El panismo del PRI

Néstor de Buen

Cabría suponer que el PRI ha pretendido ser un partido de izquierda que históricamente representaría los rotundos aspectos sociales de la llamada Revolución de 1910 y que se reflejaron en la multitud de leyes de trabajo que el Ejército constitucionalista impuso en los estados en que había derrotado al porfirismo. De todas esas leyes merece una referencia especial la que Salvador Alvarado impuso en Yucatán, inspirada en una ley neozelandesa y que iluminó, al ser discutida, los momentos más intensos del Congreso constituyente.

Hay que reconocer, sin embargo, que una vez derrotado Victoriano Huerta y estabilizada de alguna manera la sucesión presidencial, correspondió al presidente Emilio Portes Gil, con su ley de Tamaulipas, establecer las bases de lo que luego sería la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1931, puesta en vigor por Pascual Ortiz Rubio.

Sin duda nuestra primera legislación laboral adolecía de serios defectos. El peor de todos, en ejercicio de la reglamentación del mandato constitucional, fue la creación de las que primero fueron denominadas comisiones de trabajo para acabar en el texto definitivo como juntas de conciliación y arbitraje.

Nuestros tribunales de trabajo han tenido mala suerte. No tengo la menor duda que bajo la inspiración del sistema fascista de Benito Mussolini, las juntas reflejaron en México lo que fue la magistratura del trabajo con el dictador italiano, copiadas textualmente en la legislación franquista.

Sin embargo, España suprimió la magistratura y creó los jueces de lo social que ya no dependerían del Poder Ejecutivo sino del Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial, primero de julio de 1985).

En un proyecto de la LFT que preparamos Carlos E. de Buen y yo, a petición de senadores del PAN, se planteaba la desaparición de las juntas para ser sustituidas por jueces de lo social, además de varias alternativas para suprimir los contratos de protección. El PRI impidió que pasara a comisiones. Hoy se tendría que volver a ese proyecto absolutamente democrático y favorable a los trabajadores. Lo cierto es que sirvió de base para los proyectos del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores que tampoco prosperaron.

Es una verdadera vergüenza que el PRI haya hecho suyo el proyecto del PAN. Y aún se asombran –yo también– de las alianzas del PAN con el PRD. En realidad estamos viviendo una etapa frustrante, sin partidos políticos representativos de la izquierda, hoy dejada a un lado de tal manera que las alternativas de inclinarse por algún candidato el próximo año, para la Presidencia de la República, empiezan a ser preocupantes.

Yo confieso mi parcialidad en favor de Andrés Manuel López Obrador aunque me temo que le falta un partido de apoyo. En esa alternativa Marcelo Ebrard parecería el candidato posible. Aunque me temo que el PRD no tendrá fuerzas suficientes para apoyar al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en todo caso, podrían estar divididas.

Ciertamente las perspectivas políticas para el próximo año adolecen de un negro oscuro, como decía alguien hace tiempo, en una etapa en la que la presidencia de la República tendrá que superar los años del PAN que nos han dejado maltrechos.

Por lo pronto la tarea inmediata es hacer todo lo posible porque no prospere el proyecto del PRI-PAN para la modificación de la LFT.

No creo que el movimiento obrero pudiera soportarlo. Hay grupos razonablemente unidos y con razones más que suficientes para oponerse a ese proyecto y aunque no se puede dudar de que ambos partidos constituyen una mayoría legislativa, a lo mejor hay que considerar que algunos de sus miembros demostrarán que por encima de la lealtad partidista está el amor por la justicia social. De otro modo viviremos movimientos sociales de gran alcance.

Corren rumores, sin embargo, de que el PRI ya se está arrepintiendo de sus diabluras. Ojalá sea cierto y no apruebe el proyecto panista.

Hipocresía panista

John M. Ackerman

Felipe Calderón se queja amargamente de los obstáculos del Poder Legislativo hacia sus iniciativas de reforma en materia política, laboral, energética y de seguridad pública. Los intelectuales aliados al régimen también periódicamente denuestan al Congreso por formar parte de una imaginaria generación del no supuestamente orientada a detener el progreso del país. Hoy, sin embargo queda claro que quienes frenan los avances democráticos no son los legisladores de la oposición, sino los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

El veto que el PAN ha puesto en los últimos días a las reformas en materia de transparencia y derechos humanos es completamente injustificable. Ambas propuestas fueron consensuadas durante largos años de trabajos, con la activa participación de las bancadas del partido del Presidente. Pero hoy el PAN se echa atrás y busca cualquier pretexto para tumbar los acuerdos logrados, todo con objeto de proteger a los poderes fácticos que hoy lo chantajean de cara a la elección presidencial de 2012.

En el Senado, destacados integrantes de la bancada del PAN se oponen a la inclusión de la prohibición de la discriminación a las personas por motivo de sus preferencias sexuales, bajo el argumento ridículo de que esto podría legalizar la pederastia. Ignoran que el derecho a no ser discriminado jamás puede ser utilizado para justificar la comisión de un delito. Su rechazo a esta inclusión sólo evidencia su total subordinación a una jerarquía católica cada día más ensoberbecida y empoderada políticamente.

A estos mismos senadores les genera ruido que las reformas constitucionales reconozcan explícitamente la calidad vinculatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano. En un momento de lucidez que refleja su cerrazón en la materia, el senador del PAN Felipe González ha argumentado que habría que estar en contra de elevar el estatus de estos tratados porque algunos ni siquiera los conocemos (La Jornada, 4/3/11).

En la Cámara de Diputados, el PAN ratifica su rechazo a la tutela efectiva de los derechos humanos al reservar una serie de artículos claves de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). El diputado panista Gregorio Hurtado se opone enérgicamente a la propuesta de transparentar los fideicomisos que contienen recursos públicos y con ello defiende la tradicional utilización de estos fondos como la caja chica del gobierno federal. Con los gobiernos del PAN, los fideicomisos se han vuelto la nueva partida secreta, útil tanto para comprar lealtades como para evitar la vigilancia de la sociedad y los órganos fiscalizadores.

Al mismo diputado le encantaría eliminar la naturaleza definitiva e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Así, se podría cumplir con el sueño dorado del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador Arturo Chávez de impugnar por la vía judicial a las resoluciones de este órgano garante para dejarlo en el nivel de un simple ombudsman de la transparencia, cuyas resoluciones fueran meras recomendaciones para la autoridad.

El también diputado por el PAN Gastón Luken propone eliminar uno de los avances más importantes contenidos en la minuta ya aprobada por el Senado: la obligación de que las instancias gubernamentales generen los documentos solicitados en el caso de que debieran existir por mandato legal. Asimismo, los emisarios del gobierno federal han expresado su rechazo contundente a la propuesta de transparentar los créditos fiscales que Hacienda año con año otorga a empresas como Cemex, Telmex, Walmart y Televisa y que hoy suman por lo menos 500 mil millones de pesos.

Tanto la reforma de derechos humanos como la de transparencia están muy lejos de cumplir plenamente con las expectativas ciudadanas. Entre otras debilidades, la primera no toca ni con el pétalo de una rosa a las fuerzas militares y no permite el acceso pleno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la información en poder del gobierno federal. La segunda no le otorga ni autonomía política ni facultad de sanción directa al IFAI. También presenta una serie de vicios en materia de responsabilidades administrativas, documentadas recientemente por la organización civil Artículo XIX, así como con respecto a causales de reserva y asuntos procedimentales. Ambas propuestas también garantizan la más total opacidad e impunidad para la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, ambas reformas al final de cuentas representan un paso adelante en materia de rendición de cuentas para el país. Caminan en el sentido correcto y, de ser aprobadas, implicarían modificaciones sustanciales en favor de la democratización del ejercicio del poder público en México. Es realmente una vergüenza que AN de nuevo se pliegue de forma tan cínica a los intereses de la Iglesia católica, al presidencialismo autoritario y a las grandes corporaciones monopólicas, abandonando una vez más los principios democráticos que alguna vez inspiraron su actuación.

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Abdicar a la soberanía

La Jornada

En documentos divulgados por el sitio Wikileaks y difundidos ayer –un día antes de que inicie su visita a México la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton–, se da cuenta de nuevos episodios de subordinación del gobierno de México al de Estados Unidos en aspectos relacionados con la seguridad pública y el control migratorio.

En el primero de esos documentos, fechado en febrero de 2010, se afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para "pacificar" Ciudad Juárez y "responder a la presión pública de hacer algo por la localidad". Es significativo y preocupante que el principal viso de sensatez ante tal petición haya debido venir de la funcionaria estadunidense: de acuerdo con el documento, Napolitano respondió que las autoridades de su país podrían ayudar a la identificación de objetivos, pero que "México debe ir más allá de los despliegues militares y establecer una fuerza de policía en Ciudad Juárez capaz de vigilar todas las calles y viviendas".

Independientemente de lo que Calderón haya tenido en mente al pedir la ayuda del EPIC para controlar la violencia en la ensangrentada urbe fronteriza, la solicitud confirma que desde el Poder Ejecutivo se propicia la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en tareas de seguridad y de manejo de la fuerza pública, lo cual se hace a espaldas de la sociedad. Por lo demás, el contenido del cable referido da cuenta del empecinamiento de las autoridades nacionales en una estrategia a todas luces fallida: los despliegues policiales y militares ordenados en amplias regiones del territorio han demostrado no sólo ser inútiles, sino contraproducentes, y el caso de Ciudad Juárez es dolorosamente paradigmático al respecto; sin embargo, lejos de rectificar, el gobierno mexicano se muestra empeñado en profundizar dicha política, aunque ello implique el riesgo de vulnerar la soberanía nacional.

Si del documento referido se desprende que el gobierno mexicano no ve con malos ojos la operación de agentes estadunidenses en el país, en otro de los cables difundidos ayer por Wikileaks se pone en evidencia su papel como facilitador de esa medida: de acuerdo con un mensaje diplomático, personal de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha realizado interrogatorios a migrantes indocumentados detenidos en el país, con el apoyo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en respaldo a una inquietud de las autoridades estadunidenses de que el terrorismo internacional pudiera aprovechar la frontera con México para atacarlos.

Lo anterior es improcedente por partida triple: porque de nueva cuenta se evidencia una concesión inaceptable en materia de soberanía; porque México queda exhibido como un país que presta su territorio para actividades de hostigamiento practicadas por Washington contra ciudadanos de terceras naciones, y porque, con ello, el gobierno mexicano asume como causa propia, ante los ojos del mundo, la "guerra contra el terrorismo" emprendida por el gobierno de Bush, y suscribe, así sea tácitamente, las obsesiones estadunidenses de seguridad nacional características del gobierno anterior del vecino país, pero que han persistido durante la actual presidencia y que son contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos.

A la luz de estos elementos de juicio, la sumisión del gobierno federal a Washington en lo que debieran ser tareas irrenunciables de cualquier Estado –como la seguridad pública y el control migratorio– confirma que, además de la ruptura de la legalidad y el estado de derecho en amplias franjas del territorio, un saldo principal de los cuatro años de la actual administración es, precisamente, una abdicación inaceptable de la soberanía nacional.

Denuncia Cubadebate censuras por Google y Facebook

Prensa Latina

Publicado: 15/01/2011 12:47

La Habana. Cubadebate denunció este sábado que Facebook censuró una página abierta en esa red social que pedía a YouTube —propiedad de Google— la restitución del canal de videos del sitio oficial de información del gobierno cubano, cerrado por una denuncia sobre una violación de derechos de autor.

"Google censura, Facebook también. Hoy amanecimos con una nueva agresión", tituló el portal, al informar del cierre el viernes en esa red social de la página que contaba con más de mil seguidores: "No más censura en YouTube restablezcan Cubadebate".

La página fue creada el jueves luego de que Cubadebate denunció que YouTube cerró su cuenta alegando "infracción del copyright" en un video sobre el ex agente cubano de la CIA Luis Posada Carriles, en juicio esta semana en Estados Unidos por fraude migratorio. Cubadebate, donde el ex presidente Fidel Castro publica sus artículos de opinión, sostiene que las imágenes, en las que Posada Carriles "exigía pago por sus servicios" en atentados contra Cuba, circulaban en Internet y habían sido usadas por varios otros sitios.

Al espacio en Facebook "llegaron cientos de adhesiones y opiniones de todo el mundo que expresaron su solidaridad" con Cuba, pero el viernes "la página era ilocalizable", porque "los amigos de Cubadebate en esa red social habían sido víctimas también de la censura", señaló.

"Los falsos Mesías del derecho de autor, los moralistas Facebook y Google, están en este minuto en salmuera jurídica", criticó la web, al afirmar que el gigante de internet tiene denuncias por "prácticas monopólicas" y la colosal red social, con más de 500 millones de usuarios, por "robo de ideas".

"¿Cómo pueden presentarse estas dos empresas como Apóstoles del Derecho de Autor? (...) Quizás este no sea el fin de los abusos de las empresas transnacionales de Internet, pero sí puede que sea el fin de la hipocresía", dijo.

Según Cubadebate, el momento en que Google cerró su canal en YouTube tenía más de 400 vídeos —entre otros entrevistas y mensajes de Castro— y 1.6 millones de descargas desde su apertura hace casi tres años.

El anticastrista Posada Carriles es juzgado esta semana por perjurio en Texas (sur de EU), pero las autoridades cubanas exigen que se lleve a los tribunales como autor intelectual del derribo de un avión comercial en 1976, en el que murieron 73 personas, y otros atentados contra la isla.

El miedo

Luis Javier Garrido

El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.

1. El mecanismo de las alianzas electorales entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato de unidad PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

2. El ardid de las alianzas electorales PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.

3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un enriquecimiento inexplicable al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.

4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la estrategia de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como un peligro para México y acusándolo de realizar una campaña de rencor y odio, no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su equipo de campaña, que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador haiga sido como haiga sido, según informó El Universal el miércoles 6.

5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser el burro hablando de orejas y lo exhortaron a dejar de actuar como jefe de campaña del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).

6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de autoritarismo e intolerancia, pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).

7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.

8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase burda y ofensiva no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud.

9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.

10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).

El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.

La última trampa del Banco Mundial

Raúl Zibechi

La difusión del reciente informe del Banco Mundial, Los recursos naturales en América Latina y el Caribe: ¿más allá de bonanzas y crisis? (13 de septiembre), podría contribuir al necesario y urgente debate sobre las estrategias más adecuadas para salir de la pobreza y la dependencia, afrontar los problemas sociales y ambientales que genera el extractivismo, y aprovechar una coyuntura favorable para conducir al continente hacia una ruptura con el neoliberalismo. No es que el informe del BM no aporte nada interesante, más bien parece una broma de mal gusto. Sin embargo, muchos gobiernos de la región, incluyendo a los llamados progresistas, parecen coincidir con algunas de sus conclusiones más nefastas.

La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del BM, Pamela Cox, prologa el informe diciendo que los países de la región llegaron a ser de los más prósperos del mundo gracias a la producción de metales preciosos, azúcar, caucho, granos, café, cobre y petróleo. Rechaza que la explotación de los recursos naturales haya sido una maldición para la región y cree que las perspectivas a corto plazo son halagadoras por los altos precios del mercado. El propio informe asegura que las exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la región, llenando las arcas de los gobiernos, y que América Latina puede derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero de las economías centrales. Por supuesto, no considera que los principales beneficiarios han sido las grandes multinacionales y los países del norte, nunca los exportadores de materias primas.

El enfoque monetarista del BM lo lleva a proponer que las ganancias extraordinarias que se obtienen por las exportaciones de minerales, hidrocarburos y productos agrícolas, cuyos precios se mantienen muy altos en los mercados globales, sean usadas para realizar ahorros que podrían luego utilizarse para estabilizar el gasto en los tiempos de crisis de esos bienes, como sostiene el informe firmado entre otros por Augusto de la Torre, economista en jefe del banco para América Latina y el Caribe. Censura las nacionalizaciones de las empresas que explotan recursos naturales y dedica parte sustancial de sus conclusiones a indicar los caminos más adecuados para evitar o minimizar los impactos sociales y los conflictos asociados con las industrias de extracción.

De este modo, el principal think tank neoliberal evalúa que es precisamente el alto precio internacional de las commodities lo que permite que la región esté atravesando exitosamente la crisis mundial, y no su creciente distanciamiento de las recetas del propio BM y del FMI. La fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas, que suponen 24 por ciento de los ingresos fiscales promedio en la región, con casos que alcanzan hasta 49 por ciento, es causa de honda preocupación. Ya no se discute sobre el deterioro de los términos de intercambio, ni sobre la diversificación de las exportaciones, la industrialización y la soberanía alimentaria, cuestiones estratégicas que están siendo tapadas por la oleada de exportaciones de productos primarios que sobrexplotan los bienes comunes como el agua.

No es la primera vez que el BM hace pronósticos falsos y luego se desentiende cuando llegan resultados desastrosos. A mediados de la década de 1990 el BM promovía la privatización de las pensiones con el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría al sistema público a la quiebra. Un reciente informe del diario El País asegura que el Círculo de Empresarios de España, con base en los análisis del BM, aseguraba en 1996 que el sistema público de pensiones tendría un déficit de 10 por ciento del PIB para el año 2000, cuando en realidad acumula ahorros equivalentes a 6 por ciento del PIB; en tanto, las pensiones privadas están al borde del colapso (El País, 19/9/10). En efecto, en Estados Unidos hay 31 estados que pueden quedarse sin dinero para pagar las pensiones privadas, mientras en el Reino Unido perdieron 37 por ciento de su valor.

En América Latina las voces que promueven un debate en profundidad sobre la intensificación de la explotación de la naturaleza siguen siendo minoritarias y, lo que es peor, no suelen ser escuchadas en las esferas oficiales. Ni siquiera en los gobiernos que se proclaman opuestos al capitalismo. En la campaña electoral venezolana, donde el domingo 26 se renueva la Asamblea Nacional, la derecha consiguió polarizar el debate instalando la cuestión de la seguridad ciudadana. Sin embargo, las diversas izquierdas no consiguen poner en cuestión un modelo de desarrollo que sigue siendo dependiente de la exportación de petróleo. Algo que no se modificó desde que en 1999 Hugo Chávez asumió la presidencia.

Es en este punto donde la inercia acerca los hechos concretos a las posiciones tramposas del BM. Mientras el capital mundial elabora propuestas para profundizar el modelo, las propuestas alternativas siguen sin ser escuchadas. Abarcan, empero, un amplio abanico: desde un neodesarrollismo hasta el sumak kawsay o buen vivir estampado en las constituciones de Ecuador y Bolivia. El economista Jorge Katz, inscrito en la primera tendencia, acaba de denunciar en el congreso anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina que el decil más rico en su país tiene un ingreso per cápita mayor que ese mismo sector en los países anglosajones, en tanto la población con menores ingresos es 20 veces más pobre que los estratos más bajos de los países desarrollados.

La fase actual del modelo neoliberal, aunque algunos prefieren hablar de posneoliberalismo cuando se trata de gobiernos progresistas, no puede sino generar polarización económica y social. En este caso, el progresismo interpone políticas sociales que no pueden modificar la distribución de la renta, pero son funcionales a la explotación de la naturaleza. No será sencillo salir del extractivismo. Pero nunca se conseguirá sin un profundo debate que anticipe la imprescindible confrontación con un modelo depredador.

Clerecía impune

José Blanco

Apesar de los muchos pesares, una gran parte de la sociedad mexicana que habita la ciudad de México ha venido dando muestras claras de modernización. De otro modo no se entendería que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya podido reconocer la realidad social metropolitana y sus complejidades, y haya dado paso a leyes adecuadas a esa realidad. Tal es el caso de la legislación sobre el aborto, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y sobre el derecho igual de cualquier tipo de matrimonio a adoptar a un niño desamparado. El reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la constitucionalidad de este avance en los derechos humanos tiene también como trasfondo esos pasos de la sociedad en el camino de su modernización.

Nuestros legisladores casi siempre han ido avanzando lentamente detrás de la sociedad, pero en sentido contrario, la alocada y a veces mentecata Conferencia del Episcopado Mexicana (CEM) se estanca sin falla en un medioevo rancio, en una pugna estéril buscando que ahí mismo quede estancada la sociedad.

A cada pequeño paso de modernización, la ruidosa clerecía mexicana se lanza contra todo lo que signifique civilidad, tolerancia, admisión de la pluralidad, aceptación de la igualdad de derechos para los desiguales en ideas, costumbres, preferencias sexuales, si no concuerda con su idea de lo moral.

En la anciana institución de los curas, quién no lo sabe, los hay que penetran a niños varones. Son homosexuales pederastas. Hay también heterosexuales pederastas. Como nada puede permanecer indefinidamente en la penumbra del secreto clerical, en las últimas décadas han salido a la superficie estos malhechores en múltiples países. Aquí contamos con el récord Maciel. Ciertamente estos forajidos son peores que los narcos, pero el cardenal Sandoval y la CEM se pasan de tontos si creen que la sociedad mexicana no tiene presentes esos actos criminales cuando protestan por la creación de leyes como las citadas.

Sandoval no cuenta con autoridad alguna, de ningún tipo, para decir al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y a los hombres y mujeres homosexuales, cómo deben actuar y decidir, pero está seguro que los insultos que les ha lanzado pueden quedar impunes. Profiere sus exabruptos con absoluta soltura y seguridad porque sabe bien que por ahora tiene aliados metidos en un Estado constitucionalmente laico.

La CEM y el Colegio de Abogados Católicos tranquilamente pueden decir que la Secretaría de Gobernación hizo lo que tenía que hacer: dar entrada a la denuncia que recibió de sectores que no aceptan los insultos de Sandoval. Pero están seguros de que nada más ocurrirá. Es muy probable que así ocurra, pues las riendas del Estado laico están en manos de quienes quieren a toda costa un Estado confesional.

Así puede entenderse que Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM, descarte que pueda haber algún conflicto con el gobierno federal por las vociferaciones de Sandoval quien, como se sabe, dijo que el mandatario capitalino maiceó a los ministros de la Corte para que aprobaran las leyes referidas. No hay que ponerse en plan estridente, pidió Corral, es decir, no hay que hacer lo que a Sandoval seguramente sí le está permitido.

Por su parte, Armando Martínez, presidente de los abogados católicos colegiados, aseguró que si la Secretaría de Gobernación impusiera alguna sanción a los clérigos estaría en el camino de la represión, actuando como policía política para acallar a quienes disienten de decisiones como las que tomó la Asamblea Legislativa.

Estos señores creen que viven en una sociedad de idiotas, de la que pueden burlarse. Según su discurso, al defender a Sandoval, están defendiendo el derecho a disentir y la libre expresión de las ideas. Estos retrógrados señores pueden opinar lo que les venga en gana sobre el aborto, el matrimonio entre homosexuales, o la adopción de infantes por estos matrimonios. Pero la demanda de Ebrard se refiere a la calumnia proferida por Sandoval sobre el maiceo de los ministros de la Corte, no por sus previsibles opiniones sobre la adopción por matrimonios de homosexuales. Puerilmente pretenden disfrazar la calumnia y los insultos de Sandoval con la bandera de la defensa de su derecho a disentir.

Mucho me temo que la denuncia a la que dio entrada la Secretaría de Gobernación, quedará congelada y los denunciantes frustrados. El gobierno de hoy, así como Sandoval y todos sus fieles, pueden decir misa, pero no tienen ni la más remota idea de lo que significa el Estado laico. Y no se trata de oír sus discursos, sino de observar sus hechos. Los gobiernos panistas cuando y donde pueden se comportan como en un Estado confesional. Los actos contra el laicismo de los numerosos sandovales mexicanos han quedado impunes y el último sandovalazo seguirá el mismo camino si todo queda, simplemente, en la declaración del ministro Valls del pasado 15 de agosto, cuando advirtió que bajo ningún pretexto se puede acusar impunemente a los 11 ministros de la Corte de corrupción. Con ese voto de censura, ¿todo queda saldado, señores ministros?

Abortar en Guanajuato

Arnoldo Kraus

Desde hace una semana La Jornada ha informado acerca de la situación de seis mujeres, que además de ser mujeres son indígenas, que además de ser indígenas son pobres, que además de ser pobres abortaron involuntariamente, que además de que el aborto se debió a la miseria propia de la mitad de los mexicanos que viven en México-Guanajuato, que además de vivir en México-Guanajuato son víctimas de su gobierno y de la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que, además de todos los ademáses previos, se incluyen, según testimonios no desmentidos, maltrato del Ministerio Público, de policías ministeriales y de los jueces contra las indígenas y sus familiares, así como abusos de los doctores de la Secretaría de Salud. Todos los ademáses previos condujeron al encarcelamiento, en algunos casos desde hace ocho años, de seis mujeres indígenas, a las cuales se les ha castigado, como ya dije, por haber abortado involuntariamente, a lo cual agrego, en este párrafo interminable, otra serie de circunstancias propias del gobierno guanajuatense, cuyos dislates han hecho de la vileza su bandera, de la mediocridad su modus operandi, de la injusticia su credo, y de la estupidez su única forma de ser. La larga lista de ademases, y la radiografía de algunas circunstancias guanajuatenses es la razón por la cual el gobierno de ese Estado ha ejercido su torpeza y justificado su brutalidad contra las seis mujeres indígenas que actualmente, por si no fuera suficiente la humillación, purgan sentencias de más de 25 años. Esas mujeres, además de no haber pecado, ya que no abortaron voluntariamente, son víctimas, no sólo de la miseria que seguramente fue la razón de los abortos, sino de la ceguera y la mediocridad de los dos últimos gobernadores de Guanajuato, cuyo dogmatismo decimonónico las ha mantenido presas y sin posibilidad de defenderse, ni de ser defendidas. Este párrafo largo, un tanto cantinflesco –lo admito– con sólo cuatro puntos y seguidos intenta reproducir tres situaciones irreproducibles: la imbecilidad del gobierno de Guanajuato, la mediocridad de la CNDH y el mutismo de Felipe Calderón.

Las seis indígenas guanajuatenses no podrán rehacer su vida: llevan años encarceladas, son jóvenes que han sido apartadas de la vida –al menos una entró al penal cuando tenía 18 años–, han sido estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a firmar documentos espurios y presionadas para no realizar entrevistas con los medios de comunicación.

Seguramente, además, han sido amenazadas y maltratadas, si no físicamente sí por medio de la palabra o del aislamiento al que han sido sometidas. Habría que entrevistarlas para averiguar cómo han sido tratadas, si no han intentado violarlas, si tienen permitidas las visitas de los familiares, si los sacerdotes que visitan las cárceles las apoyan o las denuestan y que tan frecuente son humilladas.

La criminilización de las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque en este caso las interrupciones fueron, según averiguó La Jornada, involuntarias, es penada en Guanajuato con castigos que oscilan entre 15 y 30 años de cárcel bajo la acusación del delito de homicidio en razón de parentesco. En la égida panista, factores como violación o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes. De acuerdo a las normas guanajuatenses, toda mujer que resulte embarazada por violación, sea por un sujeto desalmado o por algún sacerdote compinche del padre Maciel, debe continuar, lo desee o no, su embarazo. El mensaje es claro. En Guanajuato, la ideología del PAN pesa más que la vida de las mujeres indígenas. No sobra recordar que México país firma todas las iniciativas donde la rúbrica sea necesaria, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La situación de las seis mujeres indígenas sorprendió a Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras manifestar su indignación por la situación que se vive en Guanajuato, comentó: Estoy muy enojada, estoy muy indignada por todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres; siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado? La pregunta de la funcionaria encuentra respuesta en la vileza de las autoridades guanajuatenses, en la nulidad de la CNDH y en la connivencia de Felipe Calderón.

Confesiones de un sicario economico

Parte 1


Parte 2

Una obsesión llamada Marcos

Jaime Martínez Veloz

El sábado 27 de marzo Reforma publicó en su nota principal un reportaje sobre el EZLN, a partir de un supuesto documento de 83 cuartillas (sic) entregado a ese periódico por un presunto miliciano desertor.

La nota destacaba dos aspectos: la fotografía de un hombre de tez blanca, delgado y con barba, quien, según el presunto desertor, era el subcomandante Marcos sin su distintivo pasamontañas; y el supuesto financiamiento de ETA, lo que ubicaría a los zapatistas en la franja de las organizaciones terroristas. Los motivos mal escondidos de la nota buscaron golpear al zapatismo. ¿Qué tanto? No lo sé, pero si se puede deducir que esa publicación tenía las peores y más perversas intenciones del mundo. Más de 100 medios de comunicación, sin comprobación alguna y dando como ciertas las fuentes de la nota difundida, cabecearon sus publicaciones con títulos como: Exigen indagar vínculo de EZLN y ETA.

Como segundo acto de la opereta montada por el diario de marras, se entrevistó y trató de sorprender a varios senadores. Carlos Jiménez, del PRI, cayendo en el garlito, habló de la necesidad de llegar a pedir una explicación al gobierno español; el perredista Silvano Aureoles declaró que no justifica de ninguna forma la lucha armada del EZLN, y Felipe González, del PAN, más cauto, expresó su preocupación por la posibilidad de que dicha información pudiera causar represalias.

Al día siguiente, los legisladores del tricolor en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Rubén Moreira y Sami David, en forma comedida pusieron en duda la información difundida que calificaron de mera especulación, lo que significó el primer tropiezo de esta nueva maquinación echada a andar en contra de los zapatistas. Aunque el corazón del escándalo buscaba introducir en el imaginario colectivo la relación ETA-EZLN, se intentó generar un gran impacto al mostrar el rostro de una persona, que, según Reforma, era el subcomandante Marcos sin su emblemático pasamontañas. En menos de una semana, el ciudadano italiano Leuccio Rizzo aclaró en una carta pública que él era el de la foto y no el dirigente zapatista. El diario, si bien mandó la aclaración a las páginas interiores, quedó evidenciado: no pudo sostener su ofensiva antizapatista y la provocación montada en contra del EZLN se desinfló en medio de un espantoso ridículo.

La tentación de vincular al EZLN con actividades de carácter terrorista ha sido derrotada una y otra vez, siendo parte de una etapa superada que sólo a un imbécil se le ocurre intentar revivir.

Quienes hemos seguido de cerca el conflicto desde 1994 hemos conocido las múltiples formas de provocación y agresión en contra de los zapatistas, cada una está consignada en las páginas de la historia de este movimiento. Esto nos ha permitido conocer algunas formas y modos de las conductas de quienes hostigan porque les molestan las causas y banderas zapatistas.

La historia y el contexto explican la trayectoria del EZLN y las acciones constructivas que ha realizado en la etapa posterior al incumplimiento de lo pactado en San Andrés. Durante 16 años ha habido una serie de iniciativas políticas de carácter nacional e internacional. Desde el cese al fuego, a principios de 1994, el EZLN no ha realizado acción militar alguna, en cambio, ha sido hostigado por grupos paramilitares, cuya expresión más cruenta y dramática fue la masacre de Acteal.

En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona los insurgentes han definido con toda claridad su postura: El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos (...) y su compromiso de insistir en la vía de la lucha política, con esta iniciativa pacífica, que ahora hacemos. Por lo tanto el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países. La realidad es el mejor testigo del cumplimiento de esta convicción zapatista.

Las iniciativas políticas zapatistas han tenido siempre una estricta lógica política dado el vínculo y participación de sectores sociales diversos. El asunto de la paz en Chiapas tiene su origen en el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. A pesar del silencio gubernamental, frente a los temas de fondo que han impedido la solución justa y digna que reclaman los pueblos indios de México, el EZLN ha generado mecanismos alentadores de trabajo interno con las juntas de buen gobierno, que se han convertido en verdaderos referentes de cómo se puede gobernar obedeciendo.

La tentación de aislar y reducir al zapatismo resulta atractiva para quienes, desde adentro y fuera del gobierno, afirman que el EZLN llegará a la extinción por la vía de su agotamiento paulatino, del desgaste de su discurso y el fin de su impacto. En los hechos ha demostrado su voluntad por encontrar una solución al conflicto; por la vía política cumplió su parte, es el gobierno federal el que no ha cumplido con la suya.

La expresión más diáfana de los errores de las diferentes instancias políticas del gobierno mexicano ha sido la constante obsesión por conocer o descubrir el rostro de Marcos, en lugar de hacer un compromiso de fondo para atender las causas estructurales que originan el rostro de la pobreza que lacera a millones de familias en nuestro país.

Hora cero para los Tecos

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 5 de abril (apro).- El cabello le cae en la frente, poco arriba de las oscuras cejas que enfatizan la ternura de su mirada y enmarcan una sonrisa subyugante. Es el rostro de Cristo Kalfópulos Cuellar, de 10 años de edad, en una fotografía tomada antes de ser asesinado por el estallido de una bala expansiva en su menuda espalda.

El 8 de mayo de 1981, Cristo y su padre, Jorge Kalfópulos Katzaki, de 38 años de edad, fueron muertos a balazos cuando llegaban, en un automóvil, a su domicilio ubicado en la calle Axayácatl 475, colonia Ciudad del Sol, en Guadalajara, Jalisco.

Ingeniero oriundo de Puebla, donde su familia tuvo una cafetería en los portales de la capital de ese estado, Kalfópulos Katzaki recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza, y el pequeño Cristo fue alcanzado por una bala que le estalló en la espalda cuando corría hacia la puerta de su casa.

Kalfópulos Katzaki, apodado El Griego por su origen helénico, era el jefe de la Organización Nacional del Yunque en Jalisco, pero el niño nada sabía de eso.

Durante los primeros años del doble homicidio se publicó un desplegado en el que se hacía un exhorto que el tiempo fue matando:

“La esposa, hija, amigos y compañeros de trabajo y apostolado de quien fuera públicamente conocido por la firmeza de sus convicciones, defensor de la libertad y la tradición católica, padre de familia, empresario y ciudadano ejemplar, invitamos a quienes lo conocieron a pedir por el eterno descanso de su alma.”

Y agregaba: “Exigimos una vez más a las autoridades se aplique la ley a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes.”

Los mandos de El Yunque, sin embargo, jamás pasaron de la retórica para exigir la aclaración y el castigo contra los que tramaron y ejecutaron este doble homicidio, del que el próximo mes se cumplirán 31 años, como tampoco el de Ramón Plata Moreno, fundador de esa organización --ocurrido un año y medio antes, el 24 de diciembre de 1979--, ni los de Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo García, en 1975, juramentados también.

Ni siquiera se manifestó voluntad de justicia de El Yunque cuando se produjo la alternancia en la Presidencia de la República, en el año 2000, cuando una legión de militantes de esa organización tomó posesión de cargos desde los que, solamente con estricto apego a la ley, podría haberse iniciado el esclarecimiento de estos crímenes.

La razón principal de esa conducta omisa es que el esclarecimiento de los asesinatos implica que se conozcan pormenores de la estructura y penetración en todos los ámbitos de la sociedad de esa organización secreta fundada hace medio siglo en México y que tiene ramificaciones en al menos 12 países.

Pero parece haber un atisbo de justicia a partir de que, forzados por la presentación y difusión de evidencias sobre éstos y otros crímenes, los jerarcas y militantes de El Yunque han comenzado, al menos, a hablar públicamente, como consta en un amplio reportaje publicado en Proceso.

En la edición de esta semana –justamente en la que Julio Scherer García hace una “crónica de un encuentro insólito” con el capo Ismael El Mayo Zambada--, José Antonio Ortega Sánchez, el abogado de las familias de Plata Moreno, Kalfópulos y Rosillo Segura, habla por primera vez de la impunidad en estos asesinatos, que incluye el robo de los expedientes y la pachorra de la Procuraduría General de la República (PGR) para desahogar diligencias.

Por vez primera, también, un prominente político, el exdiputado federal Héctor Larios Córdova, presidente de la Junta de Coordinación Política, en su carácter de coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), da credibilidad a las aseveraciones que señalan que los homicidas del niño Cristo y de su padre, así como el de Plata Moreno y los del Cerro del Cubilete, son los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Larios Córdova testificó y presentó querella por haber sido víctima de secuestro y tortura en el anfiteatro de la Escuela de Medicina de la UAG, con el objetivo de hacerlo confesar quiénes eran los jefes de El Yunque en Jalisco, a quienes los Tecos habían prohibido operar desde el rompimiento de las dos organizaciones, en 1966.

De acuerdo con el testimonio de Lorenzo Lira García, un prominente exoperador de los Tecos que voluntariamente presentó una denuncia ante la PGR, él fue testigo presencial del secuestro y tortura a Larios Córdova, quien efectivamente identificó a Kalfópulos como el jefe de El Yunque en Jalisco.

A partir de esta información, de acuerdo con la denuncia, los Tecos que encabezan Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de la UAG, y sus hijos Gonzalo y Antonio Leaño Reyes, ordenaron el asesinato de Jorge y Cristo Kalfópulos, como lo hicieron antes con Plata Moreno, Rosillo Segura y Calvillo García.

El propio Lira García, quien fue jefe de inteligencia de esta organización y cercano colaborador de Carlos Cuesta Gallardo, fundador de los Tecos, identifica también a los homicidas materiales.

“Al preguntarle yo a uno de los asesinos, Isidoro Sánchez García, por qué el niño, me contestó airadamente: ‘Nos ordenaron que no hubiera testigos’.”

Así, a más de tres décadas de los asesinatos descritos y otros que se van acumulando, es posible que se vaya conociendo la verdad a partir de los testimonios de los personajes involucrados, incluidos los del clan Leaño y los identificados como autores materiales de los homicidios.

Se trata, más que venganza entre organizaciones antagónicas, de un asunto de interés para la sociedad mexicana, un asunto de salud pública del que el periodista cumple con su deber de informar…

Apuntes

La falta de voluntad para esclarecer los asesinatos que se les imputan a los Tecos se explica por las relaciones políticas que tiene el clan Leaño. El viernes 26 de febrero, por ejemplo, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, visitó la UAG y, ante el rector Antonio Leaño Reyes, la calificó de “ejemplo educativo de América”, como tituló como nota principal el diario Ocho Columnas, que dirige Gonzalo Leaño Reyes. También en el marco del 75 aniversario de la UAG, Vicente Fox y su mujer visitaron este diario y el expresidente dijo que esa universidad forma profesionistas con carácter y liderazgo. El presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, algunos de cuyos colaboradores han sido identificados como Tecos, también se unió al coro. En realidad son pocos los que elogian a la UAG, una institución educativa que alaba a dictadores de la talla de Pinochet, Somoza, Videla y Stroessner, al que inclusive le otorgó el doctorado honoris causa…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

¿Por qué es conveniente que el Estado no sea oficialmente “laico”?

Raúl Espinoza Aguilera

lunes, 15 de febrero de 2010


Saturnino, Cástulo, LucioTengo un amigo que en su juventud leyó unos extraños libros que le dejaron una curiosa impronta, porque era frecuente que cuando conversábamos sobre algún tema, si notaba algo confuso o enmarañado en la cuestión, no dudaba en afirmar con apasionamiento:

–¡Para mí que todo esto es producto de la conspiración judeomasónica…!

Y yo acostumbraba a completar su frase, en tono bromista:

–Sí, sí, marxista-leninista, de tendencia bolchevique, y de lo masónico, más bien del rito yorkino que escocés, por aquello de los pérfidos yanquis…

Ante esa respuesta, al principio se desconcertaba, y luego añadía:

–¿Tú piensas que en todo veo una conspiración o un complot?

–No precisamente, pero por si acaso…

Sonreíamos los dos, mi amigo desdramatizaba su enfoque y más sosegadamente me exponía sus puntos de vista.

Esto viene a colación, por la reforma a la Constitución para declarar en México al Estado como oficialmente "laico".

Reconozco que cuando leí esta noticia en la prensa, me sentí trasladado a la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, por su sabor a jacobinismo trasnochado, y me recordó esos aires liberales del siglo XIX en nuestro país, con su marcado anticlericalismo, que tanto daño causó a la unidad entre los mexicanos y resultó ser una fuente de innumerables injusticias, tensiones y conflictos sociales.

Ahora, numerosos políticos y comentaristas han radicalizado sus posiciones hasta llevarlos a actitudes increíbles para un siglo XXI, en el que se supone que impera la civilización, la tolerancia, la apertura de mente, el diálogo, la democracia…

Algunos miran con un enorme recelo a las Iglesias y son consideradas "como enemigos a vencer" o "el gran monstruo a derrotar". Las religiones son entonces vistas con desconfianza, disgusto, y como las causantes de todos los males sobre la faz de la tierra.

Algunos no pueden ni mirar con paz un crucifijo, la estrella de David o la media luna islámica (por sólo citar algunos ejemplos), porque de inmediato se sienten nerviosos y perseguidos por no sé cuantas "conspiraciones y complots", como aquel viejo amigo de la juventud.

Entrando más en materia, es universalmente aceptado que dentro de los derechos fundamentales de la persona se encuentra la libertad para profesar o no una religión. Y ello conlleva a que las mujeres y los hombres, de cualquier nación, deben de ser respetados en sus creencias.

El artículo primero de nuestra Carta Magna establece que nadie puede ser discriminado en virtud de su religión. Por lo tanto, la libertad y el respeto de este derecho humano lo garantiza un Estado democrático y no un Estado "laico".

¿Por qué? En primer lugar, porque los ámbitos de la Iglesia y el Estado se encuentran suficientemente delimitados en la Constitución.

En segundo lugar, porque al Estado le corresponde trabajar por el bien común de sus ciudadanos en el orden temporal. Las distintas Iglesias, en cambio, persiguen el bien común espiritual en orden a la salvación de las almas. Es decir, existen dos poderes: el poder natural de la autoridad civil y el poder sobrenatural de la Iglesia.

El Estado, cumpliendo con su fin propio, ha de ayudar y colaborar con las Iglesias, concediendo facilidades para sus diversas misiones espirituales. Apoyando, por ejemplo, las labores educativas, sociales y asistenciales que también realizan las Iglesias en beneficio y servicio humanitario de los ciudadanos.

La Iglesia presta también un importantísimo servicio a la sociedad civil en lo que se refiere al bien temporal, pues impulsa y facilita a los ciudadanos a vivir todas las virtudes, con lo que se asegura el respeto a las leyes (siempre y cuando no se opongan al derecho natural y a la dignidad de la persona humana), al orden, a la paz, a la justicia, etcétera.

De manera que entre el Estado y las Iglesias puede y debe haber una labor de mutua cooperación y ayuda solidaria.

El doctor Jorge Adame, especialista en esta materia, afirma: "Pedir que la Constitución declare que la república es ‘laica’ tendría sólo sentido si la soberanía la compartiera el Estado con las Iglesias, de modo que ante la soberanía constitucional de las Iglesias, el Estado declarara que ejercía la soberanía como instancia laica, y no religiosa. Pero en la Constitución Mexicana esto no es necesario, porque toda la soberanía la ejerce el Estado".

Y también añade: "La omisión de la declaración de confesionalidad en la Constitución, es suficiente garantía de que el Estado no reconoce alguna religión como oficial". Luego entonces, es innecesaria cualquier modificación a este respecto.

En cambio, ¿qué sucederá si el Estado se declara oficialmente "laico"? Quedarían privilegiadas las personas, posiciones o conductas que se consideren "laicas", es decir, ajenas a cualquier creencia religiosa.

Esto, sin duda, conduciría a una situación de discriminación contra los creyentes y a sus diversas manifestaciones religiosas y ello contradice abiertamente los principios constitucionales de igualdad entre todos los mexicanos.

A la república le corresponde ser un Estado sin adjetivos y neutral con respecto de las confesiones religiosas.

Me viene a la memoria aquel empresario judío que decía con respecto a sus muchos amigos católicos mexicanos:

–¡Nos unen tantas cosas para trabajar por el bien de México: un mismo territorio, una misma lengua, una misma bandera, el compartir un mismo sol! Y narraba cómo a lo largo de su vida había contribuido en muchísimas iniciativas de ayuda social a los enfermos y personas con carencias materiales en diversas instituciones de la Iglesia Católica.

Y añadía, a modo de reflexión, en voz alta:

–¿Por qué a veces tenemos la manía de fijarnos en lo que nos separa o nos divide? ¿Por qué no trabajar siempre juntos, no obstante que practiquemos distintas religiones o seamos ateos o agnósticos, y mirar positivamente hacia objetivos comunes por el bien de nuestra Patria?

Le concedí toda la razón. En este mismo sentido, un mensaje permanente del Papa Benedicto XVI, desde el inicio de su pontificado, ha sido que los Estados deben tener una mentalidad plural y de apertura hacia todas las religiones; de reconocer siempre el derecho inalienable de toda persona a vivir de acuerdo a sus propias convicciones y de profesar libremente una religión.

Cuando un Estado dialoga y convive armónicamente con todas las Iglesias, se genera un gobierno maduro y democrático; se establece una trato civilizado en el que se realizan labores conjuntas por el bien de sus ciudadanos.

No cabe duda que un Estado se fortalece en la medida que es más plural, donde hay un clima de libertades, y mira con beneplácito a las diversas manifestaciones culturales y religiosas.

En cambio, la historia de la humanidad nos enseña que la represión de las libertades religiosas ha conducido invariablemente a enfrentamientos y divisiones estériles, a lamentables injusticias, y a la creación de dictaduras y gobiernos intolerantes que atentan contra los derechos humanos.

Finalmente, me parece que bastantes problemas tiene ya nuestro país, como son: la crisis económica, el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico, las zonas de pobreza extrema, las lacerantes desigualdades sociales, como para que ahora le añadamos un nuevo enfrentamiento y ambiente de tensión entre el Estado y las diversas Iglesias.

Le pregunto a los legisladores, ¿qué no hay asuntos más urgentes y prioritarios en la vida nacional? ¿Por qué empecinarse en proponer modificaciones a la Constitución que generen desunión y discordia entre los mexicanos?

Porque según el censo del año 2000, el 96.48 por ciento de los mexicanos dice confesar una religión, ¿o es que acaso el Estado "laico" va a caminar en dirección opuesta a la del pueblo de México?

respinoza@yoinfluyo.com
www.yoinfluyo.com

Chivocomentario:
Buenos dias Sr. Espinoza,

Acabo de leer su articulo en Yo Influyo. Estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto a su punto de vista sobre trabajar unidos por el bien del pais independientemente del credo que profesemos y que al estado le corresponde trabajar por el bien comun. Sin embargo, en este momento algunas ideas me dan vueltas en la cabeza. Yo soy muy respetuoso de todas las religiones, tengo entendido que en Mexico hay catolicos, judios, musulmanes, protestantes, practicantes de otras religiones, asi como personas que no creen en las religiones, ateos y agnosticos. Como usted bien lo dice, el estado no debe discriminar a nadie, profese o no una religion considero. El estado debe gobernar para el 100% de la poblacion no solo para el 96.48%. Particularmente yo estoy convencido que la labor educativa que muchos catolicos realizan es por el bien comun y en ocasiones yo me he sumado a esos esfuerzos, y no dudo que las otras iglesias aporten al desarrollo del pais tambien en ese sentido. Por esta razon apoyo la idea de que el estado debe ser laico y que debe estar separado de cualquier iglesia, de manera que todas las desiciones que se tomen esten libres de un pensamiento religioso en particular y que por el contrario, los miembros del gobierno, plural por estar formado por personas con la libertad de profesar (o no) la religion que mas les plazca, puedan complementarlas con la formacion etica y moral que su religion (o familia) les haya proporcionado. El articulo 3ro. es muy ilustrativo: La educacion que imparte el estado debe ser obligatoria, laica y gratuita; libre de todo pensamiento religioso y apegada al conocimiento cientifico. Gracias a que la educacion en las escuelas publicas es laica y por consiguiente no tiene contenidos de una iglesia en particular, durante toda mi vida estudiantil he convivido con personas de distintas religiones. Ahora bien, si como yo entiendo su punto de vista, el estado debe gobernar en conjunto con ideas de las diferentes iglesias y no discriminarlas, sera posible que todas las iglesias de Mexico se pongan de acuerdo en cada uno de los temas de la agenda nacional, educacion por ejemplo. Creo que es una pregunta importante pero dificil de responder, cuanto tiempo lleva el conflicto judeo-musulman, los judios no creen en el nuevo testamento mientras los cristianos si, dentro del cristianismo hay vertientes, catolicos, protestantes y ortodoxos los mas importantes. En fin, me parece que el tema de la religion es bastante delicado.

Hasta aqui mi opinion.

El Yunque, asunto de salud pública

Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 1 de febrero (apro).- Una vez que se ha demostrado con vasta información que El Yunque no es un mito ni un mote, pese a que la pereza, la estulticia y la complicidad se empeñan en lo contrario, ha llegado el momento de que institucionalmente se tome una definición sobre esta organización secreta que, como se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), opera como un cártel de criminales.

Ha sido ya formalizada ante la PGR una denuncia penal por los delitos de traición a la patria, sedición, terrorismo, sabotaje y conspiración, presuntamente cometidos por un grupo de jefes y operadores de El Yunque, cinco de ellos de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo presidente, César Nava, es también un prominente juramentado.

Se trata de Bernardo Ardavín Migoni, jefe general de la organización desde 1995 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Filipinas, países donde El Yunque tiene presencia; José Antonio Quintana Fernández, jefe general hasta 1995 y actualmente jefe general emérito, y Guillermo Velasco Arzac, jefe en México e integrante del Mando Nacional.

Estos tres personajes no tienen militancia formal en el PAN, pero no hace falta porque sus instrucciones son operadas por otros de los denunciados ante la PGR por Luis Paredes Moctezuma, quien militó en El Yunque durante tres décadas.

Otros dos denunciados son Manuel Espino, antecesor de Nava en la presidencia del PAN, y Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, este último “Jefe de la Estrategia PAN a nivel nacional”, es decir, encargado de hacer que El Yunque mantenga y refuerce el control en ese partido.

Los otros tres denunciados son Fernando Guzmán Pérez-Peláez, jefe de El Yunque en la región Occidente, que incluye Jalisco, Colima y Nayarit; Gerardo Mosqueda Martínez, jefe en El Bajío, con mando en Guanajuato y Aguascalientes, y Alfredo Botello Montes, jefe en Querétaro e Hidalgo.

Como se detalla en el reportaje que se publica en el semanario Proceso, Guzmán y Mosqueda son secretarios de Gobierno de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, y Botello Montes, quien ocupó el mismo cargo en Querétaro, es actualmente secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que preside Nava.

De acuerdo con la denuncia de Paredes, los involucrados –“jefes, operadores y cómplices de la Organización Nacional del Yunque”-- presuntamente han cometido los delitos previstos en el Libro Segundo, Título Primero del Código Penal Federal:

Traición a la Patria: “Realizan actos que comprometen a la seguridad nacional en función de los intereses supranacionales de esa organización. Algunos de sus militantes tienen acceso a información reservada a los más altos niveles del Estado mexicano y, según he sido enterado, es filtrada a gobiernos y/o entidades extranjeras. Anteponen los intereses de su organización a los de nuestra patria. La soberanía nacional no se restringe a preservar su territorio y recursos naturales, sino que en gran parte es de orden jurídico y político, y dicho orden va siendo socavado por la perniciosa acción de esa organización.”

Sedición: “El Yunque realiza tareas de inteligencia para interferir en las funciones del Estado mexicano. Bajo amenaza, dicta línea y consigna a numerosos legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales a lo largo y ancho del país con la finalidad de imponer a la nación una forma de vida ceñida a la ideología que profesan. El Yunque pretende abolir --de facto-- la esencia democrática de nuestro orden constitucional, expresamente la división de poderes, al ir tomando el control de los órganos del Estado para constituirse en el poder real --que actuaría oculto-- sojuzgando a la República como ya se ha visto en Guanajuato, Jalisco y Morelos. En Puebla, su cómplice Mario Marín Torres, da claro ejemplo de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.

Terrorismo: “No tiene otro nombre el propósito, no de espantar a una persona, sino de aterrorizar a los políticos mexicanos todos, con que de no ceñirse a sus dictados serían difamados, desacreditados e incluso perseguidos hasta privarles de su libertad, destruyendo su patrimonio y el de sus familias, e incluso amagándoles con asesinarles --suicidándose en prisión de cinco puñaladas por la espalda--, como amenazaron hacer conmigo

Sabotaje: “El Yunque sabotea al Estado mexicano entorpeciendo las funciones de sus dependencias, esto ha sucedido y sucede en todo el país en los diferentes órdenes de gobierno. El Yunque impide la ejecución de planes y programas de gobierno, como lo hicieron con el ayuntamiento de Puebla 2002-2005 que tuve el honor de presidir, al que sistemáticamente calumniaron y acosaron desde puestos en las legislaturas federal y estatal, desde el Partido Acción Nacional, desde Cámaras y sindicatos empresariales y desde universidades públicas y privadas, realizando tales actos por sí y también incitando a otros a que lo hicieran. Así sucede ahora en contra del presidente Calderón y el principal ejecutor de esos planes es Manuel Espino Barrientos...“

Según Paredes Moctezuma, la actuación de los jefes y miembros de El Yunque constituyen una conspiración contra México y por ello emplaza a la PGR a iniciar la averiguación previa correspondiente para acreditar si, en efecto, ésta existe.

Obviamente, para proceder a tal propósito se requiere voluntad política al más alto nivel, específicamente de Felipe Calderón.

No se trata de que se le haga caso a un militante del PAN que se dice afectado en sus derechos políticos, como Paredes, sino un asunto que concierne a la nación, un asunto de salud pública.

Aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez es conocido en Chihuahua por su pertenencia a la facción de El Yunque y como procurador de ese estado fue capaz de encubrir a una banda de asaltabancos integrada por miembros de esa organización y ahora actúe como abogado de la jerarquía católica, quizá pueda tener gallardía para iniciar una averiguación previa con base en la denuncia de Paredes.

Quizá tenga un arranque de grandeza, aunque se encolerice Calderón…


Apuntes

Reproduzco la cita de Jesús Ortega, presidente del PRD, escrita aquí la semana pasada sobre el personaje que tiene ensangrentado el país, pese a que el tema ya salió de su repertorio de peroratas: “Yo soy una persona que trata de ser congruente con lo que piensa. He dicho, y lo sostengo, que Calderón es y será ilegítimo, y que esa ilegitimidad no se quita como si se quitara una mancha en la camisa. Calderón es y será ilegítimo por los siglos de los siglos.”

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Los cachorros del Yunque

Álvaro Delgado


MEXICO, D.F., 26 de enero (Proceso).- Nacidos en la década de los setenta, educados en colegios privados, adiestrados políticamente desde la adolescencia y con experiencia en la alta burocracia gubernamental, un grupo de políticos noveles, encabezados por César Nava Vázquez, controla la dirigencia y la estructura del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero no se trata de una camada de jóvenes ordinarios y heterogéneos, sino de hijos de los jerarcas de El Yunque, la organización ultraderechista que tiene en Nava Vázquez al tercer presidente del PAN después de Luis Felipe Bravo Mena, actual secretario particular de Felipe Calderón, y de Manuel Espino, hoy presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

Adoctrinados en el catolicismo más conservador, son egresados de instituciones educativas fundadas por El Yunque: la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); de las universidades confesionales Panamericana y La Salle, y de centros educativos de tipo empresarial, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El caso de César Nava Vázquez es ilustrativo: es hijo del fallecido César Nava Miranda, jefe de El Yunque en Michoacán, quien presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en ese estado, fundó la Universidad Vasco de Quiroga y encabezó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Otro es el de Guillermo Bustamante Ruisánchez, actual director jurídico del CEN del PAN y representante de dicho partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), quien es hijo de Guillermo Bustamante Manilla, sucesor de Nava Miranda en la presidencia nacional de la UNPF. Este organismo sigue siendo presidido por Bustamante Manilla y es controlado por El Yunque desde 1976, cuando el actual presidente del PAN tenía apenas dos años de edad.

Pues bien, César Nava Vázquez y Guillermo Bustamante Ruisánchez, nacidos en 1974 y 1971, respectivamente, estudiaron derecho en la Universidad Panamericana, la institución educativa del Opus Dei, y juntos han sido funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Vicente Fox y en la Presidencia de la República con Felipe Calderón.

A su vez, el director de Comunicación Social del CEN del PAN, Abel Hernández López, es hijo de Abel Hernández Rosete, quien fungió como jefe de El Yunque en Jalisco después de que, en 1980, fue asesinado Jorge Kalfópoulos, y lideró la UNPF junto con Nava Miranda, con quien cofundó la Universidad Vasco de Quiroga.

Egresado de la carrera de periodismo en la UPAEP, Hernández López se desempeñó como secretario general del PAN de Puebla entre 2001 y 2002, durante la presidencia partidista local de Juan Carlos Espina von Roerich, quien es hermano de José, actual presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. También ellos han sido identificados como militantes de la organización clandestina.

Abel Hernández López, quien nació en 1979, trabajó en la Presidencia de la República con Marta Sahagún, mujer de Fox, a las órdenes de Guillermo Velasco Barrera, hijo de Guillermo Velasco Arzac, jefe nacional operativo de El Yunque.

Por su parte, el hoy secretario particular de César Nava, Roberto Eduardo Aguilar Pirez, quien tiene 35 años de edad y ha sido asistente del primero desde hace al menos una década, egresó igualmente de la UPAEP.

A esta camada de “cachorros” de El Yunque pertenecen asimismo los hijos del actual jefe general de esa organización secreta –Bernardo Ardavín Migoni, expresidente de la Coparmex–, dos de los cuales, José Antonio y Santiago, militan en el PAN desde 1996.

José Antonio, nacido en 1977, es economista por el ITAM y trabajó en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México durante el sexenio de Fox, y Santiago, actualmente de 38 años, estudió administración en el ITESM y, después de trabajar para Lorenzo Servitje en Bimbo, es consultor en ESEM, Estrategia Empresarial, el negocio de su padre, que ha recibido jugosos contratos del gobierno federal.

José Ramón, otro hijo del jefe de El Yunque y presidente de la flamante Fundación Carlos Abascal, aunque no milita en el PAN, funge como subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo titular en el gobierno de Calderón es José Luis Luege, otro prominente militante de esa organización extremista.

Integrante de esta casta es igualmente Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, hijo del diputado federal Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien fue jefe de El Yunque en San Luis Potosí, secretario del Trabajo con Vicente Fox y vicepresidente de la UNPF con Nava Miranda.

Salazar Díez de Sollano, quien estudió química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, preside la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ha sido dos veces diputado federal, en una de las cuales, la LIX Legislatura, presidió la Comisión de Energía.

Un caso peculiar es el de Juan Carlos Plata Ibarra, hijo del fundador de El Yunque Ramón Plata Moreno: militante activo del PAN desde el 1 de junio de 1988, con registro en Puebla –donde se fundó esa organización en 1955–, hizo una carrera política de la que muy pronto desistió.

Después de haber sido director de la Coparmex en la entidad, coordinó la campaña de Jorge Ocejo Moreno a la presidencia municipal de Puebla en 1992, y luego fue regidor de Turismo en el ayuntamiento presidido por Gabriel Hinojosa Rivero, primo hermano de Calderón, entre 1997 y 2000. Desde entonces radica en Guadalajara, Jalisco, donde es directivo de la agencia Saiffe, que diseña campañas de publicidad y que ha sido contratada por el gobernador de Puebla, Mario Marín.



Los “buenos”



El ascenso de los hijos de prominentes miembros de El Yunque a la dirigencia nacional del PAN, gracias a los nombramientos que ha hecho César Nava, coincide con el 30 aniversario del asesinato de Ramón Plata Moreno, que se perpetró la noche del 24 de diciembre de 1979 y que permanece impune.

Y se da también en el marco del lanzamiento de la Fundación Carlos Abascal, cuyo propósito es convertirse en semillero de cuadros políticos, según anunció el presidente del nuevo organismo, Bernardo Ardavín Migoni.

El anuncio se hizo en un acto celebrado el pasado 2 de diciembre, a un año de la muerte de quien fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Un hijo de éste, Rodrigo, milita en el PAN desde 2002, y dos de sus hijas, Luz del Carmen y Rosa Martha, forman parte del equipo de Guillermo Velasco Arzac, presidente de la Coordinadora Ciudadana. Por cierto que esta agrupación política nacional obtuvo el registro del IFE gracias a la membresía de El Yunque, como consta en el padrón de afiliados que consultó el reportero.

La fundación que lleva el nombre del prototipo de político de derecha, “Carlos Abascal” –personaje al que también se pretende convertir en santo–, convocó a un nutrido grupo de miembros de El Yunque que encabeza Ardavín: además de Velasco Arzac, Salazar Sáenz, el procurador Arturo Chávez Chávez, el gobernador Marco Antonio Adame, José Luis Luege, Luis Pazos…

Entre los asistentes estaba, asimismo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, quien se dice representante legal de la familia de Plata Moreno y ha sido señalado como el principal obstáculo para saber quién asesinó al fundador de El Yunque.

Este reacomodo se da después de la peor derrota del PAN en su periodo de ascenso, la cual se produjo en julio de 2009 y derivó en la renuncia del dirigente del partido Germán Martínez, impuesto en el cargo por Felipe Calderón, quien utilizó la estructura gubernamental para desplazar a Espino de la dirigencia panista, como se ha documentado en Proceso.

Martínez, quien asumió la presidencia del PAN en diciembre de 2007, supuestamente tenía el propósito de poner fin al predominio que tuvo El Yunque en ese partido con Bravo Mena y Espino, pero César Nava fue impuesto por Calderón a sabiendas de que es también un miembro juramentado de la organización ultraderechista, cuyo proyecto es imponer en México un régimen teocrático.

Al respecto, Luis Paredes Moctezuma, exalcalde del PAN en Puebla y quien militó tres décadas en esa organización clandestina, califica de “desatino” que Calderón haya impuesto a Nava después de que había logrado darle un golpe contundente al poder de El Yunque y sus integrantes con la remoción de Espino.

“Cuando los tenía arrinconados, (Calderón) les da oxígeno”, censura el político poblano, autor del libro Los secretos de El Yunque / Historia de una conspiración contra el Estado mexicano, y recuerda que, antes de la llegada de Nava, Martínez nombró a José Espina von Roerich como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, el “IFE” del PAN.

“La señal que manda es que (los de El Yunque) siguen teniendo la manera de nombrar candidatos. Esto les da una tregua y siguen vendiendo la idea al panismo de que son ellos los que reparten el pastel, cuando los debió haber desmantelado. La llegada de César es la culminación de aquello y es una señal absolutamente equivocada.”

–¿A qué atribuye esta decisión de Calderón?

–Él parte de una premisa absolutamente falsa: que hay dos Yunques, uno bueno y uno malo. El bueno es el de Luis Felipe Bravo Mena y el malo es el de Manuel Espino, y no considera que ambos obedecen al mismo jefe: Bernardo Ardavín y, además, a Guillermo Velasco Arzac.

El Yunque, advierte, ha tomado mucha fuerza con el arribo de Nava a la presidencia del PAN, porque es el tercer presidente partidista que proviene de esa organización, cuyos militantes “es más que obvio que están” en posiciones relevantes en el CEN.



El ala delictiva



Y en efecto, forman parte de esta escalada de El Yunque otros personajes, si bien ya no son tan jóvenes. Uno de ellos es el secretario de Formación del PAN, Gerardo Aranda Orozco, quien funge al mismo tiempo como director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, en sustitución de Abascal, a quien también relevó en la Coparmex.

Gerardo es hermano de Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), directora general del DIF, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Fox y subsecretaria de Gobernación con Felipe Calderón. Hoy, cuando busca ser candidata de su partido por la gubernatura de Puebla en los comicios que se realizarán este año, cuenta con cinco hijos que la apoyan como militantes del PAN.

Uno más es Alfredo Botello Montes, nombrado secretario de Acción de Gobierno del CEN apenas dejó la Secretaría General de Gobierno de Querétaro, el estado que junto con San Luis Potosí perdió el PAN en las elecciones de julio pasado.

Botello Montes, quien usa el seudónimo de Paul Keres en honor del genial ajedrecista estonio, es un experto en integrar grupos de choque desde que era estudiante de preparatoria. Se le identifica como el estratega de El Yunque en Querétaro, donde se le vio trabajar como promotor de campos de adiestramiento para reclutas de esa organización.

La incorporación de Botello Montes al CEN no es casual, porque forma parte del grupo que controla al PAN desde la década de los ochenta. Una de las familias hegemónicas es la de quienes comparten los apellidos Nava Bolaños, primos de César Nava Miranda y tíos de César Nava Vázquez. Eduardo Nava Bolaños es senador, en tanto que Arturo Nava Bolaños ocupó igualmente una senaduría y una diputación federal.

Alfredo Botello fue compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) del exconsejero electoral Jaime Cárdenas, actual diputado del Partido del Trabajo, quien recuerda que era un estudiante mediocre y faltista, que a menudo se quedaba dormido en las clases.

La razón era que, desde entonces, Botello se hallaba muy ocupado encabezando operativos con grupos de choque. Uno de ellos fue la quema de la Aula Magna de la UAQ, que se consumó en 1976 en protesta porque consideraban “comunista” al aspirante a rector Álvaro Arreola, y otro fue el embate contra estudiantes “comunistas” de Zacatecas, al año siguiente.

Tal como se detalla en el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, editado por Plaza y Janés en 2003, el grupo de choque de Botello irrumpió con violencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1977, pero dos de sus integrantes –Lázaro Barrón Frías, alias Mateo Letrán, y Pedro Luis López Solorio, cuyo seudónimo era Cornelio Laurens– fueron detenidos y expusieron ante las autoridades la manera de operar de El Yunque.

Según el testimonio de López Solorio, quien entonces tenía 19 años de edad, conoció a Botello Montes en una peregrinación al Cerro del Cubilete, en Guanajuato, y fue quien lo inició en El Yunque, en una ceremonia celebrada justamente en casa de éste:

“El 22 de febrero del presente año es afiliado al grupo que sabe lleva el nombre de Organización del Yunque, por medio de una ceremonia en casa de Alfredo Botello Montes, sita en calle 5 de Mayo, en el barrio de la Cruz…”, registran los documentos judiciales.

De acuerdo con la declaración del muchacho, se identificó como uno de los jefes de El Yunque en Querétaro a Arturo Nava Bolaños –tío de César Nava–, quien fue citado el 20 de mayo de 1977 ante el Ministerio Público de Zacatecas.

Al respecto se asentó: “Nava Bolaños negó todos los cargos, por lo que el procurador de Justicia lo dejó en libertad, asegurando que si se comprobaba actuación delictuosa sería severamente castigado”.

Nada ocurrió, como tampoco nada ha ocurrido con otros miembros de El Yunque que han sido sorprendidos en conductas delincuenciales, como Gustavo Villegas Nava, hijo de Elías Villegas Torres, jefe de El Yunque en Guanajuato, cuyos gobernadores –desde Carlos Medina hasta Juan Manuel Oliva– han sido omisos ante las denuncias.

Como otros jerarcas de El Yunque, Elías Villegas ha impulsado la carrera política de sus hijos. Así, Leticia Villegas Nava es actualmente presidenta del Congreso local, luego de desempeñarse como diputada federal y como regidora de León. Con el arzobispo Guadalupe Martín Rábago desayuna casi a diario en dicha ciudad.

Elías Villegas y su hija han sido denunciados públicamente por Carlos Alberto Zepeda Orozco, quien, después de militar en El Yunque, decidió escribir un libro (Decepciona el PAN en Guanajuato…) para narrar cómo los jefes de El Yunque destruyeron su familia y su patrimonio.

Zepeda Orozco es primo hermano de Ana Teresa Aranda, quien de Guanajuato se fue a Puebla, entidad donde hijos de jerarcas de El Yunque tienen gran influencia en el PAN.

Por ejemplo, Bernardo Arrubarrena García, hijo de José Antonio Arrubarrena –fundador y rector de la UPAEP–, presidió el comité del PAN en la capital de Puebla entre 2008 y 2009, y Pablo Rodríguez Regordosa –hijo de Herberto Rodríguez Concha, fundador también de El Yunque– es diputado federal y coordinador de la precampaña del expriista Rafael Moreno Valle, aspirante a ser candidato a gobernador de Puebla.