Por si quedara alguna duda de la continuidad en las tendencias que orientan al grupo en el poder desde hace tres o cuatro sexenios, el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer ayer un plan para devolver a manos privadas las carreteras que fueron concesionadas en tiempos del salinato, llevadas a la bancarrota por la iniciativa privada y posteriormente, en tiempos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, rescatadas y saneadas con dinero público.
Cuando gobernaba el beneficiario de la "caída del sistema" de 1988, el desmantelamiento del sector público -carreteras incluidas- se justificaba con los argumentos de que el Estado es, por naturaleza, un administrador ineficiente y corrupto. Al amparo de esos razonamientos, y en pleno auge de los postulados neoliberales, en los sexenios salinista y zedillista fueron transferidas a inversionistas privados la mayor parte de las empresas públicas del país -bancos, televisoras, líneas aéreas, fundidoras, entidades de telecomunicaciones, ingenios, carreteras, los despojos del sistema ferroviario- y si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no corrieron la misma suerte ello no fue por falta de voluntad privatizadora oficial, sino porque la sociedad manifestó, de muchas maneras, su rotundo rechazo a un disparate semejante.
En la mayoría de los casos, los bienes nacionales fueron vendidos a precio de ganga, las más de las veces en el contexto de procesos turbios y casi siempre con dedicatoria a empresarios afines al pensamiento oficial. Pero el desmantelamiento del sector público, se decía, elevaría la eficiencia y la rentabilidad de las entidades desincorporadas, impulsaría bajas de precios al consumidor, fomentaría la competencia y acabaría con la corrupción en las administraciones.
Ocurrió, también en la mayor parte de los casos, precisamente lo contrario. El ejemplo más exasperante es el de los bancos, que fueron puestos en manos de individuos inexpertos, ambiciosos y poco escrupulosos que se concedieron a sí mismos créditos incobrables. La catástrofe financiera de 1994-1995 pilló a los banqueros en una situación insostenible y el Ejecutivo federal no tuvo mejor ocurrencia, para sortear la situación, que imponer un "rescate" que significó, en la práctica, el pago de deudas privadas con dineros públicos y el peor saqueo de cuantos ha padecido el país en toda su historia.
El "rescate bancario" -legalizado por panistas y priístas en el Congreso de la Unión- evidenció, por otra parte, que la iniciativa privada no es necesariamente una administradora más eficiente ni menos corrupta que el gobierno. Otro tanto ocurrió con las carreteras concesionadas y con los ingenios azucareros: la iniciativa privada los administró en forma pésima y unas y otros fueron reabsorbidos, en situación de bancarrota, por el sector público.
Hoy, cuando los dogmas privatizadores se baten en retirada en la mayor parte del continente, el gobierno calderonista anuncia que las carreteras que quebraron en la década pasada volverán a ser concesionadas. El argumento ya no se centra en las deficiencias administrativas del Estado sino en la falta de dinero: "el presupuesto no alcanza". Alcanzaría, sin duda, si la administración pública adoptara una verdadera política de austeridad -recortando a la mitad, por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios- y si el grupo gobernante estuviera dispuesto a gravar de manera justa la riqueza extrema y a cobrar los impuestos que los ricos del país no han pagado nunca; para hacerse de los recursos que necesita el sector público bastaría, por ejemplo, con eliminar las insultantes exenciones para las operaciones bursátiles y los grandes conglomerados de medios electrónicos.
El único motivo a la vista para esta regresión -hay que preguntarse en cuánto tiempo volverá a ser necesario un "rescate carretero", y cuánto va a costarle la operación a la sociedad- es el acatamiento irreflexivo de las recetas emanadas del llamado Consenso de Washington. Esas recetas ya arruinaron al país en el pasado reciente, y no hay razón para suponer que su aplicación reiterada ofrezca una posibilidad de mejoría en el futuro.
FobaderónJulio Hernández López
Fobaproa significa, en el lenguaje político mexicano, fraude hecho a partir del erario por banqueros, empresarios y políticos. Las historias de saqueo del dinero público son repetitivas: inversionistas privados "arriesgan" su capital en negocios que quiebran y, ante ello, y para no "dañar" al sistema bancario, el gobierno solidario entra al rescate, permitiendo a la clase delincuencial de cuello blanco que acomode sus cuentas de manera que ganancias infladas, irresponsabilidades, transas, lujos y privilegios extremos sean pagados con dinero público que ya no irá a salud, educación o seguridad social, por dar algunos ejemplos, sino al pago a esos pobrecitos supermillonarios. Y luego, si el negocio ya es nuevamente próspero, gracias a la inyección de recursos públicos, entonces puede ser devuelto a sus originales depredadores o a los que de moda estén (o cuentas electorales tengan por cobrar).
Pues bien, la historia tan sabida, de moraleja tan amarga, ha vuelto a aparecer. Ahora ha salido el presidente del empleo (es decir, del mal empleo de los recursos públicos) con una especie de Fobacarretera, que permitirá a particulares que "quebraron" en la década de los noventa (recuérdese la regla de oro: empresas pobres, empresarios ricos) retomar el negocio que con recursos gubernamentales ya fue "saneado". Suavecito, sencillito, como si nada, Felipe Calderón anunció "otra modalidad" para construir más vías asfaltadas de comunicación: "es que, la vamos a poner en práctica, van a ser carreteras que hicieron particulares hace mucho tiempo, que quebraron con la crisis económica de México de los 90 y que el gobierno invirtió y finalmente saneó esas carreteras. Hoy, esas carreteras, algunas de ellas, están sanas, están siendo manejadas por el gobierno, y concesionar algunas de esas carreteras nos va a dar de un solo golpe el dinero de los próximos años" para nuevos tramos de transporte. El mago de las finanzas públicas, al que desde ahora hay que postular al premio Nobel de Economía (otorgable por la fundación encargada de esos menesteres, la Bisonte Ox and Company), dice que, así, ¡oh!, se va a construir el doble de carreteras, "sin incurrir en más gasto para los contribuyentes, sin hacerle más apretadas de tuerca al presupuesto".
El anuncio calderónico fue hecho en Monterrey, capital de un estado bajo gobierno de una de las joyas de la corona salinista, J. Natividad González Parás (quien cree posible ser el próximo candidato de la familia Salinas a la Presidencia de la República) y a partir de los diseños de casa hechos por Luis Téllez, el secretario federal de Comunicaciones y Transportes especializado en malabares y juegos económicos de dónde quedó la bolita.
La nueva película de terror: ''Rescate carretero III''
Carlos Fernández-Vega
El inquilino de Los Pinos se encargó de explicar en qué consiste el (tercer) "nuevo" esquema de concesiones carreteras que días atrás anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez: "reconcesionar" a la iniciativa privada las carreteras que los ávidos empresarios del salinato reventaron ocho años atrás, que al país le han costado, le cuestan, más de 170 mil millones de pesos.
Nada raro sería que en breve con bombo y platillo se anuncie que los ganadores de las "reconcesiones" (tercer "nuevo esquema") son los mismos que Zedillo "rescató" ("segundo" nuevo esquema) y a los que Salinas concesionó (primer "nuevos esquema"), a saber: Tribasa (hoy Pinfra), Grupo Mexicano de Desarrollo e ICA, amén de gobiernos de Sonora, Durango, Tamaulipas, Tabasco, Querétaro y Coahuila, así como empresas de menor pedigrí que la tercia citada.
Tras su discurso de ayer en Santa Catarina, Nuevo León (en donde, entusiasmado, explicó su "nuevo esquema"), todo indica que al inquilino de Los Pinos nadie tuvo la cortesía de comentarle la delicada situación financiera del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, y la pesada carga que implica para los mexicanos, pues el siempre sonriente michoacano entre otras cosas dijo: "... van a ser carreteras que hicieron particulares hace mucho tiempo, que quebraron con la crisis económica de México de los 90 y que el gobierno invirtió y finalmente saneó esas carreteras. Hoy esas carreteras, algunas de ellas están sanas, están siendo manejadas por el gobierno y concesionar algunas de esas carreteras nos va a dar de un solo golpe el dinero de los próximos años. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Lo vamos a meter para iniciar nuevas carreteras, para financiar. De manera tal que sin incurrir en más gasto para los contribuyentes, sin hacerle más apretadas de tuerca al presupuesto, con el mismo presupuesto vamos a hacer el doble de carreteras. Es decir, vamos a tomar el dinero de estas concesiones de carreteras que han sido saneadas, vamos a aplicar ese dinero a nuevas carreteras... concesionar de nuevo esas carreteras nos va a dar de un solo golpe el dinero de los próximos años..."
Saneados estarán los empresarios favoritos de los tres "nuevos esquemas" referidos, porque los pasivos del Farac y sus carreteras "rescatadas" (Calderón dice que "saneadas") han crecido como la espuma y hoy superan los 170 mil millones de pesos, más lo que se acumule en las próximas horas. Saneadas, las empresas Tribasa (Pinfra), GMD e ICA, que no sólo pasaron por el citado fideicomiso, sino por el Fobaproa, amén de nuevos contratos para "reconstruir" lo que ellos mismos mal construyeron (como en el caso de la Autopista del Sol) y a las que el siempre generoso gobierno federal les ha ampliado las concesiones carreteras no "rescatadas" durante el zedillato.
Así que, ¿a qué dinero se refiere el inquilino de Los Pinos para construir qué cosa?, porque quienes pagan el "rescate" carretero, como tantos otros, son los mexicanos; si algo sobra termina en el presupuesto federal (no necesariamente para invertir) y si alguna prioridad tiene el gobierno es, precisamente, atender financieramente los "rescates". ¿Entonces?
Desde tiempos de Salinas, cada uno de los que se han sentado en Los Pinos ha dicho lo mismo para justificar la participación del capital privado (léase privatización) de los distintos sectores económicos en los que participaba el Estado: abrir las puertas para "liberar" recursos a favor de la política social, para cubrir los rezagos, para atender las necesidades de los mexicanos y para lo que guste y mande. Lo cierto es que si eventualmente se "liberaron" recursos por la venta de garaje, éstos terminaron en algún "rescate". Sólo del carretero y el bancario (para no hablar de líneas aéreas, ingenios azucareros y demás) la "liberación" de recursos le ha costado, le cuesta, a los mexicanos alrededor de 120 mil millones de dólares, con todo y que Calderón se queje ("generalmente se piensa que la estabilidad económica no favorece en los bolsillos de la gente...").
¡Felicidades!, pues, porque con la creatividad" del "cambio" con "continuidad" y la siempre responsable participación de los consorcios privados favoritos, ya se cocina la nueva película de terror: "rescate carretero III".
Por cierto, sería más que prudente que Felipe Calderón cambie a sus redactores de discursos, porque los que ahora preparan para el inquilino de Los Pinos son iguales (nembutal puro) a los de Fox.
1 comentario:
se la maman, más cínicos no hay
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