Los Zetas: el ejército de Osiel*

RICARDO RAVELO

Como él ansía todo el poder, un día de julio de 1998 analiza el affaire de su seguridad y concluye que debe crear un grupo de protección tan poderoso y efectivo que ni el propio Ejército pueda abatirlo. Así, inmerso en una atmósfera convulsa, surge el grupo armado Los Zetas, bien llamado el ejército del narco, para nutrir al engendro mafioso que es Osiel.

El momento que vive el país no puede ser más propicio para el surgimiento de Los Zetas. Quizá sin propónselo –o bien como parte de un proyecto maquinado desde el poder, eso tal vez nunca se sepa–, el gobierno federal pone la primera piedra para que el cártel del Golfo cree su propio cerco de protección con hombres entrenados en la milicia.

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El dique de contención, las estructuras policiacas, estalla, perforado por el dinero sucio. El panorama parece tan complicado como irreversible. Es tan oscuro este México de finales de los noventa que el presidente Ernesto Zedillo toma la decisión de echar mano del Ejército para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, no advierte que su determinación derivará en una pesadilla.

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Al darse cuenta de la debilidad del Estado, al ver ante sus ojos un verdadero regalo del gobierno y que lo pue de tomar con sólo extender sus manos, Arturo Guzmán Decena –expolicía federal, cómplice del capo– pone en marcha la estrategia que ha maquinado después de una conversación con Osiel. Con ofrecimientos millonarios –y privilegios que un militar jamás podría obtener en el Ejército, donde una élite acapara los beneficios y canonjías– los efectivos del Ejército son convencidos de algo que las propias autoridades tardaron en entender: que el narco paga mejor que el gobierno. Dura realidad, pero esa es la razón por la que muchos soldados desertan para engancharse en la aventura del narcotráfico.

Poco a poco, como hormigas que abandonan el agujero, decenas de soldados empiezan a desaparecer. De un día para otro ya no asisten a sus áreas de trabajo. El pase de lista obli gado está plagado de silencios. Nadie responde al llamado del alto mando. La preocupación cunde por doquier. ¿Dónde están?, se preguntan una y otra vez los jefes castrenses. Por varios meses se piensa que fueron secuestrados o asesinados por la mafia. Las respuestas no llegan y la desesperación paraliza a los altos mandos de la Sedena, que deben rendir cuentas sobre el paradero de los soldados.

Con todos los conocimientos adquiridos en el Ejército, Guzmán Decena estructura otra milicia. El nombre de Los Zetas surge porque varios de los primeros militares que se incorporaron al cártel del Golfo estuvieron adscritos, en cali dad de policías, a la base Zeta de Miguel Alemán, Tamauli pas. Otra versión establece que el nombre deriva de las claves que los integrantes de este grupo paramilitar utilizan para comunicarse y no ser detectados.

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Así, el capo se convierte en el delincuente más protegido. Antes de que alguien intente tocarle un pelo o decida enca rarlo, debe derribar primero a esa poderosa muralla humana. A partir de este momento el cártel del Golfo ya no puede seguir considerándose como una organización más, que rueda con sus ejes engrasados alrededor del tráfico de dro gas. Los Zetas permiten que el cártel del Golfo se posicione en la geografía mexicana con los instrumentos más cortan tes: la violencia y el miedo. Ningún otro cártel dispone de una valla como ésa y nadie le puede competir a Osiel en el campo del narcotráfico.

Nadie sabe si en el origen de Los Zetas el propósito con sistió en implicar de lleno al Ejército en el narcotráfico como un proyecto articulado por el Estado, de manera que sólo la Presidencia de la República manejara los hilos del narco. Lo cierto es que el proyecto de Ernesto Zedillo de involucrar a los militares en la lucha antidrogas da pie a ese paramilitarismo asociado con el narcotráfico y con la más tortuosa pesadilla que jamás haya vivido el país, cuya democracia flaquea porque sigue atada a una vieja dictadura: la del narco.

Pero a Osiel no parece importarle tanto el desgajamiento del país. Él quiere seguir perforando las estructuras del poder político para mantenerse impune. El caos es su mejor elemen to para vivir. Con el cerco protector en su máximo esplendor puede moverse a sus anchas. Sabe que antes de que una mano criminal lo toque, el muro de protección atacará primero, se anticipará al plan asesino en su defensa. El monstruo criminal crecerá y sembrará terror. Su evolución es tremenda. Este grupo armado que despliega saña es el reflejo de la demencia de Osiel Cárdenas.

Los primeros miembros de Los Zetas no rebasan los 60 hombres de todas las estaturas y rangos militares. Casi todos tienen un rasgo en común: el rostro endurecido, en el sem blante las grietas que provoca el castigo y el rigor de la mili cia. En otros, brota de sus ojos el rencor, la frustración, y no pocos transpiran venganza, el vapor del odio que los quema por dentro.

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Con el paso de los años, Los Zetas dejan de ser militares puros –algunos de ellos son asesinados, otros son deteni dos– pero aún hoy conservan algo de su linaje castrense, que no se perdió ni con el crimen de su fundador, Arturo Guzmán Decena, el Z-1, perpetrado el 21 de noviembre de 2002 cuando departía desarmado en un restaurante de la calle Herrera y Nueve, de Matamoros.

Su lugar no puede ser ocupado por un improvisado. Por eso el trabajo se le encomienda a un militar de igual o mejor perfil que el propio Guzmán Decena. Su posición la toma entonces Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o Z-3, metal forjado con las más altas temperaturas de la milicia, otro desertor del GAFE que también fue entrenado en diversas disciplinas y que hasta la fecha es inamovible como jefe de Los Zetas.

Durante su evolución Los Zetas llegan a tener cerca de 750 miembros. Con el paso del tiempo refuerzan su estruc tura con la incrustación de kaibiles, desertores del ejército de Guatemala que se suman al cártel del Golfo para imponer sus más sanguinarias prácticas de muerte: la tortura, la decapi tación y el descuartizamiento. Amantes de la guerra, afinan tan bien su estrategia bélica, que logran infundir miedo, un paralizante miedo en todo el país y en particular entre sus rivales, quienes no tienen más opción que responder con la misma saña y con el mismo horror.

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Con la incorporación de kaibiles no sólo se refuerzan los cimientos y las columnas que sostienen a Los Zetas, sino que también cambian las formas de asesinar en México. La ejecución tradicional realizada hasta entonces por un fran cotirador se vuelve práctica obsoleta. Los sicarios del cártel del Golfo que no son de extracción militar deben ahora decidir su futuro: incorporarse a otro cártel mostrando sus mejores credenciales como asesinos, quedarse desempleados o entrenarse para aprender a matar con mayor saña, como lo exigen las reglas de Los Zetas, quienes imponen el baño de sangre, lo mismo que la decapitación y el despedazamiento de personas. Cuando esta suerte de engendro bélico decide matar, las cabezas humanas ruedan por doquier. Entre algu nos miembros de Los Zetas se cuenta que decapitan cuando las personas aún están con vida y –sólo las víctimas saben lo que ocurre en ese último segundo de su existencia– pueden tener conciencia de verse en ese estado.

Cortar cabezas se vuelve una fiebre que se extiende de Baja California a Quintana Roo. No hay una franja del territorio nacional donde no se cuente la historia de un decapitado. Cuando se trata de muertes violentas, como las del narco, los médicos forenses dejan de practicar las tradi cionales necropsias para trabajar ahora con mayores dosis de horror: armar cuerpos con los despojos de que disponen. En el peor de los casos entregan a sus deudos cadáveres incom pletos, sin extremidades superiores o inferiores; sin lengua si el difunto fue un soplón; sin manos si tomó algo indebido; sin ojos si miró lo que le prohibieron ver; sin pene si rebasó límites por el impulso afiebrado del deseo.

* Fragmentos del capítulo 9

Ingenuidad mexicana

MARíA JIMENA DUZÁN

Colombia ya vivió en los años ochenta lo que en México empieza a manifestarse, pero los enemigos aquí son aún más poderosos y sanguinarios de lo que fueron los cárteles de Medellín y Cali. María Jimena Duzán, reportera colombiana que vivió esa guerra en su país hace un cuarto de siglo, resalta las semejanzas en la evolución del conflicto y se asombra de las autoridades mexicanas, incapaces de leer correctamente lo que se les viene encima. Así lo plasma en un reportaje que el 22 de agosto publicó la revista colombiana Semana, con cuya autorización se reproducen los fragmentos más representativos.

BOGOTÁ.- El 16 de julio, un noticiero de televisión del estado de Michoacán recibió una llamada de un narcotraficante conocido como La Tuta, un portavoz de La Familia, el tenebroso cártel de la droga que opera en ese estado mexicano desde hace unos años. En un lenguaje atropellado, que por momentos era imposible de entender, La Tuta exhortó al gobierno a negociar con ellos un pacto nacional con el poderoso argumento de que eran un mal necesario que nunca se iba a acabar. “Si yo fallezco –dijo la Tuta–, pues ponen otro en mi lugar… y así se va a ir”, exclamó en tono airado. “Por eso queremos llegar a un consenso, a un pacto nacional. No sé cómo, ¡pero hay que ponernos las pilas!… este es un mensaje para el presidente Felipe Calderón, a quien respetamos y admiramos...”, subrayó. Y tras reafirmar que su pelea no era con el presidente ni con el Ejército, sino con el jefe de la Policía Federal (Genaro García Luna), a quien acusó de estar aliado con los otros cárteles para acabarlos, se despidió con un “Dios nos bendiga”.

El día que llegué a México con el propósito de hacer un reportaje sobre la “guerra contra el narco”, como le dicen en México, declarada por el gobierno de Calderón desde 2006, el impacto de esta llamada seguía latente. El episodio mediático había sido reproducido por toda la prensa mexicana manteniendo en vilo a la teleaudiencia como sólo lo logran las telenovelas de Televisa. A esta trama se le sumó otra aun más truculenta con la respuesta dada por el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien en representación del gobierno de Calderón salió a retarlos en el tono propio de los machos mexicanos: “¡Los estamos esperando! –les dijo–. ¡Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos!... esta es una invitación que les hacemos”.

La respuesta gubernamental, lejos de calmar los ánimos, aumentó la sensación de desconcierto que se sentía en el ambiente. Sin embargo, para una periodista colombiana como yo, que le tocó vivir en carne propia la época del narcoterrorismo, este tipo de episodios parece calcado de otros que ya vivimos los colombianos hace 25 años, cuando los extraditables, al mando de Pablo Escobar, llamaban a las emisoras colombianas para dejar más o menos el mismo mensaje intimidatorio que sembró La Tuta en la televisión mexicana.

En ese entonces, los cárteles colombianos no habían asesinado ministros ni procuradores ni candidatos ni directores de periódicos; tampoco habían volado aviones ni puesto bombas en los centros comerciales, y su violencia permanecía contenida, circunscrita a sus peleas internas por el control de nuevas rutas y el acceso a nuevos mercados, como hoy parece estar sucediendo con los cárteles mexicanos, según lo aseguran las autoridades mexicanas. Eran épocas en que los colombianos aún podíamos viajar por el mundo sin necesidad de visas y nos indignaba cuando un país nos la imponía, como de hecho ya les empieza a pasar a los mexicanos, a quienes Canadá, su socio comercial del norte, les acaba de imponer la visa para entrar a ese país.

Ceguera

En resumen, eran épocas en las que se desconocía el tamaño del desafío que representaban los cárteles de la droga y se pensaba que tras el descubrimiento del laboratorio de Tranquilandia, y con Escobar convertido en prófugo de la justicia, el cártel de Medellín había quedado herido de muerte, como ingenuamente alcanzó a decírmelo el ministro de Justicia Rodrigo Lara, semanas antes de que Pablo Escobar lo asesinara. “Con lo de Tranquilandia, los fregamos”, fueron sus palabras.

Esa incapacidad de leer lo que estaba a punto de sucedernos en aquellas épocas también se palpa en México. Las autoridades mexicanas con las que hablé están tan confiadas en que van ganando la guerra, como lo estaba Rodrigo Lara hace 25 años. Y según sus estimaciones, tras dos años de una exitosa ofensiva, los cárteles mexicanos están tan mermados en su capacidad para delinquir que es imposible pensar en un escalamiento de la guerra como el que se dio en Colombia.

La estrategia de la guerra contra el narco diseñada por el presidente Calderón ha recaído en dos cabezas principales: el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encargado de la Policía Federal, un hombre poco amigo de salir en los medios, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que ejerce las mismas funciones de un fiscal general.

Medina Mora me recibe en su búnker, un inmenso edificio situado en la imponente avenida Reforma, y lo primero que me dice es que su país ha logrado en estos dos años asestar los golpes más certeros a las estructuras de los cárteles. “Nuestro objetivo no es acabar con ellos –aclara–, sino fragmentarlos para reducir su poder, como de hecho pasó en Colombia con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha”.

Ese objetivo, según él, se ha venido cumpliendo en estos dos años y medio. “La llamada intimidatoria de La Tuta a una estación de televisión es una expresión de fuerza, pero no de fortaleza. Están muy golpeados”, me dice. Y con una gran confianza asegura que su país entró a esta guerra “mucho antes de que el narcotráfico se tomara los estrados del poder, como infortunadamente sí ocurrió en Colombia”.

Según cifras de la Procuraduría, desde que el presidente Calderón desató la ofensiva contra los cárteles mexicanos se han registrado en el “ejecutómetro” cerca de 14 mil asesinatos. Y aunque el saldo es mayor en Colombia –16 mil homicidios anuales–, sí supera a la registrada durante ese mismo tiempo en países como Irak.

Le pregunto al procurador cuáles son las lecciones que le ha dejado el caso colombiano. “Una que se la aprendí de mi amigo el general Óscar Naranjo: la de que no debo menospreciar el poder corruptor del narcotráfico”, me responde.

El optimismo del procurador, sin embargo, no es compartido hoy por muchos analistas mexicanos expertos en el tema narco. Alberto Islas, un consultor y experto en drogas, afirma que si bien es cierto que los cárteles mexicanos no han todavía golpeado con su violencia a la población civil ni le han decretado una guerra al gobierno mexicano, como sucedió en Colombia, “ya se empiezan a advertir síntomas preocupantes de que eso puede estar cambiando”

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Enrique Krauze, intelectual mexicano, director de Letras Libres, intuye el tamaño del desafío cuando afirma que su país está pasando por “un período de negación en el que los mexicanos se están levantando por las mañanas diciendo: ‘esto no me está pasando a mí’”. El periodista mexicano Raymundo Riva Palacio va más allá al afirmar que el gobierno de Calderón “peca de ingenuo, porque en el fondo no hay un diseño estratégico de la lucha contra el narcotráfico”.

Las dificultades

Los problemas de diseño estratégico que señala Riva Palacio tienen que ver con una serie de vulnerabilidades que se derivan de la naturaleza del Estado y de la cultura mexicana que, en concepto de varios analistas, son muy bien aprovechadas por el crimen organizado; de la misma forma que en Colombia la imposibilidad de contar con un Estado que ejerciera control en todo el territorio nacional, unido a la cultura de la ilegalidad, permitió que el negocio ilegal de la cocaína se instalara en Colombia y no en otro país andino (…)

La imposibilidad de tener una policía nacional como la que hay en Colombia no es el problema más grave. El más perturbador es el grado de corrupción de las policías municipales. “En México la mayoría de los policías que son asesinados es porque no les hicieron bien la vuelta a los narcos y no porque se hayan enfrentado con ellos”, me dijo un exagente de policía que trabajó de manera encubierta por muchos años en Sinaloa. Según la DEA, de los 420 mil policías municipales que hay en todo el país, cerca de 80 por ciento son cómplices del narcotráfico o trabajan para algún cártel. “Cuando los narcos colombianos comenzaron a hacer negocios con los cárteles mexicanos, los colombianos entraron con una desventaja porque prácticamente los mexicanos estaban manejando una franquicia de la policía”, afirmó un profesor colombiano experto en drogas.

A este escenario hay que sumarle la presencia activa del Ejército, fuerza que ha sido llamada a participar en la guerra contra las drogas en vista de los graves problemas de corrupción detectados en la policía. Sin embargo, sus incursiones en Chihuahua y en Michoacán han ocasionado tal número de denuncias en el tema de los derechos humanos, que Estados Unidos retuvo unas semanas el dinero aprobado en la Iniciativa Mérida, que es la versión mexicana del Plan Colombia.

Pero además, a pesar de que México es una de las economías emergentes más importantes del mundo, es un país menos desarrollado que Colombia en materia de ordenamiento institucional. En México no existe, por ejemplo, una tarjeta de identidad; como tampoco existe un sistema de medición institucional que permita al Estado o a las autoridades evaluar esta guerra. Hasta hace poco los “ejecutómetros” provenían de los conteos de muertos hechos por los diversos corresponsales que tiene en el país el periódico El Universal. En esas circunstancias, como bien lo afirma Alberto Islas, “es imposible poder hacer un diagnóstico confiable que le permita a México diseñar una estrategia de lucha contra el narcotráfico que pueda sostener en el tiempo”.

Otro factor inquietante es que México se enfrenta a unos cárteles mucho más poderosos que lo que llegaron a ser el de Cali y el de Medellín. Los cárteles mexicanos generan cerca de 19 mil millones de dólares anuales, cifra que excede de lejos la que dio hace poco el narcoparamilitar Mancuso cuando dijo que, en los inicios de 2000, la cifra era de 7 mil millones de dólares anuales.

A diferencia de los cárteles colombianos, que siempre se han mantenido en el negocio de la cocaína –aunque ahora han ido incursionando en el tráfico de personas–, los mexicanos han sabido diversificar su oferta al ampliar su portafolio de servicios. Además de haberse adueñado de las rutas para la entrada de la cocaína a Estados Unidos, se han convertido en productores de drogas sintéticas (en México se produce la mitad de las anfetaminas que se consumen en Estados Unidos), en productores y exportadores de mariguana (las hectáreas cultivadas se duplicaron en los últimos ocho años, lo mismo que la producción de heroína, que pasó de tres a 24 toneladas en los últimos seis años). Tal será su poderío, que por primera vez un narco mexicano –no un colombiano–, El Chapo Guzmán, aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.

Acuerdos tácitos

Al igual que sucede con los capos colombianos, los mexicanos también ejercen un control social y político sobre su zona de influencia, y en muchos estados son el poder paralelo que ha venido a ocupar el vacío de un Estado incapaz de solucionar las mínimas necesidades de la población. Y aunque el presidente Calderón ha descartado cualquier posibilidad de negociación con los cárteles, las historias de cómo algunos gobernadores de los Estados han establecido acuerdos tácitos con los narcos como los que se dieron bajo el PRI, con el propósito de mantener un orden y reducir los muertos, empiezan a aparecer en informes periodísticos como los que hizo hace poco José de Córdoba en el Wall Street Journal.

La gran paradoja es que este poder que hoy detentan los cárteles mexicanos se debe en cierta medida a los éxitos en la lucha contra el narco que Colombia obtuvo en los 90, cuando se desmantelaron los cárteles de Medellín y Cali. (Aunque también otros factores políticos, como la salida del PRI del poder y la firma del TLC con Estados Unidos, contribuyeron a crear cierta anarquía política y a transformar las mafias, que antes vivían del contrabando en la frontera, en los cárteles de droga de hoy.)

Con el derrumbamiento de los cárteles de Medellín y Cali, los nuevos capos colombianos, acaso menos experimentados y más cortos de efectivo, tuvieron que ingeniárselas para buscar nuevas rutas y nuevos socios, pero sin la capacidad que tenían sus antecesores de imponer sus términos, por lo que terminaron pagándoles parte de la carga en especie, hecho que catapultó el consumo interno.

Pronto dejaron de ser simples cobradores del impuesto que obtenían de los narcos colombianos por el paso de la cocaína a través del territorio mexicano y pasaron a adueñarse de la ruta del Pacífico, por donde, según datos suministrados por la autoridades mexicanas, ingresa el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos.

Siguiendo esta cadena de “éxitos”, la apertura de la ruta del Pacífico se debe también a otra victoria conseguida en los 90 por parte de las autoridades estadunidenses y colombianas: el cierre de la ruta por el Caribe, utilizada hasta ese momento por los narcos colombianos para introducir la mayoría de la cocaína a Estados Unidos.

Las posibilidades de que los cárteles mexicanos terminen por someter a los cárteles colombianos aumentan cada día. Ya se le han decomisado extensas tierras y propiedades al cártel de Sinaloa en el Valle del Cauca. Y la posibilidad de que los narcos mexicanos terminen cultivando hoja de coca, tal vez en el sur del país, no es del todo imposible. ¿Pueden los cárteles mexicanos convertirse en cultivadores de la hoja de coca?, le pregunté al procurador Medina Mora. “Imposible. Primero, no hay grandes extensiones de tierra para hacerlo, y segundo, México es un desierto y en el desierto no se cultiva nada”. La seguridad con que me respondió me hizo recordar la que se le veía al general Maza cuando se le preguntaba lo mismo y nos respondía más o menos lo mismo: que en Colombia el cultivo de la hoja de coca no tenía futuro porque la hoja que se producía en Colombia era de muy baja calidad.

En la guerra contra el narcotráfico sólo se puede ganar batallas pírricas porque estamos ante un negocio ilegal que se ha globalizado. Y a lo único que se puede aspirar es a minimizar su impacto interno, que es lo que está tratando de hacer Colombia y lo que pretende México. Ese parece ser un consenso entre los expertos. Pero para el profesor colombiano Francisco Thoumi, la mejor forma de hacerlo no es capturar ni extraditar, sino subsanar las vulnerabilidades que afectan a esos Estados: “En el caso de Colombia, la gran vulnerabilidad es que no existe una cultura de la legalidad. Y en el caso de México, es posible que ese país esté pagando las consecuencias de haber institucionalizado la corrupción”.

Viaje a los abismos

JULIO SCHERER IBARRA En Secuestrados, Julio Scherer García se asoma a la profundidad de los abismos, los propios y los ajenos. Nada como el secuestro, efímero o prolongado, para probar el sabor de la muerte que nos abraza o de la impotencia que encarcela nuestra rabia. De nuevo, Scherer García recurre a la terca memoria y recuerda plagios que han estremecido su vida: el de su hijo, el de amigos cercanos, el del propio fundador de Proceso... Reportero incansable, inagotables su imaginación y su pasión periodísticas, el autor recopila historias cercanas y lejanas, abre expedientes, explora el mundo de secuestradores y secuestrados, evoca momentos emotivos de personajes célebres o apenas conocidos, y ofrece a sus lectores un cuadro más del México de hoy en el estilo realista al que nos tiene acostumbrados. El libro, editado con el sello de Grijalbo por Random House Mondadori, empieza a circular en estos días en todo el país. Adelantamos fragmentos medulares y, en una cápsula, el drámatico arranque del relato del secuestro de Julio Scherer Ibarra. Existen bandas de secuestradores atípicas en Iztapalapa. Una de ellas es la del Fede, en la que participan mucha chos y niños que se entrenan con armas de alto poder. Se habla ya de niños asesinos, como en la época negra de Colombia, en los años noventa. Un comando antisecuestros del Distrito Federal cap turó a la mayoría de los integrantes de la banda del Fede. Sin embargo, dos de los líderes escaparon y sus vidas cayeron en el silencio. Un día, imprevisibles, reaparecie ron al frente de nuevas organizaciones criminales. Éstas se multiplican y van extendiéndose inadvertidamente, igual que las epidemias. De la banda del Fede surgió la del Ratón. De su casi disolución, dos sujetos quedaron libres, el Hugo Boss y el Giovanni. Este último operó desde hace unos quin ce años, aún joven. Estudió Psicología y métodos de manipulación. Buscaba personas de bajos recursos. Las envolvía con el atractivo lenguaje freudiano. Ya bajo su dominio, proponía a sus secuaces que guardaran a la víc tima en la casa de seguridad de la banda, bajo su propio riesgo. Tras los golpes, Giovanni desaparecía. Algunos de sus cómplices negociaban el rescate y otros lo cobraban. A Giovanni lo identificaban como el líder sin disputa, un absoluto. Ni sus cómplices alcanza ban a comprender cómo y por qué se daban sus aparicio­nes súbitas y sus ausencias sin luz que disipara la sombra que lo envolvía. La policía detenía a muchos, que encontraba en las casas de seguridad o las rondaban. Era un éxito, mas no significativo. Faltaban los jefes. El jefe. La historia que sigue me la contó uno de los coman dantes adscritos a la lucha antisecuestros (salvaguardada su identidad por razones irrefutables): “Identificamos plenamente a dos secuestradores de Giovanni. Además, teníamos fotos y pormenores de la vida de otros dos que habíamos agarrado. A partir de una de las detenciones, obtuvimos el nombre del cabecilla, así como su domicilio y una copia de su licencia de manejar. Teníamos un rostro y avanzábamos en las pesquisas. Finalmente, con firmamos que se trataba de Giovanni. Pero Giovanni tenía un talento especial para ocultarse. Era como una noche que no se ve, porque lo que se ve es la oscuridad.” Giovanni creció como una figura deslumbrante para los chavos delincuentes de Iztapalapa. Inspirados en él, les era fácil levantar a una persona que tuviera tres o cua tro tortillerías o al dueño de un par de camionetas repar­tidoras de mercancía o a un sujeto dedicado al comercio de los abarrotes, allá por el rumbo de la Central de Abas tos, para hacerse de 200 mil, 300 mil pesos. Los muchachos y los niños van aprendiendo, pero no hay aprendizaje sin golpes. Muchos fueron atrapados, pero, bien asesorados, eludían el castigo por su condición de menores de edad. Conocí a un adolescente de catorce años, cautivo de un joven de diecisiete. Preso uno, guardián el otro. Lar go tiempo quedaban solos y se aburrían. El victimario se distraía con un teléfono celular integrado a una televisión. Platicaban largo y, en una de tantas, el dueño del artefacto le explicó a su víctima el manejo del pequeño aparato. El mayor, ingenuo aún, pregunta a su inevitable compañero: “¿Quieres ver la tele?”. Y luego le ordena: “Voltéate con tra la pared, quítate la venda y mírala sin verme. No vayas a voltear. Mientras ves un programa yo me voy a dormir un ratito”. Cuando el secuestrado escucha los ronquidos de su guardián, tiene en sus manos la llave para ganarse su libertad. Llamó a su madre, que posteriormente entregaría a los judiciales al torpe, crédulo plagiario. En ese caso fueron detenidos, además, tres niños. Tenían distintas funciones dentro de la casa de seguridad, las mismas que se encomiendan a los adultos: vigilancia, preparación de alimentos, cobro de rescate. Sus edades iban de los nueve a los doce años. Los niños resultan úti les también en los robos, sobre todo de casas habitación, por el tamaño de sus cuerpos, que pasan sin dificultad por ventanas estrechas y resquicios por los que se antoja que sólo podría transitar el aire. Con el tiempo, los noveles secuestradores van apren diendo y se van endureciendo. Saben de la muerte en los tiempos para jugar. Para capturar al resto de la banda infantil, y sobre todo a sus cabecillas, fue preciso hacer un seguimiento de las horas en que los niños salen a divertirse. Fueron grabados algunos videos en plena calle y las cintas fueron mostra das al denunciante niño, quien identificó perfectamente al que lo cuidaba, porque lo vio francamente dormido. Pero la detención del vigilante de diecisiete años ofre cía un problema adicional: cuando el plagiario cometió el delito, era menor de edad. Hubo que dejarlo ir y esperar tres meses para que cumpliera la mayoría. Entonces fue detenido, y ubicó otras casas de seguridad en Iztapalapa. “En otra de las casas aseguramos a cuatro menores más. Les fueron mostradas unas fotografías y admitie ron haber sido enrolados por un chavo al que le dicen el Negro. Situaron el domicilio para garantizar la vigilancia y detener a los responsables de la casa. Aparecieron los datos de once hermanos, indagadas sus referencias a tra vés del IFE, y fue posible identificar al líder, al que segui mos de cerca. Tenía un coche verde. Fueron rastreados los datos del vehículo, como si se tratara de una perso na. Verificada la información, fue fácil llegar al domicilio preciso. Era Giovanni.” Fue trasladado a la procu. En el trayecto sonó su celular. Contestó un mensaje grabado que decía: “Éste es el número de mi nuevo celular. Atentamente, Giovan ni”. Era claro que a menudo cambiaba los números del celular. Y no hubo mayor problema para terminar con la pesquisa. Los comandos antisecuestros atraparon a otros siete chamacos. Narra el comandante: “Giovanni era escurridizo, llevábamos muchos años siguiéndolo, había dejado pistas inconsistentes de otros secuestros. El chico que detuvimos, el que hizo la llama da al celular, nos confirmó que Giovanni había matado a un secuestrado. Suponemos que éste se quitó la ven da y cuando vio que su captor era un chamaco, se le fue encima. Pelearon, y Giovanni lo mató. La víctima tenía ochenta años. Después arrojaron el cadáver cerca de un tiradero de basura.” Es terrible mirar cómo nos vamos pareciendo a la Colombia de las peores épocas, las de la incorporación de los niños a delitos como el robo, el chantaje y el secues tro, sin pasar por alto a los pequeños sicarios, aquellos que asesinaban por encargo a cambio de unos dólares. Está surgiendo una nueva modalidad del ilícito: la extorsión mediante menores de edad. Los jóvenes iden tifican a una persona con recursos, disparan ráfagas de metralleta contra su casa o el vehículo que manejan y huyen a toda velocidad en su propio carro. Posterior mente, llaman a sus víctimas, amenazantes: “Para la otra les vamos a dar de a deveras, así que éntrenle con tanto”. En busca de más información acerca de lo que vive Iztapalapa, pregunté si los niños y adolescentes delin cuentes manejan armas de alto poder. La respuesta fue contundente: “Por lo regular, los muchachos están dirigidos por miembros de bandas muy fuertes”. Son las famosas “mamás”, que las hay en la cárcel y fuera de ella. “Estos cuates, las ‘mamás’, se dedican a robar vehículos y a pres tar armas. También les enseñan, pero muchas veces son los propios menores infractores los que por sí mismos se inician en el manejo del armamento. Aprenden junto con sus hermanos, primos o amigos así sean menores que ellos. “Existe un arma famosa, la ametralladora Intrapeg, de 9 mm. La distribuye una empresa no muy rigurosa, pero con una producción alta de ese tipo de armas. La fábrica se llama Intrapeg Miami-Florida. Ha habido muchas de estas armas entre muchachos y niños, cada vez más dies tros en su manejo. También se valen de las comunes o normales, siempre a su alcance. Son las Colt .22 y .25. Las llaman hechizas, quizá porque provienen de fábricas muy pequeñas, trabajadas a un costo más barato y de material corriente. En suma, fáciles de manejar por los chavos.” Cuenta el comandante: “Joel, el Abuelo, tenía nexos con el Vale, un gran dis tribuidor de mercancía robada. En sus inicios, el Vale fue secuestrador, después se volvió comprador en Tepito y organizó bandas para que robaran en diferentes partes de la ciudad y le entregaran el botín.” Joel es el mayor de tres hermanos. Se decía que de la noche a la mañana se había vuelto rico. Hablaban de un robo de efedrinas, incluso se mencionaban muertos. De un laboratorio se robaron unos tambos, asesinaron a los guardias, policías. Se asumía su autoría material. Joel, el nuevo rico, inauguró dos antros que pronto cobraron fama. Uno sobre la carretera México-Puebla y el otro en Los Reyes, Estado de México: “El Castillo del Abuelo” y “La Casa del Abuelo”. Se aprecian del lado derecho de la autopista, a la altura de Chalco. Abrió tam bién varios salones de fiesta en Iztapalapa. Joel movía su dinero, lo invertía. Llevaba algún tiempo separado de su esposa. Pro crearon una niña, ya de diecisiete, y un niño, hoy de seis años. Cierto día, levantaron a la señora, a la hija y al niño, que volvían de un paseo sabatino. El plagiario amenazó la integridad física de la esposa y los hijos de Joel, y dejó muy claro que conocía bien su estilo de vida y la forma como éste se había hecho de dinero. El secuestrador le aconseja a su víctima: “No te hagas pendejo, yo sé muy bien que tú tienes dinero, que te pasaste de listo, que incluso debes unos muertitos y tú sabes muy bien dónde tienes el dinero. Así que, o me das 10 millones por tu familia o no te los voy a devolver”. Ante las amenazas, que iban subiendo de tono y grado, Joel denuncia el triple plagio ante la procuraduría. La negociación verbal se prolongó un mes. Termina da la paciencia del plagiario, cortó dos dedos a la señora y se los envió a Joel. –¿Dónde había dejado los dedos? –En el perímetro de Iztapalapa. Ahí se forma un cuadro que va desde Canal de San Juan, Zaragoza, Ermita y otra vuelta hacia el perímetro de San Juan. Es un reco rrido que se hace ahí en Iztapalapa. Ahí dejan dos dedos. Y siguen las negociaciones. –¿Le avisó el esposo de la víctima que había dos dedos? –Le dijeron: “Te voy a mandar un regalito para que veas que es cierto”. De hecho, este secuestrador es lépe ro, obsceno. Llegó a decir que les iba a cortar la cabeza a la mujer y a los hijos y que mandara a la goma a los puer­cos de ahí. –¿Los puercos son los policías? –Los puercos son los policías. Pero la tragedia sigue. El secuestrador le advierte a Joel: “Te voy a mandar otros dos regalitos de la niña y luego otros dos de la mamá”. –¿Los mandó? –Mandó en total seis dedos. Uno era de la niña y cinco de la mamá. En el momento en que le mutilaron el dedo a la niña, la mamá se opuso. Pide y suplica que se los corten a ella, pero que a su hija no la hagan sufrir más. A la niña le quitan un solo dedo, pero a la mamá le mutilan los cinco, incluyendo el dedo gordo. “Si te lo corto, ya no te va a servir tu mano, ¿eh?”, le advierten. “No me importa, corta todos los de mis manos y mis pies, pero a mi niña no la toques”. Y cortan los de la señora. –Y Joel, ¿qué hace? –Todos los días revalida su denuncia y el horror de los últimos días. Estaba al pendiente, apoyó a los judiciales en muchas situaciones. Todo lo que necesitaban, incluidos teléfonos, Joel lo conseguía. Lo que a nosotros nos retra saba, también lo conseguía. Se puede decir que cincuenta por ciento de los avances de la investigación fue gracias a Joel y el otro cincuenta por ciento se nos atribuye a noso tros. Además, a algunos policías nos motivaba el hecho de tener hijos de las mismas edades que los plagiados. Termina el comandante: “A mí me ha tocado vivir cosas como éstas: me abraza un señor, siento la contención del papá cuando rescato a su hijo sin un dedo y le digo: ‘Aquí está, jefe, no comple to’. Y el señor me abraza con una emoción, con un sen­timiento ahogado, con un llanto que quiere reprimir por su condición de padre. Eso me conmueve, me compensa de muchos sufrimientos, sacrificios que yo hago con mi familia. Para eso me pagan, ésa es mi pasión, lo sé. “Mi esposa a veces no lo entiende, mi familia tampo co. ‘¿Por qué das tanto para allá y a tus hijos y tu familia nos tienes relegados?’, reclama. Mi gente no lo entiende, pero esto es lo que me llena. Así quiero vivir. Va a llegar un momento en que ya no lo voy a poder hacer, tal vez me jubile, me pensione o termine muerto. Entonces ya no voy a sentir esa plenitud. “Atrapar a un delincuente es mi obsesión. Hay uno que traigo en mente: tortura y mata. Lo tengo que agarrar y lo voy a lograr. O me muero en el intento.” –Cuando lo agarre, ¿me avisa? –Si lo agarro, le aviso.

México: Violencia desbordada. El Estado, rebasado

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Paramilitares, grupos de autodefensa, guardias privadas y comunidades armadas surgen por todo el país ante una ola de violencia criminal inédita que ha puesto a México al borde de una explosión social. Ese es el resultado de la fallida estrategia de seguridad pública de la administración de Felipe Calderón. Lo peor es que el Ejército ocupa cada vez más espacios de poder con una consecuencia inevitable: más violencia. El Estado está rebasado, concluye el doctor Arturo Alvarado, de El Colegio de México, coordinador de una amplia investigación al respecto de la que Proceso da cuenta en exclusiva. Desde los años inmediatos a la Revolución y a la guerra cristera, México no vivía una violencia homicida como la que ahora padece. Incontrolables desde hace tres años, las muertes violentas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, decapitaciones, tortura y otras expresiones anteriores, pero continuas, como los feminicidios, han desbordado al Estado mexicano. Ante los altos índices de violencia, son cada vez más los investigadores y especialistas de todo el país que buscan explicar no sólo la violencia del narcotráfico y la reac ción punitiva del Estado; también la respuesta violenta que está dando la sociedad. Al igual que Somalia, Haití, Brasil y, en su momento, Colombia, en México se multiplican las organizaciones paramilitares, los grupos de autodefensa, las guardias privadas (nacionales y extranjeras) y las comunidades armadas. “El Estado mexicano ni estaba preparado ni previó que todo esto podía pasar”, dice el doctor Arturo Alvarado Mendoza, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), en una entrevista en la que resume los resultados de un amplio trabajo de investigación coordinado por él mismo y que, patrocinado por el Colmex, comenzará a circular en breve en forma de libro. Se intitula ¿Hacia la seguridad nacional? Seguridad nacional y seguridad interior en el siglo XXI, del que Proceso ofrece adelantos sustanciales en la presente edición. En la investigación participaron Sergio Aguayo Quezada, Miguel Ángel Castillo y Mónica Serrano, del Colmex; Jorge Chabat, Froylán Enciso y Carlos Montemayor; José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Mónica Toussaint, del Instituto Mora; Javier Treviño Rangel, candidato a doctor por la London School of Economics, y el investigador brasileño Jorge Zaverucha, además del propio Arturo Alvarado Mendoza. Doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, Alvarado ha estudiado las expresiones de violencia en la sociedad mexicana, sobre todo desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República, y en especial la registrada en “la guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Señala que más de 14 mil muertos en lo que va del sexenio, un número creciente de desaparecidos y los cada vez menos inusuales hallazgos de cementerios clandestinos expresan los niveles de violencia a los que ha llegado el país. Prácticamente no hay estado que se salve. Si no son feminicidios, son ejecuciones entre narcotraficantes, enfrentamientos de las fuerzas federales con la delincuencia organizada, asaltos a comunidades por parte de milicias u homicidios de todo tipo. “Estamos en una era de violencia criminal inédita, producida tanto por bandas delincuenciales como por las intervenciones militares y policiacas del gobierno federal”, sostiene el académico, cuyas áreas de estudio abarcan seguridad pública, justicia y estado de derecho; parte de sus investigaciones las ha realizado en instituciones de Estados Unidos, Japón y Francia. Alvarado considera que ante la escalada de violencia registrada desde hace 15 años en México, Calderón ha tenido una “respuesta inercial”: la concentración sin precedente de recursos públicos en seguridad y el despliegue del Ejército como en los períodos más cruentos del autoritarismo del PRI, en particular el movimiento del 68 y la guerra sucia. Calderón incluso ha ido más allá. Ha permitido que el Ejército goce ahora de más autonomía y poder que en regímenes pasados y que asuma funciones civiles como no lo hacía desde la etapa posterior a la Revolución. De acuerdo con datos del propio Ejército, explica, actualmente 500 de sus miembros –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Además, esta es la administración que ha destinado el mayor gasto en seguridad, defensa y procuración de justicia de la historia. Si en 2006, en el último año de Vicente Fox, el presupuesto fue de 59 mil millones de pesos, a mitad de su sexenio Calderón ya dispuso de 266 mil millones de pesos, de los cuales 110 mil millones se asignaron a la Sedena. Una revisión hecha por Alvarado sobre el gasto programado en esos rubros desde 2007 muestra cómo se ha disparado el presupuesto, sin que ello haya significado una disminución de la violencia. Por el contrario. En su primer año, Calderón dispuso de 71 mil millones de pesos, en conjunto, para las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Fondo de Seguridad Pública para los Estados y el Distrito Federal. El año pasado, el gasto se elevó a 83 mil millones y en este 2009 llegó a casi 112 mil millones de pesos. En el límite Iniciada con asesinatos políticos y el levantamiento armado en Chiapas a finales del sexenio de Carlos Salinas; acentuada por la delincuencia con Ernesto Zedillo, y desbordada por el narcotráfico con Vicente Fox y Felipe Calderón, la violencia de los últimos 15 años en México ha rebasado al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, dice el investigador. La ciudadanía se ha ido quedando indefensa en todo el país, sostiene, y advierte que “la falta de control por parte del Estado nos puede llevar a una explosión, a una epidemia de violencia que no se detiene simplemente con poner al Ejército en la calle y declarar el toque de queda”. Con investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard, el Tecnológico de Massachussets y el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Alvarado sostiene que la violencia homicida desbordada y el fracaso del Estado se iniciaron con los feminicidios en Ciudad Juárez. Pero si hace 10 años Chihuahua era el estado con la tasa de feminicidios más alta del país, ahora la violencia de género en el cinturón metropolitano de la Ciudad de México lo ha rebasado. El promedio nacional de feminicidios está debajo de tres casos por cada cien mil habitantes, pero en la zona limítrofe del Distrito Federal pasa de cinco y en algunas partes por encima de seis. Otra manifestación grave de la violencia homicida la identifica en la frontera sur, en Chiapas, pero también en los enfrentamientos armados ocurridos en las calles de Tijuana, Guadalajara, Oaxaca, Culiacán, Durango, Acapulco, Veracruz y otras ciudades del país. Datos oficiales ubican a México entre los países con tasas más bajas de violencia en América Latina: 23 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, los niveles de homicidios en algunas ciudades se equiparan con los de algunos países de Centro y Sudamérica que han vivido procesos violentos por guerras civiles y el narcotráfico. La comparación más obvia es con Colombia. En la etapa más cruda de la narcoviolencia, ese país llegó a tener tasas de 100 muertos por cada 100 mil habitantes; hoy es de 40 por cada 100 mil, aún demasiado alta. En México, el estado de Guerrero tiene una relación similar, de 39.7. Le siguen Michoacán, con 34.4; Oaxaca, con 31; y Sinaloa y Chihuahua, con 29.9 cada uno, refiere Alvarado. Señala que algunas ciudades de Brasil –como Río de Janeiro– tienen tasas de entre 80 y 100 homicidios, mientras que en la ciudad de Guatemala, en la zona metropolitana de San Salvador y Tegucigalpa la situación es aún peor. “México está en el límite para prevenir una violencia de ese tipo. De no hacerlo, nos puede llevar a una situación como la de Centroamérica, Haití, las favelas de Río de Janeiro o incluso Somalia”, considera. Editor de La reforma de la justicia en México, publicado el año pasado por el Colmex, Alvarado abunda: “La violencia está aumentando en todas las dimensiones de la sociedad y no la estamos atendiendo. Hemos tenido días con 40 o 50 muertos”, y pueden llegar a ser “mucho más”. Comenta que una consecuencia de la respuesta violenta del Estado al narcotráfico es que se están modificando las rutas de las drogas. “El problema es que cuando se rompen las líneas o cadenas productivas, se reorientan o se van a otro lado. Y la gente se dedica a otra cosa: si antes sólo pasaba droga, ahora roba o secuestra. “Por experiencias históricas sabemos que pasan de un negocio ilegal a otro. Esto va involucrando a otros sectores sociales y por eso tenemos el crecimiento de violencia de todo tipo en el país. Esos efectos colaterales no se están atendiendo.” Menciona también otro fenómeno: “Hay una sorprendente cantidad de cementerios clandestinos en México, a pesar de que los hallazgos de restos humanos parezcan pocos”. Hace unos años, las narcofosas acaparaban la atención, sobre todo en la frontera norte, pero Alvarado ha identificado este tipo de tumbas en ocho estados del país, sólo mediante el seguimiento en prensa. Aunque precisa que no se trata de una investigación exhaustiva, asegura que “esto evidencia ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en muchas regiones del país que no son registradas, y que hay una violencia homicida que no observamos”. En su diagnóstico sobre la violencia desbordada en México, asegura que el país reproduce ya otro fenómeno que se dio en Somalia, Haití, Colombia y Brasil: la proliferación de grupos paramilitares, de autodefensa y de poderosos aparatos de seguridad privada. Refiere también la presencia de empresas trasnacionales de seguridad que operaron en Afganistán e Irak. “Tienen grupos y comandos especiales de ataque que actúan en caso de un atentado contra sus clientes: grandes empresarios o representantes de empresas trasnacionales. Eso puede ser un peligro de largo plazo. A ellos no les importa la legalidad local ni el Estado ni nada. Sólo sus intereses. Y no hay controles sobre ellos”. Además, hay grupos focalizados que se organizan para tener sus propios aparatos de seguridad, integrados por gente llegada de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia. “¡Qué de milicias irregulares hay en este país y que nunca habíamos visto!”, exclama. La tendencia es hacia el “vigilantismo”, pero el colmo es que instancias oficiales propicien que los ciudadanos se armen, critica. Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, que la semana pasada propuso que cada ciudadano tenga un arma para defenderse. “Vivimos una situación en la que estas inercias generan otras olas de violencia. Primero hay estupefacción, luego se acostumbra a ella y después se generan conductas reactivas de la población que no son necesariamente las mejores para resolver los problemas de fondo.” Para el investigador del Colmex, Chihuahua es un ejemplo de esa evolución de la violencia homicida. Después de los feminicidios, hubo estupefacción por los 10 o 12 asesinatos diarios; luego, cada mes fueron subiendo hasta rebasar los 30. Intervino entonces el Ejército por decisión de Calderón, pero no para bajar las tasas y la violencia social, sino para controlar las redes del narcotráfico. Las consecuencias fueron para la población, dice. Ese estado representa también lo limitado de “la guerra” contra el narcotráfico, sostiene Alvarado: “El Ejército entra y sale sin mayor consecuencia. Calderón desmantela a las policías locales porque no sirven, pero no deja nada nuevo. Está generando vacíos policiales en municipios y estados y no le deja capacidad ni al gobernador para recrear una fuerza”. Peligroso militarismo Arturo Alvarado identifica otras formas de violencia no vinculadas al narcotráfico, como las incursiones militares y policiales en diversas regiones del país donde hay movimientos sociales o guerrillas. A pesar de la poca información que existe al respecto, destaca los combates con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las incursiones de soldados en colonias populares en Ciudad Juárez y los continuos hostigamientos militares a poblaciones rurales en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. “Estos hechos no están motivados por la guerra contra las drogas ilegales”, asegura. Aunque las guerrillas en México no sean fuertes, ahí están y pueden coexistir con grupos paramilitares, tal y como ocurrió en Colombia. El próximo año, a propósito del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, la guerrilla va a manifestarse por lo menos con comunicados, considera. “La violencia homicida de todo tipo se está manifestando como no ocurría hace mucho. La Revolución y la guerra cristera eran los últimos períodos de violencia extrema”, dice quien además de haber trabajado en el Institute of Developing Economies-IDE, de Tokio, fue profesor invitado de la Universidad Kobe-Gakui, en Japón, e investigador invitado del Institute Francaise de Recherche Scientifique pour le Developpment et Cooperation. Recuerda que a la violencia política registrada durante el sexenio de Salinas –cuando ya había signos de violencia del narcotráfico– le siguió la violencia delictiva surgida después de la crisis financiera de 1995. Ante lo que caracteriza como violencia imparable entre 1995 y 1998, la respuesta del gobierno de Zedillo fue crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El operador fue su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, actual diputado electo del PRI, que en ese momento, estaba a cargo de la seguridad pública, tarea que pasó a la Secretaría de Seguridad Pública federal creada a principios del foxismo. En diciembre de 1995, Zedillo publicó la ley general del SNSP con la que pretendió coordinar de forma centralizada a todas las fuerzas policiales del país, pero sobre todo “metió al Ejército a participar en temas de seguridad pública y comenzó a patrullar las calles del Distrito Federal y ciudades fronterizas”, señala Alvarado. “El Ejército entró de facto a esas labores sin las reformas ni los controles constitucionales necesarios. Lo hizo por una puerta administrativa y con el aval de la Suprema Corte”, añade. “Zedilllo creó un sistema de seguridad punitivo al que 14 años después, sin hacerle una evaluación real, se le sigue metiendo dinero y dándole más facultades y elementos como policías nacionales sobre la misma base de la Policía Federal Preventiva”, dice. En enero de este año, Calderón publicó las reformas al SNSP que, de acuerdo con el especialista, “le dieron enormes atribuciones al presidente, quien, junto con los gobernadores, ha gastado mucho más en seguridad, y sin ningún control porque no hay un sistema real de transparencia del gasto”. Lo más grave es que Calderón ha abierto aún más la puerta para la intervención del Ejército, evalúa. Contrario al discurso de los militares, que dicen limitarse a responder a una necesidad específica, Alvarado encuentra que el Ejército sí tiene intereses políticos en esa participación. “Está interesado en mantenerse en el tema no sólo por razones administrativas y de seguridad. Lo hace a sabiendas de que está ante un conflicto real, no sólo de narcotráfico, sino, en el largo plazo, con la población”, asegura. Muestra de ello ha sido su presencia en la procuración de justicia con Fox y en seguridad pública en todo el país con Calderón. Ilustra: durante el siglo XX, en la Ciudad de México, ocho de cada 10 jefes de la policía fueron militares, en su mayoría generales. “Si esto no dice que es un patrón de comportamiento de los altos mandos del Ejército y que no tienen interés e incentivos por ser jefes de una policía civil, entonces no hay intención política”, ironiza. Alvarado cita información oficial de la Sedena para subrayar que, en los últimos ocho años, 90 militares de alto rango con licencia han sido jefes de policías estatales o municipales por todo el país. “Hay una militarización administrativa. En total, el Ejército reconoce que le ha dado permiso a 500 elementos para cumplir funciones de seguridad policial”. Al arranque de su administración, Calderón dijo que la guerra contra el narcotráfico es importante, apunta, pero “lo ha sido para él, sólo para él”, enfatiza. “Si bien reconoció el problema, utilizó al Ejército para apuntalarse. Eso todo el mundo lo sabe. Eso le dio popularidad. Pero sigue con una guerra en la que el Ejército se envuelve cada vez más y no sabemos si tiene las herramientas y las capacidades reales para enfrentarla, además de que tiene problemas por los abusos de militares contra la población.” Asegura que si en realidad el Ejército es “la única” herramienta del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado, entonces hay que establecer el tiempo pertinente de su intervención y medir y evaluar esa guerra. Y urge a establecer controles legales y judiciales para evitar no sólo los abusos, sino el incremento de su autonomía, como ha ocurrido, dice. Justifica que en la transición de un régimen priista a otro panista, y ante el aumento de la delincuencia, aumentara la autonomía militar y policial, tal y como ocurrió en las dictaduras que han transitado a democracias, pues los ejércitos siempre se reservan espacios políticos y de impunidad muy grandes, dice. “Pero ahora el Ejército tiene más autonomía, poder y dinero que con el PRI. Y si con el tiempo se ve que la de hoy era una guerra falsa, se entiende la necesidad de protegerlo hacia adelante, incluido su comandante en jefe, que es el presidente.” Los controles al Ejército sólo pueden salir del Congreso y del Poder Judicial, recuerda, “pero en vez de apelar al Congreso, Calderón manda una andanada de iniciativas de ley muy punitivas y discrecionales para darle más poderes al Ejército, a la Marina y a su Policía Federal” (Proceso 1708). El Legislativo tiene las facultades, pero no ha querido ejercerlas, dice, y resalta que el Congreso, además de llamar al Ejército a cuentas, tiene que limitar el fuero militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, como ahora ocurren. En el caso del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que hacer cumplir el principio de que nadie está por encima de la Constitución y que no debe haber tribunales especiales. Pero tampoco le ha querido entrar al fondo de esos temas, concluye, como lo demostró la semana pasada al negar un amparo contra la jurisdicción militar.

México, líder en secuestros con 18 diarios

El país “ocupa un absoluto primer lugar mundial” en plagios rápidos y extorsiones telefónicas

México.- Con promedio de 18 secuestros diarios, de los cuales sólo dos se denuncian ante las autoridades, México es líder mundial en la recurrencia de ese delito, advierte una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

El documento precisa que las entidades con mayor incidencia de plagios son el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Esas cifras colocan al país como primer lugar mundial por el número absoluto de secuestros, seguido de Irak, Chechenia, Ecuador, Brasil, Haití, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia e India, de acuerdo con el reporte.

Milenio
04/06/2009

Vargas, Martí: historias siniestras

JOSÉ REVELES

El libro Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México, del periodista José Reveles, está integrado por una veintena de asuntos que tienen un común denominador: la corrupción. “Como en un escenario dantesco”, dice Miguel Ángel Granados Chapa en la presentación, desfilan militares en servicio o desertores, bandas de narcotraficantes, la práctica de secuestros y otros delitos de las corporaciones que ha dirigido Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Con autorización del autor y de la editorial Random House Mondadori, reproducimos las partes más importantes de los capítulos “Otra vez Los Pinos” y “Banda de La Flor: enorme y llena de policías”.

Ignoro si el empresario de este relato, secuestrado y luego extorsionado, conoció a Nelson Vargas y a su exesposa Silvia Escalera. Pero sería lógico el intercambio de experiencias entre víctimas de similar infortunio y de la misma banda de plagiarios.

He aquí algunas entre múltiples irregularidades en el segundo caso, además de que valió punto menos que cero a la izquierda la recomendación de la primera dama, Margarita Zavala, cuyas buenas intenciones de ayudar se pasaron por el arco del triunfo policías federales y sus respectivos mandos que, pese a todo, siguen en sus mismos puestos:

En los primeros días de la negociación del pago de rescate, a principios de septiembre, auxiliaron en el caso agentes de la Procuraduría del Distrito Federal. Luego intervino un experto asesor de víctimas de secuestro y se logró la liberación del empresario, al que aquí llamaremos “Sebastián”, pues prefiere permanecer en el anonimato aunque conversamos en varias ocasiones con él y sabemos su verdadera identidad.

Cuando comenzó la extorsión buscó a policías federales, pues le quedó clavada una espina de desconfianza cuando sus plagiarios llegaron a marcar el teléfono de su casa y el del celular de su esposa, los cuales solamente conocían los agentes locales.

Resultó tanto o más traumático el trato con federales preventivos y afis. Un pariente que participó en el operativo para capturar al jefe de la banda oyó cuando El Flaco ofreció a sus captores:

– ¿Por qué no hacemos una finanza para usted y los agentes?

El jefe de los pfps respondió:

–Somos como 60.

A esto el secuestrador pillado in fraganti volvió a decir, luego de pensarlo unos segundos:

–No importa… creo que me alcanza.

Y era lógico pues El Flaco aceptó dedicarse al secuestro en los últimos 18 años y confesó a la autoridad que en promedio ganaban un millón por víctima. La jefa antisecuestros de la SIEDO, Nicandra Castro (hoy directora de la AFI, N. de la R.), le dio todas las facilidades a El Flaco y dos presuntos cómplices, Miguel Ángel Salinas Fajardo y Óscar Santillán Aguilar. Los dejaba moverse por todo el piso de la Subprocuraduría, sin estar esposados. El negociador Max Morales Martínez se vio obligado a llamar la atención de los agentes, pues los detenidos se dirigían al baño sin escolta alguna.

Salinas y Santillán fueron puestos en libertad ese mismo día, por órdenes de la SIEDO, pese a que habían sido sorprendidos en un automóvil idéntico al que se usó para recoger el rescate pagado días antes, una Caribe blanca con franjas negras, cerca de Chilpancingo, Guerrero.

Luego el empresario “Sebastián” fue expuesto innecesariamente por el Ministerio Público. Se le careó, sin cristal o cámara especial de por medio, con su secuestrador y extorsionador. Uno frente al otro se reconocieron mutuamente y no hubo duda alguna de que se trataba del victimario y su víctima.

El gobierno ofreció confidencialidad sobre el asunto. Era lógico, y absolutamente necesario por lo demás, pues de las primeras declaraciones se infirió que, aparte de El Flaco, faltaban al menos otros 11 integrantes de la banda.

Después de que se le mantuvo doce horas en la SIEDO, esa misma noche al empresario casi se le atraganta la cena con la que celebraba la captura de El Flaco. Creía que había terminado la pesadilla, pero un amigo le leyó el boletín 489 donde la PFP festinaba la detención del secuestrador y decía que pertenecía a la banda de Los Rojos.

Como para mentar madres, el exsecuestrado supo que El Flaco se escapó del hospital de Xoco. Se le había pedido explícitamente a la autoridad (aunque no había prisa alguna por atender una contusión menor en la mandíbula del plagiario) que se le enviara a un hospital más seguro, pues la PGR tiene convenio con la Torre Médica del Pedregal, entre otros hospitales.

BANDA DE LA FLOR:ENORME Y LLENA DE POLICÍAS

Hay más de 60 integrantes de esa banda a la que se atribuye el secuestro y muerte del niño Fernando Martí Haik, la de La Flor, según organigrama en manos de la autoridad.

Pero ni están todos los que son ni son todos los que están. Al comenzar 2009 había únicamente siete detenidos del grupo que se distinguía por dejar una flor en el cuerpo de la víctima o por enviarla con la exigencia de rescate.

El dirigente de la organización civil Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, Fernando Ruiz Canales, es un testigo sui generis, porque ni es protegido ni fue capturado por la autoridad, sino que voluntariamente ha ofrecido datos específicos sobre la banda de La Flor, de la cual fue víctima.

Según su testimonio, la banda de secuestradores comenzó a operar desde 1999 y tiene al menos 60 integrantes hombres y al menos tres mujeres. Si así es la situación, hay al menos 57 criminales que siguen delinquiendo bajo esa denominación.

Por haber participado en la identificación de José Luis Romero Ángel, un excomandante policial, como integrante de la banda, el 19 de noviembre de 2008 un comando allanó sus oficinas, sustrajo documentos confidenciales, ahogó a uno de los perros que vigilaban y pintó en la pared: “Tú sigues, pinche perro”.

El 14 de diciembre varios individuos le dispararon desde una camioneta. Pedía protección, pero ninguna autoridad se la proporcionaba. Ruiz Canales aportó un dato relevante y sugirió una estrategia:

1.- Los integrantes de la banda de La Flor son elementos policiacos activos en diferentes corporaciones, con distintos rangos que llegan hasta comandantes.

2.- Un cotejo que pudiera realizarse en las archivos fotográficos de los agentes y exjudiciales en las corporaciones por parte de las víctimas, entre ellas él mismo, activaría las indagatorias para ubicar a los secuestradores. En efecto, son pocos los supuestos integrantes de la banda en manos de la autoridad. Y el grupo también podría estar utilizando diversos nombres para despistar:

El Apá, Sergio Humberto Ortiz Juárez (baleado el 22 de agosto de 2008, en teoría para evitar que se llegue a otros autores del secuestro y muerte de Fernando Martí); el excomandante Romero Ángel, Fernando Hernández Santoyo, Marco Antonio Moreno Jiménez, los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle y la exoficial de la Policía Federal Preventiva Lorena González Hernández.

Me dijo el experto asesor a víctimas de secuestro Max Morales Martínez que había escuchado a un delincuente pavonearse: “Somos poderosos; estamos en tres corporaciones policiacas y así nadie nos puede acabar”.

Su revelación me viene a la cabeza ahora, cuando veo un hilo conductor que podría involucrar a un mismo y diversificado grupo en tres secuestros diferentes: Martí, Vargas y un empresario cuyo plagiario y extorsionador se fugó del hospital de Xoco. (El Flaco, Raúl Ortiz González, cuyo hermano Óscar Ortiz fue dos años chofer de Nelson Vargas y señalado por el propio empresario como secuestrador de su hija Silvia, N. de la R.)

Una investigación alterna fue entregada a las autoridades capitalinas e inclusive minuciosamente explicada al empresario Alejandro Martí. Ubica a otros policías como copartícipes de este secuestro que culminó en la trágica muerte de su hijo Fernando. No afirma que sean inocentes los capturados, sino que hay otros delincuentes ya identificados que en 2009 siguen gozando de libertad e impunidad.

Esos secuestradores, con agentes federales y capitalinos junto a delincuentes civiles, tienen su ámbito de operación en barrios reputados como bravos: Tepito, la colonia Buenos Aires, pero también por rumbos de Álvaro Obregón.

El diario Reforma (tal vez sin proponérselo, pues no siguió investigando su propio descubrimiento) captó en fotografías y en hechos al policía judicial del Distrito Federal José Ricardo Sánchez Vascoit junto a integrantes de “la banda de secuestradores y homicidas de El Panda, presuntamente ligada al crimen del menor Fernando Martí”. La nota fue publicada el 13 de agosto de 2008 bajo el título “Pasea policía judicial con secuestradores de Martí”.

(…)

Volviendo a la pesquisa alterna, allí se asegura que Sánchez Vascoit participó físicamente en el secuestro de Fernando Martí a bordo de la patrulla de la procuraduría capitalina con placas económicas 2911. Había una camioneta X-Trail color arena, placas 145-VCC, en la que viajaban dos agentes federales de investigación (afis), la cual cerró el paso al vehículo en que iban el niño Martí, su chofer Jorge Palma y su escolta Christian Salmones, quien tenía apenas 48 horas de trabajar para la familia Martí.

Se describe a uno de los agentes que usaba brackets en la dentadura y se hacía llamar Iván Cárdenas. Otro agente capitalino, adscrito al sector Venustiano Carranza, Gabriel Ricardo El Gabo Rojas Cervantes, también habría estado presente, al igual que dos hermanos que sólo se conocen como “Fabián” y “Jorge”. Cuando la procuraduría del Distrito Federal presentó cuatro retratos hablados de los plagiarios, uno es “Fabián” precisamente y es cuñado de Sánchez Vascoit. La jovencita Maricela Peralta Gutiérrez, a quien apodan La Tatis o La Mari, también participó. Guarda un extraordinario parecido con Lorena González Hernández, la oficial de Secuestros y Robos de la PFP, a quien se culpa de haber organizado un falso retén para ejecutar el secuestro.

Todos estos datos, nombres, fechas, domicilios en Tepito y en la colonia Morelos y otras circunstancias precisas están en manos de autoridades capitalinas. Ese expediente voluminoso, con anexos fotográficos, también fue entregado a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cinco meses después ni siquiera había sido atendida, y menos profundizada, esta línea de investigación. Tampoco había sido arraigada, presentada o aprehendida una sola persona de las mencionadas.

En la foto que publicó Reforma aparecen juntos en una comida en Acapulco, en 2004, el agente José Ricardo Sánchez Vascoit, Carlos Alberto Cruz Hernández, El Panda, y José Luis Contreras Vázquez o Gerardo Licarga Márquez, El Guadalas (presos ambos desde 2006 por secuestro y homicidio). Están también la esposa de El Panda, Cecilia García, y la jovencita Maricela Peralta Gutiérrez, la del enorme parecido con Lorena.

Reforma alude a otras fotografías halladas por la policía cuando cateó un domicilio de El Panda, en las que Sánchez Vascoit acompaña a otros secuestradores y homicidas aún prófugos: Javier Aguilar Galván, El Chivo, y Vicente Gómez Carreón. A ellos y a los ya detenidos (con Licarga y El Panda estaban en prisión Antonio Delgado Vallejo, El Monín; Jonás Martínez, El Sury, y Roberto Silva Peña) les imputan no menos de cinco secuestros y dos homicidios. Y algunos de ellos y sus cómplices aparecen en el plagio y muerte del niño Martí.

Sánchez Vascoit pertenecía a un grupo especial de agentes en la delegación Venustiano Carranza, el V63, cuyo comandante era José Luis Romero Ángel, uno de los siete presos por su presunta participación en el secuestro y muerte del jovencito cuyo rostro aparece en un mural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(…)

Sánchez Vascoit negó haber extorsionado y luego desaparecido al joven Gutiérrez Olvera en la colonia Doctores en marzo de 2002. Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos lo “exhortó” para que se abstuviera de ejecutar “cualquier acto de intimidación, amenaza o tortura” contra la mamá del desaparecido y contra testigos, pues él y Gerardo Escobar se estacionaban durante horas frente a los domicilios de quienes los acusaban.

Este agente declaró que fue casual haber estado junto con líderes de la banda de El Panda en Acapulco en 2004, a quienes conoció cuando estaba comisionado en Tlalpan.

Nadie se lo ha preguntado, pero seguramente negaría haber sido parte en el secuestro y asesinato de Fernando Martí. En el expediente alterno aparece el dato terrible de que el jovencito murió asfixiado con una bolsa de plástico, al parecer en forma accidental, pues “se le pasó la mano” a uno de los plagiarios, quien se desesperó frente a otra más de las crisis nerviosas y de llanto de Fernando. Esto habría ocurrido menos de 72 horas después del secuestro que se perpetró el 4 de junio. Ya con el cadáver de Fernando, la banda cobró un millonario rescate en los días siguientes.

El papá de Marisela Peralta Gutiérrez está preso por secuestro también. Aunque utiliza otros nombres, se llama Rafael Peralta Benítez y lo apodan El Cacho. Él y Jairo López Cantero, El Jairo, privaron de la libertad a la contadora Yolanda Narváez Sánchez cuando estaba por dejar en la pensión su camioneta Ford Escape placas 402-TRT. Ya se había exigido rescate a la familia cuando fue rastreada vía satélite la camioneta en Río Consulado y Tetrazzini, colonia exHipódromo de Peralvillo. Fue capturado el chofer, El Cacho”. Ello provocó que El Jairo ejecutara de tres disparos a la contadora y tirara el cuerpo en un baldío de la colonia Presidentes, en Álvaro Obregón. Semanas después El Jairo fue aprehendido en una colonia de la delegación Venustiano Carranza, muy cerca de donde viven presuntos secuestradores de Martí no sólo prófugos, sino sin ser investigados todavía por la autoridad.

El Flaco ya se había escapado de una cárcel guerrerense. Cerca de Chilpancingo la banda recogió el rescate del empresario “Sebastián”. Las fotos de Sánchez Vascoit con El Panda y otros secuestradores fueron tomadas en Acapulco. La geografía los conecta en dos puntos. Las circunstancias acercan a plagiarios y policías. La investigación oficial no.

Estrategia fallida

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En un análisis severo y nada complaciente en torno al problema de la violencia asociada al narcotráfico en México, un grupo de asesores del presidente Barack Obama señala que el combate al narco en este país sólo será efectivo con tácticas de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral. La violencia, advierten, está fuera de control en México, ante lo cual la estrategia militar del gobierno de Felipe Calderón es “reactiva”, “limitada” y hasta “contraproducente”. Y proponen: urge “regular” el mercado ilegal de la droga

Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.

Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.

La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.

La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.

El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.

El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles.

Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.

Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.

Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa Mérida. Esto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.

Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.

Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.

A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes.

De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos.

De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.

Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.

Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes.

Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.

Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.

Nuevos acuerdos, viejos arreglos

Para los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.

Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”.

En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta.

En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”.

Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios.

El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000.

Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán.

Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.

El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.

Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.

La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.

Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.

El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.

Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.

Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”.

Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.

Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”.

Sociedad militarizada

Ante ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.

La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”.

Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).

Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria.

“Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.

La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.

Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.

Sangre derramada en Semana Santa

Miguel Ángel Granados Chapa

La vida humana tiene precio en el país, ya sea con unos pesos hasta con cientos de miles parece que siempre es posible encontrar un sicario que lleve al cabo tal encargo delincuencial

Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia. Lo es de modo especial en Oaxaca, donde no ha habido poder institucional o político que resuelva los asesinatos de más de 20 personas ocurridos en el segundo semestre de 2006. No sirvió para nada la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso, emitida hace ya cerca de dos años, en mayo de 2007. Ruiz la eludió como es de suponerse que hará con la investigación constitucional que la Suprema Corte de Justicia mantiene en curso sobre el mismo periodo y los mismos casos. El informe de los magistrados responsables de la indagación fue ya presentado al tribunal y ahora está en manos del ministro Mariano Azuela, ex presidente de ese cuerpo, elaborar el dictamen correspondiente, que el pleno discutirá y aprobará. Después de los fallos de la Corte en casos precedentes, no parece que el gobernador oaxaqueño tenga mucho que temer. Cuando más, en condiciones análogas a las violaciones constitucionales en Atenco, se resolverá que las hubo también en Oaxaca. Pero en consideración más propia de la metafísica que del derecho, se concluirá que habiendo faltas no hay a quién atribuirlas.

Antes y después de estas intervenciones parajudiciales prevalece en aquella entidad la sensación de que es posible matar sin consecuencias. Si se trata de víctimas que de alguna manera se oponen al gobierno, el actual o al anterior, con mayor razón se buscará que sus verdugos queden sin castigo. Tales son los casos emblemáticos de Serafín García Contreras, asesinado a palos en julio de 2004; de Guadalupe Ávila Salinas, ultimada en septiembre siguiente, y el de las reporteras de una radio comunitaria indígena, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, emboscadas hace un año, el 7 de abril de 2008. A esa macabra lista se agregó el lunes pasado el nombre de Beatriz López Leyva, una militante de izquierda, de 33 años, muerta de un balazo en la cabeza en su propio domicilio en San Pedro Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional.

La joven activista participó en 2004 en la campaña del ahora senador Gabino Cué, cuando contendió contra Ulises Ruiz por la gubernatura. Al año siguiente actuó en el ayuntamiento local, no sé si como secretaria o como regidora. En ese tiempo sufrió un atentado a balazos, que no le causó daño pero la hizo comprender que su militancia era mal vista por los grupos de poder locales. Participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y permaneció a su lado en los años siguientes: apenas el 21 de marzo anterior fue una de las 12 mil personas reunidas en la "convención nacional de comités municipales del gobierno legítimo". Poco antes o poco después, según confió a sus allegados, había recibido un telefonema de Jorge Franco, lugarteniente del gobernador, presidente del PRI estatal, en que quiso sonsacarla para que abandonara su activismo. Beatriz se preparaba para animar una movilización el miércoles siguiente a su muerte, en protesta contra acciones del presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, a quien ya había acusado de malos manejos de los recursos municipales.

Por ese motivo hacia el alcalde deberían enfocarse las averiguaciones, pero la Procuraduría de justicia estatal no procedió de ese modo, transcurrieron ya cinco días desde el asesinato y no se percibe intención alguna de orientar por esa ruta la investigación ministerial. Eso asegura la impunidad del funcionario señalado, como se garantizó la de los asesinos de Serafín García Contreras (uno de los cuales intentará volver a la Cámara de Diputados en septiembre próximo) y la de Cándido Palacios Loyola, el presidente municipal de San José Estancia Grande, prófugo por el asesinato de Guadalupe Ávila Salinas, que postulada por el PRD aspiraba a suceder a quien la privó de la vida. No sabemos siquiera si se investigó el crimen de las muy jóvenes activistas y locutoras de La voz que rompe el silencio, la emisora indígena de San Juan Copala. Nadie ha sido responsabilizado de su muerte.

Al día siguiente del asesinato de Beatriz López Leyva, que además de las instancias ministeriales será denunciado en Xicoténcatl por el senador Cué pasado mañana, cuando concluya el receso de la Semana Santa, fue muerto a tiros en Nueva Italia, Michoacán, un candidato a diputado suplente del PRD, Gustavo Bucio Rodríguez. Empresario -fue ultimado en una gasolinería de que era franquiciante- de 45 años de edad, había sido tesorero municipal y acababa de ser elegido en la fórmula para contender en el primer distrito, con cabecera en Lázaro Cárdenas. Era suplente de César Godoy Toscano, hermano paterno del gobernador Leonel Godoy Rangel. Aunque el hecho mismo de que en Michoacán haya un gobierno perredista muestra las muy diferentes condiciones de hoy comparadas con las de los primeros años noventa, es imposible dejar de recordar la matanza de miembros de ese partido, naciente entonces, emprendida sin miramientos y sin castigo alguno por los gobiernos locales o el federal de Carlos Salinas. Es de esperarse que la impunidad no sea el desenlace de esta muerte, cuyos móviles importa esclarecer tanto como detener y sentenciar a quienes la provocaron.

Los asesinos no descansaron en el asueto de la Semana Santa, los días en que la liturgia católica recuerda la voluntad de Jesús de derramar su sangre para redimir al género humano no sin antes asegurarle que contará siempre con su propia carne y su propia sangre en la Eucaristía. Sangre de gente común, presuntos delincuentes o agentes de la autoridad fue vertida por medios violentos a lo largo y lo ancho de la geografía nacional. Aun en Ciudad Juárez, donde la tasa de homicidios ha disminuido notablemente merced a la presencia de 11 mil efectivos militares y policiacos, no ha dejado de haber ejecuciones. Se practicaron al menos tres el Jueves Santo, eso sí por rumbos distintos a aquel en que se concentra la vigilancia federal.

Un reporte de Lourdes Cárdenas en la revista Expansión da cuenta de los móviles que condujeron a la militarización de esa frontera, más allá de la proclama gubernamental de dar garantías a la población en general, tan asolada en los años recientes: "La gota que derramó el vaso fue el 13 de enero pasado. Ese día, Rodolfo Vázquez, director de la planta Lear Río Bravo, fue secuestrado en Ciudad Juárez mientras se trasladaba de la empresa a su domicilio de El Paso, Texas. Los plagiarios pidieron 1.5 mdd por su rescate. Seis días después el ejecutivo fue liberado en un operativo militar. La inseguridad era incontenible. La prensa local reportaba que 150 altos ejecutivos fueron extorsionados bajo amenaza de secuestro en el último año.

"Las policías municipal, estatal y federal y el Ejército se unieron y establecieron a partir de febrero un corredor de seguridad. El operativo incluye una sobrevigilancia de las rutas que van desde los puentes internacionales hasta 17 parques industriales de la ciudad. Entre 15 y 20 kilómetros son vigilados a diario por más de 300 agentes de los tres niveles...

"El Paso Economic Development Corporation estima que entre 3,400 y 5,000 gerentes estadounidenses viven en El Paso y cruzan diariamente para trabajar en las plantas de Juárez.

"'Ha sido una buena medida para garantizar la seguridad a las personas que tienen inquietud por su traslado', dice Manuel Ochoa, vicepresidente para desarrollo binacional de esa agencia".

La sangre fluye sin cesar en el país porque la vida humana está tasada. Su precio es muy variable, pero parece que siempre es pagadero. Un narcotraficante preso en Uruapan fue asesinado y destazado en el penal, por sólo 200 pesos. En cambio ascendió a 100 mil la suma pagada por quitar la vida a Carlos Alberto Rayas Rodríguez, jefe policiaco de Jalisco, cuya muerte precedió en una semana a la de Roberto Alejandro Mercado, comandante policial de Guadalajara, acribillado el Viernes Santo mientras hacía un rondín en la capital jalisciense.

Ese mismo día fue asesinado Roberto Martínez, comandante de la policía de Ecatepec, que hasta dos meses atrás era guardia del obispo Onésimo Cepeda. Dos de sus hermanos, policías también, fueron atacados con violencia meses atrás: Ernesto murió hace cinco; sobrevivió Mario, apenas en febrero.

Un "thriller" lleno de trampas

HOMERO CAMPA Como si fuera parte de una novela policiaca, el caso de Florence Cassez mezcla intriga, suspenso y espionaje. Su expediente -al que Proceso accedió- exhibe la maraña de intereses de las personas involucradas, así como numerosas contradicciones en las que han incurrido autoridades, acusados y víctimas. El 31 de agosto de 2005, Valeria Cheja Tinajero, de 18 años, se dirigía a su escuela, el Colegio Vermont, en la Ciudad de México. Ocupaba el asiento del copiloto de su auto, un Seat rojo 2003. Al volante iba el chofer de la familia, Óscar Sergio Mena Serrano. Pasaban de las 6:30 de la mañana y el tráfico ya era intenso. En la calle San Francisco Culhuacán, casi esquina con Taxqueña, se les cerró un auto Volvo "al parecer de color blanco". Bajaron dos sujetos armados. Uno de ellos rompió con la cacha de su pistola la ventanilla del Seat del lado del chofer y sacó del vehículo a Mena Serrano. Los individuos se subieron al auto y pasaron a Valeria al asiento trasero. Luego de recorrer unas cuadras abandonaron el Seat y subieron a la joven a una camioneta tipo Van. La taparon con una cobija. Diez minutos después la tenían en una casa de seguridad... El jefe de la banda tomó el nextel de Valeria para comunicarla con su madre, Laura Maya Tinajero Ortega. Cuando ambas empezaron a hablar, el jefe arrebató el teléfono a Valeria y le advirtió a la madre: "tengo secuestrada a su hija". Eran cuatro los miembros de la banda. Su líder pidió al principio un rescate de 5 millones de pesos. Terminó por aceptar 180 mil pesos. El 5 de septiembre, seis días después de su secuestro, Valeria fue liberada a unas cuadras de su casa. El 13 de septiembre de 2005, Valeria presentó una denuncia por secuestro ante el Ministerio Público. Se abrió así la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/190/2005. Como parte de ésta, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) pidieron a Valeria que los acompañara a varios recorridos de reconocimiento por la zona donde tal vez la mantuvieron retenida. En una de esas ocasiones Valeria vio un Volvo. Se le "figuró" que era el auto utilizado en su plagio, pero ya no era de color blanco, sino gris. Luego comentó a los agentes que el conductor se parecía al jefe de la banda de secuestradores. Todo ello ocurrió en una avenida transitada: Viaducto Tlalpan, a la altura de la desviación a la carretera federal a Cuernavaca. De acuerdo con el informe AFI/DGIP/PI/12307/05 y una declaración ampliada de Valeria, los agentes bajaron a la joven y siguieron al Volvo hasta que el auto ingresó a una casa ubicada en el kilómetro 29 de esa carretera, esquina con cerrada Ahuacatitla, en la colonia San Miguel Topilejo. Era el rancho Las Chinitas, donde vivía Israel Vallarta Cisneros, el conductor del Volvo que, al final, resultó gris plata. Así, por casualidad, la AFI localizó a Israel Vallarta, presunto jefe de la Banda del Zodiaco y novio de Florence Cassez, ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y cuyo eventual traslado a su país con base en el Tratado de Estrasburgo es analizado por una comisión binacional de México y Francia. La captura Después de que la joven Valeria Cheja identificó el auto Volvo color gris, los agentes de la AFI vigilaron los movimientos de Vallarta. Lo videograbaron y fotografiaron. Descubrieron así los talleres que tenía con sus hermanos en Iztapalapa y ubicaron a los familiares y conocidos que frecuentaba. El 3 de diciembre le presentaron a Valeria las fotografías de Vallarta. Lo reconoció de inmediato. Según el parte informativo AFI/DGIP/PI/12498/05, a las 5:30 de la mañana del 9 de diciembre de 2005 el agente de la AFI que vigilaba el rancho Las Chinitas vio salir a Vallarta "en compañía de una persona del sexo femenino" en una camioneta Chrysler Voyager blanca. Se dirigían hacia la Ciudad de México. El agente se comunicó por radio con dos de sus compañeros que se encontraban en la carretera a Cuernavaca, en la entrada del pueblo de Topilejo. Cuando Vallarta y su acompañante pasaron por ese lugar, los policías les marcaron el alto y se identificaron como agentes de la AFI. El parte policiaco afirma que Israel intentó tomar un arma larga que se encontraba en el piso del asiento del copiloto, pero uno de los agentes se le adelantó. El documento consigna que Israel agredió a los policías "física y verbalmente", por lo que éstos hicieron "uso de la fuerza legítima" con el fin de arrestarlo. Después, pidieron a Florence que los acompañara. Ella accedió "de manera voluntaria". Los agentes subieron a Israel y a Florence a una camioneta Chevrolet Suburban con placas de circulación 954-RDA. El documento indica que se dirigían a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México, pero que a la altura de un lugar conocido como El Mirador, Israel les manifestó que tenía secuestradas a tres personas en su rancho Las Chinitas. Dijo que los integrantes de su banda tenían instrucciones de que "si no regresaba en un tiempo determinado", éstos matarían a los plagiados. Los agentes pidieron apoyo de dos comandos de "reacción rápida". Regresaron al rancho a las 7:15 y el propio Israel les abrió el portón con sus llaves. Atravesaron un patio empedrado y en un inmueble ubicado al frente del lado derecho encontraron a los tres secuestrados: Ezequiel Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y el menor Cristian Ramírez Ríos. ¿Y dónde estaban los cómplices de Vallarta, los que estarían cuidando a los secuestrados y quienes los matarían si él no regresaba "en un tiempo determinado"? En ningún documento del expediente al que accedió Proceso se aclara este punto. Lo cierto es que, luego del rescate de los plagiados, la AFI hizo un montaje de recreación para Televisa y TV Azteca. En su primera declaración ministerial, Vallarta reconoció haber participado en el secuestro de seis personas, incluidas las tres encontradas en el rancho Las Chinitas. Aseguró que el jefe de la banda no era él, sino un sujeto llamado Salustio, alias Sagitario. Al principio, los secuestrados se encontraban en una casa de seguridad ubicada en avenida Xochimilco número 54, en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, delegación Xochimilco. Israel dice que Salustio quería cortarle una oreja al niño Cristian, a lo que se opuso y lo cual motivó una pelea entre ambos. "Si tanto quieres a las víctimas, llévatelas a tu casa", le dijo Salustio. Israel trasladó a Cristina y a su hijo a Las Chinitas. Poco después Salustio le entregó a Ezequiel. En ese lugar permanecieron alrededor de dos semanas. En su declaración preparatoria del 9 de marzo de 2006, Israel se retractó de su primer testimonio, pues dijo que lo firmó después de haber sido torturado. Se declaró inocente de cometer secuestros. Deslindó a Florence de cualquier responsabilidad en sus actividades y contó otra historia: Manifestó que él y Florence viajaban en la camioneta Voyager blanca en la que transportaban unos muebles hacia el nuevo departamento que ella alquiló en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez. A la altura del kilómetro 27 de la carretera a Cuernavaca un camión de gas obstruía el paso. De repente varios vehículos particulares rodearon su vehículo y entre ocho y 10 agentes de la AFI vestidos de civil se acercaron para hacer, dijeron, una "revisión de rutina". Lo bajaron de la camioneta y lo arrestaron. En su declaración Florence sostuvo que cuando los detuvieron, los agentes de la AFI le dijeron que ya habían investigado las actividades de Israel, que se dedicaba al secuestro, pero que "sabían" que ella "no tenía nada que ver (...) que estuviera tranquila". Los agentes subieron a Israel y a Florence a una camioneta Suburban. Los condujeron a las oficinas de la SIEDO. Él asegura que lo golpearon todo el tiempo y, luego, lo bajaron del vehículo para meterlo en un edificio. Mientras, Florence permaneció en la vagoneta. Israel afirma que lo llevaron a un sótano, lo desnudaron y lo torturaron: golpes con puño cerrado, trapos con sustancias sobre su boca, agua sobre nariz y boca al punto de la asfixia, golpes con un palo de escoba en las plantas de los pies, introducción de una parte de ese palo por el ano, descargas eléctricas... En el expediente se agrega un informe médico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -folio 57768-57769- en el que se enlistan 15 lesiones en diferentes partes del cuerpo, como excoriaciones, equimosis y quemaduras. Vallarta sostiene que en su tortura participó "una persona de apellido Cárdenas Palomino". Según esta declaración, se trataría de Luis Cárdenas Palomino, uno de los colaboradores más cercanos de Genaro García Luna, primero en la AFI y ahora en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En la primera dependencia fue director general de Investigación Policial, y en la SPP es coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito. Israel también afirma que en diferentes momentos le dijeron: "te pasaste de listo con alguien muy importante". Le aseguraron que a Florence también la estaban torturando y le propusieron un acuerdo: que aceptara todo a cambio de dejar ir a su "novia francesa". Él dice que accedió al trato. Entonces cesaron los golpes. Le hicieron anotar nombres y números, así como firmar papeles. Lo vistieron y lo subieron a otra Suburban. Le pusieron al teléfono a Florence. Le dijo: "Tú ya te vas. Hice un trato con estas personas, que te van a ir a dejar a la embajada. Dí que perdiste tus documentos y vete a tu país. Quise hacerte feliz y no pude..." Según el relato de Israel, los agentes lo llevaron de regreso al rancho Las Chinitas. Para entonces, dice, ya pasaba de la medianoche del 8 de diciembre de 2005. Llegaron al rancho y había mucho movimiento: sacaban muebles y metían objetos. Cárdenas Palomino era el que daba las órdenes. Vio a Florence cuando la llevaban caminando. "¿No que la habían dejado ir?", le preguntó a uno de sus guardias. No hubo respuesta. Lo llevaron a uno de los inmuebles y lo sentaron en un sillón viejo junto a Florence. Pasaron las horas y por la mañana un agente prendió un televisor que estaba frente a ellos. Se transmitía el noticiario matutino del canal 2 de Televisa. Unos minutos después, el periodista Carlos Loret de Mola anunció en la pantalla un enlace para transmitir el rescate de unos secuestrados. Israel dice que observó en la pantalla su propio rancho y luego otra toma de la cabaña en la que se encontraba. Se abrió la puerta y ya lo estaban videograbando. Lo levantaron, lo tiraron al suelo e hicieron "como que me esposaban...". Los testigos Ezequiel Elizalde declaró que lo secuestraron la mañana del 4 de octubre de 2005. Dos hombres armados entraron al billar Elimen, propiedad de su padre, Enrique Elizalde, y se lo llevaron en una camioneta Chevrolet color gris tipo Van. Sus plagiarios pidieron 2 millones de pesos como rescate. En su declaración, Cristina Ríos Valladares manifestó que la secuestraron junto con su esposo Raúl Ramírez Chávez, y el hijo de ambos, Cristian Hilario Ramírez Ríos, la mañana del 19 de octubre de 2005. Viajaban en un Jetta azul rumbo a la escuela de su hijo, Centro Escolar Las Américas, ubicada en la colonia Estrella. Raúl Ramírez precisó que circulaban por la lateral de avenida Ferrocarril Hidalgo cuando un camión de redilas obstruyó el paso de autos que iban detrás de su vehículo, mientras que de una camioneta tipo Van color claro bajaron tres individuos encapuchados que portaban armas largas. Éstos los subieron a la camioneta y se los llevaron. Sus captores liberaron a Raúl para que consiguiera el dinero para el rescate de su esposa e hijo: 15 millones de pesos. En su primera declaración tras ser liberados, el 9 de diciembre de 2005, ni Cristina ni su hijo reconocieron la imagen y la voz de Florence. Dijeron, además, que no habían sufrido ningún abuso físico o sexual. En declaraciones ampliadas cambiaron su versión. El 14 de febrero de 2006, el niño identificó la voz de Florence como la de la persona que le sacó sangre y le dijo: "aprieta el brazo" con "acento raro (...) como de no mexicana". Un día después Cristina Ríos recordó que escuchó la voz de Florence "desde la primera casa de seguridad" cuando "bromeaba con los demás cuidadores". Además, su hijo le contó que le sacaron sangre, pero que no lo hizo un doctor, "sino una mujer, ya que le había visto la mano, la cual era muy delicada y suave". Ezequiel Elizalde es el único de los secuestrados que desde la primera declaración reconoció la voz de Florence como la de uno de sus captores. Dice que "hablaba con acento extranjero, al parecer de origen francés, ya que arrastraba la 'R'". Dice que esa mujer le llevó unos sándwiches y que le recomendó no hacerse "el héroe" ni hacer "pendejadas" porque "si no, íbamos a acabar mal". También dijo que la pudo ver. Llevaba pasamontañas y lentes negros, pero se asomaba parte de su "cabello teñido color güero". Afirma que tres días antes de que lo rescataran, "la mujer con acento extranjero" le produjo un piquete en el dedo meñique de la mano izquierda que le dejó una cicatriz (la cual posteriormente resultó ser una pequeña marca congénita). Además, lo amagó con enviarle un "regalito a su papá" y le dio a escoger entre un dedo o una oreja. Hubo un testimonio más que incriminó a Florence: el de Leonardo Cortés López, de 29 años y comerciante de verduras que tenía un puesto "metálico sobre ruedas" en la esquina de las calles Norte 58-A y Oriente 91 en la Ciudad de México, muy cerca del domicilio de Cristina Valladares, quien además era su clienta. Declaró que vio por televisión la liberación de Cristina y de su hijo y que en ese momento identificó a Florence como la mujer que "seguía" a su clienta cuando ésta iba de compras. Señaló que en una ocasión la "extranjera" vigiló a Cristina desde la farmacia Río Blanco, que se encuentra frente a su puesto de verduras. Sin embargo, Cortés no pudo ratificar ni ampliar su declaración. La razón: murió el 21 de mayo de 2006 cuando la camioneta que conducía -una Pick-Up Chevrolet modelo 2001- volcó sobre la carretera El Arenal-Chimipal, en el estado de Hidalgo, según se asienta en la Averiguación Previa 1/1/667/2006 de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad. Tanto en el auto de formal prisión que decretó la primera juez del caso, Olga Sánchez Contreras, como en la toca penal 198/2008 dictada por el segundo juez, Fermín Rivera, se otorga valor probatorio a dichos testimonios, así como a otras "evidencias". Una de ellas: Florence vivió en el rancho Las Chinitas durante los 15 días que estuvieron allí los secuestrados, aunque ella utilizaba una cabaña ubicada al fondo del rancho y los plagiados se encontraban en un inmueble ubicado casi al frente y a la derecha del portón de entrada. Además, de acuerdo con el inventario de objetos y documentos requisados, los recibos telefónicos del rancho correspondientes a octubre y noviembre de 2005 están a su nombre. Las relaciones Del expediente del caso se desprende que Valeria Cheja era amiga de dos de las personas involucradas en su plagio: los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho, quienes incluso fueron a su fiesta de cumpleaños. Los hermanos Rueda Cacho tienen un primo de nombre Édgar Rueda Parra, quien cuidaba a los secuestrados, entre ellos su propia tía y su primo: Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian. De hecho, en varias declaraciones ampliadas, el menor señaló que la voz de uno de los secuestradores "se parece a la de mi primo Édgar" y que en una ocasión a éste se le salió preguntarle en voz alta a uno de sus compañeros "si ya le habían traído las medicinas" a su tía. Cuando se dio cuenta de su error, sólo dijo: "Chin". Israel Vallarta es cuñado de Alejandro Mejía Guevara, su supuesto cómplice, quien aparece como arrendatario de la casa de seguridad de Xochimilco, primer sitio en que estuvieron los secuestrados. No obstante, en un cateo realizado a esa finca el 28 de diciembre de 2005 "aparecen diversas identificaciones a nombre de Alejandro Jiménez Cortés, propietario del inmueble", según consigna el documento de la diligencia de cateo. Alejandro Mejía Guevara es amigo de Luis Fernando Rueda Cacho, quien convenció a su padre para que le prestara al primero 108 mil pesos, dejándole como garantía el auto Volvo gris utilizado en el secuestro de Valeria Cheja. Sin embargo, la relación más intrigante es la que sostuvieron Israel Vallarta y Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, de origen israelí, exagente del Mossad y exsocio de Sebastián, hermano de Florence. En su declaración preparatoria, Israel dijo que a mediados de 2002 llamó por teléfono a su "amigo" Sebastián. Éste le comentó que "estaba iniciando un negocio" y que quería platicárselo. Añadió que justamente se encontraba con uno de sus socios y lo invitó a unirse con ellos en el lugar en que se encontraban: el restaurante Cleint de avenida Masaryk, en Polanco. El socio era Margolis. Vallarta no aclaró qué clase de negocio le propuso Sebastián. Sólo refirió que después de comer y platicar se despidió de Margolis, e intercambiaron sus números telefónicos. Agregó que a partir de ahí siguió viendo a Margolis, al margen de Sebastián. Lo invitó varias veces al rancho Las Chinitas y que, incluso, en una ocasión "tuvimos relaciones íntimas él y yo". Aseguró que el israelí le tenía "tanta confianza" que le regaló un auto Passat que estaba a nombre de su empresa y un radio nextel para que ambos estuvieran en comunicación. Vallarta sostiene que Margolis le platicaba de sus negocios, sobre todo los de su empresa de seguridad y mediación para liberar secuestrados, pero que empezó a contarle que "tenía información de personas secuestrables". Israel afirmó: "Me di cuenta que era una persona muy peligrosa". Comentó luego que éste le advirtió: "no intentes pasarte de listo. Cuidado con tu boca". Según su versión se alejó de él y después se enteró de que había tenido problemas con Sebastián y que incluso había amenazado con hacerles daño a su esposa e hijos. Después empezó el noviazgo con Florence. En su declaración, Israel afirmó que Margolis es el único que tiene el poder y el dinero para involucrarlo en las acusaciones de secuestro que actualmente enfrenta. Insistió en su inocencia y pidió protección para él y su familia. En la misma declaración describió que en la mañana del 10 de diciembre de 2005, un día después de realizado el montaje de rescate para la televisión, "una persona vestida de civil de color beige, ingresó en la galera en la que me encontraba (en las instalaciones de la SIEDO), me levantó, me golpeó con puños y pies y me dijo: 'te manda los buenos días tu judío favorito. Que ya sabes: que si hablas te mueres tú y toda tu familia', quedándome claro a quién se refería".