Pobreza y desigualdad

Las desigualdades económicas, sociales y culturales están directamente relacionadas con la concentración de la riqueza. Esta es una característica de la dinámica del capitalismo y no se le ve solución; sin embargo, se puede mitigar a partir de políticas públicas. En los gobiernos recae la responsabilidad de que las políticas públicas favorezcan la concentración de la riqueza y la desigualdad o la distribución de la riqueza y por lo tanto una tendencia a disminuir las desigualdades y, en la misma lógica, también la pobreza. Son las dos opciones que tienen los gobiernos: gobernar para los más o gobernar para los menos, o de otra manera gobernar para someter al capital y regularlo, o gobernar de manera subordinada al capital. La primera es una fórmula que podría calificarse de moral, la segunda de inmoral.

Los gobiernos mexicanos, desde hace más de 15 años, han reconocido que los principales desafíos del país son el abatimiento de la pobreza extrema y la desigualdad económica y social entre los diferentes estratos de la población. Sin embargo, incluso con sus propias cifras derivadas de los estudios del Inegi, se ha demostrado que la población con ingresos menores a dos salarios mínimos sigue siendo un poco más de un tercio del total, en tanto que la concentración del ingreso ha aumentado en los últimos años. Se calcula que cerca de la quinta parte de la población más rica del país aumentó su participación en el ingreso corriente total hasta rebasar 450 por ciento, en tanto que la quinta parte más pobre la redujo. Adicionalmente, los estratos medios, que durante décadas habían mejorado su posición relativa, han visto deteriorarse su situación en cuanto a la porción del ingreso que reciben. La tasa de desocupación, que es otro indicador de que la depauperación de la población ha aumentado, ha visto también un crecimiento significativo, incluso en las cifras oficiales: de 3.5 por ciento en 2005 a 5.2 por ciento en 2010 y, a juzgar por los datos no oficiales, ha aumentado más de lo que se reconoce.

Con las mismas fuentes del gobierno se destaca que la concentración del ingreso se ha dado principalmente entre el 10 por ciento de la población con las más altas percepciones, mientras que 80 por ciento de la población vio disminuir su ingreso en los últimos 25 años. Con base en el coeficiente de Gini, en 2011 Chile presentaba la desigualdad más alta entre los países de la OCDE, y en segundo lugar estaba México. Mientras la desigualdad creció en nuestro país desde mediados de los años 80, Chile la ha reducido considerablemente, señala la OCDE. Con esta información se demuestra que las desigualdades sociales, lejos de disminuir con las políticas seguidas por los gobiernos neoliberales, aumentaron. Nos encaminamos, de seguir así, a ocupar el primer lugar en desigualdad social de los 34 países de la OCDE, prueba de que nuestros gobiernos, con sus políticas sociales y económicas, sirven no a la población ni al capital en su conjunto, sino a la elite capitalista, tanto nacional como extranjera.

Algunos autores han estimado que de 1994 a la fecha los hogares mexicanos han perdido cerca de 25 por ciento de sus ingresos. Otros piensan que en términos reales han perdido más de 50 por ciento. ¿Cuánto ha disminuido el poder adquisitivo del salario bajo los gobiernos neoliberales? He leído diferentes cantidades, pero nadie, que yo sepa, habla de menos de 60 por ciento, lo que quiere decir que nominalmente parece que ganamos más pero en realidad ganamos menos. En otros términos, en 1982 el salario mínimo alcanzaba para comprar unos 50 kilos de tortillas, hoy apenas alcanza para cinco kilos. Proceso de depauperación relativa, le llamaba Marx, y no se equivocó. La ONU nos habla de un panorama terrible al decir que es imposible que 2 mil 800 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios puedan igualar alguna vez los niveles de consumo de los ricos. Éstos, los verdaderos ricos, constituyen uno por ciento de los habitantes del planeta y concentran 90 por ciento de su riqueza total. En nuestro país nueve megamillonarios acumularon en 2011 una cantidad impresionante: 124 mil millones de dólares, es decir, 10 por ciento de la riqueza producida en México.

Al menos 35 millones de mexicanos, de los 112 millones que somos, deben sobrevivir con un ingreso menor a dos dólares diarios, unos 26 pesos, en tanto que más de 10 millones deben hacerlo con un máximo de un dólar al día. El Coneval nos presentó a finales del año pasado cifras que corroboran que las políticas de gobierno han producido más pobres. El número de personas en situación de pobreza, nos dice, subió de 48.8 a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que 46.2 por ciento de la población está bajo esa condición. De estas personas en situación de pobreza, casi la mitad: 28 millones de personas, carecen de acceso adecuado a la alimentación, lo que representa un aumento de 4.2 millones en el periodo de 2008 a 2010. Con información de la CNN, el mismo Coneval agregó el 2 de diciembre que en 40.8 por ciento de los 2 mil 456 municipios que hay en México se concentra 75 por ciento o más de la población en pobreza. Otro ejemplo, en otra óptica, de la concentración de la riqueza y de la desigualdad en el país.

¿Qué papel han jugado los últimos gobiernos mexicanos para abatir o disminuir la pobreza? En absoluta incongruencia con sus supuestas intenciones de disminuir la pobreza, han impuesto topes a los salarios desde hace más de 20 años, de tal forma que los ingresos de quienes tienen trabajo han disminuido en términos reales en un altísimo porcentaje, como ya fue dicho; han disminuido también los subsidios a la producción y a la comercialización de alimentos, de tal modo que con estas medidas se ha mermado la posibilidad de una alimentación suficiente del pueblo mexicano; han disminuido, asimismo, el número de artículos de la canasta básica de los trabajadores y más de 20 millones de mexicanos no tienen el ingreso necesario para pagar dicha canasta básica.

Lo único que ha aumentado en México, aparte de los precios, el desempleo, los gastos militares y la inseguridad pública, es el enriquecimiento de los menos, y la deuda externa, que pasó de 57 mil 378 millones de dólares en 1980 a casi 182 mil millones de dólares en 2011.

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Presunto culpable

Todo documental tiene sesgos. Éstos responden al guionista, al director, al editor, a los patrocinadores y a otros muchos factores que se me escapan. Un amigo muy apreciado criticó recientemente la edición de que fue objeto Presunto culpable porque se seleccionaron las partes (de la larga grabación de un juicio) que convenían a sus intereses. Todo documental, como toda película, e incluso la mayor parte de las entrevistas, y hasta las noticias, es editado, y en general, con sesgos.

Sicko, de Michael Moore (2007), por ejemplo, miente olímpicamente al elogiar el sistema de salud pública de Canadá. Simplemente exagera el alcance de su cobertura y, sobre todo, la eficiencia de su funcionamiento. No lo critica y lo presenta como si fuera un modelo a seguir universalmente, especialmente en Estados Unidos. Tiene razón en demostrar que el sistema de salud estadunidense deja mucho que desear, que no cubre a muchos millones de habitantes de ese país, pero pasa por alto que la salud pública en Canadá no es tan eficiente como quisieran sus ciudadanos. Es un sistema muy burocratizado, como ocurre en México con los hospitales y clínicas del sector público de la salud, incluidos el ISSSTE y el IMSS.

El sistema de salud canadiense, que es universal, tiene deficiencias graves. Un médico amigo, canadiense, que trabaja en un hospital de Toronto, tuvo un derrame cerebral (stroke) y le dijeron que lo podían atender semanas después, cuando todo mundo sabe que es una urgencia que debe atenderse lo más pronto posible si se quiere evitar daño neurológico quizá irreversible. Tuvo que ir a Estados Unidos y pagar un hospital privado. A otro amigo, mexicano residente en Canadá, lo mandaron a su casa porque sus sangrados nasales no eran peligrosos. Vino a México y el médico se sorprendió de que no hubiera muerto: tenía la presión arterial por las nubes. Así pues, Moore, tan elogiado por su valentía y sus denuncias, sin cuestionamientos entre la gente progresista, es también sesgado.

El documentalista Juan Manuel Sepúlveda, citado en extenso por Julio Hernández López en Astillero, parece no darse cuenta de las barbaridades que dice. Afirma, por ejemplo, que detrás del documental Presunto culpable se esconde una obra que recurre a los mismos vicios del sistema al que denuncia, y más adelante señala que el documental comete el mismo agravio que denuncia. Presupone la culpabilidad e incluso condena a todos los que no son su cliente-personaje. Es decir, el abogado-con-cámara no sólo abusa de la presunción de culpabilidad, inmediatamente la convierte en condena irrevocable, sin otorgarle al resto de los personajes el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor.

Cuando uno ve en los judiciales su conveniente, obvia y cínica amnesia (no me acuerdo), a la fiscal (agente del Ministerio Público) no demostrar nada para sostener su acusación, sino simplemente decir que está haciendo su chamba y al juez aprobando y sonriendo cuando es testigo de tales aberraciones, no se puede decir que los documentalistas y sus patrocinadores presupusieron la culpabilidad de quienes no son su cliente-personaje. ¿En dónde se ha visto que el abogado defensor de un presunto delincuente le facilite las cosas a la parte acusadora y que le otorgue al resto de los personajes (el testigo, los policías judiciales, la agente del Ministerio Público y el juez) el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor, como dice el señor Sepúlveda? Además de que esto no le corresponde a un abogado defensor; si así lo hiciera, la barra de abogados tendría todo el derecho de suspenderle la licencia para ejercer su profesión. Los abogados defensores tienen la obligación profesional (ética aparte) de defender incluso a los culpables. Si no fuera así, no habría abogados. Los fiscales, por otro lado, tienen la obligación de armar un juicio con pruebas y no basarlo en lo dicho por un testigo que igual puede estar diciendo mentiras. Y, finalmente, los jueces tienen la obligación de exigir pruebas, analizarlas, ponderarlas y revisar incluso si el expediente está bien armado o no para aceptar la procedencia de un juicio.

Lo que han hecho los documentalistas es exhibir un juicio de los miles y miles que se realizan todos los días en México y que, precisamente por como son llevados, han llenado las cárceles (que son otra de las vergüenzas del país) de inocentes o, si se prefiere, de presuntos culpables que, por añadidura, son pobres. Los delincuentes ricos o de cuello blanco no están, salvo contadas excepciones, en las prisiones ni mucho menos mezclados con los que forman la mayoría en los mal llamados centros de readaptación social, que no son otra cosa que pocilgas con rejas donde no sólo se venden drogas ilícitas sino que se hacen negocios por fuera con la complicidad de los custodios. Nuestro sistema penitenciario, y no se nos debería olvidar, es una escuela de iniciación y perfeccionamiento de delincuentes, no centros de readaptación social.

Lo que molesta a los críticos de Presunto culpable es que sus patrocinadores sean burgueses y que la exhibición del documental haya sido negocio, y buen negocio gracias a una juez que quiso prohibir su exhibición. Si el documental hubiera sido patrocinado por la cooperación de los habitantes de la sierra de Oaxaca, digamos, y exhibido en una casa particular de una colonia proletaria de la ciudad de México, entonces estaría muy bien. Si el único testigo, que por cierto no atinó a demostrar que el presunto culpable hubiera disparado a su primo, no fuera un muchacho humilde y de escasos recursos intelectuales, todo estaría bien pues la ideología del pobrismo gana sobre la objetividad. ¿Y las pruebas y los otros testigos? ¿Se le practicó la prueba de Harrison al presunto culpable?

Finalmente, el público tiene derecho a juzgar, incluso a los juzgadores. Que se nos niegue es otra cosa. Si pudiéramos ejercer ese derecho, muchos funcionarios y gobernantes estarían en la cárcel.

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La UNAM hace 10 años

Octavio Rodríguez Araujo

Hace exactamente 10 años el rector Barnés, de la UNAM, me citó en su oficina para conversar sobre los sucesos del 15 de marzo. Yo era consejero universitario entonces. Le di mi opinión, es decir, que lo realizado el 15 había sido un error y que en sus manos estaba evitar la huelga propuesta por los estudiantes para el 20 de abril.

Para ese 15 de marzo el rector Barnés convocó parcialmente al Consejo Universitario (CU) a una reunión que en los hechos era clandestina, aunque luego se supo que tendría lugar en el Instituto Nacional de Cardiología, fuera de las instalaciones universitarias. Curiosamente, no fueron convocados los consejeros que presumiblemente estarían en contra de la propuesta del Reglamento General de Pagos (RGP) que supuestamente actualizaría las antiguas cuotas al precio de la moneda en ese momento. En esa reunión del CU se aprobó la propuesta del rector en menos de media hora, e inmediatamente después de pasar la lista de los consejeros presentes, mientras afuera del recinto de Cardiología otros consejeros pugnaban por ingresar. Fue un fast track que habría de revertírseles a las autoridades, al extremo de que un amplio sector de estudiantes emplazaría a huelga para el 20 de abril con el objeto de echar abajo esa medida de muy dudosa legalidad y, desde luego, ilegítima por la forma en que había sido aprobada. La paradoja de esta reunión del CU, que fue entre otras cosas un insulto a la inteligencia, fue que a partir de ella muchos de los estudiantes y académicos que antes estaban a favor de las cuotas se convirtieron en sus opositores. Fue en ese momento que las posiciones se polarizaron: por un lado quienes estaban en contra de las cuotas y por el otro quienes prefirieron hacer una manifestación silenciosa sin la asistencia del rector Barnés (20/4/99) en Ciudad Universitaria porque era muy poco o nada lo que tenían que decir, aunque su manifestación era precisamente para apoyar la propuesta del rector. Peor aún, con esa reunión se erosionó todavía más a los cuerpos colegiados de la universidad, llevando al Consejo Universitario al desprestigio ante la comunidad y la opinión pública. Con este desprestigio se les daban a los estudiantes argumentos para actuar al margen de las instituciones y de la legislación universitaria al no responder a sus exigencias y demandas. No es casual que más adelante los estudiantes repudiaran toda forma de organización y de jerarquías en lo que habrían de ser el Consejo General de Huelga (CGH) y los Comités de Huelga (CH) en cada dependencia universitaria.

El 11 de febrero de 1999 el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, anunció su proyecto de actualización de cuotas que tendrían que pagar los estudiantes por inscripción y colegiatura. Fue advertido, por varios que teníamos acceso directo a él, que tal medida habría de provocar un movimiento, principalmente estudiantil, pero el rector desestimó esas opiniones pese a que fueron fundamentadas con experiencias anteriores y con ejemplos de la situación del país en ese momento y para el futuro inmediato.

Se inició una polémica en torno a la gratuidad de las universidades públicas y se estableció una controversia sobre la interpretación del artículo 3° constitucional, particularmente en relación con la fracción IV, que establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Rectoría y sus voceros echaron mano de todos los antecedentes que pudieron, incluso de opiniones de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no habían creado jurisprudencia, y se intentó, por parte de esos voceros, la subordinación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un artículo de la Ley Orgánica de la UNAM en donde se prevé el cobro de cuotas por servicios prestados.

La polémica en torno a la gratuidad de la educación superior en universidades públicas no fue resuelta, sino más bien pospuesta, pero era una demanda de sectores de izquierda tanto entre estudiantes como entre académicos, y se convirtió en la demanda principal del que habría de convertirse en el movimiento estudiantil más importante en México en los últimos años (aunque luego fuera tergiversado por los ultras del CGH).

El tema de las cuotas por inscripción y colegiatura no era nuevo. En 1948, cuando el rector Zubirán estableció el reglamento de pagos que luego habría de reformar el rector Garrido en 1950 (y que fue el vigente hasta antes de la sesión del Consejo Universitario del 15 de marzo de 1999), en 1948, repito, se generó un movimiento estudiantil en contra. La universidad distaba mucho de ser una entidad masiva, sin embargo el movimiento llevó a la renuncia de Zubirán. A mediados de los años 60, siendo rector Ignacio Chávez, el tema, junto con la reglamentación de ingreso a la UNAM, provocó también descontento y organización de fuerzas que llevaron al rector a la renuncia. En 1986 y 1987, con Jorge Carpizo al frente de la rectoría, se quiso aumentar también el monto de las cuotas, y el rector prefirió, por otro movimiento estudiantil, retirar su propuesta y el Consejo Universitario suspendió las reformas. A principios de su rectorado, José Sarukhán intentó cambiar el reglamento de pagos y, por supuesto, aumentar el monto de las cuotas. Recibió "apoyos" de sus colaboradores y de directores afines a la rectoría y rechazo de muchos estudiantes. De repente, Sarukhán echó marcha atrás, y según se especuló entonces, fue por instrucciones del presidente Salinas de Gortari transmitidas por uno de sus colaboradores entonces de confianza: el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Las cuotas en la UNAM, como se puede ver de este breve resumen, han sido un asunto difícil que, sin duda, ha provocado movimientos estudiantiles cada vez que se toca. El rector Barnés de Castro, a pesar de la oposición que había entre académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, propuso su reforma e hizo lo que pudo (o quiso) para que se aprobara, sin legitimidad y con ominosas sombras de duda sobre las formas en que fue convocado y conducido el CU para el efecto, el 15 de marzo de 1999.

Juan Ramón de la Fuente no tocó el tema, ni José Narro lo tocará. Ambos supieron (saben) que el aumento de cuotas no representaría, ni en el mejor de los casos, el 3 por ciento del presupuesto total de la UNAM, y que por ese porcentaje no vale la pena generar un movimiento.

Narro, autonomía y gratuidad de la UNAM

Octavio Rodríguez Araujo

Primero una disculpa por no haber asistido a la toma de posesión del rector Narro Robles. Fue por razones ajenas a mi voluntad.

Me quiero referir a la entrevista que apareció en El País el lunes 19 de noviembre, realizada por Beatriz Portinari. Dos preguntas y sus respectivas respuestas son las que deseo destacar. Una de las preguntas fue: “¿Considera posible la idea de una universidad solidaria?” Respuesta: “Absolutamente, y además es necesario. La UNAM es esencialmente gratuita, y cerca de 60 mil de los casi 300 mil estudiantes que tenemos proceden de familias con recursos económicos limitados”. Pregunta: “Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere la privatización de la educación media y superior de México. ¿Qué opina de esto?” Respuesta: “Con todos mis respetos, creo que expresa un profundo desconocimiento de la realidad mexicana. Tenemos unos niveles de pobreza alarmantes, con uno de cada dos mexicanos viviendo en condiciones de pobreza y uno de cada cinco en situación de pobreza extrema. Lo único que puedo decir sobre esa propuesta es que demuestra su profunda ignorancia”.

El calificativo de Narro obsequiado a la OCDE parece fuerte, pero no lo es de ninguna manera. En 2000 este organismo internacional publicó un texto titulado Knowledge Management in the Learning Society, y en él se mencionaba la importancia del conocimiento para las economías de mercado, así como los tipos de conocimiento que habrían de destacarse para la innovación y la productividad, especialmente para ésta. En el texto se afirmaba, además, que había llegado la hora de administrar “racionalmente” los conocimientos y su difusión, y de revisar sustancialmente lo que hacían y cómo lo hacían los sistemas educativos y las universidades. La orientación, obviamente, era pragmática, es decir, sin importar las condiciones de cada país ni las tradiciones de sus universidades. La idea de la OCDE era y es simple y fácil de entender: el conocimiento es un producto que se vende y se compra en los mercados y, por lo mismo, la racionalidad de las universidades debía (y debe) subordinarse a la de las empresas, muy al estilo estadunidense.

El paso lógico, que ya venía defendiéndose en la OCDE, en el Banco Mundial y en México (por la tecnocracia) desde mediados de los años 80 del siglo pasado, era la privatización de las universidades, que implica, entre otros argumentos, que los estudiantes paguen por aprender, es decir, abandonar la gratuidad de las universidades públicas (como ocurre también en Estados Unidos y en la casi totalidad de las existentes en México).

El Banco Mundial se planteaba la presión a los gobiernos para que ya no subsidiaran la educación, como era el caso mexicano. En uno de sus estudios, titulado Education and Earnings Inequality in Mexico, ya se hablaba de privatizar no sólo la educación superior, sino toda y que el gobierno disminuyera su asignación de recursos a la educación, y que estas responsabilidades recayeran mejor en el sector privado. En otro estudio (Mexico: Enhancing Factor Productivity Growth. Country Economic Memorandum, agosto de 1998) se decía lo mismo, pero con más claridad: la única posibilidad para expandir la inversión en educación superior es con mayor participación del sector privado.

René Drucker, en estas páginas (2/06/99) escribió que “cobrar colegiaturas, instrumentar préstamos a los estudiantes o cobrar las becas, adiestrar profesores como empresarios, vender la investigación, etcétera, son parte de las estrategias del Banco Mundial para modificar las estructuras de las universidades públicas, que se ven actualmente como escollos para las políticas de la economía global… En pocas palabras, las universidades deben transformarse para convertirse en un mercado de valores, cuyo único, o por lo menos primordial propósito, sea poder insertarse en la globalización de la economía.” Y no se equivocaba. Tanto el Banco Mundial como la OCDE y no pocos tecnócratas mexicanos (que estuvieron con el rector Barnés en la UNAM y que no se han dado por derrotados) fueron muy insistentes en este punto y en la supervisión y acreditación externa de los grados académicos por parte de instancias como el Ceneval.

En la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior se aceptaba y se proponía lo anterior en su famoso documento Propuesta de la ANUIES para el desarrollo y consolidación de la educación superior en el siglo XXI, sin descuidar, también en consonancia con el Banco Mundial, la demanda de mayores recursos públicos federales y estatales. En un documento que presentaron L. Rojo, R. Seco, M. Martínez y S. Malo (secretario de Planeación del rector Barnés) a la OCDE, en 1997, titulado Universidad Nacional Autónoma de México, se decía con toda claridad que en los antiguos criterios de calidad no había referencias a quién debía juzgar esa calidad académica y de salida (“there were no references against which to judge the universities academic quality and output”). Para esto se creó el Ceneval que, para el caso de las universidades públicas con autonomía, representaba una intromisión inadmisible y una controversia con la Ley Orgánica de la UNAM que, en su artículo 2-II, establece que la universidad tiene derecho a “impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación”.

El movimiento estudiantil de 1999, que luego fuera desvirtuado en su carácter incluyente por los ultras de entonces, surgió precisamente para oponerse a tales propósitos. No parece casual que siete años después, en el proceso de cambio de rector, ninguno de los candidatos, ni siquiera los que habían apoyado a Barnés, se pronunciara por aumentar las cuotas de inscripción y colegiatura en la UNAM.

El rector Narro Robles, en entrevista con Nurit Martínez, de El Universal (20/11/07), lo entendió muy bien (como Juan Ramón de la Fuente durante su gestión de ocho años) y enfatizó que la reforma promovida por Francisco Barnés en 1999 sobre las cuotas significaba en esos momentos 1.5 por ciento del presupuesto total de la institución. Y añadió: “ésa no es la solución”.

Vamos bien: se ratifica la autonomía y la gratuidad de la UNAM.

Devuélvanlos, y ya

Octavio Rodríguez Araujo

Hace cosa de un mes el gobierno de la República fue advertido por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que los sabotajes a instalaciones estratégicas continuarían si no son presentados con vida y liberados los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los órganos de inteligencia del gobierno federal, por lo visto, desestimaron esta advertencia y, peor aún, no tienen idea del significado del EPR ni de su potencial estratégico.

En la madrugada del 10 de septiembre fueron destruidos varios puntos de los ductos de Petróleos Mexicanos, ahora en Tlaxcala y en Veracruz, afectando a cientos de empresas (y sus trabajadores) en alrededor de diez estados. En tanto, el gobierno no ha dicho nada útil y atendible sobre los dirigentes reclamados por el EPR, supuestamente en manos militares que operaban en Oaxaca (donde fueron detenidos en calidad de civiles). Tampoco ha insinuado algún tipo de negociación con el grupo guerrillero sabiendo que es humanamente imposible vigilar más de 50 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos en la república, por lo tanto, prevenir otros daños similares que pueda ocasionar esta u otra organización armada y clandestina.

Hasta ahora los sabotajes emprendidos por el EPR han respetado vidas humanas, diferenciándose de este modo de las organizaciones terroristas que han actuado y actúan en otros países. No sabemos qué pueda ocurrir en el futuro, pero sí que mientras el grupo guerrillero no había sido tocado no hubo acciones que afectaran la economía del país y que pusieran en evidencia la ineficacia del gobierno en este rubro. Ahora sí, y ésta es un arma de dos filos.

De un lado las acciones del EPR han demostrado ser efectivas, precisas y coordinadas en su lucha por recuperar a sus efectivos de mando, desaparecidos hasta el presente. Del otro lado, empero, si bien demuestran que el gobierno no ha sido capaz de evitar las acciones guerrilleras, también están propiciando la intromisión de especialistas extranjeros (de Estados Unidos), oficiales o mercenarios en un proyecto tipo Plan Colombia como bien ha denunciado Carlos Fazio en su artículo del 10 de septiembre, precisamente el día de los sabotajes eperristas, pero antes de que éstos fueran conocidos (pues obviamente el artículo de Carlos fue redactado, cuando más tarde, el domingo en la mañana).

Uno de los datos reveladores que da Fazio en su artículo es que el viernes 8 de septiembre de 2007 el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional denunció que la empresa Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Estados Unidos, “está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón” (¿En Veracruz? Curioso.).

De llevarse a cabo este proyecto, que claramente contaría con la simpatía de Calderón para suplir la incapacidad de su gabinete en materia de inteligencia policiaca y militar (Cisen, AFI, PFP, etcétera), nuestra categoría de nación soberana (formalmente) se vería degradada al nivel de esos países que vemos en las películas donde un comando de Rambos cambia el rumbo de la historia y salva al país para entregarlo al mundo de la democracia, la libertad y el cristianismo según es entendido por Estados Unidos.

No pienso que la estrategia del EPR sea correcta, por más que entienda que quiera presionar por recuperar a sus camaradas. Al afectar a las empresas lo hace también a los trabajadores y a sus familiares (creo que ya lo he mencionado), lesiona también la economía sin ningún beneficio para un proyecto, digamos, socialista (si acaso estuviera en la agenda nacional para el futuro inmediato) y, por si fuera poco, da argumentos al gobierno (por si hicieran falta) para que endurezca todavía más sus políticas de persecución de narcos, terroristas y dirigentes sociales (de una vez y en un solo paquete).

Hay indicios de retorno a los tiempos de la guerra sucia, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos y cuando las desapariciones forzosas eran comunes. No sorprendería a nadie que resurgiera la Brigada Blanca, de López Portillo, con éste u otro nombre, ni tampoco que de un día a otro nos enteráramos de que en México, y no en África, también tenemos perros de la guerra pagados por la CIA y el Pentágono con el dinero lavado del narcotráfico. ¿Tom Cruise salvándonos del comunismo en una versión IV de Misión Imposible? Toco madera, aunque no soy supersticioso.

Finalmente, la bola ya no está en la cancha del EPR, sino en la del gobierno. Fácil. Si tiene a los dirigentes de este grupo guerrillero, que se los devuelva, de todos modos no ha podido combatirlo ni, por lo visto, sabe dónde está ni cómo atacarlo, a pesar de que el grupo armado tiene, como EPR, más de 10 años de vida. Si le creemos a sus comunicados, las acciones de sabotaje serán suspendidas a partir de la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿No es mejor para el país devolver a dos guerrilleros que revivir la vieja guerra sucia?

Si, por otro lado, le creemos a Calderón que su guerra es en contra del narcotráfico, que no la distraiga con la desaparición o el cautiverio de dos guerrilleros que no estaban actuando como tales, sino como civiles en contra de quien sí debería estar en la cárcel: Ulises Ruiz, sátrapa de Oaxaca para mayores señas.

Un secretario censor (e ignorante)

Octavio Rodríguez Araujo

Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación y antes gobernador de mano dura y arbitraria en Jalisco, debe renunciar, y no sólo porque así lo demande el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados (La Jornada, 4/9/2007).

El Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie), supuesto responsable de la censura a la intervención de Ruth Zavaleta el pasado primero de septiembre, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Su (ex) director, René Antonio Palavicini, era un subordinado de Ramírez Acuña. Se le hizo renunciar para que el secretario pudiera decir que un funcionario público que cometa errores en su actividad se tendrá que ir y, claro, el “error” no lo cometió el propio secretario, sino su empleado. Otro chivo expiatorio corrido de la Secretaría de Gobernación por errores deliberados y quizá dolosos de su titular (antes fueron cesados otros funcionarios también dependientes de la misma secretaría). Es una fortuna que el Canal 11 de Televisión dependa del Instituto Politécnico Nacional, órgano desconcentrado también, pero de la Secretaría de Educación Pública. Y digo que es una fortuna porque su titular ha reconocido, implícitamente, que el primero de este mes hubo censura, al decir que “en canales como los nuestros (11 y 22) la censura se alejó desde hace muchos años” (La Jornada, idem).

Lo que ocurrió no fue un error técnico pero sí político, y grave. Esto ha sido demostrado de muchas maneras en estas y otras páginas. Fue una censura ordenada probablemente por Felipe Calderón. Y si no fue así, peor, pues tendríamos que interpretar que la decisión la tomó el secretario de Gobernación sin la aprobación de su superior, pero eso sí, con la complicidad de Televisa y de Tv Azteca.

Ramírez Acuña es lenguaraz e inculto, es decir, lo contrario de lo que debe ser un encargado de la política interior de un país. El lunes mismo dijo que el verde del lábaro patrio representaba la religión. Esta tontería (que además demuestra ignorancia sobre las primeras interpretaciones de nuestra bandera) sólo se explica por el origen religioso de su autor y por la necedad de ciertos panistas de considerar que su religión, la católica, es la única y verdadera (lo cual también habla de su intolerancia a la libertad de creencias).

Cuando los empleados de un funcionario hacen algo que adorna a este último suelen ser ignorados públicamente: “mi secretaría hizo esto o aquello”, “logré tal o cual cosa”, etcétera. Así ha sido el discurso. Pero cuando ese mismo funcionario comete un atropello a la ley, a los derechos humanos, a los acuerdos políticos en una nación civilizada y supuestamente democrática, entonces los culpables son sus empleados, no él (o ella). Olvidan que el responsable de una secretaría de Estado es su titular, y que lo que hagan o dejen de hacer sus empleados es también parte de sus responsabilidades.

Y si además ese funcionario, en nuestro caso Ramírez Acuña, dice que lo de la omisión televisiva del breve discurso de la diputada fue un error técnico y no censura, y que, por si no fuera suficiente, los que afirmamos que fue esto último somos mentirosos, entonces debe renunciar, no sólo por llamarnos mentirosos sin demostrarlo sino porque es un insulto a la inteligencia, de la que, obviamente, carece. Debe renunciar. No es apto para el cargo, y Calderón Hinojosa, si bien le debe que lo haya “destapado” en 2005, debería ponderar seriamente que con colaboradores como el secretario no necesita enemigos.

Estoy convencido de que Calderón es autoritario, pero también de que no quisiera parecerlo, no por lo menos de manera tan burda como censurar unas cuantas palabras que, de todos modos, han dado la vuelta al mundo gracias a la prensa independiente, a la “corrección” tardía y descontextualizada de la censura y a la televisión (extranjera) no subordinada a los intereses de Azcárraga Jean y Salinas Pliego. Un buen secretario de Gobernación, que en otros países se les llama ministros del Interior, es quien establece acuerdos con las fuerzas políticas y económicas para facilitar la gestión de quien figura como presidente de un país, no para crearle obstáculos y exhibirlo como intolerante y autoritario (aunque lo sea, repito). El secretario de Gobernación, en los tiempos actuales y no cuando era temido por todos como el jefe de persecuciones políticas en el país, es o debe ser un negociador, el encargado de la paz interior mediante arreglos, compromisos, concesiones, y no por la vía de actos represivos o de censuras que, también en los tiempos actuales, duran lo mismo que un suspiro (pues ahora todo se sabe tarde o temprano, todo se filtra, y ya no hay misterios inescrutables como antes). Un secretario de Gobernación, y lo debería saber Ramírez Acuña, no es ya un gobernador de un estado, por lo menos formalmente dueño de sus actos, sino un colaborador del Poder Ejecutivo nacional, es decir, parte del gobierno de la nación.

Si Calderón, como Salinas de Gortari en su gobierno, quiere ganar legitimidad a pesar de su origen electoral objetado, debería dejar de pagar favores y escoger mejor a sus colaboradores. No es cosa de que los llame a la mesura y a la rectificación de sus abusos. “Lo que natura non da, Salamanca non presta”, dice un viejo dicho que significaba que una universidad, incluso tan reconocida como la de Salamanca, no podía enseñar a nadie a ser inteligente si no tenía ese atributo personal. Es el caso, y Calderón debería saberlo.

Reconocer y oponerse

Octavio Rodríguez Araujo

Me temo que la diputada Ruth Zavaleta tuvo razón al señalarle a Carmen Aristegui que “de su parte habrá un reconocimiento implícito a la presidencia de Calderón, al momento en que ella (como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados) le envíe las reformas aprobadas en la Cámara para su publicación” (La Jornada, 28/08/07). Y es que en realidad esto no puede evitarse, como tampoco recibir de Calderón las iniciativas de ley emanadas del Poder Ejecutivo de la Federación. Dichas iniciativas no pueden ser ignoradas como tampoco asumidas como productos de un espíritu imaginario e inexistente y que por un milagro o cosa semejante llegaron al Congreso de la Unión. Sería esquizofrénico, para decir lo menos.

Para mí Felipe Calderón ocupa la silla presidencial gracias a un proceso a todas luces fraudulento, pero ahí está. Cómo lo llamemos importa poco, incluso si no lo aceptamos como gobernante legítimo. Si los diputados perredistas y otros no lo reconocen como gobernante (incluso de facto) en la práctica se están negando como contrapeso del Poder Ejecutivo; sin embargo, al oponerse al Presidente de la República lo están reconociendo. Nadie se opone a lo que no existe, y si lo hace no está bien de la cabeza.

Supongamos para México otro escenario. Imaginemos que hubo un golpe de Estado, no como el ocurrido el año pasado (que he llamado ex ante), sino militar y que el gobernante fuera un tirano, un dictador. ¿La oposición buscaría formas de oponérsele o, por no reconocerlo por su origen ilegítimo, no haría nada o actuaría como si no existiera? La respuesta es obvia. Pese a los riesgos de oponerse a un dictador, como ocurrió en Chile, Argentina, Brasil, y en otros muchos países, siempre hubo y habrá oposición, pues no todo mundo acepta, como destino impuesto e inevitable, la existencia de un dictador por temible que éste sea. Oponérsele, entonces, es reconocerlo aunque no se olvide su origen ni su práctica en contra de las libertades; ni los riesgos de hacerlo.

No vivimos en una dictadura y Calderón, pese a su origen, es el jefe del Poder Ejecutivo federal, y constitucionalmente tiene funciones, atribuciones y obligaciones. Me ubico en la oposición, sí, pero si el presidente impuesto auxiliara a los damnificados de un huracán o un terremoto no podría invitar a las víctimas (so pena de que pensaran que estoy loco) a que no acepten la ayuda que les permitirá sobrevivir. Tampoco podría oponerme a que los estudiantes aceptaran becas o los campesinos recibieran tierras, créditos, salud y vivienda (si fuera el caso).

Para unos López Obrador encabeza el gobierno legítimo, pero aun así se está reconociendo que Calderón Hinojosa representa un gobierno ilegítimo, pero gobierno al fin. Si no se estuviera reconociendo esto último no habría necesidad de que AMLO se distinga como el gobernante legítimo ni que se oponga al que ocupa su lugar gracias a un fraude que no todo mundo acepta (yo sí, me adelanto a decirlo). No estar de acuerdo con el triunfo de Calderón es correcto. Basta saber que él y quienes lo hicieron presidente se negaron a contar los votos después de la elección del año pasado. Pero una cosa es no reconocer su triunfo y otra que el señor de Los Pinos no realice (mal o bien) las funciones de presidente de México. En Naciones Unidas, en Cuba, en Venezuela y en otros países con cuyos gobiernos mucha gente de izquierda simpatiza, se reconoce a Calderón como jefe del gobierno mexicano. Si no fuera así no habría embajadas de esos países en nuestro país, como no la hubo de México en Chile durante el gobierno de Pinochet (y viceversa) o como no hay de Estados Unidos en Cuba (y viceversa) hasta la fecha.

La oposición se opone (siempre he defendido este punto de vista), y en este caso se opone al poder: porque no se le reconoce legitimidad, porque no se está de acuerdo con su política, por lo que sea (es un derecho en una democracia aun imperfecta como la nuestra). Pero el hecho mismo de oponerse es un reconocimiento… negativo en este caso. Si yo creyera en una deidad y ésta me hace maldades, le reclamaría. Pero como no creo en dioses ni en poderes divinos sólo puedo dirigirme a mí mismo para reclamar mis errores o a quien me hace maldades sin merecerlas. Automáticamente me reconozco y reconozco a mis enemigos o a mis adversarios. Puedo también ignorarlos, y quizá sea sano, pero si uno de mis enemigos ignorados llega a ocupar un cargo en el lugar en que trabajo o vivo, me guste o no, tendré que tratar con él, aunque sea para exigirle la reparación de una injusticia si ésta se llevó a cabo en mi contra. Hacer otra cosa no sería oposición, sino dejar que mis derechos sean pisoteados, lo cual sería indigno de cualquier persona que se respete.

La diputada Zavaleta, que no conozco, tuvo razón en la dialéctica sencilla que manejó con Aristegui: una ley aprobada en la Cámara de Diputados sólo tiene vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, y la edición de éste, así como la promulgación y ejecución de una ley expedida por el Congreso de la Unión, depende del jefe del Poder Ejecutivo. La fracción I del artículo 89 constitucional así lo ordena. No hay, en cambio, ninguna ley que obligue a la oposición a tomarse la foto con Calderón, o a dialogar con él ni mucho menos a negociar con el ocupante de Los Pinos. Son cosas diferentes. Aunque, si somos rigurosos, al exigirle algo a Calderón, o al oponerse a una de sus iniciativas de ley, se está dialogando con él, no con un fantasma.

Propongo a mis amigos de la oposición que simplemente se opongan, con los mejores razonamientos de que sean capaces y que, a la vez, propongan lo que a su juicio debería de hacerse para mejorar las condiciones de los mexicanos. Mientras tanto, fortalézcanse lo más que puedan para que en 2009 tengan la mayoría de asientos en la Cámara de Diputados y puedan oponerse mejor y con más eficacia a quien ahora no quieren reconocer como gobernante del país.

La insensatez del puritanismo

Octavio Rodríguez Araujo

Los puritanos han sido aquellos que no admiten que “su iglesia” sea contaminada por otras (en el siglo XVI en Inglaterra, los anglicanos contra los católicos). Han sido y son, por lo mismo, dogmáticos, sectarios y contrarios al universalismo y a la pluralidad. Pero no sólo existen en las iglesias de diversos credos religiosos, también en los partidos y en ciertas organizaciones sociales que repudian la política y los partidos “porque están contaminados” de eso que está de moda decir a manera de insulto o de descalificación: el pragmatismo.

El pragmatismo, contra lo que mucha gente quiere creer, no es necesariamente contrario a los principios. Lo que ocurre es que éstos también evolucionan y no pueden aplicarse en la actualidad como si viviéramos a finales del siglo XIX. Cuando Federico Engels rechazaba el pragmatismo en los partidos de su época (en contra de los posibilistas, 1882) lo hacía por dos razones principales (que no únicas): porque los partidos de clase apenas comenzaban a participar en elecciones (en Alemania, por ejemplo) y sin muchas esperanzas de que alcanzaran el poder por esa vía, y en segundo lugar porque la vía electoral del proletariado sólo se veía viable, incluso para Marx, en Inglaterra y en Estados Unidos (lo que nunca ha ocurrido).

En otras palabras, la idea de un partido proletario (de clase contra clase, en ese caso contra la burguesía) no era para participar en elecciones, sino para organizar a los trabajadores, para llevarlos a la revolución, que no sólo derrotara a su principal enemigo, la burguesía, sino para destruir su Estado, el Estado burgués. Ese tipo de partido tuvo mayor definición con Lenin, sin que éste rechazara la posibilidad de participar en los parlamentos y en otras formas de representación dominadas por la burguesía (sus tesis contra el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo).

Tanto Engels como Lenin advertían sobre los riesgos para los partidos de clase al participar bajo las reglas de juego de la clase dominante (en la vía electoral). El primero lo decía con toda claridad en referencia a los posibilistas: para ganar más votos el partido tendría que sacrificar el carácter “clasista, proletario, del movimiento haciendo inevitable la división”. Ralph Miliband, en 1977, señalaba otro riesgo más: que los partidos de clase, al participar en el parlamento, no podrían ser todo el tiempo obstruccionistas; es decir, que tendrían que ceder algo en sus principios so pena de quedar marginados en esa instancia a la que no habían llegado fácilmente. Y Miliband era una marxista radical, a diferencia de su hijo David, quien actualmente es secretario de Estado para asuntos extranjeros del nuevo gobierno de Gordon Brown y editor de un libro poco conocido en México titulado Reinventing the Left (1995).

Los partidos electorales –no me cansaré de repetirlo– son, en el sentido de las críticas de Engels, posibilistas, esto es, pragmáticos y por muchas razones oportunistas. No pueden ser de otra forma si quieren competir por los espacios que las clases dominantes y su Estado permiten, aunque sea por razones de apariencia democrática. Si se vuelven “puritanos” terminarán aislados, reducidos a su mínima expresión y serán calificados, con buena dosis de razón, de sectarios y excluyentes (izquierdistas, diría Lenin).

Aun así, los partidos electorales de izquierda tienen diferencias con los de derecha, aunque no paso por alto que muchos partidos, sobre todo los de la Internacional Socialista (socialdemócratas) han hecho casi lo mismo, una vez en el poder, que los partidos demócrata-cristianos (Felipe González en España, Schroeder en Alemania, Blair en Gran Bretaña, para poner algunos ejemplos).

Pedirles a los partidos electorales, en este caso de izquierda, que sean como los partidos ideológicos y de clase de hace décadas no parece sensato. Los partidos clasistas y de izquierda radical que todavía subsisten en muchos países son francamente minoritarios, y si no fuera por el sistema electoral a dos vueltas (existente en casi todas las naciones de América Latina y de Europa) ya hubieran desaparecido de las boletas comiciales. La presencia electoral de estos últimos se debe a las alianzas que realizan con partidos más grandes, sea en coaliciones, como en México, sea apoyando a los partidos “menos malos” en la segunda vuelta.

El problema está en los matices en cada tiempo y lugar. ¿Qué tanto debe ceder un partido electoral de izquierda? En abstracto no se puede decir. En el caso mexicano de ahora (2007) y en referencia al Partido de la Revolución Democrática, hay puntos no negociables. Esto debería de ser claro. Negociar con Calderón o sus personeros, por ejemplo, sería inadmisible y no porque el partido sea o no lópezobradorista. Y sería inaceptable porque, al margen de errores estratégicos y tácticos cometidos durante el proceso electoral, lo que es un hecho es que no sólo se le quitó la Presidencia a AMLO, sino al PRD y, por lo mismo, a todas sus corrientes internas con todo y sus diferencias y semejanzas. Una vez más, para aclarar mi punto de vista, si Calderón hubiera ganado y el IFE y el tribunal electoral no hubieran hecho trampas, los votos se hubieran contado y asunto resuelto. Pero no se hizo y esto es suficiente para afirmar que la elección presidencial del año pasado no fue transparente.

Cierto es que Calderón ahí está (nos guste o no), pero el papel de un partido de oposición es, de entrada (y gracias a Perogrullo), oponerse con base en sus principios y en sus respectivos objetivos planteados. Pero, además, proponer y negociar entre pares y en sus ámbitos de acción para acercarse lo más posible a la realización de sus postulados.

Pese al mal olor, no todo está podrido. Lo que pienso que debemos abandonar es el papel de puritanos. A nadie le queda a estas alturas del siglo XXI. El mundo ha cambiado mucho desde el siglo XVI e incluso desde el XIX. No entenderlo sería tan insensato como querer prescindir del transporte moderno porque contamina, y regresar a las carretas tiradas por caballos en lugar de buscar, con las tecnologías existentes, que los vehículos actuales dejen de ser contaminantes.

Derechas y ULTRADERECHAS en el Mundo

Aquí un resumen que está en la contraportada del libro del mismo título que escribió Octavio Rodriguez Araujo y que estoy leyendo actualmente mediante un préstamo de la "la Ché del Cho" (como le llamó acertadamente otra chica por ahi). Se los recomiendo ampliamente.
Existe una novela, una especie de thriller político, "La Organización", que aun no he leido pero quisiera conseguir y que el mismo autor sacó despues, que está basada en éste libro y se lee prometedora.
Anterior a éstos libros está otro llamado "Izquierdas e izquierdismos. De la primera internacional a Porto Alegre", dentro la misma linea del primero y que quizá tambien aporte conocimientos que por ahí he escuchado le cuestionan a la chica Ché.
Quizá ésto nos aportaría mejor conocimiento de las sociedades en general, en especial de la mexicana, sus gobiernos y sus políticas, en vez de intentar entender a personajes (Denise Dresser un ejemplo) que a veces parecen disfrazarse y dar opiniones de acuerdo a quien los invita a la fiesta.
Abajo una entrevista justamente en relación al libro "La Organización"

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CONTRAPORTADA DEL LIBRO:

La distinción izquierdas-derechas se ha querido presentar como asunto del pasado, y la democracia -despojada de su sentido social- como el objetivo a alcanzar en todo el mundo. Esta nueva ideología ha tratado de encubrir dos fenómenos por demás evidentes: 1) que la ampliación de la democracia (formal) se da al mismo tiempo que el aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza; y 2) que la derecha y la ultraderecha ganan terreno en las posiciones de poder, no sin contradicciones en algunos casos.

Derechas y desigualdades sociales son asociadas por el autor como partes de un mismo proceso que se ha acentuado con el desarrollo del capitalismo a escala global, cada vez con menos excepciones. Sin embargo, en este libro se destaca que las desigualdades sociales no sólo han sido producto del capitalismo sino también de la dominación ejercida por quienes han sido los usufructuarios del control estatal de la economía en los países llamados socialistas, o por quienes a nombre del nacionalismo o de fundamentalismos religiosos han ejercido el poder de manera dictatorial

. Las dictaduras, como formas de dominación, también generan desigualdades -nos dice el autor-, y estas dictaduras son o han sido también de derecha o de ultraderecha, según el caso y el momento. En la actualidad las ultraderechas no tienen el poder por sí mismas, salvo en algunos países, pero en el periodo entre guerras sí lo tuvieron, principalmente en Europa con el ascenso de los fascismos. Las ultraderechas de hoy, tanto las que comparten el gobierno con las derechas como las que se mueven al margen del poder, tienen sus raíces en los fascismos del pasado, con algunas importantes diferencias que también analiza el autor.

Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado en Siglo XXI editores, entre otras obras, Izquierdas e izquierdismo. De la Primera Internacional a Porto Alegre (2002)

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Entrevista con Octavio Rodríguez Araujo
Ariel Ruiz Mondragón (Revista Era21)

A lo largo de la historia, en diversos ámbitos de la sociedad, tales como la política, la religión (ambas muchas veces entrelazadas), la economía y la cultura, han existido y actuado grupos organizados que operan desde la oscuridad para alcanzar sus fines, que en muchas ocasiones es, paradójicamente, la conquista del poder público. Esto tiene que ver mucho con la conspiración.

Esas organizaciones secretas, con objetivos tan claros a su interior como inconfesables en terreno abierto, han logrado ejercer influencia, si no es que han ejercido directamente, el poder. Esto ha sido motivo para diversas investigaciones y especulaciones que buscan despojar de velos y máscaras a dichos grupos.

Lo anterior también ha dado pie para crear ficciones en las que se dan ideas (algunas muy exageradas y absurdas) de las formas de actuar de esas sociedades secretas, literatura que ha formado todo un boom . En ese sentido en México una de las más interesantes novelas recientes lo es el thriller político La organización (México, Orfila, Jorale Editores, 2006), de Octavio Rodríguez Araujo.

Sobre diversas inquietudes despertadas por su primera novela charlamos con el autor acerca de los siguientes temas: su interés por hacer una novela, su tránsito de la ciencia política a la literatura, sus modelos y fuentes de insipiración tanto literarias como políticas, las coincidencias de los ultras de izquierda y de derecha, la existencia de la criptocracia, los poderes ocultos y la intención de seguir en empeños literarios.

Rodríguez Araujo es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como autor, coautor y coordinador de más de diez libros de política. Actualmente colabora en La Jornada .



Ariel Ruiz : ¿Por qué escribir y publicar un libro como el suyo?

Octavio Rodríguez Araujo (ORA) : Desde hace muchos años quise escribir una novela, pero no me atrevía a hacerlo. Por el tipo de novelas que me interesan desde que era estudiante de ciencia política, la que siempre quise escribir tenía que ser de contenido político, de suspense y medio policíaca. He sido un ávido lector de novelas de este tipo, unas —para mi gusto— muy buenas, otras regulares y otras más francamente muy malas, de esas que empieza uno a leer y a las diez páginas las abandonamos aunque sus autores sean famosos.

Un día imaginé la trama de una posible novela y comencé a escribir. El esquema general tenía que estar compuesto por personajes reales, como usted y yo, que se ven involucrados en una investigación que los rebasa en muchos sentidos. Como son personajes reales no tienen superpoderes ni hacen cosas extraordinarias. Son inteligentes, aunque se equivocan, son cultos y saben lo suyo, como cualquier intelectual europeo en su campo de interés, y si bien tienen recursos de diversos tipos, no hubieran podido hacer gran cosa sin la ayuda de un inspector de policía que es amigo de ellos y que se mueve, por razón propia de su trabajo, en un ámbito de información y acción que no está al alcance de ellos.



La organización , así con minúsculas, existe y no existe y es el elemento clave del misterio y de la intriga. Sus personajes son ficticios, pero también verosímiles, y los que aparecen como tales en la novela están subordinados a poderes fácticos insinuados que sí son reales y que, en buena medida, dominan el mundo de hoy.

Quise hacer un juego entre lo real y lo ficticio, de tal forma que el lector pueda sentirse inmerso en la novela acompañando a los personajes, como una cámara oculta que capta muchas cosas pero no todas, como ocurriría en la vida real. La mayoría de los datos que se ofrecen son auténticos y cualquiera los puede cotejar en Internet o en los periódicos de la época. Tuve el cuidado de ser muy preciso, hasta en el sentido del tránsito en una calle o en el número de vuelo de un avión. Para mí fue fascinante investigar incluso pequeños detalles, pero como se trataba de una novela omití las notas de pie de página que, por lo demás, no son comunes en las obras de ficción.

Escribir este thriller político fue un reto pospuesto por décadas, hasta que vencí el miedo a dar este paso, y resultó un placer hacerlo. No creo exagerar al decir que es el libro que más he disfrutado escribiéndolo, pues todos los días inventaba, dentro del esquema general, lo que ocurriría en el siguiente capítulo y en ocasiones, en medio de grandes dilemas, cómo fluiría el siguiente párrafo y que éste estuviera en la lógica de los anteriores y en la secuencia de la trama, sin forzar ésta ni la lógica de lo posible.

Después de terminar el texto había que corregirlo. Para esto me fueron de gran utilidad las observaciones (y a veces precisiones) de mi esposa y de amigos muy cercanos que tuvieron la paciencia de leerme más de una vez. Al final, como suele hacerse con los libros, había que publicarlo. Y ahí está.

AR : ¿Cómo fue su paso de la ciencia política a la literatura? Esto tomando en cuenta que la mayor parte de su obra es acerca de temas políticos, además de una memoria personal del zapatismo.

ORA : El tema y la trama están ligados a lo que conozco y a algunos de mis libros de carácter académico. Hay también vivencias personales, novelizadas. Creo que muchos autores de novelas han escrito a partir de lo que les es más familiar. No quise ni intenté ser la excepción. Siempre he pensado que uno debe escribir de lo que sabe, incluso para un periódico o una revista de divulgación. Mi libro Derechas y ultraderechas en el mundo me sirvió para la novela, pues en ésta se mencionan a varias de las organizaciones políticas de la ultraderecha que investigué antes con fines académicos. Al ser Kristina, una de mis protagonistas, especialista en el estudio de los nazis y neonazis, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, proyecto en ella parte de lo que aprendí al escribir Derechas y ultraderechas en el mundo . Michel, el protagonista central, tenía que ser un personaje que también supiera del tema, sin ser especialista, y ambos se complementarían, como ocurre en las novelas clásicas de Conan Doyle o de Agatha Christie: Holmes y el Dr. Watson, Poirot y el capitán Hastings, con la salvedad de que en mi texto ninguno de los dos es un genio ni su compañero un personaje con limitaciones evidentes.

De esta manera el thriller político es una extensión novelada de la política, de mis estudios políticos previos, como ha dicho Julio Ortega en su amable presentación en la contraportada de La organización .

AR : ¿En qué sociedades secretas reales se inspiró para el libro? Por supuesto que está clarísima la referencia al Yunque.

ORA : Me inspiré en muchas y en ninguna de las organizaciones secretas existentes y que de hecho no sé qué tan secretas sean. Yo no sé si Bush y Cheney forman o no una organización secreta, pero sí que son parte de un grupo que tiene el poder en el país más poderoso de la Tierra y que no están dispuesto, según todas las evidencias, a dejar ese poder. No digo que la organización , que le da título a mi novela, sea parte de ese grupo de Bush y compañía, pero sí insinúo que podrían tener algún tipo de relación al igual que con otros grupos, también existentes, de poderosos en Europa. Menciono a El Yunque una sola vez al final porque viene al caso, pero esta organización, ampliada a nivel internacional, no sería muy diferente en su naturaleza secreta a la organización de mi novela. Si revisáramos la historia de El Yunque encontraríamos que en algún momento (no sé exactamente cuál) se interesó por tener el poder en México, infiltrándose en las esferas de gobierno y, por lo menos con Vicente Fox y Marta Sahagún, ahí estuvo, en primera línea, y quizá también en el gobierno formal actual, el de Calderón Hinojosa (aunque éste no pertenezca a esa organización, según las evidencias con que contamos).

Hay otras organizaciones que algunos autores han querido calificar de secretas, como el Grupo Bilderberg, que ha sido usado por los epígonos de Lyndon LaRouche, como Daniel Estulin, para hacernos creer que existe una conspiración mundial de algunos de los amos del dinero. Lo grave de los larouchistas es que nos quieren vender sus demenciales correlaciones y verdades a medias como la verdad revelada y no como la ficción que es. La mía es una novela, no un tratado sobre conspiraciones internacionales; esto le debe quedar claro al lector y no creo que se preste a confusiones. Quiero aclarar, para evitar equívocos, que cuando escribí mi novela no existía todavía el libro de Estulin titulado pomposamente La verdadera historia del Club Bilderberg .

En mi caso “la organización” tiene que ser secreta, pues es parte del misterio. Si en lugar de usar ese recurso hubiera puesto al Partido Republicano de Estados Unidos, por ejemplo, se hubiera perdido el misterio, pese a que no se descarta que algunos de sus miembros conspicuos pudieran pertenecer a un grupo de interés mundial con aspiraciones de poder también mundial.

Siempre ha habido curiosidad e interés por las organizaciones secretas. Son las protagonistas ideales para tejer una trama de intriga. En México las organizaciones masónicas, sobre todo en el siglo XIX, han sido motivo de todo tipo de especulaciones. Los Guadalupes , de quienes escribiera el famoso historiador mexicano y amigo muy querido Ernesto de la Torre Villar , era un grupo clandestino, una sociedad secreta que ayudó a los independentistas de principios del siglo XIX en México. Y así, podríamos citar muchos ejemplos de la vida real y de historias documentadas, algunas también novelizadas.

AR : ¿Qué novelas y autores le influenciaron para La organización ? Por allí hay menciones a Dan Brown, a El nombre de la rosa de Umberto Eco, Archer y Forsyth, por ejemplo.

ORA : Un lector de novelas cuando quiere ser autor de una novela no puede evitar, salvo que sea un auténtico esquizofrénico, la influencia de lo leído. Cuando leí a Robert Van Gulick, el diplomático y novelista, no el filósofo de Syracuse University, me impresionaron dos cosas de sus novelas sobre el Juez Ti: una, que nunca usa más de quince personajes importantes en sus narraciones porque, según dijo por ahí, a diferencia de los chinos que pueden retener a un ciento, los occidentales no podemos hacerlo. Quizá tenga razón y he tratado de seguir su consejo. La segunda, que en The Haunted Monastery (1961) la trama es semejante (de ninguna manera igual) que la de El nombre de la rosa (1980) de Umberto Eco, sin que con esta observación quiera siquiera insinuar que este último haya copiado a Van Gulick. Pero las influencias son influencias, a veces sin que sean conscientes.

Dan Brown me influyó en un sentido positivo y en otro negativo. Cuando terminé de leer Ángeles y demonios me dije que si alguna vez escribía una novela mis personajes no serían como los de él, con atributos tan extraordinarios como increíbles. No es el caso en El código Da Vinci .

A Archer y Forsyth, de la misma manera que a otros muchos autores que no menciono, les debo mi admiración por sus novelas políticas y de intriga que me atraparon desde la primera hasta la última página, no sólo por la calidad de sus textos sino porque abordan temas que han sido de mi interés politológico desde hace más de cuarenta años. Se les critica en ciertos círculos que sean autores de best sellers . En México también se criticó por lo mismo a Spota. A mí me gustan los best sellers , y no me molestaría, sino al contrario, lograr uno entre mis libros, y no lo digo por las regalías, pues con frecuencia no las cobro (no vivo de ellas). Lo más que he logrado, hasta ahora, fueron doce ediciones de uno de mis libros, y curiosamente se trató de un libro académico sobre política mexicana. Otro de ellos, más reciente, ha sido publicado en Francia y en Portugal, quizá por el interés que suscitó en esos países, pero tampoco podría decir que esos libros son best sellers, ni lo pretendí, pues son textos que, comparados con una novela, son aburridos para un lector común no interesado en la política desde una óptica científica.

AR : En el libro hay un dicho de un personaje: “No entiendo que las organizaciones de ultraderecha y de la izquierda comunista coincidan”. Por supuesto esto me recuerda sus sendos libros acerca de las derechas y las izquierdas en el mundo. En ese sentido, ¿en qué puntos se tocan y coinciden ultraizquierda y ultraderecha, izquierda y derecha?

ORA : Las ultras coinciden en varios aspectos. Las organizaciones de ultraderecha y de ultraizquierda en Europa coinciden por ejemplo en su nacionalismo y por su oposición a la globalización neoliberal, pero difieren sustancialmente en la orientación de sus discursos. Las primeras son xenófobas y racistas, las segundas no.

En los libros que usted menciona hablo de izquierdas y derechas, así en plural, y lo mismo de las ultraderechas y ultraizquierdas. Esto fue deliberado, pues una de las cosas que pude comprobar es que no son iguales ni en el tiempo ni en el espacio, a veces ni siquiera en un solo país. Es por esto que se tocan en varios aspectos y se diferencian en otros. No se puede establecer una taxonomía para todas ni clasificarlas por sus comunes denominadores porque, repito, cambian de lugar a lugar y de momento a otro momento, pese a sus semejanzas y características distintivas. Cuando relativizamos los conceptos encontramos que si digo que la ultraderecha es intolerante por definición tengo que reconocer que la izquierda en el poder también ha sido intolerante y mucho (vea el caso de la URSS , o el de Camboya, para sólo poner dos ejemplos).

El caso al que me refiero en la novela, y que usted cita, está referido al nacionalismo de los izquierdistas franceses y de los ultraderechistas también franceses, que suele repetirse en otros países de Europa.

AR : Como dice usted, “la organización” intenta apoderarse del mundo, lo que da pie a una interesante discusión de los personajes, en los que salen a relucir los nombres de grandes teóricos como Miliband, Poulantzas, Domhoff y Van Der Pijl, por ejemplo. Para usted, ¿quién gobierna el mundo, especialmente en las democracias?

ORA : Las grandes corporaciones empresariales. Doscientas de estas empresas dominan la economía mundial, y si dominan de alguna manera gobiernan, aunque no lo hagan directamente. “La organización” lo intenta, y por eso es importante para Michel Furet y Kristina Callesen, mis personajes centrales.

AR : Hay un personaje que dice: “Los grandes ya tienen el poder, ¿para qué formar organizaciones secretas?”. Tomando en cuenta esto, ¿usted considera que a nivel internacional, o incluso al nacional, exista una criptocracia?

ORA : Criptocracia quiere decir algo así como poder oculto, y suele asignarse el concepto a los grupos secretos que tienen o participan del poder. De alguna forma ya mencioné esto en alguna pregunta anterior, pero sí, en efecto, dentro de cada estructura de poder hay grupos, si no secretos sí privados que no están interesados en ser conocidos públicamente y menos como grupo. En cualquier lugar donde haya estructuras jerárquicas y por lo tanto de poder hay unos que dirigen y otros que quisieran hacerlo pero no lo logran. Unos se identifican entre sí, y otros participan de manera ingenua creyendo que también toman decisiones y que son importantes. Hay, pues, poderes ocultos, por lo menos para la mayoría de los que no los tienen. En los partidos hay grupos y dentro de esos grupos hay quienes tienen identificaciones muy estrechas y quienes no. En los clubes ocurre lo mismo, en las asociaciones de barrio, etcétera, también. En la economía mundial ocurre exactamente lo mismo: unos dictan y mandan, y otros son comparsas aunque no se den cuenta. Vea usted Davos, por ejemplo. ¿Usted cree que el representante de México, sea o no presidente del país, tiene la misma influencia que los presidentes del Grupo de los Siete (G-7)? Yo creo que no, sin embargo todos se reúnen dizque abiertamente en discusiones supuestamente horizontales, para tomar decisiones que ya fueron tomadas de antemano por quienes tienen el pandero en la mano.

AR : ¿De alguna manera resulta legítimo que existan sociedades secretas en la democracia?

ORA : No lo sé. Quizá la pregunta deba ser otra: ¿Se puede evitar que existan sociedades secretas en la democracia? Y la respuesta es NO. Si son secretas, no se conocen y si se presume su existencia ¿cómo prohibirlas y con qué argumentos si todo mundo, en las democracias consolidadas, tiene derecho a organizarse o a formar parte de una organización? Recientemente, con motivo de las luchas contra el terrorismo, real o supuesto, en Gran Bretaña, por ejemplo, se han dictado leyes que prohíben la existencia de ciertas organizaciones que atentan contra las instituciones y la seguridad nacional, tanto por su discurso como por sus acciones. En Estados Unidos la Primera Enmienda de la Constitución impide hacer lo mismo que en Gran Bretaña, pero se hace mediante otros mecanismos. Sin embargo en EUA y en GB existen organizaciones secretas y semisecretas que están en contra del gobierno, de los grandes capitalistas y de los judíos, son organizaciones neonazis que siguen existiendo. Una vez más, no creo pertinente generalizar.

AR : Como muchas veces se ha dicho, en la democracia existen poderes ocultos que tienen que actuar públicamente para alcanzar sus fines. ¿Cuáles son los principales que usted podría mencionarnos?

ORA : Oculto, lo que puede llamarse oculto con rigor, no creo que realmente exista. El periodismo de investigación y las filtraciones deliberadas de alguna “garganta profunda”, existen, de otra manera no nos explicaríamos el Watergate y tantos otros escándalos de “poderes ocultos” que hemos conocido. Pero en el fondo todos queremos creer que hay poderes ocultos, pues esto hace más interesante la política; y los partidarios de las teorías de la conspiración se han encargado de “insinuar” que existen esos poderes ocultos. Para mí, sin ser partidario de estas teorías, el tema me parece muy útil para una novela de misterio e intrigas políticas. Un asesinato será más atractivo para el público si tiene contenido político o si involucra a un político, igual si se dio en el siglo VII en China que en la Edad Media en Europa o el año pasado en Estados Unidos o en Francia. Ha sido un tema muy explotado en la literatura de ficción y suspense , y seguirá siéndolo, incluso con supuestos extraterrestres si es necesario.

AR : ¿Ha pensado en escribir otra novela?

ORA : Que estoy muy contento de haber logrado una novela, tanto que estoy intentando escribir otra en mis ratos libres, entre mis investigaciones académicas y mis clases universitarias. ¿Cómo será recibida mi novela? No lo sé. Lo que sí sé es que no pertenezco a ningún grupo de elogios mutuos y que, por lo mismo, seré ninguneado por muchos de LOS ESCRITORES, así con mayúsculas, que consideran que la literatura sólo es lenguaje y mensaje mágico o social políticamente correcto en el que los personajes son y tienen que ser trágicos en algún sentido, como trágico es el mundo que vivimos. Debo confesar que a lo largo de mi vida he disfrutado muchísimo leer novelas, pero nada comparado con escribir por ahora una. Es realmente un gusto, una satisfacción y un sentimiento de libertad inigualable.

Y también quiero agregar que le agradezco la entrevista y que me dio alegría que a usted lo atrapara y le interesara.

Los intelectuales del sistema

Octavio Rodríguez Araujo

El 30 de julio de 1988 Héctor Aguilar Camín escribió en La Jornada que las elecciones de ese año habían sido las "menos inventadas de mucho tiempo... las más limpias... las más verdaderas". Raúl Trejo Delarbre, Rolando Cordera y Arnaldo Córdova no coincidieron en que hubiera habido fraude puesto que las pruebas presentadas por la oposición, a su juicio, no eran suficientes (declaraciones en el semanario Punto, 18 y 25 de julio y 1º de agosto de 1988).

El 3 de agosto de 2006, en un desplegado publicado en Reforma en supuesta defensa de "las instituciones de nuestra democracia", Aguilar Camín y Trejo Delarbre, entre otros, dictaminaron, antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no hubo fraude y que la elección fue ejemplar. A esta pléyade de abajofirmantes, justo es decir, no se sumaron Rolando Cordera ni Arnaldo Córdova antes mencionados...

La única explicación que encuentro para que firmaran ese desplegado es su posición en contra de López Obrador, y estarían en su derecho de expresarla. Mejor hubiera sido que así lo hubieran dicho y no que trataran de defender a "las instituciones de nuestra democracia" como si éstas fueran entidades manejadas por robots autoprogramados y no por personas de carne y hueso con relaciones e intereses de diversa índole...

Dejemos los eufemismos. Lo que está en juego es la continuidad de una ideología de gobierno que ha favorecido, como nunca antes, a determinados grupos de interés sin importar sus consecuencias en la mayoría de la población o, por otro lado, una revisión de esas formas de ejercicio del poder para que también sean tomados en cuenta la soberanía y los pobres del país. Una vez más, como en 1910, la lucha es entre los defensores del régimen de privilegios y los que quieren acabar con éstos o, al menos, disminuirlos a niveles legítimos, legales y más o menos éticos (no soy puritano). Los intelectuales, dicho sea de paso, somos privilegiados, y los académicos reconocidos aún más. Somos tan privilegiados que nadie nos amenaza por nuestras posiciones políticas o ideología, ni siquiera en instituciones de educación superior privadas donde trabajan por igual lopezobradoristas y calderonistas.

Entiendo también que el Consejo Coordinador Empresarial, los beneficiados por el Fobaproa-IPAB, los Legionarios de Cristo, los miembros de El Yunque y Felipe Calderón estén en contra de que pueda ganar López Obrador y que, por lo tanto, se opongan a que se cuenten los votos y se revise el proceso electoral en su conjunto. Entiendo que defiendan a Ugalde y a sus cómplices, pues cumplieron su papel subordinado al levantarle la mano a Calderón en lugar de respetar, ellos sí, a la institución a la que todavía pertenecen y que no tiene esa atribución reservada para el TE PJF. Entiendo muchas cosas, sí, pero no la defensa de "las instituciones de nuestra democracia", que no es sólo de ellos, sino también de la oposición con la que, obviamente, no están.