No pudo Hugo Chávez ganar la prueba de fuerza en Venezuela por undécima vez consecutiva. Su proyecto de reforma constitucional fue derrotado en las urnas. Alcanzó 49.29 por ciento de los votos. Muy por debajo del apoyo que obtuvo cuando fue elegido presidente con 63 por ciento de los sufragios, o como sucedió durante el referendo revocatorio de 2004, en el que consiguió 59 por ciento. Quienes acusaron al mandatario de dictador y de tirano tuvieron todas las garantías para hacer campaña en contra de la reforma constitucional. Televisión, radio y prensa dijeron lo que quisieron en su contra. La oposición tomó una y otra vez las calles. Sus cuestionamientos hacia la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) resultaron infundados. El presidente aceptó sin titubeos y con rapidez su revés. La propuesta de reforma constitucional enfrentó una sucia campaña de desprestigio. Estados Unidos se involucró activamente en el apoyo a la oposición. Pero ello no explica el descalabro gubernamental. Así lo han hecho los enemigos de la revolución bolivariana en cada ocasión en la que ha habido consultas populares o comicios y, hasta ahora, siempre habían perdido. La novedad este 2 de diciembre con respecto a las anteriores contiendas no es que se haya constituido una nueva mayoría opositora estable. La oposición apenas incrementó su votación en 300 mil sufragios. No, la verdadera diferencia provino de que la reforma constitucional no contó con el aval de importantes sectores del chavismo que promovieron la abstención o el voto en contra. La abstención fue muy alta. Se opuso al proyecto el socialdemócrata Podemos, integrante de la coalición con la que Chávez triunfó en los comicios del año pasado. Objetó la reforma el general Raúl Baduel, fundador del MBR-200 y actor clave en el aborto del golpe de Estado de 2002 contra el mandatario. Rechazaron la reforma académicos de izquierda y fuerzas de la izquierda radical. Resistieron la reforma gobernadores y alcaldes chavistas descontentos con la imposibilidad de relegirse y la pérdida de autonomía. Las razones de este rechazo son diversas. Para muchos, no era una reforma necesaria y dentro del actual marco constitucional había espacio suficiente para profundizar el cambio. Algunos señalaron graves deficiencias de técnica jurídica en su redacción. Otros más advirtieron que equivocaba la vía para procesar lo que en los hechos era un cambio de régimen; en lugar de una reforma constitucional, argumentaron, se debió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Alimentó también el voto negativo la falta de claridad sobre lo que se entiende por socialismo de siglo XXI y la convicción de que al socialismo no se llega por decreto o por medio de una reforma legal. Según Margarita López Maya, una de las grandes debilidades de la reforma “es plantear que vamos a un socialismo que no se ha definido. Si no ha habido un debate de los venezolanos sobre qué se entiende por socialismo del siglo XXI, ¿por qué tenemos que ir tan apresuradamente a introducir eso en una nueva carta magna?” El malestar entre algunos sectores de izquierda con la formación del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y la disolución de sus organizaciones forma parte del desencanto hacia el chavismo de antiguos seguidores. Asimismo, se criticó el proyecto porque amenazaba con desmantelar las organizaciones populares autónomas convirtiéndolas en parte del Estado. Más allá de las críticas en su contra, la reforma se insertaba en un proceso de transformaciones que han modificado el mapa político de América Latina. En la región caminan los proyectos políticos que buscan refundar los estados-nación, acotar la democracia oligárquica, impulsar la democracia participativa, salir de neoliberalismo y avanzar en procesos de integración económica que no tienen como eje el libre comercio. Hay un colapso de los partidos y las clases políticas tradicionales y un recambio de elites. La combinación de protestas populares y votos ha abierto una etapa inédita de transformaciones sociales. En Bolivia y Ecuador están en marcha procesos constituyentes. El referendo autonómico en Bolivia de 2006, el referendo en Panamá sobre la ampliación del Canal de Panamá en 2006 y la reciente consulta sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos efectuada en Costa Rica son parte de esta tendencia. En Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Venezuela mandatarios y ex mandatarios han buscado repetir en el cargo. Salvo Jorge Quiroga, en Bolivia, todos los demás ex presidentes lograron su relección. En el caso venezolano, la derrotada reforma era parte de una ofensiva sustentada en la combinación de un crecimiento económico sostenido sin precedentes, la redistribución de la renta petrolera hacia los estratos más desfavorecidos y el protagonismo de los sectores populares. De acuerdo con un estudio de la CEPAL, la pobreza disminuyó en Veneuela más de 18 por ciento entre 2002 y 2006, al pasar de 48.6 por ciento de la población a 30.2. Otros estudios muestran cómo la indigencia cayó de 30.2 a 9.9 por ciento, y el desempleo de 20 a 7 por ciento. De acuerdo con la última encuesta de Latinobarómetro, 52 por ciento de los venezolanos piensan que la situación económica es muy buena o buena, en contra de 43 por ciento que lo creían el año pasado. El optimismo no falta en esa nación. Sesenta por ciento de los consultados confían en que 2008 será mejor aún. El mismo sondeo estima que 61 por ciento de los venezolanos aprueban a Chávez, 66 por ciento tienen confianza en el gobierno y 60 por ciento en el presidente. Venezuela es el segundo país en la región donde la población está satisfecha con la democracia. El descalabro en el referendo del 2 de diciembre no implica que la derecha dejará de seguir remando a contracorriente. Venezuela amaneció con el mismo presidente (que lo seguirá siendo los próximos cinco años), el mismo marco legal y el mismo tejido popular). No se ha conformado allí una nueva mayoría. En esta ocasión, Hugo Chávez, al perder, salió ganando. |
Luis Hernández Navarro
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