, extorsionados.

Lamentablemente, esa percepción del sueño americano, cada vez está más lejos de la realidad. La campaña antinmigrante ha alentado y envalentonado a policías y patrulleros fronterizos a utilizar sus armas y sus porras ante cualquier amenaza o insubordinación. Hace unos meses en la frontera de San Diego murió Anastasio Hernández, a punta de golpes propinados por una docena de patrulleros fronterizos. Una semana después fue asesinado el joven Sergio Adrián Hernández en territorio mexicano, baleado por un patrullero fronterizo desde el lado estadunidense. Son decenas de migrantes los que han sido maltratados y abusados en las cárceles de Estados Unidos, incluso se sabe de presos que han muerto de manera inexplicable en las cárceles y centros de detención privados, y no pasa nada.

Hoy día nos desayunamos con la noticia de que el patrullero homicida ya estaba reincorporado en sus labores de vigilancia. Y de la docena de valientes patrulleros que golpearon hasta matarlo a un migrante esposado, sometido y tirado en suelo, no se sabe nada. Ya ni siquiera se guardan las formas. Parece ser que castigar, ya no se diga juzgar, a un patrullero por el uso excesivo de la fuerza, sería como ajusticiar a un defensor de la patria. La impunidad sólo prospera cuando la sociedad la ignora, la tolera, la justifica, la alienta.

Pero lo que ha pasado en México supera cualquier noticia terrible que venga de Estados Unidos. Ya no podemos ignorar, tolerar, justificar, evadir la violencia a la que se ven sometidos los migrantes que vienen en tránsito por nuestro territorio. La masacre del rancho San Fernando en Tamaulipas es una barbarie que los mexicanos tendremos que recordar, reconocer y asumir con todas sus consecuencias.

Algo se ha roto. Se han superado los límites de lo imaginable. No se trata de un loco homicida que asesina indiscriminadamente. No se trata de una situación de guerra donde se asume que el otro es un enemigo. Tampoco se trata de un exterminio étnico, donde las rivalidades y las obsesiones pueden llegar al delirio. Finalmente la locura, la guerra, los conflictos interétnicos, son situaciones complejas y excepcionales, que no justifican, pero que al menos pueden explicar la situación.

Incluso en el caso de la matanza de inmigrantes haitianos en República Dominicana en 1937, donde fueron masacrados a punta de cuchillo y golpe de machete más de 15 mil personas, podemos encontrar a un culpable. A un dictador asesino, ególatra, violador y déspota como Leónidas Trujillo, que estaba obsesionado con el poder, con blanquear a su mulato pueblo y que veía como una amenaza permanente la frontera por donde huían sus adversarios y por donde entraban negros, extranjeros, indeseables.

Para la masacre de San Fernando no se encuentra explicación. La versión oficial de que esto es consecuencia de la lucha entre los cárteles de la droga no es ni válida, ni suficiente. Es una burla, una excusa de mal gusto. La extorsión de migrantes es una actividad cotidiana a lo largo y ancho del país, que va mucho más allá de un grupo delictivo. La CNDH informa que en promedio se secuestra a mil 600 migrantes por mes. Si bien Los Zetas se han distinguido por ser especialmente sanguinarios, en el delito y el negocio participan funcionarios, policías, soldados, autoridades municipales, comisariados ejidales, jueces, transportistas, policías particulares, agentes de seguridad. Es el amargo resultado de décadas de corrupción e impunidad.

La obsesión del gobierno en su guerra contra los narcotraficantes lo ha llevado a descuidar múltiples frentes, tan preocupantes y nocivos como el tráfico de enervantes. Los grupos de apoyo mexicanos, que son los que dan la cara y arriesgan sus vidas al proporcionar ayuda y cobijo a los migrantes, han denunciado ante las autoridades, en repetidas ocasiones y con lujo de detalles, a los agresores, sus cómplices y sus casas de seguridad.

En un reciente comunicado más de 20 organizaciones mexicanas que trabajan con migrantes denuncian la persistente negligencia del gobierno y denuncian que la masacre de San Fernando no es un hecho aislado. Vuelven a repetir que el secuestro, extorsión violación, explotación laboral y trata de migrantes es consecuencia “de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la precariedad institucional, la criminalización de facto de la migración irregular y la corrupción e impunidad de los tres órdenes del gobierno”.

Es necesario crear un comando especializado para el combate de este tipo de crímenes que afectan a todo el territorio nacional y que implican a diferentes secretarías y órganos de gobierno. Es necesario capacitar al personal en la perspectiva de los derechos humanos y el cuidado y manejo de víctimas traumadas y aterrorizadas. Es urgente revisar la política migratoria mexicana de retenes, política impuesta por Estados Unidos y que obliga a los migrantes a tomar rutas alternas. El derecho al libre tránsito en México es un derecho constitucional que se debe respetar, y esto incluye a los extranjeros.

Los migrantes en tránsito no son criminales, no hay por qué perseguirlos, acorralarlos, incriminarlos. Si el gobierno persigue a los migrantes en tránsito porque considera que son indocumentados estamos aplicando la ley Arizona en nuestro territorio.

Qué cinismo ante la tragedia

Ana María Aragonés

El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que “el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento”. Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de “una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”. Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.

Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.

Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.

Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.

No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.

Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.

No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.

amaragones@gmail.com

Bienvenidos al infierno

Julio Scherer García En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la memoria a escenarios propios de los campos de concentración. Testimonios inapelables de los migrantes centroamericanos y aun sudamericanos dan cuenta de la tragedia. De septiembre del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró ciento noventa y ocho casos que incluyen nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros. La cifra podría llegar a veinte mil al año. A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del poder. Las casas de seguridad son tugurios, y la comida, tortillas frijoles y arroz una vez al día, si acaso, es pestilente. Nadie podría decir cuántas mujeres son lanzadas a la sodomía, vendidas a quien pague por ellas. Mauricio Farah Gebara, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Hernández García, su colaborador, me facilitaron el acceso a los testimonios videograbados que dan cuenta de este inmenso horror: Dos hermanos hondureños arribaron a la terminal de camiones en Tapachula. El sujeto que los conducía los recomendó con dos, a los que les dijo que había que darles una tarifa especial. A golpes, junto con veinte personas más, los hermanos fueron trasladados a Arriaga. Ahí los subieron a un vagón de tren, y cuando éste se puso en marcha, tres tipos con apariencia de migrantes sacaron sus armas. Llegando a San Luis condujeron al grupo a bordo de camionetas, por una brecha hasta un rancho, en el que había cincuenta migrantes más y muchos hombres armados. Éstos les dijeron que sólo mediante el pago de 2 mil 500 dólares saldrían de ahí. “Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a hablar con mis familiares”, dijo uno de los hermanos. “Después de la llamada, todo se puso muy feo. Nos golpeaban y nos hacían arrodillarnos por horas, nos desnudaban por las noches, dormíamos en el piso. Un día nos dijeron que habían matado al Morado, un compañero que no pagaba. Ya no lo volvimos a ver”. * * * * * Un salvadoreño relata que para abordar el tren carguero había que pagar 300 pesos al maquinista. “El vagón iba lleno, casi no se podía respirar. Íbamos de pie y a veces nos pisábamos, pero nadie peleaba. Cuando el tren se detuvo, fuimos obligados a bajar. Hombres armados y encapuchados vigilaban un descenso ordenado. Preguntaban si teníamos parientes en los Estados Unidos. La mayoría contestó que sí. A ellos los volvieron a subir al vagón. Los demás fueron abandonados en campo abierto. “Nos llevaron a un galpón. Fui elegido al azar, me recibieron a palos, como advertencia para los demás. Ahí me comunicaron con mis tíos de San Antonio. Al hacer las llamadas me golpeaban para que ellos escucharan. Les pedían 3 mil dólares. En tanto los mandaban yo tenía que limpiar un patio inmundo. Era el lugar para que hiciéramos nuestras necesidades. Me daban una cubeta y una escoba, pero la suciedad no se iba. Nada más la amontonaba en la alcantarilla”. Levantado en Tierra Blanca con doce migrantes más, un colombiano fue vendado de los ojos, atado, amordazado y arrojado a punta de pistola en una camioneta roja. “Sentí mucho miedo, pues oía las golpizas que propinaban a mis compañeros que se quejaban. Llegó mi turno. Sangrábamos mientras escuchábamos que nada éramos, jodidos, quién se preocuparía por nosotros. “En el piso inundado de una casa, jalaron hacia el frente a un niño de doce años. Golpearon su cuerpo frágil con una tabla hasta que el niño perdió el conocimiento. Así los vamos a madrear a todos. Así que convenzan a sus carnales para que nos depositen los 2 mil 500 verdes en chinga”. Un grupo formado por una joven, su hermano, su primo y un amigo de los tres, fue levantado junto a las vías de tren de Ixtepec, Oaxaca. Los condujeron a una bodega en un pueblo que no pudieron identificar. “Hacía mucho calor. Pasamos dos días sin pan o agua. Al tercero nos ofrecieron un caldo. Éramos muchos”. Se llevaban a algunos y luego los cambiaban por otros hasta que se llevaron a la muchacha: “Llamaron a mi papá. Yo lloraba porque me apretaban los brazos con fuerza y me pisaban para que mi papá se percatara. Le pidieron un depósito bancario de mil 500 dólares y le dieron un número de cuenta. “Después llegó el Caimán. Me aseguró que sería su mujer. Por la noche me llevó a un cuarto arrastrándome de los cabellos. Me violó mientras me decía: Yo voy a ser tu papi mientras el cabrón de tu padre me manda el dinero”. Un niño guatemalteco de trece años relató su secuestro y el de su tío. Sucedió en Balancán, Tabasco. Dormían al aire libre en una zona despoblada, cuando aparecieron los delincuentes con sus promesas de traslado ahora, pago después. Los subieron en un camión de redilas, repleto de migrantes. Viajaron cuatro días hasta llegar a un almacén en Monterrey. Desde ahí se hacían las llamadas. “A mi tío y otras personas los golpeaban con bates de béisbol en las nalgas por pura diversión. Lo harían a diario hasta que recibieran su pago. A mi tío le pegaron un día en la cabeza. Sangró muchísimo y para su curación sólo me dieron unos trapos sucios. Había unas señoras a las que golpeaban también. Todo el tiempo hablaban de escapar. Las dejaban desnudas. A una la golpearon enfrente de todos porque cerraba las piernas y mordía”. Un hondureño relató, sin dar detalles, que en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido pro agentes de migración que lo vendieron a los Zetas. Los Zetas lo llevaron a un cobertizo, desde donde lo comunicaron con su hermano en Illionis. En tanto llegaba el dinero, le ponían una pistola en la sien y jalaban el gatillo. Ignoraba si el arma estaba cargada. Lo dejaron en libertad, garantizado el pago, tras practicar sexo oral al secuestrador. Una menor, nacional de Honduras, fue secuestrada en compañía de ciento treinta personas. Esposados, eran golpeados con gruesas cadenas y amenazados con armas de fuego. Su papá vomitaba sangre y se desmayaba después de las golpizas. El rescate solicitado para este grupo de personas fue de 900 dólares. Como muchos de sus familiares no pudieron cubrirlos, los mantenían en cautiverio durante tres meses. Luego, a los que permanecieran vivos, los dejaban en libertad. Otro hondureño narró su secuestro junto con ochenta migrantes. Se los llevó un grupo de siete sujetos armados que se hicieron pasar por coyotes. Los condujeron hasta Reynosa en un camión de redilas escoltado por una patrulla. Querían 3 mil 500 dólares de rescate por cada uno. De lo contrario, les extraerían sus órganos para completar el dinero. Sus familiares pagaron, mas no lo soltaron. Tuvo que escaparse después de treinta y tres días de cautiverio en una bodega donde permanecían en condiciones insalubres. Asimismo, presenció la muerte por golpes de varias personas, con una tabla y con armas de fuego. Agregó que en la bodega había hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos. Un hondureño más fue secuestrado junto con doscientos migrantes, centroamericanos y brasileños. Estuvo preso cincuenta y dos días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad cerca de la Casa del Migrante en Reynosa, Tamaulipas. Una mujer originaria de Honduras fue trasladada a un granero en donde había cuatrocientas personas secuestradas, en espera de que sus familias enviaran los 3 mil 500 dólares exigidos por el comando armado que los privó de su libertad. Los ciento treinta migrantes guatemaltecos que fueron levantados por doce personas que usaban máscaras y uniforme militares en Tenosique, Tabasco, no tuvieron suerte. Sus plagiarios exigieron 7 mil dólares por persona. Fueron pocos los que pudieron pagar. Eran amenazados continuamente con una sierra, taladros y cuchillos. “Allí nos tuvieron encerrados en la casa. Casi un mes. No nos daban comunicación ni con los familiares ni con nadie. Después de un mes nos dicen: Les vamos a dar las llamadas para que ustedes llamen a sus familiares y les digan cuánto les cobramos. A nosotros nos dijeron: “si no pagan 7 mil dólares, se les llama a los familiares para que los escuchen hablar por última vez”. “Cuando llegamos a Coatzacoalcos, nos dijeron: Bienvenidos al infierno”. Si tú no le decías a tu familiar que te maltrataban, ahí te rompían la cabeza”. -¿Qué le hicieron cuando usted estaba hablando por teléfono? -Me golpeaban, me daban cachetadas. Ahí matan gente, delante de todos matan. Ahí, en esa casa, el otro día mataron como a cinco. -¿Usted vio que mataron a cinco? -Sí. -¿Cómo los mataron? -Los mataron a puro golpe. -¿Cuánto vale un rescate? –le pregunté a Mauricio Farah Gebara. -En promedio, 2 mil 500 dólares. Pero a veces basta con 100 –repuso. Lo escucho: “Algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con policías municipales, estatales y federales, más el ministerio público, administran el delito y la impunidad. “Los números de las víctimas crecen, más allá de las denuncias categóricas que hemos formulado públicamente y de las instancias elevadas a las máximas autoridades del país. Nuestra frontera sur está teñida de rojo”. -¿Qué es administrar el delito? –pregunto al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. -Inmovilizar la ley. Que el delito corra.

Sarkozy: ¡detengan a Carmen y Esmeralda!

José Steinsleger

Para el gobierno de Francia (país cuna de los derechos del ciudadano y del racismo científico), el errar por el mundo sin empleo y domicilio fijo de los gitanos (o pueblo rom) equivale, una vez más, a tomarse la libertad demasiado en serio. Pero los gitanos empezaron a deambular (y no por propia voluntad), cuando Francia no existía como nación.

Sin una cultura escrita que haya esclarecido sus orígenes con precisión, los pueblos rom llevan mil años cargando de un lado al otro con sus bártulos, y con lo que más les pesa: el halo de miedos y prejuicios que todas las sociedades, religiones, culturas y regímenes políticos les han guardado.

Los historiadores consagrados, apenas los han nombrado. En el acucioso estudio del mundo mediterráneo en la época de Felipe II (mil 800 páginas), Fernando Braudel les dedica, a pie de página, un solo renglón que habla “…del trato dado a los gitanos españoles enviados a galeras, no a causa de un delito, sino de la necesidad que había de gentes por el remo”.

Acorde con los prejuicios de la época, Cervantes narró la historia de amor entre Preciosa y un joven de la nobleza que decide comprar a la niña, raptada y criada por una vieja gitana llena de malicia. Y Shakespeare, más indulgente, introdujo a los gitanos en cinco de sus obras: Calibán, Como gustéis, Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra y Otelo.

A inicios del siglo XIX, cuando en el Sacromonte de Granada, los gitanos andaluces empezó a difundirse el arte flamenco o gitanoandaluz que venían perfeccionando desde el siglo XV, se produjo un sobresalto. Fusión de la voz, la guitarra y el cuerpo que, años después, consagrarían al par de mujeres más conocidas de la cultura gitana: Esmeralda y Carmen, mujeres de leyenda.

Esmeralda (Víctor Hugo, Nuestra señora de París, 1831), y Carmen (Prosper Merimee, 1845), fueron algo más que simples personajes de leyenda en la literatura romántica. Fueron una explosión: la revelación de lo que las mujeres anhelaban para sí, chispeantes de ingenio, siempre riéndose de los hombres y de la vida, y que, por encima de todo, aman la libertad.

Sensualidad recóndita que Sor Juana intuyó en su favorito y extraño poema Primero sueño, y que la gramática masculina de la Real Academia castigó con la definición de gitanada o gitanear: engaños con que suele conseguirse lo que se desea.

En el fondo, anhelo de libertad que José Martí percibió así: “Dejan en la memoria los gitanos los colores de un sueño brillante… Como que persigue el gitano sin conciencia un ideal que no ha de hallar jamás” (Entre flamencos, 1883).

En El amor brujo (ballet, 1925), y Bodas de sangre (teatro, 1933), los andaluces Manuel de Falla y Federico García Lorca sublimaron la tragedia de los gitanos. Tía Añica la Piñaraca, famosa cantautora andaluza, decía de su arte: Cuando canto a gusto, me sabe la boca a sangre.

Temidos, expulsados, explotados, esclavizados, marginados, dispersos por el mundo, los pueblos rom supieron conservar su cultura y una férrea tradición de hábitos y costumbres que, para sobrevivir, no podían sino ser muy conservadoras.

A pesar de las durísimas condiciones de vida, los gitanos dieron al mundo personajes famosos: actores (Charles Chaplin, Yul Brynner, Michael Caine); guitarristas de jazz, rock y flamenco (Django Reinhardt, Ron Wood, Camarón de la Isla, Tomatito), bailaoras (Carmen Anaya); baladistas (Sandro, Diego el Cigala), Augusto Krogh (premio Nobel de Medicina, 1920). ¡Hasta William Clinton se jacta de ser sobrino tataranieto de Charles Blythe, rey de los gitanos de Escocia (1847)!

Algunos estudiosos asocian al pueblo gitano con los hebreos. Sin embargo, los gitanos no se rigen por libros sagrados, no reclaman territorios, no predican el nacionalismo y tampoco han formado grandes grupos financieros.

Los gitanos representan a una de las comunidades más inofensivas y pacíficas del mundo, y sus ideales figuran en la bandera que adoptaron en 1971: azul arriba (el cielo del país que los cobija), verde abajo (el territorio que pisan), y una rueda en el medio que simboliza el nombre de su himno: Guedem, guedem (anduve, anduve).

Por su fragilidad material y política, los pueblos rom han sido el perfecto chivo expiatorio del racismo y el neofascismo que hoy encarnan gobernantes de la Unión Europea como Silvio Berlusconi y Nicolas Sarkozy. O personajes como la inglesa Viviane Reding, quien preside la Comisaría para la Justicia y los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos (sic).

En abril último, la señora Reding calificó de inaceptables las discriminaciones padecidas por esa minoría étnica (que no se dignó nombrar). Luego (muy british ella), rectificó diciendo que no estaba ni a favor ni en contra de las propuestas francesas. O sea, la expulsión de los gitanos del país de la tolerancia.

Nada nuevo. Los reyes Luis XII (1504), Francisco I (1538) y Carlos IX (1560) echaron a los gitanos de Francia, y a inicios de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Vichy siguió con la tradición. Internó a 30 mil gitanos y entregó a los nazis 15 mil que acabaron en los hornos crematorios.

Los mexicanos que residen en EU son muy racistas: defensora de migrantes

Arturo Cano

La Jornada

Los Ángeles, 3 de agosto. "A mí no me gusta ir a los lugares de mexicanos porque son muy discriminadores". La mujer que habla tiene 40 años, un bebé de dos meses y es trilingüe. A veces, muy pocas, se atora con alguna palabra en español. "Es que lo aprendí tarde", se disculpa.

La mujer que habla propone ir a comer a un restaurante de comida japonesa y pide vino rosado. La mesera es asiática y el garrotero mexicano. La mujer que habla es migrante. Llegó a Estados Unidos con 11 años de edad y ahora convive con otras dirigentes del movimiento pro reforma migratoria. Una de ellas, "muy importante", le ha reprochado: "No sé por qué te sigues identificando como indígena, si yo te veo como una mujer mexicana inteligente, brillante".

La mujer es la zapoteca Odilia Rivera y no le gusta ir a "los lugares donde se juntan los mexicanos". Para desayunar un domingo, por ejemplo, prefiere un restaurante en Echo Park, en una zona que alguna fauna intelectual ha recuperado de la cíclica decadencia que Los Ángeles sufre a trozos.

Ahí llega con su pareja, Alfonso Martínez, con Bianí, su bebé de dos meses. Los acompaña Policarpo Chaj, dirigente de Mayavisión, una de las organizaciones de quichés guatemaltecos.

Odilia y Policarpo completan uno las frases del otro, de modo que en el cuaderno de notas se confunden, de tan parecidas, las afirmaciones sobre el trato a los indígenas acá y del otro lado de la frontera.

"Aquí desfilan caravanas de políticos que nos escuchan, se toman fotos y luego no hacen nada". La frase la dijo Policarpo pero la puede suscribir Odilia. "Si no hablas español, en el consulado te tiran los papeles a la cara", es la frase de Odilia que podría haber dicho Policarpo. "Nomás nos ven como remeseros", es frase de ambos, que además de dirigentes de organizaciones binacionales, son intérpretes de sus lenguas en las cortes de este país. Policarpo del maya. Odilia del zapoteco de Zoogocho.

Coordinadora de la oficina local del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Odilia colabora permanentemente con Gaspar Rivera-Salgado, presidente binacional de la organización e investigador de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Iba con frecuencia al campus. Un día, en la cafetería, una mujer latina se dirigió a ella en español mal construido y en tono imperativo:

–Oye, véndeme su blusa. Oiga, te estoy hablando. Oiga, tú eres india, ¿verdad?

Odilia no vomita al recordar la frase sólo porque el sushi de atún está delicioso. Y entre bocado y bocado refiere las historias de discriminación entre mexicanos, entre latinos, entre migrantes. "El gringo por lo menos es más diplomático, aunque sé perfectamente que nos discrimina con sus leyes o impidiendo que tengamos licencia de manejo o un seguro".

–¿Ustedes son indias? –les dijo otra vez, en la calle, una señora salvadoreña, maravillada también por la blusa de Odilia y la de su amiga, una profesora ecuatoriana.

Cuando dejaron claro que su ropa no estaba a la venta, la señora les dijo, resignada: "¿Y cuándo vuelven a limpiar casas por aquí?"

Entonces le informaron que ambas trabajaban en la UCLA, la amiga como profesora de español y quechua. "Ay, ni parecen", se persignó la señora.

"Yo no me junto con los mexicanos porque son muy racistas", repite Odilia, mientras explica las bondades de Los Ángeles o habla de los mil proyectos en marcha del FIOB, al volante de su auto mediano que detiene de cuando en cuando para consultar su GPS.

Tlayudas LA

Lejos de la atmósfera asfixiante de Arizona, aunque a sólo cinco horas de Phoenix, Odilia detalla, calle tras calle, la geografía de la presencia indígena en California. "Aquí (Pico Union) llegamos los oaxaqueños en los años 80 del siglo anterior, cuando era un lugar predominantemente de afroestadunidenses. Ellos se fueron y luego nosotros, a la zona centro sur. Ahora este lugar lo ocupan los quichés y los mames de Guatemala. Ellos y los mixes son los mayores vendedores callejeros de fruta".

Desde hace algún tiempo, las autoridades traen una guerra contra las taquerías ambulantes y también contra los vendedores de otras mercaderías. La crisis económica ha hecho que el número de vendedores ambulantes crezca exponencialmente, de la mano de las quejas de los angelinos que sólo quieren ver carritos de hot dogs y ahora ven fruteros, vendedores de flores, de ropa. "Mi mamá produce moronga, y hay un quiché que le va a comprar para revenderla por acá", cuenta Odilia.

La guerra de las autoridades de Los Ángeles "es inútil", dice la dirigente. "Como los trámites son muchos, hay gente que vende sin hacer ninguno, como una señora que vive en un departamento y ahí, en un cuarto de tres por cuatro, tiene un puesto de tlayudas".

Los problemas de Gabino

Buena parte de las organizaciones oaxaqueñas, incluido el FIOB, se sumaron a la campaña de Gabino Cué, quien este domingo asistirá a la Guelaguetza de Los Ángeles.

Algunos grupos siempre se han opuesto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero otras organizaciones y varios de los empresarios de origen oaxaqueño le cobraron a Ulises Ruiz que nunca haya venido a visitarlos (salvo cuando estuvo en campaña).

Pese a la buena relación con el gobernador electo, el FIOB no se hace ilusiones: "Estamos contentos de que el PRI haya salido después de 80 años, pero también estamos conscientes de que aún gobierna en muchos sentidos, y que los cambios se vienen poco a poco. Si Cué quisiera hacer algo tendría que pasar por el Congreso y ahí va a estar difícil".

En una de sus visitas a esta ciudad, Cué se reunió con el FIOB y prometió a sus dirigentes abrir una oficina de atención al migrante en Estados Unidos: "La gente siempre busca al frente cuando necesita un intérprete o cuando requiere ayuda para enviar un cadáver, y cuando uno llama a la actual oficina de atención al migrante no hacen nada. De modo que no esperamos nada, sino que vamos a seguir exigiendo, y vamos a recordarle a Gabino sus promesas de campaña".

Mientras el nuevo gobernador espera asumir el cargo, el FIOB sigue con sus tareas habituales, y cada día abre más oficinas en Estados Unidos, para atender las necesidades crecientes de los indígenas migrantes (sólo en los campos de California se estiman más de 200 mil, y algunos cálculos hablan de medio millón de oaxaqueños en la entidad).

El FIOB tiene oficinas en Fresno, Santa María, Madera, Santa Rosa, Los Ángeles y San Diego. Ofrece asesoría laboral a los jornaleros agrícolas, cursos sobre historia e identidad indígenas, edita una revista, trabaja con las mujeres en sesiones de salud reproductiva, y a partir de este año maneja un fondo de préstamos que van de los 500 a los 5 mil dólares ("unos piden para pagar la renta, otros para comprar un horno que usaran en su restaurante").

La lucha por una reforma migratoria, incluyendo talleres y participación en las movilizaciones, es otra de las tareas del frente. Eso, sin contar el programa de intérpretes: "La mayor parte de nosotros somos bilingües o trilingües, así que vamos a los hospitales y las cortes".

En Oaxaca, el FIOB incursiona en la política electoral y desarrolla un programa con recursos de la Fundación Ford, llamado El derecho a no emigrar, de proyectos productivos encaminados a crear alternativas económicas (artesanías, setas, sombreros de palma, huipiles). "Están funcionando muy bien, con la idea de que emigrar sea efectivamente una opción y no la única salida".

Allá la organización tiene oficinas en Huajuapan y Juxtlahuca, en la mixteca, y en Zanatepec, en el Istmo. En este último sitio, por acuerdo de la asamblea binacional, está por abrir un "santuario" para los migrantes centroamericanos.

Todo esto va recontando Odilia mientras pasa por Melrose –"barrio gay y fresa"– y señala los restaurantes donde trabajan oaxaqueños, es decir, todos.

Odilia, quien llegó a Estados Unidos a los 11 años de edad, sin haberse apartado antes del cuidado de la abuela en Oaxaca, que aprendió inglés primero que español, surca el freeway mientras habla con orgullo de su hija mayor, que tiene 22 años y está a punto de terminar sus estudios en Berkeley.

El trabajo os hace libres

Matteo Dean

El 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: "El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias". Y más adelante: "El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión". Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, "fue golpeado y torturado", según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. "Estamos desesperados", expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. "Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos."

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, "esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses". Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: "Intervengan".

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar "la maquinaria diplomática" para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el "acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo". En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

"El gobierno italiano nunca se echó para atrás (...) en la cuestión de los derechos humanos", se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, "porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos", añadió que no hay "ninguna prueba" de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, "el trabajo os hace libres".