Riesgo de otro presidente “espurio”

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.

Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.

Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.

El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.

Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.

Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

La maquinaria electoral invisible de Elba Esther

La ruptura de Elba Esther Gordillo con Felipe Calderón es cada día más evidente. Aliada a Enrique Peña Nieto y con la mira puesta en 2012, la maestra radicalizó su discurso. Después de casi tres años de no realizar eventos sindicales estatutarios, convocó a un consejo nacional. Un año después del golpe gubernamental al SME se solidarizó con los electricistas.

Viendo las barbas de su vecino cortar, la profesora Gordillo objetó que el gobierno otorgue la toma de nota a los sindicatos. El miedo no anda en burro. Su situación como líder vitalicia del SNTE es absolutamente ilegal, pues viola los numerales 43, 44 y 49 de los estatutos del sindicato. Elba Esther fue nombrada presidenta del comité ejecutivo nacional el 17 de marzo de 2004. Los estatutos señalan que el puesto durará cuatro años y no se podrá ocupar el mismo cargo ni otro ni en el mismo comité. Ella debió haber abandonado la presidencia del sindicato en 2008, hace más de tres años. Si la autoridad laboral quisiera hacerlo podría desconocerla legalmente.

Por si las moscas, Gordillo vela armas. Y se prepara, con todo, a ganar las elecciones en el estado de México el 3 de julio. Tiene a su disposición un impresionante ejército de maestros que no trabajan frente a grupo y funcionan de operadores electorales.

Según cifras oficiales, las dos secciones del SNTE en el estado de México (la 36 y la 17) cuentan con 556 comisionados sindicales. La cifra en la realidad es mucho mayor. Sólo en la sección 36 hay más de 3 mil profesores que no trabajan y se dedican de tiempo completo a actividades electorales. Formalmente están adscritos como personal de apoyo en supervisiones, jefaturas de sector y jefaturas de departamento. En los hechos cuentan con el permiso verbal de sus jefes para no laborar.

Elba Esther cuenta con puestos claves en la administración de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Valdemar Molina Grajeda, secretario general sustituto de la sección 36 en el periodo 1985-88, es director de Educación Básica y Normal. Héctor Ánimas Vargas, tesorero y secretario de Vivienda de distintos comités seccionales, es director de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo.

Parte del ejército electoral del Panal está integrado por maestros que aspiran a ser directores, personal de nuevo ingreso que necesita una plaza definitiva y profesores que requieren favores sindicales. A cambio de obtenerlos están obligados a asistir a eventos electorales, ubicar posibles votantes casa por casa, convencerlos y obtener fotocopia de su credencial de elector.

En las escuelas, las huestes de Elba Esther trabajan bajo las órdenes de los directores. Los maestros distribuyen en los salones de clase millares de volantes con el objetivo de que los niños los entreguen a sus padres, promocionando la compra de una despensa de frutas, legumbres, abarrotes y verduras. Al día siguiente, las madres deben llevar el dinero y su bolsa de mandado. Afuera de la escuela está el camión de Nueva Alianza donde se adquieren los productos. En el volante se establecen tres tipos de precios: el paquete de legumbres y de verduras cuesta 10 pesos cada uno, el de frutas, 15, y los abarrotes 30. Se advierte que en la compra de cualquier paquete, presentando el volante y la bolsa de mandado, obsequian un producto más.

En las aulas Panal y SNTE entregan cuadernos con la leyenda Mamá, sácate un 10. Vota por Nueva Alianza, así como reglas que dicen Nueva Alianza, una propuesta que marca tu vida.

La alianza Elba Esther Gordillo-Enrique Peña Nieto tiene una larga historia tras de sí. En los comicios de 2009, la maestra se coaligó para la elección de presidencias municipales con PRI, PVEM, PSD y Futuro Democrático. Compitió en alianza parcial con PVEM, PRI y PSD en 40 distritos. El Panal obtuvo seis diputados locales de un total de 75, aunque sólo uno de mayoría relativa. Pese a ello, la ex secretaria general de la sección 36 Lucila Garfias Gutiérrez fue nombrada presidenta de la 57 legislatura del estado.

En abril de 2010, la sección 36 del SNTE solicitó un espacio para la construcción de oficinas regionales y un centro de capacitación. El gobierno de Ecatepec, presidido por Eruviel Ávila, donó al sindicato un predio de más de 3 mil metros cuadrados, ubicado en la sierra de Guadalupe.

El 19 de noviembre de ese año Peña Nieto inauguró las flamantes oficinas. Acompañado por Elba Esther Gordillo Morales, develó una placa inaugural, recorrió las instalaciones y descubrió el mural Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. El gobernador reconoció la presencia de la maestra Elba Esther, y le reiteró que el estado de México es su casa. El alcalde fue el encargado y anfitrión del acto. La maestra agradeció al gobernador la construcción de una nueva sede para su sindicato.

En octubre de 2010, el Panal apoyó la aprobación de la ley Peña, a través de la cual el gobernador pudo conjurar la posibilidad de una candidatura común de PAN y PRD. Elba Esther negoció ese voto a cambio de que se eliminara del paquete de reformas electorales la cláusula de gobernabilidad para evitar que su partido se quedara sin sus diputados plurinominales.

Para el proceso electoral local 2011, el Panal firmó el convenio de coalición con PRI y PVEM. Con base en éste, a Gordillo le corresponderán 14 puntos de la votación obtenida. Antonio Hernández, dirigente estatal del Panal, reconoció que la fuerza de su partido se debe a la participación activa de los afiliados al SNTE. La dirigencia nacional del PRI designó como delegado del CEN para ese estado a Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, uno de los políticos más cercanos a Elba Esther.

El 13 de abril de 2011, en un acto masivo en el Salón Rojo del Club Toluca, el Panal refrendo su apoyo como candidato a gobernador a Eruviel Ávila. El abanderado tricolor dijo que necesitaba del apoyo de Elba Esther Gordillo y del magisterio del estado de México para ganar la elección.

Simultáneamente envalentonada y temerosa, Elba Esther se prepara para formalizar su ruptura con el PAN y avanzar con Peña Nieto. Por lo pronto ha echado a andar su maquinaria electoral invisible.

La “revolución educativa” de Ulises Ruiz, disfraz de su estrategia electoral

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 14 de marzo (apro).- La “Revolución Educativa en Oaxaca” promovida por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz fue un “fracaso” porque la entidad descendió un lugar en el ranking de rezago educativo al ser superada por Guerrero y pasar al penúltimo lugar en todo el país, sólo superada por Chiapas.

Y es que el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en lugar de atender el problema de analfabetismo se convirtió en el brazo operativo del PRI en las elecciones para la gubernatura del estado en el 2010, según se detalla en la denuncia 575/FEPADE/2010 presentada en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Apenas el pasado 7 de marzo, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro, precisó que de acuerdo con el último censo del INEGI, en el estado todavía existen 421 mil oaxaqueños analfabetas, otros 449 mil no concluyeron los estudios básicos y 575 mil no terminaron la secundaria.

Esto significa que el rezago educativo en la entidad es de un millón 445 mil oaxaqueños, es decir, el 38.3 por ciento de la población.

Por su parte, el director general del IEEA, Rogelio Rodríguez Ruiz, declaró que aunque el acta de entrega recepción la recibió en blanco, tiene conocimiento que había unos 600 trabajadores de confianza en el Instituto, sin embargo, sólo se presentaron a laborar 311, lo que revela que casi el 50 por ciento del personal eran aviadores u operadores del PRI.

Es decir, agregó, “se pagaba a personal para que desempeñara sólo cuestiones partidistas y por eso la estructura del instituto creció de una manera importante”.

A ello, se suman actos de corrupción como el hecho de que la jefa del departamento de Administración, Leticia Cruz Regino, se autorizó 575 mil 482 mil pesos de liquidación.

Según el documento, en poder de APRO, a la funcionaria con el descuento del ISR se le extendió, el 14 de octubre de 2010, una póliza cheque por 475 mil 144.24 pesos por concepto de “pago de gratificación” (folio 1241) y fue autorizada por el entonces director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Cipriano Flores Cruz.

Otro documento dirigido al coordinador de apoyo a la operación del IEEA, Juan José Jiménez Pacheco, detalla los apoyos económicos que se entregaban como parte de la estrategia 09 para movilizar a la gente a los actos políticos, que no educativos.

En el oficio CZ419/2009, con copia al director Cipriano Flores y a la jefa de departamento de administración, Leticia Cruz Regino, se especifica que para la coordinación de zona 2010 Huajuapan-Silacayoapan se pidieron 250 mil pesos por concepto de pasajes, combustible o pago de transporte para movilizar a dos mil personas.

Para ello acordaron otorgar 30 pesos de cuota por persona movilizada que incluía una torta y bebida.

Además, se pidieron recursos para entregar 404 machetes e igual número de palas, así como mil 201 morrales para el distrito 03, en tanto que para el distrito 06 se autorizaron 394 machetes e igual número de palas, así como mil 183 morrales.

En síntesis, se destinaron 119 mil 400 pesos para transporte, 119 mil 400 pesos para refrigerio, además de 6 mil 400 pesos de apoyo económico a 32 municipales y 27 mil 450 pesos a 183 colaboradores seccionales.

Otra parte de la corrupción que ha comenzado a flotar en las visitas de investigación y verificación, ocurrió en el municipio de Santiago Ixtayutla donde se percataron que el programa establecido en el 2008 no ha tenido seguimiento y funcionamiento desde el 2009, sin embargo, si se emitieron los pagos hasta el mes de junio de 2010.

Ahí se tenía un reporte de entrega mensual de 30 mil pesos para la operatividad del programa de analfabetismo, lo que supone un desvío de recursos por más de 700 mil pesos.

Por lo que se refiere a la denuncia presentada ante la FEPADE, se le entregó todo un esquema operativo general diseñado para la elección a la gubernatura pero en apoyo total a Eviel Pérez Magaña, candidato al gobierno por parte del PRI.

También fueron integradas varias fotografías donde se observa cuando el entonces director del IEEA, Cipriano Flores, le rendía cuentas de la “campaña de la victoria” y se rodeaba de todos los coordinadores que en lugar de alfabetizar se convertían en promotores del voto para el PRI.

“Transformar, transformar, todos vamos a ganar. Con Eviel Pérez Magaña, lo que sigue es mejorar”, era la enseñanza, además de entregarles playeras y un lonche que consistía en una torta y un refresco.

Todas estas irregularidades se encuentran en la denuncia 575/FEPADE/2010 en contra del director general Cipriano Flores Cruz y sus 22 coordinadores de zona que en lugar de alfabetizar y cumplir con su programa “Revolución educativa en Oaxaca” se convirtieron en los verdaderos operadores del PRI.

El esquema operativo general incluía a las autoridades municipales, a los líderes de organizaciones, a los delegados de gobierno y las instituciones de gobierno y programas sociales pero además incluían una coordinación de operación con el personal del IEEA, entre ellos, los 22 coordinadores de zona, 423 técnicos y 7 mil 136 asesores para tener unos 83 mil votantes en potencia.

Las fichas técnicas detallan el distrito, el número de municipios, el número de operadores, el domicilio dónde operar y el candidato a beneficiar, todos ellos, del PRI.

Cabe mencionar que el IEEA recibió un presupuesto federal.

Finalmente, el director general del INEA informó que habrá tres auditorías por parte del gobierno federal para ver como se ejercieron los recursos públicos federales, debido a que en el 2009 se canalizaron a Oaxaca 198 millones de pesos y 205 millones de pesos en el 2010.

Slim se mantiene como el más rico del mundo; "El Chapo", sigue en Forbes

La Redacción

México, D.F., 9 de marzo (apro).- El magnate Carlos Slim incrementó su riqueza en 38.3 por ciento y se mantuvo como el hombre más rico del mundo.

La fortuna del dueño de Telmex rebasó al segundo hombre más rico, Bill Gates, quien alcanzó 56 mil millones de dólares contra los 74 mil millones de Slim.

El tercer lugar del mundo lo ocupa el inversionista Warren Buffett, con 50 mil millones de dólares.

El año pasado, Slim tenía 53.5 mil millones de dólares, y en los últimos doce meses logró ganar 20.5 millones de dólares.

El incremento del patrimonio de Slim se debe al crecimiento de su empresa en telecomunicaciones América Móvil, de acuerdo con información de la revista Forbes.

En este año, la lista de Forbes rompió varios récords; entre ellos, que mil 210 personas tienen, por separado, más de mil millones de dólares cada una. La riqueza total de ellos equivale a 4.5 billones de dólares.

Forbes también incluye al capo Joaquín, "El Chapo", Guzmán, con una fortuna superior a mil millones de dólares.

Hipocresía panista

John M. Ackerman

Felipe Calderón se queja amargamente de los obstáculos del Poder Legislativo hacia sus iniciativas de reforma en materia política, laboral, energética y de seguridad pública. Los intelectuales aliados al régimen también periódicamente denuestan al Congreso por formar parte de una imaginaria generación del no supuestamente orientada a detener el progreso del país. Hoy, sin embargo queda claro que quienes frenan los avances democráticos no son los legisladores de la oposición, sino los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

El veto que el PAN ha puesto en los últimos días a las reformas en materia de transparencia y derechos humanos es completamente injustificable. Ambas propuestas fueron consensuadas durante largos años de trabajos, con la activa participación de las bancadas del partido del Presidente. Pero hoy el PAN se echa atrás y busca cualquier pretexto para tumbar los acuerdos logrados, todo con objeto de proteger a los poderes fácticos que hoy lo chantajean de cara a la elección presidencial de 2012.

En el Senado, destacados integrantes de la bancada del PAN se oponen a la inclusión de la prohibición de la discriminación a las personas por motivo de sus preferencias sexuales, bajo el argumento ridículo de que esto podría legalizar la pederastia. Ignoran que el derecho a no ser discriminado jamás puede ser utilizado para justificar la comisión de un delito. Su rechazo a esta inclusión sólo evidencia su total subordinación a una jerarquía católica cada día más ensoberbecida y empoderada políticamente.

A estos mismos senadores les genera ruido que las reformas constitucionales reconozcan explícitamente la calidad vinculatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano. En un momento de lucidez que refleja su cerrazón en la materia, el senador del PAN Felipe González ha argumentado que habría que estar en contra de elevar el estatus de estos tratados porque algunos ni siquiera los conocemos (La Jornada, 4/3/11).

En la Cámara de Diputados, el PAN ratifica su rechazo a la tutela efectiva de los derechos humanos al reservar una serie de artículos claves de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). El diputado panista Gregorio Hurtado se opone enérgicamente a la propuesta de transparentar los fideicomisos que contienen recursos públicos y con ello defiende la tradicional utilización de estos fondos como la caja chica del gobierno federal. Con los gobiernos del PAN, los fideicomisos se han vuelto la nueva partida secreta, útil tanto para comprar lealtades como para evitar la vigilancia de la sociedad y los órganos fiscalizadores.

Al mismo diputado le encantaría eliminar la naturaleza definitiva e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Así, se podría cumplir con el sueño dorado del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador Arturo Chávez de impugnar por la vía judicial a las resoluciones de este órgano garante para dejarlo en el nivel de un simple ombudsman de la transparencia, cuyas resoluciones fueran meras recomendaciones para la autoridad.

El también diputado por el PAN Gastón Luken propone eliminar uno de los avances más importantes contenidos en la minuta ya aprobada por el Senado: la obligación de que las instancias gubernamentales generen los documentos solicitados en el caso de que debieran existir por mandato legal. Asimismo, los emisarios del gobierno federal han expresado su rechazo contundente a la propuesta de transparentar los créditos fiscales que Hacienda año con año otorga a empresas como Cemex, Telmex, Walmart y Televisa y que hoy suman por lo menos 500 mil millones de pesos.

Tanto la reforma de derechos humanos como la de transparencia están muy lejos de cumplir plenamente con las expectativas ciudadanas. Entre otras debilidades, la primera no toca ni con el pétalo de una rosa a las fuerzas militares y no permite el acceso pleno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la información en poder del gobierno federal. La segunda no le otorga ni autonomía política ni facultad de sanción directa al IFAI. También presenta una serie de vicios en materia de responsabilidades administrativas, documentadas recientemente por la organización civil Artículo XIX, así como con respecto a causales de reserva y asuntos procedimentales. Ambas propuestas también garantizan la más total opacidad e impunidad para la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, ambas reformas al final de cuentas representan un paso adelante en materia de rendición de cuentas para el país. Caminan en el sentido correcto y, de ser aprobadas, implicarían modificaciones sustanciales en favor de la democratización del ejercicio del poder público en México. Es realmente una vergüenza que AN de nuevo se pliegue de forma tan cínica a los intereses de la Iglesia católica, al presidencialismo autoritario y a las grandes corporaciones monopólicas, abandonando una vez más los principios democráticos que alguna vez inspiraron su actuación.

http://www.johnackerman.blogspot.com - http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

La herencia negra de Ulises Ruiz

José Gil Olmos y Pedro Matías

Desvíos de recursos públicos, elefantes blancos a costos multimillonarios, fraudes, cobros indebidos y contratos en favor de sus parientes son parte de la “herencia” que dejó el exmandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. En 99% de las oficinas gubernamentales hay huellas de saqueo y corrupción. Y mientras Ruiz –que puede ser llevado a juicio político– se divierte en un partido de futbol americano, el gobierno entrante califica de “chiquero” el lodazal que encontró. Y lanzó la típica promesa: poner orden.

OAXACA, OAX., 1 de marzo (Proceso).- “¡Esto es un verdadero chiquero!”, exclama el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien reconoce que ya esperaba encontrar una casa “desordenada y sucia”, pero lo que halló en la revisión de la administración del saliente mandatario priista Ulises Ruiz Ortiz fue una corrupción monumental.

De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca, en 99% de las dependencias de la administración estatal se detectaron irregularidades, particularmente en las áreas de recursos materiales y financieros, donde se acreditan desvíos que podrían llegar a 3 mil millones de pesos, sin contar los 15 mil millones de pesos de los “elefantes blancos” que son las ciudades Administrativa y Judicial.

La investigación, a la que tuvo acceso este semanario, resalta que las irregularidades –desvío de recursos, fraudes, robo o alteración de documentos, cobros y pagos indebidos y contratos con sobreprecios– podrían ser causal de juicio político contra el exgobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, el exmandatario oaxaqueño parece no estar preocupado. Según la cuenta de Twitter del diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, Ruiz se divirtió a lo grande en el Super Bowl, en Texas, donde se enfrentaron los equipos de Pittsburgh y Green Bay.

En un mensaje del 7 de febrero el legislador priista dijo: “Acepté la invitación de mi amigo Ulises Ruiz para venir a Dallas Texas a ver el superbowl. Aquí estamos cenando con varios amigos”.

Mientras tanto, en Oaxaca sigue la integración de expedientes que, entre otras cosas, muestran que el anterior secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, dio los contratos a seis empresas cuyos domicilios fiscales corresponden al de Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del entonces gobernador.

Las seis empresas son Nexicho Asociados, Davizaoo Construcciones, Grupo Empresarial Oaxes, Grupo Basoo Asociados, Peom Construcciones y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural.

La investigación preliminar de la Contraloría muestra que sólo en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y en los de Obras Públicas (SOP) se otorgaron 48 contratos por 177 millones 789 mil 569 pesos.

Según documentos en poder de Proceso, Nexicho Asociados recibió 32 millones 428 mil 295 pesos; Davizaoo Construcciones, 33 millones 844 mil 256 pesos; Grupo Empresarial Oaxes, 70 millones 733 mil 550 pesos; Grupo Basoo Asociados, 10 millones 209 mil 350 pesos; Peom Construcciones, 9 millones 488 mil 55 pesos y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, 21 millones 86 mil pesos.

La mayoría de esos contratos, indican las indagatorias, fueron asignados ilegalmente por Pérez Magaña, quien perdió las elecciones estatales ante Cué Monteagudo.

Pero lo que la Contraloría considera “la cúspide de la mentira y el cinismo” es el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 costó 35 millones 621 mil 828 pesos y cuya construcción estuvo a cargo del Grupo Empresarial Oaxes. El problema es que es un hospital fantasma. La obra no existe, según consta en fotografías tomadas en el predio por la Contraloría estatal.

El anexo estadístico del V Informe de Ulises Ruiz muestra claramente, según las indagatorias, “la asociación delictuosa que involucra al exgobernador, a Eviel Pérez Magaña y otros funcionarios como Flor de María Cruz Vasconcelos, quien actualmente es la directora de Planeación y Normatividad en la Auditoría Superior del Estado”.

Pero también implica al exsecretario técnico de los SSO, Sergio Roberto Patoni –cuñado de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz–, quien además se autorizó un bono sexenal de 331 mil pesos.

Con base en las investigaciones queda probada la participación de Pérez Magaña, actual presidente estatal del PRI, en la comisión de diversos delitos que implican desvío de recursos públicos que afectan el patrimonio de los oaxaqueños.

En los documentos se remarca que la “corrupción aquí presentada no hubiese sido posible sin la complicidad de una serie de personajes encargados de falsificar documentos, efectuar cobros indebidos, autorizar contratos con sobreprecios y pagos indebidos”.

En síntesis, se dice que la gestión de Pérez Magaña como secretario de Obras Públicas se caracterizó por la corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque fueron diseñados complejos esquemas de “simulación y desvíos de recursos a través de empresas creadas para la obtención ilícita de contratos”.

En la investigación se habla de la participación de servidores públicos, personas físicas y morales y hasta instituciones bancarias que se prestaron para llevar a cabo procedimientos ilegales que podrían ameritar destituciones e inhabilitaciones de funcionarios o exfuncionarios, y penas de cárcel.


“Saqueo burdo”

Otro caso que se documenta es el del Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, que cobró 840 mil pesos por dar mantenimiento al complejo turístico de Hierve el Agua.

El contrato J03UF-02-08-0036/2009 muestra que la empresa cobró 410 mil pesos por aplicar productos químicos para el tratamiento del agua de la alberca y por la mano de obra. Además cobró 300 mil pesos por los 10 mil litros de agua necesarios para llenar la piscina.

En entrevista con Proceso, el secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra, reconoció que las seis empresas mencionadas están vinculadas por tener un mismo representante, Francisco Fabián Montes Serra; además participaron en el programa de obras del gobierno anterior y algunas de ellas concursaron en todos los rubros: caminos, escuelas, hospitales y obras urbanas.

Salvatierra señala que se revisaron 90 expedientes de obra para encontrar o verificar irregularidades y decidir si hay necesidad de una auditoría, pues hay obras inconclusas o no iniciadas que están pagadas 100%. Citó siete caminos de la región de la Costa, para cuya conservación y modernización se invirtieron casi 18 millones de pesos y en los que no hay ningún avance.

El diario Reforma publicó el pasado 24 de enero que “el gobierno de Ulises Ruiz ejerció más de mil millones de pesos en caminos rurales del estado; sin embargo 100 por ciento de ellos sigue siendo de tierra”.

Otro ejemplo de manejos poco claros es el techado del auditorio Guelaguetza, que costó 105 millones de pesos y que no existe, pues la empresa española Isolux Corsan Construcción incumplió el contrato J03-UE-02-08-0047/2009.

A ello se suma el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dejó de aplicar 103 millones de pesos del Fondo de Aportaciones y nunca justificó el subejercicio.

El actual titular de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, declaró: “Ya hemos solicitado por escrito se aplique una auditoría a la institución para tener una visión externa, objetiva y racional de las condiciones reales en que se encuentra”.

Gabino Cué reconoce, en entrevista con Proceso, el desorden que entregó el gobierno de Ulises Ruiz. “La mera verdad sí, encontramos una casa muy desordenada y sucia”.

“Encontramos muchas áreas de gobierno sin computadoras y algunos vehículos sin llantas o con otras que no eran de su tamaño... se ve que hubo un saqueo burdo”, dice.

También encontró que algunos funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial, y por ello “se inició un procedimiento; serán sancionados y se les harán requerimientos”.

Por lo pronto, afirma Cué, “ya se presentaron algunas denuncias, y donde hemos encontrados irregularidades hemos iniciado procedimientos de orden administrativo. Si encontramos casos en los que haya alguna irregularidad que pueda caer en el ámbito de lo penal por desvío, peculado o malversación, tendríamos que acudir a la instancia correspondiente.

Adelantó que a más tardar en un mes espera haber “limpiado la casa” para que se queden los funcionarios que realmente reúnan experiencia y honestidad. A la fecha, también han dado de baja a 200 aviadores y se han eliminado las canonjías de algunos servidores públicos; en el anterior gobierno había hasta jefes de departamento con guardaespaldas o acceso a las aeronaves oficiales.


Bonos bonitos

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, pidió la intervención de las secretarías de Administración y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que se revise el contrato de arrendamiento de la constructora del complejo Ciudad Administrativa, pues incumplió con el equipamiento del inmueble.

El subsecretario jurídico y de Derechos Humanos, Dagoberto Carreño Gopar, detalló que trabajadores de la Secretaría General de Gobierno se quejaron porque no hay condiciones para laborar, pues la administración de Ulises Ruiz no equipó ninguna de las áreas de la Ciudad Administrativa.

Al recorrer las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, Desarrollo Político, Fortalecimiento Municipal, Derechos Humanos y Jurídica se comprobó que Ulises Ruiz sólo dejó el cascarón de la Ciudad Administrativa, que junto con la Ciudad Judicial costó 15 mil millones de pesos.

La Contraloría oaxaqueña menciona que aquí incumplieron con sus funciones los órganos fiscalizadores federales, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría Superior del Estado, cuya titular, la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza, fue colocada en ese cargo por Ulises Ruiz.

Además de esas irregularidades, funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos en el Registro Público de la Propiedad. Los auditores descubrieron que “no se localizan libros completos de propiedades y en otras literalmente arrancaron las hojas, situación que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños”.

También algunos mandos de los Servicios de Salud se asignaron bonos sexenales que sumaron 25 millones de pesos. El actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que recibió 300 mil pesos de un bono “que ya viene etiquetado”, porque “fui empleado del gobierno federal” cuatro años y medio, al fungir como director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Reconoció que pese a que dejó el cargo el 31 de marzo de 2010, le entregaron un cheque por 11 mil 570 pesos como parte proporcional del aguinaldo. En conferencia de prensa justificó ese bono porque su trabajo fue de alto riesgo al enfrentarse a situaciones delicadas, como “el caso del H1N1, (y) quién te devuelve la tranquilidad cuando entras a un lugar que está infectado, como el Hospital Civil”.

En esa nómina aparecen Martín de Jesús Vásquez Villanueva, diputado local del PRI; Francisco Rafael Reyes Velásquez, coordinador general de Supervisión y Apoyo Técnico, que recibió 626 mil 62 pesos; Sofía Laura León Silva, secretaria de Salud, con 492 mil 862 pesos, y Óscar Adrián Patoni y Partida, secretario técnico, con una gratificación de 341 mil 514.

También es el caso de Óscar Adrián Quintana López, jefe del Departamento de Operación y Pagos, quien recibió 210 mil pesos, y el líder sindical Jenoé Ruiz López, 204 mil.

El pasado 8 de enero, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ulises Ruiz aseguró: “No dejé ninguna cuenta pendiente. Hicimos la entrega con libros blancos, hemos sido el estado más auditado del país, nos revisaron más de 50 mil millones de pesos, en ninguna revisión hay acusaciones de peculado y en ninguna hay un señalamiento”.

Abdicar a la soberanía

La Jornada

En documentos divulgados por el sitio Wikileaks y difundidos ayer –un día antes de que inicie su visita a México la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton–, se da cuenta de nuevos episodios de subordinación del gobierno de México al de Estados Unidos en aspectos relacionados con la seguridad pública y el control migratorio.

En el primero de esos documentos, fechado en febrero de 2010, se afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para "pacificar" Ciudad Juárez y "responder a la presión pública de hacer algo por la localidad". Es significativo y preocupante que el principal viso de sensatez ante tal petición haya debido venir de la funcionaria estadunidense: de acuerdo con el documento, Napolitano respondió que las autoridades de su país podrían ayudar a la identificación de objetivos, pero que "México debe ir más allá de los despliegues militares y establecer una fuerza de policía en Ciudad Juárez capaz de vigilar todas las calles y viviendas".

Independientemente de lo que Calderón haya tenido en mente al pedir la ayuda del EPIC para controlar la violencia en la ensangrentada urbe fronteriza, la solicitud confirma que desde el Poder Ejecutivo se propicia la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en tareas de seguridad y de manejo de la fuerza pública, lo cual se hace a espaldas de la sociedad. Por lo demás, el contenido del cable referido da cuenta del empecinamiento de las autoridades nacionales en una estrategia a todas luces fallida: los despliegues policiales y militares ordenados en amplias regiones del territorio han demostrado no sólo ser inútiles, sino contraproducentes, y el caso de Ciudad Juárez es dolorosamente paradigmático al respecto; sin embargo, lejos de rectificar, el gobierno mexicano se muestra empeñado en profundizar dicha política, aunque ello implique el riesgo de vulnerar la soberanía nacional.

Si del documento referido se desprende que el gobierno mexicano no ve con malos ojos la operación de agentes estadunidenses en el país, en otro de los cables difundidos ayer por Wikileaks se pone en evidencia su papel como facilitador de esa medida: de acuerdo con un mensaje diplomático, personal de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha realizado interrogatorios a migrantes indocumentados detenidos en el país, con el apoyo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en respaldo a una inquietud de las autoridades estadunidenses de que el terrorismo internacional pudiera aprovechar la frontera con México para atacarlos.

Lo anterior es improcedente por partida triple: porque de nueva cuenta se evidencia una concesión inaceptable en materia de soberanía; porque México queda exhibido como un país que presta su territorio para actividades de hostigamiento practicadas por Washington contra ciudadanos de terceras naciones, y porque, con ello, el gobierno mexicano asume como causa propia, ante los ojos del mundo, la "guerra contra el terrorismo" emprendida por el gobierno de Bush, y suscribe, así sea tácitamente, las obsesiones estadunidenses de seguridad nacional características del gobierno anterior del vecino país, pero que han persistido durante la actual presidencia y que son contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos.

A la luz de estos elementos de juicio, la sumisión del gobierno federal a Washington en lo que debieran ser tareas irrenunciables de cualquier Estado –como la seguridad pública y el control migratorio– confirma que, además de la ruptura de la legalidad y el estado de derecho en amplias franjas del territorio, un saldo principal de los cuatro años de la actual administración es, precisamente, una abdicación inaceptable de la soberanía nacional.

Salinas en el IFE

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 20 de octubre.- Durante su mandato presidencial (1988-1994), Carlos Salinas de Gortari pretendió modernizar el autoritarismo mexicano, pero nunca transitar a la democracia o siquiera liberalizar el espacio político y/o social, aunque sí lo hizo en el ámbito económico. Y aunque creó los organismos constitucionales autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Banco de México) como vía para legitimarse sin redistribuir el poder, lo hizo como parte de un proceso liberalizador o democratizador.

Por otra parte, durante su sexenio 17 gobernadores interinos o sustitutos directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades de la República Mexicana, con lo cual, si se toma en cuenta que en ese entonces el presidente también designaba al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la mitad de las entidades y, seguramente casi las dos terceras partes de la población, estuvo gobernada por un delegado presidencial en algún momento de su administración, cifra sin parangón en la historia contemporánea del país.

Todo comenzó cuando, con su escaso respeto (o total desprecio) al voto ciudadano, arribó al poder mediante el fraude electoral del 6 de julio de 1988, cuando se cayó el sistema de cómputo de votos en el momento en que empezaban a llegar los resultados que otorgaban, al menos hasta esos momentos, el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Hoy, parecía una broma de mal gusto que el IFE lo invitara a participar en los eventos de celebración del vigésimo aniversario de su creación, y más para hablar en el panel “La democracia del siglo XXI”.

El su libro, Organismos autónomos y democracia: El caso de México, publicado en 2007, John M. Ackerman demuestra fehacientemente que durante el periodo gubernamental de Salinas dos de los organismos constitucionales autónomos (IFE y CNDH) sirvieron precisamente para simular un compromiso, pues las prácticas del gobierno autoritario mexicano no cambiaron en lo fundamental y esos organismos fueron usados únicamente como instrumentos de legitimación.

Ackerman explica que, desde su diseño, dichas instituciones fueron debilitadas por los reformadores del PRI, puesto que representaban un peligro potencial para la permanencia del partido en el poder. No fue sino hasta 1996, en el caso del IFE, y hasta 1999, en el de la CNDH, ya durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se transformaron en “instituciones realmente fuertes y eficaces”.

En consonancia con la explicación de Salinas, en su aparición de la semana pasada, Ackerman destaca que el IFE surgió como una medida ante la crisis de legitimidad de las elecciones anteriores, pues el partido en el poder debía hacer evidente su interés en realizar “elecciones limpias”. Así, se legitimaría y, al mismo tiempo, tendría en sus manos el poder que le conferiría el establecimiento de tal institución, como era el control y la dirección del mismo, ya que la presidencia del instituto recaía en el secretario de Gobernación y los miembros con voto estaban predominantemente “controlados por el PRI y el gobierno”.

Durante el sexenio salinista se confirmó la teoría de connotados politólogos en el sentido de que los organismos constitucionales autónomos son una opción “utilizada exclusivamente por regímenes autoritarios para simular su compromiso con la rendición de cuentas”, pues su creación no busca realmente una redistribución del poder, sino simplemente simularla precisamente para poder mantener y ejercer ese poder abusivamente.

Por otra parte, de los 17 interinos o sustitutos que tomaron protesta durante la gestión de Salinas, seis lo hicieron porque los mandatarios constitucionales fueron invitados a ocupar cargos en el equipo presidencial (Veracruz, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala y Chiapas); uno, porque hubo una reforma de la Constitución estatal para homologar la fecha de las elecciones de gobernador con las federales (Sonora); otro, porque el entonces gobernador interino renunció para pretender convertirse en candidato del PRI a la misma gubernatura (San Luis Potosí, 1994); otro, por la explosión de una tubería de gas en Guadalajara; y uno por el alzamiento armado en Chiapas, el 1 de enero de 1994.

Los demás fueron obligados a renunciar por conflictos postelectorales –Michoacán, 1992; San Luis Potosí, 1991, y Guanajuato, como los más emblemáticos– o porque los resultados de las elecciones no favorecieron al PRI y, aunque no hubo conflictos postelectorales, Salinas consideró que no eran útiles como ejecutivos estatales –Estado de México, Michoacán, Tabasco y Yucatán–.

En octubre de 1992, Pascal Beltrán del Río, en un reportaje publicado en Proceso, señalaba: “…de los 41 procesos electorales de carácter estatal que se han celebrado desde julio de 1989, en 23 ha estallado la violencia o, cuando menos, se han dado fuertes muestras de inconformidad con el desarrollo y los resultados oficiales”. Ese fue el sello de un gobierno que prefirió recurrir a las concertacesiones antes que respetar la voluntad popular.

Ahora, en su reaparición, Salinas puntualizó que “no era necesario que el PRI perdiera para mostrar el avance en la democracia”; destacó que “…si la alternancia es la prueba de la democracia, más que sus instituciones, bienvenida la alternancia para el 2012”, y mostró su preocupación porque “en Baja California, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México hace muchos años que no hay alternancia”. Sin embargo, olvidó señalar que en otros 10 estados jamás la ha habido: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Fiel a su vocación, Salinas aprovechó el foro para justificar su mandato, atraer los reflectores y celebrar la alternancia, siempre que ésta beneficie al PRI. Pero no tiene la culpa Salinas, sino el IFE que lo invita y le monta el escenario.

www.proceso.com.mx

La tragedia del IFE

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) nace en 1990 como una abierta simulación salinista y hoy, a sus 20 años, dramáticamente parece estar retornando a sus orígenes. A la manera de un personaje trágico, el IFE no ha logrado extirpar de su interior su "defecto fatal", o hammartia, en griego, que en este caso reside en un exceso de burocratismo, oficialismo y autocomplacencia. Si no corrige el rumbo pronto, una dolorosa y trágica muerte institucional podría estar a la vuelta de la esquina.

Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.

Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.

La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa "cláusula de gobernabilidad". También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.

Durante la negociación de la reforma, Salinas comete una más de sus múltiples traiciones al desconocer la "carta de intención" firmada entre el PRI y PAN en la víspera de la aprobación de la reforma constitucional. Este documento incluía candados que aseguraban mayor independencia para el instituto electoral, como requisitos más estrictos para ser "consejero magistrado" y un procedimiento más democrático para su selección.

El PRI aceptó firmar la carta con tal de contar con los votos para aprobar la reforma constitucional. Pero inmediatamente después incumple sus compromisos a la hora de diseñar la ley secundaria, dado que ya no precisaba del apoyo legislativo del PAN. El resultado fue una reforma totalmente repudiada por la izquierda, y también por una amplia franja del PAN.

Hoy el IFE engaña abiertamente a la ciudadanía cuando afirma, en su sitio web conmemorativo de sus 20 años, que en 1990 el instituto "surge como un órgano público y autónomo". El artículo 41 constitucional aprobado en 1989, explícitamente señalaba que "la organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión". No es hasta 1994, en el contexto del levantamiento zapatista y después del asesinato de Colosio, cuando el IFE se convierte formalmente en un "organismo público autónomo", y tendremos que esperar hasta 1996 para que el instituto se independice plenamente del Ejecutivo.

A partir de 1996 el cambio no fue inmediato. Una de las primeras acciones de Woldenberg como presidente del IFE fue nombrar a Felipe Solís como secretario ejecutivo del instituto. Solís, sumamente cercano a Manlio Fabio Beltrones, era uno de los representantes más destacados del pasado autoritario del IFE. A su salida, Solís se convierte en representante del PRI ante el mismo instituto y hoy es diputado federal de este mismo partido. Woldenberg también se opuso de manera tajante a fiscalizar los gastos de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y nunca auspició la verdadera democratización interna del IFE. Años después, también apoyaría el carpetazo inicial que se dio al caso de los Amigos de Fox.

Otros consejeros serían los verdaderos responsables del gran prestigio alcanzado por el IFE entre 1996 y 2003. Destacan entre ellos Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, quienes desde muy temprano en su carrera de servidores públicos hicieron esfuerzos olímpicos por combatir el burocratismo conservador que tanto daño hacía a la institución.

Pero ya sabemos que la historia oficial la escriben "los vencedores". La ceremonia oficial del IFE del pasado 11 de octubre fue un popurrí de vacíos discursos autocomplacientes y burocráticos. Al más puro estilo priísta, las conquistas sociales han sido transformadas en "logros institucionales" y los éxitos institucionales en gracias otorgadas por los directores generales y presidentes correspondientes.

La verdadera historia del IFE tendría que poner el acento en las décadas de luchas ciudadanas gestadas, en particular desde la izquierda. La creación del IFE se debe a las protestas de 1988. La autonomía es consecuencia directa del levantamiento zapatista de 1994. La plena ciudadanización surge de la confrontación del PRD y los náufragos de la crisis económica con Ernesto Zedillo en 1995. Y de igual forma la reforma de 2007-2008 es resultado directo de la movilización ciudadana de 2006.

Hoy el PRI pretende colocar dos nuevos alfiles en el Consejo General. Pero lo que necesitaría un IFE verdaderamente ciudadano no son más defensores del viejo régimen, sino al menos un par de actores progresistas que, sin ser representantes de los partidos de izquierda, pudieran ser portadores de una visión auténticamente ciudadana frente a los retos actuales del instituto electoral. Hoy, el IFE no cuenta con absolutamente nadie con este perfil. Tal exclusión de la izquierda ha dañado enormemente la institución y prepara ya el camino para otro desastre en 2012. Esperemos que la Cámara de Diputados no desaproveche esta oportunidad para corregir el rumbo.

Pd. Hoy se inaugura y continúa hasta el jueves 21 el seminario: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, de 9 a 15 horas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Programa disponible en: www.juridicas.unam.mx.

A Pablo Sandoval Ramírez, a 10 años de su muerte, constructor imprescindible de nuestra democracia

http://www.johnackerman.blogspot.com

El miedo

Luis Javier Garrido

El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.

1. El mecanismo de las alianzas electorales entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato de unidad PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

2. El ardid de las alianzas electorales PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.

3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un enriquecimiento inexplicable al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.

4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la estrategia de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como un peligro para México y acusándolo de realizar una campaña de rencor y odio, no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su equipo de campaña, que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador haiga sido como haiga sido, según informó El Universal el miércoles 6.

5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser el burro hablando de orejas y lo exhortaron a dejar de actuar como jefe de campaña del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).

6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de autoritarismo e intolerancia, pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).

7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.

8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase burda y ofensiva no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud.

9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.

10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).

El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.

¡Viva Salinas!

John M. Ackerman

Del mismo modo en que Manuel Ávila Camacho traicionó el programa e ideario de Lázaro Cárdenas del Río para retornar al caciquismo de Plutarco Elías Calles, Felipe Calderón también se ha propuesto frenar el proceso de democratización y entregar el poder al más retrógrado cacique político del momento: Carlos Salinas. Andrés Manuel López Obrador agregó vivas a los héroes anónimos, a los indígenas, a las mujeres, y a los jóvenes en su arenga desde la Plaza de las Tres Culturas el pasado 15 de septiembre. A Calderón, sin duda, no le faltaron ganas de colocar a Salinas junto a los héroes de la patria en su proclama desde Palacio Nacional.

Habría que discrepar del gran maestro del periodismo nacional, don Miguel Ángel Granados Chapa, cuando afirma que Ernesto Zedillo es el ex presidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo. La comparación más adecuada no tendría que ser con el burócrata gris y corrupto de Zedillo, sino con el gobierno autoritario y represor de Salinas. Si Salinas eliminó la rectoría del Estado en la economía y transformó los monopolios públicos en oligopolios privados para beneficiar a sus amigos y prestanombres, Calderón hoy también beneficia amigos y familiares y auspicia una fantástica concentración de la riqueza nacional en pocas manos. Recordemos que Carlos Slim le debe la acumulación de su fortuna al gobierno de Salinas, y que hoy el millonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo bajo el amparo de Calderón.

Si Salinas atacó a campesinos e indígenas con sus ominosas reformas para privatizar el ejido y vender el país con su tratado de libre comercio, hoy Calderón ha emprendido una verdadera cruzada anti-obrera contra electricistas, obreros, mineros, maestros independientes y más recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Ambos presidentes comparten una vocación represora en contra de dirigentes sociales, toleran todo tipo de violaciones a los derechos humanos y solapan de forma cínica la impunidad y la corrupción. Ambos sexenios también se han caracterizado por un masivo derroche de recursos públicos para una populista propaganda gubernamental. Y como colofón ridículo de las coincidencias, las únicas dos ocasiones en que México ha ganado el concurso Miss Universo han sido precisamente durante los sexenios de Salinas y Calderón. La reciente condecoración de Rigoberta Menchú también trae a la memoria los hipócritas elogios que Salinas ofreció a la premio Nobel latinoamericana.

El delfín actual de Salinas, Enrique Peña Nieto, hoy se conduce con una gran soberbia al grado de imponer una contrarreforma electoral en el estado de México, reminiscente de aquella otra de 1989-1990 impulsada por Salinas. Con razón el ex presidente hoy celebra a Calderón: Son tiempos de cambio. Me parece que han sido positivos.

A pesar de las coincidencias, también existe una diferencia fundamental entre Ávila Camacho y Calderón Hinojosa. En la reunión histórica de los ex presidentes del 11 de septiembre de 1942, Ávila Camacho logró conciliar dos polos políticos, Cárdenas desde la izquierda y Calles desde la derecha, con el fin de demostrar la unidad nacional frente a la entrada formal de México en la Segunda Guerra Mundial. En contraste, la reunión del 15 de septiembre pasado convocó a dos ex presidentes, Salinas y Vicente Fox, que comparten una misma ideología y proyecto antipopular. Resulta evidente que la unidad que promueve Calderón no es una unión plural y diversa como la de antaño, sino solamente un cierre de filas entre la misma clase política de siempre, con la notable exclusión de la izquierda política. Aquí Calderón, una vez más, aplica la lección de su maestro de no ver ni oír a un amplio sector de la sociedad.

Entrevistado en Palacio Nacional, Salinas recuperó lo dicho por Ávila Camacho cuando este último declaró aquel 11 de septiembre: Estamos aquí los de ayer y los de hoy; mientras estemos unidos, no habrá enemigo que nos derrote. ¿Quién podría ser hoy el enemigo al que se refiere Salinas? ¿El narcotráfico? Difícil de pensar. ¿La corrupción? Imposible de creer.

Es evidente que el enemigo de hoy sigue siendo el mismo que con toda fuerza en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 ha expresado su rotundo rechazo al neoliberalismo. El mismo enemigo que en ambas ocasiones tuvo que ser contenido con todo el peso de las instituciones y que desde la pasada década de los ochenta ha sido sistemáticamente excluido del desarrollo nacional: el pueblo de México. Es una lástima que Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo no llegaron al convite de Calderón el pasado 15 de septiembre, ya que hubiera sido magnífico observar reunidos en el mismo balcón a los responsables históricos del actual desastre nacional.

La sociedad no puede seguir tolerando el renovado activismo político del peor presidente que México padeció en el siglo XX. Como bien lo dijo Fox en su campaña presidencial, con Salinillas ni al baño, sólo que aquí Fox volvió a fallar: al menos ya fueron juntos a Palacio Nacional.

http://www.johnackerman.blogspot.com

Inconsecuencias perredistas

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 31 de agosto.- De las 15 victorias electorales que ha obtenido el Partido de la Revolución Democrática (solo o en alianza con otros partidos) para gobernar nueve entidades del país, 11 fueron con candidatos que previamente militaron en el Partido Revolucionario Institucional, de los cuales seis renunciaron a dicha militancia cuando no fueron postulados por el tricolor, es decir, meses, semanas o incluso días antes de ser nominados candidatos del partido del sol azteca.

Hasta estos momentos la única entidad bajo administración perredista que no ha sido gobernada por un expriista es precisamente Guerrero, donde la coalición Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia, que agrupa a los partidos del Trabajo, Convergencia y PRD) pretende postular al extricolor Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Los únicos mandatarios estatales que, impulsados por el PRD, no habían tenido antes militancia en el tricolor son: Lázaro Cárdenas Batel, quien ganó la contienda de Michoacán en 2001; Amalia García, en Zacatecas, en 2004; Narciso Agúndez, en Baja California Sur, en 2005, y, el mismo año, Zeferino Torreblanca, en Guerrero. De ellos los únicos que arrebataron la gubernatura al PRI fueron Cárdenas y Torreblanca, pues García y Agúndez relevaron a perredistas.

El primer triunfo que le fue oficialmente reconocido a los amarillos fue el que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones del 6 de julio de 1997, para convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. Cárdenas rompió con el tricolor en 1987, fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional en las elecciones del 2 de julio de 1988 y presidente fundador del Partido de la Revolución Democrática. Los otros cuatro expriistas, con militancia en el PRD o en partidos integrantes del Dia, que lograron triunfos electorales, fueron: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Leonel Godoy y Gabino Cué.

Bajo la presidencia de López Obrador, el PRD obtuvo cuatro victorias con candidatos sin previa militancia en la izquierda y que renunciaron al PRI para ser postulados por el PRD, o en alianzas que encabezó dicho partido, una vez que el tricolor abanderó a otros aspirantes: en 1998, se lograron los triunfos en Tlaxcala, en alianza con el PT y el PVEM, mediante la candidatura de Alfonso Sánchez Anaya; y en Zacatecas, con Ricardo Monreal, postulado únicamente por el PRD.

En 1999 se concretaron, en las mismas circunstancias, la postulación de Leonel Cota en Baja California Sur y la de Antonio Echevarría en Nayarit, esta vez en una alianza amplia que incluyó al PAN en elecciones celebradas el 4 de julio de 1999, cuando López Obrador ya había dejado la presidencia del PRD.

Después de los comicios presidenciales de julio del 2000, el PRD nuevamente recurrió a la candidatura externa y a la alianza amplia para obtener, con Pablo Salazar, el triunfo en Chiapas, estado donde en 2006 nuevamente postuló a un tricolor despreciado por su partido: Juan Sabines; en dicha entidad, los dos gobernadores postulados por alianzas encabezadas por el PRD nunca tuvieron una militancia previa en éste último.

En el recuento no se incluyen los triunfos electorales en Sinaloa y Puebla, en julio de este año, ya que aunque el PRD formó parte de las alianzas que le permitieron ganar la gubernatura, en ambas entidades el partido coaligado con mayor participación electoral es el Partido Acción Nacional. En cambio, en Oaxaca, aunque Gabino Cué es militante de Convergencia, el PRD sí es el partido con mayor votación.

De las nueve entidades gobernadas, en algún momento, por candidatos postulados por el PRD –Distrito Federal, Tlaxcala, Zacatecas, BCS, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca–, en cinco recurrió a candidatos sin militancia previa para arrebatarle la gubernatura al PRI; en dos de ellas –Tlaxcala y Nayarit– no pudo refrendar el triunfo. En contrapartida, únicamente en dos –Michoacán y Guerrero– consiguió la victoria en primera instancia con candidatos que únicamente habían militado en el PRD. En las otras dos –Distrito Federal y Oaxaca– sus abanderados, aunque extricolores, sí tenían militancia perredista o en Convergencia.

Los dirigentes de Dia anunciaron el miércoles 25 de agosto la decisión de respaldar en Guerrero la candidatura de Ángel Heladio Aguirre Rivero, senador priista que, tras ser desplazado de la postulación del tricolor, el jueves 26 anunció su renuncia al mismo para buscar el apoyo de una amplia coalición donde se pretende que, además de PRD, PT y Convergencia, participen el PAN y el Panal.

La postulación del también exgobernador interino –ocupó ese cargo tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas– es todavía más controvertida, pues Heladio Aguirre no únicamente carece de militancia en la izquierda, sino que, de acuerdo con los dirigentes históricos del PRD en Guerrero, tiene un pasado antiperredista.

Concretamente se le acusa de haber estado involucrado en la represión de una protesta postelectoral en 1990. En dicha ocasión, los simpatizantes perredistas, encabezados por Eloy Cisneros Guillén, quien había sido el candidato a la alcaldía de Ometepec, ocuparon la presidencia municipal en protesta por el fraude electoral; el 6 de marzo policías estatales los desalojaron, con un saldo de 72 lesionados, la muerte de Ramón de la Cruz Zacapala y la desaparición de su hermano Andrés y de otro militante llamado Daniel López Álvarez. Aguirre Rivero, al igual que Manuel Añorve –quien seguramente será el candidato tricolor–, son oriundos de Ometepec y se les acusa de haber coordinado la represión contra perredistas en la llamada Costa Chica de Guerrero.

Así, aunque la historia electoral del PRD da plena evidencia del pragmatismo de esta organización para seleccionar candidatos y privilegiar el probable resultado electoral, por encima de la militancia partidista o la congruencia ideológica, pues ha postulado desde fervientes tricolores hasta prominentes empresarios –como en los casos de Echevarría y Torreblanca–, éste sí parece un caso extremo, pues más allá de que no existen pruebas con valor jurídico que demuestren la participación de Aguirre en la represión de perredistas, sí hay plena evidencia de que su administración (1996-1999) no se distinguió en nada del resto de los gobiernos tricolores. Así que existe la certeza de que, en caso de ganar la gubernatura, nada cambiará en Guerrero.

La disputa por la Cámara y el cobro de facturas

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 27 de agosto (apro).- La disputa entre el PRI y el PRD por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados parece ser hoy parte de las consecuencias de la alianza electoral que establecieron PRD y PAN en las pasadas elecciones del 4 de julio, donde le arrebataron al PRI las gubernaturas de Oaxaca, Sinaloa y Puebla.

La factura seguramente fue calculada por quien se considera fue uno de los operadores de dicha alianza, el expriista Manuel Camacho Solís; pero del otro lado, la corriente del PRD, encabezada por Nueva Izquierda y la cual tiene hoy la presidencia de ese partido, se resiste a pagarla, seguramente porque del lado del PRD está la ley.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso general, modificada el 13 de septiembre de 2006, el segundo y tercer año de la presidencia de la Mesa Directiva debe recaer, “en orden decreciente”, en uno de los integrantes de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido; es decir, en el PAN o en el PRD.

Además del citado articulo, el 17 en su numeral séptimo, está el número ocho, que establece claramente que “en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política”.

Como dicha presidencia de la Jucopo esta aún en el PRI, entonces éste partido no puede continuar ahí, pero tampoco el PAN, a menos que le corresponda la mesa al PRI en este segundo año. De ser así, el tercer año, al PRD le tendría que corresponder tanto la presidencia de la Junta como de la Mesa, pues hasta ese momento no habría contado con ninguna de las dos. Sin embargo, como la ley, modificada el 13 de septiembre de 2006, impide que ambos órganos sean presididos por un mismo partido, pues sólo queda una forma de solucionar este vericueto legal: que el PRD tenga hoy la presidencia de la Mesa Directiva.

Pero el PRI se resiste a ello, la razón es simple: le está cobrando el “pecado” de haberse aliado con el PAN en las pasadas elecciones y, con ello, el haberle arrebatado las tres gubernaturas antes mencionadas.

Y aunque legalmente la Mesa le corresponde al PRD, parece que hoy al PRI no le interesa respetar la ley, sino más bien cobrarles la pifia a los llamados “chuchos”.

El pleito entre el PRI y el PRD no parará en la designación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Será un asunto que se extenderá seguramente a la discusión del paquete económico para el próximo año y que empezará a discutirse a partir del próximo 9 de septiembre, un día después de que el Ejecutivo federal lo entregue a la Cámara.

Me explico: el PRI cuenta con 237 legisladores más los 21 del Partido Verde Ecologista de México, lo que suma 258 diputados, suficientes para condicionar la entrega de los recursos que el próximo año utilizarán las 32 entidades federativas.

Esto significa que el endurecimiento del PRI influirá notablemente a la hora de autorizar el presupuesto para Oaxaca, Sinaloa y Puebla, entidades que el PRD y el PAN tratarán de impulsar con un buen número de recursos. a la vez que pretenderán una disminución para el estado de México.

La razón de esto último es porque el PRI se cobrará con ello la audacia del PRD de haber hecho alianza con su enemigo político histórico: el PAN. A la vez que los “chuchos” y los 143 diputados del partido del Ejecutivo federal intentarán frenar los millonarios recursos para el Edomex, entidad que tendrá comicios para renovar la gubernatura.

En el ámbito político siempre se ha considerado la gubernatura del Edomex como “la corona” de todas las elecciones, debido a que es la entidad con el mayor número de votantes.

En 2011 quien gane el Edomex podrá llegar mejor posicionado a la elección presidencial. El PRI desea mantener dicha entidad, en tanto que el PRD ya anunció que probablemente se alié nuevamente con el PAN para quitársela al PRI.

Como sea, los frutos de la alianza PRD-PAN en las pasadas elecciones y la futura en el Edomex, serán sin duda lo que haga al partido tricolor imponérsele al PRD.

Quizá entregue a los “chuchos” la presidencia de la Mesa Directiva, pero lo que de ninguna manera hará será darles todos los recursos que pidan para los tres estados antes mencionados y, por supuesto, para el Distrito Federal, entidad que, por cierto, hoy más que nunca, el PRI considera que puede recuperar en 2012 ante el desprestigio político en que se ha sumido el PRD desde la llegada de “los chuchos” a la presidencia, según opinan hasta los propios perredistas.

Pero regresando a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en caso de no haber acuerdo entre el PRI y el PRD para el 31 de agosto, deberá ser la Mesa de Decanos la que dirija los trabajos los cinco primeros días de septiembre y, por ende, ser ellos quien reciban el cuarto informe del Ejecutivo federal.

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, ya anunció que Felipe Calderón no irá al Congreso, por lo que puede ser que el propio secretario únicamente entregue a la Oficialía de Partes el documento y no sea ni el PRD ni la Mesa de Decanos quien lo reciba.

El resultado del endurecimiento del PRI lo veremos el 31 de agosto, pero serán sin duda los siguientes meses, octubre y noviembre momentos de la verdadera disputa, porque no sólo estarán en juego los millonarios recursos presupuestales para los estados y la federación; también se habrá de discutir la Ley Nacional de Seguridad que al Ejecutivo federal tanto interesa para seguir “su” guerra contra el narcotráfico, sino que también están en puerta las modificaciones en materia de derechos humanos.

Puede ser que el PRI evite seguir dándole más herramientas al Ejecutivo federal para atacar al crimen organizado pues, hasta la fecha, a pesar de todas las leyes que le ha aprobado, no ha habido avance en ello, sino que, por el contrario, la violencia y el aumento de pérdida de vidas no ha parado.

Pero también puede ser que el PRI haga uso de toda su fuerza para aplastar no sólo al PAN, sino también al PRD, ya sea de los “chuchos” o al PRD simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, porque el premio que buscan en todo esto es solo uno: la presidencia de la República en 2012.

mjcervantes@proceso.com.mx