Codicia que mata

Los empleados de Perforadora Central que trabajan en las plataformas marinas que alquila a Pemex carecen de un régimen de seguridad física y social, al punto de que sólo un ataúd y 15 mil pesos han recibido los deudos de quienes murieron el 23 de octubre Miguel Ángel Granados Chapa Veintitrés personas, el cuerpo de una de las cuales no ha podido ser rescatado, murieron en el Golfo de México después de que la plataforma Usumacinta, en que trabajaban, chocó con el pozo de extracción petrolera Kab 121. Un mes después del infortunio -ocurrido el 23 de octubre- no ha podido establecerse la responsabilidad de lo ocurrido, que además de la muerte de esos trabajadores produjo la fuga, que dura hasta la fecha, de 422 barriles de crudo y 700 mil pies cúbicos de gas cada día. Diversos testimonios e indicios, así como antecedentes probados, muestran que, con tal de agrandar sus ganancias, las empresas contratistas de Pemex para este tipo de operación minimizan sus costos no sólo desentendiéndose de medidas de seguridad y capacitación sino cubriendo salarios muy por debajo de los que la empresa gubernamental paga a su propio personal. La desigualdad que priva en la operación de las plataformas no rige sólo durante las horas de trabajo sino que se extiende más allá de la muerte. Perforadora Central, que recibe 32 mil dólares al día por el alquiler de su plataforma Usumacinta, está cubriendo, según denuncias de familiares de personas fallecidas en la tragedia de octubre, sólo 15 mil pesos (si bien pagó igualmente el costo de cada ataúd) a los deudos de cada víctima. Se presume que su vida estaba cubierta por un seguro de 300 mil pesos, pero sólo se ha pagado aquella ínfima cantidad. Aun la segunda cifra es parca si se la compara con la indemnización recibida por los trabajadores de Pemex que fallecieron en el siniestro, que llega hasta 2 millones de pesos. Eran pocos quienes estaban en esa situación, cinco o seis, entre el total de muertos. El resto era personal de la perforadora privada. Todavía no se sabe con certidumbre si fue cierto que la evacuación de la plataforma debió ser ordenada 24 horas antes de que se produjera el choque, pues el pronóstico del tiempo, y ya la velocidad del viento y la altura del oleaje anunciaban el riesgo que se concretó. Se sabe, aunque de igual modo es precisa su confirmación oficial, que las lanchas de salvamento (conocidas como mandarinas, por su forma y color) padecían defectos que hicieron inútiles a varias de ellas (si bien debe reconocerse que el número de sobrevivientes es de tres veces el de quienes perdieron la vida). En general, la rentabilidad de las operaciones de quienes contratan con Pemex se basa en el uso abusivo de los equipos, hasta hacerlos obsoletos, y en regatear ingresos a los trabajadores, vivos o muertos. La codicia que muy probablemente, más que el mal tiempo, mató a 23 personas en la sonda de Campeche privó de la vida a 65 mineros en Coahuila, y a sus deudos de la compensación mínima de recibir sus cuerpos y darles sepultura conforme a sus creencias. Industrial Minera México ha anunciado, al margen de la autoridad, su decisión definitiva de no intentar más el rescate de los 63 cuerpos enterrados bajo toneladas de escombros en Pasta de Conchos, San Juan de Sabinas. Ha basado su decisión, que se inscribe en el contexto más general de renunciar a reiniciar las operaciones de la mina, en un dictamen técnico ordenado por la Secretaría del Trabajo que llegaba a una conclusión a todas luces provisional, ya que estableció que "en las actuales condiciones" (de anegamiento y condensación de gas dentro de la mina número ocho) no era aconsejable pretender el rescate. La conclusión lógica de esa afirmación consiste en que modificando tales condiciones aquella tarea se hace posible. Pero a eso ha renunciado la empresa, filial del poderoso Grupo México, que libra una batalla -dicho sea casi en términos reales, no metafóricos- contra el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. El factor humano, las consecuencias sociales de la embestida del grupo que preside Germán Larrea Mota Velasco tienen sin cuidado a la estrategia empresarial, que busca quitarse de encima, por lo visto a cualquier costo, a esa agrupación sindical a la que asedia en varios frentes. Hace tres meses, por ejemplo, que la mina de cobre de Cananea, y sus instalaciones adyacentes, se hallan paralizadas por una huelga, causa y efecto de la pretensión del grupo propietario de establecer relación con un sindicato espurio, que obtuvo registro en septiembre pasado, pues una táctica empresarial ha consistido en crear presuntas nuevas opciones gremiales para embaucar a través de ellas al personal. La vida misma de la histórica ciudad de Cananea ha padecido la suspensión de labores, debido al papel central que en la economía local tienen los consumos de quienes por ahora no pueden realizarlos. Grupo México ha planteado el fin de sus operaciones en esa localidad, lo que la convertiría en un pueblo fantasma. La codicia que mata, a mineros en Pasta de Conchos y a petroleros en el Golfo de México, tiene características comunes. En la explotación minera, buena parte de las víctimas no trabajaba directamente para Industrial Minera México sino para una empresa a la que se contrataba para abatir costos pues salarios y prestaciones de su personal están por debajo de las pactadas con el sindicato minero. De modo semejante, Pemex soslaya el sabido incumplimiento de normas laborales que sus contratistas están obligados a observar y que se resumen en condiciones de gran precariedad laboral. En ambos casos los codiciosos cuentan con la abierta complicidad de las autoridades del trabajo, cuya negligencia y corrupción empeoran las situaciones. Cajón de sastre Con demasiada frecuencia ministros de la Suprema Corte clavan con tal atención la mirada en los textos legales que no pueden ver la realidad en torno suyo. Un prurito procesal aberrante los hizo aplazar de junio a noviembre el conocimiento del informe de uno de los suyos, Juan N. Silva Meza, sobre la violación a las garantías individuales de Lydia Cacho y esa diferición dejó al góber precioso en condición de manipular elecciones y hacer que su partido triunfara en toda línea el día 11 pasado. Y el mismo escrúpulo formalista llevó ayer a la mayoría en el pleno a dejar de lado la causa de la furia contra la periodista, concertada por Marín. Lo que tanto agravió a Kamel Nacif -protector del procesado Jean Succar Kuri-, lo que lo condujo a hacerse pagar favores por Marín, fue la denuncia del negocio de la explotación sexual infantil. Y la Corte se niega a tener esa revelación como causa de la violación a las garantías individuales de la autora de Los demonios del edén. Sólo falta que mañana tal formalismo salve a Marín.