Mexicana de aviación… y la actitud deleznable del gobierno

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Por qué si hay inversionistas, dinero y plan de negocios para Mexicana de Aviación, el gobierno federal se niega a darle una salida al conflicto que él mismo creó? ¿Qué intereses económicos y deudas políticas puede haber, que la vergonzante administración de Felipe Calderón rechaza una y otra vez, presiona una y otra vez, a quienes pretender echar al vuelo la aerolínea?

Más de 8 mil trabajadores fueron echados a la calle sin justificación ética o legal válida. Si Gastón Azcárraga, a quien el gobierno favoreció, quebró una línea área con más de 60 años de antigüedad, ¿por qué no la requisó, como sucede en otros países?

Porque quebrar a Mexicana de Aviación no sólo significaba echar a la calle a 8 mil empleados, también había convenios firmados con Estados Unidos y Canadá, donde los permisos para aterrizar y utilizar los slots o rutas estaban dados a la aerolínea.

Además hay dos concesiones para usar el espacio aéreo, un boletaje que se fue literalmente a los cielos, un fraude al fisco, un incumplimiento para crear un fondo de los trabajadores y una evasión del ISR (impuesto sobre la renta).

Pero así como hay grandes afectaciones por la eliminación de Mexicana, hay grandes beneficios. Por ejemplo, el boletaje de Interjet casi se duplicó, Volaris se elevó en una tercera parte y Aeroméxico también creció.

¿Cómo se benefició Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Velasco? Pues quedándose con más de 24 rutas que tenía Mexicana.

¿Y Aeroméxico? Aquí solo basta ver que la eliminación de Mexicana puede ser un pago a José Luis Barraza, quien en 2006 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel organismo que mantuvo una campaña y spots en radio y televisión a favor de mantener las misma políticas, porque cambiarlas significaría un retroceso; aquel que sin decirlo explícitamente llamaba a votar por Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy Barraza forma parte de los funcionarios de Aeroméxico, otra aerolínea que desea quedarse con algunas de las rutas de Mexicana.

Y Volaris, aunque menos beneficiada, ha podido aprovechar los “vacíos” que dejó la aerolínea.

Mientras tanto, el gobierno ha caído en el absurdo de querer cobrar a los nuevos inversionistas los impuestos que se deben y por los cuales un juez, de manera sorprendente, se negó a otorgar la orden de aprehensión bajo el argumento de que hay “incertidumbre, pues no se sabe quién cometió el delito (de evasión)”.

Varios inversionistas han aceptado pagar los millonarios impuestos que Gastón Azcárraga dejó de entregar al fisco, sin embargo el gobierno se sigue negando, y es que seguramente, desde su óptica, tiene más valor dejarle las rutas a Interjet o Aeroméxico que echar a andar a Mexicana.

Ya lo dijo el juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana: “La actitud del gobierno ha sido deleznable”. Y sí, porque poco le ha importado todo el trabajo perdido, el robo al gobierno, la impunidad con que actúan algunos empresarios, la falta de ética y el cochinero con que se manejan lo servidores públicos de la dirección de aeronáutica, quienes no han exigido el cumplimiento de la ley al crear empresas fantasmas como la llamada Tenedora K, a la que irrisoriamente se le vendieron en mil pesos las acciones de Mexicana.

Y para que no olvidemos el modo sucio de trabajar de algunos banqueros, no se puede dejar de lado la acción de Banorte, que sin autorización –o quizá sí– del gobierno federal tomó 18 mil millones de pesos que Mexicana tenía en un banco de Estados Unidos.

Sin duda, la defensa y resistencia de los trabajadores de Mexicana es digna de reconocimiento, como lo es decir, con todas sus letras, que el gobierno de Calderón ha actuado a la mala, suciamente, traicioneramente, igual que lo hace el crimen organizado: presionando.

La inmoralidad política del gobierno, la falta de acción contundente de dirigentes políticos para exigir limpieza en el proceso o la defensa de los trabajadores es igual de vergonzosa, sin embargo, hay que decirlo, en los últimos 15 días un grupo de legisladores ha participado activamente, se ha documentado y ha podido hacer que esto avance.

Pero de nuevo, cuando el caso avanza, empiezan las presiones. No es raro que los nuevos inversionistas pidan el anonimato. No quieren ser presionados por el fisco, por el gobierno. No quieren ser amenazados. Y el trabajo limpio y consistente que ha realizado el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, ha podido protegerlos de ello.

Aunque el gobierno puede seguir intentando aplastar a cualquier inversionista que pretenda rescatar a Mexicana, no hay que olvidar que el plazo para declarar la quiebra vence el próximo viernes 10. El juez puede obligarlo a que ello no ocurra, siempre y cuando deje en claro que solo él puede demandar el regreso de las rutas a Mexicana.

Y si el gobierno no lo hace, sólo el juez puede acusarlos de desacato. Después de ello vendrían acusaciones penales, administrativas y políticas contra los funcionarios de Felipe Calderón.

Si el juez se mantiene como hasta ahora, es posible que Mexicana vuelva a volar; que pilotos, sobrecargos y empleados de tierra recuperen sus empleos; que el mercado se nivele, y que los grupos de poder económico dejen de imponer sus reglas a los ciudadanos.

El caso de Mexicana ha sido una verdadera porquería. He aquí el entramado que el gobierno armó y dejó que armara Gastón Azcárraga:

El 20 de diciembre de 2005, el gobierno le vendió a Azcárraga las acciones de la empresa a cuando menos una tercera parte de su valor real. Después, éste creó el llamado Nuevo Grupo Aeronáutico, para poder evadir al fisco. Éste, a su vez, le vendió en mil pesos las acciones de Mexicana a Advent, pero antes las había “hipotecado”, es decir las había dado en garantía a Banorte por un millonario préstamo. Y luego Advent vendió las acciones a una empresa fantasma: Tenedora K.

Al final, pues, el gobierno está vendiendo una aerolínea donde una empresa tiene las acciones, otra las rutas otra y otra más la hipoteca… o mejor dicho un banco.

Pese a todo, y aunque los nuevos accionistas pagaran lo que se debe y reestructuraran la porquería de empresa que dejó Azcárraga y que permitió el gobierno, Felipe Calderón Hinojosa se niega a autorizar la venta.

Son demasiados los favores que el panista debe, y todo lo hace mal, pues no piensa en los mexicanos, sino en los empresarios y en los político-empresarios.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

La prerrogativa

Luis Javier Garrido

E

l 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.

1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el derecho a matar, como lo documentan múltiples casos.

2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamadapolítica antiterrorista del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que éstacapturó a miles de sospechosos (para ella) de ser terroristas y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo, en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticadosoperativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales en lugar de intentar capturarlos con vida (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.

3. Ese derecho de matar a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente una violación del derecho internacional. Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.

4. La doctrina Obama sobre el derecho a matar a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman eje del mal) y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter deestados a los países que albergan los que a su juicio son terroristas, todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.

5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el delderecho a matar. Las miles deejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.

6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado gabinete de seguridad –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.

7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado seguir estrechando (¿aún más?) los lazos en materia de seguridad, no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también de común acuerdo con Washington, en función de unmemorando de entendimiento.

8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.

9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que doscárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas,y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.

10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de¡Ya basta! debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.

Las 4 mentiras del "presidente espurio", según López Obrador

MÉXICO, D.F., 19 de noviembre (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los mexicanos a mantener la lucha por la transformación real del país, ya que Felipe Calderón, dijo, ha incumplido cada una de sus promesas de campaña.

Ante habitantes de San Juan Comaltepec, Oaxaca, López Obrador señaló que a casi tres años de "usurpar" la Presidencia de la República, Calderón Hinojosa se ha revelado como un empleado de los potentados, "de aquellos que pretenden quedarse con todos los bienes de la nación".

El panista, añadió, no ha cumplido con los ofrecimientos que hizo en campaña, como ser el presidente del empleo, reducir los precios de las gasolinas, cancelar la tenencia vehicular y no aumentar las tasas de los impuestos.

Y afirmó que la mafia, que por todos los medios evitó que llegara a la Presidencia de la República, "no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo".

Tras ello, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal detalló "las cuatro grandes mentiras" de Calderón: "Durante la campaña, el ahora presidente pelele tuvo la osadía de copiar un ofrecimiento hecho por el entonces abanderado de la coalición Por el bien de todos y ofreció bajar los precios de las gasolinas, el diesel y el gas, así como las tarifas de la energía eléctrica, si le favorecía el voto ciudadano".

Sin embargo, dijo, "el presidente espurio propuso incrementos mensuales a los precios de los mencionados combustibles en el proyecto de Ley de Ingresos para 2010, que presentó a consideración del Congreso".

De acuerdo con el tabasqueño, la segunda mentira del panista fue cuando dijo que si llegaba a la Presidencia iba a quitar la tenencia vehicular, porque los propietarios de un automóvil tienen que pagar anualmente un impuesto por la posesión de cada vehículo automotor.

La tercera mentira, agregó, "la constituye el compromiso de no aumentar los impuestos durante la gestión calderonista (…) pero miren lo que ha hecho: en su proyecto económico propuso un alza de 15 a 16% del Impuesto al Valor Agregado y de 28 a 30% a la tasa de Impuesto Sobre la Renta".

En lo que se refiere a la cuarta mentira, señaló que "Calderón Hinojosa se autoproclamó como el presidente del empleo, pero en los últimos tres años han perdido su empleo alrededor de tres millones de ciudadanos".

En el penúltimo día de recorrido por los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca, el autodenominado "presidente legítimo" también se refirió a la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

"En plena crisis económica, con altos niveles de pobreza, marginación, violencia e inseguridad, ahora que hay falta de trabajo echan a la calle, de manera infame, a 44 mil trabajadores", puntualizó.

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¿Un protectorado?

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto de Felipe Calderón no sólo está hundiendo a México en un desastre sin precedentes, sino que con sus políticas de abierta subordinación a Washington y de respaldo a la militarización del continente constituye ya una verdadera amenaza para América Latina.

1. Una pregunta empiezan a hacerse ya, por consiguiente, algunos analistas y es urgente abordar la cuestión. ¿Está México, luego de ser sentenciado como un Estado fallido, en vías de convertirse en un protectorado de Estados Unidos?

2. El gobierno de facto de Calderón ha profundizado de manera muy grave la vía entreguista aceptada por Carlos Salinas de Gortari con el TLCAN, que abrió la vía para el desmantelamiento de la nación y la entrega de la definición del proyecto nacional mexicano al gobierno de Washington, y proseguida por Ernesto Zedillo, quien al modificar el artículo 28 constitucional en 1995 pretendió sentar las bases para concesionar a las grandes trasnacionales áreas estratégicas de la nación desde el petróleo, la energía eléctrica, la energía nuclear, los ferrocarriles y los puertos, hasta el espacio aéreo, la comunicación satelital, el correo y los telégrafos.

3. El abandono de Calderón de sus responsabilidades con la intención evidente de seguir atentando, aún más que sus predecesores, contra la vocación soberana de México ha determinado que hoy día las grandes decisiones en materia financiera no se tomen en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sino en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, y que se estén además transfiriendo a Washington facultades para que a través de las multinacionales controle cada vez más el sector energético, el espacio aéreo, el mar territorial, las comunicaciones, las aduanas, los puertos y los recursos no renovables del país. Ningún gobierno había llegado a tantos extremos como este espurio de Calderón, pero lo más grave es que está pretendiendo ahora entregar el control de las fuerzas armadas de México y, en consecuencia, del territorio mexicano, a Washington, siguiendo el modelo de Colombia.

4. Los cinco gobiernos de la ultraderecha mexicana (1982-2009) han entrañado de esta manera como saldo que el proyecto de país libre por el que luchó el pueblo de México a lo largo de dos siglos esté ahora hecho pedazos y que, de proseguir en esta vía, México se transformará en poco tiempo en un verdadero protectorado de Estados Unidos, como está empezando a serlo ya Colombia.

5. El gobierno ilegítimo de Calderón, carente de raigambre popular, de conciencia social y de una visión de la historia está, sin embargo, haciendo algo más, lo que no se atrevió a hacer ninguno de sus predecesores neoliberales: imbricar a las fuerzas armadas de México en un proceso de absoluta subordinación al Pentágono, como ha acontecido durante la supuesta y fracasada guerra contra el narcotráfico, decidida y conducida por militares estadunidenses. Los cuadros de las fuerzas armadas se preparan y entrenan cada vez más en Fort Lauderdale; el Ejército y la Marina de México aparecen ya participando en maniobras conjuntas bajo el mando estadunidense, y el secretario de la Defensa acude sin pudor a rendir cuentas a los militares estadunidenses.

6. No es de extrañar, en este contexto, que Calderón haya festejado con singular entusiasmo el 13 de agosto en Santafé de Bogotá el anuncio formal del presidente Álvaro Uribe de aceptar la instauración de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia por un periodo de 10 años, como publicaron diarios de todo el mundo, aunque después pretendiera negarlo el michoacano en un acto de cobardía, cuando nadie ignora la idolatría que profesa a Uribe y lo que él subraya todo el tiempo: que la militarización de Colombia constituye el modelo de su gobierno. El diario español El País del viernes 14, que se publica por lo menos 14 horas antes que los diarios mexicanos, lo consignó así en su página 4 mediante una nota de Pilar Lozano, quien subraya sin ambages que en el curso de esa conferencia de prensa Calderón respaldó la cesión de bases militares a Estados Unidos.

7. La militarización del continente que auspician Uribe y su discípulo Calderón, siguiendo a todas luces instrucciones de Washington, constituye una amenaza para América Latina, como señaló el presidente venezolano Hugo Chávez al señalar en Quito el 10 de agosto, durante la cumbre de Unión de Naciones de Sudamérica, que con ese pacto militar vientos de guerra comienzan a soplar en el continente, pues el potencial de despliegue aéreo de Estados Unidos a partir de la base colombiana de Palanquero alcanza desde México hasta Paraguay. En Colombia hay ya 250 soldados estadunidenses que aumentarán a 400 antes de fin de año, y en México ése es el escenario que se espera, de proseguir esas políticas de los panistas, aunque con voz trémula pretendiera negarlo el martes 18, en conferencia de prensa, la canciller Patricia Espinosa.

8. La militarización de Colombia y la lucha de Uribe contra el narco han sido calificadas como un fracaso por todos los expertos, no obstante lo cual Calderón pretende seguir engañando a los mexicanos, insistiendo en que en México la utilización del Ejército en tareas que constitucionalmente no le competen y el baño de sangre a que ha llevado al país no es por motivos políticos: amedrentar a la población, hacer una advertencia a los movimientos sociales, acentuar, como quiere Washington, el escenario del desastre mexicano. Debería preguntar Calderón a Carlos Pascual, el nuevo embajador de Obama en México, por qué en Estados Unidos, primer productor y consumidor de droga en el mundo, el ejército estadunidense no patrulla las calles y no ha sido detenido ningún capo en estos tres años.

9. El papel que se ha hecho desempeñar al Ejército Mexicano para suplir las ineptitudes del gobierno del PAN entraña, por otra parte, sus costos, como en el caso de la preparación de diversos grupos paramilitares que han hecho desde los años 90 militares mexicanos, en especial en el caso de Chiapas. La absolución que hizo la Suprema Corte de los paramilitares responsables de Acteal pudiera tener así también otra lectura: no es nada más una satisfacción a Zedillo y a sus compinches, sino también al Ejército. Las garan-tías que exigen en vistas al futuro militares que entrenan o se han pasado a este tipo de grupos, pasan por la rectificación en este oscuro expediente.

10. El anuncio al país con la cruzada bélica de Calderón por Latinoamérica y el fallo de Acteal es, por consiguiente, claro: no se van a modificar las políticas económica y social del panismo en este sexenio y el gobierno está preparado para utilizar la fuerza material en un marco de impunidad.

Esas ruinas que ves

Armando Bartra

Gobierno en la lona

Los comicios intermedios son siempre un plebiscito al gobierno federal y más ahora que el PAN apostó su resto a las cartas del presidente. Pero la mano del mandatario resultó pachuca, de modo que el cinco de julio el jugador de Los Pinos perdió la elección, perdió el Congreso, perdió casi todos los gobiernos locales en disputa y perdió la figura. En consecuencia fue desertado por buena parte de su partido, por los grandes grupos empresariales, por los medios de comunicación masiva y hasta por la Iglesia Católica. Antes de eso ya había fracasado en la guerra contra el narco y en la batalla contra la crisis económica. En unos cuantos meses Calderón lo ha perdido todo. Todo menos el mando del ejército.

En un trienio el michoacano dilapidó los recursos que tenía para gobernar. Pero aún encabeza las fuerzas armadas. Y esto es alarmante pues un presidente que a la postre sólo cuenta con el mando militar estará tentado a militarizar la política, a mandar con partes de guerra, a controlar el país mediante la Secretaría de la Defensa.

La ocupación armada del estado de Michoacán, pisoteando al gobernador, a los alcaldes, al federalismo y a la Constitución es –pongo changuitos porque no– un ominoso anticipo de lo que se nos viene.

Las pasadas elecciones fueron una dura reprimenda al panismo gobernante. Castigo del que no se repondrá en lo que resta de sexenio pues el país está en ruinas y no tiene para cuando. Entre otras cosas porque mientras Latinoamérica volteaba a la izquierda, los gobiernos de Acción Nacional miraban a la derecha, porque cuando hasta los organismos multilaterales asumían posturas heterodoxas para enfrentar la crisis alimentaria y la debacle económica, en México se ponía la Secretaría de Hacienda en manos de un anacrónico y fundamentalista ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, al que hoy no le darían trabajo en la institución.

Calderón arranca su segundo trienio repudiado por los pobres a los que ha hecho más pobres, rechazado por gran parte de las capas medias a las que arruinó la crisis, cuestionado por los pequeños y medianos empresarios en quiebra y abandonado por la oligarquía que ya prepara a su nuevo adalid. ¿Qué le queda al estragado hombre de Los Pinos?

Le queda “su” guerra. Una guerra que está perdiendo pero que le permite seguir usufructuando un mando militar que ha llevado a extremos anticonstitucionales. Hace tres años Calderón pensó que encabezar a las fuerzas armadas en una heroica cruzada contra los masiosares le daría legitimidad. Hoy está empezando a emplear al ejército para gobernar. ¡Guay!

Enmendar el rumbo cuando todavía

Por muchas razones, el trienio que viene será decisivo para los mexicanos. Una de ellas es que, a la vez que la política neoliberal impuesta hace casi tres décadas continuará haciendo estragos, es muy posible que el PAN y el PRI –el primero ciertamente desfondado pero el segundo vuelto primera fuerza política y marchando hacia el 2012 en caballo de hacienda– traten de sacar adelante las llamadas “reformas estructurales” desmantelando lo que queda de nuestro módico “Estado de bienestar”.

El problema está en que de seguirse ahondando la erosión de las instituciones y el desgaste del tejido social, los daños devengan irreparables. La herencia del modelo nacionalista surgido de la revolución (reforma agraria, soberanía energética, derecho a la educación y la salud...) que bien que mal sigue en pie después de dos décadas de contrarreformas, no resistirá mucho más. ¿Y con qué reconstruiremos el país si permitimos que un puñado de neoliberales, para colmo a estas alturas extemporáneos, termine de desguanzar la parte más justiciera de nuestra patrimonio histórico? ¿Con qué cara diremos a las próximas generaciones que la nuestra no supo defender lo mejor de su herencia institucional?

Habrá que trabajar porque el próximo gobierno sea de izquierda e impulse el cambio verdadero. Pero también hace falta preservar los recursos sociales y estatales que le faciliten impulsar la mudanza. Y es que, después del pueblo, estas instituciones son nuestra mayor “ventaja comparativa”

En México un gobierno federal de izquierda no necesitaría ser un reformador radical para hacer del país la democracia social más avanzada de América Latina. El impulso reformista de la revolución de 1910 hizo del mexicano un Estado de Bienestar dotado de poderosos instrumentos legales e institucionales que en lo sustantivo no han sido desbaratados pese a los empeñosos esfuerzos de la tecnocracia neoliberal que nos asedia. En estas condiciones, para abatir la pobreza e impulsar significativamente la justicia social bastaría con que el gobierno preservara, vigorizara y pusiera al día la herencia justiciera del nacionalismo revolucionario.

A diferencia de países sin tradición de reformismo social o donde las mudanzas inspiradas en el Consenso de Washington calaron más, México no necesita realizar expropiaciones y nacionalizaciones traumáticas que ya hizo y no han sido revertidas, ni le hace falta fundar instituciones públicas que ya tiene y que, si bien fueron debilitadas durante los últimos cuatro sexenios, no fueron suprimidas.

Si un gobierno federal progresista detuviera y revirtiera la decadencia de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, inducida por los privatizadores silenciosos, y en vez de eso reactivara al sector energético paraestatal como palanca del desarrollo, dicho gobierno ejercería una soberanía energética mucho más plena que la venezolana o la que intenta alcanzar Bolivia, países con gobiernos proverbialmente izquierdistas donde la presencia de las trasnacionales es, sin embargo, mucho mayor que en México.

Si la izquierda en el gobierno desarrollara una política de fomento agropecuario que saque al campo de la postración que le provocó el agrocidio neoliberal, la profunda reforma agraria mexicana –mucho más extensa que la que se proponen Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, o aun la que reclama en Brasil el Movimiento de los Sin Tierra–, volvería a ser base de un desarrollo rural incluyente y justiciero que es muy difícil promover en países con menos equitativas relaciones de propiedad rural.

Si un futuro gobierno progresista revirtiera el desmantelamiento de las instituciones públicas de educación, salud y seguridad social estranguladas por los mercadócratas, y por el contrario las vigorizara, México recuperaría su condición de Estado social poniéndose a la vanguardia de otras naciones latinoamericanas que carecen de la base legal e institucional que nosotros sí tenemos.

México no puede restaurar el gremialismo estatista pero justiciero del cardenismo histórico, ni regresar a la “sustitución de importaciones” y el “desarrollo estabilizador” de la posguerra. Sí puede, en cambio, adecuar a los tiempos de globalización que hoy vivimos los instrumentos legales e institucionales del Estado social que la reforma librecambista no alcanzó a desarticular del todo, empleándolos como palancas de un desarrollo con equidad al que los fundamentalistas del mercado renunciaron hace más de 20 años.

Los chicotazos de la crisis económica están despabilando a los despedidos; a los deudores insolventes; a los desalojados; a los bolseados por el alza de la luz, del gas, de la gasolina de los alimentos... Pero la recesión también pasma, achicopala, vuelve conservadores a sus víctimas. Así pues, habrá que resistir el castigo, habrá que preservar lo que resta de país, habrá que crear las condiciones para el cambio. No será fácil.

Tres años, tres.
Tres años aún.
Tres años todavía.

Estrategia fallida

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En un análisis severo y nada complaciente en torno al problema de la violencia asociada al narcotráfico en México, un grupo de asesores del presidente Barack Obama señala que el combate al narco en este país sólo será efectivo con tácticas de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral. La violencia, advierten, está fuera de control en México, ante lo cual la estrategia militar del gobierno de Felipe Calderón es “reactiva”, “limitada” y hasta “contraproducente”. Y proponen: urge “regular” el mercado ilegal de la droga

Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.

Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.

La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.

La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.

El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.

El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles.

Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.

Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.

Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa Mérida. Esto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.

Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.

Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.

A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes.

De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos.

De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.

Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.

Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes.

Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.

Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.

Nuevos acuerdos, viejos arreglos

Para los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.

Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”.

En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta.

En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”.

Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios.

El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000.

Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán.

Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.

El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.

Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.

La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.

Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.

El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.

Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.

Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”.

Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.

Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”.

Sociedad militarizada

Ante ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.

La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”.

Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).

Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria.

“Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.

La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.

Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.

Viven 19 millones de mexicanos con $20 al día, alertan expertos en foro sobre pobreza

Aumento de la canasta básica y concentración del ingreso, factores que favorecen la desigualdad

Emir Olivares Alonso

Las autoridades mexicanas deben reconocer el origen estructural de la pobreza y la desigualdad en el país, a fin de adoptar políticas públicas adecuadas para combatir dichos fenómenos, además de aceptar que la cifra de connacionales en esa condición se incrementó, al contrario de lo que señalan las versiones oficiales, consideraron académicos universitarios.

Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México, aseguró que de agosto de 2006 a julio de 2008 la población en pobreza patrimonial aumentó en 7 millones, con lo que el número de pobres se ubicó en 52 millones.

Durante la segunda jornada del foro Pobre, pobreza, empobrecimiento: para contender con la pobreza, que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la académica refirió que en el periodo mencionado, la cifra de mexicanos en pobreza alimentaria o extrema alcanzó 19 millones. Son quienes cuentan con 20 pesos al día para sus necesidades alimentarias.

Subrayó que dicha situación responde al incremento en los precios de la canasta básica, el escaso crecimiento de la economía nacional y la concentración del ingreso nacional, entre otros factores.

Agustín Porras Macías, del Departamento de Relaciones Sociales dela UAM, señaló que la pobreza y la desigualdad se han originado a la par de un modelo de desarrollo capitalista. Explicó que las entidades con menor desempeño económico son las que tienen el mayor índice de marginación, y que al relacionar la variable ingreso generado por los estados y compararla con el grado de marginalidad, se encuentra que la correlación entre éstas es de 0.70 en 1950, cifra que se mantiene sin cambios para 2005.

Desde el porfiriato –afirmó–, los gobiernos han dado prioridad a la industrialización del norte del país, mientras que al sur se le ha dejado rezagado, abandono que influyó para que los habitantes de esta región vivan en condiciones de pobreza. Al respecto, dijo que la población indígena concentra la mayor marginación en México, que "se explica por este desarrollo regional desigual, el cual se ha petrificado en el tiempo sin que se haya podido modificar esta asimetría".

Ante la potencialización de la pobreza en México, propuso un debate de alcance nacional, con el propósito de arribar a un consenso entre los actores económicos y políticos para delinear el rumbo del país, y que entre sus prioridades se establezca el combate de la desigualdad regional, así como la pobreza.

Luis Ortiz Hernández, profesor-investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, señaló que a diferencia de las naciones africanas, México goza de importantes recursos naturales, pero la riqueza está sumamente concen trada en el último decil poblacional.

Luna de octubre

A pesar de que la mayor cercanía de nuestro satélite con la Tierra ocurrió días antes del ingreso del Frente Frío número cuatro, el presidente Calderón atribuyó, con el tono de un experto, a la conjunción de esos factores el tapón hidráulico que produjo la inundación tabasqueña Miguel Ángel Granados Chapa Como otros poetas, los hermanos Michel descubrieron que "de las lunas, la de octubre es más hermosa". Tras su belleza, si atendemos el diagnóstico presidencial, se agazapa sin embargo una artera capacidad de daño. No es cierto, como creyera Jaime Sabines, que es "buena como hipnótico y sedante". Al contrario, el mes pasado alebrestó al Golfo de México, elevó allí la marea al punto de impedir a los caudales de los ríos tabasqueños, ya acrecentados por la lluvia excepcional, producto a su vez del cambio climático, incorporarse a las aguas marinas; por lo que en cambio se desbordaron sobre ciudades y poblados. Con desparpajo semejante al del 12 de marzo pasado, cuando súbito poseedor de talentos médicos el presidente Felipe Calderón dictaminó que la señora Ernestina Ascensio Rosario murió de gastritis crónica mal atendida y no, como lo indicaban hasta ese momento las indagaciones ministeriales, por efecto de una brutal agresión, el sábado pasado el Ejecutivo desvió la atención hacia nuestro satélite, en su incomprensible afán de impedir que se finquen responsabilidades a seres más a la mano. Reunido con participantes en las tareas de ayuda a Tabasco y Chiapas, Calderón se disponía a dar la palabra al presidente de la Cruz Roja mexicana, Daniel Goñi, cuando recordó que días atrás, apenas el 25 de octubre, ambos y otras personas allí presentes habían participado en la cena de esa benemérita institución, en el Castillo de Chapultepec, desde donde admiraron "el tamaño y la claridad de la luna". No sé si entonces o después Calderón se enteró que el notable fenómeno se debía a una doble causa: que "estaba entrando la luna llena" y que "también estaba en el punto más cercano a la tierra de su órbita" (sic). Tal vez siguiendo el consejo de Sabines, que recomendó ponerla debajo de la almohada "y mirarás lo que quieras ver", Calderón aplicó su recién adquirido conocimiento al dictaminar lo ocurrido días después en Tabasco: "Eso generó que la marea alta, provocada por la atracción de la luna, en esa, precisamente, luna llena y en su posición más cercana a la tierra, combinado (sic) con el Frente Frío número cuatro, que estuvo presente del 27 al 30, 31 de octubre, provocó que el agua de los ríos de Tabasco no pudiera desembocar al mar, es decir, había un tapón hidráulico y eso agravó las circunstancias de la inundación, considerando también el desproporcionado volumen de agua que cayó en algunas zonas de Tabasco donde llovió en esos tres días una lámina de un metro 20 de altura, para darnos una idea de lo que estuvo así" (sic). Tan circunstancial fue la demostración de sapiencia meteorológica o astronómica de Calderón, que el licenciado Goñi la pasó por alto y de inmediato informó que la Cruz Roja había abierto 486 centros de acopio en toda la República para contribuir a paliar las necesidades de los damnificados tabasqueños. Quizá no concedió importancia o crédito a la explicación presidencial por la contradicción en que notoriamente incurrió: si el punto de mayor cercanía fue el disfrutado por los cenadores de Chapultepec el 25, y el Frente Frío apareció días más tarde, entonces no se produjo la simultaneidad de los factores con cuya concurrencia Calderón insistía en dejar de lado cualquier responsabilidad política y administrativa en el agravamiento de la situación. Es correcto concentrar la energía social y gubernamental en atacar las necesidades urgentísimas de cientos de miles de personas que requieren ayuda para sobrevivir día con día, y la reclaman también para limpiar su entorno y recuperar las pertenencias que no fueron destruidas. Pero hay acciones cuyo anuncio no estorba la concentración de todos en el esfuerzo de auxilio. Calderón mismo avisó que se constituirá un fondo para la reconstrucción, fase de la atención a la tragedia posterior al momento actual, en cuyas dimensiones no es útil ni racional detenerse sino hasta que se calibre la verdadera magnitud de las pérdidas, algo imposible en este momento, cuando la inundación prevalece en no pocas regiones. Pero tiene sentido saber que hay previsiones para el futuro. También debería tenerlo, en consecuencia, y también de cara al porvenir, detenerse en el grave asunto del factor humano que indudablemente concurrió, mediante acciones y omisiones, a que los hechos de la naturaleza causaran un inmenso daño, superior al que se hubiera producido de sólo estar presentes la infinita precipitación pluvial y la impertinente cercanía lunar. El interés de Calderón en el infortunio de los tabasqueños, que se ha expresado en seis visitas a la entidad (compartidas algunas con breves estancias en Chiapas), debería completarse con el anuncio de que se indagará, con los recursos legales de que el Ejecutivo puede disponer (la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República) de qué manera, en qué momentos y quiénes actuaron o se abstuvieron de ejecutar a cabalidad los planes que, debido a la experiencia de 1999, se trazaron y se dotaron con los recursos adecuados. El propio secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, convino con el gobernador Andrés Granier, al comenzar el mes de noviembre, en que "se tiene la certeza de que no se hicieron las obras" de reencauzamiento, desazolve y contención a las que se presume fue aplicado dinero federal y también local. Pero Calderón parece creer con Sabines que para determinar el origen del desastre "no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas". Cajón de Sastre En 1988 el doctor José Narro Robles fue entrevistado por la Junta de Gobierno de la UNAM como candidato en el proceso del que resultó rector el doctor José Sarukhán, y lo mismo le ocurrió en 2003, en el curso de la reelección del doctor Juan Ramón de la Fuente. Dos veces más, pero entonces con resultados distintos que los anteriores, compareció ante ese órgano de la Universidad Nacional, que lo eligió en 2003 director de la Facultad de Medicina y lo reeligió en febrero pasado. Ahora la junta lo designó sucesor del doctor Juan Ramón de la Fuente al cabo de una sesión de ocho horas, breve para un asunto tan delicado. De ese modo el órgano elector de la Universidad hizo realidad la conjetura que presentó desde el principio al doctor Narro como el seguro próximo rector, impulsado por De la Fuente. Quedó comprobado también el ojo clínico del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, que en octubre conversó con quien, como en el tenis, estaba sembrado en el primer sitio del proceso electoral universitario.

¿Bien vendida?

Francisco A. Servin de Alba
fsda@att.net.mx

Hasta hace dos años, Cintra mantenía en sus estados financieros a Mexicana de Aviación y Aeroméxico, pero en diciembre de 2005 el Grupo Posadas adquirió la primera de ellas por 165.5 millones de dólares (que se redujo a 154 por una devolución que se le hizo), y con ello el papel de Cintra salía sobrando. Por ello, el gobierno decidió el cambio de razón social. Paradójicamente, en el acta de nacimiento se anunciaba la defunción, pues el cambio de nombre se debía exclusivamente a estrategia impositiva. Un pago de facturas en forma de (falsa) subasta.

Tocó el turno a Aeroméxico, y muchos expertos y analistas han calificado de ganga la venta de la aerolínea, en tan sólo 249 millones de dólares. En sentido contrario, varios funcionarios se han dado el lujo de calificarla como ejemplar y transparente. No se explica de dónde sacan esos calificativos, si dos años atrás pudo venderse en más de lo que ahora se recibió por ella. Pero, si uno se mete a los intestinos de los números, se dará cuenta que algunos no son tan expertos, menos analistas.

Aprovecho la experiencia adquirida en más de 25 años en el sector financiero para decir que los números estudiados fueron la preparación adecuada para una venta de garaje. Así, nos doran la píldora diciendo que la compañía del caballero águila se vendió a cuatro veces el valor contable y con los adeudos incluidos; por lo cual, la empresa salió en cerca de mil millones de dólares. Puras falsedades. En primer lugar, se vendió un negocio en marcha, una cajita registradora que todos los días hace clic y entra dinero para ir pagando las deudas. Lo más triste del asunto es ver la manera que instrumentan el daño a la nación sin tener un mínimo de recato. Más allá de los números, está la intención tan baja de repetir lo que hasta ahora ha sido el deporte nacional: terminar con las riquezas del país. ¿Sabe cuánto pagaron por la línea aérea del caballero águila aquellos que colaboraron en las campañas antidemocráticas de las pasadas elecciones presidenciales? Nada, esa es la respuesta. Esos elegidos del Dios de la codicia, fueron premiados por los servicios prestados.

Lo que a continuación escribo, es una compilación de lo mucho publicado por la compañía aérea, tanto en su portal como en la Bolsa Mexicana de Valores: el 1 de marzo de 2006 la empresa pública recibió la sentencia favorable y definitiva en el amparo interpuesto para la aplicación de pérdidas fiscales por enajenación de acciones (juicio promovido en mayo de 2003). Esas pérdidas tuvieron su origen en 2002, en la reestructuración corporativa que se llevó a cabo, como preparación para la venta de sus activos. El monto actualizado a junio de 2005 era de 13 mil 400 millones de pesos. Debo imaginar que se utilizó alguna parte pues posteriormente baja esa cifra.

Actualmente esas pérdidas fiscales tienen una vigencia de seis años, y los nuevos dueños de la aerolínea pueden aplicarlas contra cualquier utilidad fiscal que obtenga su nueva propiedad. No es de extrañar, pues, que de repente comiencen a desmantelar la empresa para vender todo lo posible. De esa manera se lograrán ingresos que pasarán fiscalmente libres a las manos de los accionistas.

Además, Aeroméxico tiene en una cuenta llamada CUCA (Cuenta de Capital de Aportación Actualizada) la nada despreciable suma de 20 mil millones de pesos, que los afortunados nuevos propietarios podrán sacar libres de polvo y paja, mediante la figura de reembolso de capital. No termina aquí la lista de regalos. En su informe 2006, Aeroméxico reporta que consolida sus resultados para efectos fiscales, lo que le ha generado pérdidas fiscales; éstas, actualizadas al cierre de 2006, sumaron 12 mil 384.27 millones de pesos, con vencimientos de 2012 a 2015, de tal suerte que la CUCA del corporativo sumó 20 mil 166.49 millones al 31 de diciembre de 2006.

Mientras a los millones de mexicanos que luchan por sobrevivir se les carga la mano con más impuestos, a un grupito, el de siempre, se le regala el patrimonio nacional, en la forma que puede verse sin sombra de duda. Le obsequian 33 mil 303 millones de pesos de franquicia fiscal, que nos da la bonita cantidad efectiva de no pago de impuestos de 9 mil 325 millones de pesos, algo así como 860 millones de dólares. Entonces, ¿bien vendida?

El "efecto fecal"

Plan México: asistencia envenenada

La Jornada

El reciente encuentro celebrado en Canadá entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y su homólogo estadunidense, George W. Bush, ha dado un nuevo impulso, que podría ser definitivo, al acuerdo de asistencia militar para el combate al narcotráfico y al crimen organizado conocido como Plan México, por sus similitudes con el Plan Colombia, impuesto en ese país sudamericano por Washington y el gobierno oligárquico local. En el caso de nuestro país, en enero de este año se entablaron negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo que estipula la entrega al gobierno mexicano de una cantidad millonaria –entre 700 y mil 200 millones de dólares–, tecnología para labores de espionaje, aeronaves para transporte de tropas, así como entrenamiento militar y policial. La forma en que tales recursos serían librados –mediante un mecanismo extraordinario conocido como “suplemento de emergencia”– remite inevitablemente a lo ocurrido con el desastroso Plan Colombia, y aunque el discurso oficial no ha cesado en sus intentos por distinguirlo del Plan México, con el argumento de que, a diferencia de lo ocurrido en la nación sudamericana, no habrá despliegue de tropas estadunidenses en el territorio nacional, lo cierto es que las similitudes entre ambos acuerdos saltan a la vista.

El referido convenio entre Estados Unidos y México permitiría a diversas dependencias del país vecino –como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la agencia antidrogas (DEA) y los departamentos de Estado y de Justicia– disponer de información estratégica crucial sobre temas sensibles y fundamentales para soberanía nacional mexicana, les otorgaría poderosos mecanismos de injerencia y colocaría a las instituciones armadas, los organismos de inteligencia y las corporaciones de seguridad del país en una situación de precariedad y sometimiento. Con la aplicación del Plan México, Estados Unidos se haría de una vía de influencia con la capacitación y el adiestramiento de elementos militares y policiales mexicanos, la ensancharía con el enorme margen que obtendría para realizar labores de espionaje en territorio mexicano y la consolidaría con la inevitable dependencia tecnológica que se establecería en materia de seguridad y defensa. Por tanto, las instituciones de seguridad pública nacionales perderían en independencia lo que ganarían en capacidad operativa, suponiendo que realmente hubiera ganancia en este terreno; los resultados de la cooperación bilateral con Colombia indican, en todo caso, que podría ser al contrario.

El abastecimiento de equipos de alta tecnología, como los que Estados Unidos entregaría a México, implica tres líneas de supeditación inevitable: en entrenamiento y capacitación del personal que los opera, en abasto de piezas y refacciones y en mantenimiento. De tal modo, por más que se diga que el Plan México no incluye el despliegue de efectivos castrenses de Estados Unidos en el país, es dable suponer que, para efectos de la operación de los sistemas aéreos y los equipos de espionaje y vigilancia, sería obligada la llegada de militares, paramilitares y mercenarios, y su presencia en las instalaciones de las dependencias policiales y del Ejército, lo cual facilitaría a las autoridades extranjeras la recopilación de información que no debe salir del país, y ni siquiera llegar al dominio público. Por añadidura, la dependencia tecnológica generada colocaría a las instituciones civiles y militares en una posición de extrema vulnerabilidad ante cualquier ensayo de presión diplomática procedente de Washington: si las acciones de un Estado en materia de combate a la delincuencia dependen de un gobierno extranjero, será ese gobierno el que tenga en su mano la decisión final sobre quién ganará la guerra entre las autoridades locales y las organizaciones delictivas.

Por lo demás, la previsible puesta en marcha del Plan México ha generado ya un justificado rechazo social y político interno, así como un entendible malestar en círculos castrenses nacionales, toda vez que la asistencia condicionaría al gobierno mexicano a hacer concesiones en materia de soberanía a las autoridades estadunidenses.

Para colmo, nada garantiza que la aceptación de la asistencia militar y policial de Estados Unidos desemboque en una alianza estable, y ni siquiera en una complicidad confiable con la Casa Blanca y el Capitolio. El grupo gobernante tendría que verse en el espejo de Alvaro Uribe, quien, tras someterse a la aplicación del Plan Colombia, debe ahora enfrentar las acusaciones de Washington por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos registradas en su país, violaciones que en no pocos casos están vinculadas al mencionado programa de cooperación bilateral. Tarde ha venido a enterarse el mandatario colombiano del viejo adagio que dice: “Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses”.

Por las razones anteriores, es inevitable concluir que la aceptación de la asistencia militar y policial de Washington para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada sería, de concretarse, la peor torpeza de la política exterior mexicana en muchos años.

El autismo político de Felipe Calderon

Gilberto Lopez y Rivas

El autismo o aislamiento patológico del individuo que se encierra en sí mismo con pérdida de contacto con la realidad parece caracterizar a Felipe Calderón, quien desde la presidencia ilegítima es incapaz de escuchar el clamor de amplios sectores de la sociedad que se encuentran sumamente preocupados por la marcha del país hacia el despeñadero. Rodeado de militares y policías que lo mismo asesinan familias en retenes, secuestran, torturan y desaparecen militantes, violan indígenas o incursionan en casas y departamentos sin orden de cateo ni atribuciones legales para realizar este tipo de acciones, el titular de facto del Ejecutivo no parece comprender la gravedad de los problemas que él y sus asociados causan con su política represiva y de complicidad manifiesta con gobernadores genocidas, encubridores de pederastas y con líderes sindicales a perpetuidad que se han convertido en jefes de campaña del partido gobernante y aliados incondicionales del usurpador.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado puntualmente la naturaleza represiva del gobierno federal y de los estados, de las fuerzas armadas y policiales; de la impunidad con la que se violentan los derechos humanos en México. El deterioro de las instituciones encargadas de la administración de justicia obliga incluso a la instalación del Tribunal de Justicia Popular Nacional que recientemente consideró que “el Estado mexicano ha abandonado el principio constitucional fundacional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y ha generado una política de criminalización de las luchas sociales y de persecución, hostigamiento, represión brutal, hasta la tortura, el asesinato político, la desaparición forzada, violentado en todos los casos el conjunto de las garantías individuales del pueblo, frente al abandono, indolencia, incapacidad y complicidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

El tribunal inició su juicio recibiendo denuncias y pruebas que imputan a quienes han fungido y fungen como servidores públicos, encabezados por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ulises Ruiz Ortiz, Enrique Peña Nieto, Mario Marín –entre otros inculpados–, de la comisión de delitos diversos: ordenar y propiciar ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, aplicación de tortura en forma sistemática a todos los detenidos en diversos movimientos sociales, en particular San Salvador Atenco y Oaxaca; ataques a la integridad corporal y a la salud de grupos nacionales, particularmente pueblos indios y niños (genocidio), ordenar y propiciar lesiones, violación sexual, robo, allanamiento de morada, delincuencia organizada y ejercicio indebido de la función pública.

En numerosos estados del país tienen lugar movimientos de resistencia que enfrentan la represión y las políticas económicas aplicadas con rigor por el grupo gobernante. La Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, por ejemplo, denuncian la detención ilegal y violenta de pobladores con cargos comunitarios por parte de las autoridades ministeriales y judiciales de ese estado, “mostrando una vez más el verdadero rostro del sistema judicial de nuestro país, un sistema corrupto, que lejos de hacer justicia al pueblo, vende al mejor postor la aplicación de las leyes.” De San Isidrio Aloapan, Oaxaca, ejemplo de lucha en defensa del bosque y de la autonomía indígena, se demanda la libertad de los presos políticos de ese pueblo detenidos injustamente el 18 de junio pasado. En Morelos, los pueblos se levantan para detener el avance inmobiliario que pretende secuestrar el agua y depreda otros recursos naturales de la entidad, con el apoyo incondicional del gobierno de Acción Nacional. El EPR sigue insistiendo en la presentación con vida de sus dos militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos por fuerzas militares y policiales, y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia.

Por otro lado, del 19 al 21 de agosto Felipe Calderón, George W. Bush y Stephen Harper se reunirán en Montebello, Canadá, para impulsar medidas de seguridad en el marco de ASPAN, lo que en los hechos significará –sin duda– el incremento de acciones y la reforma de los marcos jurídicos para controlar y eliminar a los movimientos sociales que se oponen al saqueo de nuestros recursos naturales y estratégicos para beneficio de las corporaciones capitalistas.

En su primer año en el gobierno, Calderón y la clase dominante pretenden ignorar los ultrajes acumulados por movimientos cívico-democráticos, gremiales, sociales, ecológicos, indígenas y revolucionarios que han sido severamente reprimidos, sometidos, criminalizados pero no derrotados y cuyo repliegue necesario presagia una beligerancia social en el futuro inmediato de intensidades y alcances insospechados.

México es un país de profundidades en la radicalidad de sus procesos sociales. No se trata de un determinismo histórico, sino de características propias de un pueblo que acumula agravios y responde con movimientos de largo aliento. Sólo que el grupo en el poder no sabe ni le interesa la historia ni su proyección en el futuro. Su ignorancia va a la par de su vocación autoritaria, explotadora y entreguista a los intereses de Estados Unidos.

El trofeo de la maestra

José Gil Olmos

México, D.F., 8 de agosto (apro).- Elba Esther Gordillo está imparable y, aunque los panistas se nieguen a reconocerlo, la victoria que tuvieron en Baja California se debe en mucho a ella, quien no tardará en pedir la cabeza de Josefina Vázquez Mota, aún titular en Educación Pública, como muestra de agradecimiento a su trabajo.

Previo a la elección en Baja California, la maestra dio este mensaje a través de una entrevista con el periodista de El Universal, Raymundo Riva Palacio, en la cual criticó duramente a Vázquez Mota y la tildó de ignorante de la educación.

La entrevista se realizó en su casa de San Diego, California, del otro lado de la frontera colindante precisamente con Tijuana. Nunca antes la maestra había permitido la entrada de algún medio a su búnker. Fue evidente que la entrevista fue pactada para mandar el mensaje que ella quería, quitar de en medio a la secretaria de Educación, quien a través de otro periódico, Reforma, se ha dedicado a golpearla haciendo evidente el daño que le ha hecho a la calidad de la educación básica mediante el control caciquil del SNTE.

El 5 de agosto pasado la maestra Gordillo repitió la misma fórmula aplicada en los comicios del 2 de julio del 2006. Operó una estrategia de “ingeniería electoral” para hacer ganar al panista José Guadalupe Osuna Millán, como lo hizo un año antes para darle la victoria a Felipe Calderón.

Dos fueron sus mecanismos de operación: de un lado la estructura del SNTE. Los maestros no sólo sirvieron para inhibir a los operadores priistas de Jorge Hank Rhon, sino que realizaron una labor de movilización sin precedente para una elección local. Los secretarios generales de diez entidades comandaron a miles de mentores que salieron por la tarde del domingo y le dieron la vuelta a los comicios mediante el acarreo de votantes seleccionados previamente con lista nominal del IFE en mano.

El segundo instrumento fue el Partido Nueva Alianza (Panal). Así como lo hizo en la elección presidencial del 2006, en Baja California utilizó el nombre de este partido para inclinar las fuerzas políticas en favor del candidato del PAN y, al mismo tiempo, lograr un espacio que no tenía en el Congreso legislativo. Es decir, que ya logró posicionarse con un par de diputados locales y eso será un elemento en la balanza de negociaciones futuras.

La fórmula aplicada por la maestra en favor del blanquiazul en ambas elecciones podría ser utilizada en el futuro, y no se descarta que quiera operar nuevamente en los comicios de Michoacán, a realizarse el 11 de noviembre próximo.

La maestra, usando su propio método mayéutico, está induciendo al panismo a un grado de confusión y de ilusionismo, haciéndole ver que ella es la puerta para su fortalecimiento, sobre todo el del calderonismo, frente a un PRI que aún no se repone de las últimas derrotas electorales a nivel presidencial, y ante un perredismo que se ha dividido entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y las tribus tradicionales.

Elba Esther Gordillo ya encontró el camino de su fortalecimiento político y electoral, a través de la debilidad de sus adversarios y la de sus propios aliados temporales, los panistas, que aun cuando tienen el poder en sus manos, no saben todavía cómo operarlo en los comicios.

Como si fuera un partido de futbol, panistas, priistas y perredistas tendrían que estar estudiando a detalle las jugadas que desplegaron la maestra y su equipo de miles de maestros en las elecciones del 2 de julio del 2006 y las del 5 de agosto pasado en Baja California.

Ver con detenimiento cómo ha utilizado la estructura no sólo del magisterio sino la del propio Instituto Federal Electoral (IFE), que de alguna manera se encuentra empalmada si tomamos en cuenta que, según estimaciones de propios operadores elbistas, la mitad de los funcionarios electorales de todo el país son miembros del SNTE.

Pero sobre todo no caer en el mismo error que han cometido en estas dos elecciones, menospreciar su talento natural de organización, el peso que tiene en el sindicato y el poder político que ha adquirido mediante sus relaciones con varios gobernadores y sus posiciones estratégicas en el equipo de Calderón, donde ahora quiere avanzar más pidiendo la cabeza de la titular de Educación Pública, un espacio de poder que siempre ha querido tener en sus manos.

el precio de la "legitimidad"

Lista de presos políticos de Yucatán

A raíz de las propuestas contra el espurio y Bush en Yucatán, aquí la lista de presos políticos.
Fuente: U-lool T’an

Exp. Juez Detenido

130/07 2 maria victoria texeira

130/07 2 fabian sonda souza

130/07 7 juan jose garcia ortiz

130/07 7 miguel sulu mut

130/07 7 william enrique vera veliz

130/07 7 carlos orlando mejia cocom

130/07 7 roger adolfo magaña yam

130/07 7 edgar manuel gomez navarro

130/07 7 gerardo gonzalez miranda

130/07 7 Ivan Alexander Baas Osorio

130/07 7 carlos miguel lopez sierra

130/07 7 leonido g. moguel bergman

130/07 7 luis fernando rodriguez lopez

130/07 7 juan carlos cohuo uicab

130/07 1 fernando posadas gonzalez

130/07 1 sara gabriela guzman muñoz Liberada pagando fianza de 37,100 pesos

129/07 1 Juan Canche Canul

130/07 7 isaac gualberto mutul guevara

130/07 7 marta carolina ruiz puch

130/07 7 julian bernardino campos casanova

130/07 7 rigoberto moreno mendoza

130/07 7 mario alberto tuz medina

130/07 7 Yahaira Solis

130/07 7 Eduardo Ojeda Garcia

130/07 7 Claudia Ceron Vega

Líquido seminal

Ahora sale que van a despedir y a procesar a todos los peritos y autoridades que habían concluído sobre la violación de Ernestina... pero no van a procesar a las autoridades militares que habían enviado muestras del líquido seminal encontrado sobre la víctima??!

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/754162/

Nacional

Carmen Aristegui F.

Líquido seminal

El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una sijavascript:void(0)tuación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia. En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".

¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/754162/

La Dictadura que se instala con Calderon!

El Club de Periodistas de México premia el trabajo de La Jornada y colaboradores

El equipo de Calderón lanza amenazas contra comunicadores: Gutiérrez Vivó

Laura Poy
En la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Periodismo, que cada año realiza el Club de Periodistas de México, AC, José Gutiérrez Vivó, director general de Grupo Monitor, reveló ayer que, antes del cambio en la Presidencia, recibió un mensaje del equipo entrante: "están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglará una entrevista con el presidente Calderón".

En el marco del 36 certamen que realiza el Club de Periodistas de México desde la década de los 50, y en el que fueron entregados premios a La Jornada y a algunos de sus colaboradores, Gutiérrez Vivó sostuvo que nunca antes, en sus 40 años de comunicador, "había percibido una agresión perfectamente disfrazada y disimulada como la que estamos recibiendo desde mediados de la pasada administración".

Como se recordará, el pasado 30 de noviembre Gutiérrez Vivó anunció que suspendía sus transmisiones de radio en frecuencia modulada por problemas financieros, y detalló una conversación sostenida con Marta Sahagún de Fox en presencia del entonces Presidente de la República, y en la que se le dijo que "el mandatario no resolvía problemas personales", todo ello a raíz de una entrevista con Andrés Manuel López Obrador en la que el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal anunció su intención de contender por la Presidencia.

"Parecerá increíble lo que voy a expresar, pero estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. Nunca me había tocado, en 40 años, que antes de que se tomara posesión de un cargo se mandara un recado diciendo 'están castigados', 'vamos a ver cómo se comportan', 'vamos a ver su conducta', 'no nos importa que transmitan la información de esta oficina de la Presidencia', 'qué pueden hacer', 'y sí se portan bien, en algún momento les dará una audiencia el señor presidente para llegar a un arreglo'".

Para Gutiérrez Vivó, es "una vergüenza que no se puede tolerar. Simplemente no busco apoyos que luego se malentienden, pero es intolerable que a estas alturas, y en este mundo que tanto se dice que es transparente y globalizado, tengamos que escuchar esa clase de mensajes que me parecen indignos de la Presidencia de la República y de quien perfectamente sé quién me los envió".

Reconocimientos
Por otra parte, el Club de Periodistas de México premió a La Jornada y a algunos de sus colaboradores. En primer lugar, otorgó un premio a la directora general, Carmen Lira Saade, por encabezado o portada; a Fabrizio León por el trabajo editorial del libro Agua. Estos dos los recibió en su representación Rosa Elvira Vargas; también Julio Hernández López por el esfuerzo periodístico audiovisual de La Otratele, y a José Galán por divulgación científica y tecnológica. Además, recibieron premios los colaboradores Gustavo Esteva y Manuel Meneses, además de los moneros Helguera y Hernández, estos últimos por su trabajo en la revista Proceso.

Otros galardonados son Carmen Aristégui, Ricardo Rocha, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Canal del Congreso. De manera póstuma se entregaron premios a los periodistas Jesús Blancornelas y a Brandon Ronald Will, estadunidense asesinado durante el conflicto en Oaxaca.La entrega estuvo encabezada por el director general del IPN, Enrique Villa Rivera; Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México; Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del club y presidenta de la Fundación Antonio Saénz de Miera, y Mouris Salloum George, director del club.

Felipe Calderón plantea drástico recorte presupuestal a la cultura

La reducción de $2 mil millones se asignará al Ejército, denuncia diputado
Es un golpe que condena a las expresiones artísticas a la privatización, alerta Emilio Ulloa
El CNCA resultaría la institución más afectada, con un decremento de 700 millones de pesos

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO

El presidente Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados un presupuesto para la cultura que, en términos reales, es menor en 2 mil millones de pesos al ejercido en el último año de Vicente Fox.

El recorte afectará áreas y proyectos sustantivos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), de Bellas Artes (INBA), el Mexicano de Cinematografía (Imcine), las compañías de danza, así como a los canales Once y 22 de televisión.

El presidente de la Comisión de Cultura de esa cámara, Emilio Ulloa Pérez, denunció que este hecho constituye ''un golpe a la cultura, que condena a las expresiones artísticas y la investigación a la privatización, y a la televisión del Estado a competir en peores condiciones frente al duopolio televisivo".

Al conocer los montos que el Ejecutivo presentó al Legislativo para el sector cultura, el legislador del PRD cuestionó que mientras a las instituciones culturales se les ''castiga, al Ejército se le premia, precisamente con 2 mil millones de pesos para aumento salarial".

Menos recursos que en 2006

En entrevista, el diputado Ulloa consideró ''inadmisible que en el área cultural, el gobierno federal envíe un presupuesto menor al de 2006, equivalente en 30 por ciento", y que constituye la principal afectación desde que en 2004 el presupuesto enviado por Fox implicó una caída de 14.54 por ciento en el gasto para el rubro.

Además, el balance sobre la caída en las partidas para la cultura en México se presentó en la víspera de la comparecencia, este jueves ante comisiones, del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para explicar los alcances del paquete económico de 2007.

Jorge Charbel Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró que en la reunión con el funcionario se exigirá una explicación del destino de 20 mil millones de pesos que Hacienda pretende recaudar de manera adicional por incremento a las tasas en las leyes del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios; al Activo, y del ISR, así como al código fiscal, y el gravamen de tres pesos más por cada cajetilla de cigarros.

Sobre todo, explicó, porque el argumento de Hacienda para subir tres pesos el valor de cada cajetilla es recaudar 6 mil 800 millones de pesos para destinarlos a un fondo de la Secretaría de Salud para catástrofes médicas, pero en realidad busca apuntalar al Seguro Popular, ''para que no quiebre".

''Eso es disfrazar un apoyo más al Seguro Popular, al que ya estamos cansaditos de dárselo", dijo. El legislador priísta también dijo que parte central de los cuestionamientos a Carstens será por qué se considera un incremento tan sustancial a los salarios del Ejército y para crear nuevas plazas en la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo porque en contraparte hay un recorte de 25 mil millones de pesos en infraestructura.

Anticipó que la Comisión de Hacienda no aceptará el monto de 17 mil 500 millones de pesos propuesto por el Ejecutivo para el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), que cerrará este año con un ejercicio de 22 mil 500 millones de pesos. El gobierno panista, dijo, pretende reducir 5 mil millones de pesos a los estados, mientras que la comisión buscará incrementar el monto en 8 mil millones de pesos.

Inclusive, se prevé que dentro del dictamen, el PAFEF sea considerado como un octavo fondo del ramo 33, para asegurar que ''no será recortable y nadie le podrá quitar (recursos) a la población de los estados", informó.

Por su parte, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también sesionó ayer y ahí aprobó un acuerdo para solicitar al resto de las comisiones ordinarias que entreguen, a más tardar el día 18, sus propuestas y observaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007, lo cual permitiría que el 25 de diciembre se concluya el dictamen respectivo y éste sea votado en el pleno el día 29.

Más restricciones que con Fox

A su vez, el coordinador de asesores de la Comisión de Cultura, Alejandro Pohlenz, declaró que si bien con el ex presidente Vicente Fox se ejerció una ''política restrictiva para la cultura, en términos presupuestarios", en el primer año de gobierno de Calderón esa tendencia se acentuará.

Desgranó las cifras de los recortes en las principales dependencias del ramo.

Por ejemplo, en el INAH su presupuesto pasaría ­de acuerdo con el proyecto enviado por Calderón­ de 2 mil 374 millones 888 mil 767 pesos ejercidos durante 2006, a mil 899 millones 577 mil 429 pesos, lo cual implica una disminución de 475 millones de pesos, sin contar el impacto de la inflación.

El principal efecto de esta caída económica se reflejaría, explicó, en las áreas de investigación y difusión de las zonas ar-queológicas, rubro en el que de por sí existen carencias, y dijo que uno de los casos más representativos es que en Guerrero, con mil 700 sitios prehispánicos, sólo hay dos arqueólogos asignados.

Refirió que el INBA solicitó una asignación presupuestal de 2 mil 385 millones de pesos para sus actividades sustantivas, pero el proyecto turnado por Calderón a la cámara sólo considera mil 606 millones de pesos. Si bien este año el presupuesto autorizado fue de mil 495 millones de pesos, posteriormente se consideraron transferencias de casi 600 millones de pesos, por lo que su gasto real fue de 2 mil 200 millones de pesos.

''Este recorte derivará en un deterioro adicional de su infraestructura educativa, de los proyectos prioritarios, la conservación del patrimonio artístico, las actividades de las compañías de danza, e inclusive le pegará al clero, porque tendrá un efecto en la conservación del arte sacro e inmuebles en manos de la Iglesia católica", explicó.

En el caso del Imcine, afirmó que el recorte de 50 millones de pesos planteado por la Federación a su presupuesto ''condena a esa institución al fracaso, porque pasa de 246 millones de pesos en el último año de Fox, a 202 millones de pesos, lo cual tendrá un impacto en la producción cinematográfica nacional, la contratación de nuevos cineastas y el fomento".

Desdén gubernamental

No obstante, será el CNCA el más afectado, pues enfrentará un recorte de aproximadamente 700 millones de pesos, al pasar de un presupuesto de 2 mil millones de pesos este año, a mil 300 millones de pesos para 2007.

La Comisión de Cultura anticipó que este hecho afectará los proyectos de infraestructura cultural y los de inversión tripartita con estados y municipios, al Sistema Nacional de Creadores y Artistas, la promoción del arte y la cultura, el mantenimiento del registro y catalogación de las obras artísticas del país, y esto último ''facilitará el robo y el saqueo del patrimonio" nacional.

Alejandro Pohlenz aseguró que también se pondrá en riesgo la operación de los canales Once y 22 de televisión, al destinarles ''recursos insignificantes, que los dejará sin capacidad de competir con el duopolio televisivo, al que Calderón les debe el tiempo que le destinaron en la campaña electoral".

En suma, dijo, se trata de un presupuesto que refleja un desprecio gubernamental a este sector, pues no lo considera esencial para el desarrollo y terminará ''convertido en una caricatura, a la que sólo tendrá acceso el capital privado, que convertirá a la cultura para los pirrurris, y no para la chusma".