Alejandro Gertz Manero
En 1994 la SEP autorizó 424 programas para diversas carreras, denominados Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOES), y de esa fecha al 2005 multiplicó el número de dichos reconocimientos, hasta llegar a 4 mil 389, mientras en los estados de la República los gobernadores acogidos a la facultad omnímoda que les da la "federalización" de la ley educativa, junto con algunas universidades "autónomas" estatales, han concedido un número desmesurado de autorizaciones e incorporaciones que nadie sabe hasta dónde llegan; todo lo cual catapultó el fenómeno de las universidades patito , que son la versión educativa del ambulantaje y de la informalidad, ya que todo mundo sabe que esas instituciones no cumplen, ni por asomo, con los requisitos mínimos de la Ley de Educación y los acuerdos respectivos.
En todas nuestras ciudades, comenzando por la capital, podemos ver casas habitación viejas y decadentes, habilitadas como escuelas, así como edificios de oficinas, bodegas y talleres, acondicionados precariamente, donde se ofrecen "carreras cortas" y largas, y hasta maestrías y doctorados a precios de ganga, los cuales son impartidos en esas condiciones lamentables por "catedráticos", que muchos de ellos ni siquiera cuentan con título profesional y menos con capacitación pedagógica para esas tareas; haciendo caer a cientos de miles de mexicanos en la trampa de una supuesta "profesionalización", que no es más que un fraude masivo, no sólo para los estudiantes sino también para sus padres y para toda la población, ya que esos profesionistas, por falta de preparación, no habrán de encontrar trabajo que les permita cumplir las expectativas que les prometen falsamente esos piratas de la educación.
Mientras tanto, y en el ejercicio más puro de la esquizofrenia política, las propias autoridades educativas han entregado a organismos privados la certificación de programas educativos que deberían haber sido obligatoriamente autorizados y verificados por las propias autoridades, cosa que no han hecho con todas esas universidades patito duplicando el gasto y el esfuerzo, en tanto las universidades públicas y privadas, responsables y de calidad, se van sometiendo a estas nuevas entidades certificadoras, que por supuesto cobran por sus servicios; por lo cual, es indispensable que rindan cuentas y transparenten sus funciones antes de que se conviertan en un territorio más de tráfico de influencias o de lucro injustificado, como tantas veces lo hemos visto en este tipo de organismos, que originalmente están planteados para servir a la población y acaban explotándola.
Toda esta situación tan contradictoria y lesiva a los intereses de la nación se ha expuesto en infinidad de ocasiones ante la opinión pública, el Congreso y las autoridades, repitiéndose lo que ya es una fórmula inveterada en nuestro país, que consiste en oír pero no escuchar; mientras se propician foros, seminarios y todo género de supuestas aperturas democráticas, para después ignorar a la sociedad, y a las mayorías, con objeto de que sigan prevaleciendo los ámbitos de poder, de corrupción y de tráfico de influencias, que a diario sufrimos.
Quienes creemos que la educación y la cultura son los factores más importantes para el rescate de nuestra población y para el crecimiento y prosperidad de la nación mexicana, no dejaremos de insistir, a pesar de tantas frustraciones, en la necesidad de que se escuche a la sociedad civil y se atiendan los principios más elementales de la ética y del sentido común, para ir desterrando esas conductas contradictorias que tanto nos han dañado y que siguen tan fuertes y tan vigentes como lo han estado siempre.
editorial2003@terra.com.mx
En todas nuestras ciudades, comenzando por la capital, podemos ver casas habitación viejas y decadentes, habilitadas como escuelas, así como edificios de oficinas, bodegas y talleres, acondicionados precariamente, donde se ofrecen "carreras cortas" y largas, y hasta maestrías y doctorados a precios de ganga, los cuales son impartidos en esas condiciones lamentables por "catedráticos", que muchos de ellos ni siquiera cuentan con título profesional y menos con capacitación pedagógica para esas tareas; haciendo caer a cientos de miles de mexicanos en la trampa de una supuesta "profesionalización", que no es más que un fraude masivo, no sólo para los estudiantes sino también para sus padres y para toda la población, ya que esos profesionistas, por falta de preparación, no habrán de encontrar trabajo que les permita cumplir las expectativas que les prometen falsamente esos piratas de la educación.
Mientras tanto, y en el ejercicio más puro de la esquizofrenia política, las propias autoridades educativas han entregado a organismos privados la certificación de programas educativos que deberían haber sido obligatoriamente autorizados y verificados por las propias autoridades, cosa que no han hecho con todas esas universidades patito duplicando el gasto y el esfuerzo, en tanto las universidades públicas y privadas, responsables y de calidad, se van sometiendo a estas nuevas entidades certificadoras, que por supuesto cobran por sus servicios; por lo cual, es indispensable que rindan cuentas y transparenten sus funciones antes de que se conviertan en un territorio más de tráfico de influencias o de lucro injustificado, como tantas veces lo hemos visto en este tipo de organismos, que originalmente están planteados para servir a la población y acaban explotándola.
Toda esta situación tan contradictoria y lesiva a los intereses de la nación se ha expuesto en infinidad de ocasiones ante la opinión pública, el Congreso y las autoridades, repitiéndose lo que ya es una fórmula inveterada en nuestro país, que consiste en oír pero no escuchar; mientras se propician foros, seminarios y todo género de supuestas aperturas democráticas, para después ignorar a la sociedad, y a las mayorías, con objeto de que sigan prevaleciendo los ámbitos de poder, de corrupción y de tráfico de influencias, que a diario sufrimos.
Quienes creemos que la educación y la cultura son los factores más importantes para el rescate de nuestra población y para el crecimiento y prosperidad de la nación mexicana, no dejaremos de insistir, a pesar de tantas frustraciones, en la necesidad de que se escuche a la sociedad civil y se atiendan los principios más elementales de la ética y del sentido común, para ir desterrando esas conductas contradictorias que tanto nos han dañado y que siguen tan fuertes y tan vigentes como lo han estado siempre.
editorial2003@terra.com.mx
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