Chihuahua: de los rarámuri

Georgina Luna Parra

A muy pocos parece interesarles qué significa ser indio, vivir su vida y su cultura, padecer sus afanes y gozar sus ilusiones. Esto nos impide ser el país que debemos ser.

Guillermo Bonfil

“Rayenari, tú eres el padre, te reverenciamos cuando apareces en el horizonte; con todo tu poder, luz y calor llenas de brillo el mundo. Ya se ha ido a descansar nuestra madre, la luna Metsaka, que es blanca y pura. Por eso sacrificamos gallos blancos, borregas blancas, chivos blancos, vacas blancas y haremos el ‘Tonári’. Cuando hay que hacer las ceremonias, aparece un niño bajando del cielo y pide que lo veneremos. No se vaya a enojar el sol, se desplomará y nos apachurrará a todos, o habrá sequía porque no deja el agua caer y tendremos hambre. Con la ‘tesguinada’ haremos la fiesta. En la noche, en medio del bosque, llevaremos a los cielos nuestra oración elevados con el hermano ‘peyote’ y, sonarán los tambores con la fuerza del Tarahumara. Cuando empiece a brillar el sol, nuestro padre, regaremos con plumas de ave el tesguino, para limpiar todo y honrarle. El lucero de la mañana ‘Chirisópori’, aparece, y con su presencia avisa que hay que cantar y bailar.”

Las mujeres se juntarán en un círculo, hay una fogata en el centro. Están hincadas y con la frente pegada al suelo. Un rarámuri empieza los toques misteriosos y místicos del tambor. Levantan su cuerpo y quedan en cuclillas y se canta el Yúmare o Paloma. Repite por un grupo de voces tres veces Yúmare, Yúmare, Yúmare y el último Yumaréee... Se van uniendo otras en la misma melodía tiste y fervorosa en un tono más alto y otro grupo, en otro más agudo aún. El tambor dar un toque final y empieza la danza. Se ponen de pie y al compás de tan tan, tan tan, taca-taca, tan tan, hacen cuatro pasos fuertes en su lugar y con otros seis siguientes avanzan. Las coreografías son mandála. Dibujan en el suelo una rueda, el sol; después una estrella, cruzándose velozmente para hacer los picos, otra rueda que deshace la estrella y forma la luna, entonces quedan hincadas en un círculo que es el sol, y cantan el final del Yúmare. A la luna, que es la madre, le piden por sus familias, sus hijos, su cosecha para comer suficiente, por sus borregos para hilar su lana y hacer sus cobijas. Que los proteja de los teregatigame o seres del inframundo o evítare, especie de lodo que es mierda.

Porque hay seres en su mitología acuáticos, atmosféricos, que habitan en los bosques o en las cuevas. Las goreínakas, o estrellas fugaces, son premonitorias, el canto del búho les suena a muerte. Los seres imaginarios pueden también parecer humanos. Para proteger a los niños les hacen collares con trocitos de palo mulato. Los brujos malos sukurúames, causan penas o enfermedades. Los curanderos o sacerdotes huellean al mal con sueños de gran poder mágico. Enormes gigantes habitan también en las montañas y se alimentan de los niños. Las víboras son seres de culto, pues algunas son seres cosmogónicos que se transforman en ellas. Los sabios los reconocen y les hablan, a ellos no los pican.

La sukiki es una piedra que tiene vida. Es blanca, ovalada, con labios rojos y vuela. Esa no les hace nada a los chabochis o blancos, sólo a los tarahumaras. También sólo ellos ven las cosas sobrenaturales y las conocen. Así como la naturaleza, con la que conviven. Saben todo de los astros, de la fauna, de la flora y de los fenómenos naturales.

Mantienen los rarámuris un perfecto equilibrio con el cosmos, la naturaleza y las relaciones con los otros seres humanos.

Su alimento cotidiano es el maíz, frijol y legumbres, casi todas silvestres. El pescado, que también acostumbran, lo encuentran en los lagos y ríos. Pero, para que no sufran, ponen en el agua una yerba que los duerme y entonces los recogen con sus redes. Comen carne sólo en sus ritos y ceremonias.

Es insólito que este grupo humano aún en el siglo XXI viva en esta ignota armonía, con una lengua en la que no existe ninguna palabra agresiva y que en sus aspiraciones no esté la codicia. ¿Sería posible que les aprendiéramos algo de su manera de vivir? ¿Podríamos realizar un cambio cultural en este mundo moderno y enajenante, y obtener esa plenitud de paz y armonía?

¿Será esa la felicidad?

Texto incluido en el libro Jirones de México, de la autora

El derecho de ser indígena

Otra vez los indios. Y nuevamente con aire de tragedia, que es por lo visto lo que le espolea los sentimientos a la sociedad mayoritaria mexicana, a pesar de lo abrumada que la tiene hoy la odiosa guerra del presidente y sus subordinados contra el extremadamente bien organizado crimen organizado. Es un alivio ver que todavía reaccionamos ante el dolor ajeno. Pero damos señales preocupantes de que la sociedad mayoritaria no ha aprendido la lección. La presunta o real hambruna en comunidades rarámuri de la Tarahumara (no peor que en años anteriores, pero ahora resulta que nos enteramos) ha despertado sentimientos humanitarios, así como tácitos sentimientos de culpa (justificada, sin duda) de nuestra sociedad dominante (que no única, aunque sí fatalmente subdividida en clases, donde los indios serían la última).

No hemos aprendido que los pueblos indios son otra cosa y lo seguirán siendo. Ni clase, ni casta. Troncos y ramas, maltratados pero vivos, de una civilización que no es la nuestra, y que nos la pasamos cosificando y negando con estadísticas desesperadamente mentirosas o arrebatos de lástima. En el fondo, les tenemos miedo. Lo tuvieron los caxlanes en Chiapas mucho antes del levantamiento zapatista. Lo tienen hoy los chihuahuenses urbanos que quieren ver a los tarahumaras como meros indigentes. Nuestro inconsciente (la mala conciencia) sabe que esos indios son príncipes en una dimensión de dignidad que nuestra sociedad desconoce.

Antonin Artaud, Fernando Benítez, Carlos Montemayor y El Ronco Robles, S. J., deben estarse revolcando en la tumba ante el espectacular Teletón de todos contra todos en que se han convertido las desventuras del pueblo rarámuri, cuya intensidad espiritual y vital deslumbra a quienes han tenido el privilegio de intuirla. No nuestros políticos, ciertamente. Repitiendo el invariable guión de la doctrina del poder, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, lo expresa bien. Es cosa de proporcionarles oportunidades para que salgan del atraso. Lo dicho: no hemos entendido nada. Y si hubo un poco, se nos olvidó.

Los pueblos indios no necesitan oportunidades; tienen y demandan derechos. Primero, los elementales de todo mexicano. Y luego los específicos de su ser pueblos originarios, con lenguas, territorios y estructuras colectivas y comunitarias de organización. Justamente lo contrario del funcionamiento social bajo el capitalismo; éste creció convencido de que la Tierra pertenece a cada generación presente, que puede disponer de ella como sea, conquistarla, transformarla, exprimirla, arrasarla. La creencia devino fanática y a todas luces suicida (una más de sus múltiples similitudes con el fascismo). Para la civilización indígena, la Tierra no es pertenencia, sino don. Y una responsabilidad ante los nietos que vendrán. En esto los pueblos no fueron reducidos. Tan es así que de ahí nacen sus resistencias, y nos resultan incomprensibles. Qué, ¿no quieren vivir mejor? Pues no. Sólo quieren vivir bien, y su idea del buen vivir no es la nuestra, señor Ferrari.

Admitámoslo, más que lástima o miedo, los pueblos indios nos dan envidia. No contentos con lo que tenemos, mucho de lo cual se lo hemos quitado a ellos, queremos lo suyo: tierras, aguas, selvas, playas, desiertos. Queremos extraerle plusvalía, aprovecharlo bien, no como ellos, tan atrasados y faltos de visión que no ven el potencial: minerales, centros turísticos, grandes plantaciones de palma africana y maíz transgénico, autopistas, hidroeléctricas. Puro progreso.

Tras décadas de exprimir nuestro mexicano cuerno de la abundancia, descubrimos que la única cornucopia que queda se encuentra en manos de la indiada: los mejores paisajes, la naturaleza en estado natural (¡qué cosa!), las relaciones armónicas con el medio ambiente, los ríos verdaderos, los bosques, las cuevas. Démosles entonces oportunidades: ser cuidacoches y recamareras en sus tierras, o migrantes, mendigos, fantasmas atrapados en suburbios, maquiladoras y ciudades rurales. Robémosles una vez más sus derechos. Con violencia, con la ley (nuestra) en la mano. El resto es filantropía.

Ernesto Zedillo, el genocida de cuello blanco, fiel a su naturaleza, traicionó los acuerdos firmados en San Andrés. Hubieran sentado un precedente, el único posible, contra la avalancha de reformas estructurales que desde 1989 han sepultado en la legislación mexicana cualquier vocación social que irrite a los mercados. Pero los pueblos se otorgan hoy los derechos que les negamos. Y eso es nuevo, único otra vez. Se gobiernan, son guardianes de sí mismos y de la Tierra. O sea, no agarran la onda.

Preguntemos a esos tarahumaritas que tanto nos duelen qué se fizieron sus bosques, montañas, manantiales, barrancas. Producen toneladas de madera (y mariguana). Les robamos los paisajes y el oro. Y nos sorprende su hambre. Las oportunidades son en realidad para los chabochi, que necesitamos borrarlos para medrar allí sin llenadera.

En la Tarahumara, Peña Nieto y la operación cinismo

Con el joven precandidato y de “ideas nuevas” Enrique Peña Nieto se reeditó puntual una de las prácticas más viejas y deleznables del priismo: el acarreo. En la Sierra Tarahumara, este recurso cobra dimensiones todavía más abyectas porque carga con los indígenas de la zona, atribulados hoy por la sequía y las muertes por desnutrición, engañados con desparpajo y condicionados con el cuento de la entrega de despensas y de “ayudas” que casi nunca llegan…

MARCELA TURATI

CHIHUAHUA, CHIH. (Proceso).- El rarámuri Alberto Ramos se lamenta porque durante el ciclo pasado no se logró la cosecha y el gobierno estatal no ha enviado despensas a Carichí, su municipio. No obstante, el sábado 7 el mismo

gobierno sí se acordó de sus habitantes y les mandó unos autobuses para llevarlos de paseo. Él tomó un asiento, al igual que una treintena más de vecinos de su comunidad. Creyó que los traerían a esta ciudad para recoger comida, pero cuando se bajó del camión encontró que ríos de personas bajaban de otros autobuses y eran concentrados en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

“Nosotros nomás nos venimos, la coordinadora estatal nos trajo, no sabemos ni a qué. Despensa no dieron”, dijo el indígena de Chinéachi el domingo 8, al salir de entre el gentío, cuando estaba esperando a que el chofer del autobús de Transportes Ballezanos arrancara para llevarlo de regreso a su poblado. Sin despensa ni nada, pese a que en su comunidad –dice– dos personas han muerto por desnutrición, no sabe si provocada por la sequía.

Al pie de otro de los más de 130 autobuses estacionados alrededor del gimnasio más grande de Chihuahua, el ciríame (gobernador rarámuri) de Cieneguita de la Sinforosa, municipio de Guachochi, Francisco Mariano González, tampoco entiende a honras de qué les extendieron la invitación para viajar a Chihuahua –más de seis horas de camino– y se pregunta: “¿Pos por qué nos traerían? No han explicado nada. Nos traerían a oír esas pláticas que nos echaron ahorita”.

Las “pláticas” a las que se refiere Francisco son los discursos cargados de loas que se lanzaron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el presidente estatal de ese partido, Leonel De la Rosa; el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Esto ocurrió en el acto de toma de protesta a los comités municipales y seccionales de su partido, que más parecía acto de arranque de campaña donde salieron a relucir las viejas mañas del acarreo.

Al gimnasio, en donde se realizan conciertos y partidos de basquetbol, llegaron al menos 12 camiones cargados de rarámuris traídos de la sierra que, como Francisco o Alberto, no sabían de qué trataba ese acto partidista. En éste participaron funcionarios públicos, políticos en funciones y jubilados, diputados, senadores, exgobernadores y alcaldes uniformados de rojo, donde Duarte destacaba con su chaqueta verde que combinaba con la roja del precandidato.

“Viene la gente a ver qué dan. Agarramos camión. Lo mandó Arturo; el miércoles fue a avisar que juntara a la gente y vinimos”, explicó José Albino, otro ciríame de Carichí, vestido a la usanza tradicional con su paliacate como banda en la cabeza y su camisa de manta.

–¿Y les dieron algo?

–No…. nada.

Los oradores del acto se cuidaron de referirse al exgobernador mexiquense como el precandidato. La excusa para su visita fue la invitación como “testigo de honor” a la toma de protesta de la estructura que operará su campaña.

En los discursos, siempre rematados con abrazos entre los halagados, se escucharon varias menciones del respeto del partido y del mismo Peña Nieto a la legalidad, a las reglas del juego, al dictamen del IFE que les impidió hacer actos de campaña prematuros hasta ser nombrado oficialmente “el candidato”.

En el gimnasio se mostraba el músculo del partido ordenado por sectores corporativos: la CTM, el Frente Juvenil, las estructuras seccionales, la CNC, la CNOP y los indígenas serranos. Estos últimos, como pudo constatar Proceso, acarreados por la Coordinación Estatal de la Tarahumara (conocida como la coordinadora), el órgano de gobierno encargado de repartir despensas para paliar la hambruna que comienza a presentarse por las heladas y la sequía que acabaron con toda la cosecha (Proceso 1836).

Otra vez operó el aparato de Estado, ahora al servicio del precandidato. A la vista quedó el descarado uso del hambre con fines electorales.

“Siempre aquí andamos, siempre; a veces dan cobija, a veces dan dinero, ahora no han dicho”, dijo al final del acto el rarámuri Valentín Jiménez García, traído desde Chinatú, en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo (donde Chihuahua colinda con Sinaloa y Durango).

La plana mayor priista ya estaba en La Casona agasajando al candidato. Al llegar a la céntrica casa colonial resguardada por hombres armados, Peña Nieto intentó saludar a los ciudadanos que paseaban en el bazar dominical de antigüedades ubicado en la acera de enfrente, hasta que una brava mujer le gritó: “No lo queremos aquí, mejor póngase a leer libros”. El abanderado sólo atinó a responder: “No me diga eso, señora”.

Al servicio del candidato

El miércoles 4, en sus oficinas en Creel, Jesús Escárcega –encargado de operaciones de la Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET) en los municipios de Creel, Bocoyna, Maguarichi, y en parte de Urique y Guachochi– comentó a Proceso acerca de las despensas que por la crisis alimentaria eran repartidas en la sierra; también se refirió a las becas para los niños de los albergues escolares. A media entrevista realizó una llamada a su colega de Carichí, Manuel Raúl González, para saber si el gobernador Duarte repartiría despensas en ese municipio al día siguiente.

Charlaron un rato y el funcionario le preguntó a su colega: “¿Tú cuántos camiones llevas?… Yo dos… ¿Cómo le vas a hacer con el dinero?… Hay posibilidades de que se vayan el sábado ¿verdad?, porque ya sabes cómo se llena, cómo se pone, no hay lugar, cada quien por su lado… Bueno, pues ahí estamos en contacto, Manuel”. Se referían a la operación acarreo para el mitin camuflado del siguiente domingo.

En cuanto Escárcega colgó le dijo a esta reportera, como consta en la grabación: “Dice que el gobernador estos días ya no sale porque tiene que organizar la visita del candidato Peña Nieto”.

–¿Y los camiones que van a llevar son para eso? –se le preguntó.

–Vamos a llevar una poquita de gente para que acudan, que vea la presencia del indígena y le suelten más (dinero) para la sierra porque ya ve la situación.

–Pero todavía ni es candidato… –se le recordó.

Con una risa nerviosa dijo: “Así es”. Trató entonces de disimular. Mencionó que el comité estatal del PRI pondría los camiones pero que seguramente no llegarían hasta la sierra, porque, quiso justificar, “ya ve que está muy lejos”.

Pese a su dicho, los camiones sí llegaron y los rarámuris que esperaban despensas fueron subidos a ellos y acarreados al acto con el precandidato. En algunos pueblos, como en Chinatú, mucha gente quiso subir pero no tuvo asiento; pensaban que el viaje sería para recoger despensas, según relató la gente llegada de Chinéachi.

Afuera del gimnasio diversos funcionarios de la Coordinadora Estatal estuvieron el domingo supervisando el acarreo.

Proceso constató que uno de los 12 autobuses Ballezanos llenos de indígenas era liderado por el funcionario Arturo Mendoza, empleado de la CET con base en el municipio de Cuauhtémoc. Cuando la reportera le preguntó qué hacía, explicó que a él le tocó conseguir 52 personas para llevar al acto, pero no supo o no quiso decir quién pagó el transporte.

“Yo no supe ni qué rollo ni nada, yo sólo los invité. A mí me dijeron que debía invitar a unos indígenas, no sé quién me habló, imagino que sería alguien del partido. Quería que los viera (Peña Nieto) porque son indígenas que no han perdido sus tradiciones, su vestimenta indígena”, explicó.

El ciríame José Albino dijo que la invitación corrió por parte de la coordinadora. Su colega Francisco Mariano de Sinforosa dijo que un empleado de la coordinadora llegó hasta su casa a pedirle que juntara a su gente.

La única indígena entrevistada que sí entendió que viajarían para ver al candidato, bajo el patrocinio del PRI estatal, fue Luz Elena Villalobos, gobernadora de la comunidad La Cañada, municipio de Bocoyna, quien dijo: “Nos invitó un señor de Bocoyna, del partido, y pues nosotros aprovechamos que nos invitan a conocer al candidato. Pero hasta que sea algo vamos a decirle que nos apoye con herramienta porque mucha gente no tiene, ahorita nada más es candidato”.

La mujer dijo que por el hambre tienen prometido recibir despensas a fin de mes. Pero la crisis es tal que ya convocó a su comunidad a tocar violín y tambores, bailar y cantar, a la usanza de sus ancestros, para que Onorúame (Dios-Padre) se contente.

“Onorúame se enoja porque ya no cantamos en nuestra comunidad, por las faltas de respeto, tal vez por eso nos falta la lluvia, la nieve, las enfermedades del bosque, se acaba el alimento, porque no cumplimos con lo que él nos encargó de danzar, tocar, hacer la ceremonia que hacían los antepasados porque es el Dios-Padre que nos dio la tierra, la naturaleza. Él dice ‘ustedes se están alejando, yo también’. Por eso en la fiesta le platicamos a Onorúame nuestras necesidades”, explica desde el primer asiento del autobús la mujer de cabellos largos canosos.

El camión hacía fila entre decenas que, amontonados, esperaban su turno de salida del estacionamiento. El embudo se hizo porque cada uno tenía que estacionarse unos minutos para recibir comida dispuesta en platos desechables y sus respectivas latas de coca para que los pasajeros aguantaran el camino de regreso.

Al acto de presentación del precandidato también acudieron rarámuris encargados de entregar despensas por la sierra con el logotipo del gobierno del estado “Chihuahua Vive”.

Ante esta situación, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), dice a este semanario: “Si eso gastan sin ser la campaña, cuando todavía es ilegal, ya imagino lo que van a gastar durante la campaña: puro dinero del pueblo. Y así quieren lavarse la conciencia trayéndole comida a los indígenas”.

En su pasada edición, Proceso publicó que este año azota una crisis alimentaria sin precedente en la Sierra Tarahumara, a causa de las condiciones climatológicas atípicas que mataron toda cosecha de maíz y frijol de temporal, las matas de mariguana, y acabaron con los pastizales para la alimentación del ganado. El gobierno del estado y las organizaciones sociales que atienden la emergencia calculan que 250 mil personas tendrán que ser alimentadas desde ahora y hasta octubre próximo porque se quedaron sin comida. En algunas comunidades ya se han registrado decesos por la desnutrición.

Recortes

La CET es una dependencia creada durante la administración de Fernando Baeza (en la década de los noventa) para coordinar las acciones de gobierno dedicadas a mejorar la vida de los serranos y atender a los pueblos indígenas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez, cuando terminó envuelta en escándalos de corrupción, comenzó su desmantelamiento hasta quedar en lo que es hoy: la repartidora oficial de despensas y cobijas, según la calificó el exdiputado perredista Víctor Quintana.

“La coordinadora este sexenio sobre todo está muy por debajo de las exigencias y muy politizada. Reparte despensas y ahora construye viviendas de dos cuartitos. No integra la política social, y de repartidora de despensas ahora será promotora del voto”, opinó.

Según el analista político Alejandro Salmón, de 2011 a 2012 se le redujo el presupuesto en 24%. Una fundación donataria que otorga apoyos a las organizaciones serranas informó a Proceso que recortó las becas de alimentación que recibían los albergues infantiles a pesar de que, en esa región, son indispensables ya que muchos indígenas comen únicamente en la escuela; cuando salen de vacaciones se desnutren.

El vocal ejecutivo de la CET es Jesús Velázquez, un polémico amigo del gobernador, conocido nacionalmente como “el alcalde actor”, a raíz de su participación en películas sobre narcotraficantes, como La Ram blanca, La manzana de la discordia y Plomo en la sierra, financiadas con el erario cuando él era alcalde del municipio de Guadalupe y Calvo –municipio famoso por el turismo, la madera, la agricultura y las narcosiembras.

En Plomo en la sierra protagonizó a un campesino que pierde a su familia por culpa del Ejército; progresa hasta convertirse en cultivador y transportador de droga, hasta que llega a vengarse (con armas largas) de sus opresores.

Durante su administración fue sancionado por tener familiares en la nómina. Posteriormente se hizo diputado local y destacó por ser el priista que menos veces subió a la tribuna. Aun así, este empresario maderero del sur del estado fue elegido para formar parte del gabinete duartista.

Una de sus primeras y más polémicas acciones fue trasladar la sede de la coordinadora a Guachochi, al sur del estado, que a pesar de estar en la Sierra Tarahumara no es de fácil acceso para todos los serranos, como lo eran las oficinas en Chihuahua. Con el cambio se redujo el número de empleados y se acortó más el presupuesto.

“La coordinación perdió sus orígenes que eran prestar servicio a las comunidades y coordinar a todos los que trabajan en la sierra. Este sexenio, como el anterior, el papel que juega la coordinación es de apoyo político y manejo de votos en la sierra. De la noche a la mañana corrieron a gente cercana a los indígenas y empezaron a poner a gente cercana a los procesos políticos y partidistas”, señaló el jesuita Ávila, con 37 años de trabajo en la sierra y cofundador de la coordinadora.

La explicación que el gobierno dio para justificar el cambio de sede es que se trata de acercarse a la gente. Para Salmón es obvio que desde ahí se operará electoralmente para recuperar el voto serrano hacia el PRI, debido a que por primera vez los municipios serranos fueron ganados por el PAN.

“El PAN ganó 24 municipios (de 67), la mayoría en zona rural, lo que es inédito. Hubo mucha operación del gobierno federal a través de Diconsa, Sagarpa y Oportunidades para arrebatarle al PRI el voto verde. El traslado de la coordinadora a Guachochi, aunque el gobernador dice que es para estar cerca de los indígenas, es para pasar a la sierra esta oficina que ya no tiene razón de ser porque se quedó sin funciones y se convirtió en el centro político-electoral. Estando allá (a dos horas en vuelo desde la capital) los periodistas difícilmente podremos vigilarla”, dijo Salmón.

El exvocal ejecutivo de la CET y actual gerente regional de Diconsa Norte-Centro, Pedro Pérez Mata, lamentó que en los últimos años esa dependencia perdió presencia en las comunidades y abandonó algunos programas.

Sobre el posible uso electoral de este organismo opinó que el voto indígena es relativamente pequeño en el estado, por lo que la coordinadora no puede ser factor decisivo para ganar unas elecciones; sin embargo, considera que puede intentar manipular a los líderes indígenas porque ha habido críticas de que “los trae de arriba pa’ bajo” en sus actos. Si quisiera su voto, apunta, podría obtenerlo condicionándoles el apoyo.

Aunque se intentó entrevistar a Velázquez sobre los señalamientos y las evidencias del acarreo de la coordinación al acto del precandidato, hasta el cierre de la edición no se había reportado a las llamadas de la reportera.

Guerreras mapuches

CRISTINA L’HOMME

LA UNIÓN, CHILE (Proceso Especial 35).- Jamás se había visto en las calles de La Unión a un centenar de mapuches huilliches encabezados por tres machis (chamanes), vestidos con ropa tradicional, manifestándose bajo una lluvia fuerte y helada. El 17 de agosto de 2011 llegaron a esta ciudad sureña para expresarle a Eduardo Hölck, gobernador regional, su oposición a que la compañía eléctrica Pilmaiquén construya otra presa. La obra inundará su territorio, que es sagrado.

Primero el gobernador se escudó tras un grupo de carabineros para impedir que los indígenas se metieran a sus oficinas. Pero acabó por ceder y tuvo que recibir al Consejo Mapuche. Les advirtió que legalmente no había nada que hacer porque la decisión de construir ésta y otras tres presas en la zona fue tomada en 2008, meses antes de que Chile ratificara el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que reconoce a los pueblos autóctonos el derecho de ejercer la soberanía en su territorio.

Entre los machis destaca una mujer: Millaray Huichalaf. Es una madre de 22 años que ante todo lucha contra “una política que valora la riqueza cultural del país sólo en los discursos y en la práctica pretende eliminar inexorablemente la cultura mapuche”, explica a la reportera.

Prescindir de la cultura de casi 1 millón de mapuches ha sido una constante de todos los gobiernos desde hace más de un siglo. En 1993, durante la presidencia de Eduardo Frei, los mapuches pehuenches fueron desplazados de la región de Biobío. Las tierras expropiadas se entregaron a Endesa —empresa chileno-española de producción de energía— para que construyera la presa Ralco.

Con la prohibición y estigmatización por parte de las autoridades chilenas, la cultura del pueblo mapuche y el mapudungún, su lengua, estuvieron a punto de desaparecer.

Durante mucho tiempo ser mapuche fue una vergüenza. Los terratenientes de esa región sureña son descendientes de alemanes que empezaron a llegar a Chile a finales del siglo XIX. Igual que sus ancestros, tienen una imagen negativa del pueblo mapuche: “Son incultos, primitivos, perezosos. Se la pasan bebiendo todo el día. No merecen la tierra porque no saben cultivarla”.

Pero desde hace 10 años los mapuches cambiaron la situación al afirmar su identidad y cultura. Hoy se sienten orgullosos de ser lo que son y decidieron reconstruir la nación mapuche. Se muestran firmemente decididos a recuperar sus tierras sagradas. Y vuelven a hablar y valorar su idioma.

Por eso se movilizaron en julio de 2011, cuando Juan Heriberto Ortiz, carabinero jubilado, representante de la Iglesia Evangélica Pentecostal y dueño de las tierras donde se hallan el cementerio y el centro ceremonial sagrado mapuche de Osorno, autorizó que la compañía Pilmaiquén talara robles centenarios para levantar la presa.

“¿Qué dirían los obispos si se inundara una de sus catedrales sagradas para construir una presa?”, pregunta Millaray.

Pilmaiquén quiso “comprar” a los mapuches. Un ingeniero de la empresa hizo hasta lo imposible por arrancarles autorización para construir la presa. Les prometió que bajaría el costo de la luz y que habría muchas fuentes de trabajo. El texto que debían firmar los mapuches era tan enredado que resultaba difícil entender qué implicaba la inundación de su territorio sagrado.

La toma de conciencia llegó demasiado tarde. Los directivos de Pilmaiquén están conscientes del hecho; por eso intentan actuar lo más rápido posible aprovechando la falta de información que impera en las comunidades implicadas.

Ante tantos engaños brotó el coraje de los mapuches de Mantilhue, El Roble y Maihue. Millaray, quien se convirtió en su vocera, declaró que no permitirían que las empresas siguieran burlándose de su cultura y eludiendo la Ley Indígena que, al menos en teoría, protege los territorios ancestrales.

Los mapuches se instalaron en las tierras sagradas el 12 de julio de 2011 y las “ocuparon” 20 días. Acabaron vencidos por los carabineros, cuya fama de represores implacables se remonta a la dictadura. Pinochet les dio carta blanca para liquidar a la oposición, incluyendo la de los mapuches…

“Títulos de merced”

Las tierras que defienden Millaray y sus compañeros de lucha fueron entregadas por el Estado al pueblo mapuche en el siglo XIX. Entonces los mapuches recibieron títulos de propiedad, los llamados “títulos de merced”. Se trata de un término muy ambiguo que sugiere que el Estado les hizo un “favor”.

Recalca Millaray: “Los pueblos indígenas no aspiran a poseer la tierra. Para nosotros la tierra está viva, la escuchamos, la respetamos. No pertenece a nadie”.

Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX el Estado aprovechó esa filosofía para vender las tierras a inmigrantes europeos —sobre todo alemanes— a precios muy bajos. Los recién llegados se convirtieron en dueños de predios inmensos que colindaban con las comunidades mapuches. Algunos de estos fundos tenían superficies de hasta 45 mil hectáreas. El Estado impuso una sola condición a los europeos: debían poblar la zona con colonos.

Por ley cada familia mapuche debía recibir un territorio que correspondiera al espacio que ocupaba. Las autoridades dictaminaron que ese espacio lo constituían la casa y el huerto. No tomaron en cuenta que se trataba de un pueblo que criaba animales en grandes superficies. Las familias fueron acorraladas en pocas hectáreas, a veces no más de 10.

Por si eso fuera poco los colonos solían aprovechar la noche para desplazar las cercas. Cuando los mapuches se atrevían a reclamar, los terratenientes los esperaban con el fusil al hombro. De nada servía que los mapuches protestaran ante los “juzgados de indios”; éstos siempre daban la razón a los europeos.

La sobreexplotación de las tierras disminuyó el rendimiento del suelo, que perdió su valor. Muchos mapuches emigraron a las ciudades. Se convirtieron en mano de obra barata y las comunidades se quedaron sin jóvenes.

El padre de Millaray vivió esa migración. Tuvo que instalarse en Osorno para que sus hijos siguieran estudiando. “Mi padre fue educado y quería lo mismo para sus hijos. Fue maestro de primaria. Su sueño era que pudiéramos elegir lo que queríamos ser para salir de la pobreza en la que él había vivido tanto tiempo”, comenta.

Millaray habla de su don de chamán: “Descubrí mis aptitudes a los 10 años, cuando me enfermé. Tenía un dolor muy fuerte en los huesos y músculos. No podía comer. Mis padres me llevaron con varios médicos. En vano. Un día una machi nos dijo: ¡Ella es machi! No sabía qué significaba eso”.

Comenzó a asumir sus responsabilidades de chamán. Afirma: “Ser machi significa haberlo sido en otra vida. Por eso siento el sufrimiento que mi pueblo carga en los hombros desde hace siglos. Mientras más iba aprendiendo de los machi, más entendía hasta qué punto nuestra cultura había sido atropellada y más me resultaba urgente reconstruirla”.

Poco a poco resistir se transforma en una actitud natural para Millaray: “Nadie está preparado para resistir. Pero yo no tenía opción. Resistir a diario significa aprender —o reaprender— a hablar mapudungún, enseñarlo a los niños y jóvenes y proteger los lugares sagrados, la tradición y las costumbres”.

Se fue a la zona de Arauco y Malleco, en el corazón del territorio mapuche, donde las empresas forestales, papeleras, mineras y de energía eléctrica, a menudo extranjeras, se apropiaron de las tierras de los indios aprovechando la indiferencia del sistema político y judicial chileno.

En Puerto Choque, Millaray conoció a Natividad Llanquileo, de 27 años, también joven resistente mapuche que vive en una región arrebatada por las empresas forestales, cerca del lago Lleu-Lleu.

Esta área de La Araucanía lleva 10 años en pie de lucha y atrajo la atención de los medios en agosto de 2010, cuando 32 mapuches realizaron una huelga de hambre para exigir al gobierno de Sebastián Piñera la derogación de la Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura.

Esa ley dictamina que todo opositor al régimen es terrorista y debe ser juzgado por un tribunal militar. Aunque fue ligeramente modificada en su contenido, la Ley Antiterrorista sigue vigente y se aplica a los mapuches que defienden sus tierras contra la voracidad de las grandes empresas. Más de 100 mapuches han sido detenidos por oponerse, a veces con violencia, a esas compañías.

La huelga fue ampliamente cubierta por la prensa y obligó a Piñera a firmar un proyecto de enmienda de la Ley Antiterrorista. Pero pasó un año y nada cambió: la ley sigue aplicándose únicamente a los mapuches. A principios de 2011, 18 hombres de la comunidad de Natividad fueron acusados de varios delitos. El principal: haber organizado una “emboscada” contra una columna de vehículos blindados. Tres policías resultaron heridos en el tiroteo.

El juicio duró tres meses y no respetó los “principios elementales de los derechos de la defensa”, según declararon observadores internacionales que siguieron el caso. La sentencia fue grave para Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical, considerados dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco).

Héctor Llaitul fue condenado a 10 años y un día de cárcel. Sus tres coacusados —entre ellos Ramón, hermano de Natividad—, a cinco años y un día. Hubo una segunda huelga de hambre para protestar contra el veredicto. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos multiplicaron comunicados y denuncias. En vano. La Corte Suprema mantuvo la condena.

Tradición de lucha

Ramón Llanquileo y su hermana Natividad se iniciaron juntos en la lucha de resistencia.

“¡Había que vernos! Dos mocosos cosechando papas para pagar los cuadernos y poder ir a la escuela. Nos levantábamos a las cinco de la mañana, nos acostábamos a las nueve de la noche, como nuestro padre, que nos repetía: ‘Mientras ustedes duermen, los latifundistas actúan y encuentran otros medios para robar nuestras tierras y hundirnos más’. Nuestra madre tejía incansablemente ponchos y otras prendas artesanales de lana que alimentaban a la familia”, recuerda Natividad.

La niña no tardó en darse cuenta de que formaba parte de una minoría al margen de la sociedad chilena. Y muy chica experimentó el sentimiento de inseguridad: una sirena le provocaba angustia, como a todos los niños mapuches, recordándoles los numerosos y violentos allanamientos que sufrían sus pueblos.

Al acabar su capacitación como trabajador social, Ramón se integró a la CAM. Le gustaba esa organización que defendía las reivindicaciones territoriales y culturales de los mapuches al tiempo que desarrollaba una profunda reflexión sobre esos temas. Natividad se convirtió en vocera de los presos políticos después del encarcelamiento de su hermano.

Estudiante de derecho con una beca que no le alcanza para vivir, Natividad tuvo que trabajar como vendedora y empleada doméstica. Después de cinco años de estudios está a punto de graduarse. En diciembre tendrá su título de abogada. Sabe que siendo mapuche no le va a ser fácil ejercer su profesión. Pero Natividad es de armas tomar y está convencida de que el derecho le dará la posibilidad de ayudar a su pueblo.

La urgencia, para Millaray y Natividad, es dedicarse a la recuperación de las tierras. Necesitan que los mapuches que emigraron a las ciudades vuelvan a las comunidades para resucitar sus costumbres y recobrar su orgullo:

“Es el único modo de reconquistar lo que perdimos. Los jóvenes de nuestro pueblo se honran de ser mapuches. Se notan cada vez más indignados por la discriminación de la que son objeto. Tienen un espíritu de rebelión. Muchos nacieron en las ciudades, pero no importa. Siguen siendo mapuches y los noto decididos a no dejarse aplastar y despreciar”, resalta Millaray.

Hay indígenas que no se atreven a protestar por miedo a la represión. Los carabineros están en pie de guerra y los allanamientos son frecuentes.

Cuenta Natividad: “Llegan en camiones con un helicóptero para supervisar el operativo. Tienen guanacos (cañones de agua) y zorrillos (bombas lacrimógenas). Nunca son menos de 60 hombres, a menudo más. Irrumpen en las aldeas, por lo general de noche. Lo rompen todo, destrozan las bolsas de alimentos, destruyen las cosechas, golpean a mujeres y niños sin distinción, se llevan a los hombres a los que califican de posibles terroristas”.

Y sentencia: “Debemos asumir que estamos en guerra. Y en tiempos de guerra algunas mujeres tenemos que cumplir un papel mucho más protagónico. Debemos ser la imagen de la resistencia mapuche”.

El maíz criollo en la cultura mexicana

Iván Restrepo

Amado Ramírez Leyva es oaxaqueño, agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo y con posgrado en Alemania. Su esposa, Gabriela Fernández Orantes, es oriunda de Chiapas e ingeniera bioquímica del Tecnológico de Monterrey. Él se dedicaba a producir semillas de maíz criollo; ella a la acuacultura. A los pocos años de casarse iniciaron en la ciudad de Oaxaca la tarea de divulgar los conocimientos sobre el cultivo y uso del maíz. Lo hacen por medio de los platillos que elaboran y venden en un sencillo restaurante anexo a su expendio de tortillas. Hoy el lugar goza de fama internacional por su original menú y por recrear la historia e importancia del maíz criollo en la cultura mexicana. Como seguramente no se enseña en las escuelas, hace muchos años, en un tiempo en que faltaban alimentos, la hormiga roja confesó a Quetzalcóatl el secreto de la solución, y él se transformó en hormiga negra, fue al monte de los sustentos y trajo a la tierra de la vida el más valioso de los alimentos: los maíces.

Todo comenzó el año en que Amado tuvo una elevada producción de maíces y resolvió elaborar tortillas. Supo entonces que cada grano, según su procedencia (la Mixteca, los Valles Centrales, la Mixteca Alta, la zona Mije, la Costa o el Istmo), tiene diferente sabor, olor, color y propiedades nutritivas: el amarillo, negro, blanco, rojo, pinto, moradito, naranja, belatove, huitzo, tuxpeño, hoja morada, zapalote, bolita, conejito, tehua, tepezintle, comiteco, conuco, marelo, tabloncillo. En fin, el arcoiris. Igualmente comprobó que las tortillas saben distinto según su nixtamalización (proceso en que el grano se cuece con agua y cal) y cocción en comal de barro.

Comenzaron a venderlas por colores, según la clase de maíz, para que la gente apreciara la diferencia. Igualaron su precio al de las tortillas procedentes de los alrededores de Oaxaca que las indígenas venden de casa en casa. Pronto la clientela les pidió que elaboraran también algunos guisos. Así lo hicieron. Fue tal la demanda que ampliaron la tortillería y abrieron en 2001 un original y sencillo restaurante, el Itanoni, en la colonia Reforma, donde los visitantes pueden degustar quesadillas, tetelas, tacos y memelas de frijol con chile y hoja de aguacate, hoja santa, flor de calabaza, epazote, queso, quesillo y crema. Agregaron al menú atole de maíz (con piloncillo o chocolate) y tascalate (bebida de origen chiapaneco a base de maíz tostado, cacao, canela y axiote). De entrada ofrecen tostadas de cuatro variedades de maíz criollo para que los comensales noten la diferencia.

Los Ramírez Fernández forman parte de los defensores de la tradición maicera de México. Lo siembran en coparticipación con indígenas que sólo utilizan fertilizantes naturales. En el proceso los productores refrendan la importancia de conservar las semillas criollas por ser mejores y por ser eje espiritual y cultural de comunidades y consumidores.

La elaboración de la masa de maíz y los platillos de Itanoni sobresalen por su autenticidad y sencillez. La idea central es que la gente consuma alimentos de calidad y se rencuentre con lo auténtico, con sus raíces. Recientemente comenzaron a hacer tostaditas con diferentes clases de ese cereal. Cada bolsa lleva seis unidades, que la regalan a los niños que van al restaurante.

Es una respuesta a la comida chatarra, a las botanas que hacen daño y que hoy, con el patrocinio de las autoridades, siguen vendiéndose en las escuelas. Si los titulares de las secretarías de Salud y Educación Pública visitan Oaxaca, les recomiendo vayan a almorzar a Itanoni y rematen con las tostaditas de maíz criollo. Verán que saben mucho mejor, nutren y cuestan menos que los productos que tanto publicitan las grandes empresas trasnacionales y locales, que engordan y afectan la salud.

También conviene que vayan los funcionarios empeñados en imponer el maíz transgénico y convertirlo en la base de la alimentación nacional. Verán cuánta razón asiste a quienes defienden los maíces criollos y exigen un cambio de rumbo en la política agrícola a fin de lograr nuevamente la autosuficiencia alimentaria. Y algo no menos importante: atacar efectivamente la pobreza rural.

Samuel Ruiz (1924-2011), el profeta mexicano del siglo XX

Enrique Dussel*

Ha muerto el 24 de enero el santo profeta de Chiapas, digno sucesor de Bartolomé de las Casas. Este último comenzó su lucha en favor de los pueblos originarios de América en el ya lejano 1514 en el pueblito de Sancti Espíritu de Cuba. Fue obispo de Chiapas desde 1544 hasta 1547, en que fue expulsado por la oligarquía de los conquistadores que ya dominaban esa tierra maya, por su lucha en favor de los pueblos originarios. Algo más de cuatro siglos después, y como continuando la labor de Bartolomé, fue nombrado en 1959 don Samuel Ruiz, a la edad de 35 años, obispo de Chiapas (siendo el más joven del episcopado mexicano de esos años). Había nacido el 3 de noviembre de 1924 en Irapuato. Estudió primero en León; obtuvo su doctorado en hermenéutica bíblica en la Gregoriana de Roma. Era un hombre letrado, director del seminario de León (como Miguel Hidalgo lo fue del de Valladolid). Asistió al II Concilio Vaticano, participando todavía dentro de las filas del episcopado conservador. Le tocaron tiempos de profunda renovación de la Iglesia y las convulsiones políticas del 68. En ese tiempo cambiará drásticamente su posición teórica y práctica. Será su comunidad indígena maya la que lo confrontará con la miseria, la opresión, la dominación política, económica, cultural y religiosa que la oligarquía chiapaneca había orquestado como herencia de los conquistadores y de los terratenientes contra ese pueblo originario. El joven obispo sufre una conversión radical. Ya en 1968 fue uno de los cuatro oradores (sobre el tema de la pastoral indígena) en la Conferencia de Medellín del Celam, donde manifestó su calibre latinoamericano. Brillará en América Latina como miembro de una camada de obispos que optaron por los pobres del continente, junto a Helder Camara, en Brasil; Leónidas Proaño, en Ecuador, y Óscar Romero, en El Salvador. Será uno de los reformadores de la Iglesia, fundamentando bíblicamente la revolucionaria teología de la liberación que estaba naciendo. Pero aún más, la llevó a la práctica con su pueblo indígena chiapaneco. Aprendió dos lenguas mayas y se transformó en el profeta de su pueblo. Esto le traerá grandes enemistades, persecuciones, aun de aquellos que hoy, después de su muerte, lo ensalzan. Decía de él, y de don Samuel, el obispo de Cuernavaca don Sergio Méndez Arceo: "Nosotros unificamos al episcopado mexicano. ¡Todos están contra nosotros!" Perseguido por los potentados, los terratenientes, los políticos y hasta por algunos de sus sacerdotes, con indomable brío, con paciencia de indígena, con sacrificio titánico, recorriendo innúmeras veces su diócesis en camioneta, avioneta o a caballo, estaba presente consolando, alentando y dirigiendo a las "comunidades" mayas. Todas lo tenían por tatik (como el tata de los tarascos que fue Vasco de Quiroga); nombrado por ellos mismos "Protector del pueblo indígena". Contra viento y marea, y contra la opinión de muchos en el Vaticano (que como decía San Juan de la Cruz a un hermano observante estricto: "¡Cuídate de ir a Roma, partirás descalzo (reformado) y volverás calzado (corrompido)!"), transformó la Iglesia y la sociedad chiapaneca, educó a los líderes indígenas, que de catequistas llegaron a ser diáconos. ¿Qué fueron muchas y muchos comandantes zapatistas sino catequistas de don Samuel Ruiz? Don Samuel creó proféticamente la conciencia de lucha de su pueblo, del cual, por otra parte, aprendió todo. Por ello, en la celebración de su muerte (no es contradictorio que el pueblo reunido junto a su cadáver exultara un cierto espíritu de profundo regocijo), se gritaba, en algunos casos machete en mano: "¡Samuel vive, la lucha sigue!"; o aquella crítica a la Iglesia de tantas traiciones: "¡Queremos obispos al lado de los pobres!" Esa Iglesia ocupada en la beatificación de su burocracia (cuyo miembro supremo se le vio fotografiado junto a R. Reagan, o a A. Pinochet, y que se encolerizó ante la presencia de un humilde Ernesto Cardenal de rodillas, y sin embargo ministro de Estado de la revolución sandinista, junto al gran cartel en el que se leía en la Plaza de la Revolución: "¡Entre cristianismo y revolución no hay contradicción!"

Don Samuel no fue sólo una figura mexicana. Era una personalidad profética latinoamericana, defensor de los derechos humanos de los humildes, de los inmigrantes en toda Centroamérica. Era una figura mundial, recibiendo premios internacionales y doctorados honoris causa en las más diversas y encumbradas universidades en reconocimiento a su pensamiento y a su acción.

Don Samuel es, junto a don Sergio Méndez Arceo, el símbolo más profético de la Iglesia mexicana del siglo XX, y uno de los pastores más importantes de la pastoral indígena en nuestro continente y el mundo. No queda sino alegrarse con el pueblo cuando exclamaba: "¡Samuel vive, la lucha sigue!" Como Walter Benjamin escribía, se trata de un "mesianismo materialista" (si por "materialista" se entiende cumplir responsablemente con los deberes para con la vida de los pobres y explotados, como los indígenas chiapanecos). Samuel fue heroicamente consecuente con aquél: "¡Tuve hambre y me dieron de comer!" (que del Osiris egipcio pasó a Isaías y al fundador del cristianismo, del cual Samuel fue un digno testimonio).

* Filósofo, emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana

El EZLN y los indios yumanos de Baja California

Jaime Martínez Veloz

En octubre de 2006, durante la otra campaña del EZLN, el subcomandante Marcos visitó Baja California, en especial convivió con los pueblos indios de la entidad, tanto con los migrantes ya asentados en el territorio como con los originarios, con los cuales compartió experiencias y les brindó solidaridad en sus demandas ancestrales. En los hechos se ha comprobado que lo convenido en San Andrés Larráinzar es un acuerdo que trasciende los límites chiapanecos y su ámbito se inscribe en el plano nacional, donde Baja California no es la excepción.

Los indígenas originarios de Baja California: los kumiai, paipai, quilihuas y cucapá, han sido considerados grupos en extinción. Éstos se asientan en 10 comunidades y apenas representan 2 por ciento de la población total indígena, la cual está en peligro de extinción con la pérdida de la lengua materna, en el caso de los quilihuas con sólo cinco personas hablantes. Formando parte del tronco yumano y con fuertes nexos lingüísticos con los pueblos indígenas del sur de California y Arizona, cada uno de los grupos de Baja California tiene una relación especial con pueblos nativos más allá del norte de la frontera: los kumiai con los kumeyaay de California; los paipai con los yavapai, hualapai y havasupai de Arizona; los cucapá con los cocopah de Arizona, y los kiliwa, más remotamente, con todos los grupos yumanos, incluyendo a los quechanes, mojaves y maricopas.

Una misma historia los caracteriza: desde la presencia de los colonizadores se vieron empujados a los valles, sierras y desiertos, fueron despojados de sus tierras y territorios que les permitían la sobrevivencia, socavando sus formas de reproducción social, económica y cultural. A mediados del siglo pasado, el gobierno mexicano reconoció a Baja California como entidad federativa; con el pretexto de facilitar el desarrollo económico, fomentó el acaparamiento de las tierras más productivas por parte de inversionistas privados, así como la explotación de los principales recursos naturales de la región, excluyendo a los pueblos indígenas de beneficio alguno.

Se determinó un ordenamiento de la propiedad agraria instaurando al ejido como estrategia principal, sin considerar el conflicto en la vida interna de las comunidades indígenas ante la imposición de figuras agrarias ajenas a sus formas de organización tradicional. El reconocimiento de la posesión de la tierra hacia las comunidades indígenas del estado, que data de hace 40 años, llevó a que las resoluciones sobre el régimen de tenencia de la tierra, en dos ámbitos de la propiedad social –ejidos y bienes comunales–, se hicieran asignaciones sin criterio alguno por parte de las autoridades agrarias, quedando como ejidos: San Antonio Necua, La Huerta, San Isidoro y Quilihuas; al resto, Juntas de Nejí, Misión de Santa Catarina y Cucapá se les asignó como bienes comunales.

En el caso de San José de la Zorra, a pesar de ser de las pocas comunidades que contaban con un título primordial, quedaron ubicados dentro de un ejido mestizo y rodeado por diferentes propietarios privados. La diferencia entre estos dos regímenes de propiedad es que los ejidos se restringen al reconocimiento de derechos a unos cuantos, sin garantizar el beneficio de toda la comunidad.

"... al hacer una revisión de la reforma constitucional al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley reglamentaria de Derechos y Cultura Indígenas de Baja California, es que se limita a enunciar el derecho de los pueblos indígenas, en el ámbito de la autonomía, a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como al uso y disfrute preferente en los lugares que habitan y ocupan las comunidades sin prejuicio a los derechos adquiridos por terceros. Se comentó que el derecho de los indígenas a la propiedad o posesión de la tierra no ha sido regulado por la ley reglamentaria del artículo 27 de nuestra Carta Magna y se desprende además el hecho de que la reforma al segundo constitucional no menciona expresamente el derecho a la propiedad de la tierra, por lo que supone que el sistema constitucional mexicano no reconocerá ese derecho esencial para la supervivencia cultural y material de los pueblos indígenas. La reforma constitucional sobre derechos indígenas no reconoce la territorialidad indígena, un concepto basado no sólo en la protección jurídica a la propiedad de la tierra en los términos anteriormente señalados, sino que incluye la importancia especial que para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierras o territorios Así, a título de ejemplo, aspectos como la protección a los lugares sagrados y religiosos de estos pueblos quedaron excluidos del objetivo de preservar la integridad de sus tierras". Coprodi AC, 2009.

Ante este contexto, el respeto a la territorialidad y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas nativas es una demanda de primera prioridad. Es necesario abrir un espacio de reflexión colectiva con los directamente involucrados, donde se determinen estrategias a seguir para el respeto y defensa de sus derechos colectivos y consuetudinarios. El análisis de los elementos jurídicos plasmados en el Convenio 169 de la OIT, las propuestas emanadas de los acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional de 2001 al artículo segundo, así como la revisión de las diferentes propuestas que sobre derechos indígenas están plasmadas en los diferentes estados del país donde hay presencia indígena es fundamental, lo que permitirá identificar las fortalezas y debilidades jurídicas de la ley de derechos y cultura indígenas.

Es necesario precisar que en tanto no se incorpore al texto de la Constitución, las partes medulares contenidas en los acuerdos de San Andrés, la leyes estatales de poco o nada servirán al objetivo de reivindicar a plenitud los derechos y la cultura de los pueblos indios de México, entre ellos los de los indios yumanos, que a pesar de vivir en el otro lado de la República donde se produjo el levantamiento armado del EZLN en 1994, sus reivindicaciones coinciden a plenitud con lo pactado en San Andrés Larráinzar

“… Una palabra define la estrategia que amenaza con desaparecer a los pueblos indígenas: despojo de sus tierras y recursos naturales, que implica además –toda vez que los indígenas tienen un vínculo con la tierra mediante el cual reproducen relaciones sociales y culturales que los identifican como pueblos– la pérdida de sus tradiciones, lengua, prácticas culturales y rituales; es decir, la pérdida de su historia.” Citando a la socióloga Paola Martínez González, de la UNAM.

Ejido Baqueachi: haciendo camino

Víctor M. Quintana S.

Esta vez, los policías ministeriales, vestidos de negro, fuertemente armados y a bordo de varias camionetas recorrieron los caminos de la Sierra Tarahumara, no para perseguir sicarios ni para amedrentar indígenas. Iban, simplemente, a apoyar la ejecución de cinco juicios agrarios que devuelven al ejido de Baqueachi 5 mil hectáreas, invadidas desde hace muchos años por los ganaderos que habitan el pueblo de San José. Iban listos para efectuar el raleo de ganado, pero, como dice Sun Tzu, la mejor batalla es la que se gana sin necesidad de pelearla: fue tal la fuerza de la comunidad indígena, tal el peso del proceso legal que ni las autoridades pudieron regatear el apoyo de la fuerza pública, ni los invasores pudieron entercarse a mantener las tierras invadidas.

Por resolución presidencial pronunciada el primero de marzo de 1928, el ejido Baqueachi, municipio de Carichí, del estado de Chihuahua, fue dotado con una superficie de 44 mil 784 hectáreas, para beneficiar a los integrantes de la tribu tarahumara del pueblo de Baqueachi.

El razonamiento que motivó la expedición del mandato presidencial fue –esencialmente– “…que esta tribu era una de las pocas en el norte de la República que conservaban todas sus costumbres ancestrales y había poseído desde tiempo inmemorial las tierras de que se trataba, por lo que, en rigor, deberían restituírsele, pero como carecían de títulos primordiales expedidos por la Corona española, era necesario dotarlo”.

Sin embargo, desde la ejecución de la resolución presidencial, la comunidad indígena ha estado padeciendo la ocupación de su territorio: por una parte, una serie de mestizos que se fueron avecindando e invadieron unas 25 mil hectáreas, y por otra, los ganaderos del vecino municipio de Nonoava, que se apoderaron de otras 7 mil.

La primera incursión trató de legalizarse, y en enero de 2006, 32 personas que no forman parte de la comunidad indígena, asesoradas por la Procuraduría Agraria, demandaron al ejido Baqueachi ante el Tribunal Unitario Agrario, reclamando reconocimiento como ejidatarios. La comunidad contestó las demandas, ofreció pruebas y opuso reconvención (contrademanda) de acuerdo con la ley. Luego de que se llevó a cabo el procedimiento de los 32 juicios en todas sus etapas, el Tribunal Unitario Agrario dictó las sentencias correspondientes, determinando que las personas que demandaron a Baqueachi no demostraron cubrir los requisitos establecidos en la Ley Agraria para ser reconocidos como ejidatarios y, en cambio, el ejido sí había aportado las pruebas suficientes para fundar sus pretensiones contenidas en la contrademanda, por lo que condenó a los demandantes a desocupar las tierras de uso común, propiedad de los indígenas y que indebidamente estaban usufructuando.

Aunque la comunidad ganó los 32 juicios, 28 de ellos fueron impugnados. Sin embargo, los tribunales federales ya han negado el amparo en 13 juicios. De éstos y de los cuatro que quedaron firmes, sin impugnarse, en 12 casos los invasores desocuparon voluntariamente el territorio. Y el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo –por el Tribunal Unitario Agrario y con apoyo de la fuerza pública– la ejecución de tres sentencias, en las que se involucran aproximadamente 5 mil hectáreas que fueron entregadas, sin incidentes que lamentar, a sus legítimos propietarios, como señalamos más arriba.

Este primer y muy importante triunfo de la comunidad de Baqueachi se debe fundamentalmente a tres factores. En primer lugar, a la solidez y unidad de una de las comunidades que más guarda sus usos y costumbres entre la etnia rarámuri, y por una admirable conducción de las propias autoridades rarámuri. Patricio Chávez Gabriel, inteligente, socarrón y tenaz, comenzó la lucha como comisario ejidal; la culmina como siríame: gobernador de la comunidad.

Recuerdo la segunda junta que tuvimos con él, allá en 1995: sacando un pollo asado de su morral de ixtle nos dijo: "Mejor traje la comida desde mi casa para que no tengamos que andar comiendo en casa de los chabochis del ejido, de los que nos meten el ganado a las tierras". Espléndida síntesis rarámuri de lo que significa la soberanía alimentaria.

En segundo lugar, al acompañamiento tenaz, capaz, abnegado y continuo –a lo largo de 15 años– del equipo que encabeza la abogada Estela Ángeles; del padre Nacho, redentorista de Carichí, y de la asociación civil Bowerasa, formada precisamente para apoyar a los indígenas en la defensa de sus territorios. Debe destacarse que este equipo ya pagó su cuota de sangre en la persona de Ernesto Rábago Martínez, pareja y coadyuvante de la licenciada Ángeles, asesinado el primero de marzo pasado, precisamente fecha en que se conmemora el aniversario de la dotación del ejido. Además, ya hubo un ataque armado a la hija de la abogada y amenazas a ella misma.

En tercer lugar, por el sabio manejo que comunidad y equipo han hecho de los apoyos de instancias y personajes externos: la misión tarahumara, algunas organizaciones no gubernamentales, diputados amigos y autoridades agrarias.

Con este triunfo rarámuri, que combina la unidad y la movilización comunitarias con una asesoría jurídica competente y comprometida, la comunidad de Baqueachi les dice a sus hermanos de los pueblos indios:

¡Bowerasa!: (vamos) haciendo camino.

Mujeres de dos colores, su origen y su destino / II

Jaime Martínez Veloz

El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de ese sector del estado. La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.

Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del país, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas deben incorporar el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa que permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado. Se define el concepto interculturalidad como el "proceso relacional que se establece entre dos o más culturas al interior de una sociedad, que de por si es heterogénea en cuanto a sus orígenes y características económicas, políticas y sociales".

El artículo 8 de la Convención de Belem do Pará, igualmente, establece deberes del Estado mexicano y, por tanto, del estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos…”

Un diagnostico en el tema de salud reciente realizado por el Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral "Jesús Rubiell" (Coprodi), señala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suman el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran 39 por ciento. La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 años y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación; sin embargo se requiere de un análisis más minucioso, en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que en los pasados tres años han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas, pero esto es penalizado en el ámbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar: ¿se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo. Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revisó y dijo ‘que raro si ya estás pariendo’.

"Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo" (el bebé ya estaba muerto).

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución mexicana la composición pluricultural de la nación. Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático; sin embargo, es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

Los servicios de toma de muestras de cáncer cérvico uterino tampoco son la excepción: las mujeres indígenas de la región señalan que, el cobro del servicio, la falta de calidad en la atención, de confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega de resultados, son condiciones que limitan el acceso de las mujeres a la práctica que tienen derecho.

Es necesario hacer una valoración del sistema de salud que maneja un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su salud. En Baja California, como en otros estados del país, las campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino son prioritarias; sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que una de las consecuencias primera es el alejamiento de ésta de los sistemas de salud. La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

Pueblos indígenas y narcotráfico

Gilberto López y Rivas

La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina son sitiados sistemáticamente por corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales se encuentra el narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocada en parte por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas al cultivo de la amapola o la mariguana, y jóvenes indígenas son reclutados por los cárteles.

Paralelamente, con el pretexto del "combate contra el narcotráfico", en extensas zonas indígenas se impone un proceso de militarización que da lugar a todo tipo de abusos y violación de sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos. A esto se suma la guerra de contrainsurgencia, que acarrea la presencia de dos actores armados más en las etnorregiones: grupos paramilitares y guerrilleros. Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narcoparamilitares y guerrilleros. La etnia nasa, en el norte del departamento del Cauca, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su Guardia Indígena, armada sólo con sus bastones adornados con colores vivos, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la que también han negociado el cese del reclutamiento involuntario de sus jóvenes.

En México, grupos del narco operan en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz –entre otras entidades federativas–, y en las cárceles estatales se registran centenares de presos indígenas acusados por "delitos contra la salud". Al criminalizar a los pueblos indios, la "guerra contra el narcotráfico" encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias, adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.

En poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas, que controlan el transporte de la mercancía hacia México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la costa del Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi (Puerto Cabezas) y Bluefields. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para sus destinos finales en México-Estados Unidos.

Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del "problema del narcotráfico" es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo y el ejército es cómplice de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia.

La militarización no trae la disminución de las actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación castrense. En el plano mundial, Afganistán es ilustrativo de que la guerra y conquista neocolonial del país por las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados intensifica a más del doble la producción, procesamiento y venta de drogas, cuyas ganancias nutren al sector financiero del capitalismo mundial. Desde hace varias décadas, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de inteligencia occidentales han sido acusados del trasiego de drogas con la finalidad de financiar los exorbitantes gastos de sus operaciones encubiertas en el ámbito mundial. “Las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narcodólares.” (Michel Chossudovsky, "¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano?", La Haine, 5 de octubre de 2006). También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional para los planes de dominación estratégica de Estados Unidos en América Latina.

La delincuencia organizada no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación social y política que la controle. Es altamente rentable económicamente, además, a partir del hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer desde 2004 que "el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo, tras el petróleo y el tráfico de armas" (29 de febrero).

La única posibilidad de una defensa efectiva frente a este fenómeno en el mundo indígena –como muestran las juntas de buen gobierno zapatistas, los nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero– es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar –no sin dificultades– la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.

La destrucción de Copala

Hermann Bellinghausen

El municipio autónomo indígena de San Juan Copala, establecido hace tres años en el corazón histórico de la región triqui, sin derechos municipales hace más de 60 años, fue finalmente destruido a sangre y fuego por paramilitares, también triquis, que operaron con impunidad hasta el último minuto. La complicidad de los gobiernos estatal y federal ha sido absoluta. Y determinante desde hace 10 meses, cuando la comunidad fue sitiada por grupos armados que asesinaron e hirieron a muchas personas pacíficas. El desenlace se precipitó el 13 de septiembre, cuando los paramilitares tomaron Copala y dispararon contra la población, hasta que el día 23 los sobrevivientes huyeron, algunos en patrullas funerarias (lo único que acertó a mandar el gobierno, para levantar cadáveres).

Pudo ser peor. Los agresores anunciaban una masacre. De cualquier forma, es grande la cifra de asesinados en el desmantelamiento de la única autonomía indígena que se intenta hoy en Oaxaca, a 14 años de los Acuerdos de San Andrés. Más son los heridos, y los desplazados, familias enteras.

Las diarias y angustiosas denuncias no impidieron el desenlace, aunque el problema sigue. Cabe el consuelo de suponer que se impidió la masacre. El operativo contra el municipio autónomo fundado en 2007 corrió a cargo de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo priísta que como tal ya no existe en el área, pero que dirigido desde Juxtlahuaca y Oaxaca por Rufino Juárez y el propio gobierno estatal, se esmeró en la aniquilación. El gobernador Ulises Ruiz había dicho que no permitiría ninguna autonomía en el estado. La salió barato, ni siquiera tuvo que enviar a sus policías. Ahora niega que haya muertos (La Jornada, 26/09/10).

Ubisort posee una milicia mejor armada que la policía, y con adiestramiento militar. Es responsable de la emboscada en la que fallecieron la activista Beatriz Cariño y el internacionalista finlandés Jiri Jaakkola, meses atrás. También de muchas otras muertes, violaciones, heridos y exilados. Como se sabe, tanto los asesinos como sus jefes permanecen impunes y son, para fines prácticos, figuras institucionales.

De manera reiterada se denunció además la participación en la escalada paramilitar de miembros armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el municipio autónomo de Copala significa una escisión, como MULT Independiente. Desde las filas del MULT han salido versiones de que nadie suyo participó en la violencia, y se ha responsabilizado de los hechos al MULTI por insistir en una autonomía minoritaria. O sea, como de costumbre, los muertos indígenas son los culpables de estar muertos.

Sin embargo, Timoteo Alejandro (fundador del MULTI) y su mujer Cleriberta, así como Antonio Ramírez López, líder moral de los autónomos, cayeron en condiciones y locaciones que apuntan, no a Ubisort, sino al muy vertical MULT, que habría castigado su traición. Los asesinos de Ramírez López están plenamente identificados, en Yerbasanta, localidad de mayoría MULT, donde ocurrió la emboscada que le costó la vida.

Esta organización proviene de la ejemplar resistencia de los mejores espíritus triquis en los años 80 del siglo pasado, y que a lo largo de los años siguientes sufrió la pérdida de sus principales líderes, pensadores y maestros, como Paulino Martínez Delia, sacrificados por los caciques priístas. En la presente década, el MULT devino organización oficialista y electoral, liderada por su asesor jurídico Heriberto Pazos, y convertida en Partido Unidad Popular, con presencia en el congreso de Oaxaca y vínculos con Ulises Ruiz, quien en más de una ocasión ha expresado (según fuentes dignas de crédito), que el MULT es la única organización con la que se puede negociar. Mal que bien, en algo le debió su apretado triunfo electoral en 2004, cuando el PRI se impuso fraudulentamente.

Tampoco son desdeñables los agradecimientos por escrito de Ubisort al MULT en diversas ocasiones, por ejemplo cuando impidió llegar a Copala a una caravana de Atenco en 2009. El MULT se reivindica como parte de la APPO, el Congreso Nacional Indígena y, a pesar de su actividad electoral, de la otra campaña; espacios todos en lo que también se inserta el MULTI.

El conflicto triqui es añejo y complejo. Y sospechosa es la persecución a muerte contra la autonomía de Copala, en el centro tradicional de este pueblo históricamente difamado y negado. Por cierto, se han documentado importantes prospecciones de trasnacionales mineras en la región. Es hora de que el MULT, tan expedito para las acusaciones y descalificaciones, confronte su actuación en la violencia contra los autónomos. Ciertamente, existen contradicciones en su seno, mas no puede eludir sus responsabilidades de cara a la indispensable y urgente reconciliación de todos los triquis (incluida su inmensa diáspora) para defender juntos su viabilidad como el admirable pueblo indígena que siempre han sido.

Conjugar un nuevo verbo

Gustavo Duch Guillot*

Ecuador, por fin y por muchos esfuerzos sumados y conjugados, yasuniza. En el delta del Níger; en la laguna del Tigre, en Guatemala, en el Madidi, en la Amazonia de Bolivia; en las selvas de Perú; en los páramos de Colombia… quiere –su sociedad civil– yasunizar. La civilización, nuestra y de ahora, debería lo más pronto posible yasunizar.

Mientras en el Golfo de México casi 5 millones de barriles de crudo, según los científicos, han salido a la superficie de forma incontrolada, en el mayor derrame no intencional de petróleo de la historia, en Ecuador, el pasado 2 de agosto se firmó un fideicomiso entre el gobierno ecuatoriano y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como primer paso, fundamental, para dejar bajo tierra –sin posibilidad de escapes, de contaminación de ríos y cielos, de esclavizajes empresariales, sin oleoductos fragmentando territorios, sin chimeneas apuntando al corazón, etcétera– 850 millones de barriles de petróleo.

El fideicomiso permite poner en marcha la llamada Iniciativa Yasuní, de dejar sin explotar uno de los yacimientos petroleros más importantes del mundo, enclavado en un parque natural –el Yasuní– con un valor ecológico incalculable. Para ello, algunos cálculos sí que se han hecho. Básicamente, Ecuador renuncia a su petróleo si por parte de la comunidad internacional se contribuye con la mitad del valor monetario que supondría la extracción (3 mil 500 millones de dólares en 10 años) a modo de compensación por los ahorros en los costes ecológicos (globales) que tendríamos derivados de la quema de todo ese crudo (sólo en anhídrido carbónico el planeta se ahorra 410 millones de toneladas). Debemos añadir que esa cantidad económica, que esperemos se alcance, se justificaría también como primer pago para saldar la deuda ecológica que el norte rico tiene sobre países explotados ambientalmente como Ecuador. Por ejemplo, grandes corporaciones se enriquecen con la exportación de langostinos de Ecuador a toda Europa, a costa de destruir muchas hectáreas de manglares.

La Iniciativa Yasuní tiene el enorme valor de ser la primera propuesta de estas características, alimentada por tantos años de resistencia de las comunidades amazónicas frente a las agresiones de las petroleras y por el empuje de los movimientos ecologistas ecuatorianos. Personas como el ex canciller Fánder Falconí, el ex ministro y presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta o Esperanza Martínez, cofundadora de Acción Ecológica y de Oilwatch, junto con apoyos internacionales, como el del profesor catalán Joan Martínez Alier, han sabido empujar en los momentos clave, para que ahora, tras la firma del fideicomiso, toda la sociedad vele porque el proceso siga adelante como se diseñó. No explotar el petróleo del Yasuní sólo tiene unas víctimas, las corporaciones del petróleo, y tienen muy mal perder.

Cuando yasunizar aparezca en los diccionarios, hará referencia etimológica al pueblo huaorani que habita la región, ya que como ellos y ellas dicen, viven en las sociedades de la abundancia, pues producen lo mínimo suficiente para satisfacer sus necesidades.

Yasunizar, expresión que marca un avance evolutivo de toda una sociedad en pos de su sostenibilidad.

Yasunizar se aplica a aquellas acciones valientes construidas desde pensamientos libres, que no se dejan contaminar.

Yasunizar, ofrecer un cambio de paradigma real y posible.

* Autor del libro Lo que hay que tragar