Chichén Itzá: la propuesta de Miguel León-Portilla

El sitio arqueológico de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, se debate en un regateo entre la familia Barbachano, propietaria del predio de 60 hectáreas en donde se asientan las ruinas de la pirámide maya de Kukulcán, también conocida como El Castillo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la autoridad responsable del patrimonio arqueológico nacional. La querella ha cobrado fuerza tras el fallecimiento del titular de los terrenos sobre los que se encuentra la zona arqueológica, Fernando Barbachano Gómez-Rul, quien, como se da cuenta en información publicada en La Jornada, se entrevistó en 2003 con el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, para ofrecer el predio en venta "simbólica", con el fin de evitar un proceso expropiatorio. Ante la negativa del mandatario para llegar a un arreglo, el empresario inició un juicio en contra del gobierno yucateco, mediante el cual reclamó el pago de 470 millones de pesos por concepto del cobro indebido de entradas a la zona arqueológica por un acceso restringido que colinda con el hotel Mayaland, propiedad de los Barbachano. El abogado de la familia, Gabriel Abdalá Berzunza, ha afirmado que el gobierno federal perdió en 2004 "todo derecho para reclamar los terrenos de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal", tras una demanda de amparo que Barbachano Gómez-Rul ganó en ese año, y fijó el precio que sus representados aceptarían a cambio de poner fin al litigio en 750 millones de pesos, cantidad por demás excesiva si se toma en cuenta que el valor catastral de un metro cuadrado de terreno en la zona es de siete pesos, lo que significa que las 60 hectáreas en disputa -hoy propiedad de Hans Jurgen Thies Barbachano, nieto de Barbachano Gómez-Rul- valen alrededor de 4 millones 200 mil pesos.

El INAH, por su parte, ofreció comprar los terrenos a los propietarios en 8 millones de pesos en 2006, pero esta cantidad fue rechazada. El director general de la institución, Alfonso de Maria y Campos, aseguró el pasado domingo que no existe "problema mayor" con la familia Barbachano y que incluso se analiza la posibilidad de que reciban otros predios a cambio de los que hoy están en litigio. Estas declaraciones contrastan, por cierto, con las que el vocero del INAH, Gilberto Meza, hizo el pasado 11 de julio, en el sentido de que la institución "no tiene presupuesto ni interés" en adquirir los terrenos en los que se encuentra Chichén Itzá.

Al mismo tiempo, el antiguo centro de la cultura maya ha sido objeto de una desenfrenada especulación comercial para la que importa más incrementar la explotación turística que garantizar la preservación del sitio. La expresión más reciente de este interés lucrativo fue la inclusión de la zona arqueológica en el negocio privado de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, que culminó con una ceremonia en Lisboa, Portugal, a la que asistieron el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, y el propio Patrón Laviada, para recibir la "constancia" que acreditó a esta zona arqueológica como nueva "maravilla".

La cultura del país, en general, ha sido vulnerada por los criterios mercantilistas y pragmáticos de los gobiernos panistas. Así lo exhibió la actual Presidencia, al ponerse al servicio de los intereses monetarios privados del empresario suizo Bernard Weber, organizador del negocio referido. El Ejecutivo federal usó recursos públicos de manera indebida al hacer publicidad al concurso mediático y promover la emisión de votos, por parte del público mexicano, en favor de Chichén Itzá; luego, en un mensaje en cadena nacional, congratuló" "al pueblo de México" por la inclusión de la zona en el catálogo de Weber. Tal entusiasmo contrasta con el silencio lamentable que guardó Felipe Calderón cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con bases mucho más fundamentadas y rigurosas que una mera subasta de popularidad, y tras un arduo proceso que duró cinco años, declaró Patrimonio de la Humanidad al campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), orgullo cultural y arquitectónico, y ya anteriormente reconocido como Monumento Artístico de la Nación. De paso, esta actitud exibió el desdén del calderonismo -heredado del foxismo- para con nuestra máxima casa de estudios.

Si el gobierno realmente estuviera preocupado por la preservación de nuestro patrimonio cultural e histórico en general, y por la de Chichén Itzá en particular, en vez de involucrarse en subastas frívolas y comerciales de popularidad tendría que atender la propuesta formulada ayer por el investigador emérito de la UNAM Miguel León-Portilla, reconocido antropólogo e historiador y amplio conocedor del México prehispánico, quien planteó una idea sensata, fundamentada y plena de conocimiento de causa: ante un conflicto que la propia autoridad ha pretendido presentar como bizantino y complicado, la solución simple y evidente es expropiar, por causa incuestionable de utilidad pública, los terrenos privados en los que se asienta Chichén Itzá, no con el ánimo de atentar contra el derecho a la propiedad -pues la expropiación debe realizarse con la indemnización correspondiente- sino para poner fin a la aberración casi inconcebible de que un sitio arqueológico de esa importancia y majestad pueda estar sujeto a los reclamos de particulares.

La Jornada