Miguel Ángel Granados Chapa
Una semana después de su nombramiento como consejero independiente en el banco británico, que llegó a México en noviembre de 2002, durante su gestión, el ex secretario de Hacienda ha salido a fijar su posición, el mismo día en que fue denunciado formalmente
El presidente Vicente Fox -en cuya administración Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda y Crédito público- hizo publicar el 13 de marzo de 2002, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo artículo 9 reza inequívocamente que "el servidor público que deje de desempeñar un empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:
"a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba... b) No usar en provecho propio o de terceros la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público...".
El 2 de enero de este año, la oficina principal del banco HSBC informó que Gil Díaz, que apenas un mes atrás, el 30 de noviembre, concluyó sus funciones al frente de las finanzas nacionales, había aceptado actuar como consejero independiente. Ese poderoso consorcio no sólo fichó -como se dice en la jerga futbolística, no en la de la vida nocturna- al ex secretario de Hacienda mexicano sino también, para una posición similar, a Simon Robertson, que había encabezado la firma Goldman Sachs, centro de referencia de la vida financiera internacional.
El 8 de enero, ante las reacciones adversas suscitadas por su incorporación al consejo de ese banco británico, Gil Díaz emitió un comunicado en que asegura haber consultado los aspectos legales de su contratación. Y la excusa pretendiendo que la ley citada "se refiere explícita y claramente a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas", por lo que no es aplicable a la bancaria, que tiene nacionalidad y sede británicas. Si la fórmula entre comillas, tomada de su nota de prensa, derivó del consejo de los abogados consultados, Gil Díaz fue engañado, ya que la legislación que se ha citado se refiere, tan explícitamente que tal es su título, no a instituciones sino a personas, es decir a servidores públicos mexicanos y a quienes dejan de serlo. El ex secretario, o sus consejeros, prefirieron citar a su vez una porción de la ley que en efecto no le es aplicable, para exonerarse de cualquier violación, ya que se refiere a los funcionarios en ejercicio y no es ése el caso.
Tal como está redactada la norma mexicana que sí puede serle aplicada -redactada en la oficina encabezada entonces por el secretario de la Contraloría Francisco Barrio, con quien su tocayo Gil tuvo varios desencuentros-, la aceptación de un nombramiento no implica por sí misma violación a los deberes de los ex servidores, pero sí coloca a Gil en situación de infringir la obligación que claramente impone la ley. La norma es defectuosa y difícilmente sería aplicable en la segunda hipótesis, la de usar en provecho de terceros información o documentación a que tuviera acceso por su cargo, porque se trata de una conducta personalísima, no sujeta a escrutinio público en sí misma sino acaso por sus resultados. Se ha sugerido, en cambio, que Gil Díaz fue incorporado al banco británico por favores que habría hecho, es decir, por quedar en la primera hipótesis del artículo 9, la de obtener ventaja en función del cargo que desempeñaba.
En su última comparecencia ante los diputados, en septiembre pasado Gil Díaz aseguró no poseer intereses en ninguna sociedad mercantil, a propósito de la creación de ISOSA, la singular compañía pública privadísima que organizó en 1993, cuando fue subsecretario de Ingresos de Hacienda. Tal aseveración es comprobable documentalmente pues los servidores públicos están obligados a manifestar su patrimonio. Lo que no puede verificarse es si un acto administrativo, legalmente fundado, puede ser compensado inmediatamente o tras un lapso, al cabo de la gestión de quien lo realiza. Por ello debe atribuirse peso a la afirmación de Gil Díaz sobre su honestidad personal.
Lo cierto es que HSBC llegó al mercado bancario mexicano en noviembre de 2002, conforme a reglas que Hacienda (y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Conbava) tenía la responsabilidad de aplicar. El consorcio británico (nacido en Hong Kong y Shangai en 1865) habría identificado en América del Norte una región promisoria para su expansión y desde 1980 se había instalado en Estados Unidos, y en Canadá al año siguiente. En 2000 se interesó en adquirir un banco mexicano, y el grupo español SCH lo superó en la compra de Serfín. Dos años más tarde el desenlace fue inverso: el consorcio español tenía una porción relevante del grupo Bital pero no pudo pagar el precio, un mil 209 millones de dólares, que la firma británica erogó entonces.
Con esa venta se consolidó el proceso de extranjerización de la banca que opera en México. Bital, antiguamente Banco Internacional, que después adquirió al del Atlántico, había cruzado épocas críticas por diferencias entre sus principales accionistas, Antonio del Valle y Luis Berrondo, al cabo de las cuales prevalecieron los intereses de este último, que después de la transmisión de Bital a HSBC concentra su energía al frente de industrias Mabe, mientras que Del Valle ha reincidido en la intermediación financiera en un banco boutique.
La adquisición de acciones de mexicanos por bancos extranjeros fue autorizada por Hacienda y Conbava sin reparar en que la salud institucional que la hacía apetecible derivaba del apoyo gubernamental, con cargo a los contribuyentes, a través del Fobaproa.
Una semana después de su nombramiento como consejero independiente en el banco británico, que llegó a México en noviembre de 2002, durante su gestión, el ex secretario de Hacienda ha salido a fijar su posición, el mismo día en que fue denunciado formalmente
El presidente Vicente Fox -en cuya administración Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda y Crédito público- hizo publicar el 13 de marzo de 2002, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo artículo 9 reza inequívocamente que "el servidor público que deje de desempeñar un empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:
"a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba... b) No usar en provecho propio o de terceros la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público...".
El 2 de enero de este año, la oficina principal del banco HSBC informó que Gil Díaz, que apenas un mes atrás, el 30 de noviembre, concluyó sus funciones al frente de las finanzas nacionales, había aceptado actuar como consejero independiente. Ese poderoso consorcio no sólo fichó -como se dice en la jerga futbolística, no en la de la vida nocturna- al ex secretario de Hacienda mexicano sino también, para una posición similar, a Simon Robertson, que había encabezado la firma Goldman Sachs, centro de referencia de la vida financiera internacional.
El 8 de enero, ante las reacciones adversas suscitadas por su incorporación al consejo de ese banco británico, Gil Díaz emitió un comunicado en que asegura haber consultado los aspectos legales de su contratación. Y la excusa pretendiendo que la ley citada "se refiere explícita y claramente a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas", por lo que no es aplicable a la bancaria, que tiene nacionalidad y sede británicas. Si la fórmula entre comillas, tomada de su nota de prensa, derivó del consejo de los abogados consultados, Gil Díaz fue engañado, ya que la legislación que se ha citado se refiere, tan explícitamente que tal es su título, no a instituciones sino a personas, es decir a servidores públicos mexicanos y a quienes dejan de serlo. El ex secretario, o sus consejeros, prefirieron citar a su vez una porción de la ley que en efecto no le es aplicable, para exonerarse de cualquier violación, ya que se refiere a los funcionarios en ejercicio y no es ése el caso.
Tal como está redactada la norma mexicana que sí puede serle aplicada -redactada en la oficina encabezada entonces por el secretario de la Contraloría Francisco Barrio, con quien su tocayo Gil tuvo varios desencuentros-, la aceptación de un nombramiento no implica por sí misma violación a los deberes de los ex servidores, pero sí coloca a Gil en situación de infringir la obligación que claramente impone la ley. La norma es defectuosa y difícilmente sería aplicable en la segunda hipótesis, la de usar en provecho de terceros información o documentación a que tuviera acceso por su cargo, porque se trata de una conducta personalísima, no sujeta a escrutinio público en sí misma sino acaso por sus resultados. Se ha sugerido, en cambio, que Gil Díaz fue incorporado al banco británico por favores que habría hecho, es decir, por quedar en la primera hipótesis del artículo 9, la de obtener ventaja en función del cargo que desempeñaba.
En su última comparecencia ante los diputados, en septiembre pasado Gil Díaz aseguró no poseer intereses en ninguna sociedad mercantil, a propósito de la creación de ISOSA, la singular compañía pública privadísima que organizó en 1993, cuando fue subsecretario de Ingresos de Hacienda. Tal aseveración es comprobable documentalmente pues los servidores públicos están obligados a manifestar su patrimonio. Lo que no puede verificarse es si un acto administrativo, legalmente fundado, puede ser compensado inmediatamente o tras un lapso, al cabo de la gestión de quien lo realiza. Por ello debe atribuirse peso a la afirmación de Gil Díaz sobre su honestidad personal.
Lo cierto es que HSBC llegó al mercado bancario mexicano en noviembre de 2002, conforme a reglas que Hacienda (y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Conbava) tenía la responsabilidad de aplicar. El consorcio británico (nacido en Hong Kong y Shangai en 1865) habría identificado en América del Norte una región promisoria para su expansión y desde 1980 se había instalado en Estados Unidos, y en Canadá al año siguiente. En 2000 se interesó en adquirir un banco mexicano, y el grupo español SCH lo superó en la compra de Serfín. Dos años más tarde el desenlace fue inverso: el consorcio español tenía una porción relevante del grupo Bital pero no pudo pagar el precio, un mil 209 millones de dólares, que la firma británica erogó entonces.
Con esa venta se consolidó el proceso de extranjerización de la banca que opera en México. Bital, antiguamente Banco Internacional, que después adquirió al del Atlántico, había cruzado épocas críticas por diferencias entre sus principales accionistas, Antonio del Valle y Luis Berrondo, al cabo de las cuales prevalecieron los intereses de este último, que después de la transmisión de Bital a HSBC concentra su energía al frente de industrias Mabe, mientras que Del Valle ha reincidido en la intermediación financiera en un banco boutique.
La adquisición de acciones de mexicanos por bancos extranjeros fue autorizada por Hacienda y Conbava sin reparar en que la salud institucional que la hacía apetecible derivaba del apoyo gubernamental, con cargo a los contribuyentes, a través del Fobaproa.
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