Miguel Ángel Granados Chapa
Después de su congreso, quedó claro que el perredismo, sin fisuras y al igual que su dirigente principal Andrés Manuel López Obrador, no reconocerá a Felipe Calderón como Presidente legal, y que, por lo pronto, le impedirá usar la tribuna de San Lázaro
Aunque el Décimo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática concluyó formalmente el domingo pasado, ha generado secuelas que parecen su continuación, especialmente en torno a la postura de ese partido frente a Felipe Calderón, al que tilda de espurio (como lo hizo desde septiembre del año pasado la Convención Nacional Democrática), y que se expresará el 1o. de septiembre próximo y, según va quedando claro, hasta el último día de noviembre de 2012.
Al terminar el congreso parecía que el PRD emergía de la circunstancia magullado, pero entero. Un grupo de delegados, unos 400, número que significa un tercio del total, salió de las sesiones en protesta por lo que supusieron una desviación de la línea política del partido, propiciada por Nueva Izquierda, la corriente dominante, que abría la posibilidad de diálogo con Calderón por la vía del Congreso de la Unión. La inconformidad con esa postura de quienes salieron de la reunión (pero no del partido, según explicaron de inmediato) llegaba al punto de anunciar la presentación de impugnaciones ante la justicia electoral. Pero en la secuela del congreso, que incluyó la habitual reunión de los lunes de los dirigentes del partido con su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, se redactaron o mejoraron o fueron explicados o se recompusieron los acuerdos que habían provocado la ruidosa disensión dominical.
El martes 21 los líderes de las corrientes principales hicieron una manifestación de unidad en la presentación al público de 14 "resoluciones relevantes" del congreso, leídas por el secretario general del partido, Guadalupe Acosta Naranjo. Entre los presentadores del documento se hallaban, también como señal de conciliación, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, quienes por su probable enfrentamiento en pos de la presidencia del partido, en marzo próximo, encarnaron en el congreso las posiciones antagónicas. Toda disensión había sido depuesta, lo que se advirtió en especial cuando fueron leídas las resoluciones cinco, siete y 10 en que se menciona a Calderón. Según esos textos, el congreso acordó "que bajo ninguna circunstancia reconocerá a Calderón como presidente de México y que no habrá diálogo ni negociación con él", rechazará en consecuencia su "propuesta en materia fiscal" lo mismo que "el debate en el Congreso de la Unión propuesto por Felipe Calderón" y no sólo: "Los legisladores del PRD no aceptarán la presencia en la tribuna del Congreso de quien no cuenta con la legitimidad, que sólo da una elección democrática".
Tanto complacieron esas resoluciones a quienes sospechaban que Nueva Izquierda había abierto una rendija para el reconocimiento de Calderón, que se cortó de tajo la pretensión de dirimir la cuestión ante la justicia electoral. Martí Batres, miembro del gobierno capitalino y jefe de una de las corrientes adversas a la dominante, confirió carácter decisivo a la salida de los delegados, pues "obligó a dar marcha atrás al propósito de dialogar con Felipe Calderón desde el Congreso de la Unión". Y festejó que ya "todos los líderes del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón, ni ahora ni después. Qué bueno. Que así sea".
Explicada la situación, o recreada en pos de la unidad la postura de Nueva Izquierda, los acuerdos del congreso (o los del martes 21) crearon un conflicto a por lo menos un relevante miembro del partido, que tendrá que resolver un aparente problema ético-político el 1o. de septiembre. Los legisladores en general, y por ende los perredistas también, deben responder a una triple obediencia. Una, la más difusa de las tres pero no por ello menos vinculante, que es la debida a los electores, a los votantes que pactaron con el elegido, a través del sufragio, un modo de ser y de actuar en el Congreso. Otra obediencia es al partido que postuló al legislador. Y una tercera, la que impone deberes más claros, permanentes e ineludibles es la establecida en la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Por una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, pactada entre el PRI y el PAN, pero de la que el PRD obtuvo provecho, a este partido corresponde presidir la Mesa Directiva de San Lázaro durante el próximo año legislativo, que se inicia el 1o. de septiembre, fecha en que además encabezará el Congreso. Quien lo haga -probablemente el presidente de la Comisión de Educación, Tonatiuh Bravo Padilla, o a quien designe entre hoy y mañana su bancada y elija el pleno de la Cámara la próxima semana- deberá acatar el mandamiento partidario ("no aceptará la presencia en la tribuna del Congreso" de Calderón) y atenerse al mismo tiempo a las normas legales que rigen la apertura de sesiones o, según todavía decimos como remanente del autoritarismo presidencial, "el día del Informe".
Conforme a la Constitución, artículo 69, basta que el Presidente "asista" a la sesión inaugural del periodo legislativo y presente "un informe por escrito", tal como se forzó a hacer e Vicente Fox el año pasado. Pero el artículo 7 de la ley del Congreso implica que hable ante la tribuna, como la tradición impuso, ya que obliga al líder de la Cámara a contestar el Informe, lo que supone una interlocución, una sucesión de mensajes, pues no se responde al silencio. Si una mayoría de diputados pretendiera que Calderón vaya a la tribuna, algo que el perredista que encabece la sesión tiene que impedir, e impone una interpretación de este alcance, el presidente de la mesa tendría que acatar a sus pares.
Cajón de Sastre
Anteayer miércoles 22 fue detenido durante unas horas, con el pretexto de una falta administrativa, el abogado Alejandro Noyola. En compañía de su esposa circulaba en su vehículo en calles del municipio de Santa Cruz Amilpas, conurbado con Oaxaca, cuando agentes de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, también en los suburbios de la capital oaxaqueña, lo interceptaron y llevaron a este segundo municipio. Podría ser un simple acto de hostigamiento, pero en realidad es un desafío a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Noyola pertenece al Comité de Liberación 25 de Noviembre que se encarga de defender a ciudadanos injustamente procesados. Ante la inquina oficial que tal actividad le ha atraído, el comité pidió a la CIDH para él y otros cuatro miembros medidas cautelares que fueron ordenadas al Estado mexicano hace un mes, el 26 de julio. Lejos de asumirlas, las autoridades locales practican este género de asedio, para confirmar que pueden actuar como les da la gana sin problema alguno.
Después de su congreso, quedó claro que el perredismo, sin fisuras y al igual que su dirigente principal Andrés Manuel López Obrador, no reconocerá a Felipe Calderón como Presidente legal, y que, por lo pronto, le impedirá usar la tribuna de San Lázaro
Aunque el Décimo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática concluyó formalmente el domingo pasado, ha generado secuelas que parecen su continuación, especialmente en torno a la postura de ese partido frente a Felipe Calderón, al que tilda de espurio (como lo hizo desde septiembre del año pasado la Convención Nacional Democrática), y que se expresará el 1o. de septiembre próximo y, según va quedando claro, hasta el último día de noviembre de 2012.
Al terminar el congreso parecía que el PRD emergía de la circunstancia magullado, pero entero. Un grupo de delegados, unos 400, número que significa un tercio del total, salió de las sesiones en protesta por lo que supusieron una desviación de la línea política del partido, propiciada por Nueva Izquierda, la corriente dominante, que abría la posibilidad de diálogo con Calderón por la vía del Congreso de la Unión. La inconformidad con esa postura de quienes salieron de la reunión (pero no del partido, según explicaron de inmediato) llegaba al punto de anunciar la presentación de impugnaciones ante la justicia electoral. Pero en la secuela del congreso, que incluyó la habitual reunión de los lunes de los dirigentes del partido con su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, se redactaron o mejoraron o fueron explicados o se recompusieron los acuerdos que habían provocado la ruidosa disensión dominical.
El martes 21 los líderes de las corrientes principales hicieron una manifestación de unidad en la presentación al público de 14 "resoluciones relevantes" del congreso, leídas por el secretario general del partido, Guadalupe Acosta Naranjo. Entre los presentadores del documento se hallaban, también como señal de conciliación, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, quienes por su probable enfrentamiento en pos de la presidencia del partido, en marzo próximo, encarnaron en el congreso las posiciones antagónicas. Toda disensión había sido depuesta, lo que se advirtió en especial cuando fueron leídas las resoluciones cinco, siete y 10 en que se menciona a Calderón. Según esos textos, el congreso acordó "que bajo ninguna circunstancia reconocerá a Calderón como presidente de México y que no habrá diálogo ni negociación con él", rechazará en consecuencia su "propuesta en materia fiscal" lo mismo que "el debate en el Congreso de la Unión propuesto por Felipe Calderón" y no sólo: "Los legisladores del PRD no aceptarán la presencia en la tribuna del Congreso de quien no cuenta con la legitimidad, que sólo da una elección democrática".
Tanto complacieron esas resoluciones a quienes sospechaban que Nueva Izquierda había abierto una rendija para el reconocimiento de Calderón, que se cortó de tajo la pretensión de dirimir la cuestión ante la justicia electoral. Martí Batres, miembro del gobierno capitalino y jefe de una de las corrientes adversas a la dominante, confirió carácter decisivo a la salida de los delegados, pues "obligó a dar marcha atrás al propósito de dialogar con Felipe Calderón desde el Congreso de la Unión". Y festejó que ya "todos los líderes del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón, ni ahora ni después. Qué bueno. Que así sea".
Explicada la situación, o recreada en pos de la unidad la postura de Nueva Izquierda, los acuerdos del congreso (o los del martes 21) crearon un conflicto a por lo menos un relevante miembro del partido, que tendrá que resolver un aparente problema ético-político el 1o. de septiembre. Los legisladores en general, y por ende los perredistas también, deben responder a una triple obediencia. Una, la más difusa de las tres pero no por ello menos vinculante, que es la debida a los electores, a los votantes que pactaron con el elegido, a través del sufragio, un modo de ser y de actuar en el Congreso. Otra obediencia es al partido que postuló al legislador. Y una tercera, la que impone deberes más claros, permanentes e ineludibles es la establecida en la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Por una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, pactada entre el PRI y el PAN, pero de la que el PRD obtuvo provecho, a este partido corresponde presidir la Mesa Directiva de San Lázaro durante el próximo año legislativo, que se inicia el 1o. de septiembre, fecha en que además encabezará el Congreso. Quien lo haga -probablemente el presidente de la Comisión de Educación, Tonatiuh Bravo Padilla, o a quien designe entre hoy y mañana su bancada y elija el pleno de la Cámara la próxima semana- deberá acatar el mandamiento partidario ("no aceptará la presencia en la tribuna del Congreso" de Calderón) y atenerse al mismo tiempo a las normas legales que rigen la apertura de sesiones o, según todavía decimos como remanente del autoritarismo presidencial, "el día del Informe".
Conforme a la Constitución, artículo 69, basta que el Presidente "asista" a la sesión inaugural del periodo legislativo y presente "un informe por escrito", tal como se forzó a hacer e Vicente Fox el año pasado. Pero el artículo 7 de la ley del Congreso implica que hable ante la tribuna, como la tradición impuso, ya que obliga al líder de la Cámara a contestar el Informe, lo que supone una interlocución, una sucesión de mensajes, pues no se responde al silencio. Si una mayoría de diputados pretendiera que Calderón vaya a la tribuna, algo que el perredista que encabece la sesión tiene que impedir, e impone una interpretación de este alcance, el presidente de la mesa tendría que acatar a sus pares.
Cajón de Sastre
Anteayer miércoles 22 fue detenido durante unas horas, con el pretexto de una falta administrativa, el abogado Alejandro Noyola. En compañía de su esposa circulaba en su vehículo en calles del municipio de Santa Cruz Amilpas, conurbado con Oaxaca, cuando agentes de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, también en los suburbios de la capital oaxaqueña, lo interceptaron y llevaron a este segundo municipio. Podría ser un simple acto de hostigamiento, pero en realidad es un desafío a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Noyola pertenece al Comité de Liberación 25 de Noviembre que se encarga de defender a ciudadanos injustamente procesados. Ante la inquina oficial que tal actividad le ha atraído, el comité pidió a la CIDH para él y otros cuatro miembros medidas cautelares que fueron ordenadas al Estado mexicano hace un mes, el 26 de julio. Lejos de asumirlas, las autoridades locales practican este género de asedio, para confirmar que pueden actuar como les da la gana sin problema alguno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario