Miguel Ángel Granados Chapa
En Francia, Jacques Chirac tiene que responder por hechos cometidos antes de ser Presidente. Aunque es frecuente que los mandatarios realicen actos cuestionables por los que tengan que responder ante la justicia, en ningún lugar como en México gozan de tanta impunidad
A dos meses de concluido su mandato de 12 años, el ex presidente de Francia Jacques Chirac acudió ante dos tribunales. Frente al de la opinión pública, se explicó a través de un mensaje aparecido en Le Monde, el diario de la democracia francesa por excelencia. Ante la justicia que había esperado para convocarlo, Chirac apareció como cualquier ciudadano, desprovisto de toda protección, desaparecida la que durante sus dos periodos presidenciales lo mantuvo alejado de la inquisición judicial. Pero tenía cuentas pendientes que ahora debe enfrentar.
Chirac se alzó hasta encabezar la Quinta República de 1995 a 2007 a partir de la alcaldía de París, donde gobernó durante casi dos décadas, desde 1977. En esos 18 años amasó un capital político que le permitió fundar su propio partido y prepararse para sustituir en el Eliseo a François Miterrand. Se le acusó desde entonces, y de manera formal, de desviar recursos del ayuntamiento en beneficio de sus pretensiones políticas. En la nómina municipal aparecía personal que no trabajaba en ese gobierno sino que prestaba servicios a los seguidores de Chirac. Descubierta esa malversación de fondos, la justicia buscó procesar al responsable, pero no pudo hacerlo porque el jefe de la administración de la capital se transformó en el jefe del Estado francés, y sólo ahora que ha dejado de serlo puede ser llamado ante un juez, como ocurrió el jueves pasado. En un procedimiento distinto deberá testificar sobre otro modo de corrupción política. Empresas que resultaban favorecidas con contratos municipales incluían en su lista de pagos también a cuadros que trabajaban a favor del alcalde. De eso tiene que responder. No sabemos en qué concluya el procedimiento, pero conocemos antecedentes de que por manejos análogos fue cercenada la carrera de Alain Juppe, que acaso tenía inscrita en su destino la previsión de reemplazar a su jefe y amigo en la Presidencia de Francia. Chirac no tiene en su camino ninguna meta política, pero ha de aspirar a un lugar en la historia.
No es infrecuente que otros mandatarios en otros lugares tengan que responder de sus actos, o el sistema político pretenda que lo hagan. También ocurre a menudo que algunos de esos ex gobernantes sean diestros (o la estructura legal insuficiente) para eludir los cargos que les imputan y hasta puedan intentar y lograr -Menem en Argentina, en el primer caso; Alan García en Perú en el segundo- retomar el poder desde el cual abusaron de la confianza de sus electores.
Pero en ningún caso los políticos que ejercieron el poder disfrutan de tanta impunidad social y judicial como en México. Salvo quizá Miguel de la Madrid, que se contentó con el manejo de la voluminosa cuenta secreta de que disponía sin cortapisas la Presidencia de la República y no ha sido señalado por mal usar de otro modo los fondos públicos o recibir favores al ejercer el poder, ninguno de los ex presidentes vivos pasaría indemne una rigurosa rendición de cuentas.
No se trata sólo de dinero. Luis Echeverría concluyó sus días de servicio público, los más de los cuales le fueron pagados con salarios que no correspondían a la paga recibida por toreros en aquella época o la de futbolistas en la de ahora, dueño de una fortuna inmobiliaria, como antaño Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho. Pero siendo eso importante, en su caso importa menos que sus responsabilidades mayores, las que significaron atentados masivos contra la vida humana y la libertad. Y sin embargo, acaba de ser exonerado por su participación, en tanto que secretario de Gobernación, en el genocidio de Tlatelolco, como antes lo fue por la matanza del 10 de junio de 1971, perpetrada en sus días de Presidente de la República. Ni siquiera después de que la justicia ha sido generosa con él ha experimentado Echeverría la necesidad de hablar a la nación que gobernó, acaso porque sabe que nunca necesitó a sus ciudadanos, prescindibles en su sexenio como en tantos otros del régimen autoritario.
(Digo aquí, con toda intención, una palabra para rescatar el valor del trabajo del fiscal Ignacio Carrillo Prieto que, como dicen los rancheros en los pueblos, va a salir como las gallinas, poniendo; es decir va a salir inculpado después de su empeño por identificar y llevar a juicio a responsables de crímenes de Estado. Piensen quienes lo deturpan y aun quienes sólo deploran la ineficacia de sus acciones, en la de los agentes del Ministerio Público federal que tienen que investigar y perseguir a autores de delitos recientes o todavía en curso. Sus dificultades son mínimas respecto de las que enfrentó quien debió indagar delitos sepultados por el paso del tiempo y por la intención de sus autores, precavidos de eliminar rastros de sus atrocidades).
A Carlos Salinas se le debería enjuiciar a partir de la presunción de que las privatizaciones lo enriquecieron y por la evidencia de que su tren de vida y el de su familia, así como su patrimonio, parecen confirmar esa presunción, sino también por los cientos de militantes políticos desaparecidos o asesinados durante su gobierno, respecto de cuales ni siquiera se ha intentado una comisión de la verdad o una fiscalía especial.
Ernesto Zedillo y Vicente Fox no saldrían indemnes de averiguaciones sobre sus finanzas personales y su gobierno. El desastre de la privatización ferroviaria, ejemplificado por la suspensión tan dañina de la línea Chiapas-Mayab, ejemplifica las responsabilidades de aquél. Y ya hablaremos de éste.
En Francia, Jacques Chirac tiene que responder por hechos cometidos antes de ser Presidente. Aunque es frecuente que los mandatarios realicen actos cuestionables por los que tengan que responder ante la justicia, en ningún lugar como en México gozan de tanta impunidad
A dos meses de concluido su mandato de 12 años, el ex presidente de Francia Jacques Chirac acudió ante dos tribunales. Frente al de la opinión pública, se explicó a través de un mensaje aparecido en Le Monde, el diario de la democracia francesa por excelencia. Ante la justicia que había esperado para convocarlo, Chirac apareció como cualquier ciudadano, desprovisto de toda protección, desaparecida la que durante sus dos periodos presidenciales lo mantuvo alejado de la inquisición judicial. Pero tenía cuentas pendientes que ahora debe enfrentar.
Chirac se alzó hasta encabezar la Quinta República de 1995 a 2007 a partir de la alcaldía de París, donde gobernó durante casi dos décadas, desde 1977. En esos 18 años amasó un capital político que le permitió fundar su propio partido y prepararse para sustituir en el Eliseo a François Miterrand. Se le acusó desde entonces, y de manera formal, de desviar recursos del ayuntamiento en beneficio de sus pretensiones políticas. En la nómina municipal aparecía personal que no trabajaba en ese gobierno sino que prestaba servicios a los seguidores de Chirac. Descubierta esa malversación de fondos, la justicia buscó procesar al responsable, pero no pudo hacerlo porque el jefe de la administración de la capital se transformó en el jefe del Estado francés, y sólo ahora que ha dejado de serlo puede ser llamado ante un juez, como ocurrió el jueves pasado. En un procedimiento distinto deberá testificar sobre otro modo de corrupción política. Empresas que resultaban favorecidas con contratos municipales incluían en su lista de pagos también a cuadros que trabajaban a favor del alcalde. De eso tiene que responder. No sabemos en qué concluya el procedimiento, pero conocemos antecedentes de que por manejos análogos fue cercenada la carrera de Alain Juppe, que acaso tenía inscrita en su destino la previsión de reemplazar a su jefe y amigo en la Presidencia de Francia. Chirac no tiene en su camino ninguna meta política, pero ha de aspirar a un lugar en la historia.
No es infrecuente que otros mandatarios en otros lugares tengan que responder de sus actos, o el sistema político pretenda que lo hagan. También ocurre a menudo que algunos de esos ex gobernantes sean diestros (o la estructura legal insuficiente) para eludir los cargos que les imputan y hasta puedan intentar y lograr -Menem en Argentina, en el primer caso; Alan García en Perú en el segundo- retomar el poder desde el cual abusaron de la confianza de sus electores.
Pero en ningún caso los políticos que ejercieron el poder disfrutan de tanta impunidad social y judicial como en México. Salvo quizá Miguel de la Madrid, que se contentó con el manejo de la voluminosa cuenta secreta de que disponía sin cortapisas la Presidencia de la República y no ha sido señalado por mal usar de otro modo los fondos públicos o recibir favores al ejercer el poder, ninguno de los ex presidentes vivos pasaría indemne una rigurosa rendición de cuentas.
No se trata sólo de dinero. Luis Echeverría concluyó sus días de servicio público, los más de los cuales le fueron pagados con salarios que no correspondían a la paga recibida por toreros en aquella época o la de futbolistas en la de ahora, dueño de una fortuna inmobiliaria, como antaño Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho. Pero siendo eso importante, en su caso importa menos que sus responsabilidades mayores, las que significaron atentados masivos contra la vida humana y la libertad. Y sin embargo, acaba de ser exonerado por su participación, en tanto que secretario de Gobernación, en el genocidio de Tlatelolco, como antes lo fue por la matanza del 10 de junio de 1971, perpetrada en sus días de Presidente de la República. Ni siquiera después de que la justicia ha sido generosa con él ha experimentado Echeverría la necesidad de hablar a la nación que gobernó, acaso porque sabe que nunca necesitó a sus ciudadanos, prescindibles en su sexenio como en tantos otros del régimen autoritario.
(Digo aquí, con toda intención, una palabra para rescatar el valor del trabajo del fiscal Ignacio Carrillo Prieto que, como dicen los rancheros en los pueblos, va a salir como las gallinas, poniendo; es decir va a salir inculpado después de su empeño por identificar y llevar a juicio a responsables de crímenes de Estado. Piensen quienes lo deturpan y aun quienes sólo deploran la ineficacia de sus acciones, en la de los agentes del Ministerio Público federal que tienen que investigar y perseguir a autores de delitos recientes o todavía en curso. Sus dificultades son mínimas respecto de las que enfrentó quien debió indagar delitos sepultados por el paso del tiempo y por la intención de sus autores, precavidos de eliminar rastros de sus atrocidades).
A Carlos Salinas se le debería enjuiciar a partir de la presunción de que las privatizaciones lo enriquecieron y por la evidencia de que su tren de vida y el de su familia, así como su patrimonio, parecen confirmar esa presunción, sino también por los cientos de militantes políticos desaparecidos o asesinados durante su gobierno, respecto de cuales ni siquiera se ha intentado una comisión de la verdad o una fiscalía especial.
Ernesto Zedillo y Vicente Fox no saldrían indemnes de averiguaciones sobre sus finanzas personales y su gobierno. El desastre de la privatización ferroviaria, ejemplificado por la suspensión tan dañina de la línea Chiapas-Mayab, ejemplifica las responsabilidades de aquél. Y ya hablaremos de éste.
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