Julio Hdez
Por considerar que todas las violaciones al proceso electoral fueron una simple nimiedad (una pequeñez, una insignificancia), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon ayer presidente eyecto a Felipe Calderón (eyecto: participio del verbo eyectar, que significa expulsar, hacer salir algo del organismo, impulsar con fuerza hacia fuera mediante un mecanismo automático).
A los jurisperitos especializados en comicios les pareció poca cosa que Vicente Fox se hubiera convertido en un peligro para los comicios ("un riesgo" escribieron, modosos, los magistrados). La maquinaria propagandística con cargo al erario que exhortaba a los mexicanos a mantener el mismo caballo, pero con nuevo jinete sexenal, o a seguir "en el mismo camino", pareció asunto menor a los magistrados, que por causas parecidas habían dictaminado nulos algunos procesos estatales, años atrás. La injerencia de los grupos empresariales en favor del candidato de la derecha tampoco tuvo un significado determinante, a ojos de los juzgadores oficiales. Ni la guerra sucia. Ni las malas cuentas aritméticas, ni la apertura ilegal de paquetes electorales. Todo fue demasiado poquito. Una nimiedad operativa que produjo un triunfo numérico también por una nimiedad: 233 mil 831 sufragios de diferencia.
La convalidación judicial del fraude hormiga (de tantito en tantito en cada urna, más los algo rítmicos arreglos cibernéticos) produjo de inmediato una cargada mediática que cantó como nunca las glorias del estado de derecho, de la unidad nacional, del respeto y la tolerancia, de la institucionalidad y ¡oh, sí! de la final consumación postrera, concluyente, terminal y de colofón, del proceso electoral iniciado el 6 de octubre de 2005 (¡oh, sí: algún día debía terminar lo que en realidad nunca debió empezar si los resultados de antemano escritos estaban!).
A la campaña del odio y la división sociales sigue ahora la de la conminación a deponer críticas y oposición a una cosa jurídicamente juzgada. Ya hay presidente electo (léase eyecto), gritan quienes desean que la varita mágica de lo judicial resuelva un conflicto político y social. Respeten las leyes, advierten quienes no quieren ni pueden reconocer que la resolución del tribunal electoral de este martes es una pieza de magna hipocresía jurídica y de histórico incumplimiento de responsabilidades profesionales.
No por anunciado, el golpe judicial de ayer dejó de doler a los seguidores de López Obrador. El dictamen del TEPJF era lo que todo mundo sabía, pero la parte no calderonista temía confirmar. La verborrea legaloide de los magistrados electorales agravó el enojo, pues los jueces aceptaron que hubo interferencias, inducciones y distorsiones, pero consideraron que fueron insuficientes para afectar un desenlace marcado por décimas de punto de diferencia. Nomás tantito, dirían los unánimes postores de la tesis de la nimiedad. Un tantito que ayer comenzó a convertirse en airado viento que mucho podrá cambiar la historia adulterada de un país cansado de que sus desgracias le sean disfrazadas de nimiedades.
A los jurisperitos especializados en comicios les pareció poca cosa que Vicente Fox se hubiera convertido en un peligro para los comicios ("un riesgo" escribieron, modosos, los magistrados). La maquinaria propagandística con cargo al erario que exhortaba a los mexicanos a mantener el mismo caballo, pero con nuevo jinete sexenal, o a seguir "en el mismo camino", pareció asunto menor a los magistrados, que por causas parecidas habían dictaminado nulos algunos procesos estatales, años atrás. La injerencia de los grupos empresariales en favor del candidato de la derecha tampoco tuvo un significado determinante, a ojos de los juzgadores oficiales. Ni la guerra sucia. Ni las malas cuentas aritméticas, ni la apertura ilegal de paquetes electorales. Todo fue demasiado poquito. Una nimiedad operativa que produjo un triunfo numérico también por una nimiedad: 233 mil 831 sufragios de diferencia.
La convalidación judicial del fraude hormiga (de tantito en tantito en cada urna, más los algo rítmicos arreglos cibernéticos) produjo de inmediato una cargada mediática que cantó como nunca las glorias del estado de derecho, de la unidad nacional, del respeto y la tolerancia, de la institucionalidad y ¡oh, sí! de la final consumación postrera, concluyente, terminal y de colofón, del proceso electoral iniciado el 6 de octubre de 2005 (¡oh, sí: algún día debía terminar lo que en realidad nunca debió empezar si los resultados de antemano escritos estaban!).
A la campaña del odio y la división sociales sigue ahora la de la conminación a deponer críticas y oposición a una cosa jurídicamente juzgada. Ya hay presidente electo (léase eyecto), gritan quienes desean que la varita mágica de lo judicial resuelva un conflicto político y social. Respeten las leyes, advierten quienes no quieren ni pueden reconocer que la resolución del tribunal electoral de este martes es una pieza de magna hipocresía jurídica y de histórico incumplimiento de responsabilidades profesionales.
No por anunciado, el golpe judicial de ayer dejó de doler a los seguidores de López Obrador. El dictamen del TEPJF era lo que todo mundo sabía, pero la parte no calderonista temía confirmar. La verborrea legaloide de los magistrados electorales agravó el enojo, pues los jueces aceptaron que hubo interferencias, inducciones y distorsiones, pero consideraron que fueron insuficientes para afectar un desenlace marcado por décimas de punto de diferencia. Nomás tantito, dirían los unánimes postores de la tesis de la nimiedad. Un tantito que ayer comenzó a convertirse en airado viento que mucho podrá cambiar la historia adulterada de un país cansado de que sus desgracias le sean disfrazadas de nimiedades.
La burla
Editorial La Jornada
Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en las dos acepciones de la palabra y convirtió en verdad jurídica la validez de las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio, con base en inciertos resultados presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE). En términos jurídicos la resolución es inatacable, por más que haya sido un ataque, ella misma, a la inteligencia de los ciudadanos: en vez de colocarse al margen de las posturas partidarias, así como de las presiones gubernamentales y empresariales, y fundamentar su juicio en una visión de Estado, los magistrados optaron por chapotear en los alegatos facciosos y por incursionar en la feria de descalificaciones; así, en vez de impartir justicia, tomaron partido; lejos de velar por la vigencia de las instituciones, terminaron por marginarlas de la actual crisis política; en vez de proponer soluciones a la grave polarización que vive el país, decidieron acentuarla.
En suma, la Sala Superior del TEPJF faltó a su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones, y se enzarzó en un pleito de barandilla para descalificar los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos en demanda de anular las elecciones. Con ello, los comicios han sido revestidos de legalidad y, por esa vía, de legitimidad, argumenta el magistrado presidente, Leonel Castillo, pero tales acrobacias no van a persuadir a un tercio del electorado a decir de los números oficiales de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejan.
La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, si no en la manera en que aplican las leyes quienes encabezan el tribunal electoral, sí al menos en el sentido común: las cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse, toda vez que el IFE fue acusado de parcialidad y el TEPJF decidió no tomarse la molestia de despejar las dudas y volver a contar los sufragios uno a uno. La consideración que debiera ser de lógica elemental la negativa a esclarecer incrementa necesariamente la turbiedad fue desechada por los magistrados electorales, quienes, con ello, cancelaron toda posibilidad de convertir el triunfo digital de Felipe Calderón Hinojosa en una derrota política de su principal adversario, y en el fundamento de un gobierno aceptado y aceptable por el conjunto de los ciudadanos.
Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del foxismo, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. La última palabra de las instituciones fue una negativa a resolver la confrontación política más severa y preocupante que ha vivido el país en muchas décadas; con ello se formalizó la ruptura entre el poder público y un sector de la población movilizado ahora en contra de lo que percibe como una imposición, pero cuyos agravios son más añejos, extensos y profundos: es la expresión de los de abajo, de los marginados por el modelo económico imperante, de los excluidos de las decisiones, de los principales afectados por el vasto latrocinio gubernamental, de los discriminados, de las víctimas de la arrogancia del poder, de los nacos de siempre.
Ellos, ante el enorme juego de simulaciones puesto en marcha por los poderes político, empresarial y mediático, hoy más que nunca perciben como palabras huecas las frases oficiales del momento sobre institucionalidad, democracia, legalidad, legitimidad, equidad, transparencia y pluralismo. Razones les sobran, pero los órganos del Estado, a su vez, decidieron no escucharlas. Una vez más, han sido burlados.
En suma, la Sala Superior del TEPJF faltó a su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones, y se enzarzó en un pleito de barandilla para descalificar los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos en demanda de anular las elecciones. Con ello, los comicios han sido revestidos de legalidad y, por esa vía, de legitimidad, argumenta el magistrado presidente, Leonel Castillo, pero tales acrobacias no van a persuadir a un tercio del electorado a decir de los números oficiales de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejan.
La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, si no en la manera en que aplican las leyes quienes encabezan el tribunal electoral, sí al menos en el sentido común: las cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse, toda vez que el IFE fue acusado de parcialidad y el TEPJF decidió no tomarse la molestia de despejar las dudas y volver a contar los sufragios uno a uno. La consideración que debiera ser de lógica elemental la negativa a esclarecer incrementa necesariamente la turbiedad fue desechada por los magistrados electorales, quienes, con ello, cancelaron toda posibilidad de convertir el triunfo digital de Felipe Calderón Hinojosa en una derrota política de su principal adversario, y en el fundamento de un gobierno aceptado y aceptable por el conjunto de los ciudadanos.
Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del foxismo, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. La última palabra de las instituciones fue una negativa a resolver la confrontación política más severa y preocupante que ha vivido el país en muchas décadas; con ello se formalizó la ruptura entre el poder público y un sector de la población movilizado ahora en contra de lo que percibe como una imposición, pero cuyos agravios son más añejos, extensos y profundos: es la expresión de los de abajo, de los marginados por el modelo económico imperante, de los excluidos de las decisiones, de los principales afectados por el vasto latrocinio gubernamental, de los discriminados, de las víctimas de la arrogancia del poder, de los nacos de siempre.
Ellos, ante el enorme juego de simulaciones puesto en marcha por los poderes político, empresarial y mediático, hoy más que nunca perciben como palabras huecas las frases oficiales del momento sobre institucionalidad, democracia, legalidad, legitimidad, equidad, transparencia y pluralismo. Razones les sobran, pero los órganos del Estado, a su vez, decidieron no escucharlas. Una vez más, han sido burlados.
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