'Iniciativa Mérida' ¿un pequeño MacLane - Ocampo?

Lorenzo Meyer

Bajo la coyuntura de la colaboración contra el narcotráfico, Estados Unidos pretende participar en la recomposición del sistema judicial mexicano y mejorar su seguridad fronteriza

Tenía razón

Pese a toda la evidencia que se acumuló y al informe que se presentó, pese a la lógica y al sentido común, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que el gobernador de Puebla, Mario Marín, nunca conspiró con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos de la periodista Lydia Cacho y, en todo caso, nunca se afectaron los derechos de la autora de Los demonios del edén de manera grave. Mucho se puede y se debe decir en torno a la posición asumida por la SCJN, pero una cosa ha quedado clara: Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando propuso mandar al diablo al tipo de instituciones que se comportan como la SCJN. Y es que se mantiene el carácter corrupto y autoritario que adquirieron las estructuras políticas, legales, económicas o educativas bajo el priismo. Y es eso lo que está dando la tónica del actual tiempo mexicano. A propósito de la deficiencia institucional Según The Washington Post (18, noviembre, 2007), al examinar la llamada "Iniciativa Mérida" (IM) el gobierno de George W. Bush descubrió un mundo de posibilidades en México: encontró que el acuerdo que le ofrece Felipe Calderón para intercambiar ayuda por cooperación para la seguridad fronteriza puede permitir a Estados Unidos intentar una operación de ingeniería jurídica y policiaca que le permita reconstruir (revamping) el sistema legal mexicano.

De la respuesta que están dado el Departamento de Estado, el Congreso y los medios norteamericanos a la propuesta mexicana se puede deducir que el vecino del norte pretende aprovechar la coyuntura -la violencia, el narcotráfico y el desprestigio del sistema de justicia mexicano- para intervenir en el rediseño de las instituciones mexicanas y reforzar su política de seguridad.

Un buen precio

Es cierto que en el pasado, por lo menos a fines de 1927 y con la aceptación del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, la embajada norteamericana reescribió la iniciativa de ley petrolera para adaptarla a sus intereses (Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, 1972, pp. 269-276).

Pero fue un caso aislado y donde el daño se revirtió con la expropiación de 1938. Hasta el momento, México había insistido en mantener alejado a Estados Unidos del diseño e intervención directa en sus procesos políticos o jurídicos. Y es que esa política es la condición mínima indispensable para lograr y mantener espacios de soberanía.

Sin embargo ahora, por una ayuda de 500 millones de dólares -equivalente a sólo el 0.06 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto-, el gobierno de Calderón aparece dispuesto no sólo a colaborar con Washington en asuntos de seguridad -lo que en sí mismo pudiera ser positivo- sino a permitir que el gobierno norteamericano se introduzca legalmente en áreas estratégicas de los procesos de toma de decisiones en México. A la luz de la historia y de la lógica no es fácil explicar esta decisión, pero antes de avanzar, conviene hacer una breve síntesis de lo que se supone que es la IM.

El paquete

En principio, los recursos que la Presidencia estadounidense ha pedido a su Congreso deberán destinarse a "aumentar la capacidad de México para enfrentar amenazas internacionales, entre las que se cuentan bandas criminales y narcotraficantes que afectan la seguridad norteamericana, así como apoyar el reforzamiento de sus sistemas de justicia y programas de cumplimiento de la ley". La IM descansa en tres "pilares estratégicos": a) lucha contra el narcotráfico y por la seguridad fronteriza (306 millones), b) seguridad pública y aplicación de la ley (56 millones) y c) construcción institucional de la legalidad (101 millones).

Las cifras anteriores no significan facilitar a México dinero contante y sonante sino equipo y entrenamiento para usar los escáneres de rayos gama, dispositivos para medir densidades, aparatos para detectar contrabando de armas o personas, helicópteros, aviones ligeros, vehículos blindados o programas para mejorar el sistema de prisiones o los procesos legales. Finalmente, 37 millones los usará directamente el gobierno norteamericano para administrar el programa y asegurarse de que todo se maneje "apropiadamente", es decir, vigilar la forma como el gobierno supuestamente soberano de México hace uso de los recursos que la potencia le facilitará.

La visión norteamericana

En Estados Unidos la IM se conoce como la "Mexico and Central America Security Cooperation Initiative", y esta cooperación, entre muy desiguales ofrecida espontáneamente por México, ha despertado entusiasmo en sus círculos gubernamentales -lo mismo entre republicanos y demócratas- así como entre sus estudiosos de la realidad mexicana. En Washington se afirma, no sin cierta sorpresa, que la IM "representa una oportunidad sin precedentes" para que Estados Unidos pueda intervenir en asuntos de seguridad al sur de su frontera como parte de la "guerra contra el terrorismo". Para mejor resguardar su seguridad, Estados Unidos requiere que se imponga "el imperio de la ley" en México y Centroamérica y la IM puede ser un mecanismo para lograrlo.

¿Y desde la perspectiva mexicana?

Un dicho popular advierte contra las consecuencias de las acciones de los "idiotas con iniciativa". Desde México, y si sólo se atiende a lo que se conoce, se podría concluir que la IM es una iniciativa inepta pues, por un plato de lentejas -500 millones de dólares apenas equivalen a un 0.06 por ciento de nuestro PIB-, el gobierno está dispuesto a abrir la puerta para que legalmente Estados Unidos se introduzca en temas cuyo manejo ha sido y debería seguir siendo un asunto enteramente mexicano.

Desde la perspectiva mexicana, la aparente insensatez de la IM -propuesta de la cual el público no conoce más que el cascarón- empieza a tener una explicación más lógica, aunque no mejor, si se supone que su objetivo no es sólo aumentar los recursos mexicanos para luchar contra un crimen cada vez más organizado y atrevido, sino otro más implícito, y no enteramente distinto del que llevó a Benito Juárez en los aciagos tiempos de 1859 a firmar el Tratado MacLane-Ocampo, o a Carlos Salinas a proponer a Washington, 130 años después, un tratado de libre comercio. En ambos casos no sólo se buscó conseguir recursos sino, sobre todo, asegurar el apoyo norteamericano para el régimen que suscribió los respectivos acuerdos.

Como se recordará, en virtud del tratado de 1859, México cedía aspectos importantes de su soberanía territorial a Estados Unidos -derecho de paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas- pero en sus cláusulas políticas comprometían al gobierno de Washington a ir en ayuda del gobierno liberal si éste estaba en peligro. Y aunque finalmente el tratado no fue ratificado, su espíritu funcionó, pues los conservadores fallaron en su ataque a Veracruz en parte porque un buque de guerra norteamericano impidió que entraran en acción los barcos adquiridos por los conservadores en Cuba. Carlos Salinas, con una economía en crisis y una legitimidad destruida por el fraude electoral, terminó por ser presentado como "gobernante modelo" por los medios norteamericanos gracias, sobre todo, a su iniciativa para integrar a México a la economía norteamericana.

Hoy, un Felipe Calderón que llegó muy cuestionado al poder ha propuesto a Washington un camino para integrar más a México al sistema de seguridad norteamericano. En unos Estados Unidos donde la anterior gran propuesta mexicana, la de un acuerdo migratorio que beneficiara a millones de trabajadores sin documentos, fue rechazada de manera rotunda y humillante, la IM ha logrado despertar entusiasmo. Cuando la IM entre en acción se habrá dado un paso grande en la centroamericanización de México, pero es difícil que realmente logre lo que se propone: la reconstrucción del sistema legal y de seguridad mexicanos. La crisis de la SCJN es sólo la punta del iceberg de un sistema jurídico corrupto hasta la médula e irreformable en el corto plazo. Sin embargo, lo que sí puede lograr de inmediato la IM es crear un gran capital de buena voluntad norteamericana para Calderón y su gobierno, lo que no es poca cosa. Un mínimo de sensibilidad histórica muestra que la IM va a contrapelo de lo que ha sido el sentido de la relación entre nuestro país y el poderoso vecino del norte, es decir, un intento sistemático por mantener y ampliar la independencia relativa de México pues, a pesar de la gran asimetría de poder entre los vecinos, este afán resulta vital para nuestros intereses. De ahí que la IM no es resultado de la acción de idiotas con iniciativa sino la de maquiavélicos con mucha iniciativa y poco sentido de la soberanía.