Tarahumara: hambruna, depredación y desdén

La Jornada

Ayer, luego de la difusión de supuestos suicidios de habitantes de los pueblos rarámuris de la sierra Tarahumara por la hambruna que se vive en esa región, el presidente municipal de Carichí, Ignacio Varela Ortega –uno de cuyos subordinados había confirmado los decesos– dijo desconocer el dato y añadió que si eso sucedió, al menos no fue aquí. Un día antes, el gobernador de la entidad, César Duarte, rechazó categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna, y atribuyó tales versiones a la injerencia de gente sin escrúpulos que miente y engaña a personas de buena fe.

Por lo que toca a las muertes por desnutrición de seis personas en el propio municipio de Carichí, denunciadas el fin de semana por la organización campesina El Barzón, las autoridades estatales y municipales han mantenido una actitud hermética y se han limitado a admitir que, debido a la pérdida de producción agrícola como consecuencia de las intensas sequías del año pasado, los habitantes de la sierra sí requieren de la ayuda solidaria de los mexicanos.

Con independencia de que se confirmen o no los decesos referidos, el revuelo mediático ocasionado en días recientes por la difusión de esas versiones ha vuelto a poner bajo la mirada de la opinión pública la circunstancia de marginación, indefensión y miseria que padecen las comunidades autóctonas de la sierra Tarahumara.

El correlato de esa circunstancia es una historia de despojo, depredación y opresión cultural, económica y ambiental que viene de siglos atrás, desde los férreos procesos de evangelización católica y el despojo de tierras por colonizadores novohispanos de los siglos XVII y XVIII hasta el saqueo actual de lo que queda de los bosques de la región por trasnacionales madereras y el lucro de la pobreza de las comunidades rarámuris por grandes agroexportadores, pequeños y medianos comerciantes mestizos e incluso organizaciones de narcotraficantes.

No menos partícipes de esta tragedia han sido los niveles municipales de gobierno, que arrastran una vieja historia de corrupción, indolencia y caciquismo; las administraciones estatales de Chihuahua, Durango y Sinaloa, en cuyos territorios se asientan los pueblos rarámuris, y la propia Federación, que suele debatirse entre su sordera proverbial hacia las comunidades autóctonas y la aplicación de políticas indigenistas caracterizadas por el paternalismo, la incomprensión y el usufructo político y electoral de sus supuestos beneficiarios.

Para colmo, la crisis alimentaria que se abate sobre los rarámuris ocurre con el telón de fondo de un manoseo político injustificable de los fondos para la atención de los desastres naturales: ayer, la Secretaría de Desarrollo Social informó que la actual administración federal destinará 11 mil millones de pesos para paliar los efectos de las sequías ocurridas el año pasado, pero es obligado recordar que hace unos días el titular del Ejecutivo federal se enfrascó en un jaloneo con la Cámara de Diputados luego de que esa instancia legislativa aprobó un paquete de ayudas similar, con el argumento de que carecía de atribuciones constitucionales para tal efecto.

La desinformación que ha prevalecido hasta ahora respecto de las presuntas muertes de tarahumaras es indicativa del desdén con que suelen conducirse las autoridades de todos los niveles hacia grupos poblacionales como el referido. Por eso, más allá del envío inmediato de despensas y cobijas a la sierra Tarahumara, se requiere de voluntad política para combatir la extendida pobreza que se abate sobre los rarámuris y revertir décadas de un desprecio y una indolencia que sólo se ven interrumpidos en giras presidenciales y actos públicos, o bien, como ocurre ahora, en tiempos electorales.

Irán en AL: el enojo de Washington

La Jornada

La gira que el presidente iraní, Mahmud Ajmadineyad, realiza por cuatro naciones latinoamericanas –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador– constituye un abierto desafío de los gobiernos anfitriones a la advertencia emitida el pasado viernes por Washington, por conducto de la vocera del Departamento de Estado, Victtoria Nuland, en el sentido de que las naciones de la región deben abstenerse de profundizar sus vínculos con la república islámica. Significativamente, en vísperas del periplo de Ahmadinejad, el gobierno estadunidense declaró persona no grata a la cónsul general de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera, y ordenó su inmediata expulsión del país. En un reportaje de la cadena Univisión, que fue recibido con escepticismo por la mayor parte de la opinión pública del país vecino, la diplomática venezolana había sido señalada recientemente por su supuesta participación en un complot iraní para cometer atentados en Washington.

La animadversión de la Casa Blanca y de sus aliados regionales –particularmente los gobiernos colombiano y mexicano– contra Teherán no está relacionada con el tema de los derechos humanos, cuya situación es tan criticable en Irán como en Estados Unidos, Colombia y México; tampoco parece haber sustancia en los alegatos de que la nación persa promueve acciones terroristas; la razón real del enojo es la determinación de la república islámica de ejercer su independencia en todas las áreas, incluido el desarrollo de tecnología nuclear que podría tener derivaciones militares. Aun si fuera cierta la acusación de que los gobernantes iraníes pretenden fabricar bombas atómicas, tal actitud, si bien lamentable y alarmante desde la perspectiva de la proliferación nuclear, sería la consecuencia natural del agresivo injerencismo militar estadunidense en Medio Oriente y de la doble moral de Occidente ante el proceso armamentista que llevó a Israel a hacerse de un arsenal nuclear sin que nadie en Estados Unidos o Europa hiciera nada por detenerlo.

Si se dejan de lado tales factores, el acercamiento entre Irán y diversos gobiernos latinoamericanos de signo progresista y latinoamericanista resulta lógico y positivo. Lo anterior es particularmente cierto en el caso de Venezuela, por las obvias similitudes entre ambos países: exportadores de petróleo, empeñados en impulsar tecnologías propias y, sobre todo, acosados por un poder imperial que no se resigna a la pérdida histórica de dos naciones sobre las cuales, de una u otra forma, ejercía un control político evidente.

Han fracasado hasta ahora los intentos de diversos funcionarios de Washington y de algunos de sus aliados continentales por fabricar un supuesto eje del mal entre Teherán y Caracas, supuestamente dedicado a promover el terrorismo en la región y a emplearla como trampolín para una escalada contra Estados Unidos. Sin embargo, lo que hay entre las repúblicas islámica y bolivariana está a la vista: acuerdos y programas de cooperación en materia petrolera, tecnológica y militar, todos legítimos. Lo mismo puede decirse de las relaciones de Irán con Cuba, Nicaragua y Ecuador: se trata de vínculos de colaboración entre estados soberanos que en nada afectan la seguridad del gobierno de Washington.

El malestar de la superpotencia ante la visita de Ajmadineyad a tierras americanas se explica, pues, por la doble ruptura regional sufrida por su hegemonía: la que experimentó en el golfo Pérsico a consecuencia de la revolución islámica de 1979, y la que ha ha ido sufriendo en América Latina con el surgimiento de gobiernos que, con distintos matices y actitudes –la argentina de los Kirchner-Fernández, el Brasil de Lula-Rousseff, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, la Venezuela de Hugo Chávez–, han resuelto hacer realidad el principio de soberanía y han emprendido un realineamiento regional sin precedentes, que busca la integración latinoamericana con superación de la miseria y las desigualdades sociales.

México y Argentina: caminos divergentes

La Jornada

La historia de la intensa relación bilateral entre Argentina y México en lo político, lo social y lo cultural no se reflejó en el desangelado encuentro que sostuvieron la presidenta del primero de esos países, Cristina Fernández, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. Fue un encuentro de protocolo, con una ronda de firmas de acuerdos de importancia menor, y una mera formulación de buenos propósitos por ambas partes, de cara al necesario impulso a la integración latinoamericana. Fue, asimismo, la constatación de discursos divergentes: mientras la mandataria argentina imprimió al suyo el tono de un proyecto definido en contra de la desigualdad y en favor del bienestar social, el gobernante mexicano bordó sobre generalidades regionales. En síntesis, fue una reunión en la que se puso de manifiesto, una vez más, el desencuentro entre la administración calderonista y los proyectos gubernamentales progresistas, soberanistas y con sentido social que predominan en la porción sur del continente.

Con independencia de las críticas que puedan formularse al ciclo de gobiernos que arrancó en la nación austral hace ocho años, cuando el fallecido Néstor Kirchner llegó en forma casi accidental a la Presidencia, y que continuó en la administración de su esposa, Cristina Fernández, a partir de diciembre de 2007, es indiscutible que en ellos se ha expresado un proyecto de recuperación de la soberanía nacional, particularmente en materia de política económica y monetaria –una de las primeras medidas del presidente Kirchner fue cancelar la deuda contraída por Argentina con el Fondo Monetario Internacional, a fin de librarse de las imposiciones e injerencias de ese organismo internacional–, de reactivación del mercado interno, promoción de los derechos humanos, combate a la impunidad y construcción de un espacio latinoamericano de independencia ante los grandes bloques mundiales y efectiva convergencia política y económica regional.

En contraste, en el periodo correspondiente, dos presidencias panistas han impulsado un proceso de creciente supeditación de México a Washington, han profundizado una estrategia económica que agrava la dependencia hacia el extranjero y propicia la concentración de la riqueza –con el consiguiente crecimiento de la desigualdad y de la pobreza–, y han socavado el liderazgo histórico que nuestro país proyectó durante décadas hacia todo el subcontinente.

Tal contraste hace inevitable el achicamiento de las relaciones entre el gobierno mexicano y los liderazgos regionales emergentes –Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay–, que con distintos énfasis, ritmos y modalidades reconducen a sus respectivos países hacia los caminos del bienestar social, el crecimiento y la soberanía, caminos que han sido paulatinamente abandonados por los regímenes mexicanos del ciclo neoliberal, que aún perdura. Para avanzar más allá de lo protocolario en tales relaciones será necesario esperar a que en la institucionalidad nacional se produzca un cambio profundo de sentido y de rumbo.

Paz y calidad de vida: virajes necesarios

La Jornada

Según el índice de paz global publicado ayer por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), una institución privada con sede en Sidney, Australia, México ocupa la posición 121 de 153 naciones en ese rubro, por debajo de países latinoamericanos como Honduras (lugar 117), Bolivia (76) o Argentina (55), o de naciones como Siria (116), Egipto (73) y Ruanda (lugar 99). Según el informe referido, los indicadores que más afectan la pérdida de la paz en México son el nivel de la violencia de los criminales (muy alto), la recurrencia de las violaciones a los derechos humanos (alto), y el número de homicidios por cada 100 mil habitantes (alto).

Aunque el baño de sangre que se desarrolla actualmente en el territorio nacional no obedece a algún conflicto bélico internacional –como sí es el caso de algunas de las naciones referidas en el informe–, es obligado recordar que el fenómeno se origina, en buena medida, en factores exógenos, como la insaciable demanda de estupefacientes ilícitos en Estados Unidos, la falta de voluntad de las autoridades de ese país para frenar el flujo ilegal de armas a México y su tradicional indolencia en el combate a la corrupción y a las redes de complicidad dentro de las oficinas públicas y las corporaciones de seguridad estadunidenses. Un dato significativo al respecto es la detención, ayer mismo, de tres empleados del departamento del sheriff del condado de Maricopa, Arizona, acusados de contrabando de drogas, tráfico de indocumentados y lavado de dinero.

Por lo que hace a las cifras de desplazados internos por conflictos armados, la evaluación positiva obtenida por el país en ese rubro en el estudio del IEP contrasta con la información proporcionada ayer por el secretario de Gobierno de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, quien informó que mil 300 personas han debido abandonar sus lugares de origen y refugiarse en albergues estatales a consecuencia de las balaceras ocurridas en las últimas horas en la región de Tierra Caliente; con los alarmantes datos procedentes de alguas regiones tamaulipecas en las que el completo descontrol de los grupos armados irregulares y la ausencia del Estado se han traducido en pueblos fantasmas, o con la súbita proliferación de propiedades inmuebles deshabitadas en Ciudad Juárez y otras localidades del norte del país.

El empecinamiento oficial en una estrategia anticrimen equivocada no sólo ha extendido la violencia y el desasosiego por el territorio nacional –con los consecuentes efectos negativos en términos de normalidad institucional y democrática–; también ha profundizado la desatención de las autoridades federales ante el severo deterioro en las condiciones de vida que padece el conjunto de la población. Esto último puede apreciarse con claridad en el informe recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que se ubica a México como una de las naciones con peores índices de calidad de vida entre las que forman parte de ese organismo, particularmente en lo que se refiere al ingreso, la salud y la educación.

La ubicación de nuestro país en los últimos lugares de las mediciones internacionales en materia de paz y calidad de vida permite ponderar el estrecho vínculo entre flagelos como la pobreza, la desigualdad, la desintegración del tejido social y el desempleo, por un lado, y el auge delictivo, la descomposición institucional, la inseguridad y la pérdida de control por parte del Estado en amplias regiones del territorio, por el otro.

Lo que cabría esperar del gobierno en esta circunstancia es, en lo inmediato, la reformulación de su estrategia fallida y contraproducente de combate a la delincuencia y la consagración de las autoridades a la tarea urgente de pacificar el territorio y reconstruir la seguridad pública. Pero para que esas medidas tengan sentido y viabilidad, resulta imperativa una reorientación en las prioridades gubernamentales, que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, empezando por el reconocimiento de la inviabilidad del modelo económico vigente –generador inexorable de criminalidad y violencia– y la reorientación del gasto público hacia la construcción de infraestructura y el restablecimiento de mecanismos de bienestar social: a fin de cuentas, si hoy se permite que se profundicen las condiciones de tragedia social en que se gesta la delincuencia, no habrá política de seguridad ni policía ni presupuesto que puedan derrotarla.

Educación: rezagos y estrechez de miras

La Jornada

Ayer, al poner en marcha la aplicación de la prueba Enlace 2011, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que sin la realización de dicho examen no hay calidad educativa, y sin calidad lo único que avanza es la injusticia, es la inequidad, es la ignorancia.

Es cuestionable el vínculo causal establecido por el jefe del Ejecutivo entre la realización de la prueba referida y la calidad de la educación: tal afirmación soslaya las críticas formuladas por diversos especialistas al paradigma de medición del desempeño educativo por medio de exámenes estandarizados que, como el propio Enlace, no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de enseñanza; no consideran las desigualdades entre planteles educativos y regiones, no ponderan conocimientos que resultan valiosos en función de ciertos entornos y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o fortalecen el aprendizaje de los educandos.

En todo caso, para que este tipo de pruebas tuviera un mínimo de sentido, habría que empezar por corregir las condiciones físicas ruinosas en que se encuentran miles de escuelas primarias y secundarias en el país –consecuencia, a su vez, del abandono presupuestario al que las recientes administraciones, incluida la actual, han sometido a la educación–; por revertir el deterioro de las condiciones de vida en millones de hogares de estudiantes a raíz de las crisis económicas y de la aplicación del modelo neoliberal aún vigente, y por retirar el control de los ciclos de enseñanza básica y media superior a la cúpula mafiosa y antidemocrática que controla el sindicato magisterial.

Por lo demás, es cuando menos impreciso presentar la prueba Enlace como un antídoto contra el avance de la la injusticia, la inequidad y la ignorancia, habida cuenta de que esos flagelos, en lo que toca a la educación, son producidos por acciones u omisiones de la propia autoridad: resulta difícil imaginar una circunstancia más injusta e inequitativa que la que viven año con año decenas de miles de jóvenes en el país, excluidos de los ciclos de educación media superior y superior a cargo del Estado y cuyas perspectivas se ven reducidas, ante la falta de oportunidades laborales, a la migración, la incorporación a la economía informal o la integración de alguno de los bandos en pugna en el contexto de la actual guerra contra la delincuencia. En este telón de fondo se inscribe la insensible y disparatada convocatoria, recientemente lanzada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los estudiantes de bachillerato se enrolen en las policías estatales y federal, propuesta que ha sido presentada por el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, como una ruta de profesionalización para los jóvenes.

Ante este panorama revisten especial relevancia los señalamientos formulados ayer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien dijo, en referencia a la citada campaña de reclutamiento policial, que no pueden ser nada más ésas las opciones para la juventud; afirmó que se requiere generar alternativas de desarrollo y expectativas para ese sector de la población, y lamentó que en el país persistan inquietud, desesperanza, falta de expectativas reales, valederas, aceptablemente éticas para nuestros jóvenes.

El fortalecimiento de las responsabilidades públicas en materia educativa es una medida de obvia necesidad y de carácter impostergable para saldar la ineficiencia y el deterioro del sistema educativo; para garantizar, en consecuencia, el desarrollo y la viabilidad de la nación, y para dotar a sus jóvenes de oportunidades de desarrollo personal y profesional y de perspectivas de movilidad social. Por desgracia, las declaraciones de Calderón y las políticas de su gobierno en materia educativa confirman la estrechez de miras de la actual administración en ese ámbito.

OCDE, educación y neoliberalismo

La Jornada

En respuesta a los señalamientos formulados en días recientes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de que el gobierno mexicano debe eliminar el subsidio a las gasolinas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, dijo que la solución a los problemas sociales del país no pasa por quitar o poner un impuesto, sino por la revisión integral de sus políticas económicas y sistemas fiscales, de distribución del ingreso y de aplicación de programas sociales.

Por su parte, en la ceremonia de la entrega de la presea Lázaro Cárdenas del Río, realizada en Los Pinos, la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, señaló que la educación debe ser vista como el primer paso para erradicar la violencia y debe complementarse con crecimiento económico, empleo y seguridad; demandó duplicar la proporción actual de jóvenes inscritos en las universidades –que se ubica en 30 por ciento– y destacó la persistencia en el país de rezagos históricos de pobreza y desigualdad social.

Las posturas de quienes encabezan las dos principales instituciones educativas del país son complementarias y apuntan a lo mismo: el carácter insostenible del modelo económico actual y la necesidad de reformularlo.

Por lo que puede percibirse de las recomendaciones de la OCDE –eliminar el subsidio a los combustibles y buscar otras medidas para reducir la pobreza–, ese organismo multinacional se mantiene fiel al postulado neoliberal de eliminar las políticas de bienestar social, cuando es justamente la aplicación de ese paradigma económico el que ha causado en el país una multiplicación del número de pobres, una concentración mayor de la riqueza y una consecuente profundización de la desigualdad social.

Por lo que hace a los señalamientos en Los Pinos de la directora del IPN, resulta significativo y preocupante que el jefe del Ejecutivo haya revirado con afirmaciones como que su gobierno está rompiendo el círculo vicioso de egresados universitarios sin empleo, y que las empresas trasnacionales que invierten en el país no lo hacen por sus salarios bajos. Estas afirmaciones contravienen los informes divulgados por la propia OCDE, los cuales señalan que México es de las naciones donde más horas se trabaja y menores salarios se perciben (Panorama sociedad 2011), y los que lo colocan como el país cuyos ciudadanos con estudios universitarios tienen mayores posibilidades de estar desempleados (Panorama de la educación 2009).

En lo que toca a la respuesta presidencial, a la afirmación de que es necesario ampliar la matrícula de las instituciones de educación superior –nada más alejado de la realidad–, resulta obligado recordar que, en la actual configuración de la economía, la educación pública no es una prioridad: así queda de manifiesto con el recorte presupuestal que sufren las universidades públicas –en contraste con los fondos públicos que se destinan a las tareas de seguridad y al pago de deuda del Fobaproa, entre otros rubros–, y con la proliferación –promovida por las propias autoridades– de planteles educativos privados. En suma, la omisión de estas consideraciones en el discurso de ayer constituye un nuevo botón de muestra de la visión distorsionada y parcial del gobierno en turno respecto de problemas insoslayables del país, como el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, el abandono de las instituciones de educación superior a cargo del Estado y las implicaciones de todo ello en la ausencia de justicia y en la movilidad social.

A estas alturas tendría que ser evidente que la profundización de medidas neoliberales y pro empresariales –como las que promueve la OCDE desde el exterior, o las que ha buscado impulsar el calderonismo desde el interior–, no contribuye a la superación del actual declive nacional, sino todo lo contrario. La reactivación económica y recuperación de la plena gobernabilidad requieren, como plantearon ayer el rector de la UNAM y la directora del IPN, el cambio del modelo económico seguido hasta ahora.

Migrantes: atropellos y complicidades

La Jornada

De acuerdo con un comunicado del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), un grupo de migrantes secuestrado en Tamaulipas y posteriormente liberado identificó y acusó a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de retenerlos, mediante la simulación de operativos oficiales, para posteriormente entregarlos a hombres armados que las autoridades ministeriales han identificado como integrantes de la delincuencia organizada.

Es claro que el colapso de la seguridad pública y el auge de las organizaciones delictivas tiene, entre sus factores principales, un conjunto de complicidades entre empleados públicos y grupos criminales, y la información referida documenta una veta particularmente dolorosa e indignante de esas redes. Es pertinente recordar, al respecto, que en el historial de agravios cometidos contra los ciudadanos extranjeros que transitan por nuestro país, malos elementos del sector público han puesto el ejemplo al crimen organizado: durante años, los asaltos, extorsiones, violaciones y secuestros padecidos recurrentemente por los migrantes centro y sudamericanos han provenido de agentes migratorios sin escrúpulos y de elementos de las corporaciones policiacas de todos los niveles; las actitudes omisas e indolentes de los altos funcionarios ante esta realidad, por su parte, han configurado un clima de impunidad y de desprotección para los extranjeros en México, y es en ese contexto donde las organizaciones delictivas incursionaron, primero, y controlaron, después, el tráfico de personas de otros países que transitan por el territorio nacional.

En este contexto, Los Zetas han convertido en prácticas rutinarias el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzoso y el asesinato de migrantes, y han buscado tener el control del tráfico de personas. Las expresiones más descarnadas de este fenómeno son los brutales asesinatos en masa y el entierro de las víctimas en fosas clandestinas, como las que recientemente han sido halladas en Tamaulipas y Durango. Con estos hechos, es inevitable concluir que los agentes del INM acusados colaboraron en la reducción de ciudadanos extranjeros a la condición de esclavitud o, incluso, en su homicidio.

Por añadidura, frente a testimonios como el señalado, parecen quedarse cortos los planteamientos que atribuyen el riesgo que enfrentan los migrantes a su paso por México a un desamparo provocado por omisiones de la autoridad: sería más preciso decir que quienes transitan por el territorio sin los documentos migratorios correspondientes son objeto de persecución y encarnizamiento criminales y que que algunos de los responsables de ese acoso forman parte de las instituciones gubernamentales.

En tal perspectiva, cabe preguntarse si el caso denunciado por el IFDP es aislado o si forma parte de un patrón de colaboración entre delincuentes y fuerzas del orden. Hay sobrados indicios para suponer que es cierto lo que dice el gobierno federal en el sentido de que existe una amplia red de connivencias entre corporaciones policiales y procuradurías de estados y municipios y las organizaciones del crimen organizado, pero no hay razón para suponer que las dependencias federales estén al margen de esa gravísima descomposición.

Por último, las denuncias presentadas confirman una vez más que las corporaciones gubernamentales siguen constituyendo un factor principal de atropello contra los particulares –nacionales o extranjeros– en el país, y ponen en perspectiva la extrema indefensión que padece el conjunto de la población frente a los abusos del poder: si las autoridades son capaces de actuar con tal crueldad y falta de escrúpulos contra migrantes extranjeros, nada garantiza que no hagan lo mismo con los ciudadanos mexicanos. El episodio, en suma, permite ponderar la urgencia de un giro en la actual estrategia de seguridad, que incluya, como requisito indispensable la depuración y moralización de las fuerzas y oficinas públicas de todos los niveles –y no sólo de las estatales y municipales, como sostiene el discurso calderonista–, a efecto de evitar que se alíen con bandas delictivas o sean infiltradas por éstas y que profundicen, de esa manera, la catástrofe en materia de derechos humanos que padece el país.

Gbagbo : le masque est tombé

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Jack Lang, ancien ministre de la France, est certainement l’une des personnalités du monde politique occidental à avoir encore de l’estime pour Laurent Gbagbo. Dans une lettre ouverte rendue publique hier, il l’interpelle : "tu te grandirais en reconnaissant les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante mise en place avec ton plein accord. L'élection d'Alassane Ouattara a été par ailleurs reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Il t'appartient, à présent, d'accomplir le geste de retrait qui préservera l'unité ivoirienne et assurera la perpétuation de la démocratie dont tu as été le refondateur. J'en appelle à ton amitié et aux valeurs communes que nous partageons. » Cet appel public pour le moins pathétique cache mal pourtant des relents de sommation, expression d’un désappointement mal contenu. Laurent Gbagbo, ex-opposant, s’est métamorphosé. A l’épreuve du Pouvoir, l’ancien socialiste est devenu un bourgeois, plastronnant sur une fortune et un empire régenté par des proches et deux épouses, affairistes, ainsi qu’un budget de souveraineté de l’ordre de 76 milliards de FCFA.

Après huit années de crise militaro-politique, marquées par beaucoup de douleurs et de peines, la Côte d’Ivoire cristallise encore l’actualité sur le continent et bien au-delà. Non pas qu’elle ait organisé une élection présidentielle historique avec une participation d’au moins 80% des électeurs pour les deux tours. Masi, plutôt, parce qu’elle offre à la face du monde, un mélodrame dont on se serait, volontiers, bien passé. Avec pour acteur principal, l’ancien chef de l’Etat, dans le triste rôle du despote, digne de diriger la célèbre « République très, très démocratique du Gondwana », de l'humoriste nigérien, chroniqueur de RFI. Battu proprement dans les urnes, il refuse de céder son fauteuil.

L’ancien chef de l’Etat, à présent, porte la responsabilité du sort de la Côte d'Ivoire. Lui et ses proches, englués dans les scandales et autres compromissions, font courir des risques à la Côte d’Ivoire.

Pis, ils font de notre beau pays, jadis fierté de la sous-région, la risée de l’Afrique. Aussi pitoyable que lamentable, le putsch électoral perpétré par Laurent Gbagbo fait honte, non seulement à la Côte d’Ivoire, mais également à tout le continent africain qui se débat, comme il peut, pour que la sortie de crise qui vient de se dérouler en Guinée, ne soit plus l’exception, mais la règle.

Toutefois, comme le dit si bien l’adage, il n’est jamais trop tard pour bien faire. L’historien a encore une chance, même s’il faut l’avouer, il a « foutu en l’air » le peu de crédit qu’on lui accordait encore, de sortir la tête haute de ce navet, au scénario insipide qu’il impose à toute la Côte d’Ivoire, depuis vendredi.

Comme l’a souhaité la communauté internationale à l’unisson, et surtout son « cher ami » socialiste, qu’il a trimbalé à la Rue princesse de Yopougon, Gbagbo peut encore se sortir de cette situation. Partir par la grande porte, pendant qu’il est encore temps, ne serait qu’honorable pour lui. Reste à espérer que l’historien accepte de saisir le bout de cette ultime perche que lui tend la communauté internationale, en l’occurrence l’Union Africaine qui a dépêché le Président Thabo Mbeki lui parler, afin de le raisonner. Pendant qu’il est encore temps de le faire.

A l’analyse, cette crise met à nu la véritable personnalité de Laurent Gbagbo, homme politique volubile, plus populiste et démagogue que démocrate.

En décidant dans les années 80 de combattre le Président Félix Houphouët-Boigny et de lutter pour le multipartisme, il apparaissait aux yeux d’une certaine opinion, comme le chantre de la démocratie en Côte d’Ivoire.

En réalité, les Ivoiriens ne connaissaient pas l’homme. Normal, puisqu’il avançait masqué. Et au fil des ans, il dévoilera, peu à peu, son vrai visage. Déjà sous la transition militaire de l’an 2000, alors qu’il venait de rompre sans le moindre état d’âme, le Front républicain, on l’a vu manigancer et comploter avec le général Guéi, pour écarter Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et tous les candidats du PDCI de l’élection présidentielle.

Aux manettes du pays, sa gestion du pouvoir a été scabreuse, avec à la clé, l’exacerbation de la crise identitaire, du nationalisme, de la xénophobie et de nombreux crimes politiques et financiers… Inutile de faire une litanie des dérives du régime Gbagbo.

Avec ce putsch électoral manqué, qui s’apparente aux gesticulations de fin règne d’un régime pourri et moribond, Laurent Gbagbo montre aux Ivoiriens la plénitude de sa personnalité. Il n’a jamais été un démocrate. Sans idéal ni conviction, il a escroqué le peuple pendant des décennies, se muant tantôt en oppresseur, tantôt en xénophobe, tantôt en protecteur des pires criminels contre les droits de l’homme. Laurent Gbagbo va quitter, en tout cas pour un long temps, la scène politique. On retiendra que son passage à la tête de la Côte d’Ivoire a été la page la plus sombre de la jeune histoire de ce pays qu’il a plongé dans une guerre.

« L'histoire, si chère au président Gbagbo, oubliera rapidement les arguties juridiques en cours à Abidjan pour tenter de justifier son hold-up électoral. Elle n'oubliera pas, en revanche, celui qui ferait plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos », écrivait récemment un confrère. Il doit choisir

PAR CHARLES SANGA

Costa de Marfil: injerencia impúdica

La Jornada

Ayer, tras una noche de ataques aéreos lanzados por las fuerzas armadas de Francia contra la residencia de Laurent Gbagbo, una columna de tanques franceses puso cerco a la edificación y cubrió a un grupo de fuerzas especiales que arrestó al ex mandatario y lo entregó al movimiento rebelde de Costa de Marfil. El episodio resulta inaceptable, pues deja ver en toda su miseria la intromisión de la ex potencia colonial en el conflicto interno que desgarra al país africano y, por extensión, la arrogancia imperial con que Occidente se comporta en África, como ocurre en Libia en el momento presente. En vez de procurar la solución de los conflictos internos que sacuden a varias de las naciones de ese continente, estadunidenses y europeos se conducen como depositarios de un poder que nadie les otorgó; de hecho, la mayor parte de las naciones de África han debido protagonizar, contra la férula colonial, arduos y cruentos procesos de liberación nacional para conquistar su independencia.

La intervención de París no es, por otra parte, garantía de que la guerra intestina en Costa de Marfil vaya a resolverse; por el contrario, la incursión militar francesa ha provocado ya la furia del sector de la población que respalda a Gbagbo y, en esa medida, ha dado combustible para la continuación del conflicto.

Para colmo, el golpe de mano ordenado por Francia contra el derrocado mandatario no puede ostentar la coartada de la democracia y los derechos humanos, pues los dos bandos locales –el de Gbagbo y el del presidente electo reconocido por Occidente, Alassane Ouattara– son, de acuerdo con reportes de organismos humanitarios internacionales, responsables por graves y masivas violaciones a tales derechos: mientras al grupo del gobernante depuesto se le acusa de haber asesinado, en marzo pasado, a un centenar de combatientes fieles a Ouattara, se responsabiliza a las tropas de éste por haber quemado una decena de pueblos alineados con Gbagbo, asesinar a cientos de civiles y violar a una veintena de mujeres y niñas en el oeste del país.

Así pues, la injerencia militar francesa no ha reducido la barbarie del cruento conflicto tribal; simplemente, ha dado respaldo de blindados y fuerza aérea a una de las barbaries.

Al igual que en Libia, y antes en Afganistán e Irak, la doble moral europea ha quedado exhibida, en suma, en la martirizada Costa de Marfil. El episodio hace ver la urgencia de exigir a las naciones occidentales más contención y buena voluntad ante los conflictos que desgarran a varias naciones de Asia y África, y menos entusiasmo por el uso de la fuerza militar; más y más consistente ayuda efectiva para el desarrollo, y menos bombardeos; más sentido de la responsabilidad nacional y conciencia de la legalidad internacional, y menos injerencias armadas, tan inescrupulosas como ineficaces; más propósitos de solidaridad y menos cálculos geopolíticos mezquinos; más diplomacia y menos fuerzas de operaciones especiales. El envío de fuerzas expedicionarias a países de África, Asia y hasta Latinoamérica, decidido cada vez con menos reparos en la legalidad, constituye un agravio de difícil superación y propicia rencores que, a la postre, se vuelcan contra Occidente mismo.

Parece ser, en fin, que ni Estados Unidos ni Europa han aprendido gran cosa de los ataques perpetrados en Nueva York y Washington hace casi una década ni de las desastrosas guerras lanzadas, en supuesto afán de venganza y prevención, por el gobierno de George W. Bush.

PGR: relevo y debacle

La Jornada

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer la renuncia de Arturo Chávez Chávez a la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titularidad ejercía desde septiembre de 2009, y postuló para ese cargo a la actual subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, quien tendrá que ser ratificada por el Senado.

La dimisión comentada es en sí misma una buena noticia, toda vez que el hasta ayer procurador federal carecía de la talla política y los atributos necesarios para encabezar la PGR –algo que incluso fue detectado por la legación diplomática estadunidense en nuestro país, que lo defionió como soldado de a pie en uno de los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada–, y habida cuenta de que su arribo a Reforma 211 estuvo precedido por duros cuestionamientos sobre su trayectoria como procurador de Chihuahua, entre 1996 y 1998, durante el gobierno estatal del panista Francisco Barrio. Como señalaron en su momento representantes de la oposición, organizaciones humanitarias y activistas sociales, el desempeño de Chávez Chávez en la procuraduría estatal estuvo marcado por la negligencia, la insensibilidad y la omisión, particularmente grave, ante la ola de feminicidios que ya por entonces se abatía sobre Ciudad Juárez. Tales antecedentes, si bien no inhabilitaban legalmente al hoy ex procurador, sí lo incapacitaban política y moralmente para encabezar una dependencia federal que demanda profesionalismo, probidad y respeto al marco legal, y cuyo titular debe gozar de credibilidad, de respaldo social y de consenso.

A posteriori, el saldo del empeño de Felipe Calderón por imponer a Chávez Chávez en la PGR –a contrapelo del sentir de amplios sectores de la sociedad y de una parte del Legislativo– ha quedado en evidencia: durante el año y medio que duró su gestión, esa dependencia padeció, además de la persistencia de los vicios inveterados que acusa la procuración de justicia en el país, una disminución institucional de gran calado.

Un ejemplo paradigmático de lo anterior fue la decisión, adoptada por la PGR, de abandonar las pesquisas por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ocurrido en mayo de 2010 en Querétaro. Tal determinación fue indicativa de una claudicación del Estado mexicano a la tarea fundamental de procurar justicia dentro del propio territorio; evidenció el supuesto compromiso de la actual administración con la vigencia de las leyes como un alegato meramente declarativo, y ahondó en la población el sentir generalizado de zozobra y de vacío de poder. Dicho vacío, por lo demás, se expresó con la profundización de la crisis de seguridad pública que vive el país, con el crecimiento exponencial en el número de muertes en el contexto de la guerra contra el narcotráfico –que alcanzaron, durante la gestión de Chávez Chávez en la PGR, cifras de escándalo– y con la multiplicación de bajas colaterales y ataques a los activistas de derechos humanos en todo el territorio, particularmente grave en la entidad natal del hoy ex procurador.

En suma, el aspecto más relevante del relevo anunciado ayer por Calderón Hinojosa es que con él se pone fin a un ciclo en que la PGR experimentó un deterioro mayúsculo en su credibilidad y autoridad moral, en el que brilló por su ausencia en el cumplimiento de sus tareas básicas, y en el que, por consecuencia, se agravaron significativamente la catástrofe de seguridad pública, el desgobierno, el descontrol y la impunidad que hoy privan en el país.

Libia y la hipocresía de Occidente

La Jornada

Ayer, al cumplirse 11 días de bombardeos aliados sobre la convulsionada Libia, los líderes de la coalición internacional –encabezada por Washington y Bruselas– acordaron en Londres continuar sus acciones militares hasta que Muamar Kadafi abandone el poder; señalaron que el régimen de Trípoli ha perdido totalmente su legitimidad y deberá rendir cuentas por sus acciones, y acordaron crear un grupo de contacto encargado de coordinar la transición política en ese país. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue más lejos que sus homólogos de las naciones aliadas y dejó abierta la posibilidad de suministrar armas y explosivos a los rebeldes libios, lo que, de concretarse, implicaría un incumplimiento del veto contemplado en las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, como advirtió la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez.

Ahora que las potencias occidentales se horrorizan en público por la barbarie con que Kadafi ha respondido a la rebelión en su contra –ayer mismo el primer ministro inglés, David Cameron, deploró los ataques asesinos del dirigente libio contra su población–, y que el objetivo de las acciones aéreas sobre la nación norafricana ha pasado deproteger a la población agredida por las tropas oficialistas al derrocamiento del gobierno de Trípoli –algo que, por cierto, no está previsto en las resoluciones referidas–, es oportuno recordar que la capacidad de fuego y de resistencia de régimen de Kadafi se explica, en buena medida, como consecuencia de la complicidad y de la ayuda directa de Estados Unidos y de Europa occidental. En los años pasados, y al margen de divergencias ideológicas y políticas, esas potencias suscribieron una alianza tácita con el líder de la revolución libia a fin de de asegurar sus intereses geopolíticos en la región y su abasto de petróleo. En esa lógica, toleraron a Kadafi y a sus familiares como inversionistas prominentes en las economías occidentales; ayudaron con ello a consolidar la fortuna personal del líder libio, y lo proveyeron, para colmo, de buena parte del armamento que hoy emplea contra su población, a efecto de procurar oportunidades de negocio para la industria armamentista estadunidense y europea.

Ahora, agotado el capital político del gobernante libio ante las potencias occidentales, éstas han decidido intervenir de manera tardía e improcedente en la nación magrebí y repiten con ello un patrón harto conocido: se presentó en Panamá en 1989, con la invasión de tropas estadunidenses para derrocar al ex dictador Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, y se ha reproducido durante las posteriores invasiones a Afganistán e Irak, en las que la Casa Blanca y el Pentágono han enfrentado, respectivamente, a las milicias talibanas armadas por ellos mismos durante la invasión soviética a la nación centroasiática y al régimen de Saddam Hussein, apoyado por el gobierno de Ronald Reagan en sus afanes bélicos contra Irán a principios de los años 80 del siglo pasado.

De tal forma, al carácter intrínsecamente injustificable y bárbaro de la actual intervención occidental en Libia –que hasta ahora ha cobrado decenas de vida de civiles inocentes y ha multiplicado el sufrimiento humano y la destrucción material de ese país– se suman dos agravantes: la tolerancia y el respaldo que Washington y sus aliados mantienen en la hora presente a regímenes del mundo árabe tan corruptos y antidemocráticos como el de Libia, y la ayuda política, económica y militar que esos mismos gobiernos dieron en su momento al propio Kadafi. Se evidencia así, una vez más, la hipocresía de los gobiernos de Occidente.

Izquierda sin partido y partido sin rumbo

La Jornada

Mucha es la carga simbólica, pero también mucha la sustancia de los encuentros realizados ayer –con marcadas diferencias en cuanto a contextos, ánimos y contenidos– por los dos principales núcleos de la izquierda legalista en México. En el primero de ellos, las distintas corrientes representadas en el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) volvieron a exhibir ante la opinión pública sus divisiones internas durante el proceso de elección de una nueva dirigencia nacional, proceso que ha estado centrado en las negociaciones, los jaloneos y las disputas abiertas por la conquista y conservación de cotos, cuotas y posiciones de poder.

De su lado, en un encuentro realizado en el Auditorio Nacional, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su nuevo proyecto alternativo de nación, integrado por una cincuentena de directrices de diversas índole –viraje en la política económica, promoción de la competencia, democratización de las telecomunicaciones, libertad sindical, justicia social y desarrollo, transparencia y combate a la corrupción, rescate de la educación y la salud públicas, entre otras–, y reiteró la intención de su movimiento de participar en los comicios presidenciales de 2012.

El hecho de que los dos actos referidos se hayan desarrollado el mismo día –si bien el cónclave perredista se extendió desde el sábado hasta las últimas horas de ayer– da cuenta de una virtual escisión entre el movimiento lopezobradorista y los aparatos que se disputan el dominio del PRD. Si se atiende a los contrastes observados entre ambas reuniones, las diferencias parecen difícilmente reconciliables: mientras en el encuentro perredista los liderazgos de las distintas corrientes del sol azteca dejaron de lado discusiones de índole ideológica y programática, en el encuentro lopezobradorista se presenció justamente lo contrario: la presentación de un proyecto de país, las formulaciones ideológicas y un programa de acción y de gobierno claramente definido.

Los liderazgos perredistas podrán lograr acuerdos sobre el control del aparato político del partido, pero es claro que éste ha dejado de ser punto de referencia y de confluencia para buena parte de las fuerzas políticas de signo progresista, y que ha perdido su condición de articulador entre la política formal y los movimientos sociales y populares: dicho papel es desempeñado actualmente por el movimiento ciudadano encabezado por el político tabasqueño y, sin los contenidos y el caudal de votantes reunidos en esa expresión, parece difícil que el PRD pueda aspirar a un buen resultado en los procesos electorales venideros.

Las actos celebrados ayer constituyen, en suma, la fotografía de una izquierda dividida en dos polos: por un lado, el integrado por una fuerza ciudadana amplia y creciente, mayoritariamente organizada y desplegada al margen de los institutos políticos; por el otro, el que representa un partido distanciado de los movimientos sociales, y carente de causas y de banderas más allá de la preservación de los espacios de poder político conquistados, en buena medida, gracias al impulso de la resistencia cívica que se aglutinó en torno a la candidatura presidencial de López Obrador en 2006, la cual permanece unida –así quedó demostrado ayer– en el rechazo a las políticas privatizadoras y antipopulares del gobierno en turno y en la delineación de una nueva República. El saldo del virtual deslinde escenificado ayer no es reconfortante: de un lado, el movimiento de izquierda más visible del país, carente de partido; del otro, un aparato partidista volcado al pragmatismo extremo y desprovisto de rumbo y de proyecto político.

La adulteración de la política

La Jornada

Los datos arrojados al cierre del Programa de Resultados Electorales Preeliminares de Baja California Sur confirmaron la victoria del aspirante del PAN a la gubernatura de esa entidad, Marcos Covarrubias, con 40.35 por ciento de los sufragios, así como el segundo lugar obtenido por el PRI, en coalición con el PVEM, en los comicios estatales del pasado domingo. El PRD, por su parte, no pudo sobreponerse a sus sempiternas pugnas intestinas, que en esta ocasión se expresaron con la fuga de varios de sus precandidatos a otros partidos –incluyendo al propio Covarrubias–, obtuvo apenas poco más de 20 por ciento de los votos y terminó así con 12 años al frente del gobierno sudcaliforniano.

Más allá del análisis sobre estos resultados y su impacto en la reconfiguración del mapa electoral, un dato fundamental que arrojan estos comicios –al igual que los celebrados la semana pasada en Guerrero, donde resultó electo un ex priísta postulado por el PRD, Ángel Aguirre Rivero– es el desvanecimiento de las definiciones y los límites ideológicos y programáticos de los partidos políticos, así como de sus candidatos: ello se ha manifestado en alianzas entre fuerzas distintas y hasta antagónicas –como las que contendieron por varias gubernaturas el año pasado– o con la postulación de políticos tránsfugas, como los propios Covarrubias y Aguirre, a puestos de elección popular.

La principal damnificada de este proceso que involucra a partidos y a "políticos profesionales" es, en forma paradójica, la política misma. Los beneficios que esas prácticas reportan a quienes participan en ellas –básicamente la obtención de prebendas y de privilegios del poder– es proporcional a la desconfianza que generan en la ciudadanía las promesas de campaña hechas desde la incompatibilidad programática. La imposición del pragmatismo electorero tergiversa una de las razones de ser de los partidos políticos: promover proyectos de país diferenciados, definidos ideológica y conceptualmente, someterlos al escrutinio público y granjearse, con base en ello, las simpatías electorales. El desdibujamiento de sus propios estatutos, plataformas y programas, en cambio, hace que esos organismos se confundan entre sí, hasta el punto de volverse prácticamente indistinguibles –más allá de las siglas y los colores– para la ciudadanía.

Las afectaciones derivadas de lo anterior trascienden la pérdida de referentes y de alternativas en el ámbito de la competencia partidista: esta suerte de adulteración de la política también incide negativamente en el funcionamiento y la credibilidad de una institucionalidad que, pese a estar formalmente vigente, se presenta cada vez más distanciada de los ciudadanos, cada vez más ajena a sus problemas y cada vez más próxima a la mera simulación. Esta perspectiva es tan atendible como preocupante, pues resulta difícil imaginar una mejor vía para dañar la estabilidad política del país, de suyo precaria, que abonar al hartazgo y la desconfianza de la ciudadanía respecto de sus representantes, sus gobernantes y el conjunto del sistema político.

Los procesos electorales que habrán de tener lugar este año representan una oportunidad para restañar la confiabilidad y la legitimidad del régimen político actual. Pero en la medida en que los actores político-partidistas del país sigan comportándose sin otro criterio más que la obtención de beneficios inmediatos, quedarán exhibidos en su desinterés por los problemas de la población y en su desprecio a la capacidad de decisión de la ciudadanía; se profundizará la crisis de representatividad y el descrédito institucional a un nivel irreversible, y 2012 podría convertirse, de continuar este rumbo, en la demolición definitiva de las vías electorales y democráticas en el país.

Abdicar a la soberanía

La Jornada

En documentos divulgados por el sitio Wikileaks y difundidos ayer –un día antes de que inicie su visita a México la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton–, se da cuenta de nuevos episodios de subordinación del gobierno de México al de Estados Unidos en aspectos relacionados con la seguridad pública y el control migratorio.

En el primero de esos documentos, fechado en febrero de 2010, se afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para "pacificar" Ciudad Juárez y "responder a la presión pública de hacer algo por la localidad". Es significativo y preocupante que el principal viso de sensatez ante tal petición haya debido venir de la funcionaria estadunidense: de acuerdo con el documento, Napolitano respondió que las autoridades de su país podrían ayudar a la identificación de objetivos, pero que "México debe ir más allá de los despliegues militares y establecer una fuerza de policía en Ciudad Juárez capaz de vigilar todas las calles y viviendas".

Independientemente de lo que Calderón haya tenido en mente al pedir la ayuda del EPIC para controlar la violencia en la ensangrentada urbe fronteriza, la solicitud confirma que desde el Poder Ejecutivo se propicia la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en tareas de seguridad y de manejo de la fuerza pública, lo cual se hace a espaldas de la sociedad. Por lo demás, el contenido del cable referido da cuenta del empecinamiento de las autoridades nacionales en una estrategia a todas luces fallida: los despliegues policiales y militares ordenados en amplias regiones del territorio han demostrado no sólo ser inútiles, sino contraproducentes, y el caso de Ciudad Juárez es dolorosamente paradigmático al respecto; sin embargo, lejos de rectificar, el gobierno mexicano se muestra empeñado en profundizar dicha política, aunque ello implique el riesgo de vulnerar la soberanía nacional.

Si del documento referido se desprende que el gobierno mexicano no ve con malos ojos la operación de agentes estadunidenses en el país, en otro de los cables difundidos ayer por Wikileaks se pone en evidencia su papel como facilitador de esa medida: de acuerdo con un mensaje diplomático, personal de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha realizado interrogatorios a migrantes indocumentados detenidos en el país, con el apoyo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en respaldo a una inquietud de las autoridades estadunidenses de que el terrorismo internacional pudiera aprovechar la frontera con México para atacarlos.

Lo anterior es improcedente por partida triple: porque de nueva cuenta se evidencia una concesión inaceptable en materia de soberanía; porque México queda exhibido como un país que presta su territorio para actividades de hostigamiento practicadas por Washington contra ciudadanos de terceras naciones, y porque, con ello, el gobierno mexicano asume como causa propia, ante los ojos del mundo, la "guerra contra el terrorismo" emprendida por el gobierno de Bush, y suscribe, así sea tácitamente, las obsesiones estadunidenses de seguridad nacional características del gobierno anterior del vecino país, pero que han persistido durante la actual presidencia y que son contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos.

A la luz de estos elementos de juicio, la sumisión del gobierno federal a Washington en lo que debieran ser tareas irrenunciables de cualquier Estado –como la seguridad pública y el control migratorio– confirma que, además de la ruptura de la legalidad y el estado de derecho en amplias franjas del territorio, un saldo principal de los cuatro años de la actual administración es, precisamente, una abdicación inaceptable de la soberanía nacional.

Educación: el designio privatizador

La Jornada

En la década reciente, en Nueva York, la educación pública ha experimentado un giro cualitativo en su manejo y objetivos: la enseñanza ha dejado de ser vista como derecho para convertirse en oportunidad de negocio; los docentes han pasado a ser "empleados" que persiguen el "éxito" de sus "clientes" –los estudiantes–, y el papel de las autoridades educativas está en proceso de reducirse, en el mejor de los casos, a meras funciones administrativas. El vínculo visible entre estas últimas y el sector empresarial es el todavía secretario de Educación de esa ciudad, Joel Klein, ex abogado en Wall Street y futuro vicepresidente de News Corp, la trasnacional de medios dirigida por Rupert Murdoch. Por su parte, la nueva titular de la dependencia, Cathleen Black, cuenta con amplia experiencia en gestión empresarial, que incluye su paso por las juntas directivas de IBM y Coca-Cola, así como su desempeño como ejecutiva en jefe de la empresa de revistas comerciales Hearst Magazines.

Así pues, aunque el discurso oficial insista en que la reforma educativa impulsada por el alcalde neoyorkino Michael Bloomberg persigue el beneficio de la niñez de esa ciudad, es claro que lo que se desarrolla ahí es parte de un proceso de privatización de la educación que cuenta entre sus principales beneficiarios e impulsores a empresarios y especuladores financieros. El logro más destacado de este proceso es la proliferación de las llamadas “escuelas charter”, centros de enseñanza semiprivada que en no pocos casos operan como instituciones con fines de lucro y dejan cuantiosas ganancias a operadores particulares.

La circunstancia descrita cobra especial relevancia si se toma en cuenta que Nueva York ha sido, en diversos momentos del pasado reciente, un laboratorio del neoliberalismo y de los procesos de infiltración de los intereses privados en la esfera pública: así ocurrió en los años siguientes a 1975, cuando a la declaratoria de bancarrota de la ciudad siguió un proceso de restructuración a gran escala que acabó por obedecer a las necesidades y los gustos del poder financiero, a cambio del sacrificio de las mayorías. Tal proceso se reproduciría posteriormente en otros países, incluido el nuestro. Según puede verse, eso mismo ha venido ocurriendo en el ámbito de la educación, y con similares argumentos: la identificación de una crisis, la ubicación de sus causas –en este caso, la ineficiencia de los docentes y de la enseñanza pública– y la reivindicación de los valores y las fórmulas del sector privado como solución a los problemas.

Estas consideraciones resultan particularmente preocupantes para nuestro país, pues se ha buscado adoptar, en años recientes, políticas educativas que son una calca de las aplicadas en Estados Unidos. Una muestra de ello es la denominada Alianza por la Calidad de la Educación, acuerdo que guarda grandes similitudes con la legislación estadunidense No child left behind (Que ningún niño se quede atrás): la más relevante es el afán de imponer la aplicación de pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación para el desempeño educativo, valoración que ha sido descalificada por especialistas mexicanos y estadunidenses en la materia. Por lo que hace a la participación de la iniciativa privada, es evidente el creciente protagonismo, en nuestro país, de organismos financiados por intereses particulares que buscan imponer su agenda en materia educativa, para lo cual se valen de diagnósticos y argumentaciones similares a las de sus contrapartes estadunidenses.

Nadie puede negar las deficiencias que aquejan al país en materia educativa ni puede soslayarse la cuota de responsabilidad que corresponde a la cúpula antidemocrática que controla el sindicato magisterial. Pero la atención de esos y otros problemas pasa por un viraje en el modelo económico depredador aún vigente, corregir las desigualdades socioeconómicas, introducir factores de racionalidad y bienestar en la economía y, sobre todo, terminar con el abandono presupuestario con que las recientes administraciones han condenado a los ciclos de enseñanza a cargo del Estado. En tanto las propuestas empresariales no toquen esos puntos, la sociedad tiene razones de sobra para sospechar y para ver en ellas no un afán de mejoramiento educativo, sino un designio privatizador.

Impunidad e indignación

La Jornada

Marisela Escobedo Ortiz, activista contra la violencia y el homicidio de mujeres en Chihuahua, fue asesinada la noche de jueves a las afueras del palacio de gobierno de esa entidad, donde realizaba, desde hace dos semanas, un plantón en protesta por la liberación del asesino confeso de su hija, absuelto el año pasado por un error de "técnica jurídica".

Pese a la ausencia de resultados oficiales en las incipientes pesquisas sobre el caso, es posible afirmar que el crimen referido está directamente relacionado con el activismo que Escobedo Ortiz desempeñó en los últimos dos años, tiempo durante el cual se erigió en motor de tareas e investigaciones que, por ley, corresponden a la autoridad: evitó que las instancias estatales de seguridad pública y procuración de justicia dieran carpetazo a la desaparición y asesinato de su hija; contribuyó a la captura del culpable de esos delitos; encabezó protestas contra un fallo absolutorio impresentable; logró la revocación de éste en una instancia de apelación; ubicó al delincuente confeso, quien para entonces se hallaba prófugo, y presionó a la autoridad para recapturarlo. Como suele ocurrir en estos casos, el valor y la determinación con que Marisela Escobedo enfrentó a miembros de procuradurías, autoridades y jueces le costó ser objeto de múltiples amenazas y agresiones y, finalmente, fue asesinada frente a la máxima sede del poder público estatal y sin contar con la mínima protección por parte de las autoridades.

La muerte de la activista constituye, así, un alarmante testimonio de las incapacidades, las carencias, las improvisaciones y la inoperancia, en general, de las instancias nacionales y locales encargadas de la investigación, la procuración y la impartición de justicia. La más grave consecuencia de estos vicios, tanto en el caso de Marisela Escobedo como en muchos otros que ni siquiera salen a la luz pública, es la impunidad: al día de hoy persiste la certeza desalentadora de que, ya sea por las redes de corrupción que vinculan a la criminalidad organizada con fiscalías y órganos jurisdiccionales, o por las carencias intelectuales y técnicas de éstos, quedan sin resolver –esto es, sin esclarecer, sin identificar a los responsables y sin someterlos a juicio y a sanción– un alto porcentaje de los delitos graves en el país, y que en no pocos casos ello se vuelve contra las víctimas y sus familias.

Con estas consideraciones en mente, las acciones emprendidas por el gobierno estatal encabezado por César Duarte para esclarecer el asesinato comentado se muestran insuficientes: si bien es necesario investigar a los jueces que resolvieron la liberación de un criminal confeso, otro tanto debiera ocurrir con los fiscales que integraron, con deficiencias, los expedientes acusatorios correspondientes. Asimismo, el episodio es una demostración de que de muy poco sirven las modificaciones formales a los sistema de impartición de justicia –el de Chihuahua se basa, desde hace tres años, en juicios orales, y se caracteriza por penas particularmente severas contra los acusados que son hallados culpables– si en su operación y conducción persisten fallas y vicios inveterados, como los referidos.

Para finalizar, el asesinato de Marisela Escobedo no puede, desde ningún punto de vista, minimizarse ni verse como un hecho aislado: se inscribe, en cambio, en una lista de agresiones a activistas y defensores de derechos humanos en Chihuahua y en otras entidades, las cuales son atribuibles tanto a grupos delictivos como a autoridades de los distintos niveles de gobierno, y se multiplican en el presente contexto de violencia desorbitada e impunidad generalizada y en un clima de incertidumbre en todos los ámbitos de la vida nacional. En lo inmediato, es exigible que las autoridades correspondientes esclarezcan la muerte de la activista y ofrezcan a la opinión pública resultados verosímiles y apegados a derecho.

Descalificaciones y fractura nacional

La Jornada

Las declaraciones formuladas el pasado martes por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, de que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un peligro para México, han provocado una andanada de críticas y tomas de distancia en un espectro político e ideológico que va de los legisladores del PRD, el PT y Convergencia hasta el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, pasando por las cúpulas legislativas priístas, dirigencias corporativas del tricolor, e incluso por sectores y funcionarios cercanos al poder: ayer, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, llamó al declarante a ser responsable de sus dichos, si bien advirtió que el organismo que encabeza no puede perseguir y sancionar de oficio esos señalamientos. Por su parte, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, consejeros del Instituto Federal Electoral, indicaron que los asertos de Calderón ponen en riesgo la estabilidad del país al reabrir la herida producida por los comicios presidenciales de 2006.

En efecto, la declaración que se comenta es improcedente, tanto en la forma como en el fondo, y poco respetuosa de la investidura del declarante. Sin duda, es válido que un jefe de Estado fije posturas críticas respecto de sus opositores, siempre y cuando se conduzca con mesura y serenidad: en cambio, descalificar al lopezobradorismo como un peligro para México equivale a equiparar esa expresión política con una amenaza que debe ser combatida y erradicada. Si en el contexto de la campaña electoral de 2006 el empleo de la frase mencionada por el entonces aspirante blanquiazul implicó una degradación del ambiente previo a los comicios y un agravio a la ciudadanía en su conjunto, su reutilización por el hoy gobernante exhibe un ejercicio del poder intolerante, excluyente y hostil hacia, cuando menos, el tercio del electorado que votó –si ha de creerse a las impugnadas cifras oficiales– por López Obrador.

Mas allá del exceso verbal, la declaración presidencial constituye una violación a las normativas legales vigentes en materia electoral, que prohíben expresamente el uso de propaganda negativa y los pronunciamientos de los gobernantes en favor o en contra de personajes o partidos políticos. Flaco favor hace Calderón a su imagen personal y a la de su gobierno cuando por un lado reclama el cumplimiento de ley y el respeto al estado de derecho, y por el otro exhibe –como indicó el consejero electoral Baños– una falta de disposición para sujetarse a ordenamientos legales como los referidos.

Pero lo más preocupante de estas declaraciones es que con ellas Calderón Hinojosa profundiza una fractura política y social originada en el turbio y cuestionado proceso electoral de 2006 y agudizada por la falta de voluntad de las autoridades electorales para esclarecer, mediante un recuento confiable de los sufragios, el resultado definitivo de los comicios. Por añadidura, el gobernante desvirtúa sus constantes llamados a la unidad de todos los mexicanos. Antes de afirmar que el político tabasqueño hizo un daño terrible a México con su campaña de rencor y de odio antes y después de las elecciones, el jefe del Ejecutivo tendría que recordar que fue más bien el equipo de la campaña presidencial panista el que intoxicó, hace cuatro años, el ambiente político; que lo hizo mediante una virulenta campaña propagandística, ideada y operada bajo la asesoría del publicista Antonio Solá, y que aquella campaña, que sembró la discordia entre el electorado y alimentó la crispación y la polarización en la sociedad, tenía precisamente como frase rectora la que atribuía a López Obrador el ser un peligro para México.

En democracia, una tarea fundamental de un jefe de Estado es distender las confrontaciones y propiciar la construcción de consensos nacionales. Con los señalamientos formulados anteayer, en cambio, Calderón se ubica como factor de tensión y confrontación nacionales, merma, con ello, su propia autoridad y credibilidad, y profundiza el déficit de legitimidad que su gobierno arrastra de origen.

Centroamérica ante la involución mexicana

La Jornada

A casi dos semanas de la masacre de 72 centro y sudamericanos ocurrida en Tamaulipas, los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana solicitaron a México, en un comunicado conjunto, la instalación de un observatorio de derechos humanos para proteger a los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país; la adopción, en el corto plazo, de mecanismos para evitar que se cometan hechos de violencia como los referidos, y el esclarecimiento de esos asesinatos.

El reclamo de estas naciones pone en relieve un gravísimo retroceso en nuestro país. En otras décadas, México se desempeñó como un factor de civilidad, de paz y de respeto a los derechos humanos en Centroamérica; como ejemplos, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), la conformación del Grupo Contadora, antecesor del Grupo de Río, y las intermediaciones en los procesos de paz de El Salvador y Guatemala. De igual manera, la diplomacia mexicana logró forjar una tradición de asilo y hospitalidad hacia los refugiados, como quedó de manifiesto con la recepción de guatemaltecos en entidades del sureste. Hoy, sin embargo, los gobiernos centroamericanos demandan a las autoridades mexicanas el respeto a las garantías individuales de sus connacionales, y exhiben con ello la incapacidad de nuestro país para hacer cumplir los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física.

En dicha petición convergen, por un lado, la evolución política que han experimentado esos países en las últimas tres décadas –la cual ha sido posible en buena medida gracias a México– y, por el otro, el deterioro por el que, en ese mismo lapso, ha transitado el Estado mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas. Es inevitable vincular esta descomposición con la aplicación en el país de una doctrina económica –el neoliberalismo– que pugna por una reducción extrema del Estado en sus dimensiones y atributos: si las facultades públicas en materia de política económica, industrial y comercial han sido deliberadamente disminuidas, es inevitable que ocurra otro tanto en terrenos como el control migratorio y el de la seguridad pública.

Tal circunstancia ha llevado a un escenario de ruptura de la legalidad en el cual los extranjeros que carecen de documentos migratorios constituyen uno de los sectores más desamparados y vulnerables. Ilustrativo de ello es el dato, proporcionado hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que entre septiembre y febrero pasados fueron secuestrados en el país 10 mil migrantes irregulares.

La conclusión inevitable es que el gobierno mexicano carece de autoridad moral para reclamar por el trato degradante al que son sometidos los connacionales en Estados Unidos, cuando aquí se cometen atropellos iguales, o peores, contra los ciudadanos de otros países. La autoridad no garantiza el cumplimiento de los derechos de ese sector, pero esa omisión no es lo más grave: a ello se suman los abusos cometidos por las autoridades mismas y los casos de complicidad entre funcionarios públicos y bandas dedicadas al tráfico de personas. Tal circunstancia, en suma, coloca al gobierno mexicano en una posición de descrédito y vergüenza frente al mundo.

EU: Migrantes, drogas e hipocresía

La Jornada

De acuerdo con un análisis editorial publicado ayer por The New York Times, la reciente masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos en Tamaulipas confirma que el gobierno de Washington ha delegado en los señores de las drogas el manejo de su política de abasto migratorio, como lo hizo anteriormente con el suministro de estupefacientes, y los resultados están claros.

Con crudeza inusual, el rotativo neoyorquino señala que “los cárteles mexicanos son alimentados por Estados Unidos con dinero en efectivo, armas pesadas y adicciones”, en tanto el flujo humano hacia el norte es alimentado por nuestra demanda de mano de obra barata. En tal circunstancia, las organizaciones del narcotráfico –capitalistas oportunistas– han incursionado en el negocio del tráfico de personas: los inmigrantes indocumentados son en cierto sentido mejores que la cocaína, porque se les puede obligar a pagar rescate y ser convertidos en transportadores de droga.

El editorial referido no sólo se inscribe en los señalamientos sobre la vinculación creciente entre narcotráfico y trata de personas –vínculo que resultó bárbaramente evidenciado por la masacre de centro y sudamericanos en Tamaulipas–, sino se suma a señalamientos acerca de la inacción de Washington en materia de combate a las drogas.

Numerosos analistas han expresado dudas sobre el compromiso real del gobierno estadunidense en ese empeño impuesto por él mismo a otros países del continente, y para fundamentar la sospecha se señala, entre otros hechos, la supuesta incapacidad del aparato policial, militar y tecnológico más poderoso del mundo para detectar e interceptar la inmensa mayoría de los embarques de estupefacientes ilícitos que cruzan la línea fronteriza entre México y Estados Unidos o que ingresan a la nación vecina por mar o por aire. Una vez que las sustancias ilícitas llegan a ese país, son distribuidas y comercializadas sin mayores contratiempos desde el río Bravo hasta Canadá, y desde el Pacífico hasta el Atlántico.

La inconsistencia entre el discurso oficial de Washington y sus acciones para detener el tráfico de estupefacientes en su propio territorio es simétrica a la incongruencia que existe entre la políticas oficiales en materia de migración, persecutorias y represivas, tanto en lo federal como en los ámbitos estatales, y la evidente necesidad de la economía estadunidense de nutrirse con mano de obra barata que no puede provenir más que de los trabajadores extranjeros, latinoamericanos en su mayoría, que llegan al país sin documentos migratorios.

En uno y otro ámbitos se pone de manifiesto, pues, una hipocresía que a decir de The New York Times llega hasta el punto de usar a los cárteles mexicanos como la válvula que controla el caudal migratorio. En la medida en que tales ejercicios de simulación sean ciertos –y todos los elementos de juicio apuntan a que lo son–, resulta inevitable preguntarse si semejantes abismos entre las leyes y la práctica gubernamental y empresarial no configuran un gigantesco fraude a la comunidad internacional y a la propia opinión pública estadunidense, mayoritariamente intoxicada por una propaganda que presenta, por un lado, a un país inmaculado, próspero, sano y regido por el derecho, y por el otro, a un conjunto de naciones que invaden el territorio estadunidense con drogas ilícitas y con migrantes delictivos y peligrosos.

En todo caso, queda claro que el lugar de los segundos en el narcotráfico no es el de protagonistas, sino en todo caso el de víctimas, y que son las propias autoridades de Estados Unidos las que por medio de estrategias fallidas, si no es que malintencionadas, las que han creado esa circunstancia.

La conclusión inevitable de esta reflexión es que Washington carece de autoridad moral para dictar, acordar o sugerir acciones en materia de combate a la delincuencia organizada y, en particular, al tráfico de drogas, y que si bien es cierto que tales fenómenos, habida cuenta de su carácter global, deben ser enfrentados en forma multilateral y concertada, las estrategias correspondientes deben ser formuladas en negociaciones equitativas y respetuosas de las soberanías. En este punto, a las autoridades mexicanas corresponde abandonar la sumisión con la que han actuado y asumir de una vez por todas que Estados Unidos no puede ser visto como fuente de soluciones, sino como parte del problema.

Rescatar Mexicana

La Jornada

Ayer, mientras Mexicana de Aviación anunciaba la cancelación de 15 vuelos internacionales y la transferencia de la mayoría de sus viajes nacionales a sus filiales de bajo costo Click y Link, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) emprendió negociaciones con posibles inversionistas con el propósito de salvar la empresa y los miles de puestos de trabajo que representa. El gobierno federal, en tanto, observa impávido la crisis de la aerolínea.

Es oportuno referirse a los paralelismos entre el caso de Mexicana y el de Luz y Fuerza del Centro. Aunque la primera era una empresa pública, y la segunda es propiedad de un consorcio privado, en ambos casos los administradores han omitido sus responsabilidades en el manejo financiero y han declarado la inviabilidad de operaciones, supuestamente causada por contratos colectivos onerosos e impagables. En ambos casos se trata de empresas estratégicas. En las dos circunstancias, por lo demás, las direcciones corporativas han tolerado o propiciado la descapitalización.

Por lo que hace a la historia de la línea aérea, rescatada en dos ocasiones con dinero público y llevada a la quiebra, o cerca de ella, por empresarios beneficiados con desincorporaciones dudosas y cuestionadas, tendría que resultar imperativa una investigación de las prácticas empresariales que condujeron a una transferencia del valor de la compañía a dos filiales de bajo costo –las cuales trabajan con números negros y elevadas utilidades–, en una operación que algunos han descrito como saqueo y depredación, y como un ataque deliberado a las conquistas laborales y sindicales logradas por el personal de Mexicana. Es falso, como se ha demostrado con números en mano, que los pilotos y sobrecargos de esa línea aérea perciban ingresos de privilegio con respecto a sus homólogos de otros países. En todo caso, el hecho es que el desbarajuste financiero en el que Gastón Azcárraga y sus socios pretenden dejar a la empresa aérea tiene como telón de fondo una campaña contra los contratos colectivos de diversos gremios –mineros y electricistas, en primer lugar–, de la cual las autoridades laborales, supuestamente responsables de velar por los intereses de los trabajadores, han sido activas promotoras.

La suspensión de los vuelos internacionales y el endoso de los nacionales a Click y Link agravan la circunstancia de Mexicana, no sólo por los ingresos que se pierden en lo inmediato, sino también por la pérdida de participación en el mercado. Por añadidura, este quebranto de Mexicana fortalece a sus competidoras extranjeras y debilita al país en la medida en que representa una disminución del flujo de divisas y un retroceso en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales.

En más de una ocasión el gobierno federal ha salvado a Mexicana de la quiebra para beneficiar a inversionistas privados que no han podido o querido sacar adelante a la aerolínea. En la ocasión presente no hay justificación, ni económica ni ideológica, para que el Estado no emprenda una nueva operación de rescate, pero esta vez para contribuir a consolidar una entidad que sea, al menos en una parte significativa, propiedad de sus trabajadores. De no proceder así, la actual administración refrendará sus posturas pro empresariales, antilaborales y antinacionales, y experimentará una nueva pérdida de credibilidad y de respaldo por parte de la sociedad.