miércoles, febrero 27, 2008

Trabajadora Sexual, no Sexoservidora

Alberto Híjar

Carmen ha sido internada el sábado 16 en el penal de Santa Martha Acatitla de Iztapalapa, D.F. Sus compañeras que la ayudaron a detener al militar que la intentó acuchillar el jueves 14, Día del amor y la amistad, han pagado fianza y han quedado libres en espera de su proceso por resistencia de particulares y pandillerismo.

Al energúmeno no le encontró culpa alguna el Ministerio Público. Las de Sullivan y Calzada de Tlalpan reunieron de inmediato el dinero para la fianza y para la paga del abogado. Pero a Carmen, su padrote le consiguió otro abogado que no dudó en llamarla trabajadora sexual con lo cual quedó fuera del trato como grupo vulnerable, acordado para las sexoservidoras. A cambio de la dignidad de un nombre, la cárcel donde mal la pasará por su corta edad, por su profesión y por haber acusado a un militar. Cunde el terror por el rumbo del Mercado de la Merced.

Se tiene la certeza de que opera la tolerancia cero organizada por Rudolph Giuliani, aquel alcalde de New York cuando lo de las Torres Gemelas que fue contratado por López Obrador para limpiar el Centro Histórico y dejarlo bonito para la restauración donde quien manda y compra es Carlos Slim. Cuarenta manzanas posee el explotador más adinerado del mundo. Por tanto, si la calificación de un grupo vulnerable procede para las llamadas sexoservidoras, las de la Merced son las más débiles. Proceden en su mayoría de Oaxaca, donde, como en otros lugares de miseria campesina que ya son todo México, trabajan redes de adiestramiento, reclutamiento y explotación extrema de la prostitución. No sólo se compran, seducen o secuestran jovencitas de alrededor de catorce años, sino que a la par hay formación de padrotes. A unas y otros los adiestran en La Merced donde antes de las razias Ebrard-Giuliani, podías identificar en las estaciones del metro a las recién llegadas y llegados con una responsable que les enseñaba lo necesario.

Su aspecto campesino se mantiene aunque suelen desparecer en reclusión obligada para hacerlas sentir su desamparo y la necesidad obligada de soportar golpizas, malos tratos y esclavitud, hasta convencerlas de su destino en la calle con obligaciones bien precisas y rendición estricta de cuentas en la zona organizada por la ubicación de hoteluchos. Una maraña bien cerrada las convence de la imposibilidad de resistencia y cuando algo grave ocurre, se les impide toda iniciativa, aunque el clandestinaje las ha obligado a inventarse operativos de seguridad solidaria. El problema de Carmen interesa porque la buena voluntad por escrito de las organizaciones de padrotismo intelectual proponen el nombre de trabajadoras sexuales para incorporarlas a los derechos laborales universales.

Pero como el Estado las nombra sexoservidoras y la asamblea del D.F. incluye a este sector entre los grupos vulnerables, pierden cualquier derecho ciudadano al no aceptar ser servidoras sino trabajadoras. Acompaña su situación el machismo característico del sistema jurídico. Asombra el escaso número de visitantes a los reclusorios femeniles por aquello de que si es mujer la procesada, ella se lo busco. Toda la infamia acumulada en los ministerios públicos se alebresta cuando una mujer, un indígena si mujer peor o un homosexual si mujer peor, caen por esos siniestros lugares. Carmen fue a denunciar y demandar y resultó presunta culpable, mientras el militar que la agredió goza de absoluta libertad y las cuatro compañeras que le salvaron la vida y ejercieron el derecho ciudadano de asegurar al delincuente en flagrancia, tuvieron que pagar fianza en espera de amenazantes procesos. La buena fe ministerial no existe, su contraria sí. Así es esto de la justicia en México.
Machetearte

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