Miguel Ángel Granados Chapa
Salvo el presidente Felipe Calderón, que en Chicago admitió que un curso posible ante el petróleo es no hacer nada y dejar todo como está, todo el mundo está de acuerdo en lo contrario, en que es imposible mantener la política petrolera y la operación de Pemex en los términos en que actualmente se desarrollan, pues conducen a la ruina, una meta probablemente prevista por los gobiernos federales a partir de 1982.
Hace más de 30 años que no se construye una nueva refinería. El resultado es que cada vez se importa más gasolina, y a precios más altos. También se ha disminuido la importancia del Instituto Mexicano del Petróleo, fundado hace más de 40 años por Jesús Reyes Heroles para proveer de tecnología a Pemex; y a causa de ese abandono se asegura que sólo mediante contratos de riesgo compartido es posible aprovechar las técnicas que consorcios internacionales ofrecen y Pemex no puede pagar sino con parte de la producción obtenida. Igualmente, la dejadez deliberada ha hecho que disminuyan las reservas, lo que abre el peligro de una marcha atrás, a la época en que México importaba crudo, antes del hallazgo y explotación de colosales yacimientos que están declinando.
Ante ese panorama, el gobierno panista se dispone a modificar el estatus de Pemex, aunque oculta los trazos de esa transformación. Para evitar un enfrentamiento con el amplio sector de la sociedad que se opondría a privatizar la empresa nacional, Calderón insiste en que no se llegará a ese punto, pero es posible practicar una política de ese alcance sin nombrarla, sin admitir que se trata de trasladar a particulares el control de los recursos energéticos en general y del petróleo en particular.
Contra la idea gubernamental, no respecto de un plan específico que aún no se conoce pero cuya existencia ha sido revelada por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Andrés Manuel López Obrador está desplegando una iniciativa política que consta de dos porciones. Por un lado, la consabida movilización masiva, cuya primera expresión ocurrirá este 24 de febrero, Día de la Bandera, ante la Torre de Pemex, en la avenida Marina Nacional. Y, por otra parte, una asamblea de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo (cuya superficie estará disminuida en un tercio por el museo de bambú que muestra una exposición fotográfica patrocinada por Televisa), el 18 de marzo.
Más importante es la otra vertiente de aquella iniciativa, que es el debate sobre la situación de Pemex. Para llevarla adelante, López Obrador solicitó a los medios electrónicos e impresos tiempo y espacio a fin de exponer sus propuestas y debatir con quien quiera objetarlas. Salvo en la televisión, donde le han dado la callada por respuesta, ha tenido ya ocasión de exponer el tema en entrevistas radiofónicas y en un artículo aparecido el 18 de febrero en el diario Reforma, que lo anunció notoriamente en la primera plana.
En ese texto, López Obrador sostiene que “Pemex, a pesar de la corrupción y el mal manejo, genera cada año un superávit de 60 mil millones de dólares, más del 6% del PIB. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 60 dólares). Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo en el mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38% del presupuesto del gobierno federal y a más de tres veces lo que pagaron de impuesto sobre la renta todas las empresas privadas del país. Si Pemex no invierte lo suficiente es porque el gobierno se lo confisca todo”.
En consecuencia, López Obrador propone que Pemex se recapitalice con sus propios recursos, lo que “implicaría en una primera etapa invertir con carácter de urgente 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, a la investigación y tecnología (incluyendo fuentes de energía alternativa) y al mantenimiento de las instalaciones petroleras”.
Los recursos para esa cuantiosa inversión, precisa López Obrador, deberían provenir de ahorros en el gobierno federal, consistentes en abolir los muchos y cuantiosos privilegios del funcionariado y, en general, en abatir el costo del sector público, que se duplicó en sólo un sexenio, al pasar de 714 mil millones de pesos a cerca de billón y medio de pesos. La otra fuente de inversión deben ser los excedentes petroleros, que en sólo un tramo del gobierno de Fox ascendieron a más de 10 mil millones de dólares, diluidos en componendas con los gobiernos priistas de los estados y en el abuso de la burocracia.
Después del 18 de marzo, el gobierno y sus partidos, el PAN y el PRI, darán a conocer su proyecto, cuyos lineamientos serán combatibles cuando sean expresados, pero cuya base de sustentación ya lo es ahora mismo, pues resulta de prolongar la política seguida desde los años ochenta para disminuir las capacidades de Pemex y orillarlo a admitir inversión privada, nacional o extranjera. No es un dogma impedirlo pues, como se insiste, otras empresas públicas, de países como Brasil y Cuba, realizan acuerdos con particulares. Lo que es inadmisible es que la renta petrolera sea repartida cuando es posible retenerla toda en el organismo que la produce.
López Obrador ha conseguido que las corrientes del PRD y los partidos del Frente Amplio Progresista se sumen a su iniciativa. Sin embargo, el tema se presta a su utilización en la contienda perredista por la dirección nacional. Por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ofreció una conferencia sobre el tema el 21 de febrero, en la Cámara de Diputados, en lo que mal pudo ocultarse como un acto de campaña de Nueva Izquierda, que busca aproximarse a Cárdenas para contrarrestar el apoyo ofrecido por López Obrador a Alejandro Encinas. De ser congruente, la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, perteneciente a Nueva Izquierda, debe invitar a López Obrador a una presentación semejante a la de Cárdenas que, de ocurrir, no concitaría la presencia de los coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI, ni la presencia del líder de la Asamblea legislativa y el jefe delegacional en Venustiano Carranza, miembros también del chuchismo.
López Obrador no sólo ha ofrecido resistir las propuestas que hagan el gobierno y sus aliados, sino que está empujando las suyas propias. Que no las debilite la mezquindad interna.
Salvo el presidente Felipe Calderón, que en Chicago admitió que un curso posible ante el petróleo es no hacer nada y dejar todo como está, todo el mundo está de acuerdo en lo contrario, en que es imposible mantener la política petrolera y la operación de Pemex en los términos en que actualmente se desarrollan, pues conducen a la ruina, una meta probablemente prevista por los gobiernos federales a partir de 1982.
Hace más de 30 años que no se construye una nueva refinería. El resultado es que cada vez se importa más gasolina, y a precios más altos. También se ha disminuido la importancia del Instituto Mexicano del Petróleo, fundado hace más de 40 años por Jesús Reyes Heroles para proveer de tecnología a Pemex; y a causa de ese abandono se asegura que sólo mediante contratos de riesgo compartido es posible aprovechar las técnicas que consorcios internacionales ofrecen y Pemex no puede pagar sino con parte de la producción obtenida. Igualmente, la dejadez deliberada ha hecho que disminuyan las reservas, lo que abre el peligro de una marcha atrás, a la época en que México importaba crudo, antes del hallazgo y explotación de colosales yacimientos que están declinando.
Ante ese panorama, el gobierno panista se dispone a modificar el estatus de Pemex, aunque oculta los trazos de esa transformación. Para evitar un enfrentamiento con el amplio sector de la sociedad que se opondría a privatizar la empresa nacional, Calderón insiste en que no se llegará a ese punto, pero es posible practicar una política de ese alcance sin nombrarla, sin admitir que se trata de trasladar a particulares el control de los recursos energéticos en general y del petróleo en particular.
Contra la idea gubernamental, no respecto de un plan específico que aún no se conoce pero cuya existencia ha sido revelada por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Andrés Manuel López Obrador está desplegando una iniciativa política que consta de dos porciones. Por un lado, la consabida movilización masiva, cuya primera expresión ocurrirá este 24 de febrero, Día de la Bandera, ante la Torre de Pemex, en la avenida Marina Nacional. Y, por otra parte, una asamblea de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo (cuya superficie estará disminuida en un tercio por el museo de bambú que muestra una exposición fotográfica patrocinada por Televisa), el 18 de marzo.
Más importante es la otra vertiente de aquella iniciativa, que es el debate sobre la situación de Pemex. Para llevarla adelante, López Obrador solicitó a los medios electrónicos e impresos tiempo y espacio a fin de exponer sus propuestas y debatir con quien quiera objetarlas. Salvo en la televisión, donde le han dado la callada por respuesta, ha tenido ya ocasión de exponer el tema en entrevistas radiofónicas y en un artículo aparecido el 18 de febrero en el diario Reforma, que lo anunció notoriamente en la primera plana.
En ese texto, López Obrador sostiene que “Pemex, a pesar de la corrupción y el mal manejo, genera cada año un superávit de 60 mil millones de dólares, más del 6% del PIB. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 60 dólares). Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo en el mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38% del presupuesto del gobierno federal y a más de tres veces lo que pagaron de impuesto sobre la renta todas las empresas privadas del país. Si Pemex no invierte lo suficiente es porque el gobierno se lo confisca todo”.
En consecuencia, López Obrador propone que Pemex se recapitalice con sus propios recursos, lo que “implicaría en una primera etapa invertir con carácter de urgente 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, a la investigación y tecnología (incluyendo fuentes de energía alternativa) y al mantenimiento de las instalaciones petroleras”.
Los recursos para esa cuantiosa inversión, precisa López Obrador, deberían provenir de ahorros en el gobierno federal, consistentes en abolir los muchos y cuantiosos privilegios del funcionariado y, en general, en abatir el costo del sector público, que se duplicó en sólo un sexenio, al pasar de 714 mil millones de pesos a cerca de billón y medio de pesos. La otra fuente de inversión deben ser los excedentes petroleros, que en sólo un tramo del gobierno de Fox ascendieron a más de 10 mil millones de dólares, diluidos en componendas con los gobiernos priistas de los estados y en el abuso de la burocracia.
Después del 18 de marzo, el gobierno y sus partidos, el PAN y el PRI, darán a conocer su proyecto, cuyos lineamientos serán combatibles cuando sean expresados, pero cuya base de sustentación ya lo es ahora mismo, pues resulta de prolongar la política seguida desde los años ochenta para disminuir las capacidades de Pemex y orillarlo a admitir inversión privada, nacional o extranjera. No es un dogma impedirlo pues, como se insiste, otras empresas públicas, de países como Brasil y Cuba, realizan acuerdos con particulares. Lo que es inadmisible es que la renta petrolera sea repartida cuando es posible retenerla toda en el organismo que la produce.
López Obrador ha conseguido que las corrientes del PRD y los partidos del Frente Amplio Progresista se sumen a su iniciativa. Sin embargo, el tema se presta a su utilización en la contienda perredista por la dirección nacional. Por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ofreció una conferencia sobre el tema el 21 de febrero, en la Cámara de Diputados, en lo que mal pudo ocultarse como un acto de campaña de Nueva Izquierda, que busca aproximarse a Cárdenas para contrarrestar el apoyo ofrecido por López Obrador a Alejandro Encinas. De ser congruente, la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, perteneciente a Nueva Izquierda, debe invitar a López Obrador a una presentación semejante a la de Cárdenas que, de ocurrir, no concitaría la presencia de los coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI, ni la presencia del líder de la Asamblea legislativa y el jefe delegacional en Venustiano Carranza, miembros también del chuchismo.
López Obrador no sólo ha ofrecido resistir las propuestas que hagan el gobierno y sus aliados, sino que está empujando las suyas propias. Que no las debilite la mezquindad interna.
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