Carlos Fuentes
He seguido con atención la carrera legislativa y partidista de Felipe Calderón. Le agradezco su oportuna intervención ante un conato de censura contra un libro mío. No voté por él en las presidenciales de 2006. No me dejé emocionar tampoco por los números de la elección. A falta de pruebas concretas, no sólo emocionales, de fraude, recordé que en elecciones democráticas en Europa se pierde o se gana por mínimos porcentuales. Las aplastantes mayorías de tiempos del PRI ya no son. Pero el sistema se presta a confusión. Urge una reforma que posibilite la segunda vuelta en elecciones a presidente, disipando dudas y legitimando funciones.
A Calderón le tocó, de todos modos, bailar con la más fea. Perdida la omnipotencia presidencial de antaño, han cobrado fuerza los gobernadores de los estados y, sobre todo, han consolidado la suya las corporaciones públicas y privadas. Calderón no puede mandarle a los gobernadores, pero sí podría limitar a las corporaciones. No es la primera vez en la historia que grupos monopolísticos ponen en peligro el propio desarrollo de la economía que los enriquece. Un caso notable es el de la Ley Sherman de 1890, dirigida contra la excesiva concentración de poder de las empresas y empresarios que estuvieron en la base del desarrollo de los EE.UU. pero cuyas prácticas monopolísticas ponían en peligro no sólo a los EE.UU., sino al propio capitalismo. El presidente Teodoro Roosevelt, entre 1901 y 1909, aplicó la Ley Sherman, dándose cuenta de que las prácticas monopolísticas retrasaban el desarrollo del país, necesitado de mayor pluralismo empresarial.
Con la aplicación de la Ley Sherman, Roosevelt inició el desarrollo moderno de los EE.UU. La Ley Sherman demostró su validez una vez y otra, notablemente contra la ALCOA (Aluminum Company of America) en 1945 y contra la AT&T (American Telephone and Telegraph Co.) en 1984, para sólo citar dos ejemplos recientes. Ganó el país. Ganaron las propias empresas, obligadas a diversificarse y competir. ¿Entenderían esto en México los poderosos grupos de la empresa privada y el sindicalismo? Pregunta que debería hacerse Calderón, en beneficio de su presidencia, sitiada durante los primeros tres años por los grupos monopólicos privados y sindicales.
En la segunda mitad del sexenio, a las presiones ya citadas se añade una realidad política: el regreso del PRI. Desengañados, los mexicanos votaron en 2000 por las oposiciones de derecha y de izquierda. No tardaron en comprobar que la corrupción no era monopolio del PRI pero que el PRI, con todo y corrupción, sabía gobernar y el PAN y el PRD, pues no tan bien.
El regreso del PRI podría plantearle a Calderón la virtud -pues el hecho ya es- del co-gobierno. ¿Cómo? No reclutando a los priístas (Beatriz Paredes ya ha dicho no) sino siguiendo el antiguo modelo priísta de gobernar con los mejores a conciencia de que también existen los peores y aunque haya más de éstos dentro del PRI y menos de aquéllos en las profesiones y las universidades.
Los gabinetes de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines son los mejores de nuestra historia contemporánea. El de Calderón, uno de los peores. Cuéntase que Calderón es colérico, que le grita a sus colaboradores. No lo sé. Pero de ser así, le hace falta al presidente un gabinete al que no le pueda alzar la voz. La verdadera fuerza está en otra parte: en el respeto, sí, pero también en la confianza de hablar claro y alto. No creo que Cárdenas le gritara a Eduardo Suárez, Ávila Camacho a Rojo Gómez, Alemán a Ramón Beteta o Ruiz Cortines a Torres Bodet. (Díaz Ordaz sí insultaba a sus colaboradores).
Claro que Calderón confronta un desafío que sus antecesores o no conocieron o supieron negociar o de plano ocultaron: el narcotráfico. El hecho es que el actual presidente -sastrecillo valiente- se ha lanzado con todo contra los narcos. ¿Puede ganarles? Lo dudo. Cuando se mata o captura a un capo, surgen dos a ocupar su lugar, y si éstos caen, aparecen cuatro en su lugar. ¿Solución? No la hay fácil. Sí la hay clara. Contener hoy para legitimar mañana, paso a paso, como lo sugieren los expresidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Quizás, al final del camino, siga habiendo drogadictos. Pero habrá menos o desaparecerán las mafias que los envenenan.
Aunque el gran problema es otro y no el combate a los narcos, los poderes fácticos de empresas y sindicatos o la resurrección del PRI. El gran desafío mexicano es dar empleo y hacerlo pronto. ¿Cómo? No confiando en que la empresa privada ofrezca trabajo. Las fuentes tradicionales de nuestros ingresos se cierran. Baja el precio del petróleo (y PEMEX es atada de manos contra la expansión de la industria). Cae el turismo amedrentado por la inseguridad y el trabajador ya no podrá emigrar como antes. La frontera norte se cierra, la economía de EE.UU. está en crisis, los trabajadores permanecen en México.
¿Qué van a hacer? Si no tienen nada que hacer, encontrarán fácil salida en la sociedad del crimen: serán reclutados. En cambio, si el Estado les abre el camino laboral, prosperarán los trabajadores y el país. Me refiero, una vez más, a un programa público de empleo comparable al Nuevo Trato de Franklin Roosevelt, un nuevo contrato social que aproveche la mano de obra, abundante y joven, de México. ¿Para qué? Para hacer todo lo que no se ha hecho o hace falta reponer: Bosques, carreteras, renovación portuaria, urbanización, presas, educación, hospitales, vivienda, transportes... Me quedo corto. La necesidad de modernizar al país, unida a la existencia de la fuerza de trabajo indispensable para mejorar la vida de todos, no puede desaprovecharse.
El sexenio no se le puede, por todo esto, evaporar de las manos a Felipe Calderón. La situación es crítica, las soluciones claras, la decisión indispensable.
He seguido con atención la carrera legislativa y partidista de Felipe Calderón. Le agradezco su oportuna intervención ante un conato de censura contra un libro mío. No voté por él en las presidenciales de 2006. No me dejé emocionar tampoco por los números de la elección. A falta de pruebas concretas, no sólo emocionales, de fraude, recordé que en elecciones democráticas en Europa se pierde o se gana por mínimos porcentuales. Las aplastantes mayorías de tiempos del PRI ya no son. Pero el sistema se presta a confusión. Urge una reforma que posibilite la segunda vuelta en elecciones a presidente, disipando dudas y legitimando funciones.
A Calderón le tocó, de todos modos, bailar con la más fea. Perdida la omnipotencia presidencial de antaño, han cobrado fuerza los gobernadores de los estados y, sobre todo, han consolidado la suya las corporaciones públicas y privadas. Calderón no puede mandarle a los gobernadores, pero sí podría limitar a las corporaciones. No es la primera vez en la historia que grupos monopolísticos ponen en peligro el propio desarrollo de la economía que los enriquece. Un caso notable es el de la Ley Sherman de 1890, dirigida contra la excesiva concentración de poder de las empresas y empresarios que estuvieron en la base del desarrollo de los EE.UU. pero cuyas prácticas monopolísticas ponían en peligro no sólo a los EE.UU., sino al propio capitalismo. El presidente Teodoro Roosevelt, entre 1901 y 1909, aplicó la Ley Sherman, dándose cuenta de que las prácticas monopolísticas retrasaban el desarrollo del país, necesitado de mayor pluralismo empresarial.
Con la aplicación de la Ley Sherman, Roosevelt inició el desarrollo moderno de los EE.UU. La Ley Sherman demostró su validez una vez y otra, notablemente contra la ALCOA (Aluminum Company of America) en 1945 y contra la AT&T (American Telephone and Telegraph Co.) en 1984, para sólo citar dos ejemplos recientes. Ganó el país. Ganaron las propias empresas, obligadas a diversificarse y competir. ¿Entenderían esto en México los poderosos grupos de la empresa privada y el sindicalismo? Pregunta que debería hacerse Calderón, en beneficio de su presidencia, sitiada durante los primeros tres años por los grupos monopólicos privados y sindicales.
En la segunda mitad del sexenio, a las presiones ya citadas se añade una realidad política: el regreso del PRI. Desengañados, los mexicanos votaron en 2000 por las oposiciones de derecha y de izquierda. No tardaron en comprobar que la corrupción no era monopolio del PRI pero que el PRI, con todo y corrupción, sabía gobernar y el PAN y el PRD, pues no tan bien.
El regreso del PRI podría plantearle a Calderón la virtud -pues el hecho ya es- del co-gobierno. ¿Cómo? No reclutando a los priístas (Beatriz Paredes ya ha dicho no) sino siguiendo el antiguo modelo priísta de gobernar con los mejores a conciencia de que también existen los peores y aunque haya más de éstos dentro del PRI y menos de aquéllos en las profesiones y las universidades.
Los gabinetes de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines son los mejores de nuestra historia contemporánea. El de Calderón, uno de los peores. Cuéntase que Calderón es colérico, que le grita a sus colaboradores. No lo sé. Pero de ser así, le hace falta al presidente un gabinete al que no le pueda alzar la voz. La verdadera fuerza está en otra parte: en el respeto, sí, pero también en la confianza de hablar claro y alto. No creo que Cárdenas le gritara a Eduardo Suárez, Ávila Camacho a Rojo Gómez, Alemán a Ramón Beteta o Ruiz Cortines a Torres Bodet. (Díaz Ordaz sí insultaba a sus colaboradores).
Claro que Calderón confronta un desafío que sus antecesores o no conocieron o supieron negociar o de plano ocultaron: el narcotráfico. El hecho es que el actual presidente -sastrecillo valiente- se ha lanzado con todo contra los narcos. ¿Puede ganarles? Lo dudo. Cuando se mata o captura a un capo, surgen dos a ocupar su lugar, y si éstos caen, aparecen cuatro en su lugar. ¿Solución? No la hay fácil. Sí la hay clara. Contener hoy para legitimar mañana, paso a paso, como lo sugieren los expresidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Quizás, al final del camino, siga habiendo drogadictos. Pero habrá menos o desaparecerán las mafias que los envenenan.
Aunque el gran problema es otro y no el combate a los narcos, los poderes fácticos de empresas y sindicatos o la resurrección del PRI. El gran desafío mexicano es dar empleo y hacerlo pronto. ¿Cómo? No confiando en que la empresa privada ofrezca trabajo. Las fuentes tradicionales de nuestros ingresos se cierran. Baja el precio del petróleo (y PEMEX es atada de manos contra la expansión de la industria). Cae el turismo amedrentado por la inseguridad y el trabajador ya no podrá emigrar como antes. La frontera norte se cierra, la economía de EE.UU. está en crisis, los trabajadores permanecen en México.
¿Qué van a hacer? Si no tienen nada que hacer, encontrarán fácil salida en la sociedad del crimen: serán reclutados. En cambio, si el Estado les abre el camino laboral, prosperarán los trabajadores y el país. Me refiero, una vez más, a un programa público de empleo comparable al Nuevo Trato de Franklin Roosevelt, un nuevo contrato social que aproveche la mano de obra, abundante y joven, de México. ¿Para qué? Para hacer todo lo que no se ha hecho o hace falta reponer: Bosques, carreteras, renovación portuaria, urbanización, presas, educación, hospitales, vivienda, transportes... Me quedo corto. La necesidad de modernizar al país, unida a la existencia de la fuerza de trabajo indispensable para mejorar la vida de todos, no puede desaprovecharse.
El sexenio no se le puede, por todo esto, evaporar de las manos a Felipe Calderón. La situación es crítica, las soluciones claras, la decisión indispensable.
