Impunidad garantizada

René Delgado El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores. Seis ministros de la Suprema Corte se hicieron de la vista gorda ante su industria y, de paso, exoneraron a un amigo de ellos. Tamaña victoria les tomó casi dos años, pero valió la pena: el crimen nunca había obtenido una garantía de impunidad de tan alta autoridad como ésa. ¡Qué vergüenza! * * * Si seis meses atrás los ministros reivindicaron el valor de la justicia frente al poder de los grandes concesionarios, ahora lo mancillaron frente al poder del crimen. Cumplieron al pie de la letra con la ley, dejando de lado a la justicia. ¿Para qué aceptaron esos seis ministros investigar al gobernador Mario Marín, si a pesar del resultado de la indagatoria te nían decidido consagrarlo como un tirano con fuero? ¿Para qué dejaron crecer la ilusión ciudadana de que finalmente Mario Marín encontraría la horma de su calzado, si a fin de cuentas le iban a confeccionar unas pantuflas? ¿Para qué hicieron creer que les preocupaba la pederastia, si después iban a hacer de lado ese asunto? Los nombres de esos seis ministros son Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Sergio Valls, Olga Sánchez y Margarita Luna Ramos. Y esos nombres hay que distinguirlos de los de los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío que, ellos sí, de principio a fin se comprometieron con el deber. * * * La decisión de esos seis ministros es lamentable de todo punto de vista. Es lamentable en lo concreto y en lo abstracto. En lo concreto porque deja en el desamparo las garantías fundamentales de una persona -en este caso, la periodista Lydia Cacho- y abre la puerta a un absurdo: en la violación de las garantías consagradas en la Constitución hay grados, a veces puede ser grave y a veces no. Si no es grave, la violación no cuenta. ¿Cuándo es grave y cuándo no? ¡Ah!, eso es materia de debate. Y es lamentable también porque, con la decisión de hacer un lado el problema de la explotación y el abuso sexual de menores, subyacente en el asunto manifiesto, el desinterés de la máxima autoridad judicial quedó manifiesto. En lo abstracto, la decisión de esos ministros es lamentable porque reitera la conducta de los magistrados del anterior Tribunal Electoral, en relación con la calificación de la elección presidencial: la ley se puede violar pero si no se viola mucho no hay por qué proceder. Ahora, aquellos ciudadanos agraviados por alguna autoridad deberán calcular muy bien si, en verdad, vale la pena acudir al tribunal, porque la justicia se administra sobre la base de una variable no muy claramente establecida. Pero, en el fondo, lo más lamentable de esa decisión es que en vez de fortalecer la certidumbre jurídica, la vulnera. Y la vulnera en un momento crítico, aquel donde el país flota -por no decir naufraga- en la mar de la incertidumbre política, económica, social... y, ahora, jurídica. Flaco favor le hacen lo ministros a la democracia y al Estado de derecho. Ratifican con su decisión que el país vive -por no decir padece- una democracia defectuosa y un Estado de derecho intermitente y, a veces, simulado. Una democracia y un Estado de derecho sujetos a las negociaciones y pendientes de las coyunturas. Cuestión que, desde luego, el gobernador Mario Marín les agradece cumplidamente a esos seis ministros. * * * La toga y el birrete de esos hombres y mujeres no alcanzaron para cubrir el disfraz del rigorismo legal que elude administrar justicia, y la puesta en escena que montaron dejó en el altar del imperio de la justicia un monumental homenaje a la impunidad y el cinismo. Sólo falta pedirle una disculpa a Mario Marín por molestarlo pero sin interrumpirlo en el libre ejercicio del poder de su capricho, aunque la verdad ese gobernador es en extremo comprensivo. Ya declaró que ese asunto nunca le quitó el sueño. Si tan firme y correcta fue la decisión tomada por esos seis ministros, a título de qué vienen ahora a emitir un comunicado aclarando que "de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos". La debilidad de sus argumentos en las sesiones del pleno de la Corte, ahora lo fortalecen con la contundencia de un boletín de prensa. Vaya ministros. Terminaron por igualarse a los legisladores y los ejecutivos que, en el resbalar los problemas y en el dejar al tiempo la conversión de los problemas en crisis, encuentran la tabla de salvación de su sobrevivencia aunque no de su naufragio. * * * Al lavarle la cara al gobernador Marín, esos ministros se quedaron sin cara qué poner. Venir a reiterar ahora que era imposible aceptar como prueba la grabación de la elocuente conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif donde festejan el escarmiento y la tortura a la periodista, carcajeándose del Estado de derecho, obliga una pregunta a los ministros. ¿Si así era desde un principio, por qué resolvieron crear una comisión, integrar una investigación y, luego, en el colmo del absurdo, elaborar las reglas de esa indagatoria para repetirla y, más tarde, escenificar un debate cuya conclusión habían tomado de antemano? ¿Querían jugarle la ley en la boca a la ciudadanía? El problema de su proceder es que, en el armado del montaje, se fueron entrampando de más en más. Es mejor pensar eso, que concluir que nada les dijo la compilación de los 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores que ellos, ¡ellos!, compilaron. Es mejor pensar eso, que concluir que el análisis de 877 expedientes de esos casos no los hizo sensibles a la gravedad de la explotación y abuso sexual de los niñ@s. La última instancia para dejar en claro que un gobernante no puede transgredir como si nada el Estado de derecho, violar los derechos de un ciudadano y encubrir a un probable pederasta viene a decir ahora -eso dice el boletín de ayer- que no, que la Suprema Corte no es la última instancia, que otras autoridades pueden o deben seguir adelante con la investigación. Después de lavarle la cara al gobernador, quieren lavarse las manos. ¡Qué impudicia! * * * Nomás por no dejar, vale preguntarle a esos seis ministros cuáles son esas otras autoridades que podrían o deberían seguir la investigación. ¿Era el gobierno anterior que, en virtud de la elección presidencial entonces en curso, eludió el asunto? ¿Es el gobierno actual que, por razones de gobernabilidad, pide no meterse con el gobernador Mario Marín? ¿Era y es el Poder Legislativo que, en la duda política y existencial, evade tener facultades para llevar a juicio político al gobernador? ¿Es el ombusdman que a veces confunde la procuración de los derechos humanos con la procuración de los abusos de los servidores públicos? ¿O, sencillamente, hay que ir con el procurador de Puebla, que actúa con absoluta autonomía, excepto cuando el gobernador le dice que no? Si ya la resolución de la Suprema Corte avalada por esos seis ministros constituía un agravio para la ciudadanía, el boletín de ayer es una burla. Hoy, por lo pronto, está claro que pueden tanto los demonios del edén como los ángeles de Puebla y su corte de ministros. Vengan las botellas de coñac, el crimen y la impunidad están de fiesta.