Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.
La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino. El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?). Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan.
La derrotada o maltratada no es la periodista Lydia Cacho, sino todos aquellos ciudadanos que creen posible luchar contra abusos e injusticias mediante procesos tradicionales de acopio de pruebas, denuncias oportunas y una mínima pericia jurídica. Como pocas ocasiones, el desenlace en la Corte del expediente de Cacho confirma al pueblo en general que las complicidades y los arreglos subterráneos son suficientes para torcer el curso natural de un proceso en el que sin duda, y a oídos de todo mundo, un gobernador se ponía de acuerdo, en términos soeces, con un empresario sospechoso de delicados actos delictivos, para castigar, mediante un operativo que partía de Quintana Roo y desembocaría en Puebla, a quien había osado investigar y denunciar esos actos de pederastia.
La impudicia de la Corte se da mientras el todavía presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cree llegado el momento de comenzar a repartir culpas por el desastre histórico que él organizó y convalidó. Los ciudadanos Fox y López Obrador “iniciaron una serie de acusaciones mutuas que llevaron al país a un contexto de enorme conflicto que no merecíamos”, dice el licenciado Ugalde, como si todo se redujera a un pleito de tortillería o como si uno de esos “acusadores” no fuera el presidente de la República y el otro un candidato a la sucesión. Pa’ qué andan diciéndose de cosas ambos dos uno al otro, podría ser la conclusión doctoral que explicara lo sucedido en 2006. El nuevo gurú académico, Ugalde, también dijo que las reformas electorales en curso se hicieron como quien actúa a partir de la cruda de la fiesta de una noche anterior. También lamentó que, al pretender acallar a los empresarios, se impida que campesinos, indígenas y trabajadores se puedan expresar (¡oh, ¿qué harán esos potentados con los centenares de millones de pesos que ya no podrán usar para difundir sus puntos de vista electorales?!).
Corrupción, impunidad y abusos al cumplirse el primer año de gobierno de Felipe Calderón quien, para demostrar la seriedad de sus compromisos políticos, visitó ayer, día del Marinazo, a su otro aliado estratégico, Ulises Ruiz, a quien regaló el paquete propagandístico de un supuesto programa de asistencia social que, obviamente, será oro molido para que el gobernador de Oaxaca haga proselitismo electoral. Calderón, mientras en la Corte cerraban ojos y oídos a evidencias de confabulación de funcionarios y de protección a pederastas, decía en la Oaxaca mancillada diariamente por un gobernador repudiado que “de nada sirve que la Constitución diga cosas muy bonitas, ni que los legisladores hagan leyes muy resonantes, si la gente no tiene cómo vivir”. Frescura del egresado de la Escuela Libre de Derecho que, junto al hombre que ha violado diariamente la legalidad, y que tiene en su saldo muertes, tortura, detenciones arbitrarias y persecución de opositores, se permite la lindura de criticar las “leyes muy elegantes” que no sirven de nada a la gente. Como diría Mafalda frente a la sopa: “¡Puaj!”
Fiesta de aniversario mientras en todo el país sigue corriendo la sangre a cuenta de la narcopolítica. Conmemoración festiva con un líder de la mayoría del Senado gringo que ha venido a México a verificar que el patio trasero esté en condiciones de recibir ayuda del patrón norteño mediante una iniciativa llamada Mérida cuyos fondos, advirtió el supervisor visitante, deberán ser vigilados en su aplicación por los dos países, para que lleguen a los “lugares indicados” y no sean usados para violar derechos humanos.
Y, mientras continúa la rebelión de los partidos de poca monta, cuyos líderes durante años han usado a su contentillo carretadas de millones de pesos para llenar sus cuentas personales (ejemplos notables los del Niño Verde y su pandilla de juniors que han pervertido el sentido de la lucha ecologista, y la dantesca combinación de oportunismo que se da en Convergencia, por citar sólo dos casos), ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.
La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino. El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?). Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan.
La derrotada o maltratada no es la periodista Lydia Cacho, sino todos aquellos ciudadanos que creen posible luchar contra abusos e injusticias mediante procesos tradicionales de acopio de pruebas, denuncias oportunas y una mínima pericia jurídica. Como pocas ocasiones, el desenlace en la Corte del expediente de Cacho confirma al pueblo en general que las complicidades y los arreglos subterráneos son suficientes para torcer el curso natural de un proceso en el que sin duda, y a oídos de todo mundo, un gobernador se ponía de acuerdo, en términos soeces, con un empresario sospechoso de delicados actos delictivos, para castigar, mediante un operativo que partía de Quintana Roo y desembocaría en Puebla, a quien había osado investigar y denunciar esos actos de pederastia.
La impudicia de la Corte se da mientras el todavía presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cree llegado el momento de comenzar a repartir culpas por el desastre histórico que él organizó y convalidó. Los ciudadanos Fox y López Obrador “iniciaron una serie de acusaciones mutuas que llevaron al país a un contexto de enorme conflicto que no merecíamos”, dice el licenciado Ugalde, como si todo se redujera a un pleito de tortillería o como si uno de esos “acusadores” no fuera el presidente de la República y el otro un candidato a la sucesión. Pa’ qué andan diciéndose de cosas ambos dos uno al otro, podría ser la conclusión doctoral que explicara lo sucedido en 2006. El nuevo gurú académico, Ugalde, también dijo que las reformas electorales en curso se hicieron como quien actúa a partir de la cruda de la fiesta de una noche anterior. También lamentó que, al pretender acallar a los empresarios, se impida que campesinos, indígenas y trabajadores se puedan expresar (¡oh, ¿qué harán esos potentados con los centenares de millones de pesos que ya no podrán usar para difundir sus puntos de vista electorales?!).
Corrupción, impunidad y abusos al cumplirse el primer año de gobierno de Felipe Calderón quien, para demostrar la seriedad de sus compromisos políticos, visitó ayer, día del Marinazo, a su otro aliado estratégico, Ulises Ruiz, a quien regaló el paquete propagandístico de un supuesto programa de asistencia social que, obviamente, será oro molido para que el gobernador de Oaxaca haga proselitismo electoral. Calderón, mientras en la Corte cerraban ojos y oídos a evidencias de confabulación de funcionarios y de protección a pederastas, decía en la Oaxaca mancillada diariamente por un gobernador repudiado que “de nada sirve que la Constitución diga cosas muy bonitas, ni que los legisladores hagan leyes muy resonantes, si la gente no tiene cómo vivir”. Frescura del egresado de la Escuela Libre de Derecho que, junto al hombre que ha violado diariamente la legalidad, y que tiene en su saldo muertes, tortura, detenciones arbitrarias y persecución de opositores, se permite la lindura de criticar las “leyes muy elegantes” que no sirven de nada a la gente. Como diría Mafalda frente a la sopa: “¡Puaj!”
Fiesta de aniversario mientras en todo el país sigue corriendo la sangre a cuenta de la narcopolítica. Conmemoración festiva con un líder de la mayoría del Senado gringo que ha venido a México a verificar que el patio trasero esté en condiciones de recibir ayuda del patrón norteño mediante una iniciativa llamada Mérida cuyos fondos, advirtió el supervisor visitante, deberán ser vigilados en su aplicación por los dos países, para que lleguen a los “lugares indicados” y no sean usados para violar derechos humanos.
Y, mientras continúa la rebelión de los partidos de poca monta, cuyos líderes durante años han usado a su contentillo carretadas de millones de pesos para llenar sus cuentas personales (ejemplos notables los del Niño Verde y su pandilla de juniors que han pervertido el sentido de la lucha ecologista, y la dantesca combinación de oportunismo que se da en Convergencia, por citar sólo dos casos), ¡feliz fin de semana!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario