La infiltración, desde Zedillo

Ricardo Ravelo

En el sexenio pasado, el gobierno de Ernesto Zedillo concibió un plan para negociar con el cártel de Juárez. De acuerdo con documentos ministeriales en poder de Proceso, el general Jorge Mariano Maldonado fue comisionado por la Secretaría de la Defensa y la Presidencia de la República para establecer contacto con el jefe de esa organización, Amado Carrillo, a fin de lograr un acuerdo que incluyera beneficios mutuos. Arreglos semejantes parecen prevalecer ahora, en el sexenio de Vicente Fox...

Por lo menos desde hace casi una década, las estructuras del poder político y militar en México se encuentran infiltradas por el narcotráfico.

Mayo de 1997. Como cualquier huésped o visitante, el capo Vicente Carrillo Fuentes –entonces subjefe del cártel de Juárez– entró al hotel Emporio, situado en la avenida Reforma de la Ciudad de México. Discreto, cruzó el vestíbulo, tomó el elevador y subió al primer piso. Ya en el restaurante se acomodó en una mesa.

Quince minutos más tarde llegó Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro. Después de darse un abrazo, él y Vicente esperaron la llegada de un alto mando militar, que arribó poco después: era el general Jorge Mariano Maldonado Vega, enlace del gobierno de Ernesto Zedillo con los Carrillo Fuentes.

Los hermanos acudían a un llamado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para encontrarse con el general Maldonado Vega, quien según la causa penal 12/98-lll fue habilitado junto con el capitán Rigoberto Silva para establecer contacto con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, cabeza del cártel de Juárez.

La reunión formaba parte, según las investigaciones de ese tiempo, de un plan elaborado en la residencia oficial de Los Pinos para permitir que Amado Carrillo y sus socios traficaran libremente con drogas. El gobierno mexicano pretendía copiar de Colombia esta modalidad de cooperación entre narcotraficantes y autoridades.

En esta trama participaron –además de los militares citados– el periodista Rafael Pérez Ayala (ejecutado en octubre de 1997), quien dijo ser asesor de Zedillo y enviado especial de la Presidencia de la República para establecer contacto con el cártel de Juárez (Proceso 1097).

De acuerdo con la declaración de Maldonado –contenida en los procesos penales 12/98 y su acumulado 12/99–, Pérez Ayala fue instruido en Los Pinos para hacer contacto con él.

Tanto la Sedena como la Presidencia sabían que Maldonado y Amado Carrillo eran amigos. La amistad surgió en 1989, cuando el general salvó al capo en un pueblo de la sierra sinaloense donde pretendían lincharlo.

Antes y después del encuentro de Maldonado con Vicente Carrillo –principal interlocutor del cártel junto con Rodolfo–, hubo varios episodios que confirmaron la intención del gobierno de Zedillo de negociar con el narcotráfico. Con la asesoría de un prestigiado despacho jurídico, Eduardo González Quirarte, El Flaco, publirrelacionista del cártel de Juárez y amigo de Amado, visitó en varias ocasiones las instalaciones de la Sedena, donde se entrevistó con altos mandos.

González Quirarte –uno de los canales de negociación entre el gobierno y Amado Carrillo– era el portador de la misma propuesta que el jefe del cártel planteó al Ejército, poco antes de partir a Sudamérica, a principios de 1997, para que cesara la supuesta persecución en su contra.

Su planteamiento era el siguiente: entregarle al gobierno parte de sus bienes, compartir con éste una porción de sus ganancias obtenidas por el narcotráfico internacional y no vender drogas en territorio nacional. A cambio, pedía que las autoridades le dieran libertad para operar y garantías de que no sería encarcelado.

Según datos de los expedientes ministeriales citados, al menos un año antes de esos encuentros El Señor de los Cielos pretendió exterminar a sus principales rivales –los hermanos Arellano Félix– a través del gobierno: dotó de armas y dinero a los hombres del general Jesús Gutiérrez Rebollo –su cómplice, según la Procuraduría General de la República (PGR)– para detener o asesinar a los Arellano, quienes lo perseguían por todas partes para ejecutarlo. Por esas fechas (1996-1997), Gutiérrez Rebollo era comandante de la Quinta Región Militar, con sede en Jalisco.

Los pormenores

Ni Vicente ni Rodolfo se sintieron cómodos en el restaurante e invitaron al general Maldonado a proseguir el diálogo en un lugar más discreto: una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, propiedad de su hermano Amado. Una vez ahí, sentados en la estancia, Maldonado, según su declaración, les hizo una oferta a nombre de la Presidencia:

Inmediatamente les pudo hacer del conocimiento respecto de la propuesta que el licenciado Rafael Pérez Ayala le había indicado al declarante, la cual consistía en que se terminaran las agresiones de grupos antagónicos y autoridades civiles y militares, situación que les pareció muy interesante a estos hermanos Carrillo Fuentes, quienes le indicaron al declarante que iban a llevar esta propuesta a su hermano Amado Carrillo Fuentes para posteriormente tener una respuesta al día siguiente…

Que el licenciado De la Cruz le presentó al licenciado y periodista Rafael Pérez Ayala y le dijo que si podía hacer contacto con el señor Amado Carrillo Fuentes, con la finalidad de poder tener una solución a la problemática que acontece en el país por las ejecuciones y enfrentamientos de los grupos antagónicos de narcotraficantes y también con las autoridades civiles y militares, ya que este problema estaba empañando la imagen internacional de la República Mexicana y que para tal efecto contaba con el apoyo de un grupo político del cual no le dijo mayor dato pero que se interesaba en contactar con Amado Carrillo Fuentes, con el fin de lograr un acuerdo y que como era sabido el declarante era la persona ideal para entablar esta relación, por lo que se trasladó a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para hacer contacto con un capitán y licenciado de nombre Rigoberto Silva Ortega…

Luego de que Maldonado fue enjuiciado por narcotráfico –lo que el militar atribuyó a una venganza de la Sedena–, fue encarcelado en el penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, pero fue puesto en libertad en 2003 al no encontrarse elementos en su contra. Durante el juicio fue sometido a un interrogatorio judicial en el que aportó mayores detalles de la maquinación gubernamental que favoreció al cártel de Juárez, cuyas redes empezaron a extenderse en el primer año del sexenio zedillista:

–Que diga el declarante en forma pormenorizada en qué consistió la entrevista que tuvo con el licenciado Fermín Duarte (contacto de Amado Carrillo) en Culiacán, Sinaloa.

–Le hice el planteamiento de que había tomado contacto conmigo el señor Rafael Pérez Ayala, a través de un licenciado Rafael Castellanos, con una propuesta que derivó en relación al problema del narcotráfico en la República Mexicana y me expresaba Pérez Ayala, representar al presidente de la República y al secretario de la Defensa, sin que éste haya acreditado de ninguna manera esta circunstancia, y que me había pedido contactar a grupos como los hermanos Arellano Félix y Amado Carrillo Fuentes y que al licenciado Duarte le dije esto expresándole que el señor Pérez Ayala que fuera conducto con la familia Carrillo Fuentes para expresarles que nombraran un negociador, sin antecedentes penales, para buscar una solución conjunta a la problemática del narcotráfico entre el gobierno, militares y narcotraficantes.

Según Maldonado, el gobierno de Zedillo pretendía alcanzar varios objetivos al proponer la negociación con los narcotraficantes:

Había dos líneas concretas, la tercera (surgiría) de los narcotraficantes y serían las siguientes: Uso y venta de drogas a semejanza de lo que sucedió en los Estados Unidos, en donde al autorizar la venta legal de alcohol se abatió los aspectos delictivos provocados por la prohibición de venta de alcohol, la segunda línea sería la búsqueda de una amnistía con los narcotraficantes negociando la entrega del capital a la Nación y negociar penas corporales, la tercera, (se) escucharía a los narcotraficantes en la iniciativa que ellos plantearan; para eso, el licenciado Pérez Ayala les mandaría sus datos, nombres, teléfonos y celulares, para que ellos comprobaran su nivel de competencia profesional por haber sido asesor de dos presidentes anteriores y dos secretarios de la defensa anteriores y, para efectos de confianza, les proporcionaba los datos expuestos; que por su parte el señor Fermín Duarte no hizo comentario, salvo que le parecía importante la idea, que lo comunicaría a alguien, sin decir el nombre, y que tendría contestación en corto tiempo, a quien el de la voz sabía era un enlace con Amado Carrillo. Luego me dio un teléfono para que me reportara a México.

Las declaraciones de Maldonado permiten presumir que las redes del cártel de Juárez penetraron la estructura gubernamental en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien tuvo como primer procurador general de la República al panista Antonio Lozano Gracia, recomendado de Diego Fernández de Cevallos, que ha defendido a presuntos integrantes de la organización criminal que ahora encabeza Vicente Carrillo Fuentes.

Tras la muerte de Amado, Fernández de Cevallos volvió a ser mencionado en el escándalo que se desató a raíz de las sospechas de que el cadáver que estaba siendo velado en la funeraria “García López” no era el de Amado, sino el de un tal Antonio Flores Montes –nombre falso de El Señor de los Cielos, según la PGR–, quien murió a causa de un infarto producido por una sobredosis de medicamento.

La mención que se hizo de Fernández de Cevallos tuvo que ver con el hecho de que la funeraria fue sometida a investigación, pero salió bien librada precisamente por los buenos oficios del abogado panista, quien actuó como representante legal de esa empresa. Al mismo tiempo, otro distinguido panista, Fernando Gómez Mont, defendía los intereses de la clínica Santa Mónica, donde supuestamente falleció Carrillo Fuentes (Proceso 1080 y 1116).

Al finalizar el sexenio de Zedillo, su secretario particular, Liébano Sáenz, fue señalado por sus presuntas ligas con el cártel de Juárez. Esta supuesta complicidad fue revelada por el testigo protegido José Jaime Olvera Olvera –lugarteniente de Amado Carrillo–, quien declaró que Sáenz recibía dinero de Amado Carrillo.

El mismo funcionario solicitó a la PGR que lo investigara para deslindarlo de cualquier responsabilidad. Esta dependencia consideró que el testimonio de Olvera era falso (Proceso 1180 y 1244).

Ya desde entonces, el cártel de Juárez era el grupo criminal más poderoso en el país. Después de la muerte de Amado, su hermano Vicente asumió el mando y, por un corto tiempo –hasta finalizar el gobierno de Zedillo–, tuvo como colaboradores a hombres que fueron leales a El Señor de los Cielos, como Ismael El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ignacio Nacho Coronel, y los hermanos Arturo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva, Los Tres Caballeros.

Al morir Amado en 1997, el cártel de Juárez mantuvo su estructura intacta al menos hasta enero de 2001. También prevaleció su hegemonía en más de 15 estados: entre otras regiones dominaba el sureste –desde el Caribe hasta el Golfo–, donde su principal enclave era Cancún, Quintana Roo, cuyo territorio empezó a controlar con el apoyo del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, El Chueco.

Pero el poder del cártel de Juárez trascendió el sexenio zedillista y permeó, al parecer con métodos semejantes, al gobierno del presidente Vicente Fox.

En un testimonio rendido el 11 de agosto de 2005 ante la Corte Federal de Migración, ubicada en un estado del oeste de Estados Unidos, el mexicano Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, expolicía federal de Caminos y exinformante de las agencias estadunidenses de Inmigración y Aduanas (ICE), así como la federal antidrogas (la DEA), aseguró que el presidente Vicente Fox, así como los hermanos de su esposa, Marta Sahagún, participaron en “acuerdos” con el cártel de Juárez para brindar protección a esta organización, que en el actual sexenio se fortaleció al no ser combatida de manera frontal por las autoridades mexicanas (Proceso 1563).